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INDEMNIZACIONES LABORALES

Iris Speroni*

Hablamos de U$D 4.034.107.584 anuales

Algunas consideraciones sobre el actual sistema de indemnizaciones por despido.

– Desprotección del trabajador en el sistema actual

El sistema en curso desprotege a gran parte de los trabajadores que se desempeñan en el sector privado. Queda claro que si el empleador es Coca-Cola, el trabajador eventualmente va a cobrar su indemnización por despido. ¿Pero qué sucede si el empleador es un taller o una fonda? Puede ser que quiebre antes de que sea efectivo el pago. No hay seguridad alguna de cobro si el empleador es una Pyme o una persona física.

– Cementerio de PyMes

Actualmente, el statu quo pone a todo empresario pequeño o mediano, todo taller, incluso una familia que contrate personal doméstico, a un escalón de la muerte económica. Un solo juicio laboral puede hacer quebrar a la empresa. Son varios los factores: la imprevisibilidad del costo de la indemnización, las tasas de actualización de los juicios laborales y los innumerables factores que hacen al monto base del reclamo. Todo eso hay que despejarlo y hacerlo previsible. No hablo acá de quitarle derechos al trabajador sino a que el número final sea previsible y no arbitrario o caprichoso.

– El imaginario del trabajador en relación de dependencia

Esto es interesante y absolutamente subjetivo. Todo trabajador calcula permanentemente en su cabeza el monto indemnizatorio. Considera el dinero de la indemnización como un crédito contra su empleador, aun cuando sea él quien renuncie o se jubile. Tramita la jubilación y luego hace juicio laboral. Este imaginario es el que tomo en cuenta al hacer la presente propuesta.

– El costo para las grandes empresas

No es un costo importante para las grandes empresas, las cuales tienen gran capital y poco costo laboral (con excepciones). Además, la propia rotación de personal les da erogaciones mensuales que las tienen asimiladas al costo laboral corriente. Situación totalmente diferente al de las PyMes. Inconvenientes: a) no descontar del impuesto a las ganancias las provisiones por futuras indemnizaciones, b) contratar estudio jurídico especializado para administrar la cartera de juicios, c) costo administrativo interno. En el caso de querer vender la empresa, el costo de indemnización ―imprevisible― se deduce del precio, lo que es un incordio.

La UIA hace años que trata de imponer un seguro de desempleo como actualmente existe el seguro de riesgos de trabajo. Esta iniciativa tiene un problema muy grave, que la industria del seguro conoce bien: favorece al que peor se comporta. En este caso favorecería a quien tiene mayor rotación de personal en detrimento de los buenos empleadores. Asimismo sería un subsidio de todos los que pagan el seguro a quienes, adrede, desean deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad (para bajar el costo total de las contingencias laborales). Por lo que propongo algo diferente: el ahorro indemnizatorio.

La actual ley de indemnizaciones por despido implica un mes de indemnización por cada año trabajado (antigüedad), un mes de preaviso y completar el mes en curso, más las vacaciones y aguinaldos proporcionales. Entonces, una persona que trabajó 3 años cobraría una indemnización de 5 sueldos más vacaciones y sueldo anual complementario.

Sobre esto hay varios problemas. Si el trabajador alega haber trabajado en negro (aunque sea por un día; u horas extras), puede pedir la duplicación del monto. Asimismo la tasa de actualización de las sumas reclamadas es distinta en el fuero laboral que en el civil y comercial. Un despropósito.

Además, la conformación del fuero laboral está hecho en base a recomendaciones de sindicalistas y de abogados laboralistas. Esto es muy grave, no sólo porque la parcialidad desmerece el funcionamiento del fuero, sino porque en este sistema político bipartidista, el nombramiento de los favoritos en el fuero laboral por parte del Partido Justicialista es hecho a cambio de regalarle a la UCR los fueros federales y nacionales. El Deep State.

Y, además, el sistema actual no protege al trabajador de la insolvencia ―real o inventada― del empleador. Además, seamos francos, si un trabajador logra una indemnización que hace quebrar a una pyme, él, tal vez, cobre una buena suma, pero deja al resto de sus compañeros sin trabajo.

