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ARGENTINA Y URUGUAY ESTÁN DESPERDICIANDO FUENTES DE PROTEÍNAS Y TRABAJO

César Augusto Lerena*

Con el aval del Inidep, se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales de anchoíta, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas.

 

Hace casi 50 años atrás, Argentina capturaba 40.000 toneladas por año de anchoíta (Engraulis anchoíta). El procesamiento de esa especie fue una de las actividades que dio inicio al crecimiento de un sector que hoy exporta US$ 2.000 millones al año. La captura y el procesamiento de esa especie generaban un importantísimo número de empleos y proveía de una fuente de proteína de alta calidad. Hoy la situación es absolutamente distinta en Argentina y Uruguay.

Ambas naciones, “decididos a sentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” firmaron en 1973 el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, estableciendo una Zona Común de Pesca, donde se encuentra la anchoíta. Lo que se haga con esta especie es de interés de ambos países, quienes deberían repartirse sus capturas por partes iguales.

Con el aval del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas (80% patagónicas) por año y Uruguay no ha realizado capturas y estaría estudiando iniciativas para destinar la anchoíta a la fabricación de harina. Dos pésimas formas de administrar los recursos e ignorar la pobreza, el desempleo y la desnutrición de ambos pueblos.

Hay casi 120.000 toneladas disponibles que podrían generar alimentos, empleo y divisas. Destinar a la fabricación de harina la captura de anchoíta es un acto de irresponsabilidad total, absolutamente incompatible con lo previsto en dicho Tratado (Art. 74º, 80º y, 82º) y es una depredación indirecta (no obtener un mayor valor agregado sobre una misma unidad capturada) y una violación al Tratado: “…la adopción y coordinación de planes y medidas relativos a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino…”.

Si Uruguay destinase a harina las 60.000 toneladas de anchoíta que le corresponden, generaría un total de 3.950 jornales de trabajo al año, aunque sería imposible controlar el volumen, la madurez sexual y el tamaño capturado (Res 3/02 y 14/14 de la Comisión Técnica Mixta). Por el contrario, si este volumen extraído se lo destinase al salado y venta a granel, se obtendrían unos 264.000 jornales. Si, además de ello, le agregase el fileteado, podría generar unos 6.000 empleos más.

Enviar la anchoíta y otras especies acompañantes a la fabricación de harina es una depredación indirecta inaceptable y, tanto es así, que desde 2004 esa práctica está prohibida por la provincia de Buenos Aires, cuyas aguas se comparten en la Zona Común, por entender que esta extracción destinada a la reducción “atenta contra sustentabilidad de la anchoíta y de las especies que dependen de ésta; provoca mayores costos y genera menor valor respecto a la utilización de su proteína para consumo humano; ocupa menor cantidad de mano de obra…”.

Por cierto, que esta acción uruguaya afectaría también a aquellos recursos reservados para Argentina, por lo cual la embajadora Mariana Llorente, presidenta de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, debería oponerse firmemente a esta iniciativa uruguaya. Cuestión que hasta ahora no hizo esta comisión y, llama mucho la atención, porque está integrada, además de la citada embajadora, por el subsecretario de pesca Carlos Liberman; el director del Inidep, Oscar Padín; la Directora de Planificación de la subsecretaría Gabriela Navarro; el representante del PEN ante el Consejo de Pesca Carlos Lasta y ex del Inidep, Ramiro Sánchez. Todos funcionarios que no deberían ignorar este tema.

Aunque no debería llamar la atención porque explotar solo 8.300 toneladas sobre las 60.000 disponibles para Argentina deja en evidencia una lamentable incapacidad administradora de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y, una violación del artículo 1º de la Ley 24.922: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos (…) la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina” porque implica perder un aumento del tercio del total de operarios que genera toda la actividad pesquera nacional, en un país con 11,3% de desocupación, 19 millones de pobres, 4,5 millones de indigentes y millones de personas que necesitan de proteínas de la excelente calidad y de las inmejorables grasas insaturadas que provee la anchoíta.

No dejaré de indicar que las especies no explotadas (excedentarias), además, deben ser puestas a disposición de terceros países (Convemar Art. 62, 69, 70 y 297), lo cual sería gravísimo, no solo desde el punto de vista de la administración del recurso, sino por la pérdida de nutrientes para nuestro pueblo. 

Es imprescindible e impostergable que ambos países apliquen el Código de Pesca de la FAO (“llevar a cabo la pesca teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales” y “otorgar prioridad a las necesidades nutricionales de las comunidades locales”) y usen, responsablemente, la disponibilidad del recurso; a mi entender, promoviendo y apoyando la constitución de pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la explotación para el consumo humano directo de esta especie, evitando la transformación en terceros países (Estados Unidos, España, Perú, Francia, Marruecos, etcétera) para asegurar el empleo en la Argentina.

Nos dice al respecto Juan Manuel Otero Ferres “en el Cantábrico, Francia y España, comparten un recurso idéntico, pero, tienen como Total Admisible de Captura (TAC) unas 29.000 toneladas por año, es decir 40 % menos que Uruguay, sin embargo, generan divisas anuales globales de unos 250 millones de euros con la participación de más de 400 empresas pesqueras que generan más de 35.000 puestos de trabajo directos”. Las exportaciones argentinas de anchoíta salada alcanzan un valor de U$S 3.445 la tonelada, un valor superior a los filetes de merluza y del calamar, según los valores oficiales.

En Uruguay se encuentra durmiendo desde hace un año (30/8/2020) en la Cámara de Representantes un proyecto que apunta a la constitución de nuevas pymes y cooperativas; la promoción del consumo directo y la exportación de anchoítas; la profesionalización de la pesca artesanal; la creación de nuevos puestos de trabajo; el aprovechamiento del remanente en la producción de aceites, levaduras, proteínas o concentraciones solubles con finalidades farmacéuticas o alimentarias, etc. y, sólo destinar los residuos a la harina.

Un proyecto similar en Argentina podría dar lugar a la creación de unas 25 nuevas empresas con una cuota anual de unas 2.000 toneladas de anchoíta y otras especies cada una generando empleos industriales y construcción naval. Aunque, debo reiterar, el modelo debería mutar porque se administra mal y se dilapidan recursos que necesitan todos los argentinos.

(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

Nota publicada en El Economista, 17/09/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-09-argentina-y-uruguay-estan-desperdiciando-fuentes-de-proteinas-y-trabajo/  

 

A CONFESIÓN DE PARTE. RELEVO DE PRUEBAS. EL SUBSECRETARIO DE PESCA LIBERMAN CONFIESA SU INCAPACIDAD.

César Augusto Lerena*

Carlos Liberman fue director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y pocos meses después de cumplir dos años en ese cargo, asumió como Subsecretario de Pesca el 10/12/2019. Foto: TiempoSur

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo nos evita tener que probarlo. De la perspicaz entrevista realizada por Karina Fernández y Guillermo Nahum al subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman, para la Revista Puerto y publicada en este medio el 03/08/2021, surge con claridad la incapacidad del subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman para administrar los recursos pesqueros del Estado; su falta de sentido común y de oportunidad, dañando al sector empresario, al trabajador y al ecosistema, además de evidenciar la aplicación de un modelo pesquero que provoca la generación de bajo valor agregado, concentración y generación de subsidios por la pérdida del trabajo.

No tocaremos una sola letra de esta excelente entrevista (no solo las preguntas sino también las repreguntas, no siempre frecuentes en los periodistas) que desenmascara lo peor que pasa en la pesca: este buque no tiene capitán o, peor, el capitán carece de toda aptitud y actitud para administrar con equidad un recurso del Estado, poniendo en riesgo no solo importantes inversiones privadas; el trabajo de miles de familias que dependen de este sacrificado empleo; precarizando la ciencia y la técnica y, aún más grave, si se puede más, colocando el recurso en una situación de alto riesgo, admitiendo pescas insostenibles e insustentables. Y esta entrevista que hay que agradecerla a los periodistas, también hay que admitir el sincericidio de Liberman, reconociendo gravísimos errores y cuestiones pendientes sin resolver tras desempeñarse como director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y a pocos meses de cumplir dos años como Subsecretario de Pesca (10/12/2019). No puede Liberman echarle la culpa al gobierno anterior (como es habitual en la política), porque formó parte de la estructura del área con cargos jerárquicos con facultades para sugerir, elaborar y ejecutar la política pesquera desde hace 11 años. Algo debería haber aprendido y conocido.

Aquí la entrevista textual de Revista Puerto, con algunos comentarios míos:

Revista Puerto: «…La entrevista comenzó con una conversación informal sobre la falta de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión de acuerdos comerciales. Siendo un tema que en cierta forma escapa a sus posibilidades de acción, el Subsecretario planteó hasta dónde pudo llegar con la rebaja de aranceles para mejorar las posibilidades de ingreso a los mercados para el sector pesquero».

Es muy llamativo el diálogo y el reconocimiento de los límites comerciales que tiene el subsecretario del área, en especial, porque, más allá de estos límites que el subsecretario tendría en esta materia central, el Canciller Felipe Solá, especialmente, solicitó agregar a su Ministerio de Relaciones Exteriores el “Comercio Exterior”.

Carlos Liberman: «La pesca es observada como una actividad extractivista, pero yo no creo que se pueda comparar con el sector agroganadero en relación con la generación de divisas y cantidad de trabajo que genera. Como equipo que somos, cuando el Estado tenga una menor necesidad de la que tiene hoy de recaudar más divisas por vía de la exportación, seguramente iremos a un esquema de aranceles que será superador del que tenemos. El de hoy es mejor que el que estaba antes, en el que todos pagaban lo mismo, independientemente de cuánto empleo generaban y de cuánto producto transformaban en Argentina. Cuanto más nos alejemos de Las venas abiertas de América Latina, más tenemos que reconocer y acompañar como Estado. A mí no me resulta indiferente que se produzca en Argentina o en Perú, China o algún lugar de Asia o España».

El subsecretario manifiesta que «la pesca es observada como una actividad extractivista» y ello no es solo una mera “observación de terceros, sino una información que surge del análisis de las estadísticas de responsabilidad del subsecretario (Art. 7º inc. i de la Ley 24.922) publicadas por esa dependencia y de la propia intencionalidad y apoyo que Liberman da al modelo extractivo, como se aprecia en los resultados y puede verse en la entrevista del 12/12/2019 de Pescare.com.ar que este medio le efectuó a dos días de asumir el cargo de subsecretario: “¿No crees que esa problemática también es consecuencia de un cambio en el modelo de negocio, de una industria que se vuelca cada vez más hacia el congelado?: «Mira, a partir de la experiencia de la que vengo (Santa Cruz), nos sentamos con los gremios, las empresas y nos dimos una lógica con un Estado presente que permitió que el empleo crezca de una manera significativa». ¿Tu idea es replicar ese modelo a nivel nacional? «Sí…».

En la misma ocasión este funcionario reconocía que la actividad había crecido y el trabajo decrecido: «Si bien reconozco que la actividad hace un período importante de años viene creciendo en términos de exportaciones (…) la generación de empleo cayó en algunos puertos como el de Mar del Plata. Creo que hay problema real (…) Hay que mejor la matriz productiva porque evidentemente existe un problema de empleo real. El procesamiento de pescado en tierra es un tema central»

El relato de Carlos Damian es, como vemos, absolutamente contradictorio y hasta aquí todavía no se ha referido a la devolución de cuotas de merluza que, obviamente, de haberse procesado a través del titular del empresario concesionario o un tercero, con destino a la exportación o el consumo interno el trabajo hubiera crecido, del mismo modo, si las capturas hubiesen estado mayoritariamente en manos de fresqueros en lugar de congeladores. Por cierto, habría que recordar que el consumo de pescado en la Argentina (6,5 kg/per cápita) es más bajo que el promedio mundial en los países emergentes al igual que en los desarrollados (19 Kg/per cápita).

(RPuerto): “En este acompañamiento del Estado entran los planes sociales. Es innegable que muchas personas los necesitan porque el sistema genera excluidos. ¿Pero considera que pueden estar afectando negativamente en sectores como la pesca que requiere empleos temporales?”

