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ESE ESTRECHO TAN GRANDE

Roberto Mansilla Blanco*

Tras amenazar con «llevar a la edad de piedra» y «desaparecer una civilización en una noche», el estridente Donald Trump finalmente dio marcha atrás a sus amenazas aceptando un plan de paz de diez puntos ofrecido por Irán que, grosso modo, se erige como el hipotético vencedor de esta surrealista guerra de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel.

Entre otras, la propuesta iraní estipula reabrir por dos semanas el estrecho de Ormuz, ruta de tránsito del 20% del mercado energético mundial, a cambio de suspender durante ese tiempo los ataques. La propuesta también incluye demandas prioritarias para Teherán: levantar la totalidad de las sanciones occidentales y permitir el enriquecimiento de uranio. Washington, como su aliado israelí, insisten en que Irán no debe tener un programa nuclear. Otro foco de interés para Teherán es ampliar esta tregua hacia el Líbano, azotada por ataques israelíes.

Probablemente a instancias de Trump, Israel también aceptó el acuerdo pero dejando claro que el mismo no debe incluir al Líbano, la «nueva Gaza» que Netanyahu piensa ampliar dentro de su mesiánico y supremacista proyecto del «Gran Israel» que tanto entusiasma a Trump y su «línea dura». De hecho, y tras abrirlo brevemente una vez consumada la tregua, Irán volvió a cerrar temporalmente el estrecho de Ormuz tras los ataques israelíes contra posiciones del movimiento islamista Hizbulá, aliado iraní, al sur del Líbano.

Aceptar negociar con Irán cuando se amenazaba con su destrucción así como convencerse de que Teherán controla prácticamente la totalidad del tránsito en el estrecho de Ormuz implica para Israel y Estados Unidos una severa derrota militar y geopolítica, lo cual determina su descrédito ante el mundo. La oposición israelí interpretó esta situación como el «mayor desastre histórico», culpando a Netanyahu de no alcanzar ninguno de sus objetivos en esta guerra. Fuentes militares en Estados Unidos analizaron del mismo modo este contexto en cuanto a los planes de Trump.

Con el apoyo de Teherán, este acuerdo estuvo precedido por los incesantes esfuerzos de un actor exterior, Pakistán, que ya había presentado un borrador de negociación similar días antes de la decisión de Trump de desactivar el ultimátum contra Irán. A partir del 10 de abril, la capital pakistaní Islamabad acogerá la ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán para avanzar en las negociaciones, un aspecto que fortalece el peso geopolítico de Pakistán.

Pero no es Pakistán el único actor detrás de este acuerdo. Turquía, Rusia y China ejercieron igualmente un factor de influencia. Moscú y Beijing votaron en el Consejo de Seguridad de la ONU contra la petición de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz, argumentando que esa era más bien una decisión soberana de Irán. Así, el estrecho de Ormuz demostró ser un coloso geopolítico difícil de sortear, y más ahora ante la evidencia de un Irán que, resistiendo a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos e Israel, se erige como el actor que controla el tráfico por ese estratégico espacio.

La tregua deja a Trump en un difícil contexto político, con su popularidad en caída en este 2026 electoral y una crisis dentro de su movimiento MAGA, con sectores contrarios a esta guerra. El alza desmesurada de los precios del combustible debido al cierre del estrecho de Ormuz aumentó el malestar social en Occidente contra esta guerra impopular. Por otra parte, los pretendidos planes de intervención militar directa en Irán tampoco contaron con el apoyo irrestricto por parte de los aliados regionales de Estados Unidos, en especial Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Catar, golpeados por las respuestas militares iraníes y persuadidos ante la posibilidad de una catástrofe global en caso de eventual invasión del país persa.

Con paciencia estratégica y una enorme capacidad de resiliencia, Irán logró asestar una victoria geopolítica contra sus principales enemigos, Estados Unidos e Israel, incluso desarticulando sus alianzas. Un ejemplo fue la posición europea, reacia a participar en este conflicto a tal punto que países como España e Italia no permitieron el uso de sus bases militares para los intereses de Trump. Aparcando su trumpismo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni marcó distancias con Washington en cuanto al apoyo a esta guerra.

La surrealista aventura militar de Trump y Netanyahu se definió en un fracaso ante un Irán que demostró su capacidad militar, política, estatal y social para resistir y asestar golpes estratégicos contra objetivos regionales de Estados Unidos e Israel así como de otros rivales como Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. La lección fue clara: Teherán puso «patas arriba» el comercio mundial y las pretensiones hegemónicas del desacreditado eje Trump-Netanyahu. Utilizó un arma geoeconómica como el estrecho de Ormuz para obligar a sus agresores a sentarse a negociar sus propuestas.

La paranoia de Trump y Netanyahu por el cambio de régimen en Teherán se confirmó como una falacia y una ilusión poco realista tomando en cuenta que, por convicción o por coacción, la población iraní se plegó a las exigencias del régimen teocrático, hoy visiblemente en manos del pretorianismo militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que semanas antes de los ataques había tenido que afrontar protestas internas.

Los errores de cálculo de Washington y Tel Aviv fueron tan notorios como la asertividad de Teherán para resistir, responder y obligar a sus enemigos a sentarse en la mesa de negociación. Pese a la cruenta represión oficial de las protestas, la respuesta de los iraníes ante la guerra de Trump y Netanyahu fue claramente ilustrativa: defender con una cadena humana sus principales activos nacionales. El costo humanitario del eslogan trumpiano de «desaparecer a una civilización» muy probablemente persuadió a Washington para aceptar esta negociación a última hora.