Objetivos del nuevo sistema
  1. Previsibilidad en la suma de la indemnización para ambas partes.
  2. Seguridad de cobro para el trabajador.
  3. Posibilidad para las empresas de descontar de ganancias el costo indemnizatorio.
  4. Ahorro para el trabajador.
  5. Ahorro general para la República Argentina.
  6. Descomprimir los juzgados laborales.
  7. Recaudación del ANSES y/o sindicatos.

Con este esquema los únicos perjudicados serían los abogados laboralistas que verían una disminución de los casos a su cargo.

Propuesta

Por lo que propongo un sistema de ahorro de la indemnización, con una cifra única en todos los casos y que no llegue a los tribunales laborales.

Básicamente, que el empleador adelante el monto de la indemnización.

La indemnización se divide en a) mes en curso y b) preaviso + mes por antigüedad con sus adicionales de vacaciones y aguinaldo.

La antigüedad es un sueldo por año, esto es 8,33% del sueldo. Sería un sueldo anual complementario adicional.

Lo que propongo es:

  • Que se pague en la totalidad de los casos:
    • Despido con causa,
    • Despido sin causa,
    • Renuncia,
    • Jubilación,
    • Fallecimiento del empleado y/o empleador,
    • Invalidez, ya sea por accidente de trabajo o por cualquier otra razón.

En resumen, no importa la causa, el trabajador cobra.

  • No hay duplicación de indemnización por trabajar en negro. Si hubo una contratación en negro y queda efectivamente demostrada, se ampliarán los años de indemnización a los que correspondan, pero no habrá duplicación. Sí tendrá que pagar el empleador al ANSES los años no aportados (habrá que poner una tasa de actualización razonable para este ítem y no una tasa de interés punitoria).
  • El empleador pagará a un tercero el 8,33% del sueldo o el SAC quien será el depositario del monto indemnizatorio. Este tercero podría ser el ANSES o el sindicato del trabajador. El control sobre el ahorro por parte del administrador de ese fondo debe ser muy estricto.
  • El trabajador, cuando termine el contrato laboral, cualquiera sea la razón, cobrará un sueldo mensualmente hasta extinguir el fondo acumulado.
  • En el caso de jubilación o invalidez, una vez obtenido el cobro de su beneficio social por parte del ANSES, podrá retirar todo el dinero acumulado.
  • Se pueden evaluar casos especiales. Por ejemplo: permitir retirar hasta el 30% del fondo acumulado si la persona tiene un trabajo estable cuando el dinero se destine a la compra de un terreno o de una casa, como pago inicial.
  • No entran en el sistema los empleados públicos.
  • La historia laboral del empleado:
    • En el caso de la antigüedad acumulada previa al inicio de funcionamiento (*) se permitirá que las empresas conformen el fondo indemnizatorio en la cuenta de ahorro de los trabajadores con el siguiente esquema:
      • Dos años para las empresas grandes
      • Cinco años para las PyMes.
      • Conformar un moratoria y/o jubileo para el trabajo no declarado:
        • Dar la oportunidad de blanquear antigüedad no registrada para los empleadores. La patronal deberá conformar los fondos de ahorros de los trabajadores según la situación blanqueada.
        • Darle un año a los trabajadores para denunciar las situaciones no registradas. Algo tipo “hable ahora o calle para siempre”.

Esto de “ahorrar” toda la historia laboral es importante. Si no se hiciere, si se armara un caso de “a partir de las nuevas contrataciones” se creará una categorización de trabajadores “con la nueva ley” o “con la antigua ley” y las empresas estarán tentados a deshacerse de los empleados antiguos y librarse de la contingencia de los juicios laborales. Por eso propongo que las empresas conforme el ahorro de los trabajadores existentes para que exista una única categoría de trabajadores en el sector privado. Considero relevante esta distinción.

