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VENEZUELA MÁS ALLÁ DE UNA PREMIO NOBEL

Roberto Mansilla Blanco*

El Premio Nobel 2025 que este 10 de diciembre se otorga a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de tensiones militares y geopolíticas entre EEUU y Venezuela, supone un momento propicio para ofrecer algunas pinceladas a modo de interpretación retrospectiva sobre lo que ha sido Venezuela en su breve historia republicana iniciada en 1830 hasta nuestros días.

  1. Caudillismo y militarismo antes que democracia

Entre 1830 y 1958 predominó en el poder en Venezuela el caudillismo a través de líderes militares que habían tenido un papel importante en la guerra de independencia. Al mismo tiempo se crearon oligarquías básicamente terratenientes con influencia en el poder político.  

Las tensiones políticas entre liberales y conservadores no estuvieron exentas (Guerra Federal entre 1861 y1865) combinado con períodos que cabe catalogar de «despotismo ilustrado» durante la etapa de gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-1880) Este predominio de caudillos militares, la mayor parte de ellos provenientes de las regiones andinas venezolanas, durante el período 1899-1958 fortaleció el peso del militarismo en la política venezolana, determinado por la creación en 1911 de la Fuerza Armada Venezolana como ente profesional.

Tras la prolongada dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) el país experimentó una incipiente apertura entre 1936 y 1948, que dio paso a la creación de diversos partidos políticos (Acción Democrática, COPEI, URD, Partido Comunista de Venezuela, entre otros) que definieron la vida política nacional hacia la segunda mitad del siglo XX. Gobiernos militares aperturistas (Isaías Medina Angarita) dieron paso a la primera experiencia democrática con el denominado trienio «adeco» (1945-1948) con Acción Democrática en el poder y la breve presidencia del célebre escritor Rómulo Gallegos, autor de la novela «Doña Bárbara», quien posteriormente fue depuesto por la Junta Militar (1948-1958), principalmente dirigida a partir de 1952 por Marcos Pérez Jiménez.

La caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 permitió el retorno de las experiencias aperturistas y democráticas en una transición dirigida por el Almirante Wolfgang Larrazábal hasta la asunción de la denominada democracia pactada por las elites políticas a través del Pacto de Punto Fijo entre 1958 y 1961. No obstante, durante la década de 1960, Venezuela también experimentó episodios de violencia golpista y de insurgencia guerrillera de carácter guevarista, inspirada en la Revolución Cubana.

El Pacto de Punto Fijo amparó un sistema de Democracia «consensuada» básicamente de carácter bipartidista entre AD y COPEI y cuya vigencia perduró hasta 1998. El denominado «puntofijismo» sirvió de referencia para los Pactos de La Moncloa en España que llevaron a la transición a partir 1977. Este bipartidismo «puntofjiista» determinó durante casi tres décadas (1961-1999) un sistema de notable estabilidad política amparada en riqueza petrolera

1.1. El «chavismo» como simbiosis de un modelo «populista-militarista»

La inercia del sistema bipartidista excesivamente atado a la evolución de los precios del petróleo y las crisis financieras («Viernes Negro» de 1983) implicó un quiebre de confianza entre el Estado y la Sociedad que se verificó con el levantamiento popular («Caracazo») a partir de 1989. El país entra en una espiral de inestabilidad política determinados por dos intentos insurrección militar (1992), el primero de ellos dirigido por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías; y la remoción del cargo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1993 por corrupción administrativa.

De este modo, las bases que en su momento fortalecieron la solidez del bipartidismo «puntofijista» comenzaron a resquebrajarse. El momento clave fueron las elecciones presidenciales de 1998, en las que triunfó (56% de los votos) la vía alternativa y rupturista con el modelo del «puntofijismo» y del bipartidismo contenida en la opción electoral de Hugo Chávez bajo el Movimiento V República. Su propuesta implicaba una pretensión constituyente original que dio paso a la refundación de los poderes públicos vía nueva Constitución (1999) elegida democráticamente y que, entre otras modalidades, cambió el nombre oficial del país por el de República Bolivariana de Venezuela, haciendo honor así al líder de la independencia venezolana, Simón Bolívar.

