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¿EL OSO REGRESA AL DESIERTO? RUSIA ANTE EL NUEVO CONTEXTO GEOPOLÍTICO EN ORIENTE PRÓXIMO

Roberto Mansilla Blanco*

Foto: SANA

 

Los últimos movimientos entre Rusia y los países miembros de Oriente Próximo advierten la posibilidad de que el Kremlin esté reconfigurando sus prioridades geopolíticas en la región en un momento de difíciles equilibrios regionales para sus intereses geopolíticos. Entre estos equilibrios destacan el súbito retorno de EEUU como actor clave en la región y las dificultades existentes ante la expectativa rusa de concretar un foro con el mundo árabe que le permita recuperar iniciativas y capacidad de interlocución.

En septiembre pasado, la localidad rusa de Sochi acogió una cumbre entre el ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov y miembros de la Organización de Cooperación del Golfo (OCG) adoptando un enfoque multilateral. Un mes después, el presidente Vladimir Putin recibió en Moscú al nuevo mandatario sirio Ahmed al Shara’a, abriendo así una nueva era en las relaciones ruso-sirias particularmente significativa tras la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre pasado. Exiliado desde entonces en la capital rusa, Bashar al Asad se erigía junto a Irán en el principal aliado ruso en Oriente Próximo.

La cumbre de Sochi y la visita de al Shara’a a Moscú podrían interpretar las aspiraciones del Kremlin por reacomodar sus intereses en la región ante los nuevos equilibrios geopolíticos y militares tras la incierta (y varias veces alterada) tregua en Gaza acordada en la cumbre de Egipto bajo la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump a mediados de octubre. De acuerdo con fuentes del Ministerio ruso de Exteriores, Moscú recibió de Egipto la invitación a esta cumbre con plazos muy ajustados, lo cual imposibilitó que finalmente Rusia pudiera estar presente.

 

El laberinto sirio

Siendo Gaza el catalizador de nuevas iniciativas de seguridad regional, el contexto sirio tras las elecciones parlamentarias de comienzos de octubre también define un nuevo modus operandi entre Rusia y los países árabes.

La caída del régimen de Bashar al Asad supuso un notorio revés geopolítico para Moscú, tomando en cuenta que está en juego el futuro de sus dos bases militares en Siria (Tartus y Jmeimim). Por tanto, la visita a Moscú de al Shara’a resultaba determinante para Putin a la hora de asegurar el control de estas bases militares, esenciales para monitorear los intereses rusos en el Mediterráneo, Oriente Próximo e incluso el Sahel, donde Rusia tiene fuertes lazos de cooperación económica, política e incluso de seguridad con países como Burkina Faso, Níger y Malí.

Por otro lado, la visita de al Shara’a también supone para el Kremlin asegurar equilibrios geopolíticos toda vez que el controvertido presidente sirio (no debemos olvidar su pasado yihadista vinculado a Al Qaeda) está siendo cortejado por Occidente y la comunidad internacional, tal y como se observó en mayo pasado durante su reunión en Riad con Trump y posteriormente en septiembre con su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Así, Putin busca resetear la relación con Damasco manejar todo tipo de equilibrios políticos ante lo que pueda suceder en la nueva Siria post-Asad, tomando en cuenta que el exilio moscovita de Bashar al Asad le podría propiciar un rol relevante en una Siria donde miembros del antiguo régimen siguen teniendo peso político.

El contexto post-Asad en Siria implica otra variable estratégica para Moscú: Irán. El acuerdo estratégico por 20 años alcanzado entre Rusia e Irán en diciembre pasado aborda un nuevo equilibrio de fuerzas en un momento en que la administración Trump ha decidido recuperar el papel clave de Washington en la reconfiguración geopolítica de Oriente Próximo.

Teherán es un suministrador clave de drones y misiles para las fuerzas rusas en Ucrania mientras Rusia, junto con China y Corea del Norte, han sido importantes baluartes a la hora de cooperar con el programa nuclear iraní así como para crear mecanismos financieros y económicos que le permitan a la República Islámica sortear las sanciones occidentales. Si bien es cierto que Moscú mantuvo una posición notoriamente distante ante la breve guerra de doce días escenificada en junio pasado entre Israel e Irán, los lazos militares y geopolíticos siguen estando presentes, más aún ante el fortalecimiento del eje EEUU-Israel con Trump en la Casa Blanca.

