Desde 2012, las Naciones Unidas han adoptado directrices voluntarias para la ordenación del territorio y de los bosques para combatir el acaparamiento de tierras. Pero sólo unas pocas personas conocen las directrices, que tienen como objetivo proteger a los pequeños agricultores, particularmente en los países del Tercer Mundo.
Cuando los inversores multinacionales compran campos para sus enormes plantaciones, los residentes pierden su sustento y medios de apoyo y pronto sólo dormirán en sus aldeas. Si tienen suerte, podrían encontrar trabajo con parientes en otro pueblo. Muchos también prueban suerte en la ciudad, pero la pobreza y el desempleo son altos. Lo que queda son aldeas despobladas y las enormes plantaciones de aceite de palma que han devorado tierras de cultivo. La gente ya no puede ir allí a cazar y cultivar plantas u obtener leña. ¡La tierra ya no les pertenece!
El acaparamiento de tierras es el proceso por el cual la mayoría de los inversores extranjeros privan a los agricultores o pescadores locales de sus campos, lagos y ríos. Aunque ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia, el acaparamiento de tierras —como se utilizó en el siglo XXI— se refiere principalmente a adquisiciones de tierras a gran escala después de la crisis mundial de precios de los alimentos de 2007-2008.
Desde 2000 hasta 2019 cien millones de hectáreas de tierra han sido vendidas o arrendadas a inversores extranjeros y la lista de los países más afectados se puede encontrar aquí a continuación:
Esta inversión también puede tener sentido para el desarrollo de un país, pero no debe privar a las personas de sus derechos: la gente local se muere de hambre mientras se producen alimentos y se convierten en biocombustibles para la exportación justo ante sus ojos.
En 2012, después de tres años de debate, las Naciones Unidas crearon un instrumento para prevenir ese acaparamiento de tierras: los VGGTs (Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional:
Se establecen normas mínimas detalladas para la inversión, por ejemplo, la participación de las personas afectadas o cómo salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y prevenir la corrupción. Formalmente, el documento proporciona una contribución significativa a todas las personas que luchan por sus derechos.
El documento, sin embargo, es bastante críptico. Las directrices deben simplificarse y explicarse. Sólo así los activistas, pero también los agricultores y pescadores, pueden tomar conciencia de sus derechos.
Otros dudan de que se pueda lograr mucho a través de estas directrices porque son voluntarias. Después de todo, las Naciones Unidas tienen poco o ningún voto en el asunto y no pueden hacer más que eso. Si los gobiernos los aplicaran, lo harían como les parezca.
En Bolivia, por ejemplo, ya hay leyes que se supone que impiden el acaparamiento de tierras. En la Amazonía, sin embargo, empresas brasileñas y argentinas están comprando bosques para cultivar soja y caña de azúcar, a menudo con la aprobación y el acuerdo de funcionarios gubernamentales corruptos. Otras directrices probablemente serían de poco uso.
A lo sumo, los activistas ya utilizan las directrices para presionar a sus gobiernos. Junto con otros activistas ambientales y de derechos humanos, establecieron redes: a través de estaciones de radio locales y reuniones de aldeas, informan a la gente del hecho de que tienen derecho a su tierra.
Sin embargo, en muchos países de África y otros lugares, hay una falta de documentación que demuestre la propiedad de la tierra. Originalmente, los líderes tribales distribuían vocalmente los derechos de uso. Pero los líderes de hoy son manipulados para presionar a los aldeanos a vender sus tierras.
Los mayores inversores son los indios y los europeos: están comprando la tierra para cultivar plantaciones de caña de azúcar y aceite de palma. Este fenómeno ha estado sucediendo desde 2008: en ese momento —como se señaló anteriormente— la crisis alimentaria mundial impulsó los precios de los alimentos y los inversores extranjeros, pero también los gobiernos comenzaron a invertir en alimentos y biocombustibles.
También deben tenerse en cuenta las inversiones en tierras, consideradas seguras desde la conocida crisis financiera. Recientemente las empresas chinas también han estado comprando miles de hectáreas de tierra.