Bajo un inédito modelo de «democracia popular» con referencias ideológicas «bolivarianas» y de izquierdas («Socialismo del Siglo XXI» a partir de 2005) con la pretensión de crear un Estado Comunal, Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han procreado un giro autoritario a la política venezolana. El «chavismo» ha tenido un fuerte arraigo en las clases populares, aspecto que le ha permitido mantenerse en el poder por diversas convocatorias electorales, si bien algunas de ellas denunciadas por la oposición como presuntamente ilegítimas.

No obstante, el «chavismo» ha retrotraído a la política venezolana dos factores permanentes durante el siglo XXI: el caudillismo y el militarismo, ahora amparado por la apertura de canales de participación política y popular. Los militares han regresado a la política venezolana permitiendo no sólo su participación electoral sino también política. Ello determinó igualmente una evidente verticalidad del poder con escaso aprecio por los contrapesos institucionales, lo cual ha generado una constante polarización sociopolítica y, en ocasiones, de crisis permanente de representatividad política.

Con el chavismo, Venezuela asumió una experiencia de carácter populista-militarista que ya habían experimentado otros países latinoamericanos (Perón en Argentina; Perú con Velasco Alvarado; Panamá con Omar Torrijos) En el marco del análisis político, el «chavismo» ha sido académicamente definido dentro de la categoría de «regímenes iliberales» (Fareed Zakaria, Marina Ottaway).

Por otro lado, Chávez ha mostrado una vocación internacionalista y de influencia geopolítica con la pretensión de impulsar cambios en los tradicionales equilibrios geopolíticos venezolanos. Se pasó así de una relación estratégica con EEUU a la concreción de bloques rupturistas a través de alianzas con Cuba, China, Rusia, Irán, movimientos islamistas, indigenistas, izquierdistas, antiglobalización, altermundialistas, progresistas, entre otros.

  1. Petróleo y poder en Venezuela

Gracias al petróleo, Venezuela pasó a ser un país periférico durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX a lograr insertarse en los mercados internacionales con un determinado peso geoestratégico. Esta condición se vio especialmente definida a partir de 1942, cuando Venezuela comenzó a emerger como un actor energético de importancia y un surtidor petrolero vital para el esfuerzo bélico de EEUU y los aliados en la II Guerra Mundial.

Definida así una orientación geopolítica «atlantista» cabe destacar la neutralidad diplomática venezolana que le ha permitido convertirse en un actor versátil en diversos foros internacionales independientemente de su condición ideológica y política. Así lo ha sido en sus actuaciones desde mediados del siglo XX a través del Movimiento de los No Alineados, la visión del «tercermundismo» y su vocación de integración hemisférica.

2.1. La «Venezuela saudita»: un «Estado mágico» lastrado por las crisis

Como se mencionó al principio, Venezuela experimentó entre 1830 y 1940 la transición de una economía agropecuaria, principalmente basada en la producción de café y cacao, a una economía rentista petrolera. En 1926, por primera vez las exportaciones de petróleo superaron a las de café y cacao.

Hasta la asunción del petróleo como motor del desarrollo, Venezuela mantuvo la condición de economía periférica dentro de la puja de poder por parte de las grandes potencias industriales (EEUU, Europa) por controlar mercados de materias primas. De este modo, Venezuela no tenía un modelo de desarrollo propio similar al de países como México, Brasil o Argentina, con industrias más desarrolladas conectadas a los grandes mercados internacionales.

En un período muy breve de tiempo (1940-1970), Venezuela se transformó de un país agrario y rural a uno urbano y petrolero, lo cual generó desajustes y disparidad de desarrollo socioeconómico urbano-rural ante el éxodo hacia las ciudades. Esto provocó un sobredimensionamiento urbano, dificultades en la planificación de viviendas y marginalización social que progresivamente fue procreando niveles de inseguridad ciudadana.

Venezuela fue, junto con Arabia Saudita, miembro fundador en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta condición verificó el enorme peso que tiene el sector petrolero en la economía venezolana: a pesar de las recientes crisis económicas y de la caída en la producción en los últimos años, para abril de 2025, el sector petrolero representaba aproximadamente el 15% del PIB venezolano.

