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LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE ISRAEL EN AMÉRICA LATINA

Roberto Mansilla Blanco*

El descrédito de la imagen internacional de Israel tras el genocidio en Gaza y el conflicto que se libra desde hace seis meses entre EEUU e Irán son algunos factores que han persuadido a Tel Aviv a ampliar sus alianzas y esferas de influencia, en este caso hacia América Latina, un escenario donde Israel posee directas conexiones políticas, culturales y de diáspora.

El precedente más inmediato de este reposicionamiento geopolítico de Israel en la región tiene un epicentro clave: la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina en 2023. Desde entonces, Milei ha manejado una agenda directamente ligada a los intereses israelíes, ampliados por su conexión con el presidente estadounidense Donald Trump, y que cobra cada vez más amplitud hemisférica ante el actual calendario electoral regional.

Grosso modo, cuatro variables definen las herramientas de actuación de la geopolítica israelí en el hemisferio occidental.

    • La necesidad de ampliar alianzas exteriores ante la inestabilidad en Oriente Medio con las guerras de Gaza e Irán y el declive de la imagen internacional israelí ante el predominio del proyecto supremacista del «Gran Israel» impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
    • La captura por parte de EEUU del ex presidente Nicolás Maduro en Venezuela, país considerado como el principal aliado de Irán y los movimientos islamistas Hamás y Hizbulá en América Latina. Este suceso, además de la guerra que actualmente libra con EEUU e Israel alteró abruptamente la implicación en América Latina de Teherán, el enemigo estratégico israelí.
    • El viraje político presentado desde 2023 en América Latina hacia gobiernos de derechas alineados con el ideario político e ideológico del presidente estadounidense Donald Trump y con los intereses israelíes. Esto ha provocado un inesperado giro geopolítico hemisférico: el retorno de Israel a la región a través de diversas alianzas políticas, principalmente en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador e incluso la Venezuela post-Maduro.
    • La asistencia humanitaria israelí ante los terremotos en Venezuela y Colombia, que le ha permitido a Israel activar un nuevo campo de actuación que, al mismo tiempo, ha generado fuertes controversias en las redes sociales por su posible implicación política.

A estas variables debe añadirse una importante herramienta de soft power como es la diáspora judía en América Latina, su tejido asociacionista y su influencia política, económica y cultural principalmente en países como Argentina, Brasil y México. Se estima en aproximadamente 300.000 las personas de origen judío en América Latina.

Israel celebrará elecciones parlamentarias el próximo 27 de octubre. Si bien la legislación israelí establece que su diáspora no puede votar directamente salvo en el caso de aquellos ciudadanos con pasaporte israelí que puedan desplazarse físicamente hasta Israel para ejercer el sufragio, estas elecciones implican otro factor colateral para el proyecto israelí en la región, enfocado en la atracción de apoyos políticos a través de la diáspora judía en países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil. 

América Latina en 2026: ¿la nueva «Tierra Prometida» para Israel?

A continuación, se observarán los principales escenarios y puntos de conexión de Israel con diversos países latinoamericanos, en gran medida traducidos en una coyuntura política de cambios a nivel electoral en la región.

Argentina, Uruguay y Paraguay

Como se explicó con anterioridad, la llegada de Milei al poder implicó un giro copernicano en cuanto a las relaciones exteriores de Argentina con Israel, diametralmente opuesto al de gobiernos anteriores, especialmente durante la etapa del «kirchnerismo» (2003-2015), más proclive a la multipolaridad y las relaciones con el mundo árabe-islámico.

La afinidad política, cultural y religiosa de Milei hacia el Estado de Israel ha sido públicamente notoria, alcanzando incluso el nivel de alianza incondicional. Entre diversas medidas el mandatario anunció el cambio de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos con Israel. Esta afinidad ha llegado incluso al mundo del fútbol. Argumentando su amistad personal con Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó a manifestar públicamente su preferencia por Argentina en la final del Mundial 2026 recientemente realizada en EEUU.

En Argentina existe una población estimada de 250.000 judíos, considerada la mayor en América Latina. Desde 2023, Milei ha visitado Israel en tres ocasiones, la última en abril pasado, donde llegó a proclamar la «unión moral, espiritual y política» entre Argentina e Israel tras una reunión con Netanyahu en Jerusalén. En esa visita ambos gobiernos firmaron los denominados «Acuerdos de Isaac» en defensa de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

No obstante, la relación entre Milei e Israel ha procreado toda serie de informaciones y reacciones mediáticas y en las redes sociales, en particular ante la cada vez más activa presencia de israelíes en las regiones de la Patagonia argentina y del sur de Chile, tal y como se explicará más adelante.

