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EL LADO CLARO (PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y AHORRISTAS) Y EL LADO OSCURO (MONEDA VIRTUAL) DE LA SITUACIÓN EN ITALIA TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Julien Tromeur en Pixabay

Con el fin de evaluar el impacto de la pandemia que azota a Italia desde principios de 2020, creo que deberíamos examinar el cuidadoso análisis realizado por la Comisión Nacional de Empresas Cotizadas y Bolsa de Valores (Consob) en su informe sobre el año 2020.

2020 fue uno de los peores años para Italia en términos económicos y sociales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de experimentar una caída significativa del PIB, el país ha estado avanzando hacia la recuperación económica desde la segunda mitad del año y, más marcadamente, en los primeros meses de 2021, y está mostrando su propia voluntad de abordar los problemas no resueltos, aprovechando también el cambio en la actitud de la política fiscal de la UE, que es una base necesaria para la cohesión entre los Estados miembros.

Los resultados de 2020 confirmaron la evaluación de que el ahorro y las exportaciones son los dos pilares de la fortaleza económica y social del país. La protección del ahorro por parte de las instituciones públicas sigue reglas que han sido probadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo. No obstante, deben actualizarse a la luz de las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. La protección más sólida, sin embargo, sigue siendo su anclaje a la actividad real, cuyo progreso está determinado en Italia por los resultados de exportación. Por otro lado, el consumo privado y el gasto público muestran que no tienen el impulso que tienen en otras grandes economías mundiales.

Uno de los pocos aspectos positivos que se desprenden del informe es que la tasa de ahorro de los hogares italianos en comparación con su renta disponible creció un 50% en 2020. Excluyendo los ahorros invertidos en empresas cotizadas, su rendimiento se mantuvo bastante bajo, cerca de cero.

Teniendo en cuenta la cantidad de activos financieros propiedad de los hogares italianos, cada punto porcentual de rendimiento se puede estimar en alrededor de 30 mil millones de euros, es decir, casi el 2% del PIB, el tamaño de un buen plan presupuestario público y la maniobra fiscal del pasado.

Teniendo en cuenta los gastos de gestión, el ahorro ha contribuido significativamente a sostener la estabilidad del mercado, pero sin producir un crecimiento real, aunque este efecto es ahora el resultado de una crisis que surgió por razones particulares y contingentes.

Las exportaciones experimentaron dificultades, disminuyendo en volumen en aproximadamente una séptima parte en comparación con 2019, debido al efecto concomitante de la caída de la demanda mundial y los obstáculos relacionados con la cuarentena a la producción nacional. Las importaciones cayeron de forma más pronunciada, lo que permitió que la balanza por cuenta corriente exterior de Italia se mantuviera positiva y aumentara ligeramente en relación con el PIB.

En 2020, la posición de inversión internacional de Italia mejoró aún más, mostrando un superávit por primera vez en tres décadas. El mercado financiero internacional sólo registró y reconoció parcialmente esta posición estructural favorable del país.

En el primer trimestre de 2021, el comercio mundial aumentó a niveles superiores a los niveles anteriores a la crisis y las exportaciones de Italia siguieron creciendo al doble de su ritmo, confirmando así la resistencia y el dinamismo de las empresas italianas en el sector, una piedra angular tradicional de nuestra economía.

El saldo de la cuenta financiera con países extranjeros, que había resultado ligeramente negativo en 2020, también se volvió positivo, confirmando así el papel del ahorro italiano como pilar de la estabilidad, otro punto de fortaleza de Italia.

La confianza en la capacidad de reacción de la economía italiana ha aumentado, como lo demuestra la significativa reducción del diferencial entre los tipos de interés del BTP y del Bund. Este es también el resultado de las decisiones adoptadas por el BCE para comprar cantidades significativas de bonos públicos y por la Comisión Europea de suspender —aunque sea temporalmente— el Pacto de Estabilidad y lanzar el Plan de la UE de próxima generación (NgEU).

Sin embargo, el informe que estamos examinando afirma que para que la fase de recuperación continúe, necesitamos complementar las decisiones tomadas hasta ahora para impulsar el capital de riesgo de las empresas con vistas a mejorar su apalancamiento financiero y hacerlas más dispuestas a emprender nuevas iniciativas.