Aunque esta cifra ha fluctuado históricamente el petróleo sigue siendo el principal generador de divisas para el país, contribuyendo con alrededor del 95% de los ingresos, entre los que destacan igualmente otros sectores derivados como petroquímica y el gas natural, además de la minería. Las exportaciones petroleras constituyen alrededor del 80% de las exportaciones totales de Venezuela. El petróleo financia aproximadamente el 49% del presupuesto nacional.

El imaginario social y cultural venezolano le ha otorgado al petróleo, coloquialmente identificado como el «oro negro», un carácter mítico y mágico como herramienta de progreso y desarrollo, una especie de «El Dorado» de desarrollo que anuncia un futuro esperanzador. Esa idealización de la «Venezuela saudita» ha estado presente en diversos momentos de la realidad política y socioeconómica venezolana, aunque las crisis económicas y la polarización sociopolítica de las últimas décadas ha condicionado esta visión idealista.

Si bien no se debe descartar que otros factores como las sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea desde 2014 y la salida de algunas empresas petroleras han afectado la producción, la recuperación económica del país sigue ligada a este sector.  Pero esta realidad no ha escapado a las alteraciones no sólo del mercado sino de la evolución productiva venezolana: En 1999, Venezuela producía 3,5 millones barriles diarios (b/d). Para 2025, esta cifra está en 900.000 b/d. Esto supone un colapso del 74% de su producción, un factor que se puede explicar a priori por errores de planificación estratégica, escasez de inversiones en infraestructuras, corrupción administrativa y sanciones exteriores.

La Plataforma Deltana, unos 233 km esparcidos en el Delta del río Orinoco, otorga a Venezuela la condición de ser el país con mayores reservas de petróleo probadas a nivel mundial (304.000 millones de barriles) Una tabla comparativa de reservas realizada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) indica que Venezuela lidera esta clasificación con 925 años de reserva de crudo, muy por encima de otros grandes productores como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia y Nigeria, entre otros.

La excesiva dependencia del petróleo ha generado una escasa diversificación de la productividad económica en Venezuela.  A esto debe sumarse la crónica preponderancia de las importaciones, principalmente bienes de lujo, lo cual suele crear desajustes en la balanza de pagos y frecuentes devaluaciones monetarias. En las últimas décadas, la economía venezolana ha experimentado índices de hiperinflación que denotan la atrofia de un Estado sobredimensionado por el gasto público, lo cual ha motivado a que una antaño sólida clase media con notable poder adquisitivo experimentara un progresivo declive ante las constantes crisis económicas.

El desaparecido académico venezolano Fernando Coronil formuló la noción del «Estado mágico», como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». La aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado «petrolero» como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso

Con la Revolución Bolivariana, Venezuela ha reforzado esta condición de Estado rentista petrolero. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre «Petro-Estado» y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo XX, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo XXI», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El «Petro-Estado» se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo».

El «chavismo» ha recreado la aspiración de redistribución de la riqueza petrolera entre las clases populares, reforzando la naturaleza del «Petro-Estado» rentista y asistencialista que genera riqueza y ascenso social gracias al petróleo. Esto ha profundizado aún más prácticas de poder cada vez más estructurales como el clientelismo.

  1. De recibir inmigrantes a procrear emigrantes

Desde 1950, el acelerado crecimiento económico y la modernización urbana de Venezuela atrajo a una prolífica inmigración, principalmente europea pero también latinoamericana, asiática y africana, un factor que ha redibujado el mosaico étnico, racial y cultural venezolano.

No obstante, las crisis políticas y económicas a partir de 2000 han configurado una nueva realidad: de ser un país receptor de inmigrantes, Venezuela fue progresivamente convirtiéndose en un país emisor de emigrantes.

Venezuela alberga 28,1 millones de habitantes (2024). Cifras de ACNUR y del Observatorio de la Diáspora Venezolana estiman que entre 7.9 y 9.1 millones de venezolanos han emigrado de Venezuela en los últimos años, buscando protección y mejores condiciones de vida. La mayoría de estos emigrantes venezolanos se han instalado en Colombia, Brasil, España, Portugal, Italia y EEUU.

