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LACALLE POU: UN PRESIDENTE DIFERENTE

Williams Herrera Áñez (El Deber*)

Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. Foto: Presidencia del Uruguay

El 1° de marzo asumió como presidente de la República Oriental del Uruguay Luis Lacalle Pou, en lugar de Tabaré Vázquez del Frente Amplio, coalición que gobernó los últimos 15 años. El joven presidente (52 años) no invitó a su posesión a los mandatarios del denominado socialismo del siglo XXI, rompió con Unasur, busca fortalecer Mercosur e imponer una “diplomacia comercial”, que significa no acercarse a EEUU y alejarse de China o acercarse a China y alejarse de EEUU, sino llegar directo a los dos países.

Ni bien tomó posesión y apenas había terminado de conformar su gobierno, invadía la pandemia del covid-19 y tuvo que tomar decisiones claras y rápidas. Y comenzó a predicar con el ejemplo, dispuso en este sentido que el 20% de los sueldos de los principales servidores públicos, comenzando por el presidente, vayan a un fondo común para apoyar la emergencia sanitaria.

En contra de las medidas que tomaron la mayoría de los países afectados, el presidente apostó por la libertad con responsabilidad y no impuso ninguna cuarentena estricta. Y ha tenido una respuesta excepcional del pueblo con un resultado de unos 30 fallecidos en total, de modo que Uruguay se ha convertido en un ejemplo en el mundo en relación con el coronavirus. Y para contrarrestar sus efectos económicos perversos, aprobó una serie de incentivos a los emprendedores y a subsidiar el trabajo; hay que apoyar al motor de la economía y por eso ha descartado cualquier idea de aumentar impuestos.

El presidente uruguayo, que se define como un liberal, apuesta por una economía abierta y facilita los grandes emprendimientos en su país. Sin embargo, no quiere que la gente vaya solo a invertir, sino también a vivir y reconoce que tiene una densidad demográfica muy baja (tres millones y medio de habitantes) y, por tanto, ofrece una serie de oportunidades para captar capitales extranjeros que permitan seguir aportando en beneficio de todos los uruguayos.

Antes de asumir el gobierno, el 1 de noviembre ya tenía listo el documento Compromiso por el País, compuesto de 13 “grandes líneas estratégicas”, a saber: un gobierno con las cuentas en orden; un Estado inteligente y transparente; empresas públicas al servicio de la gente; impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad; inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; una Policía respetada, una sociedad pacífica; una política de defensa adecuada al siglo XXI; transformar la educación; proteger a los más débiles; agenda de derechos; proteger el mundo del trabajo; cuidar la salud de los uruguayos; y medio ambiente y bienestar animal.

Al margen de tener una agenda muy definida y ser consciente que tiene que honrarla porque después de cinco años que dura el período presidencial, quiere salir a la calle y mirar a los ojos a la gente, Lacalle Pou se proyecta como un presidente diferente, que tiene un apellido que cuidar, directo, sin poses ni acartonamientos. Y está convencido de que la transparencia en lo privado y público, genera confianza y cualquier gesto suyo tiene efectos en la población. Se trata de un consumado deportista (practica varias disciplinas), y ha soltado haber consumido drogas de adolescente, reconocimiento poco común en una personalidad pública.

En estos pocos meses que tiene como presidente, Lacalle Pou ha mostrado una serie de cualidades como gobernante, que devuelven la confianza en la política como el arte de lo posible (muy degradada y prostituida en nuestro entorno). El gobernante uruguayo se proyecta como un estadista y un líder del siglo XXI, que transmite aire fresco, austero, comunicación simple y directa, pisa sobre la tierra, con una agenda muy concreta, determinación y vocación democrática. Un espécimen diferente a toda la manada que hemos tenido en la región en los últimos 20 años.

Nota original de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia https://eldeber.com.bo/opinion/lacalle-pou-un-presidente-diferente_191715  

LA INTELIGENCIA SANITARIA. UNA INTELIGENCIA SECTORIAL DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA.

Marcelo Javier de los Reyes*

Introducción

La actividad de inteligencia debe desarrollarse para anticipar las amenazas, para la adecuada toma de decisiones para la prevención y la resolución de conflictos que pudieran derivar en crisis.