  • Por lo tanto quedarán fuera de los tribunales todos los reclamos de despidos sin causa porque en todos los casos el trabajador cobrará. En cuanto al monto del sueldo (horas extras en negro, por ejemplo), debe haber una obligación del trabajador de hacer una denuncia en plazos acotados. No puede ser una situación abierta. Y el reclamo será en unidades de sueldo y no montos con tasas de actualización delirantes.
  • El fuero laboral quedará para otro tipo de situaciones: empresas que no respetan las medidas de seguridad o maltrato en el ámbito laboral. No para ver si la persona cobra o no cobra, porque cobrará siempre.
  • Todas las demandas, por cualquier razón, se determinarán en moneda dura (el peso oro por ejemplo, o alguna divisa) y la tasa de actualización no podrá ser mayor al 4% anual.
  • Algunos empleadores dirán que aumentar un 8,33% el costo laboral es una barbaridad. Es un aumento por única vez, muy inferior a la inflación.
  • Las ventajas para el empleado son obvias: cobra indemnización en cualquiera de los casos de disolución de la relación laboral, y tiene garantía de cobro aún si el empleador quebrara.
  • Los empleadores deducen el costo de la liquidación de ganancias.
  • Elimina todo incentivo para deshacerse de los empleados con mayor antigüedad (y hoy con mayor contingencia) con lo que ayuda a garantizar la continuidad laboral.
¿De cuánto dinero estamos hablando?

Hablamos de un ahorro a administrar de U$D 4.034.107.584 anuales.

Según las estadísticas del ANSES “CUADRO 1.1.2.b APORTANTES AL SIPA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEGÚN RÉGIMEN. MARZO 2023”, a marzo 2023 había 5.918.928 trabajadores en el sector privado con una masa salarial de 1.464.035.719.215 pesos.

En dólares, con el blue a 393 pesos el 31/03/2023, hablamos de una masa salarial de U$D 3.725.281.728.

Mi propuesta es aportar el 8,33% de ese monto a este fondo de ahorro. Entonces hablamos de U$D 310.315.968 mensuales, U$D 4.034.107.584 anuales.

[$ 1.464.035.719.215÷393 $/U$D x 0,0833 x 13 ] = U$D 4.034.107.584 anuales.

Éste sería el monto a administrar anualmente (cobrar, adjudicar a las cuentas individuales, pagar las liquidaciones, invertir). Monto que se acumula, obviamente. Y que si logramos poner dentro del sistema a todos los que hoy están afuera, tendrá valores superiores.

El ahorro
  • Propongo que el ahorro del trabajador (el 8,33% del sueldo) al igual que el historial que pondrá al día el empleador en dos o cinco años se invertirá según la elección de cada trabajador en las siguientes opciones:
    • oro (que puede ser gramos de oro o pesos oro – oro 900) sin actualización.
    • divisas (dólar, euro, yuanes) sin actualización, a elección del trabajador.
    • cartera de divisas (⅓ dólar; ⅓ euro; ⅓ yuan) sin actualización.
    • bonos del Tesoro en divisa con garantía de recaudación aduanera con 4% de actualización anual.
    • bonos hipotecarios por viviendas del mercado argentino en divisa.
    • Algún mix de las anteriores pero no más de dos opciones (50% A y 50% B).
    • Podrán cambiar de opción una vez al año.

Estoy en contra de que con el ahorro de los trabajadores se compren bonos del gobierno o acciones y obligaciones negociables de empresas. Eso ya lo vivimos con las AFJPs (**) y resultó que la llenaron de títulos públicos, y los papeles privados no eran de calidad, pero como había que cumplir una cuota, se terminaba comprando cosas que no era kosher; sólo porque la ley así lo obligaba. Así que propongo la compra de oro o divisas.

  • El costo de administrar el fondo no se cobrará al trabajador. Si lo administra el ANSES, asumirá el costo la Administración; si lo hace el sindicato, el costo administrativo lo abonarán los empleadores con algún cargo mensual.
  • Se puede pensar en un sistema administrativo mixto del ANSES y los sindicatos. El ANSES tiene una experiencia informática que pocos hoy pueden igualar.
  • Es una fuente de ahorro adicional para la Nación.
Cargas Sociales

Actualmente la diferencia entre el costo de un trabajador y el sueldo de bolsillo es abismal. El sistema actual logra dejar insatisfechos a empleado y empleador por igual. Al empleador le genera un costo que no siempre puede descargar, de ahí que se cuida en ofrecer empleo, y el trabajador recibe la mitad del costo, lo que a todas luces es insatisfactorio.

Por lo que propongo eliminar toda carga laboral y empezar de cero.

  • el empleador pagará al fondo indemnizatorio (8,33% del sueldo).
  • el empleador pagará el seguro de riesgo de trabajo como actualmente.
  • el resto de las cargas para el empleador se eliminan.
  • el empleado abonará 10% para el fondo jubilatorio (ANSES).
  • el empleado abonará la cuota sindical.
  • el resto de la retenciones laborales se eliminan.