La emigración venezolana alcanza aproximadamente el 28% de la población total venezolana, una franja etaria entre los 18 y 55 años. De este modo, la emigración venezolana se ha convertido en uno de los problemas humanitarios más acuciantes a nivel mundial, incluso comparado en magnitud con otras crisis provocadas por conflictos bélicos como son los casos de los refugiados sirios (2015) y ucranianos (desde 2022)

Al mismo tiempo, la emigración ha definido la configuración de una diáspora venezolana en todos los continentes, con redes de asociaciones en el exterior. Toda vez su naturaleza define una determinada posición política, principalmente contraria al «chavismo», la diáspora venezolana se asume igualmente como un activo importante con capacidad de interlocución para el desarrollo socioeconómico y el futuro del país.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Bibliografía recomendada

Arturo Uslar Pietri. «Sembrar el petróleo», editorial en el diario Ahora, 14 de julio de 1936.

Fernando Coronil. El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (1989)

John V. Lombardi. Venezuela: la búsqueda del orden; el sueño del progreso, Editorial Crítica, 1982.

Rómulo Betancourt. Venezuela. Política y Petróleo (1948).

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ESTADOS UNIDOS REAVIVA LA POLÍTICA DEL «GRAN GARROTE»: ATAQUES EN EL CARIBE Y LA SOMBRA DEL INTERVENCIONISMO

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Especial para SAEEG, Análisis Internacional – Octubre 2025

 

En las últimas semanas, el mar Caribe ha vuelto a ser escenario de tensión geopolítica y controversia internacional. Estados Unidos ha lanzado al menos una decena de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo la justificación de operaciones antinarcóticos y en defensa de la «seguridad hemisférica». Sin embargo, los hechos recientes —que dejaron cuatro muertos en un ataque en aguas del Caribe (1) y catorce más en el Pacífico oriental (2)— reavivan una pregunta crucial: ¿está Washington actuando dentro de la legalidad internacional o estamos ante una reedición del intervencionismo imperial de la doctrina del «Gran Garrote»?

La doctrina del «Gran Garrote»: diplomacia y fuerza

A comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt consolidó la estrategia conocida como Big Stick Policy («política del gran garrote»), una doctrina que combinaba diplomacia con la amenaza del uso de la fuerza militar. Su principio rector, sintetizado en la frase «habla suavemente y lleva un gran garrote», justificaba la intervención estadounidense en América Latina y el Caribe para «restablecer el orden» o proteger los intereses nacionales, en especial los recursos naturales estratégicos.

Más de un siglo después, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth parece resucitar aquel principio. En una serie de declaraciones y videos oficiales publicados entre septiembre y octubre de 2025, confirmó los bombardeos contra supuestas «narcolanchas» venezolanas, amparándose en «información de inteligencia clasificada» (3). Sin embargo, los ataques ocurrieron en aguas jurisdiccionales venezolanas o internacionales, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y fuera de un contexto de conflicto armado declarado.

El marco jurídico internacional: límites y violaciones

La Carta de las Naciones Unidas (4) establece, en su artículo 2 inciso 4, la prohibición expresa del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa (artículo 51) o por mandato del Consejo de Seguridad. De igual manera, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (5), determina que las aguas internacionales no pueden ser escenario de operaciones militares ofensivas, salvo bajo acuerdos multilaterales o con fines de seguridad colectiva.

En ninguno de los comunicados del Pentágono se ha acreditado una situación de legítima defensa o una autorización internacional que justifique las acciones. Si bien Washington argumenta que las embarcaciones estaban involucradas en narcotráfico, esta motivación no habilita legalmente el uso letal de la fuerza militar contra objetivos no beligerantes, máxime cuando los ataques dejan un saldo de más de cincuenta muertos desde 2024 (2).

De confirmarse que las lanchas atacadas pertenecían a civiles o pescadores venezolanos, o que los operativos se realizaron sin mediación judicial internacional, podrían configurarse crímenes de guerra o violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, tipificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (6) y los Convenios de Ginebra (7).

Intereses estratégicos: petróleo, oro y control marítimo

El Caribe y el litoral venezolano son zonas de alto valor geoestratégico. La región concentra importantes rutas de tráfico marítimo y, bajo su plataforma continental, yacen yacimientos de petróleo y oro que han atraído históricamente la atención de potencias extranjeras.