Otras informaciones retratan la supuesta sintonía de Milei con la comunidad Jabab Lubavitch, una de las organizaciones y movimientos del judaísmo ortodoxo y jasídico más dinámicos e importantes del mundo creado en Rusia a finales del siglo XVIII. En algunas de sus visitas a Nueva York, Milei habría participado en actos realizados con esta comunidad.

Con menor incidencia desde el punto de vista político que el caso argentino, la presencia judía en Uruguay es igualmente importante, estimada en aproximadamente 20.000 personas.

El gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) ha mostrado su apoyo a Palestina, con importantes críticas hacia la actuación israelí en Gaza. Al mismo tiempo, Orsi ha dejado en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea, a pesar de las presiones de legisladores opositores, principalmente de partidos conservadores y de derechas, que piden retomar el vínculo.

Un reciente caso ha provocado fricciones entre los gobiernos de Uruguay e Israel a raíz de las declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, sobre la eventual detención de Netanyahu en caso de que éste pisara territorio uruguayo en cumplimiento de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Uruguay es parte.

Han sido igualmente prolíficas en las redes sociales las informaciones sobre la actuación durante las labores de rescate del terremoto en Colombia de Ronnie Kaplan, ciudadano uruguayo de origen judío, quien ha sido señalado como un supuesto propagandista del FDI, así como de presunto justificador del genocidio en Gaza.

En el caso paraguayo, el gobierno de centro derecha de Santiago Peña mantiene un nivel de firme respaldo, alianza estratégica y cooperación bilateral prioritaria con Israel, impulsando el retorno de la embajada paraguaya a la ciudad de Jerusalén. Paraguay ha promovido cumbres virtuales de alto nivel entre ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el canciller israelí Gideon Sa’ar para analizar la situación de seguridad en el Medio Oriente.

No se debe olvidar que, especialmente tras los atentados del 11-S de 2001 en EEUU, la denominada Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil fue señalada por la inteligencia estadounidense e israelí como un epicentro de actuación del grupo islamista libanés Hizbulá, aliado estratégico de Irán. Con no menos controversias, esta perspectiva ha reforzado el interés de Tel Aviv en la región.

Colombia y Venezuela

Los cambios políticos presentados en Venezuela y Colombia durante este 2026 así como la tragedia humanitaria determinada por sendos terremotos en estos países presentados entre junio y julio ha provocado una inesperada presencia israelí, en este caso a través de labores de ayuda humanitaria que igualmente ha generado críticas y controversias por una presunta implicación política por parte de Tel Aviv.

En Colombia viven aproximadamente 4.000 judíos, toda vez que Venezuela acoge una población de origen judío calculada entre 20.000 y 45.000 personas. No obstante, la llegada del «chavismo» al poder en 1999 implicó un giro geopolítico absoluto para la política exterior venezolana hacia el mundo árabe-islámico, con particular incidencia con respecto a la República Islámica de Irán y de apoyo al pueblo palestino que derivó en la práctica suspensión de relaciones diplomáticas con Israel desde 2009.

Las tensiones entre Caracas y Tel Aviv derivaron en un notable éxodo de judíos venezolanos hacia EEUU, Europa e Israel. Por su apoyo al pueblo palestino, sus críticas a Israel y su acercamiento a Irán y movimientos islamistas como el Hizbulá libanés, el Comité Judío Americano y otros centros sionistas llegaron incluso a acusar de antisemitismo al entonces presidente Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro, de conocido origen judío sefardita proveniente de emigrantes establecidos en Curazao.

En el caso colombiano, el nuevo presidente Abelardo De la Espriella reconoció inmediatamente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, disputada con Siria. Un día después de ganar las elecciones presidenciales el pasado 7 de agosto, el presidente colombiano se reunió con el embajador israelí en Bogotá toda vez que le ha otorgado a Israel un papel preferente en la ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. Así como hizo Milei, De la Espriella también anunció el cambio de la embajada colombiana a Jerusalén.

No obstante, existen fantasmas del pasado que retrotraen la implicación israelí en Colombia, particularmente desde la década de 1980 en medio del conflicto armado que vivió el país sudamericano durante varias décadas. Destaca aquí el caso del exmilitar y mercenario israelí Yair Klein, principal asesor extranjero que entrenó a los primeros grupos paramilitares en Colombia durante la década de 1980, en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) así como narcotraficantes y ganaderos. Investigaciones y sentencias del programa de Justicia y Paz han confirmado que estos entrenamientos contaron con la tolerancia y el apoyo de ciertos sectores de miembros del Ejército y oficiales colombianos de la época.