Por su parte, la Inteligencia Estratégica requiere de información de diversas fuentes y su producto contribuirá a la Planificación Estratégica Nacional, la que tiene por propósito el largo plazo, vinculando la información de todas las áreas de inteligencia interior y de inteligencia exterior, así como las provenientes de otras áreas sectoriales de la inteligencia, con el objetivo de poner en manos del gobierno los elementos fundamentales para la toma de decisiones.

Entre esas inteligencias sectoriales que nutren a la Inteligencia Estratégica deben mencionarse la Inteligencia Estratégica Militar, la Inteligencia Criminal y la Inteligencia Competitiva. La Inteligencia Médica se halla dentro de la Inteligencia Militar pero a los efectos de optimizar la Planificación Estratégica —y como consecuencia de la pandemia de coronavirus que se ha expandido por el planeta— la Inteligencia Sanitaria debería ser considerada como parte esencial de la Inteligencia Estratégica.

La Inteligencia Médica

Jonathan D. Clemente, en su artículo Medical Intelligence nos dice que “la intersección de la medicina, la inteligencia y la seguridad nacional data de los primeros días de la Segunda Guerra Mundial”[1].

Ante la inminencia de la guerra, los oficiales médicos estadounidenses de la Subdivisión Quirúrgica de Medicina Preventiva General del Ejército (Army Surgeon General’s Preventive Medicine Subdivision) debieron abocarse a escribir sobre salud pública en los territorios ocupados para su inclusión en un manual de campo del ejército[2]. Estos oficiales también debieron realizar encuestas sanitarias en las bases militares en Terranova, América Central y del Sur y en las Antillas, pues se consideraban esenciales para la defensa del hemisferio occidental[3].

En junio de 1941 el Ejército de los Estados Unidos estableció una “Inteligencia Médica” separada de la mencionada Subdivisión[4], si bien cuando los Estados Unidos ingresaron a la guerra, en diciembre de 1941, la Inteligencia Médica aún no estaba preparada para realizar eficazmente su labor. Era importante contar con una extensa lista de las principales enfermedades que podían aquejar a los militares así como de aquellas de menor importancia que podían afectar a las tropas y, en segundo lugar, a la población civil.

Este fue el origen del National Center for Medical Intelligence (NCMI), un componente de la Defense Intelligence Agency (DIA).

La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra en la historia de los Estados Unidos, en la que el número de los heridos en combate superó a los de aquellos con enfermedades y lesiones contraídas fuera del campo de batalla[5].

La evolución de la guerra fue incrementando el desarrollo de la Inteligencia Médica y la captura de un equipo médico enemigo y sus drogas se constituían en una fuente de información valiosa. Así fue como la antecesora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) fue recabando información sobre los planes militares del adversario, sus capacidades para desarrollar una guerra biológica así como los propios conocimientos en medicina del enemigo. En verdad, la separación de las líneas de defensa entre los adversarios no significaba un obstáculo para la propagación de las enfermedades, entre las que se pueden mencionar el tifus y las ocasionadas por el piojo[6].

Creada la CIA, ya en 1947 comenzó a producir informes de inteligencia médica focalizados en el bloque comunista y durante la guerra de Corea (1950-1953), la comunidad de inteligencia reestructuró sus actividades dedicadas a la inteligencia científica y técnica para delimitar responsabilidades y evitar duplicaciones innecesarias.

La Inteligencia Médica se ha desarrollado, entonces, en el marco de la Inteligencia Militar y no es de interés de este artículo considerar sus vaivenes históricos sino ponderarla en función de las actuales circunstancias en las que la humanidad se encuentra enfrentando la pandemia de coronavirus que ha condenado a buena parte de la población, según las modalidades implementadas por cada país, a la supresión total o parcial, por tiempo no siempre determinado, de actividades sociales, laborales, etc.

Esa unidad de Inteligencia del Ejército —que examina enormes volúmenes de información en busca de pistas sobre acontecimientos globales de salud, ubicada en la base de Fort Derrick, en Frederick, Maryland— fue la que a finales de febrero hizo sonar la alarma mientras el presidente Donald Trump exhortaba a los estadounidenses a no atemorizarse por el nuevo coronavirus. Los miembros de esa unidad, profesionales de inteligencia, ciencia y medicina, son quienes monitorean y siguen las amenazas globales de salud que pudieran poner en peligro a los estadounidenses[7].