Un ejemplo podríamos identificarlo en la utilización por parte iraní de misiles hipersónicos durante los bombardeos a Tel Aviv y otras ciudades israelíes en esa breve confrontación directa. Estos misiles iraníes son muy similares al misil Oreshnik ensayado oficialmente hace casi un año en el frente ucraniano durante un ataque ruso a una fábrica de armamentos en la ciudad de Dnipró.

Rusia debe igualmente nivelar sus expectativas ante la influencia creciente de otro actor con intereses en Siria como es la vecina Turquía. Ankara acrecienta su influencia ante las nuevas autoridades en Damasco incluso en el plano militar.

Miembro de la OTAN, Turquía también mantiene una agenda propia para convertirse en un actor de peso regional. Debe manejar igualmente toda seria de equilibrios y rivalidades regionales con interlocutores como Israel, Irán, Arabia Saudita y Qatar y actores exógenos como Rusia, China, EEUU y Europa. Moscú es consciente de que un acercamiento a al Shara’a implicará igualmente equilibrar sus relaciones con Ankara, con frecuencia intermitentes en cuanto a períodos de sintonía y roces.

 

El Kremlin, entre sus intereses y la «pax americana» de Trump

La reunión en Sochi con miembros de la OCG podría interpretar otro interés para el Kremlin: aprovisionarse de nuevos socios militares para la industria militar rusa, muy condicionada por la dinámica del esfuerzo bélico en el frente ucraniano, así como a la hora de afianzar estrategias de cooperación económica ante la viabilidad de proyectos energéticos relevantes que le permitan a Moscú sortear las sanciones occidentales.

Con respecto al Golfo Pérsico, Rusia ha preferido apostar por una visión integral global con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, tomando en cuenta su peso energético, diplomático y cada vez más militar. A pesar del histrionismo de Trump con respecto al plan de paz en Gaza, fueron más bien Arabia Saudita y Qatar los actores decisivos en las negociaciones con Hamás para alcanzar la tregua. Putin entiende a la perfección el papel estratégico que ocupan Riad y Doha en los nuevos equilibrios regionales.

Ampliando horizontes más allá del Golfo Pérsico, Rusia mantiene fluidas relaciones con Sudán que han permitido la apertura de una base militar y logística en Port Sudán. Con ello, Moscú ejerce un radio de influencia en el Golfo de Adén, Cuerno de África, el Mar Rojo y el Canal de Suez, estratégico para el comercio mundial por el paso de mercancías desde Asia pero también delicado en cuanto a la seguridad internacional por los conflictos armados (Sudán del Sur, Yemen, Somalia), crisis humanitaria y la presencia de una importante actividad de piratería marítima contra las embarcaciones rusas y occidentales. Desde 2022 Rusia mantiene ejercicios navales con China e Irán para repeler la actividad de la piratería.

Ya ubicados en África Oriental y en el océano Índico, la reciente crisis política en Madagascar tras el golpe militar contra el presidente Andry Rajoelina el pasado 12 de octubre, implicó una inmediata reacción desde Moscú llamando a la moderación hacia las nuevas autoridades militares advirtiendo a sus ciudadanos a no viajar a este país. El interés ruso en Madagascar está enfocado por los contactos existentes para abrir una base militar y logística similar a la de Port Sudán y al Centro Logístico abierto en la vecina Eritrea. El contexto post-golpe podría dejar en el aire esta posibilidad.

Por otro lado, y volviendo a Oriente Próximo, Moscú ha apostado por aplicar un enfoque menos integral y homogéneo en sus relaciones con varios países de Oriente Próximo, adoptando más bien una posición pragmática con tendencia a focalizar en aspectos concretos de carácter bilateral con cada uno de los actores de la región.

Un ejemplo de ello es la cuestión palestina. Si bien oficialmente ha defendido la tesis de los «dos Estados» reconociendo la legitimidad del Estado de Palestina, Putin ha hecho juego de un notable pragmatismo ante los delicados equilibrios regionales. Tres semanas después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, el Kremlin recibió a una delegación del movimiento islamista palestino, lo cual provocó la previsible protesta israelí, cuya posición ha sido de neutralidad en el conflicto ucraniano y ante las sanciones occidentales. En agosto pasado mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Esta recepción a Hamás en Moscú puede igualmente interpretarse como una toma de contacto por parte del Kremlin con el objetivo de convertirse en un interlocutor eficaz ante las tensiones crecientes en Gaza así como para intentar repeler cualquier reactivación de células yihadistas dentro de Rusia adoptando un enfoque más proactivo vía movimientos islamistas.