(Liberman): «El plan social es una medida que intenta contener a gente que quedó desclasada en diversas épocas de nuestra historia, y el Estado tiene que atenderlo; que después eso tenga incidencia en el empleo, puede tenerla, pero, primero esa gente debe tener posibilidades de acceso a los alimentos y al sostén de su familia. Puede ser que tenga incidencia… Pero si lo asociamos al langostino, yo hago otro acople, lo vi en el sur. Procesar merluza pude ser más rentable en un lugar que en otro, pero lo que lo hacía viable era añadir langostino; sin ser un subsidio el langostino fue el gran oxigenador de la producción de merluza. Si hubo un problema en Mar del Plata, tiene que ver con la falta de regularidad en el aprovisionamiento de una materia prima que pudiera ser rentable y si el langostino comienza a procesarse en esas plantas en los momentos en que la merluza no es rentable, se resolverá gracias a la rentabilidad del langostino».

Liberman intenta demostrar que la provisión de langostino opera como subsidio al procesamiento de la merluza, pero ello está en abierta contradicción con la devolución de cuotas de merluza. En este punto queda claro que la subsecretaría ha sido incapaz de administrar el recurso. La sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad de la actividad van de la mano. Sobreexplotar el recurso es tan grave como subexplotarlo. No sirve dar sostenibilidad a las especies sino no damos sustentabilidad a las empresas y el empleo.

(RPuerto): “En Mar del Plata, la falta de aprovisionamiento de materia prima arrancó en 2012 cuando el Consejo Federal Pesquero permitió devolver cuota de merluza sin penalización, como consecuencia del paro del SiMaPe. Allí comenzó el cierre de muchas plantas, la falta de explotación fue justificada, pero luego se siguió permitiendo sin justificación y esos puestos de trabajo no se recuperaron”.

(Liberman): «Ahora lo cambiamos, hasta el año pasado se podía devolver el ciento por ciento de la cuota y eso no implicaba ninguna penalización. La primera persona con la que me junté en este despacho cuando asumí, fue Cristina Ledesma y le pregunté qué pensaba y me dijo que el calamar debiera reprocesarse y la merluza no debería poder devolverse. Le dije que creía que había que llevarlo de forma gradual pero que tenía razón y este año dijimos que solo se puede devolver la mitad, con lo cual todos los buques merluceros arrastreros dejaron de tener esa posibilidad».

Llama la atención que el subsecretario se olvide que desde el 2011 se desempeñó como director nacional de Coordinación de Pesquera y que en el período que refirió en el que el Consejo Federal Pesquero (CFP) admitía la devolución del 100% de la cuota él era consejero y no hay votos contrarios suyos a esta decisión. Es insostenible también aceptar una devolución del 50%. El funcionario deja claro que no conoce el alcance del término “Administración” por la forma que maneja la disponibilidad y uso de los recursos del Estado. Es raro también, que haya tenido “demagógicamente” que consultar a la secretaria del SOIP respecto a la situación laboral de la pesca porque, entiendo, que debería conocer la dramática reducción de afiliados en este gremio en la última década con relación a las décadas 70/80, y ello debería haberle servido para evaluar el modelo extractivo y de congelación a bordo que ha promovido todos estos años, incluso en el período derivado de su participación en el Consejo durante el gobierno de Macri. La gradualidad a la que refiere es un criterio burocrático y no se puede manejar un negocio de dos mil millones de dólares anuales con gradualidad sin causar daños al sector. Grandes problemas requieren grandes soluciones y no se resuelven administrando la crisis. Pero el burócrata es poco probable que lo resuelva, para eso hay que haber pagado alguna quincena y, en la pesca, como dice el dicho: “hay que mojarse el c…”.

(RPuerto): “¿Pero por qué se les sigue permitiendo devolver el 50 por ciento si eso también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?”

(Liberman): «Te doy la razón, tiene ese efecto. Es un error que la administración tiene que asumir y lo hablé con las cámaras, con las que lo devuelven y con las que lo piden. Pero ahora también cambiamos la prioridad en la asignación, porque se les daba prioridad a los fresqueros, pero los dos lo podían pedir al mismo tiempo y terminaba siendo una abstracción. El año pasado hubo un piso de ocho mareas para los fresqueros y si había remanente, podían recibir los congeladores, este año se hace más pesado porque pueden devolver solo la mitad. No tengo un problema con el congelador, pero considero que había una tendencia que ponía en una situación de mayor debilidad a los fresqueros y la falta de aprovisionamiento de materia prima los hacía cada vez más débiles, porque van al mismo mercado; si tienen menos stock, tienen menos margen de rentabilidad. Todo ese ciclo hacía que el fresquero se perjudicara un poco más».

Sinceramente, Carlos Damián, por momentos más que un subsecretario pareciera ser el relator de un partido. “La administración tiene que asumir” (¿?) No señor subsecretario, usted es el responsable de que una empresa cierre, que despida operarios o pierda competitividad. ¿No contestaba al periodista minutos antes, que la pesca se “observaba como extractiva”? Es extractiva y, basta ver las estadísticas de exportación y el procesamiento de materias primas argentinas en terceros países intermediarios e importadores que transforman en destino. Pero, hay todavía algo más importante que los periodistas le preguntaron: “…devolver el 50% también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?” que el subsecretario no contestó y ello es central, primero, porque se desvirtúa el otorgamiento de cuotas que fueron otorgadas en función de un proyecto que la empresa no cumplió con la complicidad del responsable de administración (Art. 7º inc. a y f, Art. 27 de la Ley 24.922) y segundo y, fundamentalmente, porque es imposible planificar una administración eficiente (Art. 7º inc. a, Art. 9º inc. a y f de la Ley 24.922). Este solo hecho, demuestra en forma categórica que el subsecretario y presidente del Consejo Federal Pesquero incumple con la Ley 24.922 y lleva una administración ineficiente de los recursos del Estado.

(RPuerto): “Parece un poco naif porque dejaron de explotar la merluza porque les convenía explotar el langostino. Ese fue el motivo por el que devolvieron la merluza”.

(Liberman): «Los que iban al langostino sí».

Liberman confirma que los que iban a la pesca de langostino dejaron de pescar merluza y lo dice con una ligereza casi rayana a la inimputabilidad. Él, primero, como consejero, autorizó a los empresarios a devolver el 100% y ahora autoriza a devolver el 50%. Entiendo que la contestación es suficiente para iniciarle una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le recuerdo al subsecretario que él no es un relator de lo que ocurre en la pesca, él es responsable de lo que pasa en la pesca. La función del empresario que ha recibido la cuota de captura es cumplir con las condiciones pactadas a la hora de otorgársela y, la del Subsecretario monitorear que ello ocurra. El daño patrimonial para el Estado de la devolución de cuotas, sean 100%, 50% o 10% es gravísimo respecto al desarrollo poblacional e industrial y de generación de recursos económicos, pero los efectos sociales y laborales son más graves aún, en un país con un 45% de pobreza y un 13,1 de desocupación. Sin evaluar los efectos negativos estratégicos, que esta administración paupérrima, ocasionan.

(RPuerto): “Es la mayoría de los que devuelven la cuota de merluza”.

(Liberman): «Pero los arrastreros de más de 40 metros que solo van a merluza pasaban por ese ciclo negativo».

La cuestión no tiene relación con la pandemia; es producto de una mala administración, que lo tiene como responsable desde hace once años, en los que ocupó funciones jerárquicas relativas a la pesca.

(RPuerto): “Los fresqueros siempre tuvieron muy buena prensa y siempre han ido ganando terreno, eso se vio en la cuotificación de la merluza y más claramente en el langostino. El aumento de buques en esta pesquería ya fue señalado por el INIDEP como una señal de preocupación. Sin embargo, continúan aprobando reformulaciones. ¿Por qué siguen aumentando el número de barcos?”

(Liberman): «El primer motivo es que jurídicamente si un administrado se presenta y pide que la administración le resuelva algo a lo que tiene derecho, hay que resolverlo. La segunda cuestión es cómo sigue, la verdad es que no sigue igual que como veníamos. Las tres reformulaciones que se aprobaron primero son menos y segundo se ponderó de forma diferente el cupo de captura. La cantidad de cupo que se les otorgó es notablemente menor al que se les otorgaba antes, porque el variado costero se ponderaba al 90% y se transformaba en una autorización para todas las especies y eso no existe más».

No hay reformulación de fresquero a congelador o de aumento del esfuerzo pesquero u otro que modifique las condiciones que fueron aprobadas que se encuentre autorizada por la Ley 24.922 y por el contrario se encuentran absolutamente prohibidas, se trate de una o cien. Además, muchas veces eso sólo significa la modificación de la política de distribución equitativa de cuotas y autorizaciones. Por otro lado, sería interesante recordarle al subsecretario que en su calidad de miembro del Consejo Federal Pesquero que presidía el macrista Juan Bosch no se opuso al DNU 145/19 (Luego Ley Pinedo) que permitió poner como garantía ante las entidades bancarias o de crédito las cuotas o autorizaciones de captura, recursos que son patrimonio del Estado Nacional o Provincial en su caso y, otorgar un aumento de la cuota a la construcción local. Estas dos cuestiones —y otras que el DNU incluyó— son suficientes para que en lugar de ser el CFP y el Subsecretario quién administra el recurso sea un astillero privado quién modifique el esfuerzo pesquero o una entidad bancaria pueda quedarse con recursos que es de propiedad del Estado y quien debe administrarlo.

(RPuerto): “En la última reformulación, según los números que constan en el Acta, se otorgó más del 80 por ciento y por otra parte se tomó como captura histórica promedio de una lancha amarilla 600 toneladas. Los registros de esa lancha son de aproximadamente 100 toneladas por año”.

(Liberman): «Yo no recuerdo si la historia daba 100, 200 o 300 toneladas, lo que sí sé es que sale de las bases oficiales de la Subsecretaría de Pesca. Es una lancha que dejó de operar hace mucho tiempo y antes operaban a mayor volumen que ahora».

En este punto Carlos Damián más que apelar a la memoria debería acercarse al legajo y demostrar categóricamente que no hubo una reformulación fraudulenta. Y además entre 100 a 600 hay 500 toneladas de diferencia. El Estado debe hacer públicas estas informaciones y a la sola pregunta debe aportar las pruebas correspondientes para evitar actos de corrupción o de mala praxis.

(RPuerto): “Puede ser que capturaran más pelágicas, pero si llevaba muchos años inactiva se entiende menos. Volviendo al número de buques. ¿Hasta cuándo piensan seguir admitiendo el ingreso de barcos?”.

(Liberman): «El número de barcos es grande e importante para una pesquería que es grande e importante, la pesquería era mucho más chica hace doce años y había menos barcos, la administración tuvo en ese momento una disyuntiva, si queríamos generar la mejor administración del recurso con más barcos, mayores capturas, mayores niveles de actividad productiva en las plantas en tierra y mayores ingresos de divisas, íbamos a necesitar más barcos. Lo que sin dudas se puede seguir mejorando es la administración del recurso y las formas en que se pesca. Podemos tener pocos barcos y pescar peor, si no tenés un control sobre si se pesca de noche, con cien buques pescás como si fueran doscientos. El incremento del esfuerzo pesquero puede tener que ver con la práctica pesquera y no tanto con el número de buques, podemos tener muchos buques y hacerlos pescar menos. En el norte se pescaba libremente».

Si bien es “esfuerzo” es fundamental, la subsecretaría de pesca no tiene capacidad de control alguno (ver más adelante la cuestión de control por monitoreo). No solo no se controlan las capturas, los descartes, etc., sino que hay informes de la AGN y del propio INIDEP que los partes no coinciden con los desembarques y es vox populi la sustitución de especies, al margen de que la Subsecretaría de Pesca no tiene capacidad, ni hace control de stock ni ha precisado los rendimientos en los procesos a bordo y en las plantas industriales. Su respuesta es obvia, pero la subsecretaría carece de la suficiente información para llegar a un diagnóstico certero. En las condiciones actuales de falta de información y control, más barcos significan teóricamente más esfuerzo. Una respuesta evasiva.

(RPuerto): “Iban muy pocos barcos al norte hasta hace un par de años”.