El 25 de febrero —quince días antes que la Organización Mundial de Salud definiera al brote como una pandemia global—, cuando aún había pocos casos en Estados Unidos, la unidad de Inteligencia Médica elevó su nivel de alerta, considerando que el coronavirus podía convertirse en una pandemia en 30 días[8]. Por su parte, el presidente Trump tuiteaba desde Nueva Delhi que “El coronavirus está bajo control en Estados Unidos”.

La unidad, generalmente, envía sus apreciaciones a las autoridades de Defensa y de Salud pero se desconoce si el presidente u otros funcionarios del gobierno tomaron conocimiento de las mismas[9]. Para elaborar sus consideraciones se nutre tanto de fuentes públicas (Open Source Information Intelligence, OSINT) como de fuentes cerradas. De este modo, la Inteligencia Médica procede a procesar la información médica, biocientífica, epidemiológica, ambiental, relacionadas tanto con la salud humana como con la salud animal, con énfasis en la actividad militar.

La Inteligencia Sanitaria

Una Inteligencia Médica, confinada a una estructura militar para realizar inteligencia sobre enfermedades infecciosas o traumas derivados de la guerra parecería que hoy, ante los numerosos desafíos que afectan al mundo, resulta insuficiente; aunque en realidad ya lo era si se tiene en cuenta la amenaza de las armas biológicas y que las guerras no se libran en campos sino que son principalmente urbanas.

Sus funciones deberían ser ampliadas para convertirse en una inteligencia sectorial que suministre información a la Inteligencia Estratégica. La Inteligencia Sanitaria, como toda inteligencia, recoge información, la evalúa y procede a elaborar informes que permitan tomar decisiones con el objetivo de optimizar la salud de los pacientes y de la sociedad.

Dados los mencionados desafíos, la Inteligencia Sanitaria debe poner la mira en numerosos retos que afectan a las sociedades actuales y trabajar conformando un equipo multidisciplinario de profesionales.

Cabe aquí considerar algunos de esos retos: con motivo de la disolución de la Unión Soviética y de la expansión de la globalización sobre sus espacios, a partir de la década de 1990 se incrementaron las migraciones, lo que llevó consigo una creciente preocupación respecto de la propagación de enfermedades infecciosas, de enfermedades que hasta ese momento eran endémicas. La actual pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo, debido a la interconexión global, una enfermedad se puede propagar con rapidez, ocasionando una saturación de los servicios de salud, provocando serias dificultades tanto para los estados afectados como para las empresas de transporte y las sociedades en general.

El cambio climático y la interconexión mundial también han provocado la migración de los agentes portadores de enfermedades. Así por ejemplo, puede mencionarse que en Nueva York, en el verano de 1999, se detectó por primera vez el virus del Nilo Occidental —que es transmitido por un mosquito—, enfermedad identificada en Uganda en 1937. Desde ese verano, la enfermedad se ha propagado a lo largo de los Estados Unidos.

En 2016, también en Nueva York, se ha documentado el primer caso de transmisión sexual de mujer a hombre del virus de Zika, lo cual aumenta las posibilidades de que la enfermedad pueda extenderse mucho más allá de los países en los que ya es endémica y donde los mosquitos son la fuente de contagio más importante[10].

En resumen, la propagación de las enfermedades infecciosas se ha facilitado por una mayor resistencia de los organismos a los medicamentos, por la degradación ambiental, por una infraestructura de salud insuficiente en áreas en desarrollo y por la mayor facilidad de los viajes internacionales.

La actual situación de la pandemia de coronavirus, como los ataques con ántrax en septiembre de 2001, también han despertado las sospechas de que estas enfermedades pueden ser producto de creaciones de laboratorios, con lo cual deben ser objeto de análisis más minuciosos de la inteligencia.

