Archivo de la etiqueta: PYMES

INDEMNIZACIONES LABORALES

Iris Speroni*

Hablamos de U$D 4.034.107.584 anuales

Algunas consideraciones sobre el actual sistema de indemnizaciones por despido.

– Desprotección del trabajador en el sistema actual

El sistema en curso desprotege a gran parte de los trabajadores que se desempeñan en el sector privado. Queda claro que si el empleador es Coca-Cola, el trabajador eventualmente va a cobrar su indemnización por despido. ¿Pero qué sucede si el empleador es un taller o una fonda? Puede ser que quiebre antes de que sea efectivo el pago. No hay seguridad alguna de cobro si el empleador es una Pyme o una persona física.

– Cementerio de PyMes

Actualmente, el statu quo pone a todo empresario pequeño o mediano, todo taller, incluso una familia que contrate personal doméstico, a un escalón de la muerte económica. Un solo juicio laboral puede hacer quebrar a la empresa. Son varios los factores: la imprevisibilidad del costo de la indemnización, las tasas de actualización de los juicios laborales y los innumerables factores que hacen al monto base del reclamo. Todo eso hay que despejarlo y hacerlo previsible. No hablo acá de quitarle derechos al trabajador sino a que el número final sea previsible y no arbitrario o caprichoso.

– El imaginario del trabajador en relación de dependencia

Esto es interesante y absolutamente subjetivo. Todo trabajador calcula permanentemente en su cabeza el monto indemnizatorio. Considera el dinero de la indemnización como un crédito contra su empleador, aun cuando sea él quien renuncie o se jubile. Tramita la jubilación y luego hace juicio laboral. Este imaginario es el que tomo en cuenta al hacer la presente propuesta.

– El costo para las grandes empresas

No es un costo importante para las grandes empresas, las cuales tienen gran capital y poco costo laboral (con excepciones). Además, la propia rotación de personal les da erogaciones mensuales que las tienen asimiladas al costo laboral corriente. Situación totalmente diferente al de las PyMes. Inconvenientes: a) no descontar del impuesto a las ganancias las provisiones por futuras indemnizaciones, b) contratar estudio jurídico especializado para administrar la cartera de juicios, c) costo administrativo interno. En el caso de querer vender la empresa, el costo de indemnización ―imprevisible― se deduce del precio, lo que es un incordio.

La UIA hace años que trata de imponer un seguro de desempleo como actualmente existe el seguro de riesgos de trabajo. Esta iniciativa tiene un problema muy grave, que la industria del seguro conoce bien: favorece al que peor se comporta. En este caso favorecería a quien tiene mayor rotación de personal en detrimento de los buenos empleadores. Asimismo sería un subsidio de todos los que pagan el seguro a quienes, adrede, desean deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad (para bajar el costo total de las contingencias laborales). Por lo que propongo algo diferente: el ahorro indemnizatorio.

La actual ley de indemnizaciones por despido implica un mes de indemnización por cada año trabajado (antigüedad), un mes de preaviso y completar el mes en curso, más las vacaciones y aguinaldos proporcionales. Entonces, una persona que trabajó 3 años cobraría una indemnización de 5 sueldos más vacaciones y sueldo anual complementario.

Sobre esto hay varios problemas. Si el trabajador alega haber trabajado en negro (aunque sea por un día; u horas extras), puede pedir la duplicación del monto. Asimismo la tasa de actualización de las sumas reclamadas es distinta en el fuero laboral que en el civil y comercial. Un despropósito.

Además, la conformación del fuero laboral está hecho en base a recomendaciones de sindicalistas y de abogados laboralistas. Esto es muy grave, no sólo porque la parcialidad desmerece el funcionamiento del fuero, sino porque en este sistema político bipartidista, el nombramiento de los favoritos en el fuero laboral por parte del Partido Justicialista es hecho a cambio de regalarle a la UCR los fueros federales y nacionales. El Deep State.

Y, además, el sistema actual no protege al trabajador de la insolvencia ―real o inventada― del empleador. Además, seamos francos, si un trabajador logra una indemnización que hace quebrar a una pyme, él, tal vez, cobre una buena suma, pero deja al resto de sus compañeros sin trabajo.