Si bien es cierto que, más allá de la situación en Palestina, la conversación telefónica entre Putin y Netanyahu muy probablemente se concentró en propiciar una toma de contacto con la intención de reducir las tensiones entre Israel e Irán, aliado ruso, el Kremlin no deja pasar el hecho de que en Israel existe una numerosa comunidad judía de origen ruso.

Se estima que en Israel, 1,3 millones de personas hablan ruso, constituyendo aproximadamente el 15% de la población total israelí. Incluso en la década de 1990, estos judíos rusos crearon en Israel un partido político sionista y nacionalista de derechas, B’Aliya. Pero también existen importantes comunidades de judíos ucranianos en Israel, estimada en unas 170.000 personas, un 3% de la población israelí.

Más alejado geográficamente, el Magreb constituye para Moscú un escenario de creciente interés por su proximidad mediterránea, clave para los intereses de seguridad rusos.

Un caso relevante ha sido el tema saharaui. La abstención rusa en la reciente votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el nuevo plan para el Sáhara Occidental impulsado por Marruecos, el cual otorga una autodeterminación bajo soberanía de Rabat, provocó un vuelco histórico en el tema saharaui que favorece los intereses marroquíes y de aliados como EEUU y Francia.

Se esperaba que Rusia utilizara su poder de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear esta votación, toda vez que Argelia, histórico aliado saharaui pero también socio militar y energético ruso, decidió no votar a pesar de ser miembro rotativo del Consejo de Seguridad, con voto pero sin veto. Con todo, Rusia ha expresado sus fuertes reservas sobre el proyecto de resolución redactado por EEUU y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), calificando el texto de la resolución de “desequilibrado” y constitutivo de una desviación de las prácticas establecidas.

A pesar de estas críticas, la abstención rusa en el tema saharaui puede igualmente interpretarse ante los reacomodos de equilibrios geopolíticos desde el Magreb hasta Oriente Próximo probablemente tendentes a reducir las tensiones con Occidente (y particularmente con EEUU) tomando distancia de un conflicto, el saharaui, que no resulta excesivamente prioritario para Moscú.

Por otro lado, los estratégicos acuerdos de defensa y seguridad adoptados por Trump con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán en mayo pasado implican un nuevo equilibrio de fuerzas que Rusia debe observar con atención no sólo dentro del contexto regional en Oriente Próximo sino igualmente hacia el Cáucaso y Asia Central, tradicionales esferas de influencia rusas que ahora observa un nuevo equilibrio de alianzas desde Oriente Próximo hasta el Cáucaso y Asia Central ante la pax americana de Trump.

El reciente acuerdo de paz suscrito en Washington entre Armenia y Azerbaiyán para solucionar el conflicto en el enclave de Nagorno Karabaj fue obviamente vendido por Trump como un triunfo diplomático cuyas repercusiones alcanzan al Kremlin, hasta ahora el histórico árbitro de resolución de controversias en la región.

De este modo, Washington estaría buscando desplazar a Rusia de su tradicional esfera de influencia caucásica muy probablemente vía Azerbaiyán, el visible ganador del conflicto en Nagorno Karabaj. En los últimos tiempos se han observado roces entre el presidente azerí Ilham Aliyev y Putin, toda vez que Bakú, un importante productor de petróleo y gas natural con importantes conexiones de oleoductos y gasoductos en la región, es también un aliado estratégico para Arabia Saudita.

En cuanto a Armenia, su presidente Nikol Pashinyan ha mantenido una posición pro-occidental tendiente a alejarse de la órbita de influencia rusa, abriendo negociaciones con Bruselas para una eventual admisión en la UE sin menoscabar sus acuerdos de cooperación con la OTAN. En marzo de 2025, el Parlamento armenio autorizó el inicio de negociaciones de admisión con la UE.

En junio de 2024 Armenia anunció su decisión de retirarse de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTCS), comúnmente señalada como la «OTAN rusa» en el espacio euroasiático ex soviético. No obstante, Armenia sigue siendo miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), otro organismo dirigido desde Moscú.