(Liberman): «Pero llegaron a pescar 20 mil toneladas y si están mejor manejadas y con ayuda del ambiente quizás nos permitan dar el salto que dimos al sur, no digo de 200 mil toneladas, pero muchas toneladas más. Antes, todos tenían el despacho habilitado en el norte y se pescaba un 60 por ciento de hembras impregnadas. El año pasado le expliqué al sector que tenemos que hacer una apuesta, porque si pescamos mejor en el norte, si pescamos cuando los niveles de hembras maduras se reduzcan al 30 por ciento, salvaguardamos a un conjunto de hembras que van a seguir migrando hacia el norte y van a desovar. Si responde como pasó en el sur podemos mejorar las capturas, por eso le pedí al INIDEP que la primera campaña del buque Mar Argentino sea en busca de langostino en la zona de El Rincón o en litoral bonaerense para saber si la medida es conducente».

El subsecretario debería recordar que su obligación es cumplir con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Y en la Zona Común la pesca argentino-uruguaya debe mantener la proporcionalidad en las capturas, cuestión que no ocurre, con un grave perjuicio para la industria nacional.

(RPuerto): “Es sabido que se preocupa por estudiar y se pueden reconocer las buenas intenciones de pescar más y mejor. Pero precisamente con ese razonamiento, no se entiende por qué se sigue trabajando sin datos de observadores en la flota fresquera durante la temporada, cuando los investigadores han indicado públicamente que la forma de trabajar de este sector le hace daño al langostino.

(Liberman): «Hay empresas que son más diligentes que otras tengan fresqueros o congeladores, creo que hay muchos preconceptos y hay mucho por mejorar. La realidad se presenta con todo ese degradé de cosas buenas o malas. Para saber si se pesca de noche le pedí a la Dirección Nacional que prepare un informe con diversos niveles de análisis: cuánto tarda un buque en llenar la bodega y llegar a puerto y cuánto tardan en la misma zona buques de similares características; y que lo contraponga con los datos de captura por unidad de esfuerzo para esa área y días determinados que me da el INIDEP. Así podremos empezar a tener un entrecruzamiento para ver si efectivamente pescan de noche. El SOMU me dice que son el mejor reaseguro porque si pescan de noche les paran los buques, yo no tengo que quedarme con esa tranquilidad, yo tengo la obligación de controlar que no pesquen de noche. Pareciera que puede haber algún incidente aislado, pero en términos generales no pescan de noche, pareciera… lo vamos a ver y si lo detectamos lo vamos a infraccionar».

¿De noche no controlan a los buques extranjeros? La falta de Observadores capacitados, confiables y bien pagos, es central. ¿Quién evitaría la depredación, el descarte y les proveerá la información?

(RPuerto): “El INIDEP habla de toda una forma de trabajar, no puntualmente de pescar o no de noche. El fresquero no tiene el cuello de botella de un congelador en la producción, lo que permite tener una captura menos voraz y más ordenada”.

(Liberman): «Claro, ese cuello de botella no existe. Yo no quiero hacer una defensa de cómo pescan los fresqueros, pero no es tan fácil establecer un límite a su capacidad de pesca diaria porque tiene que ver con su curva de rentabilidad, si está mucho tiempo en el agua va a empezar a desperdiciar el langostino que capturó, lo que sería peor; y sobran ejemplos de langostinos que llegan negros y a veces podridos. A toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola. La discusión está abierta, la caja, cajón o cajita también fue una discusión, hay quienes creen que la cajita permite un mejor aprovechamiento del recurso».

A esta altura, cabría hacer las siguientes preguntas: ¿después de 11 años interviniendo en la administración la seguirá manejando a prueba y error? ¿No fue Carlos Damián secretario de Pesca en Santa Cruz? Más que discutir el “qué debería estar resolviendo el “cómo”. Porque ya se le pasaron casi dos años mientras resuelve como administrar más adecuadamente los recursos el sector. ¿Toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola? Pues bueno, no conozco subsecretario que lo haya hecho, el sector pesquero está vivo por la voluntad de los actores: empresas y trabajadores. No estaría mal que se resuelva hacerlo.

(RPuerto): “Por otro lado, permite aumentar la capacidad de la bodega”.

(Liberman): «Te permite estibar más porque se aprovecha mejor. Tenemos la dicotomía de cómo aprovechamos mejor lo que pescamos, si pesco menos y aprovecho menos o si pesco más y aprovecho más. En definitiva, pescamos para producir y exportar más».

No hay tal dicotomía señor subsecretario de Pesca Carlos Damián Libertad. Ninguna de las dos opciones es la adecuada. Hay que pescar menos y aprovechar más. Esto se llama sostenibilidad. Es agregar valor y llegar a las góndolas. Con los mismos recursos generar más empleo y más divisas para el país y recursos económicos para las empresas y sus comunidades. Esto se llama “Responsabilidad Social”.

(RPuerto): “¿Cómo van a solucionar el tema de los observadores?”

(Liberman): «El fresquero puede realizar prospecciones, pero está claro que los congeladores tienen mejores posibilidades para realizarlas por las características del buque. No se trata de ver quién es más voluntarioso sino quién tiene una mejor herramienta».

(RPuerto): El INIDEP reclama presencia de observadores durante la temporada, no en las prospecciones.

(Liberman): «Tenemos una enorme limitación con la pandemia que nos redujo una planta de observadores, que ya era reducida, a menos de la mitad. No tenemos suficientes observadores, estamos trabajando en el embarque, pero lo tenemos que hacer con la gradualidad que permite el personal con el que contamos. También estamos formando nuevos observadores en la Nación y en la Provincia, porque la mayoría de los observadores están en Mar del Plata y al langostino lo tenemos en el sur, necesitamos un INIDEP más federal».

Y qué tal Liberman si contesta cuando se va a resolver el tema de los observadores. El Estado tiene que cumplir el rol de policía que le asigna la ley y para eso cobra tasas e impuestas. Al margen de ello hay otras dependencias que en igual situación de dificultad de recursos económicos ha resuelto el problema. Se necesitan observadores, como dije, capacitados, honestos y bien pagos.

(RPuerto): “Uno durante muchos años ha visto que había cosas que no se podían hacer desde lo legal, como pasar cuota de fresquero a congelador, permiso de fresquero a congelador y era inimaginable que una lanchita que nunca vio un langostino se convirtiera en un barco con autorización para pescar miles de toneladas de langostino. Pero todo esto con los años se fue permitiendo y ahora si tuviéramos un año de 100 mil toneladas de langostino, el desaguisado administrativo que se generó sería un verdadero problema. ¿Cómo piensan resolverlo?”

(Liberman): «Si tuviéramos 100 mil toneladas de langostino tendríamos un problema grave, tanto en el langostino como en la merluza por la falta de rentabilidad, tendríamos un lío enorme con los miles de trabajadores que están esperando el langostino y los miles de trabajadores que pueden hacer merluza gracias a que las empresas también hacen langostino. Mi mirada más sincera sobre el tema es que el variado costero estaba en una situación peor que la que está hoy, la merluza estaba en una situación peor que la que está hoy y el langostino estaba en una situación peor que la que está hoy. La traslación del esfuerzo pesquero del variado costero y la merluza al langostino tuvo varias características que hay que resaltar para bien, primero permitió frenar la curva de caída en el variado costero, ayudó a la recuperación de la merluza porque dejamos el ambiente tranquilo, y en tercer lugar al langostino lo pescás o se va a morir en dos o tres años. Permitir descomprimir la presión en otras especies fue un acierto. En el 2004 cuando llegué a la pesca, se exportaban 800 millones de dólares, trayendo recursos que estaban más comprometidos que hoy, en 2015 ya exportábamos 1.600 millones de dólares y al mismo tiempo se trasladó el esfuerzo sobre recursos que estaban comprometidos hacia un recurso que se ofrecía en expansión».

Lo que refiere Liberman no es cierto ni inocuo. ¿Cómo explicaría el subsecretario el crecimiento de los desembarques y de las exportaciones y el simultáneo decrecimiento del empleo? Se profundizó la concentración empresas y el modelo extractivo y, como dije, este funcionario no es ajeno porque desde hace 11 años se ocupa de formular la política, coordinar y conducir la administración pesquera. El término “hicimos” no es el adecuado. Se hizo a costa de la quiebra de las pequeñas embarcaciones; de las medianas y pequeñas empresas industriales integradas o no; de los trabajadores que perdieron el empleo y la precarización laboral. La pesca bajo su responsabilidad no tiene plan que contenga a la actividad con equidad y le dé un marco un margen mínimo de seguridad a la producción.

(RPuerto): “Pero la pregunta apuntaba a los temas legales de acceso al recurso langostino y los derechos adquiridos que se intentarán hacer valer al momento de una menor abundancia o, por qué no, a una hipotética cuotificación como prevé la ley. Esto ya pasó con la merluza: hubo decenas de barcos que pescaron años sin permiso para esa especie a los que, sin embargo, hubo que reconocerles esas capturas y darles un cupo en igualdad de condiciones con quienes la pescaron legalmente. Hay barcos que hoy pescan varias veces su cupo de langostino y muchos de ellos accedieron a esa pesquería con permisos de barcos que nunca en su historia habían capturado ese crustáceo”.

(Liberman): «Todo siempre se pone en jaque si no tenés una buena zafra. Va a ser cada vez más difícil para quienes integren el Consejo Federal Pesquero, porque todo depende de seguir teniendo buenas zafras. Quien el día de mañana sea subsecretario, también va a tener más problemas que yo por la manera en que administramos las aperturas y los cierres en la zona de pesca para el langostino. Antes se habilitaban bandas longitudinales y ahora es por cuadrante, son 9 cuadrantes de un grado por un grado. El sector se quejó porque generaba canchas chicas, pero es la mejor manera de controlar que no levanten L4 y L5 o merluza. Esas medidas junto con la del norte son las que tenemos que seguir perfilando para poder sostener una pesquería de 200 mil toneladas, también jugará un rol importante el ambiente».

(RPuerto): “Concretamente, ante un escenario de 90 mil toneladas, ¿quiénes van a poder pescar?, ¿los que tienen permiso de langostino o se incluirá también a todos aquellos que tienen autorizaciones para especies no cuotificadas?”

(Liberman): «Tenemos, conviviendo en el registro de la pesca, distintas categorías de permisos que fueron otorgados en momentos distintos. Tenemos muchos barcos que fueron generando historia de un permiso que no era para langostino, pero sí para todas las especies, las especies no cuotificadas implican langostino en la medida en que el langostino no se cuotifique. Si el langostino se cuotificase, con ese permiso que no habilita cuoficadas no se podría pescar cuotificadas».

(RPuerto): “Ese es un paso posterior. ¿No se va a contemplar como un derecho adquirido el haber capturado langostino?”

(Liberman): «La ley prevé un período de captura histórica legal que obedece a un momento y esa es la historia que se debe contemplar como ocurrió con la merluza».

(RPuerto): “¿Se piensa en cuotificar el langostino?”

(Liberman): «En merluza se puede estimar la biomasa total, en el langostino es más difícil, el INIDEP no tiene una estimación de biomasa total de langostino que es el requisito sine qua non y a partir del cual se puede definir un proceso de cuotificación. El INIDEP hasta ahora no pudo dar una solución a la tarea titánica que tiene de determinar la biomasa total y quizás no pueda darla. Veo difícil la cuotificación del langostino».