En algunas partes de África, sólo alrededor del 6% de la tierra se cultiva con fines alimentarios, mientras que en las zonas restantes hay plantaciones de aceite de palma. Una vez que las plantaciones crecen dos o tres metros de altura, tienen un efecto devastador en los monocultivos que dependen de la biodiversidad, debido a las enormes áreas que ocupan. También hay contaminación ambiental debido a los fertilizantes: en una aldea, cerca de una plantación dirigida por una empresa luxemburguesa, muchas personas han sufrido diarrea y algunos aldeanos ancianos incluso murieron.
Por consiguiente, la aplicación de los VGGTs debe ser vinculante lo antes posible. Pero con una organización como las Naciones Unidas, ¿cómo podría suceder esto?
No sólo los pueblos indígenas o los grupos locales de pequeños agricultores están siendo privados de todo. También se está perdiendo la tierra común utilizada, así como muchos ecosistemas que siguen intactos: los humedales están siendo drenados, los bosques despejados y las sabanas convertidas en desiertos agrícolas. Los nuevos terratenientes cercan sus áreas y niegan el acceso a los propietarios originales. En la práctica, este es el equivalente del siglo XXI de la contención de la tierra del monasterio en Europa que comenzó en la Edad Media.
La gran mayoría de los contratos se concentran en países más pobres con instituciones débiles y derechos a la tierra, donde muchas personas se mueren de hambre. Allí, los inversores compiten con los agricultores locales. El argumento al que se aferran los defensores de la apropiación de tierras —es decir, que es principalmente tierras sin cultivar que necesitan ser reclamadas— es refutado. Por el contrario, los inversores prefieren áreas bien desarrolladas y cultivadas que prometen altos rendimientos. Sin embargo, no mejoran la oferta de la población local.
Las empresas agrícolas extranjeras prefieren desarrollar los llamados cultivos flexibles, es decir, plantas como la mencionada palma aceitera, soja y caña de azúcar, que, dependiendo de la situación del mercado, pueden venderse como biocombustibles o alimentos.
¡Pero hay más! Si la empresa X del Estado Y compra áreas productoras de alimentos/combustibles, es la empresa que vende a su Estado Y y no al Estado anfitrión Z la que, en cambio, asigna sus beneficios futuros derivados del comercio internacional de Estado a Estado a la mencionada multinacional o empresa estatal del Estado Y.
Además, casi no hay pruebas de que la inversión en tierras creará puestos de trabajo, ya que la mayoría de los proyectos estaban orientados a la exportación. La organización de ayuda británica Oxfam confirma que muchas adquisiciones de tierras tuvieron lugar en áreas donde se cultivaban alimentos para la población local. Dado que los pequeños propietarios locales son generalmente débiles y carecen de educación suficiente, difícilmente pueden defenderse de la apropiación de la tierra que utilizan. Los funcionarios gubernamentales la venden o alquilan, a menudo sin siquiera pagar una compensación.
El acaparamiento de tierras también está presente en la Europa “pasiva”. Rusia, Ucrania, Rumanía, Lituania y Bulgaria se ven afectados, pero también los territorios de Alemania Oriental. Los fondos y las empresas agrícolas de la Europa “activa” y democrática, es decir, Occidente, y los Estados árabes del Golfo son los principales inversores.
Podríamos pensar que los gobiernos de los países afectados tendrían el deber de proteger a su propio pueblo de tales expropiaciones. Todo lo contrario. A menudo apoyan el acaparamiento de tierras. Obviamente, la corrupción a menudo está involucrada. En muchos países, sin embargo, el sector agrícola ha sido penalmente descuidado en el pasado y las multinacionales se están aprovechando de esto con el pretexto de remediar esta situación.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
Profundas grietas están desgarrando el cuerpo de nuestra sociedad, causan nueva ansiedad e ira entre las personas y crean nuevas corrientes en la política. La base social de esta ansiedad incluye factores geográficos, educativos y éticos.
La gente no nace para ganar mucho dinero. Todo lo contrario. Sólo quiere vivir bien o tan bien como acostumbra y ganar lo que necesita sin querer explotar a los demás.
Muchos pensamientos y teorías que tuvieron un gran impacto en el mundo a menudo quedaron huérfanos y fueron adoptados por otras escuelas de pensamiento.