Para desnivelar estos giros geopolíticos que afectan sus intereses, Moscú ha reforzado aún más sus relaciones con un gobierno en Georgia más afecto a sus prioridades geopolíticas, ayudando incluso a abortar cualquier repetición de las «rebeliones de colores» que desde hace dos décadas han estado presentes en varios países ex soviéticos.

A pesar de la alianza histórica con Israel, Trump ha optado por balancear este eje unilateral colocando a Arabia Saudita como un interlocutor estratégico ante el «nuevo juego» en Oriente Próximo que le permita establecer una especie de «cordón sanitario» contra Irán. En un cálculo estratégico similar, Putin también ha apostado por la misma ecuación de equilibrios, que pasan no sólo por reforzar las relaciones con Riad sino también con Qatar, buscando con ello desviar las inquietudes regionales en el mundo árabe por su alianza con Irán, el principal rival regional de Israel.

Este retorno ruso a Oriente Próximo acontece en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente, particularmente en torno a la dinámica del conflicto en Ucrania con las escaramuzas de vuelos aéreos y de drones entre Rusia y la OTAN en los países bálticos, Polonia y Rumanía, la súbita suspensión de la cumbre de Budapest que debía reunir a Trump y Putin así como otros escenarios más alejados de este radio geopolítico como la presión militar estadounidense en el mar Caribe, que afecta a un aliado ruso como Venezuela, y la breve confrontación militar entre Pakistán y Afganistán, países donde Rusia y China poseen intereses.

En este contexto de tensiones y de conflictos abiertos muy próximos a sus esferas de influencia, en Kremlin ha apostado por el pragmatismo, a veces disuasivo, en sus relaciones con los países de Oriente Próximo. El objetivo ruso es evitar verse arrastrada a una especie de «segundo frente bélico» con Occidente más allá de Ucrania, en este caso Oriente Próximo y el Cáucaso, el histórico «extranjero contiguo» de la geopolítica rusa. El delicado rompecabezas regional implica serios problemas de seguridad para Rusia, muy condicionada por su esfuerzo bélico y diplomático en Ucrania y las tensiones con la OTAN.

Con todo, la incierta pax trumpiana en Oriente Próximo ha abierto para el Kremlin nuevas expectativas de implicación geopolítica, aunque su capacidad de iniciativa se haya visto condicionada, incluso de manera reactiva, por las expectativas de Washington de regresar como actor decisivo en la región.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL EQUILIBRIO MILITAR ENTRE EEUU Y VENEZUELA

Roberto Mansilla Blanco*

Las tensiones en aguas caribeñas entre EEUU y Venezuela ante la operación antinarcóticos impulsada por Washington obliga a realizar un ejercicio comparativo en cuanto al equilibrio militar. En este sentido es claramente perceptible la abrumadora disparidad, favorable a EEUU, en cuanto a la medición de fuerzas militares con Venezuela.

Desde que en 1942 abriera una delegación militar en la sede del Ministerio de Defensa de Venezuela en Fuerte Tiuna (Caracas), EEUU ha sido el principal socio militar y económico venezolano. No obstante, la llegada de Hugo Chávez al poder (1999) ha repercutido en un drástico viraje geopolítico que le ha permitido a Venezuela concretar nuevos socios militares en potencias relevantes como Rusia, China e Irán y aliados regionales como Cuba y Nicaragua.

Como consecuencia de ello, EEUU pasó de ser el principal aliado a convertirse en probablemente el más acérrimo enemigo del «chavismo». En 2000, el presidente Hugo Chávez ordenó cerrar definitivamente la anteriormente mencionada delegación militar estadounidense en Caracas. En 2005 decretó la ruptura de intercambios militares entre ambos países. El gobierno de George W. Bush (2001-2009) aplicó una legislación de embargo para la venta de armas a Venezuela, lo que acrecentó el distanciamiento definitivo entre Washington y Caracas. La Unión Europea (UE) hizo lo mismo en 2017.

La nueva doctrina militar bolivariana adoptada en 2004 contempla conceptos estratégicos como la «guerra asimétrica» y la «guerra popular contra el imperialismo» enfocada ante la previsión de tensiones geopolíticas crecientes con una potencia militar como EEUU.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

Estructura: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros es el Comandante en Jefe de la FANB. El ministro del Poder Popular para la Defensa es Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014.