Las Obras Sociales Sindicales quedarán como administradoras de servicios de salud, como actualmente, pero el dinero vendrá del gobierno nacional, responsable del pago de salud, que deberá recuperar toda la salud nacional. A las OOSS no les afecta, porque el dinero lo reciben igual que ahora, pero no del bolsillo del trabajador o del empleador.

PAMI se financiará con dineros públicos.

Será una forma de devolver, en parte, el dinero que el estado nos viene quitando en los últimos años.

Estas medidas reducirán la brecha entre costo del empleado y el sueldo de bolsillo.

Terminar con el problema de los despidos, permitirá eliminar una de las grandes barreras al trabajo formal.

El objetivo debe ser:

  1. pleno empleo,
  2. buenos sueldos,
  3. 100% de los trabajadores en blanco.

Entiendo que la presente es una propuesta que beneficia a todas las partes, pero en particular a los trabajadores. Puede ser que alguno cobre buen dinero luego de un juicio. Por lo general es plata que viene tarde y mal con muchos comiendo en el medio. El trabajador necesita la seguridad de que va a llevar un plato a la mesa de su familia al mes siguiente de perder el trabajo. Este sistema se lo garantiza. Siempre es mejor plata en mano. Ése es el verdadero derecho del trabajador.

Por otro lado, una propuesta como la presente, permitirá reducir la actividad del fuero laboral en forma notoria.

Por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Nota

(*) Supongamos que el sistema comienza a funcionar el 30/06/2024. Una persona trabaja para un banco desde el 2014. Ya tiene 10 años de antigüedad. La patronal comienza a aportar a partir del 01/07/2024. ¿Qué sucede con los 10 años acumulados? Son 10 sueldos más su aguinaldo (SAC).

Por ser una gran empresa, tiene dos años para conformar ese dinero (10 sueldos con aguinaldo). Si es una PyMe, hay que concederle más tiempo. Con eso limpian su historial de contingencias. Eso será dinero adicional a administrar además de los U$D 4 mil millones anuales.

También hay que hacer un jubileo respecto de la historia en negro. El sistema actual es absurdo. Basta haber pagado una hora en negro hace diez año y el trabajador puede reclamar doble indemnización.

Si se trabajó en negro, la única obligación del trabajador es cubrir el pago previsional.

Ni siquiera el de la OOSS, porque luego de un tiempo (¿dos años?) el reclamo debe prescribir. 

Lo mismo con el trabajo en negro. Luego de un año, no hay reclamos.

(**) Trabajé 10 años en una AFJP, y se trataba de una muy correcta y que seguía las reglas al pie de la letra. Las reglas estaban mal, porque obligaban a comprar papeles en la bolsa. Tarde o temprano ―en cualquier bolsa, pero más aún en la nuestra que es diminuta― uno termina comprando basura. Por eso: oro, plata o divisas o bonos en dólares con garantía de recaudación aduanera.

Artículo publicado el 23/09/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/09/indemnizaciones-laborales.html.

LA POLÍTICA DE DESTRUCCIÓN EN MATERIA DE DEFENSA SIGUE VIGENTE. PROPUESTA.

Marcelo Javier de los Reyes*

El gobierno de Cambiemos

En la década de 1990 asistimos a la destrucción de la industria de la Defensa, una de tantas. Luego de la crisis de 2001 siempre existieron justificaciones para no recuperar a las Fuerzas Armadas pero la llegada del kirchnerismo al poder agudizó aún más la situación.

Durante la campaña cada pata de Cambiemos tuvo su grupo dedicado a analizar las cuestiones inherentes a la Defensa y ya se percibía claramente el desinterés de ese espacio político por recuperarlas del abandono pero nada indicaba que la gestión iba a ser tan desastrosa como lo fue, la cual terminó con el hundimiento del submarino ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. Unos y otros son responsables de ese hecho trágico para nuestra Armada, tanto el gobierno que llevó a cabo las reparaciones de medio término, como el gobierno durante el cual se dio la orden de zarpada y la propia Armada. Previa a su partida desde su base en Mar del Plata existía un informe que enumeraba una serie de defectos, según me confió una fuente del propio ministerio, cuya lectura debió haber evitado que la nave emprendiera esa travesía.