Por su parte, la caída de Maduro en Venezuela y la guerra entre EEUU e Irán han desplazado la presencia iraní en el hemisferio occidental, principalmente vía Venezuela. En este contexto, Israel ha aprovechado la situación para fijar sus piezas y ejes de transmisión en América Latina. Mientras Washington condiciona el futuro político de Venezuela prácticamente hacia un protectorado en la medida en que se trabaja en una agenda de transición política y electoral, Israel intenta recuperar terreno en este contexto de «post-chavismo» y «post-madurismo».

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina en Venezuela alertó en un comunicado sobre la «presencia de factores sionistas» en el país sudamericano. A comienzos de julio medios venezolanos e israelíes informaron sobre la decisión de Netanyahu de enviar a Venezuela a una delegación de 30 personas formadas por militares y otros especialistas para labores humanitarias tras el terremoto.

Se informó que la delegación estaba encabezada por un jefe del Estado mayor del Comando del Frente Interior, general Elad Edri, secundado por el embajador israelí para México Yoed Magen y el rabino jefe de la organización ZAKA, Yosef Garmón. De acuerdo con fuentes israelíes, la presidente encargada Delcy Rodríguez habría aprobado el plan de reconstrucción presentado por dicha delegación, con la que se reunió en Caracas tras supuestamente haber solicitado esta ayuda al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar.

Diversos colectivos sociales del «chavismo» han denunciado la inherencia israelí en Venezuela vía terremoto y la complacencia del gobierno provisional de Delcy Rodríguez. Bajo este contexto se especula con que el gobierno interino esté preparando la reapertura de las relaciones diplomáticas con Israel. En una reciente puesta en escena que refleja la distensión en las relaciones entre Caracas y Tel Aviv, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, visitó la principal sinagoga en la capital venezolana, la de la Asociación Israelita de Venezuela.

En agosto de 2026, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», visitó la sinagoga Tiféret Israel en Caracas y usó una kipá.

 

Chile

Con una comunidad judía de aproximadamente 20.000 personas, Chile también ha entrado en la órbita de influencia de Israel. En contraposición con la posición más crítica hacia Israel por parte de su predecesor de izquierdas Gabriel Boric, y tras asumir el mandato presidencial el pasado mes de marzo, el actual presidente José Antonio Kast ha iniciado un giro diplomático para acercarse a la comunidad judía y a Israel. En su gobierno, Kast cuenta con Eitan Bloch, un asesor argentino e hijo de un rabino que maneja temas internacionales

Los ecos de la presencia israelí en la Patagonia argentina también han implicado reacciones mediáticas y en redes sociales en Chile, país que comparte frontera con la Argentina. Uno de los principales ejes informativos, sin ningún tipo de confirmación oficial hasta el momento, se enfoca en que Kast presuntamente ha prometido entregar subsidios a «colonos israelíes» en la Patagonia chilena. El principal emisor de estas informaciones ha sido el medio Fast Check el cual, al no existir evidencias fehacientes sobre este tema, finalmente desmintió este contenido a través de sus redes sociales.

Perú, Ecuador y Bolivia

La región andina cuenta igualmente con notorias comunidades judías. Destaca Perú, donde viven aproximadamente 3.000 hebreos. En Ecuador no llega al millar de personas al igual que en Bolivia, principalmente asentados en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, donde habitan importantes comunidades de emigrantes provenientes de Europa del Este.

El contexto, 2026 también ha implicado un retorno de los imperativos geopolíticos israelíes en la región andina. En el caso ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa recibió al ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, poco antes del viaje de éste a Bogotá para la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. En Quito se acordaron convenios de cooperación terrorista y lazos económicos.

En Perú, tras asumir la presidencia en julio pasado, la nueva mandataria Keiko Fujimori recibió al embajador israelí en Lima, una muestra de la reorientación de las relaciones exteriores peruanas hacia el eje hemisférico «trumpista».

Como en el caso colombiano, en Perú también afloran «fantasmas del pasado» que retrotraen a la década de poder del padre de Keiko, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Sin pruebas oficiales fehacientes, pero sí prolíficas informaciones en prensa, su polémico asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, era considerado como el «hombre del Mossad» en Perú.

La lista de nombres de origen hebreo en la política peruana con supuestas conexiones con organismos de seguridad y de inteligencia israelí han sido igualmente notorias como han sido los casos de empresarios de origen israelí como el traficante de armas Moshe Rothschild Chassin y el exfuncionario de seguridad israelí Efraín «Avi» Dan On, quien estuvo a cargo de la seguridad personal del ex presidente peruano Alejandro Toledo (2000-2004) y fue vinculado a triangulaciones políticas y de seguridad con nexos en Israel.