Trataré de no repetir esto; pero, el subsecretario Liberman por momento parece contarnos lo que todos sabemos y, en todo caso, más que relatar que mal que la van a pasar los funcionarios (como si esto fuera importante para alguien) y las empresas, nos debería indicar el “cómo” y hacia “dónde” vamos. El subsecretario es el administrador (por delegación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya que por obra de Felipe Solá en 1998 al aprobarse la Ley 24.922 Menem vetó la secretaría de Pesca) y, por lo tanto, tiene como función investigar, conservar, distribuir, explotar el recurso; ¿le suena Liberman? Para que nos diga que sí se cae la captura de langostino se caería todo no lo necesitamos. Son Uds. “los subsecretarios” y otros tantos representantes del Poder Ejecutivo, los funcionarios del CFP y los diplomáticos asignados a este Cuerpo, quienes han llevado la Pesca a la mono-explotación y a que el langostino subsidie a la merluza; pero resulta, que permite este funcionario la devolución del 50% de las cuotas (¡!). ¿Sabe el subsecretario que la producción pesquera en el mundo, en un 45%, proviene de la acuicultura y la Argentina no llega al 1%? Por supuesto que yo en cuatro hojas no podría ni debería decirle que puede hacer, pero deje de hacer diagnósticos y empiece a aplicar el tratamiento. Respecto a la pregunta al subsecretario en su doble condición de funcionario y abogado se va Carlos Damián por la tangente. Ustedes (los subsecretarios y afines), desde la cuotificación y, ahora con las autorizaciones a la pesca de langostino, etc. Sí dejarán una bomba de tiempo y alguna vez habrá que hacerles un juicio de residencia a los funcionarios, que se van a sus casas, como si nada pasara, lamentándose que mal que la van a pasar los que vienen. Así no va, lamentándose que mal que les va a ir a las empresas cerradas millones de argentinos sin trabajo.

(RPuerto): “Los investigadores del INIDEP hacen un trabajo excelente. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución para mejorar su situación salarial? Estamos hablando de una industria que genera dos mil millones de dólares y los jefes de Programa en su mayoría ganan menos de 70 mil pesos”.

(Liberman): «Desde el año 2016 tuvimos pérdida del poder adquisitivo, recién este año afortunadamente las paritarias y el nivel inflacionario han empezado a emparejarse y se dejó de caer. A mí la defensa que han hecho ustedes de los trabajadores del INIDEP me parece perfecta, porque efectivamente antes de hacer una mejora ganaban poco y ahora también ganan poco. Lo mismo pasa con todos los trabajadores de la administración pública nacional».

(RPuerto): “¿No se puede encontrar un mecanismo como el utilizado en el CONICET a través del FONAPE para mejorar la situación?”

(Liberman): «Nosotros mejoramos bastante la situación, no resolvimos todas las demandas… Pero hubo recategorizaciones, asignaciones de horas extras, alrededor de cien trabajadores tuvieron mejoras en este sentido».

(RPuerto): “Son cuestiones administrativas que estaban retrasadas y, recibieron solo un bono por única vez”.

(Liberman): «Es todo lo que podíamos hacer, nosotros recibimos un Estado que no es el que dejamos, sueldos del INIDEP que no son los que dejamos, lo mismo en la Subsecretaría, yo mismo gano menos como subsecretario de lo que ganaba como director de Pesca en 2015».

¿No es este un gobierno de científicos? Los argumentos son patéticos. Un país sin ciencia y técnica está condenado a la dependencia y la colonización. Se entiende que hoy por no tener los avances adecuados de la ciencia gastamos ingentes recursos para la adquisición de vacunas. Los científicos argentinos tienen probada experiencia en la fabricación de vacunas, lo que no tienen es política ni reconocimiento y por eso muchos de ellos están prestando sus servicios para países desarrollados, al igual que el INIDEP. Este Instituto de Investigación, en épocas donde las exportaciones de la pesca eran mucho menores (no olvidemos que hoy las exportaciones dependen en un 50% del langostino; digo, Carlos Damián, para que no corra presuroso a decir, “somos el único sector que creció exportaciones” y, se olvide del pequeño detalle que no es obra de la administración, sino del milagro de la naturaleza) se autofinanciaba con aportes empresarios.

Ahora, respecto a su sueldo. ¿Usted Liberman se imagina Gerente de una Empresa, diciéndole al dueño que puede que todo vaya peor mañana y a la par solicitarle un aumento de sueldo? Sospecho que su tiempo sería de descuento. Las empresas no funcionan con una tarjeta de débito de cuenta sueldo. Además, van a tener que revisar sus gastos administrativos y los del Consejo, los que aportan los empresarios al FONAPE. ¿Sabe una cosa? son mucho más altos que los gastos administrativos de Chile y Perú, ambos países que exportan más que la Argentina; y ¿sabe otra?, los gastos del personal administrativo de una empresa para que sea eficiente no deben superar el 7,5%. Creo que habría que ajustar los números porque para que las empresas sean competitivas hay que bajar derechos, reducir el tiempo de devolución del IVA, eliminar los impuestos al combustible, etc. y esa es una función del subsecretario ejecutar o gestionar. En particular cuando buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. que operan subsidiados y con trabajo esclavo, compiten en los mismos mercados que Argentina.

(RPuerto): “En 23 años que llevamos haciendo REVISTA PUERTO, hemos conocido subsecretarios de Pesca que no distinguían una merluza de un pato, conocimos en varios períodos una Subsecretaría tercerizada y también una Subsecretaría de Pesca tarifada hasta para hacer lo que correspondía por ley. Sabemos que eso hoy no es así y sinceramente no hemos conocido a nadie que nos diga que ha coimeado por tal o cual tema. Por eso, sinceramente, nos llama la atención y queremos saber por qué se le sigue permitiendo pescar langostino a los nuevos barcos de Moscuzza, sobre todo al José Américo, que es un barco indiscutidamente ilegal para acceder a esta pesquería. Y usted, que entonces era director de Pesca, conoce cómo se gestó ese permiso desde 2015: cuando se aprobó un permiso para un barco de 39,90 metros y no de 47, como finalmente tiene el barco ingresado”.

(Liberman): «Hoy la medida de administración vigente es de 40 metros de eslora de arqueo».

(RPuerto): Al momento de aprobarse estaba vigente la 1113 y la eslora permitida era de 40 metros de eslora total. De todas maneras, el José Américo tiene 44,21 metros de arqueo y 47 metros de eslora total.

(Liberman): «En el registro de la pesca no figura eso, dice que es de 40 metros. Es muy difícil a la hora de acusar a alguien hacerlo sin elementos, porque para decir que están fuera de la ley yo tengo que tener elementos, y yo tengo que prever que lo que certifica la Prefectura es legítimo. Antes de acusar a Moscuzza, debiera acusar a la Prefectura Naval Argentina».

(RPuerto): “Si el certificado que tiene dice 40 metros de arqueo, entonces es falso. El barco que se aprobó es otro barco, no es el que entró. Se aprobó un barco de 40 metros e ingresaron uno de 47 que puede pescar lo que su permiso le habilite, pero no puede entrar a la pesquería de langostino”.

(Liberman): «El CFP le aprobó una reformulación por un barco distinto y luego vino la medida de administración que cambió el límite y se estableció para computar la eslora de arqueo. En el registro de la pesca figura que tiene una eslora de arqueo por debajo de los 40 metros».

(RPuerto): “Le aseguro que eso es falso, una falsificación de documento público. Como funcionario público, si yo presento una nota y documentación que demuestre que el barco tiene más de 40 metros de eslora de arqueo y que estamos frente a un hecho irregular, ¿está obligado a iniciar una investigación para saber si se le está permitiendo a este barco pescar ilegalmente?”

(Liberman): «Lo que tengo que hacer es cotejar los datos que me entreguen con el Registro de la Pesca y consultar a la Prefectura Naval Argentina. Ningún Subsecretario se encargó de la determinación de las esloras, para la Subsecretaría de Pesca lo que otro organismo del Estado determina es vinculante. Si me presentan esa nota la remitiré a la PNA para que lo confronte».

(RPuerto): “Entonces nos comprometemos a reunir documentación y lo haremos. Por otra parte, todo lo que venimos hablando, la determinación de una eslora, la cobertura de la flota, el número de barcos y la forma de trabajar sobre el recurso, ¿no deberían estar ya determinadas en el Plan de Manejo que sigue sin materializarse?”

(Liberman): «Efectivamente nosotros tenemos medidas de administración, de hecho, no es la totalidad si confrontamos las medidas de administración que se sancionaron en 2018 con las que se han tomado luego para determinar los mecanismos de prospecciones, la administración del langostino que está fuera de la zona de veda, los resortes de apertura y cierre fuera de la veda, todo eso no se discutió. Yo vivencio la administración del langostino a partir de la dinámica a la que el recurso obliga. El langostino rompió los libros todos los años y hoy lo sigue haciendo. Tengo mucha incertidumbre porque el langostino no te deja tranquilo, pero tengo un buen nivel de tranquilidad también. El año pasado fue disruptivo y generó muchísimas discusiones con el sector, pero tanto la administración del norte como la de las áreas internas hicieron que podamos esquivar muy bien el langostino chico que es lo que vamos a pescar el año que viene. Esa es una tarea que bien podría formalizarse en una norma, un cuerpo jurídico que obligaría al siguiente funcionario a seguir aplicando la misma lógica, la verdad es que hay otras cosas sobre las que todavía estamos trabajando, como con la Comisión de bycatch, porque para poder determinar el cierre de la pesquería a fines o principio de octubre necesito que me ayuden, porque cuando haya más de 20 por ciento de merluza se cierra».

Yo creo que el señor Subsecretario no necesita que le presenten ninguna nota, está obligado como funcionario a responder con la documentación pertinente a esta eventual irregularidad administrativa a través de los medios técnicos competentes. Está obligado en su condición de subsecretario de Pesca y presidente del Consejo Federal Pesquero, por aplicación de los artículos 7º incisos a), c), d), f), q) y artículo 9º incisos a); d) y ss. y, la ley de información pública, para demostrar un proceso cristalino y estaría suficientemente habilitado para convocar a expertos independientes que verifiquen la validez del permiso pertinente para pescar una especie que como dijo el subsecretario y yo ratifico sostiene al conjunto de la actividad pesquera. Yo no dejaría ninguna duda a estos periodistas ni a los lectores de este medio especializado, teniendo la forma de terminar con esta cuestión que se viene ventilando desde hace tiempo y el silencio de este funcionario podría entenderse con una complicidad.

Sería necesario también que el subsecretario revise las estadísticas (su función) para verificar los desembarques de merluza con relación al langostino y, por otro lado, se ha referido en esta entrevista en forma reiterada a lo que deberían hacer los funcionarios que vengan. Por lo pronto, ocupe su tiempo, le quedan al menos dos años.

(RPuerto): “También está pendiente el sistema de monitoreo por cámaras”.

(Liberman): «Necesitamos un sistema de cámaras complementado con un sistema de inteligencia artificial que haga lo que el inspector no puede hacer, el INVAP tiene que subirse al barco, pero la pandemia nos complicó para concretarlo. El tema está pendiente y el ministro Basterra tiene a la firma un convenio marco con la presidencia del INVAP para poder hacerlo».

Este tema tiene una antigüedad que daría la sensación de que no hay vocación de resolverlo. Y como me refería en forma precedente, demuestra la incapacidad de la subsecretaría en materia de control. La pesca hay que contrala y a los observadores (Una vez que los tengan). “El hombre es bueno, mejor si se lo controla” decía el General.

(RPuerto): “¿Por qué apoya la designación del Área Marina Protegida Agujero Azul?”

(Liberman): «El CONICET tiene información sobre el impacto que tiene en la cadena trófica por ejemplo de la merluza, nosotros tenemos la enorme mayoría de nuestra ZEE vedada para proteger la merluza, nuestro sector hace el esfuerzo que tiene que hacer adentro, afuera no podemos proteger la columna de agua porque no nos pertenece, efectivamente no podemos administrar la pesca ahí pero para resguardo, para mayor protección y tutela, complementado un esfuerzo que hacemos adentro, funcionaría como un complemento para resguardar la cadena trófica que es muy importante».

(RPuerto): “Aunque se ha presentado como una herramienta contra la pesca ilegal o extranjera en la milla 201, esta AMP no tendrá efecto alguno. ¿Cómo se soluciona el problema de la pesca ilegal o no reglamentada y no declarada en el Atlántico Sur que tanto nos afecta?”

(Liberman): «El problema de la pesca ilegal se resuelve con una cantidad de decisiones de varios lugares, el 5 enero de 2020 redacté el proyecto de la actualización de las multas, para los nuestros y para los que pescan de forma ilegal. Segundo, teniendo presencia efectiva, ya se incorporaron dos buques y se van a incorporar dos más, los aviones y los sistemas de radarización, más las imágenes satelitales. Los barcos nuevos a cien millas pueden detectar el ingreso y con tecnología que les permite no emitir señal o emitir señales distractivas. La manera que se está planificando en la mesa interministerial el control de la milla 200 está un paso más adelante, este conjunto de medidas fue una señal fuerte. El sistema puede ser perfectible, pero la milla 201 no es nuestra ni de nadie. Si hubiera un acuerdo solo sería aplicable a nuestros buques y los del pabellón que firmen el acuerdo».