Con todo, esta incierta tregua abre varios interrogantes: ¿desistirán Trump y Netanyahu en su empresa de destruir Irán?; ¿o se impondrá una táctica realpolitik que obligará a un reacomodo ante un nuevo statu quo? En este paranoico mundo de Trump, nada es seguro.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Este artículo fue publicado originalmente en idioma gallego en Editorial Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/ese-estreito-tan-grande-roberto-mansilla-blanco/.

LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

TRUMP Y EL «MÉTODO DELCY» PARA CUBA

Roberto Mansilla Blanco*

La activista y disidente cubana Rosa María Payá declaró que no hace falta «una Delcy Rodríguez» en Cuba para una transición. No obstante, los medios internacionales van asomando en La Habana un nombre que puede ser clave en caso de se produzca, eventualmente, esa posible transición. Es el de Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior además de sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro. Se habla incluso de «perestroika» a la cubana, con medidas de liberalización económica y expectativas, aún inciertas, de apertura política.

En Washington apuran las presiones contra la isla caribeña. Fiel a su retórica neo-imperial, el presidente Donald Trump ha declarado sin tapujos que «sería un gran honor tomar Cuba». La «Doctrina Donroe» con el «Corolario Trump» a la Estrategia de Seguridad de EEUU adoptada en diciembre pasado, tiene a Cuba en la mira como pieza clave para ser derribada. Como ya hiciera con la famosa «Doctrina Monroe» de 1823, Washington no quiere interferencias de potencias exteriores (China y Rusia) en un hemisferio occidental concebido como su esfera de influencia.

Como era de esperar, en La Habana la reacción de la dirigencia cubana ante las presiones de Trump fueron inmediatas aunque aderezadas con síntomas de preocupación tras lo sucedido en Caracas el pasado 3 de enero con la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Ese día murieron en Caracas unos 32 efectivos militares cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro. La acción de los Delta Force estadounidenses fue un mensaje claro hacia Cuba, cuyo predominio político y de inteligencia en Venezuela ha sido súbitamente sustituido por el poder estadounidense.

Toda vez que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmaba que «toda agresión contra Cuba chocará con una resistencia inexpugnable», al mismo tiempo reconocía que su gobierno abrió canales de negociación con Washington para afrontar la crisis económica en la isla, derivada de la desconexión energética venezolana bajo presión de Trump. La estructura de poder en La Habana, cuyos bastiones son el Partido Comunista (PCC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FARC), se afana en mantener la iniciativa ante una posible «perestroika» que no necesariamente debe ser tutelada por interferencias exteriores.

¿Y en Caracas? Predomina el silencio sobre lo que pasa o pueda suceder en Cuba. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la que el propio Trump ha elogiado considerando que tiene «una relación muy buena», sigue avanzando en la nueva era de distensión con Washington. En esta ruta ya comienzan a caer piezas clave del poder: tras doce años en el cargo fue destituido Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, sustituido ahora por Gustavo González López, un perfil más tecnocrático.

Ante el escenario abierto en Venezuela de «chavismo post-Maduro» tutelado por Trump, el foco de atención mediática se ha dirigido inevitablemente hacia Cuba, que parece encarnar la condición de «eterno aspirante» a ser derribado por parte de Washington.

La relación iniciada por Caracas y La Habana en el año 2000 con el Acuerdo de Asociación Estratégica se ha venido abajo súbitamente en este frenético 2026 de cambios y convulsión. La crisis energética cubana se ha profundizado con la presión de Trump sobre Delcy Rodríguez para cortar el suministro de petróleo venezolano que, durante más de dos décadas, ha beneficiado a La Habana con precios preferenciales a cambio de cooperación sanitaria, cultural y deportiva. Ante esta coyuntura sólo México y Rusia están en capacidad de asistir energéticamente a la maltrecha isla caribeña, que vuelve a presentar un clima de malestar y protestas. Una sede del Partido Comunista fue saqueada y quemada en la localidad de Morón.

Atascado en la guerra de Irán, Trump busca evitar en Cuba un «nuevo Haití» que implique una incómoda crisis migratoria en el Caribe mientras rompe el cordón umbilical energético y político entre Caracas y La Habana. Trump se la juega este 2026 electoral en EEUU, con comicios mid-term en noviembre para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Las encuestas no le favorecen toda vez que Trump observa una crisis interna en su movimiento MAGA, profundizada ahora por la guerra de Irán, el irrestricto apoyo a Israel y el alza de los precios del petróleo derivada de esta guerra con escaso apoyo popular. A esto debe sumarse que las medidas anti-inmigración de Trump y la arbitraria actuación de las fuerzas del ICE han polarizado el debate político estadounidense.

Ante este contexto, Trump necesita en Cuba una repetición del éxito alcanzado en Venezuela, un golpe de timón que mantenga intacto el apoyo electoral y político del influyente lobby cubano en EEUU, que tiene en el secretario de Estado Marco Rubio a su principal baluarte. Trump espera ver en Cuba una reproducción de la tutela que ejerce sobre Delcy Rodríguez en Caracas. Conoce que la situación puede ser propicia ante el evidente debilitamiento estratégico cubano determinado por la desconexión petrolera venezolana así como por la sustitución de su influencia política y de inteligencia en Venezuela, en este caso a favor de EEUU. El restablecimiento de la embajada estadounidense en Caracas y las visitas de altos cargos de seguridad estadounidenses a Venezuela son síntomas que dan a entender este «cambio de era» en Caracas.

Con todo, ¿es posible reproducir en La Habana una situación similar a la de Delcy Rodríguez en Venezuela?; ¿Seguirá Cuba el camino de Venezuela tras la caída de Maduro?; ¿Tienen Trump y Marco Rubio un plan específico para Cuba?; ¿O será el propio sistema cubano el que abra el compás de una «perestroika» con la vista puesta en una transición pactada bajo la coercitiva presión de Washington? Interrogantes que cobran fuerza en este frenético e incierto 2026.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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