En Bolivia, el nuevo gobierno conservador de Rodrigo Paz restableció las relaciones con Israel en noviembre de 2025 tras la ruptura acaecida en 2023 durante el gobierno de Luis Arce (Movimiento al Socialismo, MAS) por sus críticas a la tragedia de Gaza. Al igual que Chávez en 2009, el expresidente Evo Morales (MAS) rompió las relaciones con Israel por su entonces ofensiva militar en Gaza. Con Paz en la presidencia, la agencia israelí MASHAV ha entrado en el mercado boliviano a través de tecnología de purificación de agua, cooperación en áreas técnicas, agrícolas y de innovación y turismo.

No obstante, la reciente detención en Bolivia de Fernando Cerimedo por un oscuro caso de presunto intento de asesinato, ha encendido las alarmas sobre una posible conexión con Israel. Cerimedo ha sido señalado como asesor de Milei y con conexiones con el nuevo presidente colombiano De la Espriella. Cerimedo ha sido acusado de ser el presunto autor intelectual del intento de asesinato en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra de la abogada y activista política Nadia Beller, excandidata a diputada y quien fuera también su expareja.

Considerado un gurú de la nueva ultraderecha latinoamericana, Cerimedo ha impulsado corrientes sionistas y «trumpistas» a través del ecosistema mediático impulsado por su exsocio empresarial, Javier Negre, fundador de «La Derecha Diario». En Bolivia se encontró una granja de bots que emitían estos contenidos favorables a las posiciones geopolíticas israelíes y de EEUU.

América Central

La región centroamericana también posee una importante presencia israelí. Destacan Panamá, con una de las comunidades judías ashkenazíes y sefarditas más grandes y activas de la región; Costa Rica, principalmente de origen polaco; Guatemala, con aproximadamente 2.000 miembros destacando la comunidad ultraortodoxa Lev Tahor; y Honduras y El Salvador, con comunidades sefardíes y ashkenazíes.

En el caso salvadoreño destaca igualmente la presencia de comunidades palestinas, sirias y libanesas, calculadas en aproximadamente 90.000 personas. El actual presidente Nayib Bukele, de ancestros palestinos, ha mantenido una relación de normalidad con Israel incluso criticando públicamente al movimiento islamista palestino Hamás. Medios israelíes han catalogado a Bukele de «palestino proisraelí». A nivel hemisférico, Bukele también ha mostrado sintonía con Trump y Milei.

Desde el punto de vista político destaca el caso «Hondurasgate», la filtración realizada por el medio español Canal Red sobre una serie de audios que implican a figuras políticas de la derecha como el expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mandatario Nasry Asfura.

Estas filtraciones, publicadas en abril pasado, exponen un supuesto plan internacional para consolidar el poder mediante la violencia política, influir en la política hondureña y financiar ataques mediáticos contra gobiernos de izquierda en América Latina a través de la coordinación y el financiamiento del Partido Republicano de EEUU y los gobiernos de Netanyahu y Milei.

México

México es uno de los países latinoamericanos con mayor población de origen judío, calculada en aproximadamente 67.000 personas. La actual presidente Claudia Sheinbaum ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina así como fuertes críticas contra Israel por el drama humanitario en Gaza.

No obstante, es patente la normalidad en las relaciones entre México e Israel incluso en el plano militar. De acuerdo con medios mexicanos señalando fuentes de la ONU, Israel se consolida como proveedor clave de armamento en México destinado a policías y fuerzas armadas, con un aumento de 1.572 a más de siete mil unidades desde 2025.

Con todo afloran informaciones en redes sociales, no completamente confirmadas, sobre la presunta infiltración de Israel en México a través de proyectos culturales que no escapan a intereses políticos. Algunos de ellos afirman sobre la existencia de centros educativos israelíes en el Estado de Chiapas.

Pero el más relevante ha sido el caso de Ciudad Torá, un proyecto inmobiliario privado en Ixtapan de la Sal y Tonatico, en el Estado de México, aparentemente concebido desde 2021 para familias judías ortodoxas. La iniciativa, que algunas redes catalogan como la «pequeña Israel», pretende crear un espacio exclusivo de viviendas, sinagogas, escuelas religiosas (yeshivot) y comercios con alimentos kosher.