Analistas señalan que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en Medio Oriente y África —tras la consolidación de alianzas energéticas entre China, Rusia e Irán— habría impulsado a Washington a reorientar su estrategia hacia América Latina, reeditando un modelo de control preventivo sobre recursos estratégicos. En este marco, Venezuela, con sus reservas petroleras y su alineación con Moscú y Pekín, se ha convertido en un punto de fricción clave.

Un nuevo escenario de militarización regional

Los ataques navales de 2025 podrían marcar un punto de inflexión en la seguridad hemisférica. América Latina, históricamente declarada «zona de paz» por la CELAC (2014), enfrenta hoy una creciente militarización marítima, donde las fronteras del narcotráfico sirven de excusa para la proyección del poder estadounidense.

La falta de pronunciamientos contundentes por parte de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) refuerza la percepción de impunidad, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que otras potencias extranjeras intervengan en apoyo a Caracas, profundizando la inestabilidad regional.

Reflexión final: del Caribe al tablero global

Lo que comenzó con la narrativa de una «guerra contra el narcotráfico» podría derivar en una crisis de legitimidad internacional para Estados Unidos. En nombre de la seguridad y la lucha contra el crimen, Washington parece haber reactivado una vieja lógica de dominación: la del garrote que habla más fuerte que la diplomacia.

El mar Caribe, antaño testigo de invasiones y bloqueos, vuelve a ser hoy un espejo de las tensiones globales, donde el poder, la soberanía y los recursos naturales se disputan a golpe de misil.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

(1)- DW. (2025, 3 de octubre). Cuatro muertos en nuevo ataque de EE.UU. contra lancha. Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/cuatro-muertos-en-nuevo-ataque-de-eeuu-contra-lancha/a-74232728

(2)- RTVE. (2025, 28 de octubre). Estados Unidos mata a 14 supuestos narcotraficantes en ataques contra tres narcolanchas en el Pacífico Oriental. RTVE Noticias. https://www.rtve.es/noticias/20251028/estados-unidos-mata-14-narcotraficantes-ataque-narcolanchas-pacifico-oriental/16790353.shtml

(3)- Ventas, L. (2025, 17 de septiembre). ¿Son legales los ataques de EE.UU. contra embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales? BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c147k3d80pno

(4)- Carta de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/un-charter

(5)- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf

(6)- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma. Naciones Unidas. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

(7)- Convenios de Ginebra. (1949). Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra-y-sus-comentarios

 

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VENEZUELA: EL PACTO DE LAS ELITES

Roberto Mansilla Blanco*

Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional como fraudulentas, se abordan varias interrogantes sobre la realidad venezolana: ¿cómo y por qué se mantiene Nicolás Maduro en el poder?; ¿se ha consolidado una nueva estructura de poder en Caracas?; las recientes presiones externas, principalmente desde EEUU, ¿adquirirán la dimensión de una invasión militar similar a la ocurrida en Panamá en 1989?

El contexto venezolano parece demostrar una nueva realidad. Pese a las presiones y sanciones desde el exterior, principalmente por parte de EEUU, es perceptible que se está afianzando una nueva estructura de poder en Caracas conformada por diversas elites políticas, económicas y burocráticas obligadas a entenderse.

La nueva realidad: «despolitización» por «estabilidad»

Esta estructura de poder de naturaleza tecnócrata pero con aspiraciones oligárquicas ha demostrado igualmente su capacidad de elasticidad y resiliencia, propiciando el «pacto inter pares» entre viejas y nuevas elites que se han erigido durante más de dos décadas de «revolución bolivariana y socialista». El vocabulario popular en Venezuela identifica a estas elites como la «boliburguesía».

Entre sus objetivos parece establecerse uno especialmente estratégico: despolitizar a la sociedad venezolana con la finalidad de reducir los canales de polarización y de radicalización en aras de garantizar un clima de estabilidad que permita propiciar la recuperación económica y la normalización de la vida política que, en el fondo, se traduce en una «domesticación» de los sectores opositores más radicales.

Las elecciones ya no son un termómetro definitivo para medir la realidad política venezolana ya que, a base de coerción y sanciones contra candidaturas disidentes y negociaciones con diversos sectores políticos opositores, han pasado a ser un mero apéndice instrumentalizado para barnizar la legitimidad del régimen «madurista».

