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SALIR DE LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE: EL PLAN DE PAZ Y LAS DECISIONES QUE NUNCA DEBIERON HABERSE ADOPTADO

Alberto Hutschenreuter*

En sus puntos esenciales, el plan de paz de 28 puntos que intenta detener la guerra ruso-ucraniana no ofrece demasiadas sorpresas. Su principal impulsor, el presidente Trump, antes de convertirse en mandatario ya se refirió al esfuerzo que tendría que hacer Ucrania para salir de la confrontación. Más todavía, tras su asunción, en enero pasado, advirtió que Kiev podría sufrir mayores pérdidas territoriales de no aceptar la situación en el terreno.

Lo relativamente novedoso es que hoy Ucrania afronta múltiples debilidades en relación con un año atrás o menos. Consideremos las principales.

En el frente militar, las fuerzas ucranianas no han podido detener el avance de los soldados rusos. Si bien ese impulso ha sido lento y con un costo humano muy alto, a la ventaja que supone para este país la capacidad de reclutamiento (que hoy podría estar disminuyendo), hay que agregar la consolidación de la adaptación de Rusia a la guerra, la producción de la industria militar y el incremento de los ataques con drones, la nueva modalidad de la guerra que, como sostiene George Friedman, está dejando atrás su modo de confrontación militar basado en el concepto de masa, es decir, gran número de tanques, tropas, entre otras capacidades.

Con la pronta llegada del frío y las lluvias, todas las dificultades que afronta Ucrania en el terreno se multiplicarán, particularmente las relacionadas con la logística, pues el avance ruso tras la captura de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico en la zona oriental del Donetsk, podría crear bolsones (la especialidad rusa en batallas) en los que queden más expuestos o directamente atrapados los soldados y equipos ucranianos. En tanto, en la región nororiental, los rusos continúan avanzando hacia las ciudades de Kupiansk y Lyman, las que durante 2022 Ucrania recuperó de Rusia.

En el frente interno de Ucrania, los problemas humanitarios y socioeconómicos se profundizaron como consecuencia del esfuerzo bélico. Los millones de ucranianos que descendieron a la pobreza superan a los millones que abandonaron el país desde 2022. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de febrero de 2025, casi 13 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Ucrania, hay más de 3,6 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania y cerca de 7 millones de ucranianos refugiados y solicitantes de asilo en diferentes partes del mundo.

En el nivel gubernamental, las repetidas situaciones de corrupción han llevado a que en el país exista casi un «estado de corrupción» más que «casos de corrupción». Basta considerar que por la corrupción han tenido que marcharse los ministros de Energía, Justicia y Defensa.

Como bien considera el británico Ian Proud, ex Consejero Económico de la Embajada británica en Moscú, con las elecciones en pausa, en Ucrania existen menos controles y contrapesos constitucionales sobre el poder de los oligarcas que antes de la guerra. Por ello, hay quienes sostienen que poner término a la guerra y cortar el flujo de dinero facilitaría a los próximos dirigentes reorientarse hacia la adhesión a la Unión Europea.

En relación con ello, y específicamente a raíz del escándalo que se produjo como consecuencia de la malversación de fondos y sobornos en la compañía estatal de energía nuclear, no fue casual que el canciller alemán se refiriera recientemente a la creciente preocupación europea sobre la corrupción.

A estas situaciones comprometedoras para Ucrania, hay que considerar también que la concepción estratégica estadounidense en tiempos de Trump guarda propósitos relativos con el «reparto de cargas» entre los socios estratégicos occidentales, es decir, que los europeos asuman sus responsabilidades financieras en materia de defensa y en materia de conflictos intra-continentales; y con la «resignificación de zonas estratégicas» por parte de Washington, es decir, la prioridad de Estados Unidos no se encuentra tanto en la placa geopolítica del este de Europa, salvo en temas geoeconómicos que se extienden al Asia central, sino en las placas de Oriente Medio-área del golfo Pérsico y la del Pacífico-Índico, donde residen cuestiones relativas con negocios, mercados, tecnología, alianzas, neo-contención múltiple a China, entre otras.

El plan de paz sin duda es controvertible, pues se acerca demasiado a un estatuto de capitulación militar y geopolítica que prácticamente deja a Ucrania sin margen de acción.