Objetivos del nuevo sistema
  1. Previsibilidad en la suma de la indemnización para ambas partes.
  2. Seguridad de cobro para el trabajador.
  3. Posibilidad para las empresas de descontar de ganancias el costo indemnizatorio.
  4. Ahorro para el trabajador.
  5. Ahorro general para la República Argentina.
  6. Descomprimir los juzgados laborales.
  7. Recaudación del ANSES y/o sindicatos.

Con este esquema los únicos perjudicados serían los abogados laboralistas que verían una disminución de los casos a su cargo.

Propuesta

Por lo que propongo un sistema de ahorro de la indemnización, con una cifra única en todos los casos y que no llegue a los tribunales laborales.

Básicamente, que el empleador adelante el monto de la indemnización.

La indemnización se divide en a) mes en curso y b) preaviso + mes por antigüedad con sus adicionales de vacaciones y aguinaldo.

La antigüedad es un sueldo por año, esto es 8,33% del sueldo. Sería un sueldo anual complementario adicional.

Lo que propongo es:

  • Que se pague en la totalidad de los casos:
    • Despido con causa,
    • Despido sin causa,
    • Renuncia,
    • Jubilación,
    • Fallecimiento del empleado y/o empleador,
    • Invalidez, ya sea por accidente de trabajo o por cualquier otra razón.

En resumen, no importa la causa, el trabajador cobra.

  • No hay duplicación de indemnización por trabajar en negro. Si hubo una contratación en negro y queda efectivamente demostrada, se ampliarán los años de indemnización a los que correspondan, pero no habrá duplicación. Sí tendrá que pagar el empleador al ANSES los años no aportados (habrá que poner una tasa de actualización razonable para este ítem y no una tasa de interés punitoria).
  • El empleador pagará a un tercero el 8,33% del sueldo o el SAC quien será el depositario del monto indemnizatorio. Este tercero podría ser el ANSES o el sindicato del trabajador. El control sobre el ahorro por parte del administrador de ese fondo debe ser muy estricto.
  • El trabajador, cuando termine el contrato laboral, cualquiera sea la razón, cobrará un sueldo mensualmente hasta extinguir el fondo acumulado.
  • En el caso de jubilación o invalidez, una vez obtenido el cobro de su beneficio social por parte del ANSES, podrá retirar todo el dinero acumulado.
  • Se pueden evaluar casos especiales. Por ejemplo: permitir retirar hasta el 30% del fondo acumulado si la persona tiene un trabajo estable cuando el dinero se destine a la compra de un terreno o de una casa, como pago inicial.
  • No entran en el sistema los empleados públicos.
  • La historia laboral del empleado:
    • En el caso de la antigüedad acumulada previa al inicio de funcionamiento (*) se permitirá que las empresas conformen el fondo indemnizatorio en la cuenta de ahorro de los trabajadores con el siguiente esquema:
      • Dos años para las empresas grandes
      • Cinco años para las PyMes.
      • Conformar un moratoria y/o jubileo para el trabajo no declarado:
        • Dar la oportunidad de blanquear antigüedad no registrada para los empleadores. La patronal deberá conformar los fondos de ahorros de los trabajadores según la situación blanqueada.
        • Darle un año a los trabajadores para denunciar las situaciones no registradas. Algo tipo “hable ahora o calle para siempre”.

Esto de “ahorrar” toda la historia laboral es importante. Si no se hiciere, si se armara un caso de “a partir de las nuevas contrataciones” se creará una categorización de trabajadores “con la nueva ley” o “con la antigua ley” y las empresas estarán tentados a deshacerse de los empleados antiguos y librarse de la contingencia de los juicios laborales. Por eso propongo que las empresas conforme el ahorro de los trabajadores existentes para que exista una única categoría de trabajadores en el sector privado. Considero relevante esta distinción.