Por ejemplo, Jeremy Bentham, el filósofo que sentó los cimientos éticos del capitalismo moderno, así como otros pensadores, no son gigantes morales en el sentido moderno de la palabra, sino que son conocidos por su incompatibilidad con la ética. El utilitarismo persigue la máxima utilidad y felicidad y no es casualidad que sea adoptado por la economía occidental emergente y, bajo las limitaciones de crear un “hombre económico”, pueda desarrollarse fácilmente con nuevos métodos obtenidos a partir del cálculo estadístico matemático (sistemas derivados).
El valor máximo satisface así la urgente necesidad de la economía de herramientas sistémicas cuantitativas sofisticadas y precisas. Este conjunto de pensamientos éticos amorales que salieron de la búsqueda de “valores naturales” que todo el mundo, no sólo unos pocos, debe obtener, ha sido olvidado gradualmente por la historia crítica del pensamiento económico.
El utilitarismo y el liberalismo son los dos pilares complementarios y contradictorios en la base de la economía de mercado. El primero separa el estándar del juicio moral sobre el comportamiento personal de la pasión por la acumulación de dinero, y lo cambia para que esté completamente determinado por el motivo del beneficio. Por lo tanto, sólo ese comportamiento puede mejorar “la mayor felicidad para el mayor número de personas”, autoreferenciándose como ético y eliminando el juicio de valor instintivo de todo ser humano que es incapaz de alcanzar tal felicidad debido al dinero. De acuerdo con este estándar “sagrado”, el grupo de élite de tecnócratas debe desempeñar objetivamente el papel de “guardián social”.
El liberalismo reconoce el objetivo del utilitarismo, pero se opone firmemente a la inferencia de que conduce a un gobierno central fuerte. Adam Smith creía que la división del trabajo y el intercambio eran espontáneas y gratuitas y podían promover la felicidad general de la sociedad y la mejora del bienestar personal al mismo tiempo. Los teoremas de la economía del bienestar deducen que todos los resultados del equilibrio espontáneo del mercado deben dar lugar a la maximización del bienestar. Por el contrario, la maximización del bienestar general en la práctica se logra mediante el libre albedrío del individuo (el empresario), es decir, mediante un comportamiento egoísta del individuo. Según los liberales, el papel del gobierno en esto es hacer solo unos pocos cambios en la “distribución del capital inicial”. De ahí que ya no sea el Estado Ético de Hegel, sino el Estado como simple administrador, empleado por la mencionada élite. En este punto, el proyecto ético del capitalismo liberal está completo.
La libre elección y la maximización del bienestar pueden lograrse teóricamente al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que la gente tiene que hacer es favorecer las restricciones estatales y al mismo tiempo promover la plena competencia, así como reducir la información y las asimetrías externas mediante la homologación y la normalización. Por lo tanto, el objetivo del capitalismo es eliminar el papel ético del Estado.
Irónicamente, sin embargo, la estructura ética del capitalismo liberal nunca ha sido perfecta fuera de los diseños teóricos, es decir, se ha manifestado en una parte particular del mundo al pasar por crisis devastadoras. La Gran Depresión atropelló la “mano invisible sagrada” de la economía como un elefante pisotea un terrón de tierra. La Segunda Guerra Mundial empujó la voluntad colectiva y la movilización del capitalismo de Estado hasta sus límites, a través de los conocidos ejemplos políticos y económicos.
Los pueblos tienen diferentes formas de expresión, las electorales y las revolucionarias. El socialismo después de la Segunda Guerra Mundial e, incluso antes, el comunitarismo se convirtió en una buena medicina y correctivos para los horrores del capitalismo. En los principales países europeos, los partidos socialdemócratas han provocado cambios importantes en el capitalismo liberal, la culminación de los cuales son los modelos escandinavos.
Paul Collier, profesor de las Universidades de Oxford y autor de The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties (2018) tomó su propia ciudad natal, Sheffield, como ejemplo en su libro. Sheffield fue la primera ciudad en el norte de Inglaterra en experimentar la revolución industrial y también fue la primera en enfrentar la nueva ansiedad causada por esa revolución: la polarización entre ricos y pobres, el desempleo y el medio ambiente.