En este sentido, un ejemplo y un avance lo constituye, en el ámbito agropecuario, la definición de las bases del sistema de inteligencia sanitaria y fitosanitaria conjunta por parte de Argentina y Chile[11]. En función de ello, representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile se reunieron en junio de 2019 en Mendoza, Argentina, a los efectos de definir conceptos y objetivos, así como también de identificar herramientas y trazar líneas de trabajo iniciales. El propósito es optimizar “la vigilancia fitosanitaria a través del desarrollo de tecnologías, la elaboración de reportes sobre amenazas internacionales y la generación de modelos epidemiológicos para plagas de interés”[12]. Las autoridades intervinientes del encuentro manifestaron que estas definiciones son esenciales “para contar con un sistema que permita alertar sobre las amenazas fitosanitarias, priorizarlas para su atención y brindar alternativas para su abordaje”, es decir que son fundamentales para la toma de decisiones[13].

Como los alcances de una Inteligencia Sanitaria como la que se propone son amplios, en el sentido de salvaguardar la salud pública tanto de una región como del territorio nacional, deberían incluirse cuestiones de fundamental importancia como el acceso al agua o una educación sanitaria que les permita a los ciudadanos adquirir conocimientos, aptitudes e información acerca de opciones saludables. Del mismo modo, que contemple qué elementos debe producir el país para estar preparado ante situaciones dramáticas pero previsibles. 

Algunas consideraciones finales

Quizás la Inteligencia Sanitaria podría ser considerada como excesiva pero debe verse como una inversión necesaria para evitar costos mayores. La pandemia de coronavirus ha expuesto la insuficiencia de los servicios de salud en numerosos países y la falta de producción de elementos imprescindibles para la protección no solo del personal de la salud sino también de la población en general. Eso ha llevado a compras de elementos que, en numerosos casos, no respondieron a las necesidades sanitarias, ocasionando un dispendio innecesario de recursos.

La pandemia ha demostrado que puede hacer estragos en determinados sectores de la población con mayor virulencia: las personas mayores y los pobres. Una de las recomendaciones es lavarse las manos, pero en muchas zonas las personas carecen de acceso al agua. ¿Servirá esta triste experiencia para que los tomadores de decisión asuman qué significa “inversión” en estos casos? Porque las enfermedades, los lisiados y las muertes implican un costo para el Estado. Esto bien vale para aquellos que están involucrados en el debate “economía o vida”.

Es en estos casos en que se debe aprender de las experiencias y cambiar el rumbo. Nuevamente el costo de la prevención puede resultar menor que el de intentar dar soluciones cuando ya es tarde. Precisamente, la Inteligencia trabaja en la prevención, en la anticipación de los problemas o de las crisis y para reducir la incertidumbre.

Dicho esto y a partir de esta coyuntura, entonces, se hace necesario repensar en que es necesario desarrollar una Inteligencia Sanitaria abarcativa. Sólo se precisa de un equipo reducido de personal multidisciplinario, que participe de una comunidad ampliada de Inteligencia que se vincule con numerosas oficinas gubernamentales (municipales, provinciales y nacionales), con empresas privadas como así también con asociaciones científicas.

La información recabada a partir de esa comunidad coadyuvaría en la Planificación Estratégica regional y nacional, es decir, en la adopción de una correcta política sanitaria y en la toma de decisiones —el curso de acción a seguir— ante situaciones de emergencia.

Se trata de ponderar lo que se denomina el capital humano de la Nación, recurso tan importante como los naturales.

Por todo lo expresado, la Inteligencia Sanitaria debería sumarse a las otras inteligencias sectoriales que nutren a la Inteligencia Estratégica para favorecer y aportar a la toma de decisiones políticas. 

 

* Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1991). Doctor en Relaciones Internacionales, School of Social and Human Studies, AIU, Estados Unidos. Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires, Editorial Almaluz, 2019.

Referencias

[1] Jonathan D. Clemente. “Medical Intelligence”. The Intelligencer Journal of U.S. Intelligence Studies, volumen 20, number 2, Fall/Winter 2013, Association of Former Intelligence Officers (AFIO), [consulta: 13/08/2015].

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Ídem.

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] “EEUU: Unidad de inteligencia médica advirtió de coronavirus”. Infobae, 17/04/2020, <https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/17/eeuu-unidad-de-inteligencia-medica-advirtio-de-coronavirus/>. [consulta: 20/04/2020].

[8] Ídem.

[9] Ídem.