De acuerdo con el portal del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, el organigrama militar venezolano está dividido en:

    1. Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB)
    2. Ejército Bolivariano
    3. Armada Bolivariana
    4. Aviación Militar Bolivariana
    5. Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
    6. Milicia Bolivariana (MB)

El Ejército Bolivariano está constituido por 29 brigadas divididas en siete regiones: Occidental, Los Andes, Capital, Central, Oriental, Los Llanos y Guayana. Existen tres grandes comandos: Cuerpo de Ingenieros, Comando de Aviación y Comando Logístico. Dispone de un personal de 300.000 efectivos activos y otros 430.000 de reserva.

En 2021, la FANB creó las Unidades de Reacción Rápida (URRA) de infantería ligera que, bajo el mando de la CEOFANB), está basada en la doctrina del Sistema Defensivo Territorial y la fusión cívico-militar-policial articulado por las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

La nueva doctrina militar bolivariana le ha permitido a la FANB fortalecer una industria militar propia, destacando la fabricación del vehículo táctico Tiuna para transporte ligero estándar de tropa, contando con hasta 9 modelos, entre ellos antitanque, antiaéreo y policía militar. El Ejército venezolano también presentó el fusil de precisión «Catatumbo».

En cuanto a la Milicia Bolivariana es un cuerpo creado por ley orgánica en 2008 y elevada a rango constitucional. La MNB está conformada por dos estratos: la Reserva Nacional y la Milicia Territorial. También existen los Cuerpos Especiales de Resistencia, contingentes de trabajadores de empresas e instituciones nacionales.

Si bien no existen fuentes completamente fiables sobre su número de efectivos se estima que desde 2020 cuenta con cuatro millones de combatientes activos, siendo el componente más numeroso de la FANB y erigiéndose como una especie de «cuerpo pretoriano» en defensa de la «revolución bolivariana y socialista».

Debe destacarse que el poder militar efectivo de Venezuela se ha visto severamente afectado por las recurrentes crisis económicas que ha vivido el país en la última década (sanciones internacionales desde EEUU y embargos de armas incluidos), corrupción estructural e infraestructura deteriorada.

Presupuesto: Para 2023, el presupuesto total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asciende a US$ 1.929.600.000.

Por su parte, el portal Global Firepower, utilizando fuentes del Banco Mundial y del SIPRI estima que Venezuela gastó aproximadamente US$ 4.093 millones en defensa en 2023. Esta cifra supone que el gasto público en defensa en 2023 alcanzó el 0,5% del PIB, una caída de 0,15 puntos respecto a 2022, cuando el gasto fue el 0,65% del PIB. Según el Military Power Ranking 2025, Venezuela ocupa el puesto 52 a nivel mundial en cuanto a gasto militar mientras que en el ranking 2025 de Global Firepower ocupa el puesto 50.

Socios exteriores: Rusia se ha convertido en el principal proveedor de armamento para el Ejército venezolano. En 2005, Moscú abrió en Venezuela la primera fábrica de fusiles Kalashnikov en el extranjero, dotando de 100.000 fusiles AK-103 al Ejército venezolano. En 2007 Caracas compró otros de 5.000 rifles Dragunov para francotirador.

De acuerdo con el SIPRI, Venezuela es el sexto mayor comprador de armas rusas. Desde 2013, Vladimir Putin y Maduro se han reunido una decena de veces y suscrito más de 350 acuerdos. Entre 2004 y 2018 Moscú concedió US$ 34.000 millones en créditos a Caracas para que le comprara armas, entre ellas cazas Su-30Mk2 y sistemas antimisiles S-300. El fusil reglamentario de las FANB es el AK-47, que va a fabricar con licencia rusa en la ciudad de Maracay, a 100 kilómetros de la capital Caracas.

En 2011 Venezuela recibió 35 carros de combate T-72B1, 16 BMP-3, 32 BTR-80A, 24 lanzacohetes móviles BM-21 Grad, el obús autopropulsado 2S19 MSTA-S, todos ellos de fabricación rusa. Están en servicio 92 tanques T-72B1, 150 BTR-80A, 50 BM-21 Grad y más de 50 2S19 Msta-S en el Ejército.

La Fuerza Aérea venezolana cuenta también con unos 20 cazambombarderos Sujoi Su-30MK2 de origen ruso, que sustituyen a los F-16 estadounidenses. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral cuenta con sistemas de misiles antiáereos S-300VM de largo alcance, Buk-M2E de medio alcance y S-1252M Pechora de corto alcance, todos de origen ruso.

De acuerdo con el portal OSINTdefender, utilizando fuentes del canal ruso Rybar, en el marco de la crisis actual entre EEUU y Venezuela, Rusia habría desplegado drones Shaded-131/136 de fabricación iraní para detener cualquier eventual intervención estadounidense en Venezuela.

Por su parte, China ha firmado acuerdos de cooperación militar y de defensa con Caracas, que incluyen venta de armas, entrenamiento y transferencia tecnológica.

En 2024 Irán exportó a la FANB misiles CM-90, una versión del misil anti-crucero iraní Nasir (ASM) Teherán también ha suministrado a Venezuela drones armados Mohajer-6.

Las Fuerzas Armadas de EEUU

A diferencia de la FANB, las Fuerzas Armadas de EEUU (U.S. Armed Forces) tienen ámbito de actuación internacional con más de 700 bases militares en todos los rincones del planeta y 4.800 sedes en 160 países. Esta condición convierte a EEUU en la principal potencia militar a nivel mundial, sólo rivalizada por Rusia y China, precisamente aliados militares y geopolíticos de Venezuela.

Estructura: con sede en el Pentágono (Condado de Arlington, estado de Virginia), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de EEUU están cohesionadas en torno al Departamento de Defensa de EEUU. El presidente Donald Trump es el Comandante en Jefe de las FF.AA. de EEUU. El actual secretario de Defensa es Pete Hegseth, en el cargo desde enero de 2025.

En cuanto a fuerzas están divididas de la siguiente forma:

    1. Ejército de los EEUU (U.S. Army). Entre sus cuerpos destaca el Cuerpo de Marines de los EEUU (U.S. Marines);
    2. Armada de los EEUU (U.S. Navy);
    3. Fuerza Aérea (U.S. Air);
    4. Fuerza Espacial (U.S. Space);
    5. Guardia Costera (U.S. Guard);

Poseen además dos componentes de reserva: la Guardia Nacional del Ejército (The Army National Guard) y la Guardia Nacional del Aire (Air National Guard).

El Departamento de Defensa cuenta con 11 Comandos Combatientes (Combatant Commands, COCOM): Africa Command; Central Command; Cyber Command; European Command; Indo-Pacific Command; Northern Command; Southern Command; Space Command; Special Operation Commands; Strategic Command; Transportation Command.

El Departamento de Defensa coordina igualmente los distintos cuerpos de inteligencia y de seguridad. Destacan aquí agencias civiles como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), centrada en inteligencia exterior, y agencias de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigación (FBI), que aborda el terrorismo y la ciberdelincuencia en el ámbito nacional. Otras entidades importantes son la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), encargada de la inteligencia electrónica y el cifrado y el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS).

Presupuesto: el portal del Departamento de Defensa calcula en US$ 840 mil millones el presupuesto en defensa de EEUU.

Efectivos: el Departamento de Estado informa que las FF.AA. de EEUU cuentan con 3,4 millones de efectivos entre personal militar y civil activo.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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VENEZUELA: EL PACTO DE LAS ELITES

Roberto Mansilla Blanco*

Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional como fraudulentas, se abordan varias interrogantes sobre la realidad venezolana: ¿cómo y por qué se mantiene Nicolás Maduro en el poder?; ¿se ha consolidado una nueva estructura de poder en Caracas?; las recientes presiones externas, principalmente desde EEUU, ¿adquirirán la dimensión de una invasión militar similar a la ocurrida en Panamá en 1989?

El contexto venezolano parece demostrar una nueva realidad. Pese a las presiones y sanciones desde el exterior, principalmente por parte de EEUU, es perceptible que se está afianzando una nueva estructura de poder en Caracas conformada por diversas elites políticas, económicas y burocráticas obligadas a entenderse.

La nueva realidad: «despolitización» por «estabilidad»

Esta estructura de poder de naturaleza tecnócrata pero con aspiraciones oligárquicas ha demostrado igualmente su capacidad de elasticidad y resiliencia, propiciando el «pacto inter pares» entre viejas y nuevas elites que se han erigido durante más de dos décadas de «revolución bolivariana y socialista». El vocabulario popular en Venezuela identifica a estas elites como la «boliburguesía».

Entre sus objetivos parece establecerse uno especialmente estratégico: despolitizar a la sociedad venezolana con la finalidad de reducir los canales de polarización y de radicalización en aras de garantizar un clima de estabilidad que permita propiciar la recuperación económica y la normalización de la vida política que, en el fondo, se traduce en una «domesticación» de los sectores opositores más radicales.

Las elecciones ya no son un termómetro definitivo para medir la realidad política venezolana ya que, a base de coerción y sanciones contra candidaturas disidentes y negociaciones con diversos sectores políticos opositores, han pasado a ser un mero apéndice instrumentalizado para barnizar la legitimidad del régimen «madurista».

Un sector de la oposición ha entrado en el juego político y electoral de Maduro participando en estos comicios bajo la perspectiva de normalizar la situación política, muy polarizada en los últimos años ante los distintos pulsos por la legitimidad del poder, en especial durante lo que se denominó coloquialmente como el «interinato presidencial» de Juan Guaidó (2019-2022) que, a pesar de que en su momento contó con un elevado reconocimiento internacional (aproximadamente unos 60 países incluyendo la primera presidencia de Donald Trump) terminó por recrear una ficción de bicefalia de poder en su pulso contra Maduro, ocasionando una progresiva erosión e incluso deslegitimación de las estrategias políticas opositoras.

Los recientes comicios municipales del pasado 27 de julio han confirmado este diagnóstico sobre la “nueva realidad de poder” en Venezuela, con un arrase vencedor del 85% de candidaturas “maduristas” en las 335 alcaldías nacionales. La baja participación electoral (abstención del 69%) reafirma igualmente el desencanto y el desinterés ciudadano por la contienda política ante el ventajismo oficialista y la configuración de nuevas elites de poder menos proclives a la confrontación política.

De este modo, la líder opositora María Corina Machado se encuentra cada vez más aislada y con menos margen de maniobra política, al igual que el líder en el exilio y candidato opositor contra Maduro en 2024, Edmundo González Urrutia, reconocido por una veintena de países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

No obstante, y a pesar de las estrategias de «normalización» y de «estabilidad», en Venezuela siguen existiendo presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, con cifras actualizadas este 18 de agosto de 2025, existen en este momento 815 presos políticos en el país, de los cuales 169 son militares, 98 mujeres y 4 adolescentes. Recientemente fueron liberados unos 57 presos políticos. El régimen «madurista» utiliza las medidas de excarcelación y de encarcelamiento de nuevos dirigentes políticos, estudiantiles y vecinales como una estrategia de coerción y de disuasión política con similitudes con otros regímenes como el cubano.

La elevada cifra de militares puede igualmente intuir un proceso de preventiva purga interna dentro de la FANB, cuya estructura de mando fue renovada tras los ascensos militares de julio pasado. En medio de presiones exteriores ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y bandas criminales, en estos ascensos se reforzó el poder del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014 siendo hasta ahora el ministro de Defensa con mayor duración en el cargo en la historia contemporánea de Venezuela, así como de altos mandos fieles al régimen.

Consciente del apoyo mayoritario de los cuadros militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), probablemente el principal actor de poder en Caracas con un elevado nivel de capacidad coercitiva a través de los organismos de seguridad estatales (SEBIN, FAES, GNB), el «madurismo» ha apostado por la desideologización, tomando distancia del frenesí ideológico predominante durante el mandato del presidente Hugo Chávez (1999-2013)

Incluso la familia Chávez y otros líderes «chavistas» ha sido preventivamente apartados del centro de poder, desplazada por el predominio del «triunvirato» conformado por el matrimonio presidencial de Maduro y Cilia Flores (la «Primera Dama Combatiente»); los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y el siempre omnipotente Diosdado Cabello, un ex militar que controla grandes porciones de poder en la FANB, la burocracia del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las elites económicas «boliburguesas» e incluso algunos medios de comunicación, en especial el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde tiene un programa propio, «Con el Mazo Dando».

Por otro lado, los datos económicos parecen demostrar avances en aras de propiciar la estabilización. Si bien fuentes privadas cuestionan los índices oficiales, el gobierno reportó un crecimiento del 7,1% del PIB para el primer semestre de 2025, elevando esas expectativas al 9% para final de año, gracias a la recuperación de la industria petrolera (producción de 1,1 millones de barriles diarios) y la minería. De acuerdo con datos del gobierno, Venezuela ha experimentado 17 períodos consecutivos de crecimiento económico, aparentemente dejando atrás las dificultades acaecidas durante el período 2015-2019. El turismo también ha recuperado ciertos niveles de productividad.

No obstante, la inflación se prevé que terminará en un 200% este año. Se estima igualmente que las remesas desde la diáspora disminuirán este 2025, afectando un importante flujo de divisas. Aquí juega un papel clave la recuperación económica, que ha permitido el regreso de diversos emigrantes; y las políticas antiinmigración en diversos países, especialmente EEUU.

Trump y la presunta «invasión»: ¿farol o disuasión preventiva?

Pero las presiones exteriores siguen su curso. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la cabeza de Maduro acusándolo de liderar una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles.

Mientras avanzaba en la cumbre en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó la realización de ejercicios navales militares en el Caribe en una operación oficialmente definida como «antiterrorista y antinarcotráfico». Trump apuntó contra cinco carteles de la droga y dos grupos criminales de carácter transnacional: la salvadoreña Mara Salvatrucha y el venezolano Tren de Aragua.

El mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva contra el régimen de Maduro ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han llegado a miles de venezolanos residentes en EEUU.

Ante los ejercicios navales estadounidenses en el Caribe, Maduro ha respondido anunciando la movilización a más de cuatro millones de reservistas, lo que igualmente puede interpretarse como una estrategia de legitimación y de «unidad nacional» pero también de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.

Estas estrategias estadounidenses de ejercicios navales en el Caribe han explotado hasta la saciedad diversas comparaciones con acciones del pasado como la invasión a Panamá de 1989 o las de Haití en 1994 y 2004. Pero la Venezuela de 2025 choca con otra realidad: una es la operatividad en el terreno, ya que Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla antillana como Haití sino que forma parte de la masa continental, lo cual requiere una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco, más allá de posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases en el Caribe. Por otro lado, Washington necesitaría de aliados internos poderosos en Venezuela, con especial influencia dentro de la FANB, para acometer una eventual invasión que derroque a Maduro.

Otro factor tiene que ver con los apoyos externos de Maduro (Rusia, China, Irán), que tienen también sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela pero que, en caso de una invasión liderada por EEUU, es probable que no cuenten con la capacidad operativa para asistir a su aliado venezolano más allá de las consecuentes protestas diplomáticas ante los foros internacionales en caso de una hipotética invasión militar estadounidense.

Si bien se habla de la presencia del Grupo Wagner en Venezuela así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, su capacidad de defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Popular Bolivariana no parece ser tan contundente a la hora de repeler una tentativa de invasión exterior. La crisis de Oriente Medio, particularmente el enfrentamiento entre Israel e Irán, también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes.

Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses de una eventual invasión. Un enfoque similar podría adoptar otro gobierno de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil. En el caso colombiano, convulsionado políticamente tras la muerte del político Luis Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado, los ejercicios navales estadounidenses argumentando la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también suponen un motivo de preocupación para el gobierno de Petro, aliado de Maduro.

Así mismo, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental.

Como un émulo de su guerra arancelaria contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo y preventivo contra Maduro. Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso, donde Trump cuenta con mayoría. Por otro lado, las crisis de Ucrania y Oriente Medio (Gaza e Irán) ocupan mayor atención en Washington aunque las mismas están indirectamente ligadas al caso venezolano, tomando en cuenta las alianzas exteriores de Maduro.

En el caso venezolano, Trump parece más bien interesado en asegurar con Maduro canales de negociación para la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU así como concesiones para el retorno de operaciones a Venezuela de multinacionales como Chevron y posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas. Por otra parte, Maduro ansía alcanzar algún nivel de reconocimiento por parte de Washington, factor que puede propiciar algunos canales de entendimiento con Trump a pesar de las coercitivas presiones exteriores.

En cuanto al contexto hemisférico, la Venezuela de Maduro ha perdido peso protagónico geopolítico incluso fragmentando sus apoyos en el espacio de las izquierdas. El avance de la derecha a nivel continental en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores para un Maduro que, no obstante, aún cuenta con el respaldo de aliados fieles como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia.

En términos migratorios y de extensión de redes delictivas venezolanas hacia otros países (principalmente el ya mencionado Tren de Aragua), la crisis venezolana se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad hemisférica, un factor que muy probablemente se acentuará si detrás de la reciente presencia naval estadounidense en el Caribe se esconde algún tipo de iniciativa de intervención militar y política directa en los asuntos venezolanos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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