Tras el deterioro de la situación y los cambios demográficos, la respuesta de los ciudadanos fue mejorar los lazos entre ellos y crear una comunidad lo suficientemente fuerte, así como utilizar esta estrecha relación para crear una organización que estableciera cooperativas caritativas. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda permiten a las personas ahorrar dinero para comprar casas; cooperativas de seguros reducen el riesgo, y las cooperativas agrícolas y minoristas otorgan a los agricultores y consumidores un poder de negociación independiente sobre las grandes corporaciones.
El movimiento cooperativo que comenzó y se desarrolló en el norte de Inglaterra rápidamente se extendió a la mayor parte de Europa y se convirtió en la base económica de los partidos socialdemócratas de centro-izquierda. Fue, sin embargo, la centro-izquierda de la época, no la farsa política de hoy con actores y actrices conocidos.
A través de la alianza, la comunidad se extendió por todo el país y la reciprocidad dentro de la comunidad se extendió al compromiso mutuo entre el Estado y los ciudadanos. Las políticas pragmáticas de seguro médico, pensión, educación, desempleo y bienestar aliviaron la ansiedad de las familias. A lo largo de los años, la socialdemocracia ha tomado alternativamente el poder en los países capitalistas, y estas medidas socialistas se han mantenido a largo plazo y de forma universal —al menos hasta ahora.
Con el declive de la industria siderúrgica, las ciudades se convirtieron en típicos centros obsoletos y deteriorados. En varios países europeos, el declive de los partidos socialdemócratas —que se inició en la década de 1970— comenzó a dar un paso adelante a principios de siglo y ha alcanzado su punto álgido en los últimos diez años. La decadencia se ha producido en Francia, Alemania, España e Italia, donde ha desaparecido el glorioso Partido Socialista (PSI). Las tasas de ayuda en Noruega y en los Países Bajos han disminuido significativamente.
Cabe señalar, sin embargo, que los partidos tradicionales de centro-derecha no se han beneficiado de ella e incluso se han convertido en una plataforma de lanzamiento para los movimientos dirigidos por el capital financiero apátrida y por agendas vagas e inconclusas. Italia es un caso doloroso.
El capitalismo globalizado es claramente responsable de todo esto —a través de la tecnología y la adicción masiva— y plantea una vez más el problema de la incompatibilidad de derechos y deberes en la sociedad liberal, en el momento en que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando. Italia es el peor de los países europeos más poblados en términos de diferencia de ingresos entre ricos y pobres: en nuestro país, el 20% de la población con mayores ingresos posee más de seis veces los ingresos del 20% de los ingresos bajos.
El declive del Estado ético y el colapso de la socialdemocracia son la contradicción entre el colapso real de las obligaciones mutuas (deberes de derechos) en el capitalismo globalizado y la creciente demanda de las obligaciones antes mencionadas debido a la estructura económica más compleja y asimétrica (sólo considere la violencia en América del Sur debido a los continuos fracasos del capitalismo).
Las crisis fiscales con un alto bienestar también se han extendido a Europa: hay que recordar que el doble sentido PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) se utilizó en 2008-2010, así como “Rust Belt” (la región de Estados Unidos entre las montañas de los Apalaches del Norte y los Grandes Lagos) para referirse a fenómenos como el declive económico, la despoblación y la decadencia urbana debido a la contracción del sector, después de la crisis financiera de 2008.
Por lo tanto, en los países donde ha habido una expansión sin precedentes de la educación superior y de la riqueza que ha llevado a la creación de la clase media, las crisis del capitalismo conducen al dilema de la identidad y la frustración.
Si no nos limitamos a la hipótesis de un “hombre económico racional”, sino que nos centramos en el “hombre social racional” más realista, tendremos más beneficios económicos, ya que el respeto a la identidad se incluye en la satisfacción de las necesidades individuales.
Un modelo de pensamiento simple puede sugerir una idea. Si todo el mundo tiene dos bienes o activos, a saber, el trabajo y la ciudadanía, ambos pueden conducir a un cierto respeto. El respeto por el trabajo se refleja en los ingresos y el respeto a la ciudadanía en el prestigio del país. Aunque cada uno no puede elegir su identidad, puede elegir “prominencia”: elegir una identidad prominente indica un grupo común al que pertenecemos proactivamente. Cuanto más se respete al grupo común, a más individuos se les anima a no prevaricarse unos contra otros en pos de su propia felicidad haciendo daño a los demás.