Brasil

Otro de los grandes receptores de comunidad judía, calculada en aproximadamente 130.000 personas, Brasil va a elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre con dos candidaturas clave: la del actual presidente Lula da Silva, muy crítico con Israel y conocido defensor de la causa palestina, y la de Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, otra de las figuras claves de la ultraderecha latinoamericana, simpatizante de Trump, Milei y del Estado de Israel.

La reciente presentación oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro fue personalmente saludada vía telemática por el propio Netanyahu, catalogándolo como un «amigo de Israel» y augurando su victoria electoral. Como potencia geopolítica y geoeconómica hemisférica y actor emergente en foros internacionales, Brasil es una pieza clave para los intereses de las diversas fuerzas y corrientes políticas que pujan por esferas de influencia.

Es por ello que Trump, Milei y Netanyahu se han implicado directamente en la campaña electoral brasileña en apoyo a Bolsonaro, quien no ha dudado en prometer «ampliar las relaciones con Israel» y calificar a este país como «un modelo a seguir», tal y como hizo durante su visita a Israel en 2017. Fuentes informativas brasileñas afirman igualmente que Cerimedo ha estado implicado en el financiamiento de la campaña de Bolsonaro. 

Del sueño «sionista» de Theodor Herzl al «Plan Andinia»: entre las teorías de la conspiración y la geopolítica del «nuevo Israel»

El reciente activismo israelí en América Latina ha reactivado algunas teorías e interpretaciones, algunas con sesgo conspirativo, sobre las presuntas intenciones del judaísmo internacional en torno a la región.

Destacan en este sentido las teorías del polaco León Pinsker, una de las principales voces impulsoras de lo que posteriormente fue el sionismo, y principalmente del abogado judío vienés Theodor Herzl, creador e impulsor del movimiento sionista a finales del siglo XIX, particularmente en su obra capital «El Estado Judío» (1896), donde enfoca en Palestina pero también en la Argentina la posibilidad de creación del futuro Estado de Israel; y el denominado «Plan Andinia», que data de la década de 1960 y que supone un presunto proyecto secreto para crear un segundo Estado judío en la Patagonia entre Argentina y Chile.

En su libro, Herzl plantea esta disyuntiva:

«¿Cuál elegir: Palestina o Argentina? La Society (of Jews) tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La Society reglamentará ambas cosas. La Argentina es, por naturaleza, uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado, naturalmente; habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía».

Theodor Herzl, El Estado Judío. Edición de la Organización Sionista Argentina, 2004, p. 45. (las negritas son autoría propia)

 

Un texto intitulado «El verdadero Plan Andinia y la realidad nacional» establece el germen de este proyecto en una «reunión realizada el 23 de marzo de 1969 entre judíos ashkenazíes y el rabino Gordon» en la sede del Templo Israelita en Buenos Aires donde se habló «del Plan Andinia y la República Argentina». En unos de sus párrafos se indica que «Argentina es la tierra más rica y estratégica del mundo» toda vez que establece los pasos necesarios para llevar a cabo este plan con especial énfasis en «romper todo vínculo con el Gobierno Federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal».

Ambas teorías, las de Herzl y la del Plan Andinia, vuelven a proliferar con fuerzas en las redes sociales y otros espacios del ecosistema mediático, intentando rastrear los presuntos orígenes de la reciente implicación israelí en América Latina.

Si bien es cierto que Herzl mencionó a Argentina como un sitio posible para refugiar a judíos perseguidos no existen evidencias contundentes de que se llevara a cabo un plan concebido para hacer de este país un Estado judío. El Congreso Sionista Mundial celebrado en Basilea (Suiza) en 1897 estableció a Palestina, entonces bajo dominio otomano, como el hogar nacional e histórico judío.

Por su parte, el Plan Andinia tuvo especial eco en grupos nacionalistas radicales de Argentina y de Chile. Algunas fuentes señalan a nazis que escaparon a estos países tras la II Guerra Mundial, especialmente familiares de Adolf Eichmann, el creador de la «Solución Final» refugiado en Argentina y extraditado a Israel en 1961, como sus principales propagandistas.

Se especula con que esta teoría fue esbozada por primera vez por el pequeño partido nacionalista Frente Nacional Socialista Argentino, creado por los hijos de Adolf Eichmann tras su captura en 1960 y posterior juicio. En 1971, el argentino Walter Beveraggi Allende, entusiasta difusor de ideas antisemitas y nacionalistas, volvió a introducir la conspiración en el discurso público, adaptándola a los intereses del nacionalismo antiperonista en el que militaba.