En un reciente artículo, el especialista estadounidense Thomas Friedman considera el plan como una traición flagrante a los aliados y a los valores de Occidente. Advierte que si finalmente el plan es impuesto a Ucrania, sus impulsores vivirán en la infamia como sucedió con Neville Chamberlain, el primer ministro británico que defendió una política de apaciguamiento, cuyo objetivo era evitar la guerra con la Alemania nazi. Para ello, en la Conferencia de Múnich de 1938, junto con otros dirigentes europeos, se entregó a Hitler una parte del territorio de Checoslovaquia.

Sabemos cómo siguió la historia. Friedman tiene razón, claro. Lo que no dice es que desde que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania fungió como un dique de contención para Francia y Reino Unido, los garantes de la seguridad europea, ante el verdadero peligro para Europa: el comunismo soviético. Cabe preguntarse entonces, ¿valores o intereses? Por demás pertinente resulta aquí la lectura de la obra del historiador británico Ian Kershaw, «Un amigo de Hitler. Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial».

Los 28 puntos del plan de paz son, en gran medida, la respuesta a una decisión que nunca debió haber sido tomada: la de Ucrania cuando, apenas llegado al poder, el presidente Volodímir Zelenski desplegó una política exterior y de defensa que no admitía otras alternativas, esto es, convertir a Ucrania, a todo o nada, en un miembro de la OTAN.

Por supuesto que no se trató de una decisión que nació en el gobierno ucraniano. Se trataba de una política que venía desde hacía mucho tiempo atrás, en gran medida impulsada por las administraciones estadounidenses demócratas, para quienes Rusia nunca dejaría de ser un país geopolíticamente revisionista: del mismo modo que la URSS había sido un actor revolucionario que nunca detendría su lucha a nivel global, el «Estado continuador», Rusia, tarde o temprano volvería a plantear desafíos a Occidente. Porque para aquella fuerza política estadounidense y sectores de lo que en Rusia denominan la «Europa Popper» (en oposición a la «Europa Spengler»), Rusia desconoce la idea y práctica del «pluralismo geopolítico».

Por tanto, e independientemente de quién se encontrara en el poder, contenerla (o neocontenerla) en sus propios lindes era la manera de neutralizar a Rusia. En varias oportunidades la Alianza Atlántica se refirió a la inclusión de Ucrania en su seno. En 2008, uno de los años estratégicos en lo que llevamos del siglo, en la cumbre de la OTAN en Rumania se aprobó una declaración sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia.

Pronto vinieron los hechos que derivaron en la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia (otro momento estratégico), y a partir de entonces comenzó otra de las causas profundas de la guerra en Ucrania: los enfrentamientos, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk, en el este de Ucrania. Esta guerra sigilosa (en territorio europeo) fue casi determinante para que Moscú, cuando finalmente sus demandas relativas con alguna garantía de no ampliación de la Alianza y con la restitución de derechos a la población filo-rusa de Ucrania no fueron respondidas, decidiera poner en marcha lo que denominó «Operación Militar Especial».

Hasta ese momento, la «potencia institucional europea» tuvo la posibilidad de disuadir y persuadir a Ucrania de «bajar» su política de marcha inalterable hacia la OTAN. Pero no solo no lo hizo, sino que ni siquiera propuso algún modelo basado en un congelamiento o moratoria. Mucho menos lo hizo el gobierno demócrata en Estados Unidos (el actor primus inter pares en la OTAN), que en noviembre de 2021 continuó hablando en la misma Kiev sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania. En este sentido, es muy atendible lo que ha dicho estos días el presidente Trump: «la guerra nunca habría ocurrido si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2021».

En suma, la guerra tiene una génesis de cuño geopolítico y su salida necesariamente será en clave geopolítica. Por supuesto que aquí quedan relegados el multilateralismo y los grandes principios del derecho internacional. Pero, en rigor, fueron quedando al margen cuando su lugar fue ocupado por las silenciosos códigos e intereses de una geopolítica occidental que terminó por difuminar la necesaria seguridad indivisible en ese «cinturón de fragmentación» que es Europa del este. Ninguno de los estadistas y especialistas estadounidenses estuvo de acuerdo con la ampliación de la OTAN, desde el propio George Kennan hasta Henry Kissinger, pasando por Brent Scowcroft, Kenneth Waltz, John Mearsheimer, entre otros.

Según la experiencia internacional y la geografía a la que se pertenece, la geopolítica enseña que el mejor modo de ejercer la soberanía es no ponerla a prueba, a menos que el actor dispuesto a hacerlo cuente con la seguridad de que logrará vencer al que dejó más que en claro las consecuencias de ello.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula La Geopolítica nunca se fue, Editorial Almaluz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025.