  • Por lo tanto quedarán fuera de los tribunales todos los reclamos de despidos sin causa porque en todos los casos el trabajador cobrará. En cuanto al monto del sueldo (horas extras en negro, por ejemplo), debe haber una obligación del trabajador de hacer una denuncia en plazos acotados. No puede ser una situación abierta. Y el reclamo será en unidades de sueldo y no montos con tasas de actualización delirantes.
  • El fuero laboral quedará para otro tipo de situaciones: empresas que no respetan las medidas de seguridad o maltrato en el ámbito laboral. No para ver si la persona cobra o no cobra, porque cobrará siempre.
  • Todas las demandas, por cualquier razón, se determinarán en moneda dura (el peso oro por ejemplo, o alguna divisa) y la tasa de actualización no podrá ser mayor al 4% anual.
  • Algunos empleadores dirán que aumentar un 8,33% el costo laboral es una barbaridad. Es un aumento por única vez, muy inferior a la inflación.
  • Las ventajas para el empleado son obvias: cobra indemnización en cualquiera de los casos de disolución de la relación laboral, y tiene garantía de cobro aún si el empleador quebrara.
  • Los empleadores deducen el costo de la liquidación de ganancias.
  • Elimina todo incentivo para deshacerse de los empleados con mayor antigüedad (y hoy con mayor contingencia) con lo que ayuda a garantizar la continuidad laboral.
¿De cuánto dinero estamos hablando?

Hablamos de un ahorro a administrar de U$D 4.034.107.584 anuales.

Según las estadísticas del ANSES “CUADRO 1.1.2.b APORTANTES AL SIPA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEGÚN RÉGIMEN. MARZO 2023”, a marzo 2023 había 5.918.928 trabajadores en el sector privado con una masa salarial de 1.464.035.719.215 pesos.

En dólares, con el blue a 393 pesos el 31/03/2023, hablamos de una masa salarial de U$D 3.725.281.728.

Mi propuesta es aportar el 8,33% de ese monto a este fondo de ahorro. Entonces hablamos de U$D 310.315.968 mensuales, U$D 4.034.107.584 anuales.

[$ 1.464.035.719.215÷393 $/U$D x 0,0833 x 13 ] = U$D 4.034.107.584 anuales.

Éste sería el monto a administrar anualmente (cobrar, adjudicar a las cuentas individuales, pagar las liquidaciones, invertir). Monto que se acumula, obviamente. Y que si logramos poner dentro del sistema a todos los que hoy están afuera, tendrá valores superiores.

El ahorro
  • Propongo que el ahorro del trabajador (el 8,33% del sueldo) al igual que el historial que pondrá al día el empleador en dos o cinco años se invertirá según la elección de cada trabajador en las siguientes opciones:
    • oro (que puede ser gramos de oro o pesos oro – oro 900) sin actualización.
    • divisas (dólar, euro, yuanes) sin actualización, a elección del trabajador.
    • cartera de divisas (⅓ dólar; ⅓ euro; ⅓ yuan) sin actualización.
    • bonos del Tesoro en divisa con garantía de recaudación aduanera con 4% de actualización anual.
    • bonos hipotecarios por viviendas del mercado argentino en divisa.
    • Algún mix de las anteriores pero no más de dos opciones (50% A y 50% B).
    • Podrán cambiar de opción una vez al año.

Estoy en contra de que con el ahorro de los trabajadores se compren bonos del gobierno o acciones y obligaciones negociables de empresas. Eso ya lo vivimos con las AFJPs (**) y resultó que la llenaron de títulos públicos, y los papeles privados no eran de calidad, pero como había que cumplir una cuota, se terminaba comprando cosas que no era kosher; sólo porque la ley así lo obligaba. Así que propongo la compra de oro o divisas.

  • El costo de administrar el fondo no se cobrará al trabajador. Si lo administra el ANSES, asumirá el costo la Administración; si lo hace el sindicato, el costo administrativo lo abonarán los empleadores con algún cargo mensual.
  • Se puede pensar en un sistema administrativo mixto del ANSES y los sindicatos. El ANSES tiene una experiencia informática que pocos hoy pueden igualar.
  • Es una fuente de ahorro adicional para la Nación.
Cargas Sociales

Actualmente la diferencia entre el costo de un trabajador y el sueldo de bolsillo es abismal. El sistema actual logra dejar insatisfechos a empleado y empleador por igual. Al empleador le genera un costo que no siempre puede descargar, de ahí que se cuida en ofrecer empleo, y el trabajador recibe la mitad del costo, lo que a todas luces es insatisfactorio.

Por lo que propongo eliminar toda carga laboral y empezar de cero.

  • el empleador pagará al fondo indemnizatorio (8,33% del sueldo).
  • el empleador pagará el seguro de riesgo de trabajo como actualmente.
  • el resto de las cargas para el empleador se eliminan.
  • el empleado abonará 10% para el fondo jubilatorio (ANSES).
  • el empleado abonará la cuota sindical.
  • el resto de la retenciones laborales se eliminan.

Las Obras Sociales Sindicales quedarán como administradoras de servicios de salud, como actualmente, pero el dinero vendrá del gobierno nacional, responsable del pago de salud, que deberá recuperar toda la salud nacional. A las OOSS no les afecta, porque el dinero lo reciben igual que ahora, pero no del bolsillo del trabajador o del empleador.

PAMI se financiará con dineros públicos.

Será una forma de devolver, en parte, el dinero que el estado nos viene quitando en los últimos años.

Estas medidas reducirán la brecha entre costo del empleado y el sueldo de bolsillo.

Terminar con el problema de los despidos, permitirá eliminar una de las grandes barreras al trabajo formal.

El objetivo debe ser:

  1. pleno empleo,
  2. buenos sueldos,
  3. 100% de los trabajadores en blanco.

Entiendo que la presente es una propuesta que beneficia a todas las partes, pero en particular a los trabajadores. Puede ser que alguno cobre buen dinero luego de un juicio. Por lo general es plata que viene tarde y mal con muchos comiendo en el medio. El trabajador necesita la seguridad de que va a llevar un plato a la mesa de su familia al mes siguiente de perder el trabajo. Este sistema se lo garantiza. Siempre es mejor plata en mano. Ése es el verdadero derecho del trabajador.

Por otro lado, una propuesta como la presente, permitirá reducir la actividad del fuero laboral en forma notoria.

Por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Nota

(*) Supongamos que el sistema comienza a funcionar el 30/06/2024. Una persona trabaja para un banco desde el 2014. Ya tiene 10 años de antigüedad. La patronal comienza a aportar a partir del 01/07/2024. ¿Qué sucede con los 10 años acumulados? Son 10 sueldos más su aguinaldo (SAC).

Por ser una gran empresa, tiene dos años para conformar ese dinero (10 sueldos con aguinaldo). Si es una PyMe, hay que concederle más tiempo. Con eso limpian su historial de contingencias. Eso será dinero adicional a administrar además de los U$D 4 mil millones anuales.

También hay que hacer un jubileo respecto de la historia en negro. El sistema actual es absurdo. Basta haber pagado una hora en negro hace diez año y el trabajador puede reclamar doble indemnización.

Si se trabajó en negro, la única obligación del trabajador es cubrir el pago previsional.

Ni siquiera el de la OOSS, porque luego de un tiempo (¿dos años?) el reclamo debe prescribir. 

Lo mismo con el trabajo en negro. Luego de un año, no hay reclamos.

(**) Trabajé 10 años en una AFJP, y se trataba de una muy correcta y que seguía las reglas al pie de la letra. Las reglas estaban mal, porque obligaban a comprar papeles en la bolsa. Tarde o temprano ―en cualquier bolsa, pero más aún en la nuestra que es diminuta― uno termina comprando basura. Por eso: oro, plata o divisas o bonos en dólares con garantía de recaudación aduanera.

Artículo publicado el 23/09/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/09/indemnizaciones-laborales.html.

EL LADO CLARO (PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y AHORRISTAS) Y EL LADO OSCURO (MONEDA VIRTUAL) DE LA SITUACIÓN EN ITALIA TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Julien Tromeur en Pixabay

Con el fin de evaluar el impacto de la pandemia que azota a Italia desde principios de 2020, creo que deberíamos examinar el cuidadoso análisis realizado por la Comisión Nacional de Empresas Cotizadas y Bolsa de Valores (Consob) en su informe sobre el año 2020.

2020 fue uno de los peores años para Italia en términos económicos y sociales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de experimentar una caída significativa del PIB, el país ha estado avanzando hacia la recuperación económica desde la segunda mitad del año y, más marcadamente, en los primeros meses de 2021, y está mostrando su propia voluntad de abordar los problemas no resueltos, aprovechando también el cambio en la actitud de la política fiscal de la UE, que es una base necesaria para la cohesión entre los Estados miembros.