Ya antes de esa tragedia la política del gobierno de Cambiemos daba muestras de que no variaría respecto del que lo precedió, lo que me motivó a escribir el artículo titulado “Fuerzas Armadas: Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional”, del 15/03/2017,

https://saeeg.org/index.php/2017/03/15/fuerzas-armadas-cambiemos-continua-con-la-politica-kirchnerista-de-destruccion-de-la-defensa-nacional/

Al igual que ahora, el gobierno de Cambiemos abrió un abanico de posibilidades de compra de material para nuestras Fuerzas Armadas, excusa que solo favoreció a ciertos funcionarios para “viaticar”. Durante la gestión finalmente se compró poco y nada y mal. Adquirieron cuatro OPV francesas, más apropiadas para la Prefectura Naval Argentina que para la Armada, la primera de las cuales navegó protegiendo nuestra soberanía sin armamento. Me refiero al ARA Bouchard, al que recientemente le colocaron un cañón y que aparentemente tuvo problemas en un motor. Las cuatro lanchas israelíes Shaldag, que resultan excesivas para patrullar el Paraná y con cuyo costo podríamos haber construido veinte más acordes a nuestras necesidades o, en su defecto, haber comprado las LPR-40 al astillero Cotecmar de Colombia. En esa oportunidad, la compra fue llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad a cuyo frente estaba Patricia Bullrich, junto a un sistema de vigilancia de fronteras y globos radar, los cuales también fueron comprados a Israel a pesar que se fabricaban aquí.

Cuando se aproximaba la Cumbre del G-20, en 2018, el gobierno se dio cuenta que carecía de una Fuerza Aérea que pudiera garantizar la seguridad de los líderes que acudían a la reunión en Buenos Aires. Se procedió a comprar cinco aviones Super Étendard Modernise (SEM)… que no volaban. Bueno, durante el gobierno kirchnerista también se compró material ferroviario chatarra así que ya teníamos experiencia.

A estas compras pueden agregarse la de los doce aviones de instrucción Texan II comprados a los Estados Unidos por un costo de US$ 160.470.000, en detrimento de nuestros Pampas.

Como de costumbre, los ministros de Defensa de la democracia no tienen presupuesto para equipar a las Fuerzas Armadas y ante el desmadre económico del gobierno de Macri, se optó por recortar mucho más ese presupuesto y se suspendieron muchos proyectos como puede corroborarse en mi artículo ya mencionado. Claro que cuando lo escribí tenía algunas sospechas de por qué se ponía la mira en los cinco aeródromos que tenía la Fuerza Aérea entre la CABA y la Provincia de Buenos Aires… hasta que apareció el negocio del Flybondi y eso me dio la pieza que faltaba a mi rompecabezas. Lo extraño era que no reflexionaran acerca de que la Fuerza Aérea no tenía aviones.

Un nuevo gobierno peronista/kirchnerista

Bien, estamos de nuevo con un gobierno peronista/kirchnerista que, al igual que el de Cambiemos, hace grandes anuncios. Los medios que se dedican a temas de Defensa nos hablan de toda la oferta de material ruso con transferencia de tecnología, que nos permitiría dar un gran salto desde este estado de indefensión en el que nos encontramos. Las propias autoridades del Ministerio de Defensa se mostraron con representantes rusos visitando astilleros y analizando el potencial de nuestra industria de la defensa. Pero no hay que hacerse ilusiones.

Bien pronto, el sitio Zona Militar publicó —el 10 de marzo— un artículo titulado “¿Cuál es el equipamiento que se negocia para las Fuerzas Armadas para 2021?” para, copete de la noticia, decir: “Presentamos los principales puntos que el Ministerio de Defensa quiere abordar durante el 2021”[1].

Citaré textualmente lo escrito por Zona Militar:

“A continuación, el equipamiento destinado a ser negociado para su incorporación, modernización, finalización, etc., según el Ministro Rossi.