Seré lo más suave posible. El subsecretario sanatea y es absolutamente inconsistente. Da la sensación de no haber leído la ley y solo apoya porque así se lo indica Cancillería. Sugiero que lea el artículo de mi autoría: “El proyecto AMP Bentónico “Agujero Azul” y las demás AMP favorecen al Reino Unido en Malvinas y atentan contra la Administración del Recurso Pesquero Argentino” (02/08/2021). No hay ningún estudio actual que justifique con rigor científico la instalación de una AMP (y así lo exige la ley) y prueba de ello es que en el proyecto de Ley no se menciona en los fundamentos ningún estudio actual que avale la instauración de una AMP. Tiene gruesos errores técnicos como indicar “sobre” el suelo y lecho, lo que habilitaría a la prohibición de pesca en los cursos de agua, además de no estar especificado en la ley el alcance de la restricción, de acuerdo con lo previsto en la ley de Ambiente. Su instalación tendrá solo efectos sobre los buques nacionales y podría replicar a la instalación de iguales reservas por parte del Reino Unido. Además de no corresponder un AMP para proteger el Submarino ARA San Juan, sino una Ley independiente que declare Monumento Marino, etc.

Es un verdadero absurdo que quién tiene la responsabilidad de administrar el recurso y por ende su conservación y sostenibilidad y las herramientas legales y operativas (Art. 7, 21 y 51 de la Ley 24.922) delegue en la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente (que ni siquiera tiene buques para el control y el viejo Oca Balda cedido por el INIDEP está en reparación) esta función inherente a las obligaciones básicas de la Subsecretaría (y del INIDEP) de preservar el recurso con herramientas como vedas, reservas, limitaciones, etc. muy superiores a la mera declaración de un AMP.

Buque Oceanográfico “Capitán Oca Balda”. Foto: INIDEP.

Respecto a la ley de aumento de sanciones a la pesca ilegal. Desde que fuera Liberman director de coordinación pesquera, pasando por miembro del CFP y ahora subsecretario no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que pescan en las aguas argentinas en Malvinas (¿no son argentinas?). Y durante este mandato no ha aplicado en forma efectiva ninguna multa con la ley 27.564; es decir que cae en abstracto el aumento de multas, más aún cuando en los últimos 40 años las fuerzas navales y de seguridad han capturado un promedio de 2 buques por año pese a la presencia de más de 300 buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental. Tampoco ha tenido ninguna iniciativa respecto al control de los recursos migratorios, según indican los art. 4º, 5ºd, 21e, 22 y 23b de la ley 24.922 y el artículo 2º inc. c de la ley 24.543 y los derivados de la aplicación de la ley 26.386.

(RPuerto): “¿Se está trabajando en algún tipo de acuerdo?”

(Liberman): «Cancillería tiene una postura contraria a la firma de acuerdos en esas zonas. Yo lo he planteado, pero por posición geopolítica se considera que no sería favorable».

¿Posición geopolítica? ¿Superiores intereses de la nación? Lo escuchamos desde la aprobación de los Acuerdos URSS-Bulgaria. La Cancillería siempre condujo desde afuera las decisiones más relevantes para la actividad pesquera. No creo que un funcionario con rango de subsecretario y, sobre todo, quien no se hace fuerte en su territorio, pueda modificar esta posición que históricamente ha llevado a que la pesca sea una mera moneda de cambio para cuestiones relativas a la estrategia o más bien a la cesión de Derechos en Malvinas. Así ocurrió, además de los Acuerdos con la URSS-Bulgaría; el Acuerdo con la CEE (hoy U.E.); el Acuerdo de Madrid I y II; el Acuerdo de Foradori-Duncan que implicó la investigación conjunta de los recursos pesqueros; el Acuerdo de Nueva York; el Convenio del Atún; el Acuerdo Rector del Puerto y otros, donde jamás el hoy subsecretario Carlos Damián Liberman emitió opinión alguna y por lo tanto convalidó en los hechos todos estos acuerdos que afectaron seriamente la actividad pesquera y, por cierto, convalidaron el sostén y la ocupación británica en Malvinas. Por acción u omisión Liberman y otros tantos funcionarios fueron funcionales a los intereses británicos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG. 

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EL PROYECTO AMP BENTÓNICO “AGUJERO AZUL” Y LAS DEMÁS AMP FAVORECEN AL REINO UNIDO EN MALVINAS Y ATENTAN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO PESQUERO ARGENTINO

César Augusto Lerena*

El submarino de la Armada Argentina «ARA San Juan» (AP/AFP)

Diecisiete artículos de la Ley 24.922 dotan de suficientes herramientas a la Subsecretaría de Pesca de la Nación y a las similares de las provincias para que administren y hagan sostenible la pesca en todo el territorio marino y su plataforma continental. No habría riesgo de sobrepesca si la Autoridad de Aplicación Nacional hiciese el control adecuado por sí y a través de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval. No necesita ningún Área Marina Protegida (en adelante AMP), ya que dispone de suficiente autoridad para vedar en forma transitoria o permanente, limitar las capturas o aplicar reservas para asegurar la sostenibilidad de las especies en la plataforma continental y el mar. La Z.E.E. y más allá de las 200 millas marinas si se hiciesen los debidos Acuerdos de Pesca, para proteger las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina.

Dictar leyes para establecer un AMP es duplicar las estructuras oficiales al asignar como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una tarea que por ley ya presta la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se encarece la gestión al requerir más fondos para administrar las tareas que se asignan y se burocratiza la responsabilidad, ya que el citado Ministerio de Ambiente ya está representado por un funcionario en el Consejo Federal Pesquero. Cuestión que ya es un absurdo, porque con el criterio que aplica, todos los organismos de actividades productivas deberían estar integrados por delegados de ese Ministerio, en lugar de exigirle a todos los productores el cumplimiento de las leyes ambientales. Además de que ambas dependencias, deben recurrir a los mismos medios navales para controlar las áreas y concluyen —en un país sin recursos— siendo ineficientes e ineficaces, cuestión que el o los autores del proyecto de AMP Bentónico Agujero Azul no debieran desconocer.

Si se tratara de proteger los restos de los tripulantes del submarino ARA San Juan sería más adecuado dictar una Ley creando un Monumento Marino en el lugar donde descansan estos marinos argentinos.

Esta duplicación de funciones, etc., son el modelo de cómo desacreditar al Estado, dando pie a futuras privatizaciones bajo pretexto de mejorar los servicios. En los aspectos relativos a las AMP Bentónico “Agujero Azul” ya di mi opinión negativa al entonces Senador Pino Solanas en varias oportunidades (5, 7, y 11/12/2018) y a la propia diputada Graciela Camaño por vía mail el 26/11/2020 a quien le sugerí desactivar el proyecto.

Las AMP no son las herramientas más idóneas para tratar de proteger los recursos marinos en los países que, como Argentina, tienen una legislación aplicable (Ley 24.922) y organismos de administración de los recursos pesqueros (esto no quiere decir que estén cumpliendo con sus obligaciones), ya que las AMP no tienen la adaptabilidad espacial y temporal suficiente para responder en forma dinámica a los cambios permanentes de los ciclo vitales, etc., de las especies y en relación con las capturas y, aún más grave: esta imposición multilateral de origen extraño, tanto en las actuales AMP Yaganes y Namuncurá I y II, como en el que se pretende imponer mediante un proyecto de ley de AMP Bentónica Agujero Azul, con el aval de la Cancillería Argentina y la Secretaría de Malvinas favorecen la explotación británica en el área de Malvinas y adyacente, de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

Para que todos podamos entender el daño que las AMP ocasionan a la Argentina me referiré brevemente a las AMP vigentes y más en profundidad a la referida propuesta del AMP Bentónica Agujero Azul; precisando, antes que todo que, según la ley 27.037, en las Reservas Nacionales Marinas Estrictas está prohibida la pesca y cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino, cuestión que las vedas previstas en la Ley 24.922 pueden establecer —permanente o transitoriamente— en forma mucho más dinámica, la protección de la reproducción, el desove, etc. de las especies y la contaminación. Es decir que estas limitaciones, antes ya del establecimiento de las Reservas citadas, las debiera tomar la Subsecretaría de Pesca con el respaldo científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), motivo por el cual, desde hace muchos años, la pesca comercial cumple con vedas y otras limitaciones destinadas a dar sostenibilidad al recurso, esté éste en la plataforma o en las aguas y, por lo tanto, en los espacios marinos bajo control argentino —si este fuera eficiente— no debiera existir depredación. Donde sí hay depredación es en el área de Malvinas, donde pese a tratarse de un territorio argentino, las autoridades nacionales no pueden controlar las capturas, la sobrepesca, los descartes, las artes de pesca, etc., al igual que en alta mar donde se capturan sin control alguno las especies migratorias originarias de la Z.E.E. Argentina, cuestión que no podría resolverse con una AMP, sino con Acuerdos pesqueros, como la propia CONVEMAR y la Ley 24.543 dejó en claro en su artículo 2º.

Las ONGs (en su mayoría de origen extranjero) y otras organizaciones internaciones con sus delegados en el país ya han promovido en la Argentina la instauración de AMP, excediéndose en la pretensión de reducir la pesca nacional en el Atlántico Sur a la nada con el pretexto de que la Argentina debe cumplir con compromisos asumidos ante las Naciones Unidas. Con este fundamento el Congreso aprobó el Banco Namuncurá-Burdwood I y II y Yaganes (Leyes 26.875 y 27.490) con una superficie aproximada a los 100 mil km2 del mar argentino, que, la ecologista Martina Sasso (de la Fundación Rewilding, ex The Conservation Land Trust de Douglas y Kristine Tompkins) —cuyo referente es el británico George Monbiot— entiende que los argentinos tenemos «una reserva del 10% de nuestro mar» y que «en línea con el compromiso argentino en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 ya podríamos fijarnos como meta, ampliar esa protección al 20-30%» (Infobae, 2018). Es tanta la liviandad con que esta ecologista se refiere a vedar sin fundamento biológico alguno de 629.269 km2 a 943.904 km2 del mar argentino y, lo que es peor aún, hace la vista gorda (¿?) y no contabiliza que el Reino Unido tiene ocupado 1.639.900 km2 de territorio marino argentino (entre ellas 1.070.000 km2 de santuario ecológico), donde extrae 250 mil toneladas anuales de pescados y calamares argentinos, motivo por el cual, la Argentina tiene vedada la captura nacional en el 52% de su Z.E.E., más 1,4 millones de km2 de la plataforma continental que el Reino Unido le disputa a la Argentina.

Por esa razón, el gobierno nacional y, así lo he sugerido en varias oportunidades elevando proyectos concretos al gobierno, frente a la extracción de los recursos pesqueros sin control argentino y la exploración y explotación petrolera en Malvinas por parte del Reino Unido, debería declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental al área correspondiente a los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los territorios marinos correspondientes y en el total de la plataforma continental, el lecho y subsuelo del espacio marino de esos territorios insulares argentinos y crear un Área Marina Protegida sobre los espacios marinos correspondientes a los referidos Archipiélagos, en acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, dando al mismo tiempo de baja las AMP de Namuncurá I y II y Yaganes. Ello no debería impedir, el eventual establecimiento de vedas transitorias por parte del INIDEP en las últimas áreas mencionadas, en épocas de desove, presencia de juveniles, etc. o se pudiese exigir el uso de determinado tipo de arte de pesca u otra medida restrictiva.

El trabajo presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por Milko Schvartzman sobre “Pesca Ilegal y Esclavitud en las Islas Malvinas”, junto a Alejandro E. Hernández, Pablo L. Rubino, Andrea C. López, Luciano Aguirre, es elocuente.

La Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited, especializada en pesca sustentable consideró (2020) que la actividad pesquera en Malvinas está comprometiendo el ambiente.