Los resultados de 2020 confirmaron la evaluación de que el ahorro y las exportaciones son los dos pilares de la fortaleza económica y social del país. La protección del ahorro por parte de las instituciones públicas sigue reglas que han sido probadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo. No obstante, deben actualizarse a la luz de las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. La protección más sólida, sin embargo, sigue siendo su anclaje a la actividad real, cuyo progreso está determinado en Italia por los resultados de exportación. Por otro lado, el consumo privado y el gasto público muestran que no tienen el impulso que tienen en otras grandes economías mundiales.

Uno de los pocos aspectos positivos que se desprenden del informe es que la tasa de ahorro de los hogares italianos en comparación con su renta disponible creció un 50% en 2020. Excluyendo los ahorros invertidos en empresas cotizadas, su rendimiento se mantuvo bastante bajo, cerca de cero.

Teniendo en cuenta la cantidad de activos financieros propiedad de los hogares italianos, cada punto porcentual de rendimiento se puede estimar en alrededor de 30 mil millones de euros, es decir, casi el 2% del PIB, el tamaño de un buen plan presupuestario público y la maniobra fiscal del pasado.

Teniendo en cuenta los gastos de gestión, el ahorro ha contribuido significativamente a sostener la estabilidad del mercado, pero sin producir un crecimiento real, aunque este efecto es ahora el resultado de una crisis que surgió por razones particulares y contingentes.

Las exportaciones experimentaron dificultades, disminuyendo en volumen en aproximadamente una séptima parte en comparación con 2019, debido al efecto concomitante de la caída de la demanda mundial y los obstáculos relacionados con la cuarentena a la producción nacional. Las importaciones cayeron de forma más pronunciada, lo que permitió que la balanza por cuenta corriente exterior de Italia se mantuviera positiva y aumentara ligeramente en relación con el PIB.

En 2020, la posición de inversión internacional de Italia mejoró aún más, mostrando un superávit por primera vez en tres décadas. El mercado financiero internacional sólo registró y reconoció parcialmente esta posición estructural favorable del país.

En el primer trimestre de 2021, el comercio mundial aumentó a niveles superiores a los niveles anteriores a la crisis y las exportaciones de Italia siguieron creciendo al doble de su ritmo, confirmando así la resistencia y el dinamismo de las empresas italianas en el sector, una piedra angular tradicional de nuestra economía.

El saldo de la cuenta financiera con países extranjeros, que había resultado ligeramente negativo en 2020, también se volvió positivo, confirmando así el papel del ahorro italiano como pilar de la estabilidad, otro punto de fortaleza de Italia.

La confianza en la capacidad de reacción de la economía italiana ha aumentado, como lo demuestra la significativa reducción del diferencial entre los tipos de interés del BTP y del Bund. Este es también el resultado de las decisiones adoptadas por el BCE para comprar cantidades significativas de bonos públicos y por la Comisión Europea de suspender —aunque sea temporalmente— el Pacto de Estabilidad y lanzar el Plan de la UE de próxima generación (NgEU).

Sin embargo, el informe que estamos examinando afirma que para que la fase de recuperación continúe, necesitamos complementar las decisiones tomadas hasta ahora para impulsar el capital de riesgo de las empresas con vistas a mejorar su apalancamiento financiero y hacerlas más dispuestas a emprender nuevas iniciativas.

Esta fase ofrece una oportunidad importante para la reforma fiscal que se ha instado durante algún tiempo y reafirmado en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) que implementa el Plan de la UE de próxima generación.

La intervención estatal con fines sociales ha alcanzado formas y niveles inusuales, sin reducir de ningún otro modo la presión de los ciudadanos sobre los recursos públicos. Esto no es sorprendente porque el contenido racional de la acción humana lleva a elegir la obtención del mejor resultado al menor costo.

Las empresas privadas, especialmente las exportadoras, se han visto obligadas por la competencia a resolver sus problemas sin demora, a fin de evitar quedar excluidas del mercado. Su capacidad para hacerlo es una piedra angular del crecimiento y una base para el buen funcionamiento del sistema democrático, que tiene el poder de corregir la distribución del ingreso determinada por la actividad productiva y conmutativa a través de regulaciones, impuestos y gravámenes.

Por el contrario, cuando estas formas son insuficientes y el ahorro no es utilizado por particulares, el Estado recurre a la deuda, pero no siempre tras una evaluación bien fundamentada de los efectos redistributivos intergeneracionales.

En este sentido, el informe insiste en el hecho de que —sobre la base de la vara de medir que proporcionan las leyes vigentes— ya no es posible distinguir —con seguridad técnica y jurídica— en qué consisten legalmente en la actualidad moneda y productos financieros,  un contenido que se interrelaciona debido a la conexión que aseguran las plataformas de conversión entre instrumentos virtuales y tradicionales.

El mercado utiliza un criterio diferente del de la legislación vigente, que debe incorporarse e integrarse en él. La actividad en bienes muebles, valores y formas que se desarrolla en el ámbito de la información financiera también está interfiriendo cada vez más en las relaciones internacionales y en los equilibrios geopolíticos, cuya estabilidad juega un papel importante para los intercambios con divisas y fondos nominales, especialmente como resultado del peso creciente que tienen en un escenario político que ya no está en la cima de la paz y la prosperidad alcanzadas en los últimos treinta años de integración y cooperación entre los Estados.

Sin embargo, la voluntad expresada en diversos programas por las autoridades gubernamentales de aprovechar las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas en los movimientos de capitales y la gestión no debe verse como una aquiescencia a la pérdida de transparencia del mercado, sino como un deseo de recuperarla haciendo uso de las mismas innovaciones financieras.

Por lo tanto, la actitud favorable hacia las nuevas técnicas debe ir acompañada de normas claras sobre la aparición y el intercambio de instrumentos cifrados y su entrelazamiento con los activos/pasivos monetarios y financieros tradicionales, estén digitalizados o no, como guía esencial para los operadores que gestionan la liquidez y el ahorro.

La difusión de los instrumentos virtuales ha impulsado la aparición de “plataformas tecnológicas” que permiten formas más rápidas y baratas de acceder a los servicios de pago y negociación de valores que las ofrecidas por los bancos y otros intermediarios y corredores.

Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que las funciones de custodia e intercambio que realizaron inicialmente han evolucionado para dar cabida a transacciones cada vez más articuladas y complejas, incluida la concesión de créditos garantizados por instrumentos virtuales propios o de otros, o la celebración de contratos derivados utilizando criptomonedas (Altcoin, Crypto token, Stabe coin, Bitcoin, INNBC, etc.) como garantía, incluso para varias transacciones del mismo tipo.

Estos nuevos segmentos de mercado están evolucionando rápidamente y parece haber una peligrosa repetición de la experiencia anterior a la crisis de 2008, cuando los contratos de derivados crecieron a diez veces el tamaño del PIB mundial.

Aunque con las distinciones necesarias, es probable que algo similar esté sucediendo en el mercado de productos monetarios y financieros virtuales, especialmente los cifrados.

El uso de estos instrumentos en formas cerradas fuera de los participantes en la iniciativa (sin permiso) impide la supervisión privada (como la que llevan a cabo los consejos de auditores y los organismos de certificación) o la supervisión pública (por parte de las autoridades de supervisión). Sin salvaguardias adecuadas (normas y órganos), el resultado es un deterioro de la transparencia del mercado, que es la base de la legalidad y de las opciones racionales de los operadores.

Los efectos negativos bien conocidos incluyen el blindaje que estas técnicas permiten para actividades delictivas, como la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el secuestro. La concentración en la posesión de criptomonedas que se ha comprobado recientemente puede reflejar este aspecto del problema.

Para Italia, el problema planteado tiene connotaciones particulares en comparación con otros países debido a la existencia de una disposición constitucional que atribuye a la República la tarea de fomentar y proteger el ahorro en todas sus formas, así como la tarea de regular, coordinar y controlar el ejercicio y la operación del crédito.

Sería impropio atribuir a la frase específica “ahorro en todas sus formas” y al “crédito a proteger” una connotación que abarcaría también los instrumentos virtuales, sin pasar por un reglamento específico.

Si esto sucediera, la responsabilidad de las consecuencias sufridas por los ahorristas podría recaer en el Estado, como ya ha ocurrido en el pasado, debido a la legitimación encubierta o evidente de su existencia y a la conciencia de que a través de las innovaciones financieras se puede lograr la manipulación del mercado y la consiguiente ruina de los ahorristas.

Por lo tanto, la existencia y el funcionamiento de un sistema de seguridad —aunque se deje en manos de particulares— debe ser garantizada y supervisada por el Estado que, sin embargo, debe tener en cuenta que la difusión de las técnicas digitales en las finanzas plantea requisitos y necesidades específicas que deben abordarse a nivel mundial. De lo contrario su eficacia se verá reducida.

La legitimación de la existencia del “ahorro virtual”, en diversas formas, es ahora una realidad que se cruza con el ahorro generado de la manera tradicional, es decir, sin gastar una parte de los ingresos producidos por el trabajo o el capital.

Nos enfrentamos a cambios radicales que deben abordarse siendo plenamente conscientes de su contenido y urgencia con vistas a evitar consecuencias negativas en la estabilidad micro y macro-sistémica del mercado de valores y, de este modo, en el ahorro y el crecimiento económico necesarios para protegerlos y utilizarlos adecuadamente.

Un paso obligatorio es reafirmar que la validez legal de los contratos sólo está garantizada por su denominación en moneda soberana. Si —como parece ser el caso— pretendemos reconocer la existencia de monedas privadas, los usuarios deben dejar claro en una cláusula contractual específica que son conscientes de los riesgos que corren al utilizar monedas no públicas.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

©2021-saeeg®

PLAN MAQUILLAJE DE AFIP NO RESUELVE LA EMERGENCIA PYME

Ante la nueva Resolución General Nº 4557 de AFIP publicada en el día de la fecha en BOLETÍN OFICIAL el Colectivo de Mujeres Argentinas por las PYMES, formado por empresarias, emprendedoras y comunicadoras, repudia las medidas ante la gravedad actual y su agudización en los próximos 90 días.

Esto es maquillaje electoral, necesitamos instrumentos concretos para resolver la gravedad del problema en el sector más productivo del país: las PYMES.

La tasa de financiación significa que vamos a pagar un 300% más de la deuda original. Eso dependiendo de los ajustes trimestrales que se aplicaran desde enero del 2020.

Entendemos que esta es una medida oportunista con fines electorales que no resuelve los problemas de fondo. Es una irresponsabilidad lanzar esta resolución porque ahoga a las PYMES con tasas variables a partir del pago de la cuota 02, aplicables desde enero 2020 y actualizada cada tres meses. Ese sistema de financiación es inédito en planes de pago de AFIP. No sabemos cuánto  vamos a pagar la deuda, no podemos calcular costos, solo sabemos que las deudas serán pagas en plazos de hasta 10 años. Sin embargo, no sabemos el monto final de la deuda ni el costo de financiación por adherir a este plan que propone AFIP.

AFIP no da garantías, es irresponsable y busca generar un beneficio electoral y a su vez una caja en base a tasas que no son claras. Al adherir al plan de pagos, estamos aceptando normas de juego que no son claras y esto atenta directamente contra la producción. Cada 3 meses debemos pasar por la angustia e incertidumbre sobre la cuota que se abonará. 
Honestamente, hacemos un llamado a la seriedad y a la negociación con reglas claras para poder trabajar dignamente. Queremos poder trabajar, pagar las deudas, queremos pagar sueldos y tributar lo que corresponde.

Reiteramos que Mujeres Argentinas por las PYMES no está bajo ninguna bandera política. Defendemos el derecho al trabajo y las reglas claras.  Somos el sector más productivo del país: las PYMES.

Consideramos acertado que no se exija pago a cuenta a las empresas MIPYME y el plazo de financiación de hasta 120 meses, igualmente resulta razonable el tope a la tasa de interés del 2.5% para estas empresas en las actuales condiciones, y el tratamiento de los embargos.

En cambio creemos que el sistema de cálculo de las cuotas arrojará valores muy elevados, al menos para las primeras de ellas, y que las condiciones de caducidad son muy estrictas para un plan de pago de 10 años, ambas cuestiones creemos que pueden producir que muchos planes caduquen regenerando el problema que se intenta solucionar.