  • Se espera que se concluya un contrato con INVAP para terminar 2 radares y construir cinco nuevos. Dos son para reemplazar los viejos, otros dos son para la policía de la provincia del Chaco, uno destinado a Mercedes y otro a Tostado, y Río Grande en Tierra del Fuego. Estos radares tienen la función de constituir una segunda línea de sensores en territorio nacional.
  • Objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional que pueda operar con el rompehielos ARA Almirante Irizar destinado a las misiones de la Campaña Antártica de Verano.
  • Aspiración de construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021.
  • Terminación del prototipo IA-100 Malvina.
  • Finalización de la campaña de ensayos en vuelo del avión Pucará Fénix.
  • Finalización de las tareas de modernización del C-130H Hércules TC-64 que se encuentra en FAdeA
  • Finalización de la modernización del avión P-3 Orión.
  • Incorporación a la Fuerza Aérea de los B-200 (Hurón).
  • Incorporación del Boeing 737 para transporte de tropas y servicio dentro de la estructura de LADE.
  • Reemplazo del LAMA por 6 helicópteros de montaña. Tres para la Fuerza Aérea Argentina y tres para el Ejército Argentino.
  • La puesta en servicio de una nueva OPV.
  • Re motorización de las corbetas MEKO 140.
  • Finalización de dos lanchas LICA para entrenamiento de cadetes.
  • Terminación de un buque Swath para el servicio de hidrografía naval.
  • Intención de construir remolcadores para la Armada Argentina.
  • Incorporación de dos unidades del helicóptero Sea King.
  • Terminación de la ICM de uno de los helicópteros Mi-171E de la Fuerza Aérea Argentina para operar exclusivamente en la Antártida.
  • Retomar el programa TAM2C.
  • Compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino.
  • Definición del programa VCBR para el transcurso del año.”

Como podrá apreciarse, nada conmovedor y con la certeza de que al menos la mitad de los ítems no se concretarán. Eso se ve claro en esta enumeración que menciona términos como “aspiración” e “intención”.

Para no detenerme en cada uno de los puntos, tomaré algunos a consideración.

La presidente de FAdeA, Mirta Iriondo, ha señalado que debe reemplazarse a los Hércules argentinos y que fue un error no haber comprado los españoles porque eran más nuevos[2]. Si bien la presidente de FAdeA admite no estar en el ministerio, se entiende que su opinión al respecto debe ser escuchada y contemplada, ya que la reparación de los Hércules argentinos es de su competencia y conoce las dificultades de encontrar los repuestos. De tal manera que luego de haber invertido fondos en la modernización se plantea la necesidad de reemplazarlos, algo que se debió haber pensado antes. Agrega otro punto de interés, es que el KC-390 de Embraer podría no cumplir la misma función de los Hércules y que no sabe si llegan a la Antártida —por cuestiones técnicas— y que cree que la computadora de ese avión es británica, por lo que no podríamos contar con el mismo por el embargo impuesto por el Reino Unido.

El tema de las lanchas LICA, nave de instrucción para cadetes en proceso de construcción en los Astilleros Río Santiago, es un proyecto que se remonta a 2015 y que fue paralizado por falta de presupuesto. Cada tanto tiempo se hace el anuncio de que se retomará su construcción y se entregarán dos de esas lanchas[3].

El objetivo de construir un buque polar de desarrollo nacional es absolutamente viable y puede recordarse que en nuestros astilleros se construyó el ARA Bahía Paraíso (B-1), botado en 1980, con una destacada intervención en el Conflicto del Atlántico Sur pero que naufragó en la Antártida en 1989, tras chocar con una roca cuando trasladaba a un grupo de turistas. Ahora, no es un objetivo que se pueda comenzar y finalizar en 2021 y mucho menos razonable si se tiene como ejemplo lo que sucede con las lanchas LICA.

Se “aspira” a construir de 2 a 3 aviones Pampa durante el transcurso del año 2021. Es aproximadamente al ritmo que se viene desarrollando pero dada la falta de aviones en la Fuerza Aérea, deberían producirse unos 20 Pampa III artillados por año. Incluso se había considerado su incorporación a la Armada Argentina.

La “compra de vehículos de transporte para el Ejército Argentino” es algo que hacen casi todos los gobiernos. Quizás habría que pensar en un plan integral que contemple la reconstrucción de las redes ferroviarias —desmanteladas fundamentalmente en la década de 1990—, que tendrían múltiples usos, transporte de personas, de mercaderías, ferrobuses que unirían pueblos y ciudades del interior y un uso estratégico militar que permitiría el transporte de blindados, lo que actualmente se hace en camiones. Recuperar y rediseñar el trazado ferroviario significa articular nuevamente el territorio nacional, favoreciendo su integración y el mantenimiento de la soberanía.