Recordamos a título de inventario que, a la hora de aprobarse las AMP citadas, «La pesca como actividad productiva no fue tenida en cuenta por ninguno de los 196 diputados presentes en la sala (…) ni el impacto que ésta u otras de las áreas (…) podría tener en la industria y sus trabajadores (y) el bajísimo estudio biológico que dice sustentar el área elegida no pone en consideración la explotación pesquera (…) sobre las áreas identificadas a las que se hizo referencia (…) propuestas por la Secretaría de Ambiente que no consultó al INIDEP y (por su parte) la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero (…) no hicieron aportes ni convocaron a los biólogos especializados…» y, yo agrego, tampoco pudo consultarse a la Cancillería, de otro modo no podría haber dado el visto bueno a estos proyectos que contribuyen al sostén del recurso pesquero en Malvinas.

Los espacios de Malvinas sin control, más los territorios marinos donde también se realiza pesca ilegal, sí son un tema por resolver, ya que tanto en el área de Malvinas de unos 438.000 Km2 y el área de la Alta Mar de unos 600.000 Km2 se trata, junto al resto de la Z.E.E. Argentina, de un único ecosistema que debe manejarse en conjunto. En los espacios fuera del control argentino se extraen recursos del orden del millón de toneladas anuales de peces y calamares migratorios o asociados que afectan la cadena trófica de las especies nacionales y, también a las extracciones que realizan las empresas nacionales en la Z.E.E. Argentina. En la actualidad no hay forma segura de establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual con semejante descontrol en el Atlántico Sur y, por supuesto que, junto a ello, doy por descartado que la Subsecretaría de Pesca debe terminar con el descarte, la pesca ilegal y los buques con permisos y cuotas irregulares dentro de la Z.E.E. Cuestión que está en deuda y forma una parte sustancial de la una administración clara y sostenible del recurso.

En la actualidad, bajo la apariencia de un gran beneficio ecológico, las AMP Namuncurá y Yaganes protegerían los recursos en un área bajo control de Argentina que sirve para repoblar, por las corrientes migratorias de las especies (entre otras merluza negra, de cola, austral y polaca), el área de Malvinas, que está bajo posesión británica y la adyacente, lo que resulta un verdadero despropósito medio ambiental, de insostenibilidad y depredación de los recursos nacionales, ya que mientras la Argentina establece reservas marinas bajo el pretexto de proteger a las especies, el Reino Unido sigue teniendo como primer ingreso económico los recursos argentinos que se pescan ilegalmente a través de licencias británicas a buques extranjeros.

Con 3.146.345 Km2 de territorio marino argentino en la Z.E.E., si se reservase el 30% de los espacios, como pretende la ecologista citada, se prohibiría la pesca a los buques nacionales en 943.904 Km2; es decir, que sumados a los 1.639.900 Km2 ocupados por el Reino Unido, solo quedarían 562.541,5 Km2 para la explotación pesquera argentina. Ello, sin contar las vedas permanentes y transitorias y el cierre de los caladeros a la pesca que establece con rigor científico el INIDEP. Es decir, la conservación y semejante esfuerzo, no estaría al servicio de la sostenibilidad del recurso, sino que impediría su explotación, donde solo quedarían como beneficiarios los buques extranjeros que realizan pesca ilegal con o sin licencia británica en el área de Malvinas o en la Alta Mar.

Dentro del territorio marino ocupado por el Reino Unido, éste estableció unilateralmente el 29/02/2012 el llamado “Santuario Ecológico”; una supuesta “área de protección” alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur equivalente a 1.070.000 Km2, de un tamaño cuatro veces más grande que la superficie total continental del Reino Unido. Ese espacio se controla con patrullas navales británicas que se financian con los permisos de pesca (peces argentinos), pese a que el Reino Unido es signatario al igual que la Argentina, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Esta AMP motivó un Proyecto de Declaración de Enérgico Rechazo el 10/04/2012 (S-814-12) de los ex Senadores del PJ Pedro Guastavino y Elsa Ruíz Díaz, aunque en esa declaración cometieran el error de indicar «…por parte del gobierno de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur» (sic), cuando se tratan de espacios insulares y marinos argentinos invadidos por el Reino Unido (mala nota para la maestra de grado que no le enseñó debidamente a estos legisladores quién es el gobierno legítimo de Malvinas etc.), pero que el secretario Daniel Filmus debiera tener presente a la hora de acompañar cualquier intento de agregar nuevas AMP.

Ahora sí llegamos al AMP Bentónica “Agujero Azul”, proyecto presentado por la Diputada Graciela Camaño con el acompañamiento de varios diputados, que tiene el apoyo de la Cancillería y la promoción del secretario de Malvinas Daniel Filmus, a la par de que precisar que, en ese espacio, descansen los Héroes del ARA San Juan y alberguen los restos del Submarino ARA San Juan (Art. 2º).

Este Proyecto (Art. 1º) establece un “Área Marina Protegida Bentónica” denominada “Agujero Azul” con la categoría de Reserva Nacional Marina Estricta sobre los espacios de la Plataforma Continental con una superficie de 164.000 km2 localizada más allá de la Z.E.E. Es decir que, conforme la categorización dada y según el artículo 5º de la Ley 27.037, estaría prohibido en esa área “la pesca en cualquiera de sus modalidades, cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino y la visita pública recreativa y educacional” y ello, pone en duda el alcance y validez de este proyecto, en primer lugar, porque este proyecto de ley en su parte resolutiva no realiza la excepción a la ley 27.037 artículo 5º inciso iii, respecto a que no alcanza a “la pesca en cualquiera de sus modalidades” que se realice sobre los cursos de agua. Y ello es central porque, por un lado, el artículo 1º del proyecto refiere que aplica “sobre” los espacios de la plataforma” y no “en” la plataforma”, de modo tal que podría dar lugar a limitar la pesca por sobre los espacios de la plataforma en la AMP propuesta. En segundo lugar, porque por la CONVEMAR y el Convenio sobre Diversidad Biológica, el gobierno no tiene facultades para regular la pesca por fuera de la Z.E.E. en tanto y en cuanto no se ratifique la cuestión del dominio de los recursos migratorios originarios de la Z.E.E. Argentina y se efectúen Acuerdos. En tercer lugar, y no menos importante: no se puede disponer de un AMP con una Reserva Nacional Marina Estricta donde se encuentren los restos del Submarino ARA San Juan y sus tripulantes porque por aplicación de la misma ley (Art. 5º v) se prohíbe “La visita pública recreativa y educacional” y, en todo caso, el lugar protegido debería ser calificado como Monumento Nacional Marino (Ley 27.037 Art. 5º c), donde estarían prohibidas “La pesca bajo las modalidades no contempladas en el plan de manejo (ii) las actividades extractivas en el lecho y subsuelo marino (iii) y cualquier actividad que perturbe o modifique la característica única que justificó su categorización (v)”.

No es objetivo de estas líneas contribuir a mejorar la errónea determinación de Daniel Filmus -suponemos que debería contar con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Malvinas- de apoyar este proyecto. Por el contrario, fundamentar por qué hay que desecharlo, a la par de derogar también, las leyes que aprobaron las AMP Namuncurá I y II y Yaganes; promoviendo, al mismo tiempo, la aprobación de un AMP que alcance a las aguas correspondientes de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich Sur, cuyos espacios tenemos ocupados y los recursos que se capturan sin control argentino están siendo depredados por el Reino Unido. Accesoriamente me pregunto: ¿Filmus apoya un proyecto de la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño? ¿Lo apoya para mostrar alguna actividad en su Secretaría? ¿Por su complejidad que podría confundir a firmantes y avales? o ¿lo apoya para conservar el puesto? Tibio. El lector debería revisar qué diputados acompañan el proyecto. En cualquier caso, el proyecto es malo y contrario a los intereses nacionales.

Comienzo por decir que me parece de muy mal gusto y una falta de respeto a los héroes del Submarino ARA San Juan, colocar en un proyecto principalmente destinado a la preservación de la plataforma continental, el lecho y subsuelo —así lo demuestran sus fundamentos y Anexos— una cuestión relativa al meritorio homenaje y resguardo a los héroes del submarino ARA San Juan, que merecería una ley propia y no el agregado circunstancial dentro de una temática totalmente ajena a la circunstancia penosa que vivimos todos los argentinos y particularmente los héroes y sus familias.

Destinar 164.000 km2 para los fines explicitadao en el proyecto parece un exceso, pero, en esa inmensidad, se pretende colocar esta cuestión tan cara a nuestros sentimientos sin que se pueda inferir la importancia que se le asigna, cuando en la parte resolutiva ni en los fundamentos del proyecto de ley encontramos algún argumento sólido para establecer un AMP y crear en ella un Monumento Marino a los Héroes, relativo a un grave acontecimiento, que aún no ha sido suficientemente esclarecido.

El Estado está sentenciando la voluntad final de no recuperar los citados restos y, todo, da la amarga sensación, de tratarse de un “agregado improcedente” para darle un valor sentimental, con claras connotaciones de promoción política, a un proyecto de neto corte económico, biológico y ambiental.

Respecto a las cuestiones relativas a la soberanía marítima, los beneficios a la economía y la sostenibilidad de los recursos pesqueros que supuestamente la aprobación del proyecto proveería, que se describen en los infundados y contradictorios fundamentos, se tratan de meras enunciaciones, muchas de ellas absolutamente ajenas a la temática que aborda el proyecto, carentes de legalidad, razonabilidad técnica y posibilidades ciertas de ejecutarse. Por ejemplo, indican los fundamentos:

Sobre el alcance y delimitación del proyecto dice el proyecto: «la Argentina se encuentra habilitada para regular sobre los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como respecto de los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias (aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo), sin afectar la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni del espacio aéreo situado sobre tales aguas». Sobre esto, es lo único que podría regular el proyecto y en el área que ha sido recomendada por la Comisión de Límites de la Plataforma que opera en el ámbito físico de la ONU, de 351.633 km2 (28/03/2016 y el 17/03/2017) y no sobre el total de 1.782.000 km2 reclamados por Argentina, salvo, que entremos en una abierta disputa con el Reino Unido respecto a la explotación de los 1.430.367 km2 restantes.

La tipificación del “Área Marina Protegida Bentónica” denominada “Agujero Azul” con la categoría de Reserva Nacional Marina Estricta es absolutamente errónea ya que impediría toda la actividad de captura en el área asignada, por cuanto la ley 27.037 en las Reservas Nacionales Marinas Estrictas «prohíbe la pesca y cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino».

Respecto a la delimitación del Área Marina Protegida, comienzo por decir, que establecer un AMP en el Agujero Azul, en el hipotético y absolutamente improbable escenario que fuese una acción efectiva para la Argentina, será especialmente beneficiosa para el Reino Unido asegurándole la disponibilidad de los recursos para el otorgamiento de licencias ilegales de pesca y las mejores condiciones para el reconocimiento del Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Sudoccidental. Los límites que le asigna el proyecto al AMP son al norte el paralelo 42º 32´S, al sur el paralelo 47º 30´S, al este el límite externo de la Z.E.E. Argentina y al oeste por la isobata de 5.000 metros, y esta limitación es absolutamente imperfecta ya que gran parte de la presentación (más de 1,4 millones de km2) de la plataforma continental argentina no ha sido tratada ni recomendada por la Comisión de Límites que opera en la ONU, por tratarse —entiende esta Comisión— de un territorio en disputa con el Reino Unido, razón por la cual, toda pretensión será inoponible a terceros, pero y, muy especialmente, como ya he dicho, podría dar lugar a acciones británicas de impredecibles consecuencias para la Soberanía Nacional.

Con solo estos dos puntos observados ya debería ser suficiente para desestimar el proyecto.