En el caso de Chile, fue el ideólogo Miguel Serrano ―con fuertes convicciones antisemitas y negacionistas del Holocausto― quien sostuvo que el supuesto «Plan Andinia» consistía en que un gobierno judío pretendía arrebatar la Patagonia a Argentina y el territorio del sur de Chile para construir allí un segundo Estado judío.

Tal y como se mencionó anteriormente, los recientes incendios en la Patagonia reactivaron estas teorías del Plan Andinia en las redes sociales, en algunos casos a través de cuentas falsas en las que se culpaban a supuestos «mochileros» israelíes como sus perpetradores.

Este contexto ha retrotraído la persistencia de diversas teorías y especulaciones, algunas incluso de carácter conspirativo, sobre las supuestas intenciones israelíes en Argentina, tal y como se analizará más adelante. Entre ellos destacan el origen de los incendios en la Patagonia observados en enero pasado, la presencia cada vez mayor de israelíes en la región, supuestamente como expedicionarios y misioneros, algunos aparentemente pertenecientes a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) e incluso las presuntas medidas de expropiación de tierras y desplazamiento de comunidades aborígenes que eventualmente favorecerían intereses comerciales israelíes.

Debe recordarse que la Patagonia es una de las regiones más remotas del mundo, con escasa densidad demográfica (2,2 habitantes por km2) y abundantes recursos naturales, en especial agua dulce en la región de los Hielos Continentales (Campo de Hielos Patagónico) entre Chile y Argentina en torno al estrecho de Magallanes. Debe precisamente destacarse que, en las últimas semanas, se ha generado un conflicto bilateral entre los gobiernos de Kast y Milei en torno a la soberanía del estrecho de Magallanes, particularmente ante la nota de protesta por parte de la Cancillería chilena por los cuestionamientos del jefe de la Fuerza Aérea argentina a la soberanía chilena del paso austral.

En redes sociales se publican documentales e informaciones sobre iniciativas ecológicas y culturales que desde 1991 se llevan a cabo en el sur de Chile a través del Proyecto Pumalín impulsado por las expediciones del empresario y ecologista estadounidense Douglas Tompkins.

Estos proyectos, que incluyeron compra y protección de grandes extensiones de tierra en un área de enorme biodiversidad, dieron lugar a la creación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, una de las áreas protegidas más extensas y biodiversas del sur de Chile, ubicada en la Provincia de PalenaRegión de Los Lagos, que abarca más de 402.000 hectáreas de bosques templados lluviosos, fiordos, montañas y volcanes.

Otras informaciones revelan la persistente actividad de jóvenes israelíes recién salidos del servicio militar que viajan anualmente a la Patagonia entre Argentina y Chile en calidad de expedicionarios y misioneros. Algunas fuentes señalan supuestas labores de reconocimiento de territorio e intereses turísticos e inmobiliarios en la región que, según reflejan estas fuentes, esconderían un proyecto oculto de ocupación territorial.

Otras fuentes argumentan la existencia de proyectos de integración cultural y turística para atraer a comunidades israelíes, realizadas por nativos locales de origen judío, señalando en este sentido el ejemplo de la Municipalidad de El Calafate, en la provincia argentina de Santa Cruz.

Todo ello ha desempolvado las teorías del Plan Andinia de creación en la Patagonia de un «nuevo Israel» y una nueva «Tierra Prometida», ahora determinado por la situación de conflicto permanente en Oriente Medio y sus implicaciones para la supervivencia del actual Estado de Israel. Algunos aducen que ciertos sectores dentro de la sociedad israelí comienzan a observar a Israel como un Estado artificial e incluso inviable, azotado por guerras permanentes en Oriente Medio y dependiente de la ayuda internacional, principalmente estadounidense.

Los nuevos equilibrios geopolíticos y militares en Oriente Medio, particularmente el reforzado papel de Turquía dentro de la OTAN, los acercamientos de Washington hacia Arabia Saudita y Turquía para equilibrar la histórica alianza con Israel y la confrontación con Irán, el pacto militar entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, los acercamientos entre Turquía y Egipto y la desarticulación de las milicias kurdas en Siria dentro del nuevo Ejército Nacional centralizado, favoreciendo así los intereses turcos y sauditas, dejan a Israel ante una situación cada vez más aislada y de dependencia del apoyo estadounidense.