Sin embargo, debe destacarse que nada en esa enumeración se refiere a la incorporación de material militar nuevo destinado a la defensa. No se contemplan aviones supersónicos ni buques de guerra para navegar nuestro extenso mar Argentino. Es que todos los gobiernos de la democracia se han dedicado a desmantelar las Fuerzas Armadas, un actor fundamental para mantener nuestra integridad territorial. Sólo se piensa en ellas para funciones subsidiarias, como por ejemplo ayuda en catástrofes naturales.

Existe un odio visceral hacia las Fuerzas Armadas por parte de la casta política de todo pelaje, pues los diferentes gobiernos no han hecho más que humillar a su personal y a una de las más importantes instituciones de la Nación, la que debe velar por la Soberanía Nacional, por la integridad territorial. Un claro ejemplo lo ha dado el Ministerio de Defensa y el propio ministro de Defensa al descubrir baldosas recordatorias de los desaparecidos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Conmemoración” del 24 de marzo en el Ministerio de Defensa

El sostenimiento de un relato y de este tipo de actitudes por parte de un ministro de Defensa es absolutamente contrario a la unión nacional, pues se sigue dividiendo a la sociedad y denigrando a las Fuerzas Armadas sin narrar la verdad de los hechos que llevaron al 24 de marzo de 1976, día en que los militares con apoyo mayoritario de la sociedad argentina asumieron el gobierno; una sociedad cansada de los actos cometidos por diversos grupos terroristas que pretendían cambiar la Bandera Nacional creada por Manuel Belgrano para reemplazarla por un trapo rojo empuñado por “jóvenes idealistas” que derramaron sangre inocente en la Argentina, levantándose en armas contra un gobierno constitucional. Cabe recordar que fue ese gobierno constitucional el que firmó el decreto 261 del 5 de febrero de 1975, cuyo artículo 1º enunciaba:

El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de TUCUMAN.

Y cuyo artículo 9º cerraba de la siguiente manera:

Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese. — MARTINEZ DE PERON.[4]

De tal modo que quienes niegan la historia jamás tendrán la intención ni la aspiración de reestructurar las Fuerzas Armadas. Pero debe recordarse que el Artículo 99 de la Constitución Nacional expresa que el Presidente de la Nación “es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación” (inciso 12) y “dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación” (inciso 14).

La ley N° 23.554 de Defensa Nacional, en su artículo 2º, enuncia:

La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Una propuesta para recuperar las capacidades de las Fuerzas Armadas

La recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas solo puede considerarse a partir de la llegada al gobierno de una nueva dirigencia con sentimientos patrióticos, la que al presente no parecería que podría surgir de los espacios políticos que hoy están en condiciones de ganar una elección.

Con respecto a la Defensa Nacional debe considerarse un primer eje que es fundamental y que es el contexto geopolítico. En este sentido debería considerarse el escenario en que se encuentra la Argentina, qué política exterior nos proponemos desarrollar y en función de ello se debe reflexionar qué sistema de Defensa es necesario para la Argentina. Por otro parte, justamente en función de ese contexto geopolítico, deben considerarse las “hipótesis de conflicto”, las que vienen siendo negadas por las últimas administraciones nacionales.

Habida cuenta del estado de indefensión de la República Argentina, se hace necesaria una urgente recuperación de las capacidades perdidas y, dado que cada gobierno tiende a dejar sin efecto lo que ha acordado o planificado su precedente, es imprescindible implementar un Plan Trienal de Recuperación de las Fuerzas Armadas —es decir que lo pueda desarrollar ese mismo gobierno— que les permita alcanzar un alto nivel operativo. Para ello debe destinarse una inversión de US$ 12.000 millones con la finalidad de reconstruir, principalmente, la Fuerza de Submarinos y la Flota de Mar, así como la Fuerza Aérea.

Debe recordarse que el territorio nacional, sin considerar el mar territorial, representa la octava superficie a escala mundial, por lo que sus Fuerzas Armadas deben estar acordes a ese espacio geográfico al que, además, debe añadirse la gran extensión en el Atlántico Sur, cuya proyección incluye a nuestras islas Malvinas, Orcadas, Georgias y Sandwich del Sur. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas cumplen un papel esencial en nuestra Antártida, por lo cual amerita que se les proporcione los recursos necesarios para efectuar esa labor.