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EL GRAN REPLIEGUE. EEUU APLICA EN CENTROAMÉRICA TODA SU DOCTRINA DE GUERRA HÍBRIDA.

Daniel Symcha*

Basil Henry Liddell Hart, periodista y militar británico que alcanzó el grado de Capitán y que en 1920 participara en forma central en la redacción del «Manual de mando para oficiales de Infantería» del Ejército Británico, elaboró su teoría de la «Estrategia de la aproximación indirecta», la que busca debilitar al enemigo de forma no directa, evitando ataques frontales y buscando la vulnerabilidad del adversario a través de la movilidad y el engaño. Su teoría surgió a partir del estudio de la guerra acorazada con la aparición en el campo de batalla de los tanques de guerra. El objetivo de esta estrategia para enfrentar un fuerte poder de fuego no consiste en la aniquilación frontal del enemigo, sino la desestabilización y desorganización de sus fuerzas y la consecución de la victoria con el menor costo posible.

En 1999 los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su libro «Guerra irrestricta» identifican la sistematización del uso de la teoría de Liddell Hart por parte de Occidente en los diferentes escenarios de conflicto alrededor del mundo y realizan un análisis del uso y alcance de la denominada guerra híbrida la cual implica una reorganización de las herramientas utilizadas en todas las guerras de la humanidad, intensificando el uso de acciones por debajo del umbral de la violencia entre Estados mediante lo que el Dr. Marcelo Gullo Omodeo denomina Unidades Políticas sin Asiento Territorial como lo son las fundaciones, asociaciones, empresas privadas o redes sociales que, utilizando los derechos establecidos y garantizados por los Estados Nación, crean las condiciones necesarias para la desestabilización social generando focos de conflicto y por lo tanto una debilidad manifiesta que permite el desarrollo de acciones violentas de grupos clandestinos.

Esta operatoria, que se basa en tomar una insatisfacción de la sociedad, intensificarla, generar un conflicto y escalarlo, se llevó a cabo con éxito en las conocidas Revoluciones de Colores: Revolución de los Bulldozers (2000) que terminó con la desintegración de Yugoeslavia, la Revolución de las Rosas en Georgia (2003), la Revolución Naranja en Ucrania (2004) y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán (2005) y en las denominadas Primaveras Árabes: Túnez (2011), Argelia (2011), Barein (2011), Omán (2011), Siria (2011), Libia (2011), Yemen (2012) y Kuwait (2012).

En la actualidad hemos sido testigos de: La Revolución Primavera de Birmania (2022), protestas en Irán (2022); las protestas en Sri Lanka (2022), La Revolución de Julio en Bangladesh (2024), Corea del Sur (2024); las protestas de la Generación Z en Nepal (2025); protestas en Turquía (2025) y protestas estudiantiles y sociales en Indonesia (2025). Todas estas situaciones reproducen esquemas operativos similares y forman un arco en relación a China, India y Rusia.

El pasado como bitácora de la diplomacia anglosajona

Desestabilizar sociedades y regiones, generar inquina, enfrentamientos, vulneración de las condiciones sociales que debilitan a los gobiernos soberanos y de esa manera poder alcanzar objetivos estratégicos para sostener la hegemonía contra cualquier intento de independencia. John Brabazon Ponsonby aplicó esta operatoria allá por 1860 en el Río de la Plata y Thomas Edward Lawrence hizo lo mismo en 1915 en Medio Oriente.

EEUU, en su repliegue a una zona de influencia directa frente al avance de la nueva configuración del comercio mundial y ante la necesidad de dar respuesta a sus propias necesidades internas, posicionó en el mar Caribe una flota integrada por los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Stockdale; los buques de transporte anfibio USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale; un buque de combate litoral de clase Freedom el USS Minneapolis–Saint Paul; el USS Lake Erie, crucero misilístico; el submarino atómico de ataque USS Newport News y el Grupo de Ataque de Portaaviones del USS Gerald R. Ford integrado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y los destructores USS Mahan, USS Bainbridge y USS Winston S. Churchill.

A principios del mes de agosto de 2025 el presidente de EEUU, Donald Trump, había ordenado al entonces Departamento de Defensa utilizar la fuerza militar para desarticular las operaciones de los carteles de droga identificados semanas antes como organizaciones terroristas lo que ubica a las FFAA estadounidenses en un rol directo que nunca habían ejercido. En este contexto el almirante Alvin Holsey a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, anuncia su retiro a menos de un año de haber asumido el cargo que otrora ocupara la generala de cuatro estrellas del USS Army, Laura Jane Richardson.