[10] Marc Santora. “Twist in Zika Outbreak: New York Case Shows Women Can Spread It to Men”. The New York Times, 15/07/2016,<https://www.nytimes.com/2016/07/16/nyregion/zika-virus-female-to-male-sexual-transmission.html>, [consulta: 12/06/2020].

[11] “Agropecuario. Argentina y Chile definen las bases de sistemas de inteligencia sanitaria conjunta”. Grupo de Noticias La Provincia, 25/06/2019, <https://www.grupolaprovincia.com/agropecuario/argentina-y-chile-definen-las-bases-de-sistemas-de-inteligencia-sanitaria-conjunta-315871>, [consulta: 22/06/2020].

[12] Ídem.

[13] Ídem.

 

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TODA LA ATENCIÓN DEL MUNDO PESQUERO EN EL ATLÁNTICO SUR ¿Y QUIÉN ESTABLECE LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL (Artículo 9º de la Ley 24.922)?

César Augusto Lerena*

La actividad pesquera no puede tener como referente en la estructura del gobierno a un Subsecretario, funcionario que a pesar de lo que indica la Ley 24.922 no fija la política pesquera, entre otras cosas, porque en esa misma Ley estaba prevista como Autoridad de Aplicación una Secretaría de Estado, que el ex Presidente Menem vetó en 1998 (y bien sabemos qué cuestiones de poder lo motivaron), razón por la cual, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca debe delegar sus funciones (de dudosa legalidad el procedimiento) para que el Subsecretario pueda presidir el Consejo Federal Pesquero (CFP). Ahora, es un secreto a voces que la Pesca poco tiene que ver en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (luego de Pesca y Alimentación), generalmente manejada por gente vinculado al campo, nada más alejado del mar, a lo sumo cercanos a las costas del Paraná, al Surubí, el Pacú y al Dorado o al Pejerrey de la Laguna de Chascomús.

La Pesca, es la prima pobre y fea en ese Ministerio. La política, la maneja (se podría decir) gente que —con razón— está preocupada por la climatología, las hectáreas sembradas, el precio del grano en Chicago, las retenciones… y las retenciones. Si estuviéramos en España sería distinto, pero aquí se agrega que en la Argentina no se consume pescado (5/6 kg/per cápita, cuando el promedio mundial es de 21kg), mientras que los que han dirigido y dirigen (¿?) este sector, se creen que con decirles (alguna vez) a los argentinos que debieran comer pescado los días 19 la cuestión está resuelta; bue… la razón para elegir un determinado día al mes (¿un día al mes?) lo dice todo: el número 19 en la quiniela corresponde al pescado (¡!). Que tal si agregamos, por su afinidad con el pescado, también el día 5, que en la quiniela es el “gato”, así duplicamos el consumo. ¡Todo el ingenio argentino aplicado a aumentar el consumo! El nivel de nuestros funcionarios debiera preocuparnos, más aun teniendo en cuenta, que está en juego una exportación de unos 2.100 millones de dólares por año y decenas de miles de trabajadores, proveedores y de pueblos del litoral que viven de esta actividad.

No. Nunca en el Ministerio del Campo entenderán que éste, es un Estado Marítimo, que la actividad pesquera no debe ser una actividad extractiva sino industrial y que la Pesca es una herramienta no solo productiva y alimentaria, que debiera formar parte de la política de salud de la Nación, de ocupación territorial marítima y, de desarrollo industrial, en todo el litoral marítimo nacional y, especialmente patagónico, estratégico y de bajo índice poblacional.

Dicho esto, tampoco los Subsecretarios de Pesca han estado a la altura de las circunstancias. No han sido capaces, ni siquiera, de administrar la crisis sectorial —hoy es un ejemplo más— y, si bien desde la administración de las cuotas se puede hacer política, los números indican lo contrario, ya que la concentración ha sido creciente a través de los años, contrario a lo que cualquier administración del recurso del Estado requeriría: investigación, conservación y distribución adecuada de los recursos.