Un sector de la oposición ha entrado en el juego político y electoral de Maduro participando en estos comicios bajo la perspectiva de normalizar la situación política, muy polarizada en los últimos años ante los distintos pulsos por la legitimidad del poder, en especial durante lo que se denominó coloquialmente como el «interinato presidencial» de Juan Guaidó (2019-2022) que, a pesar de que en su momento contó con un elevado reconocimiento internacional (aproximadamente unos 60 países incluyendo la primera presidencia de Donald Trump) terminó por recrear una ficción de bicefalia de poder en su pulso contra Maduro, ocasionando una progresiva erosión e incluso deslegitimación de las estrategias políticas opositoras.

Los recientes comicios municipales del pasado 27 de julio han confirmado este diagnóstico sobre la “nueva realidad de poder” en Venezuela, con un arrase vencedor del 85% de candidaturas “maduristas” en las 335 alcaldías nacionales. La baja participación electoral (abstención del 69%) reafirma igualmente el desencanto y el desinterés ciudadano por la contienda política ante el ventajismo oficialista y la configuración de nuevas elites de poder menos proclives a la confrontación política.

De este modo, la líder opositora María Corina Machado se encuentra cada vez más aislada y con menos margen de maniobra política, al igual que el líder en el exilio y candidato opositor contra Maduro en 2024, Edmundo González Urrutia, reconocido por una veintena de países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

No obstante, y a pesar de las estrategias de «normalización» y de «estabilidad», en Venezuela siguen existiendo presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, con cifras actualizadas este 18 de agosto de 2025, existen en este momento 815 presos políticos en el país, de los cuales 169 son militares, 98 mujeres y 4 adolescentes. Recientemente fueron liberados unos 57 presos políticos. El régimen «madurista» utiliza las medidas de excarcelación y de encarcelamiento de nuevos dirigentes políticos, estudiantiles y vecinales como una estrategia de coerción y de disuasión política con similitudes con otros regímenes como el cubano.

La elevada cifra de militares puede igualmente intuir un proceso de preventiva purga interna dentro de la FANB, cuya estructura de mando fue renovada tras los ascensos militares de julio pasado. En medio de presiones exteriores ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y bandas criminales, en estos ascensos se reforzó el poder del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014 siendo hasta ahora el ministro de Defensa con mayor duración en el cargo en la historia contemporánea de Venezuela, así como de altos mandos fieles al régimen.

Consciente del apoyo mayoritario de los cuadros militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), probablemente el principal actor de poder en Caracas con un elevado nivel de capacidad coercitiva a través de los organismos de seguridad estatales (SEBIN, FAES, GNB), el «madurismo» ha apostado por la desideologización, tomando distancia del frenesí ideológico predominante durante el mandato del presidente Hugo Chávez (1999-2013)

Incluso la familia Chávez y otros líderes «chavistas» ha sido preventivamente apartados del centro de poder, desplazada por el predominio del «triunvirato» conformado por el matrimonio presidencial de Maduro y Cilia Flores (la «Primera Dama Combatiente»); los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y el siempre omnipotente Diosdado Cabello, un ex militar que controla grandes porciones de poder en la FANB, la burocracia del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las elites económicas «boliburguesas» e incluso algunos medios de comunicación, en especial el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde tiene un programa propio, «Con el Mazo Dando».

Por otro lado, los datos económicos parecen demostrar avances en aras de propiciar la estabilización. Si bien fuentes privadas cuestionan los índices oficiales, el gobierno reportó un crecimiento del 7,1% del PIB para el primer semestre de 2025, elevando esas expectativas al 9% para final de año, gracias a la recuperación de la industria petrolera (producción de 1,1 millones de barriles diarios) y la minería. De acuerdo con datos del gobierno, Venezuela ha experimentado 17 períodos consecutivos de crecimiento económico, aparentemente dejando atrás las dificultades acaecidas durante el período 2015-2019. El turismo también ha recuperado ciertos niveles de productividad.