Sobre la explotación de los recursos bentónicos dice el proyecto: «En la zona no se explotan recursos bentónicos y su protección no afecta intereses económicos nacionales, pero permitiría prevenir la explotación pesquera por parte de flotas internacionales (…) La actividad de la flota potera no tendría impacto directo sobre los fondos marinos (…) El área se describe como altamente impactada por la pesquería de arrastre de fondo dirigida especialmente a la Merluza común y merluza austral (…) La pesquería de arrastre impacta sobre especies bentónicas (corales, esponjas, etc.). (…) El impacto concreto de las pesquerías de arrastre bentónico en el área no ha sido cuantificado, pero se sugiere que ha sido suficientemente alto como casi eliminar la diversidad de especies bentónicas vulnerables en el sector del Agujero Azul (Portela et al. 2015) (…) la biomasa de especies bentónicas vulnerables aumenta significativamente más allá de los 400 metros de profundidad…». Ciertamente, advierto una serie de contradicciones, imprecisiones y falta de evidencias científicas e informes desactualizados que estarían indicando la innecesaria creación de un AMP y, que en todo caso merecería, que la Autoridad de Aplicación (la Subsecretaría de Pesca) encomendara al INIDEP los estudios científicos en el área para relevarla y, eventualmente, una vez obtenida una información actual y veraz, el Consejo Federal Pesquero instrumente las vedas pertinentes y la limitación de redes de arrastre en los casos que fuera necesario y en los espacios que por la profundidad del arrastre pudiera ser necesario.

El proyecto aborda cuestiones relativas a la pesca de arrastre y relata efectos que provoca un método de pesca que, si bien está siendo desalentado en la Unión Europea dentro de las aguas comunitarias, debe ser ampliamente discutido técnica, empresaria y laboralmente respecto a los eventuales efectos que podría causar en esa área y los métodos y financiación para reemplazar las unidades y artes de pesca. Todo ello requiere un amplio debate previo con el sector pesquero que no se ha efectuado y que por cierto no se expresa en el proyecto de ley. Por otra parte, esta cuestión se trata de una competencia de la Subsecretaría de Pesca prevista en la ley 24.922 art. 7, 21 y 51 y no se requiere ninguna AMP para su aplicación. A esta altura daría la sensación que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable avanza sobre las funciones asignadas a la Subsecretaría de Pesca y al Consejo Federal Pesquero y, con ese criterio, podría hacer lo propio en todas las actividades extractivas, productivas e industriales, cualquiera fuese su naturaleza. Pero esto no es solo cuidar los peces, se trata de cuidar la soberanía nacional.

Andrés Loubet-Jambert, titular del acreditado medio pesquero FIS se pregunta ¿A quiénes afecta la imposición de un Área protegida bentónica? (que no aplica a columna de agua) ¿a los buques chinos, fuertemente subsidiados, que resultan ser los principales depredadores e infractores de toda norma internacional o local de conservación y ordenación? 80% de la flota de pesqueros en aguas adyacentes es de origen chino y pesca fundamentalmente calamar, con jiggers sin tocar el lecho del mar. A ellos la AMP no los afectará y por el contrario parecería dejarles el Área más liberada aún de lo que hoy está. Además de ello, los buques poteros que pescan calamar Illex no tocan el fondo marino; palangreros y arrastreros de media agua tampoco llegan al fondo. Solamente cabría analizar cuántos buques y de qué bandera pescan en el fondo marino, qué especies, con qué artes de pesca y en qué zonas operan, información que seguramente los legisladores argentinos no cuentan (NdA: y tampoco los investigadores porque el último estudio parcial lo realizó el IOE en 2008). Puede ser que haya buques de bandera de conveniencia o chinos que operen donde no deben o utilicen sistemas de pesca, como las redes de deriva, que sí pueden afectar los recursos, pero no hay información disponible al respecto».

Respecto a la pesca en las aguas del área seleccionada para proteger la plataforma continental, lecho y subsuelo, dice el proyecto: «En el Agujero Azul se registra alta intensidad pesquera por parte de flotas internacionales dirigidas al calamar (Illex argentinus) (…) eventos sospechosos de trasbordo de carga y pesca ilegal (…) pesquería ilegal, no reportada y no regulada (…) Se estima que entre 1980 y 2003 las capturas ilegales sumaron el 20% de las capturas globales y el Atlántico Sudoccidental es una de las cinco regiones marinas donde se ha incrementado esta práctica (Christensen 2016) (…). Las maniobras de transbordo en el mar (trans-shipment, barcos pesqueros que transfieren su carga a grandes barcos congeladores) se han asociado a patrones de pesca ilegal, no reportada y no regulada (…). El Atlántico Sudoccidental, más específicamente el sector del AMP propuesta, ha sido identificado como una de las áreas globales con alta intensidad de transbordo marino asociado a pesca ilegal (…). El área presenta además gran diversidad de peces cartilaginosos, algunos amenazados regional y globalmente (…) este sector, que lleva décadas de alta presión pesquera y es además escenario de pesca no declarada y no reglamentada presunta o verosímil en el Atlántico Sudoccidental (…) fomenta la explotación sustentable de los recursos marinos…».

Nada de lo que indican los argumentos precedentes puede ser resuelto con este proyecto y por el contrario agravaría la situación existente. Por cierto, en sus aspectos resolutivos el proyecto no avanza porque no es el objeto de esta AMP y en especial porque la Argentina carece de facultades para hacerlo, al menos en la forma que erróneamente viene siendo abordado el tema por los distintos gobiernos.

Este proyecto respecto a los lamentos referidos a la pesca ilegal no es más que una mera expresión de deseos, ya que la jurisdicción marina de la Z.E.E. finaliza en las 200 millas y el Agujero Azul está fuera de ella en la alta mar, donde la Argentina no tiene facultades de policía y la explotación en esa área, como Estado ribereño, debería acordarse con los Estados de Bandera (los buques extranjeros), trabajando en dos vertientes para que se reconozcan los derechos sobre los recursos migratorios originarios de la Z.E.E. Argentina y concretando Acuerdos entre empresas (no entre Estados donde los antecedentes en nuestro país han sido lamentables). No es estableciendo AMP que solo limitarán a los buques nacionales que -por el contrario- tienen que salir a pescar más allá de las 200 millas. Por si fuera poco, esta infundada determinación argentina dará pie al Reino Unido para promover una acción de similares características en la plataforma continental en disputa causando un gravísimo perjuicio a nuestro país.

La Consultora Ambiental Recilience que sería de profesionales con relación a investigadores del INIDEP, emitió un documento que, si bien no comparto en nada su estrategia, confirma alguna de las cuestiones que planteo en este trabajo. Dice: «hasta el presente no se ha demostrado fehacientemente en la propuesta de creación de esta nueva AMP, cuál es el nivel de impacto actual de la actividad entrópica sobre el lecho marino y, tampoco, es ésta es suficiente para justificar que la pesca deba ser evitada en forma absoluta. No resulta una práctica aceptable ni a nivel local -como ocurrió con las AMP Namuncurá —Banco Burdwood II y Yaganes— y mucho menos a nivel internacional en aguas por fuera de la Z.E.E. de los países que se establezca el cierre de áreas muy poco (o nada) estudiadas desde el punto de vista de las comunidades biológicas que la habitan y pretender que la comunidad internacional respete tal circunstancia cuando sus intereses están en juego».

Por su parte el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA, 2019) expresó: «En nuestro país prácticamente no se han realizado estudios tendientes a establecer fehacientemente el impacto positivo de las vedas o Áreas Marinas Protegidas para la comunidad en su conjunto y de los particulares involucrados desde el punto de vista social y económico. En las propuestas para la creación de nuevas AMP se ha obviado por completo la identificación y cuantificación de los beneficios de todas y cada una de las potenciales nuevas áreas protegidas. Solo se indica el posible efecto de conservación de las especies y, muy raramente de hábitats o ecosistemas, pero, no existe una sola mención o, solo de un modo tangencial, relacionada a posibles beneficios sociales o económicos derivados de la existencia de las AMP».

Insisto, este proyecto ley no resuelve la pesca ilegal en la alta mar, que es lo más importante en materia política, biológica, economía y social que hay hoy por resolver. El autor del Proyecto en cuestión agrega una serie de frases plagadas de voluntarismo e inconsistencia técnica, jurídica y biológica para adornar un proyecto que limita su accionar a la plataforma, el lecho y subsuelo, ya que la Argentina carece de potestad para controlar la pesca ilegal en alta mar a no ser que lleve adelante una serie de políticas que hasta la fecha no se han iniciado y, alguna de ellas ya nos hemos referido.

Fundamenta el autor, que el sector de talud «incluye un sistema de cañones submarinos poco conocidos pero que presentarían características de alta biodiversidad y tendrían un rol ecológico relevante en el transporte de aguas entre la plataforma y la cuenca oceánica argentina» y, al respecto, Andrés Loubet-Jambert describe que «las denominadas características de ‘alta biodiversidad’ deben ser fundamentadas con estudios científicos actuales para asegurar qué rol ecológico relevante tienen (…) teniendo en cuenta que la División de Políticas y Economía de la Pesca y la Acuicultura (FIP) y la División de Utilización y Conservación de los Recursos de la Pesca y la Acuicultura (FIR) de la FAO (2012) indican que: ‹el establecimiento de zonas marinas protegidas debiera hacerse en conformidad con el derecho internacional y sobre la base de información científica (…) En muchos lugares la aplicación de AMP se han llevado a cabo de manera fragmentaria y, como mínimo, sin coordinación; o en el peor de los casos los objetivos de conservación de la biodiversidad han entrado en conflicto con los intereses pesqueros. Los conflictos estallan normalmente cuando los países se apresuran en proclamar AMP con la finalidad de conseguir las metas de conservación de la biodiversidad, pero, sin tomar en cuenta la forma en que tales áreas pudieran afectar a las comunidades costeras, a las pautas pesqueras, a las capturas o a la ordenación›».

Por su parte (FAO, 1.3.) aclara también que: «Las AMP que han sido diseñadas para lograr metas genéricas de «talla única» no serían adecuadas para todos los tipos de hábitat y objetivos y deberán ser consideradas con precaución. Las AMP mal estructuradas y en cuya ejecución se persiguen fines demasiado ambiciosos llevarán a menudo a cometer errores resultantes de usos inapropiados, de un diseño imperfecto o de una aplicación defectuosa, o de estos tres fallos a la vez (…) Uno de los principales riesgos que conllevan las AMP como solución única es que en algunos casos deberá ser necesario (o habrá sido ya necesario) canalizar hacia fines diversos unas capacidades y recursos internacionales, nacionales y locales limitados, que ya no dan más de sí, y que hubieran podido ser usados con mayor provecho para solventar los problemas a que se está buscando hacer frente (Cochrane, 2006) (…) Si un AMP se planifica y pone en ejecución sin la participación de las comunidades costeras y los usuarios de recursos, y sin tomar en consideración su situación y necesidades, el riesgo es real de que el área protegida fracase (…) Por desgracia, esto sucede con frecuencia, y en algunos países estas situaciones se registran en casi el 80 a 90 % de los casos. Una de las razones del fracaso de las iniciativas de ordenación es la carencia de apoyo de la comunidad; pero hay otras causas no menos importantes como la falta de financiación y una gestión ineficiente», una cuestión que ha sido planteada al momento de presentar el proyecto en el Congreso.

Es inadmisible también que el autor se refiera a: «El área propuesta abarca una zona especialmente impactada por la actividad pesquera (legal y con presunción de ilegalidad) y zonas que se presumen poco impactadas…» ya que cuando se pesca en alta mar recursos migratorios originarios de la Z.E.E. Argentina sin control de ninguna naturaleza la pesca es ilegal. No hay ninguna duda técnica que la pesca extranjera que se realiza en esa área es ilegal.

Sobre la conservación de los recursos: La Administración eficiente y sostenible del recurso pesquero no puede basarse solo en la conservación (asegurar el ciclo biológico; evitar la sobrepesca o la pesca que no ha llegado a su maduración sexual, el sobreesfuerzo pesquero, etc.) sino que es necesario asegurar la máxima explotación posible garantizando la sostenibilidad de la especie a perpetuidad. Pescar un volumen menor al Rendimiento Máximo Sostenible o, en tiempo y forma inadecuada, no es pescar en forma sostenible y, es más eficiente la instauración de vedas, limitaciones o reservas dinámicas y transitorias que unas AMP. Las argumentaciones destinadas a defender el Proyecto carecen de rigor científico y están muy lejos de las limitaciones del proyecto. Por otra parte, establecer un AMP en forma porcentual es -en términos biológicos- un parámetro erróneo, porque ello depende del bien a proteger y no de los espacios reservados. A juzgar por los propios datos que aportaban las ONGs a la hora de gestionar la aprobación de las AMP Namuncurá y Yaganes —y hoy ocurre lo mismo— hubiera sido mucho más eficiente establecer una AMP (como ya sugerimos y fundamentamos) en el Área de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, donde, desde 1976 a la fecha se han extraído en forma ilegal 11.250.000 toneladas de pescados y calamares argentinos que intervienen en el ecosistema pesquero nacional provocando un daño impredecible, al margen de las connotaciones sociales ya mencionadas en la CONVEMAR que han impedido el desarrollo del litoral patagónico argentino.