Ahora, cómo se ve el accionar de un Subsecretario, que es a su vez presidente del CFP, que dedica su tiempo a aplicar los artículos 7d, 9d y 27 de la Ley 24.922 (los permisos, las cuotas y las autorizaciones) y desatiende la aplicación de los artículos 4, 5d y 22 de esa misma ley (los recursos migratorios de la ZEE y de Alta Mar más allá de las 200 millas). ¿Alguien podría creer que con solo aumentar las multas a los buques extranjeros que pesquen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina se resolverá el problema? O nos olvidamos que la Armada y la Prefectura no tiene los suficientes medios y que, en los últimos 40 años, solo se capturaron un promedio de dos buques por año y que el problema no se resuelve controlando solo la ZEE Argentina, sino administrando el conjunto de la biomasa, es decir también el control de nuestros recursos migratorios, transzonales y las especies asociadas en la Alta Mar, no solo por una cuestión económica y social, sino también de soberanía nacional, en relación con nuestros derechos marítimos y los vinculados a los archipiélagos (entre ellos Malvinas) y la Antártida.

¿Sabrá el Señor Subsecretario, que convivió varios años en el CFP sin oposición alguna a las políticas del gobierno de Macri que —entre otras cosas— firmó el Pacto de Foradori-Duncan y, con él, aprobó las investigaciones conjuntas de pesca con los británicos y puso al INIDEP al servicio de la Reina del Reino Unido y que ahora el Canciller Felipe Solá suspende, porque entiende “que es uno de los temas soberanos, (y) no podemos entregar datos estratégicos a quien nos usurpa”, gobierno de cesión de los recursos nacionales, en el que también se profundizó la extranjerización y concentración de la actividad? No, no veo que en las Actas del CFP estas cuestiones centrales de la actividad se hayan tratado o se traten antes (y nunca) que el Poder Ejecutivo de la Nación anuncie hechos que inciden sobre la actividad pesquera; motivo por el cual, habría que preguntarse ¿quién establece y conduce la política pesquera nacional? ¿La que obligan los artículos 7º y 9º de la Ley 24.922?

Los hechos, sobre la política de fondo, han colocado, al Subsecretario y presidente del CFP, en el mejor de los casos, en el rol de vocero. Tranquilos, no es de ahora; pero, el Subsecretario de Pesca está desde hace tiempo y hoy en una dificultad superlativa y, con él, todo el sector pesquero nacional. La estrategia no la elabora y, a los problemas graves de administración interna del recurso (la rentabilidad, baja de precios y de consumo, pérdida de empleos, etc.) le debe agregar la política internacional, que ha resuelto hacerse de los recursos pesqueros del Atlántico Sur, por sus propias necesidades y ante la ausencia manifiesta del poder político pesquero nacional. El empresario y el trabajador producen y el gobernante ejerce la dirección y el control de Estado y en una actividad interdependiente internacionalmente debiera adelantarse a los hechos. El poder, si se dispusiese, ¡se ejerce! ¡Tamaña responsabilidad para un Subsecretario! Pero no es un lote del continente donde se realiza actividad y las decisiones que se toman en la UE o las necesidades alimentarias de los países asiáticos interfieren en la explotación y el comercio nacional, ya que estos países, no solo compran productos, sino que se apoderan de ellos con importantes flotas que pescan a distancia. Ya vimos hace días unos treinta buques chinos por el Estrecho de Magallanes, unos pocos, de los miles que tienen.

En la XXVII EXPOMAR reunidos bajo el lema ¿Y ahora qué?, la Comisión Europea anunció que restringiría la pesca en un 30% en las aguas comunitarias e incluso la declararía actividad non grata en el 10 % de las mismas. Aquí, la Secretaria General de Pesca Alicia Villauriz explicó “los retos que tiene por delante el sector y la necesidad de integrar las dos vertientes (económica y social) en un mensaje de tono verde que no se limitaría a las aguas de la UE, sino que extendería hasta alta mar. El Tratado sobre Biodiversidad que se negocia en Naciones Unidas, advirtió Villauriz, no debe dejar al margen a las ORP (organizaciones regionales de pesca), expertas en pesca y capaces de matizar el sesgo verde que amenaza al sector pesquero”. Toda una definición la de esta secretaria: la restricción de la pesca en aguas comunitarias se compensaría en aguas extracomunitarias (el Atlántico Sur, por ejemplo) y para los amantes de las OROP, éstas se ocuparían de matizar el color verde del pretexto conservacionismo con que se las promueven. Es decir, capturar fuera de Europa lo que no pueden hacer allí.