No obstante, la inflación se prevé que terminará en un 200% este año. Se estima igualmente que las remesas desde la diáspora disminuirán este 2025, afectando un importante flujo de divisas. Aquí juega un papel clave la recuperación económica, que ha permitido el regreso de diversos emigrantes; y las políticas antiinmigración en diversos países, especialmente EEUU.

Trump y la presunta «invasión»: ¿farol o disuasión preventiva?

Pero las presiones exteriores siguen su curso. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la cabeza de Maduro acusándolo de liderar una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles.

Mientras avanzaba en la cumbre en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó la realización de ejercicios navales militares en el Caribe en una operación oficialmente definida como «antiterrorista y antinarcotráfico». Trump apuntó contra cinco carteles de la droga y dos grupos criminales de carácter transnacional: la salvadoreña Mara Salvatrucha y el venezolano Tren de Aragua.

El mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva contra el régimen de Maduro ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han llegado a miles de venezolanos residentes en EEUU.

Ante los ejercicios navales estadounidenses en el Caribe, Maduro ha respondido anunciando la movilización a más de cuatro millones de reservistas, lo que igualmente puede interpretarse como una estrategia de legitimación y de «unidad nacional» pero también de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.

Estas estrategias estadounidenses de ejercicios navales en el Caribe han explotado hasta la saciedad diversas comparaciones con acciones del pasado como la invasión a Panamá de 1989 o las de Haití en 1994 y 2004. Pero la Venezuela de 2025 choca con otra realidad: una es la operatividad en el terreno, ya que Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla antillana como Haití sino que forma parte de la masa continental, lo cual requiere una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco, más allá de posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases en el Caribe. Por otro lado, Washington necesitaría de aliados internos poderosos en Venezuela, con especial influencia dentro de la FANB, para acometer una eventual invasión que derroque a Maduro.

Otro factor tiene que ver con los apoyos externos de Maduro (Rusia, China, Irán), que tienen también sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela pero que, en caso de una invasión liderada por EEUU, es probable que no cuenten con la capacidad operativa para asistir a su aliado venezolano más allá de las consecuentes protestas diplomáticas ante los foros internacionales en caso de una hipotética invasión militar estadounidense.

Si bien se habla de la presencia del Grupo Wagner en Venezuela así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, su capacidad de defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Popular Bolivariana no parece ser tan contundente a la hora de repeler una tentativa de invasión exterior. La crisis de Oriente Medio, particularmente el enfrentamiento entre Israel e Irán, también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes.

Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses de una eventual invasión. Un enfoque similar podría adoptar otro gobierno de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil. En el caso colombiano, convulsionado políticamente tras la muerte del político Luis Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado, los ejercicios navales estadounidenses argumentando la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también suponen un motivo de preocupación para el gobierno de Petro, aliado de Maduro.

Así mismo, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental.

Como un émulo de su guerra arancelaria contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo y preventivo contra Maduro. Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso, donde Trump cuenta con mayoría. Por otro lado, las crisis de Ucrania y Oriente Medio (Gaza e Irán) ocupan mayor atención en Washington aunque las mismas están indirectamente ligadas al caso venezolano, tomando en cuenta las alianzas exteriores de Maduro.

En el caso venezolano, Trump parece más bien interesado en asegurar con Maduro canales de negociación para la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU así como concesiones para el retorno de operaciones a Venezuela de multinacionales como Chevron y posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas. Por otra parte, Maduro ansía alcanzar algún nivel de reconocimiento por parte de Washington, factor que puede propiciar algunos canales de entendimiento con Trump a pesar de las coercitivas presiones exteriores.

En cuanto al contexto hemisférico, la Venezuela de Maduro ha perdido peso protagónico geopolítico incluso fragmentando sus apoyos en el espacio de las izquierdas. El avance de la derecha a nivel continental en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores para un Maduro que, no obstante, aún cuenta con el respaldo de aliados fieles como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia.

En términos migratorios y de extensión de redes delictivas venezolanas hacia otros países (principalmente el ya mencionado Tren de Aragua), la crisis venezolana se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad hemisférica, un factor que muy probablemente se acentuará si detrás de la reciente presencia naval estadounidense en el Caribe se esconde algún tipo de iniciativa de intervención militar y política directa en los asuntos venezolanos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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