Por el contrario, la ética del capitalismo liberal tiene como objetivo tradicional destruir el Estado y convertir a los ciudadanos en consumidores sin identidad.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
En 1942 fue editado el libro Mar y Tierra[1] del politólogo, jurista y filósofo político alemán Carl Schmitt (1888 – 1985), en el que se refiere a las dos bestias de la Biblia, a Leviatán y a Behemot —la del mar y la de la tierra—, para ejemplificar la puja entre el poder naval y el poder terrestre, denominados respectivamente talasocracia y telurocracia.
Thalassa (θάλασα) proviene del griego y significa “mar”. Como bien explica el profesor Luis Dallanegra Pedraza,
Cuando uno utiliza el término “política”, se está haciendo referencia a la “toma de decisiones”. “Talasopolítica” tiene que ver, no sólo con el estudio sobre el mar, sino y fundamentalmente, con las decisiones que se toman respecto de él, sus recursos, su ámbito como medio de comunicación, como espacio vital.[2]
Agrega que la Talasopolítica es una rama de la Geopolítica, pero se trata de una disciplina de gran relevancia ya que tiene por objeto de estudio los océanos, que abarcan más de las dos terceras partes del planeta.
El almirante chileno Jorge Martínez Busch (1936 – 2011), quien fue Comandante en jefe de la Armada de Chile entre 1990 y 1997 y, senador institucional, entre los años 1998 y 2006, en 1990 introdujo el término “Oceanopolítica” en ocasión de la inauguración del ciclo del Mes del Mar, al desarrollar el tema “Ocupación efectiva de nuestro Mar. La tarea de esta generación”[3]. El propio almirante Martínez Busch explica:
En aquella oportunidad sostuve que la respuesta nacional al desafío oceánico debía surgir de una apreciación de este orden, fundada en la necesidad de establecer qué acciones pueden ser efectuadas para que el espacio oceánico que está frente a nuestras costas constituya un ámbito de desarrollo y crecimiento para el Estado.[4]
Es de destacar en este párrafo que le compete al Estado la responsabilidad de llevar adelante esas acciones que permitan convertir ese espacio en un “ámbito de desarrollo y crecimiento”.
El marino estadounidense Alfred Thayler Mahan (1840 – 1914), autor de Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”[5] —obra publicada en 1890—, es quien vislumbró la importancia del mar para su país y trazó los objetivos políticos que llevaron a los Estados Unidos a lanzarse al dominio de los mares, que hasta ese momento se encontraba en poder del Reino Unido.
Hacia fines del siglo XIX, el poder naval se constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de una nación, del mismo modo que para ejercer el control de sus rivales de ultramar.
A partir de lo expuesto por Mahan, cabe tener en cuenta ciertos conceptos como el de “Poder Marítimo”, “Intereses Marítimos” y “Poder Naval”.
El oficial de la Armada de Chile, Jorge Terzago Cuadros, sintetiza estos conceptos de la siguiente manera:
El “Poder Marítimo” es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los Intereses Marítimos de un país tanto en la paz como en conflicto. En síntesis, consiste en la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio. El Poder Marítimo está integrado por dos elementos de distinta naturaleza pero complementarios: Los Intereses Marítimos, los cuales le otorgan la sustancia y el Poder Naval que los defienden.[6]
Los “Intereses Marítimos” comprenden el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar que obtiene una nación de todas las actividades relacionadas con el uso del mar. Estas labores son llevadas a cabo tanto por el Estado como por los privados en la alta mar, aguas jurisdiccionales, fondos marinos y litoral con la finalidad de aprovechar sus facilidades y explotar los recursos contenidos en ellos[7]. En síntesis, los “Intereses Marítimos” comprenden los valores económicos y sociales de una nación, que concurren en su desarrollo. El “Poder Naval”, por su parte, se refiere a los valores políticos y militares, es decir, a las cuestiones de seguridad, y para ello se requiere de la implementación de Políticas de Estado y de la enunciación y ejecución de los “Intereses Nacionales”.