Dice el proyecto sobre el fortalecimiento de la soberanía argentina en el mar: Esta AMP «fortalecerá la política de Estado hacia el mar (…) y la soberanía nacional sobre el mar (…) fortalece la presencia argentina en el mar (…) se impulsará la política de Estado hacia el mar, contribuyendo al uso sustentable de los bienes naturales y al fortalecimiento de la soberanía nacional sobre nuestros espacios marinos…».

El autor utiliza huecas frases políticas sin basamento político-técnico alguno; cháchara diría el ex senador Vicente Leónidas Saadi. ¿De qué soberanía nacional sobre el mar y fortalecimiento habla? cuando el proyecto no puede avanzar más allá de 160.000 km2 para “controlar” la plataforma, el lecho y subsuelo y, la Argentina, tiene ocupado por el Reino Unido un 52% de la Z.E.E. y es incapaz de evitar la depredación y el descarte en su propia jurisdicción por propios y ajenos y, donde se han apresado en los últimos cuarenta años un promedio de dos buques por año sobre una población de entre 350 y 500 embarcaciones que operan ilegalmente y ninguna en el año 2021. Es realmente poco serio imaginar que con la instauración de una AMP de este tipo y en este lugar, se habrá de fortalecer la soberanía argentina en el mar. Se habrá de provocar todo lo contrario.

Sobre los beneficios a la economía, a la política y estrategia nacional dice el Proyecto: «los múltiples beneficios que estas herramientas de conservación aportan a la economía del país (…) contribuye al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica, como el turismo basado en fauna, que no se encuentran subsidiadas y nos hacen competitivos a escala internacional (…) el avistaje de especies y espectáculos naturales en estos sitios costeros, se sostiene gracias a espacios oceánicos saludables y productivos (…) el área tiene características que la destacan por intereses económicos y políticos (…) incrementar el porcentaje (de las AMP) redundaría en beneficios ambientales, económicos, sociales y estratégicos de la Argentina…».

No se percibe ni se describe beneficio alguno a la economía, la política y a la estrategia nacional; más bien, la implementación de esta AMP producirá un aumento de costos al Estado y a sus contribuyentes, que ya aportan para la sostenibilidad de los recursos, ya sea a través de los impuestos o por medio de la aplicación de derechos y otras contribuciones al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) que tiene como fin -entre otros- solventar la investigación del INIDEP y otros institutos y las fuerzas de control. Dar sostenibilidad a las especies bentónicas o cuidar el lecho y subsuelo, si bien como he dicho, no requeriría de un AMP; en la actualidad y de cara a las prioridades nacionales —tales como erradicar la pesca ilegal en el Atlántico Sur— de ninguna manera puede contribuir a la economía, la política y a la estrategia nacional y, es contradictoria la argumentación con lo manifestado en los fundamentos: «En la zona no se explotan recursos bentónicos y su protección no afecta intereses económicos nacionales, pero permitiría prevenir la explotación pesquera por parte de flotas internacionales». (…) El impacto concreto de las pesquerías de arrastre bentónico en el área no ha sido cuantificado (…) la biomasa de especies bentónicas vulnerables aumenta significativamente más allá de los 400 metros de profundidad…».

No opinaré sobre la generación de turismo con esta AMP, porque no puedo gastar mi tiempo en cuestiones tan poco serias.

En materia económica, de racionalización de los recursos humanos y técnicos de la administración pública -al igual que en las AMP Namuncurá I y II y Yaganes- se coloca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (que según la Ley 24.922 es la Autoridad de Aplicación en materia pesquera) y al Consejo Federal Pesquero como meros miembros del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Es decir, que la política pesquera en esa AMP como en las citadas, saldría de la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para pasar al de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pese a no modificarse ninguno de los artículos de la ley 24.922 y ser absolutamente incongruente con una política coherente pesquera nacional e internacional y de austeridad nacional. Sabrá Dios qué opina el Subsecretario de Pesca de delegar dos de las tres patas básicas de la administración pesquera: conservar e investigar y me pregunto ¿con qué herramientas técnicas investigaría el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sino es a través del INIDEP? ¿Con qué controlaría sino es con la Armada Argentina y la Prefectura Naval? ¿Cómo distribuirá el recurso disponible sino es con lo prescripto en la Ley 24.922? Todos medios financiados con el FONAPE y el Tesoro Nacional, cuya administración realiza la Subsecretaría de Pesca y los Organismos correspondientes.

Decir que «en la actualidad, el 8,2% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas» y que «Incrementar este porcentaje redundaría en beneficios ambientales, económicos, sociales y estratégicos de la República Argentina» es absolutamente falso y, omite decir que 1.070.000 km2 del Atlántico Sudoccidental son una reserva ecológica en territorio marino argentino impuesta unilateralmente por el Reino Unido, quién ocupa el 52% de la Z.E.E. Argentina, constituyéndose nuestro país en quién más espacios marinos tiene vedados a la pesca comercial en el mundo y, ello, no solo desde lo económico y social es inadmisible, sino que desde el punto de punto de vista estratégico en relación a la Patagonia, la Antártida, el Atlántico Sur-Sur y la relación con el Pacífico y la República de Chile, es gravísimo.

La creación de un AMP de estas características no «permitiría prevenir (NdA: de ningún modo) la explotación pesquera por parte de flotas internacionales» y, referirse a Política y Estrategia nacional en un proyecto de esta naturaleza es sencillamente grotesco. La política y estrategia está reservada al “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes” creado por Ley 27.558 coordinado por el secretario Daniel Filmus, que ni siquiera ha tratado cuestiones más relevantes relativas a la estrategia y soberanía marítima e insular.

De economía, política y estrategia nada. Altos costos, pobres resultados y riesgos altísimos.

Sinceramente, debo decir que el autor de esta iniciativa no se ha tomado el trabajo de leer la CONVEMAR ni la Ley 24.922, que en especial en su artículo 22º dice: «Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores (…) deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la Z.E.E. Argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de la Z.E.E. Argentina. Con este fin, la Argentina acordará con los Estados que deseen pescar esas poblaciones, en la mencionada área adyacente las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos. Cuando se establezcan limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán extensivas a los acuerdos realizados con terceros países» y, evidentemente, desconoce las razones de por qué y cómo se produce la pesca ilegal por parte de embarcaciones extranjeras que pescan a distancia, de otro modo, nadie podría imaginarse que esos mismos buques (chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, etc.) que depredan los océanos del mundo se anoten voluntariamente en un Registro Nacional de Embarcaciones Extranjeras en la Argentina para operar en el AMP Bentónica “Agujero Azul”, teniendo además presente, que, en el mejor de los casos, esta AMP se habrá de limitar a la plataforma continental, el lecho y subsuelo y no a las aguas. Seguirán pescando en esa área entre 350 y 500 buques anuales chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, etc.

Aprobar esta AMP es un procedimiento que pone el caballo atrás del carro y desconoce las potencias extranjeras que pescan ilegalmente en todo el mundo y que, además de las connotaciones que este proyecto podría tener respecto a la cuestión Malvinas, agravará aún más la dificultad para que los buques argentinos pesquen en alta mar, a quienes insólitamente, se le cobran derechos por pescar fuera de las 200 millas, mientras las embarcaciones extranjeras lo hacen en forma subsidiada y sin control alguno. Pero, el proyecto no apunta a resolver ni resolverá la pesca ilegal de los extranjeros, sino que agregará nuevas obligaciones a los buques nacionales que pesquen en esa área. Personalmente estoy en las antípodas de esta iniciativa y, entiendo, que hay que incentivar a los buques nacionales a pescar en la alta mar para que lo hagan en igualdad de condiciones con los buques extranjeros que, como dije, pescan subsidiados y se llevan nuestros recursos migratorios.

No avanzaré más para no agobiar al lector sobre las largas explicaciones técnicas que a modo de “copia y pegue” se busca fundamentar el proyecto y me limito a decir que, para ejercer el poder de policía sobre los recursos naturales vivos o no, o sobre la presencia de desechos sobre la plataforma continental, su lecho y subsuelo, no se necesita ninguna AMP ya que al respecto de la contaminación marina la CONVEMAR faculta incluso a la aplicación de penas y la ley 24.922 art. 21º inc. m) deja en claro las prácticas prohibidas que pueden ser penalizadas con el máximo rigor por la Autoridad de Aplicación.
El Reino Unido estará sumamente interesado en este proyecto, que le dará pie a nuevas iniciativas de este naturaleza para proteger el otorgamiento anual de las licencias pesqueras a buques extranjeros y propios en Malvinas y, acompañará al Programa “Blue Belt” con el que el Reino Unido está en vías de “proteger” -según el ex Ministro de Relaciones Exteriores Sir Alan Duncan- alrededor de 4 millones de km2 (una superficie mayor que la India) alrededor de los Territorios Británicos de Ultramar, inclusive -obvio- Malvinas. Lo insólito, es que la Cancillería y el secretario de Malvinas Daniel Filmus están ayudando a conseguir ese objetivo promoviendo el proyecto de ley que se ventila en el Congreso destinado a establecer una Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul. ¿Está en conocimiento de esta insensatez el Consejo Nacional de Malvinas supuestamente creado para proponer políticas de Estado?
El Reino Unido y los territorios británicos de ultramar “son custodios” de la quinta mayor área marina del mundo y, bajo el pretexto de proteger las especies y los hábitats contra la acción humana van ocupando territorios y, tienen con esta iniciativa argentina y, las que surjan, un “cinturón azul” en todo el Atlántico Sur-Sur argentino alrededor de Malvinas. Bastaría ver cualquier plano bicontinental aprobado por la Argentina para darse cuenta la protección marítima que alrededor de Malvinas y el control del sur argentino que tiene el Reino Unido.
El Centro para la Ciencia del Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura (CEFAS) y la Organización para la Gestión Marina dependiente de la Secretaría de Estado (que entre otras cosas otorga licencias de pesca), son agencias gubernamentales del Reino Unido que apoyan el desarrollo y las estrategias de gestión marina apropiadas en los territorios británicos de ultramar. Con este pretexto en 2016, el Reino Unido anunció la designación de AMP alrededor de Santa Helena (444.916km²) y Pitcairn (840.000 km²), y un compromiso para designar zonas de protección marina alrededor de la isla Ascensión (445.390km²) para 2019 y Tristán da Cunha (750.510km²) para 2020 y, declaró anteriormente AMP Áreas Marinas Protegidas en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT: 640.000 km2 designados en 2010); Georgias del Sur y Sándwich del Sur (1,07 millón de km2 designados en 2013). El Reino Unido lideró un AMP aprobado internacionalmente en la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur, a través de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (en supuesto territorio Antártico Británico 94.000 km2 en 2009).

Con estas políticas inconducentes la Argentina está reduciendo las facultades de las Autoridades de Aplicación (Pesca, Energía, Minería) y las subordina a la Administración de Parques Nacionales, un organismo descentralizado, que en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es la Autoridad de Aplicación del llamado Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMPS). Nos falta que estas cuestiones las trate una Dirección de Parques y Paseos Municipal, mientras el Reino Unido tiene dentro de su plan estratégico post-Brexit seguir fortaleciendo los Territorios Británicos de Ultramar para continuar desplegando su política naval centenaria, que nos recuerda periódicamente con sus ejercicios militares en Malvinas, una Zona de Promoción y Paz del Atlántico Sur, que suscripto todos los países americanos y africanos que tienen sus Z.E.E. en el Atlántico Sur el Reino Unido desconoce.

La creación de reservas marinas debe ser un paso hacia la paz, no hacia el conflicto (Ruth Davis, Chief Policy Advisor de Greenpeace, consejera política de la Organización Ecologista).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG. 

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