Pero, para que los españoles estén aún más seguros, el Secretario General de CEPESCA Don Javier “Paz y bien” Garat, sí, el mismo que les vino a vender espejitos de colores a las Cámaras de Argentina, aprovechó la ocasión para pedir nuevamente “Ayudas” al gobierno “medidas de choque que garanticen la liquidez de las empresas, así como seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria, para afrontar la que ha definido como la ‘hecatombe económica y social’ que ocasionó el Covid-19”. Señalando que “la recuperación pasa por el incremento del endeudamiento y medidas de estímulo fiscal y de aplazamiento de impuestos (…) y aportar liquidez (…) la reducción urgente del IVA del 10% al 4% (…) y realizó un “llamamiento, a la gran distribución para priorizar la producción pesquera española y comunitaria y promover así la conocida como soberanía alimentaria”. Esto se llama juntar al gobierno y los empresarios para defender el interés de los españoles, por cierto, en un evidente perjuicio para el sector empresario y laboral argentino.

¿Eso es todo? No. El Brexit es una preocupación de británicos, de los isleños en Malvinas y de los españoles que pescan tanto al norte, como con licencia ilegal británica en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina. El Reino Unido (RU) pretende acordar en forma anual el acceso a las aguas, contrario a lo que piensa el presidente de la Alianza Europea de la Pesca (EUFA) Gerald van Balsfoort, de que “no habrá acuerdo de libre comercio si no se cierra un arreglo de largo plazo sobre la pesca”.

El calamar de las islas Malvinas es un objetivo de negociación británica con Bruselas, ya que esta especie (Illex y Loligo) junto a otras, tienen como principal destino la UE (90%) a través del puerto español de Vigo, motivo por el cual, si no se mantiene libre de aranceles la importación habría un impacto negativo en Malvinas, pudiendo sufrir estos productos aranceles del 6% al 18%, aunque, el Reino Unido argumente que hay un interés compartido con la UE ya que los buques españoles son responsables en gran parte de las capturas en aguas de las islas y, que “Reino Unido actuaría en nombre de todos sus territorios de ultramar y buscaría resultados que apoyen su seguridad e intereses económicos”. Es decir, el Reino Unido no solo buscará fortalecer los negocios de Malvinas, sino a través del otorgamiento de licencias ilegales en el área de Malvinas de la ZEE de Argentina profundizará las capturas en el Atlántico Sur y seguramente los españoles —los primeros licenciatarios en las islas— les servirán de acceso a las materias primas a la UE, procurando compensar las restricciones de pesca en las aguas comunitarias.

A lo dicho habría que agregar las tradicionales y crecientes capturas ilegales de los buques chinos y de otros países asiáticos que a cientos depredan los recursos pesqueros en el Atlántico Sur.

Pero, si falta algún detalle más, los buques de todos estos países son construidos con créditos a baja tasa de interés y sus buques operan a distancia con fuertes subsidios.

En este escenario, Señor Subsecretario de Pesca, debería mutar del papeleo a la imprescindible e impostergable tarea, de establecer la política pesquera nacional, como lo obligan los art. 7º y 9º de la Ley 24.922. A mi juicio, y en lo inmediato:

  1. Llamar a Concurso para explotar en Alta Mar. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debiera constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la Alta Mar y, hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la Alta Mar, en base a un pliego de condiciones, con la limitación prevista en la ley 26.386 para las empresas de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
  2. Poner la flota argentina a pescar en la Alta Mar. Promover e incentivar fuertemente y dar todo el apoyo de seguridad necesario a los buques argentinos que pesquen en Alta Mar, quienes no deberían pagar derecho alguno de captura, ni impuestos internos y de exportación sobre las extracciones efectuadas en la Alta Mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la Alta Mar no deberían pagar impuesto alguno al gasoil y otorgar otros incentivos a la flota potera argentina que pesque en la zona límite con el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
  3. La construcción nacional de buques. El CFP debe abocarse a la búsqueda de fuentes de financiación para facilitar la construcción de buques en el país, reactivando los Astilleros Públicos y apoyando a los privados para modernizar la flota pesquera nacional.

Nada está hecho mientras quede algo por hacer (Romain Rolland).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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