Sembrar discordia para cosechar el dominio

En el escenario del juego mediático durante el movimiento de buques y tropas, el presidente estadounidense no solamente realiza declaraciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino también contra el presidente colombiano Gustavo Petro y declara que México está liderado por los narcotraficantes. A su vez interviene abiertamente en la campaña política de Argentina concediendo un inusual auxilio económico de US$20.000 millones al gobierno de Javier Milei. En Bolivia gana las elecciones el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el senador Rodrigo Paz, quien inmediatamente anuncia un alineamiento directo con EEUU.

En mayo de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó un ofrecimiento de Donald Trump para enviar tropas y armamento para la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano. El 8 de agosto el diario The New York Times reportó una supuesta orden ejecutiva del gobierno de Trump que autoriza a las Fuerzas Armadas de EEUU a realizar operaciones directas en territorio extranjero contra los carteles mexicanos. En este contexto, dos meses más tarde, se sucede el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez en la celebración anual des Día de Muertos, fecha simbólica central en la cultura mexicana. La población realizó una pueblada que culmina con el incendio de instituciones oficiales. Días más tarde se sucede una protesta de la generación Z en el contexto de un reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se suceden actos violentos y se agita sistemáticamente en redes sociales la caída del gobierno mexicano generando confusión.

En Colombia, entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 1.834 eventos de conflictividad social en todo el país. El 11 de agosto de 2025 es asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente por el Partido de Centro Democrático.

En Brasil, el día 27 de octubre el ex Canciller del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, expresó preocupación por los ataques estadounidenses sin «ninguna prueba» contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y afirmó que Brasil estaba preocupado por la escalada de violencia. Mientras al otro día, Cláudio Castro el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, ordenó la operación policial más mortífera de la historia de Brasil contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos y una tensión política inesperada en Brasil.

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer.

En el concepto de Antonio Gramsci estamos frente a una crisis orgánica, un momento histórico en el que se quiebra el vínculo entre gobernantes y gobernados, una pérdida de consenso y de legitimidad del hegemón, cuya capacidad de dirigir moral e intelectualmente a su área de influencia se deteriora. El italiano a esto lo llama «interregno» y es donde, según él, emergen formas «monstruosas» a partir de la descomposición del orden anterior y la falta de un nuevo equilibrio.

Lo cierto es que el Departamento de Estado realiza un movimiento táctico de buques y tropas a una región sobre la que se suceden una serie de operaciones de desgaste que condicionan la capacidad de movimiento de los gobiernos que manejan las principales superficies de la región que es paso obligado de productos desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

La situación presenta muchos puntos de comparación con las operatorias antes descriptas en el Río de la Plata, Medio Oriente, el Cáucaso, África y Asia. Operaciones de desgaste y guerra psicológica sobre la población para generar el clima propicio para escaladas violentas internas que serán potencialmente apoyadas desde la flota estadounidense y, ocasionalmente, pasado el fragor del enfrentamiento entre hermanos «pacificar» los teatros de operaciones.

Por otra parte, para beneficio del universo anglosajón sin haber jugado aún las fichas de los enfrentamientos religiosos, con la actual dirigencia política de Argentina y Uruguay, el Reino Unido tiene aseguradas sus operaciones en Malvinas y Antártida mientras que EEUU pasará a tener un punto de control en Tierra del Fuego tanto para el Canal de Magallanes como para el temible Estrecho de Drake con la Base Naval Integrada prometida por el presidente Milei a la generala Richardson. Parte de la dirigencia chilena, mientras tanto, continúa con el apoyo a los anglosajones desde Punta Arenas y los acuerdos con el poder blando estadounidense como en el caso de la administración de los Parques Nacionales australes que generó una denuncia penal contra Kristine Tompkins, presidente de la fundación homónima, por el cambio de destino de 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia de Chile para la instalación de un proyecto minero de extracción de oro por parte de la minera australiana Equus que pone en riesgo el desarrollo sustentable de los habitantes que viven en la comunas de Ibañez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel al quedar expuestos a contaminación de cianuro y mercurio los lagos Carrera, Bertrand y los ríos Baker y Jeinimeni proveedores del agua potable de la región. El lago Carreras es, del lado argentino, el lago Buenos Aires.

EEUU se replegó a su retaguardia ante la imposibilidad de competir con China y los BRICS y en ese repliegue está generando desestabilizaciones con el objetivo de mantener la hegemonía total sobre países débiles antes que comience a hacer eclosión, en su propio territorio, la guerra civil que comenzó el 11 de septiembre de 2001.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar