Gaby Weber*
Gaby Weber con integrantes de ODIA, el Observatorio de Derecho Informática Argentina, quienes consideran el caso un precedente. Imagen: GW
Ahora, el tribunal de apelaciones de Buenos Aires ha ratificado el sobreseimiento de la causa penal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por robo de documentos. El ministro no tendrá que revelar dónde escondió sus documentos secretos y el ministerio no será registrado, como yo solicité, a pesar de que la Corte Suprema del país ha exigido la publicación de los archivos de Eichmann. Pero hoy en día, ya no se trata de ley y justicia, sino solo de poder; y nadie quiere enfrentarse a Israel ni al Mossad. El pacto de silencio se mantiene.
Durante años, he estado litigando en Argentina para que se publiquen los archivos del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, a quien el Mossad supuestamente secuestró en Buenos Aires en mayo de 1960, heroicamente, por supuesto. Esta historia se cuenta en los libros de historia. Según mi investigación, esta historia es completamente falsa, razón por la cual demandé al Servicio Federal de Inteligencia Alemán (BND) para que me entregara sus archivos sobre Eichmann en 2008 y recibí al menos el 80 % de ellos en ese momento.
Desde 2016, también he emprendido acciones legales en Argentina, entonces gobernada por los peronistas. Inicialmente, perdí, pero desde la aprobación de la nueva Ley de Libertad de Información N° 27.275, he estado ganando, al menos en los tribunales administrativos. Incluso la Corte Suprema dictaminó que los telegramas aún secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores debían publicarse. El ministerio se había negado, alegando «daños irreparables». Sin embargo, tras el fallo favorable de la Corte Suprema, alegó que los documentos habían sido «robados», por lo que presenté una denuncia penal por robo.
Primero, el nuevo juez se negó a reconocerme como codemandante; apelé y gané. Luego se negó a aceptar mis solicitudes de pruebas; apelé de nuevo y gané. Entonces mi abogado, Marcos Filardi, citó a testigos muy interesantes, incluido el exdirector del archivo, quien testificó (como todos saben) que los documentos altamente clasificados no se guardan en el archivo público, sino a nivel ministerial. Pero el juez no fue más allá y rechazó nuestra solicitud de interrogar al ministro de Asuntos Exteriores o registrar el ministerio; desestimó el caso, alegando que se habían agotado todas las vías para acceder a estos documentos «perdidos». Apelé de nuevo.
Hace seis semanas se celebró una audiencia pública y uno de los tres jueces de apelación (Gustavo Hornos) expresó su profundo respeto por mi búsqueda de la verdad histórica. Esto nunca me había sucedido antes; normalmente me tachan de «problemático» o algo similar. Estuvieron presentes representantes del ODIA, el Observatorio de Derecho Informático Argentina, quienes consideran el caso un precedente. «Si se salen con la suya, todos perderemos el acceso a los archivos», afirmó Sebastián Marchano, del ODIA.
Ya está disponible el veredicto escrito. De los tres jueces, dos confirmaron el sobreseimiento del caso; el juez Mariano Borinsky explicó que no se podía hacer nada más. Se rumorea que tiene estrechos vínculos con la DAIA (el brazo político de la comunidad judía, que muchos consideran el brazo del Mossad en Argentina), y en febrero pasado pronunció un discurso elogioso en el tribunal penal alabando el derecho procesal israelí. Sin embargo, en su justificación escrita, declaró que el sobreseimiento actual del proceso penal era solo «provisional» y podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas. Esto presumiblemente significa que si otros países rompen el pacto de silencio sobre los sucesos de mayo de 1960 (¿quizás Rusia, Francia?), entonces estos documentos podrían volver a ser solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Argentina no quiere ser la primera en pronunciarse.
El juez Hornos publicó su voto particular, calificando el sobreseimiento del caso de «prematuro» y «defectuoso». Afirmó que el ministerio demandado no había explicado por qué mis solicitudes de pruebas —a saber, interrogar al ministro y registrar la agencia— serían ineficaces; simplemente habían adoptado los motivos generales de sobreseimiento del tribunal inferior. Además, el juez Hornos sostuvo que aclarar estos hechos históricos era de interés público. Al menos… El veredicto, excepcionalmente, ha sido publicado y criticado por varios medios de comunicación.
Gaby Weber con el abogado Marcos Filardi durante la audiencia judicial. Foto: B.W.
Actualmente, en Argentina se vive una auténtica persecución contra todos los periodistas; se les prohíbe el acceso a edificios gubernamentales y son objeto de constantes insultos, incluso entre colegas de periódicos conservadores. El gobierno de Milei va de un escándalo de corrupción a otro y culpa a los medios de comunicación. La libertad de prensa e información les resulta ajena. Y mi caso fue el primero en ser presentado ante un tribunal en virtud de la nueva Ley de Libertad de Información.
Ahora apelaré la desestimación ante la Corte Suprema, porque no solo se está violando la Ley de Libertad de Información y se está mintiendo al público, sino que también se está ignorando el fallo de la Corte Suprema. Pero esto llevará mucho tiempo.
El presidente Javier Milei es un declarado partidario de Netanyahu, e Israel está decidido a mantener su campaña de desinformación sobre Eichmann; los archivos del Mossad están sellados.
El caso de Eichmann y las noticias falsas que lo rodean también será examinado en el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig el 4 de junio de 2026. Mi demanda contra el Servicio Federal de Inteligencia (BND) se escuchará allí a partir de las 9:15 h. Se refiere a la parte aún clasificada de sus archivos sobre Eichmann. El plazo máximo de confidencialidad legalmente establecido de 60 años ya ha expirado, pero el BND se niega a renunciar a la confidencialidad. El Tribunal Administrativo Federal apoya su argumento de que la divulgación «pondría en peligro la seguridad de la República Federal». El BND ya no quiere respetar el plazo de 60 años, sino que se remite a la directiva sobre información clasificada del Ministerio Federal del Interior, es decir, un reglamento administrativo interno emitido por algunos burócratas a puerta cerrada. En mi opinión, esto es inconstitucional, porque un derecho fundamental sólo puede restringirse por ley, no por un reglamento administrativo. Pero vivimos tiempos difíciles para la prensa y la democracia, y los jueces se prestan a ello.
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* Weber estudió lenguas romances y periodismo en la Universidad Libre de Berlín y se doctoró en el Instituto Latinoamericano en 1982. Cofundadora del periódico Taz, trabaja como periodista desde 1978 y como corresponsal independiente desde 1986, inicialmente desde Montevideo y desde 2002 desde Buenos Aires. También ha publicado varios informes e investigaciones exhaustivas sobre la historia de las actividades de inteligencia. Su libro «Eichmann Was Still Needed» se publicó en 2012.
Artículo traducido del alemán por el equipo de la SAEEG. Originalmente publicado el 05/05/2026 bajo el título «Argentinien: Richter bestätigen den Schweigepakt über Eichmann», en Overton Magazin, https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/argentinien-richter-bestaetigen-den-schweigepakt-ueber-eichmann/