Algunas fuentes señalan igualmente como factores que persuaden a Israel a buscar nuevas alianzas en América Latina el balance migratorio negativo actualmente existente en Israel, su condición de país cada vez más aislado y en minoría en Oriente Medio, y de cómo las guerras en Gaza e Irán han explotado la impopularidad hacia Israel dentro de la sociedad estadounidense y cómo ello podría influir en futuros procesos electorales y agendas políticas para Washington. El giro electoral y político hacia opciones derechistas y «trumpistas» en América Latina ha reforzado esta perspectiva israelí de volver a pisar con fuerza en la región.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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EL DOMINIO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS

César Augusto Lerena*

Mapa de la Plataforma. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/inidep/material-divulgativo/mapa-plataforma

Son de dominio de las provincias con litoral marítimo y estas ejercerán jurisdicción a los fines de su administración, exploración, explotación, investigación y conservación de los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y del mar territorial argentino adyacente a sus costas hasta las doce millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación nacional y, en los ámbitos provinciales continentales e insulares. Respecto a los recursos que migran a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) originarios del mar territorial, el Estado Nacional y las Provincias con litoral marítimo acordarán su administración, exploración, explotación, investigación y conservación.

Respecto al Artículo 3º de la Ley 24.922, éste limita «el dominio de las provincias con litoral marítimo y la jurisdicción hasta las doce millas marinas» y ello, no guarda congruencia, con lo regulado en los artículos 4º, 5º, 21º a 23º de la actual Ley 24.922 donde la Argentina reivindica sus derechos sobre los recursos migratorios más allá de las 200 millas, criterio que acompañamos y, motivo por el cual -por analogía- las provincias del litoral deberían tener derechos sobre los recursos migratorios originarios del mar territorial en la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE). En los hechos, la limitación actual ocurre porque este Régimen denominado “Federal” solo distribuye las utilidades de los derechos de captura a los Estados provinciales; pero, el manejo del recurso pesquero sigue centralizado, generando una falta de previsibilidad y de acciones unilaterales inorgánicas de las distintas empresas pesqueras, cualesquiera sean los puertos donde se encuentren radicadas. Mientras tanto, en la Argentina, el Artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y los artículos citados de la Ley 24.922 siguen siendo letra muerta y, las Autoridades de Aplicación del Estado ribereño toleran la pesca ilegal de sus recursos migratorios originarios de la ZEE, provocándole al país un gravísimo daño biológico, económico, social y laboral, además de un agravio a la soberanía nacional.

Asimismo, el rol que cumplan las provincias, con apoyo de la nación, en la producción de especies mediante acuiculturas ambientalmente sostenibles en la jurisdicción provincial continental, insular o en el mar territorial, es central para aumentar la producción nacional, el desarrollo regional, incrementar el empleo y mejorar la dieta de los argentinos.

Por otra parte, son de dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y de la Plataforma Continental Argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo 3º de la Ley 24.922 y de los que, con origen en la ZEE, migran más allá de las 200 millas a alta mar. La Argentina, en su condición de Estado ribereño, debe adoptar todas las medidas necesarias para la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que, estando en alta mar, se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, fomentando e incentivando la pesca nacional en alta mar y acordando con los Estados de pabellón que capturen las referidas especies en alta mar. Las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina capturadas en alta mar debieran ser consideradas de origen argentino a los fines de su comercialización en el mercado nacional e internacional, siéndoles aplicables a todos los efectos la legislación vigente. Ello, no debiera impedir al gobierno de establecer incentivos a las empresas radicadas en la Argentina que pesquen en alta mar.

Respecto a los artículos 3º y 4º de la Ley 24.922 indicamos: el Artículo 4º por una parte precisa que “Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas (…) La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina”. Y aquí observamos, la utilización del término “altamente migratorio” sobre el cual la CONVEMAR no define esta terminología y, conforme lo que se indica en el Anexo I de la CONVEMAR, no existen especies altamente migratorias argentinas, por lo tanto, su sola mención en este artículo es un grave error, porque el referido Anexo deja afuera a especies que son “migratorias” originarias de la ZEE o del mar territorial, como es el caso del langostino (Pleoticus muelleri), el calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius hubbsi), por citar como ejemplo, a las tres especies más importantes de la Argentina. Las dos últimas, además de migrar a alta mar también lo hacen al área de Malvinas ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) y, por lo tanto, es necesario que el Estado ribereño no solo tome “medidas de conservación” más allá de las 200 millas marinas, sino también de explotación y administración, mediante acuerdos con los Estados de pabellón que pescan en alta mar, como indica el artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR: «La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar, así como el uso de métodos y artes de pesca.

El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».

Si bien hay muchas razones para considerar esta actividad como “Pesca Ilegal” en alta mar, dos hechos son suficientes para tipificarla así: Cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón (o los países de origen) y si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta sin acuerdo con el Estado ribereño. Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas.

Los efectos de la sobrepesca ya se conocen desde la Gran Feria de la Pesca en Londres de 1883 y, Weber en 1994 considera la sobrepesca como «el producto de una deficiente administración del recurso» que, pese a la evidencia acumulada durante 130 años de investigación científica, la industria pesquera y los administradores no terminan de entender, que los recursos pesqueros son renovables, pero agotables, si no se los administra adecuadamente y, no hacerlo, significa no tener bajo control el conjunto del ecosistema: el medio marino y los recursos vivos del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y alta mar.

La Ley de Pesca Nº 25.977 del 7/12/1992 de Perú está en sintonía con la necesidad de que los Estados ribereños administren los recursos migratorios en alta mar y, en su artículo 7º indica que «Las normas adoptadas por el Estado para asegurar la conservación y racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales, podrán aplicarse más allá de las 200 millas marinas, a aquellos recursos multizonales que migran hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de reproducción o crianza. El Perú propiciará la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales a fin de procurar el cumplimiento de tales normas por otros Estados, con sujeción a los principios de la pesca responsable», definiendo la pertenencia de los recursos migratorios cuando proceden de la jurisdicción nacional y la necesidad de intervenir.

También Brasil en el Artículo 3º del Decreto 4.810 del 19/08/2003, al referirse a las especies altamente migratorias y aquellas que se encuentren subexplotadas o inexplotadas, indica que corresponderá autorizar y establecer medidas que permitan el uso adecuado, racional y conveniente de estos recursos pesqueros; entendiendo la protección especial que hay que realizar cuando las especies son migratorias para asegurar la sostenibilidad.

Asimismo Chile, por la Ley 19.079, Art.1º, Nº 154 establece, que se podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la ZEE y en alta mar, pudiendo prohibir o regular el desembarque de capturas o productos derivados, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas y, lo dispuesto indica, que podrá hacerse extensivo respecto de las especies altamente migratorias, que realicen naves que afectan los recursos pesqueros del país.

Por su parte Colombia, en el Artículo 33º de la Ley 13 del 15 de enero de 1990 impide en el mar territorial y la ZEE el uso de buques procesadores o factorías. Ello no solo alienta la generación de empleo en las plantas en tierra, sino que también promueve que los grandes buques procesadores de bandera colombiana capturen en alta mar y compitan con los buques extranjeros en ese ámbito, extrayendo los recursos migratorios originarios de la ZEE.

Del mismo modo Ecuador, en el Artículo 4º de Ley Orgánica de la Acuicultura y Pesca prioridad prioriza «el Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) donde la preferencia es el ecosistema en lugar de la especie objetivo, incluyendo las interdependencias ecológicas entre las especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad», es decir, atendiendo integralmente a las especies en todo su ámbito migratorio e, incluso, a las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica. Y, en el Artículo 9º precisa que «las normas adoptadas en aguas jurisdiccionales se aplicarán también en la zona adyacente a la ZEE, para proteger a las especies transzonales y altamente migratorias y asociados.

También Honduras, en el Artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 106-2015) indica que la ley es aplicable en «los espacios terrestres y marítimos del territorio nacional, en los espacios de alta mar donde el Estado de Honduras ostente derechos»; que si bien no se precisan debería estarse refiriendo a la administración de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.

Por su parte Panamá en el Artículo 8º de la Ley de Pesca Decreto Nº 204 (18/3/2021), al igual que Ecuador, plantea un Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) que obliga a prestar mucha atención a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, para asegurar el enfoque ecosistémico que plantea, ya que no se puede asegurar la parte, sino se asegura el todo y viceversa.

Asimismo, la República Dominicana en su Ley de Pesca 307-04 (2004) entiende «que es deber del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos acuáticos y, prestar especial atención también a los aspectos relativos a la gestión integrada de las zonas costeras y la interconexión de estos con los transfronterizos.

Finalmente, Venezuela, en el Artículo 63º de la Ley de Pesca y Acuicultura (08/07/2003) indica que «propenderá a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios aplicables en la materia con los países de la región, en particular en lo que se refiere al manejo de los organismos altamente migratorios y de los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella.

No impedir la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina es no administrar el Atlántico Suroccidental. No hacerlo, es relegar nuestra soberanía política, económica, alimentaria y social y, favorecer la consolidación del Reino Unido en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, el control británico de la parte meridional del Atlántico Sur, los accesos a los Océanos Pacífico e Indico, su proyección a la Antártida y, la ocupación o disputa, por parte de este país, de 5.497.178 km2 de territorio argentino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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