Avances y retrocesos en la Argentina
Se han cumplido quinientos años de la llegada de la expedición de Fernando de Magallanes a la Patagonia. Entre finales de marzo y principios de abril de 1520, arribó al paraje que denominó Puerto de San Julián con el objetivo de pasar el invierno, aunque las condiciones climáticas y el agotamiento de los bastimentos provocó un malestar en su tripulación, tras proceder a racionalizar los alimentos. Magallanes debió enfrentar un motín, para lo cual dio muestra de su severidad. Tras casi cinco meses de haber tocado tierra, la expedición continuó la travesía.
Cuando los españoles ya se habían establecido en el territorio de la actual Argentina, en 1768, durante la gestión del gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, la ciudad de Buenos Aires estaba rodeada de unos pocos fuertes que formaban como una línea de circunvalación para protegerla de los malones de los aborígenes.
Es a partir del virreinato de Juan José de Vértiz y Salcedo (1719-1799) —quien se desempeñó como gobernador y capitán general del Río de la Plata entre 1770 y 1776 y como virrey del Río de la Plata entre 1778 y 1783— que se comienza a avanzar sobre la frontera sur, pues la orden era dominar el río Salado, en ese entonces en poder de los aborígenes.
La corona española intentó avanzar hacia el sur con el propósito de llegar al río Negro y llevar a cabo estudios para fundar establecimientos en la costa patagónica, con el objetivo de defenderse de la política británica[8].
En 1778 la corona española ordenó el establecimiento de fuertes y poblaciones en la costa del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, más aún en vista de las ambiciones británicas sobre la región. Esta fue la empresa que debió llevar adelante Francisco de Biedma por instrucciones de la corona impartidas al virrey Vértiz. Fue así como se procedió a la fundación de Carmen de Patagones. En esa oportunidad también el alférez de la Real Armada, Basilio Villarino, el piloto al frente de la expedición exploratoria del río Negro, sugirió ocupar Choele-Choel y la confluencia de los ríos Neuquén y Negro. De ese modo la corona española comienza a mostrar su preocupación por la Patagonia y a planificar su defensa y ocupación.
El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia del Reino de España y prontamente procedieron a tomar posesión de las islas Malvinas como herederas de las posesiones españolas. El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína y procedió al izamiento de la Bandera Nacional en las Malvinas[9].
El “problema del indio” y la expansión de Chile —ambas en buena medida asociadas, habida cuenta que, por un lado, la aparición de los araucanos de este lado de la cordillera de los Andes ocurrió tanto por presiones internas de ese país y, en otras oportunidades, con la ayuda de milicianos chilenos y, por el otro, porque el robo de las miles de cabezas de ganado que llevaban a cabo los malones sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, tenía por finalidad su venta en Chile— motivó la efectiva ocupación de ese espacio geográfico durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880) y cuya empresa militar fue llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca.
La expedición de Luis Py a la Patagonia, enviada por el Ministro de Guerra Julio Argentino Roca a finales de 1878, tuvo como misión sostener los derechos que reclamaba la Argentina en el extremo sur del continente y defender ese territorio de la política expansionista de Chile, en momentos en que se avizoraba una guerra entre ambos países. Esta expedición es considerada la primera operación de una división naval de mar de la República Argentina, lo que motivó a que el 1º de diciembre fuera instituido como el Día de la Flota de Mar Argentina.
Un hecho que demuestra el interés que tenía el Estado argentino de proyectar su dominio sobre el Atlántico lo demuestra la adquisición de las instalaciones que había dejado la expedición del Scotia, comandada por el escocés William Speirs Bruce, quien procedió a realizar una cartografía de las islas y estableció una estación meteorológica (la Omond House). El comandante escocés, cuando logró zafar la inmovilidad de su navío apresado con los hielos, navegó hacia Buenos Aires para reaprovisionarse, a la que llegó en diciembre de 1903. Bruce ofreció en venta por $ 5000 las instalaciones al gobierno argentino. El presidente argentino, general Julio Argentino Roca, por decreto del 2 de enero de 1904 aceptó el ofrecimiento de las instalaciones, en cuya negociación prestó su conformidad el embajador británico en Buenos Aires. La base argentina de las islas Orcadas es el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida.
Inmediatamente fue destinada una delegación argentina que, el 22 de febrero de 1904, izó la Bandera Nacional en la isla Laurie y procedió al establecimiento de personal para proseguir con sus actividades. Esa fecha motivó que se instituyera el 22 de febrero para conmemorar el día de la Antártida Argentina.
Es oportuno recordar la expedición de rescate llevada a cabo por la Corbeta “Uruguay”, que fue acondicionada convenientemente y puesta al mando del Teniente de Navío de la Armada Argentina Julián Irizar, con el objetivo de auxiliar a la expedición del doctor Otto Nordenskjöld en la Antártida, de la que participó el alférez de fragata de la Armada Argentina José María Sobral. La nave zarpó el 8 de octubre de 1903 y cumplió exitosamente su misión, demostrando la capacidad de búsqueda y rescate en aguas antárticas por parte de la Argentina. La proeza de la Corbeta “Uruguay” dio origen a la presencia permanente e ininterrumpida de la República Argentina en la Antártida.
Pocos años después, siguiendo los lineamientos planteados por Mahan, otro tucumano —que se suma a los presidentes Avellaneda y Roca—, el Almirante Segundo Storni (1876 – 1954) planteó la necesidad de considerar las cuestiones del mar y de la actividad naviera como Políticas de Estado. Lo hizo a través de sus obras “Proyecto de Régimen de Mar Territorial” en 1911 y “El Mar Territorial” en 1926, en las que abordó la temática del régimen jurídico en el mar de nuestro país. Las obras en cuestión fueron consideradas en la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional —que en 1930 se reunió en La Haya— y, posteriormente, en la Primera, Segunda y Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
No obstante, el trabajo de mayor relevancia del almirante Storni en “Intereses Argentinos en el Mar”, de 1916, el cual reúne una serie de conferencias dictadas en el Centro Naval. En esta obra ofrece una visión integral los intereses marítimos argentinos que incluyen el aprovechamiento del mar, al cual apreciaba como el motor del desarrollo nacional, los intereses sobre las islas Malvinas, la Antártida Argentina, el mar argentino y las pesquerías, la plataforma continental, la Defensa Nacional, el derecho del mar, la explotación sustentable de los recursos naturales, el desarrollo de la industria naval y el establecimiento de la marina mercante nacional.
Sus ideas cobraron fuerza en el seno de la Armada Argentina favoreciendo la toma de conciencia marítima no sólo por parte de esa fuerza sino también por parte de la sociedad argentina. Cabe destacar que los diversos gobiernos, hasta la llegada de la democracia, continuaron con las ideas propuestas por Storni, protegiendo los intereses marítimos argentinos a través de su poder naval, la Armada Argentina, y exportando los productos nacionales a bordo de los buques de la empresa ELMA.
Es menester recordar al almirante Segundo Storni con esta frase de su autoría:
La política naval es, ante todo, una acción de gobierno; pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos se arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes, y una inspiración constante de todo el pueblo argentino.
Storni consideraba que la población argentina miraba más a la tierra que al mar, por lo que estimaba que la actividad marítima no arraigaría en nuestra sociedad. Del mismo modo, el poder naval y la marina mercante tenían como misión favorecer la exportación de los productos argentinos en un contexto de una Argentina productora de materias primas, tal como la había concebido la generación del ochenta.
Con respecto a la geografía del país, observaba a la Argentina desvinculada de la región, como si se tratase de una isla.
Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.
En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.
Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[10]
En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[11]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[12].
En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[13].
Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:
Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[14].
Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.
En la visión del general Gulialmelli debe repararse en esa visión de una Argentina “peninsular”, para lo cual vale aquí la definición de “península” que proporciona el diccionario de la Real Academia Española: “Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor”.
A su juicio, la Argentina peninsular comienza al sur de la línea San Rafael-Mar del Plata y distingue “un área de transición que cubre hasta la línea imaginaria que une San Antonio Oeste-Neuquén-Ruta 22. Esta región también tiene una zona de frontera. Su gran polo de desarrollo es el alto valle de Río Negro-Zapala. Pero su característica principal es que constituye la sutura con el área patagónica propiamente dicha”[15].
Ruta Nacional 22. Atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Se trata de una “península” compartida con Chile, país que ha sabido interpretar su proyección marítima mientras que la Argentina ha perdido su “conciencia marítima”.
¿Qué ha pasado en la Argentina para que ello haya ocurrido?
El quiebre podría fijarse en el Conflicto del Atlántico Sur de 1982, cuando la Armada Argentina, tras el ataque y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, la Flota de Mar retornó al continente para refugiarse. Ese repliegue constituiría el inicio del proceso de extinción de la Armada Argentina.
Desde entonces, los gobiernos democráticos —en particular desde 1990— dejaron de considerar la proyección oceánica de la Argentina.Durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, se procedió a la liquidación de la empresa ELMA, uno de los pivotes del desarrollo que había trazado el almirante Storni. Las empresas pesadas y los astilleros fueron vendidos o sometidos a su extinción.
La política de “desmalvinización” que siguió al conflicto contribuyó en el abandono de la “conciencia marítima”, lo cual fue acompañado por una serie de tratados, acuerdos y declaraciones que los diversos gobiernos democráticos firmaron en detrimento de los “Intereses Argentinos en el Mar”.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, debe considerarse que no fueron subordinadas a los gobiernos democráticos sino que fueron humilladas por estos, al punto de poner a la Nación en un estado de indefensión.
A modo de conclusión
Si acordamos con el general Guglialmelli de que nuestro país es “peninsular”, y en verdad una gran parte del territorio se proyecta como una península, debemos mirar hacia el mar y poner manos a la obra para reconsiderar nuestros “Intereses Argentinos en el Mar”.
Para revertir esta situación se hace necesaria una serie de condiciones que deberán ser llevadas a cabo por un gobierno que desarrolle una fuerte estrategia en pos de lograr una vertebración del territorio nacional, logrando una armonía entre el continente y el mar.
Del mismo modo, deberá proponerse la recuperación de la “conciencia nacional” a través de acciones más que de declamaciones. Es positivo que en diciembre de 2003, mediante la Ley N°25.860, el Congreso Nacional instituyera el “Día de los Intereses Marítimos”, el 16 de julio “para homenajear y conmemorar el nacimiento de Segundo Storni en Tucumán, en reconocimiento a los valiosos aportes en la materia que realizó el Vicealmirante”. De nada sirve si no se fortalece la presencia de la Argentina sobre el Atlántico a través de su Armada, de las flotas pesqueras, si no se procede a una verdadera protección de sus riquezas contra la depredación que llevan a cabo los pesqueros extranjeros.
Deberán denunciarse acuerdos, tratados y declaraciones que obran en contra de los intereses argentinos.
Deberá procederse a un cambio cultural que promueva nuevamente la proyección oceánica y antártica de la Argentina, para lo cual se requiere poner a funcionar a pleno los astilleros para la construcción de buques comerciales, militares y pesqueros, fundar nuevamente una marina mercante del Estado e instruir en los diversos niveles educativos la importancia de la oceanopolítica.
Finalmente, debe imitarse a otros países y procederse a la creación del Ministerio del Mar.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Referencias
[1] Carl Schmitt. Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal. Madrid: Trotta, 2007, 112 p.
[2] Luis Dallanegra Pedraza. “Talasopolítica: el aislacionismo marítimo de América Latina”. Trabajo expuesto entre el 2 y el 6 de septiembre de 2013 en el Curso sobre Teoría y Metodología de la Geopolítica de la UNAM.
[3] Jorge Martínez Busch. “La Oceanopolítica en el desarrollo de Chile”. Revista de Marina, 3/1993, <https://revistamarina.cl/revistas/1993/3/martinez1.pdf>, [consulta: 18/12/2020].
[5] Alfred Thayler Mahan. Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”. Valparaíso: Biblioteca del Oficial de Marina, Academia de Guerra Naval, 2000.
[6] Jorge Terzago Cuadros. “Alfred Thayer Mahan (1840-1914), Contraalmirante U.S. Navy, Su contribución como historiador, estratega y geopolítico”. Revista de Marina (Chile), 01/02/2006, <https://revistamarina.cl/revistas/2006/1/terzago.pdf>, [consulta: 17/12/2020].
[9] Marcelo Javier de los Reyes. “A doscientos años de la toma de posesión de las Malvinas por las Provincias Unidas. Ayer y hoy”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 04/04/2020, <https://saeeg.org/index.php/2020/04/04/doscientos-anos-de-la-toma-de-posesion-de-las-malvinas-por-las-provincias-unidas-ayer-hoy/>.
[10] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.