Esta fase ofrece una oportunidad importante para la reforma fiscal que se ha instado durante algún tiempo y reafirmado en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) que implementa el Plan de la UE de próxima generación.

La intervención estatal con fines sociales ha alcanzado formas y niveles inusuales, sin reducir de ningún otro modo la presión de los ciudadanos sobre los recursos públicos. Esto no es sorprendente porque el contenido racional de la acción humana lleva a elegir la obtención del mejor resultado al menor costo.

Las empresas privadas, especialmente las exportadoras, se han visto obligadas por la competencia a resolver sus problemas sin demora, a fin de evitar quedar excluidas del mercado. Su capacidad para hacerlo es una piedra angular del crecimiento y una base para el buen funcionamiento del sistema democrático, que tiene el poder de corregir la distribución del ingreso determinada por la actividad productiva y conmutativa a través de regulaciones, impuestos y gravámenes.

Por el contrario, cuando estas formas son insuficientes y el ahorro no es utilizado por particulares, el Estado recurre a la deuda, pero no siempre tras una evaluación bien fundamentada de los efectos redistributivos intergeneracionales.

En este sentido, el informe insiste en el hecho de que —sobre la base de la vara de medir que proporcionan las leyes vigentes— ya no es posible distinguir —con seguridad técnica y jurídica— en qué consisten legalmente en la actualidad moneda y productos financieros,  un contenido que se interrelaciona debido a la conexión que aseguran las plataformas de conversión entre instrumentos virtuales y tradicionales.

El mercado utiliza un criterio diferente del de la legislación vigente, que debe incorporarse e integrarse en él. La actividad en bienes muebles, valores y formas que se desarrolla en el ámbito de la información financiera también está interfiriendo cada vez más en las relaciones internacionales y en los equilibrios geopolíticos, cuya estabilidad juega un papel importante para los intercambios con divisas y fondos nominales, especialmente como resultado del peso creciente que tienen en un escenario político que ya no está en la cima de la paz y la prosperidad alcanzadas en los últimos treinta años de integración y cooperación entre los Estados.

Sin embargo, la voluntad expresada en diversos programas por las autoridades gubernamentales de aprovechar las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas en los movimientos de capitales y la gestión no debe verse como una aquiescencia a la pérdida de transparencia del mercado, sino como un deseo de recuperarla haciendo uso de las mismas innovaciones financieras.

Por lo tanto, la actitud favorable hacia las nuevas técnicas debe ir acompañada de normas claras sobre la aparición y el intercambio de instrumentos cifrados y su entrelazamiento con los activos/pasivos monetarios y financieros tradicionales, estén digitalizados o no, como guía esencial para los operadores que gestionan la liquidez y el ahorro.

La difusión de los instrumentos virtuales ha impulsado la aparición de “plataformas tecnológicas” que permiten formas más rápidas y baratas de acceder a los servicios de pago y negociación de valores que las ofrecidas por los bancos y otros intermediarios y corredores.

Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que las funciones de custodia e intercambio que realizaron inicialmente han evolucionado para dar cabida a transacciones cada vez más articuladas y complejas, incluida la concesión de créditos garantizados por instrumentos virtuales propios o de otros, o la celebración de contratos derivados utilizando criptomonedas (Altcoin, Crypto token, Stabe coin, Bitcoin, INNBC, etc.) como garantía, incluso para varias transacciones del mismo tipo.

Estos nuevos segmentos de mercado están evolucionando rápidamente y parece haber una peligrosa repetición de la experiencia anterior a la crisis de 2008, cuando los contratos de derivados crecieron a diez veces el tamaño del PIB mundial.

Aunque con las distinciones necesarias, es probable que algo similar esté sucediendo en el mercado de productos monetarios y financieros virtuales, especialmente los cifrados.

El uso de estos instrumentos en formas cerradas fuera de los participantes en la iniciativa (sin permiso) impide la supervisión privada (como la que llevan a cabo los consejos de auditores y los organismos de certificación) o la supervisión pública (por parte de las autoridades de supervisión). Sin salvaguardias adecuadas (normas y órganos), el resultado es un deterioro de la transparencia del mercado, que es la base de la legalidad y de las opciones racionales de los operadores.

Los efectos negativos bien conocidos incluyen el blindaje que estas técnicas permiten para actividades delictivas, como la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el secuestro. La concentración en la posesión de criptomonedas que se ha comprobado recientemente puede reflejar este aspecto del problema.

Para Italia, el problema planteado tiene connotaciones particulares en comparación con otros países debido a la existencia de una disposición constitucional que atribuye a la República la tarea de fomentar y proteger el ahorro en todas sus formas, así como la tarea de regular, coordinar y controlar el ejercicio y la operación del crédito.

Sería impropio atribuir a la frase específica “ahorro en todas sus formas” y al “crédito a proteger” una connotación que abarcaría también los instrumentos virtuales, sin pasar por un reglamento específico.

Si esto sucediera, la responsabilidad de las consecuencias sufridas por los ahorristas podría recaer en el Estado, como ya ha ocurrido en el pasado, debido a la legitimación encubierta o evidente de su existencia y a la conciencia de que a través de las innovaciones financieras se puede lograr la manipulación del mercado y la consiguiente ruina de los ahorristas.

Por lo tanto, la existencia y el funcionamiento de un sistema de seguridad —aunque se deje en manos de particulares— debe ser garantizada y supervisada por el Estado que, sin embargo, debe tener en cuenta que la difusión de las técnicas digitales en las finanzas plantea requisitos y necesidades específicas que deben abordarse a nivel mundial. De lo contrario su eficacia se verá reducida.

La legitimación de la existencia del “ahorro virtual”, en diversas formas, es ahora una realidad que se cruza con el ahorro generado de la manera tradicional, es decir, sin gastar una parte de los ingresos producidos por el trabajo o el capital.

Nos enfrentamos a cambios radicales que deben abordarse siendo plenamente conscientes de su contenido y urgencia con vistas a evitar consecuencias negativas en la estabilidad micro y macro-sistémica del mercado de valores y, de este modo, en el ahorro y el crecimiento económico necesarios para protegerlos y utilizarlos adecuadamente.

Un paso obligatorio es reafirmar que la validez legal de los contratos sólo está garantizada por su denominación en moneda soberana. Si —como parece ser el caso— pretendemos reconocer la existencia de monedas privadas, los usuarios deben dejar claro en una cláusula contractual específica que son conscientes de los riesgos que corren al utilizar monedas no públicas.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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PLAN MAQUILLAJE DE AFIP NO RESUELVE LA EMERGENCIA PYME

Ante la nueva Resolución General Nº 4557 de AFIP publicada en el día de la fecha en BOLETÍN OFICIAL el Colectivo de Mujeres Argentinas por las PYMES, formado por empresarias, emprendedoras y comunicadoras, repudia las medidas ante la gravedad actual y su agudización en los próximos 90 días.

Esto es maquillaje electoral, necesitamos instrumentos concretos para resolver la gravedad del problema en el sector más productivo del país: las PYMES.

La tasa de financiación significa que vamos a pagar un 300% más de la deuda original. Eso dependiendo de los ajustes trimestrales que se aplicaran desde enero del 2020.

Entendemos que esta es una medida oportunista con fines electorales que no resuelve los problemas de fondo. Es una irresponsabilidad lanzar esta resolución porque ahoga a las PYMES con tasas variables a partir del pago de la cuota 02, aplicables desde enero 2020 y actualizada cada tres meses. Ese sistema de financiación es inédito en planes de pago de AFIP. No sabemos cuánto  vamos a pagar la deuda, no podemos calcular costos, solo sabemos que las deudas serán pagas en plazos de hasta 10 años. Sin embargo, no sabemos el monto final de la deuda ni el costo de financiación por adherir a este plan que propone AFIP.

AFIP no da garantías, es irresponsable y busca generar un beneficio electoral y a su vez una caja en base a tasas que no son claras. Al adherir al plan de pagos, estamos aceptando normas de juego que no son claras y esto atenta directamente contra la producción. Cada 3 meses debemos pasar por la angustia e incertidumbre sobre la cuota que se abonará. 
Honestamente, hacemos un llamado a la seriedad y a la negociación con reglas claras para poder trabajar dignamente. Queremos poder trabajar, pagar las deudas, queremos pagar sueldos y tributar lo que corresponde.

Reiteramos que Mujeres Argentinas por las PYMES no está bajo ninguna bandera política. Defendemos el derecho al trabajo y las reglas claras.  Somos el sector más productivo del país: las PYMES.

Consideramos acertado que no se exija pago a cuenta a las empresas MIPYME y el plazo de financiación de hasta 120 meses, igualmente resulta razonable el tope a la tasa de interés del 2.5% para estas empresas en las actuales condiciones, y el tratamiento de los embargos.

En cambio creemos que el sistema de cálculo de las cuotas arrojará valores muy elevados, al menos para las primeras de ellas, y que las condiciones de caducidad son muy estrictas para un plan de pago de 10 años, ambas cuestiones creemos que pueden producir que muchos planes caduquen regenerando el problema que se intenta solucionar.

MUJERES EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y COMUNICADORAS UNIDAS PARA SALVAR A LAS PYMES

Manifiesto Mujeres Argentinas por las PYMES

Somos “Mujeres Argentinas por las PYMES”, un colectivo cuya bandera es la producción y el derecho al trabajo.

Nos constituimos porque estamos cansadas de esperar la unión del sector PYME. La situación es desesperante. Día a día vemos como cierran empresas y se pierden puestos de trabajo. Día a día vemos familias desesperadas ante el panorama desolador y la ausencia de políticas públicas para el sector. Día a día nos angustiamos a la hora de sacar cuentas para invertir o contratar gente, de pagar los servicios, de pagar los impuestos, de pagar los salarios correspondientes en tiempo y forma.

Somos mujeres de distintas edades, partes del país y experiencias. Estamos constituidas por empresarias, pequeñas emprendedoras, comunicadoras y trabajadoras de la cultura.

Como mujeres sabemos que la sociedad nos cuestiona. Por ser mujeres se nos cuestiona nuestra capacidad para llevar adelante proyectos económicos viables y sustentables. Se nos señala qué tipo de emprendimientos podemos llevar adelante por nuestro género. Se nos exige ser madres y ocuparnos del hogar. Se nos exige éxito y belleza al mismo tiempo que se nos mira con desconfianza si lo logramos. Se nos cuestionan los roles empresariales por el hecho de ser mujeres. Las palabras “emprendedor” y “empresario” se asocian a roles masculinos exclusivos.

Como mujeres emprendedoras que hemos aprendido que la unión hace la fuerza. La unión de las mujeres del sector es un hecho inédito y revolucionario, acorde con los cambios de época. No queremos ni necesitamos que otros hablen por nosotras. Nos unimos para hacer escuchar nuestra voz y nuestras propuestas como conocedoras del día a día en cada una de las áreas en las que nos desempeñamos con excelencia.

Nuestro objetivo es trabajar y desarrollarnos junto al país aun a pesar de las diferencias partidarias. Nuestra agrupación va más allá de ellas, nos cansamos de estar rehenes de las disputas partidarias. Necesitamos soluciones concretas y urgentes para el día a día.

Convocamos a todos los sectores sociales y espacios políticos a dar una respuesta concreta a la problemática PYME, y a aportar soluciones igualmente concretas. Es el momento de que la sociedad toda se involucre en los asuntos públicos en pos del bien común.                         

Nuestro colectivo de mujeres empresarias, emprendedoras y comunicadoras promueve la necesidad de dar respuestas a la situación económica actual mediante un proyecto de «emergencia PYME» para atender las diversas necesidades de un sector castigado diariamente. La iniciativa promovida por la Lic. Adriana Rodriguez, cuya única bandera política es la de la producción y continuidad laboral en todo el país, «Nos cansamos de esperar la unión del sector PYME, que cada emprendedora o empresaria en cualquier punto del país pueda ejercer su derecho al trabajo y que esto no se convierta en un castigo»

Requerimientos de emergencia

  1. Urgencia Firma de un DNU presidencial para suspender los embargos bancarios a las Pymes por parte de AFIP, Anses, Aduana u otro organismo que dañe el derecho constitucional de generación de empleo. Y medidas en misma línea de los gobernadores para aplicar a rentas provinciales.
  2.  Establecer un plan de pagos de las obligaciones tributarias y de la seguridad social con las siguientes características (tratamiento de las deudas que han llevado a embargar empresas, y de este modo se provocará el flujo de ingreso de pagos reales):

a) Abarcar la totalidad de la deuda devengada sin condonación de intereses ni sanciones o multas. De tal manera se desbarata el argumento que “siempre se beneficia a los que no pagan”, y su implementación no requiere el dictado de normas de rango superior.

b) Limitar el acceso a empresas que encuadren como empresas PYME de acuerdo con las normas de SEPYME.

c) Proponemos un plazo de hasta 300 cuotas, de acuerdo a los montos adeudados, para que la cuota inicial sea pequeña. Esto permitirá a las empresas evolucionar con sus propios recursos, a la vez que cancelan su pasivo fiscal.

d) Aplicar la tasa de interés de mercado, al momento del acogimiento al plan de facilidades y su periódica adecuación a las condiciones financieras imperantes. Sugerimos al respecto tomar como base la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 180 días constituidos por medios electrónicos, criterio adoptado por la AFIP para sus planes de facilidades de pago permanentes aprobados por la RG (AFIP) N 3827, más un spread mínimo. De esta manera al utilizar una tasa de interés real variable se acompaña a la inflación, teniendo en cuenta que el plazo solicitado es muy extenso.

e) Asimismo utilizar el método que históricamente aplicó la AFIP de cuota de capital creciente a interés simple, en lugar del sistema francés y/o alemán que hace que las cuotas resulten excesivas para la capacidad de pago del sector PYME.

f) Permitir a las empresas, incluso a las que tengan iniciado concurso preventivo la reformulación de los planes de facilidades de pago a los que se hayan adherido, para que de esta manera puedan mejorar su estructura de financiamiento y afianzar su capacidad de pago; o bien la opción de adherirse al presente plan en vez del creado por la RG 3587 AFIP o por la RG 3920, dentro del mismo plazo de consolidación fijado para estos últimos.

g) El Plan de Pagos propuesto puede reglamentarse por medio de una Resolución General de la AFIP, ya que está comprendida dentro de sus Esta vía normativa evitaría que deba requerirse la aprobación del Congreso, con lo que ello implica tanto en dificultades como en tiempos.

En este marco, entendemos que es un objetivo aún no alcanzado del Gobierno Nacional, solucionar el stock de deuda que muchas empresas mantienen con la AFIP en sus distintos rubros: Comercio, Servicios, Construcción, Industria en todas sus aplicaciones, Producción Química, y otros, que afecta también a las economías regionales en toda su magnitud.

Consideramos que el conjunto de medidas aquí planteadas tendrían varios efectos positivos que se potenciarían entre sí:

a) Las condiciones flexibles y suaves de amortización del stock de deuda fiscal existente permitiría realmente la existencia de fuertes probabilidades de cancelación, lo que a su vez llevaría a un real saneamiento de las economías empresarias, con su efecto sobre el nivel de negocios, el crecimiento y el empleo.

b) Estas condiciones permitirían a su vez reducir la probabilidad que para poder cancelar el stock de deuda fiscal se cree un nuevo stock de deuda con los nuevos vencimientos.

c) Es importante destacar otras dos características fundamentales de las PyMes:

        1.  La gran mayoría son de capital nacional.
        2.  Tienen una gran dispersión en el ámbito del país ya que no se concentran solamente en las grandes urbes.

d) En conclusión, facilitar el trabajo de la PyMes es una forma de impulsar el desarrollo de las economías regionales y por ende del país, promoviendo la inclusión social.

    1.  Eliminar el Impuesto al Cheque.
    2.  Eliminar todos los impuestos sobre tarifas eléctricas, de gas y combustibles.