Ese objetivo de la recuperación material de las Fuerzas Armadas puede llevarse a cabo tanto a través de la adquisición por compra —a países que en la actualidad no nos estén sometiendo a un embargo, ni que puedan hacerlo a futuro— como a través del desarrollo nacional. En función de este último punto, debe potenciarse la industria nacional de la Defensa con la intención de alcanzar un alto nivel de calidad, lo cual redundará en una reactivación económica que favorecerá a amplios sectores productivos, en especial a la industria nacional, incluyendo las pymes. Es imperioso poner en funcionamiento todos los astilleros, tanto para producir buques militares, como pesqueros, mercantes, petroleros, etc., lo que también permitiría a la Argentina fundar nuevamente una empresa como ELMA, la que podría llevar nuestras exportaciones a todo el mundo.

Un segundo eje, asimismo de gran importancia, es el de los recursos humanos. Debe atenderse la cuestión salarial, pues no es coherente que el Estado Nacional invierta en la formación del personal militar —en particular en pilotos de aeronaves— para que luego pasen a integrar empresas aerocomerciales, de seguridad o de logística, e incluso pasen a formar parte de la policía, entre otras alternativas. En función de ello, debe procederse a una recomposición salarial que permita establecer un mecanismo de selección más basado en la Carrera Militar que en la obtención de una cobertura social, de modo tal que impida la emigración de su personal y obre de incentivo para alcanzar, en lo personal, aún una mayor capacitación.

Sería deseable, como métrica de ingreso, poder quitar a la totalidad del personal militar de su hundimiento salarial por debajo de la línea técnica de la pobreza.

Sostener al personal calificado no solo depende del ingreso económico. Es preciso restablecer de manera seria, un Plan de Carrera que esté basado en las capacidades y méritos del personal.

Un tercer eje es el del adiestramiento. En la actualidad, en buena medida por la escasez de recursos a que las Fuerzas Armadas fueron sometidas y al desinterés de las diversas administraciones nacionales, el nivel de adiestramiento ha decaído en forma preocupante. Por tal motivo, deberá elevarse considerablemente ese nivel, el cual deberá ser rigurosamente controlado para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir óptimamente con el deber que la Nación les exige. En este punto, debe incluirse la capacidad técnica y tecnológica para que el personal militar esté preparado para actuar ante la guerra del presente, es decir, poder enfrentar la ciberguerra, la guerra electrónica y las denominadas “QBN”, química, biológica y nuclear. Con respecto a este último punto, se requiere un profundo conocimiento tecnológico por lo que representa un gran desafío para nuestras Fuerzas Armadas dada la falta de personal capacitado.

En tal sentido, es necesario un cambio de paradigma, en el cual el adiestramiento en disciplinas tecnológicas complejas debe centrarse en las capacidades y no en los medios. De nada sirven fastuosas inversiones en medios, en ausencia de las capacidades humanas precedentes.

Debería considerarse un cambio en la legislación de Defensa y de Seguridad Interior, ya que las amenazas y riesgos actuales requieren que se deje de lado la división entre “seguridad externa” y “seguridad interna” para avanzar en un concepto integral, de modo tal de superar las limitaciones que actualmente se le imponen a las Fuerzas Armadas, impidiéndoles la actuación en casos de emergencia o excepcionales, como por ejemplo contribuir en el control de fronteras.

Debería reconsiderarse el actual Servicio Militar Voluntario e implementarse un Servicio Militar Optativo que, a su vez y a futuro, contribuirá al incremento del Personal de Reserva. Cabe recordar que mientras estuvo vigente el Servicio Militar Obligatorio —actualmente suspendido—, los soldados conscriptos accedían a un sistema de salud, a terminar sus estudios primarios y a capacitarse en alguna profesión que luego le sería de utilidad en la vida civil. En tal sentido, el Servicio Militar Optativo —concebido de un modo más amplio que el sistema actual— podría ser una herramienta vital para aquellos jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan.

Del mismo modo, es necesario sancionar una nueva Ley de Reserva para incrementar el personal profesional en caso de necesidad.

Dada la extensión territorial de la República Argentina, es necesario aumentar urgentemente la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, así como su presupuesto, el cual deberá ser elevado al 2,5% del Presupuesto Nacional. No cabe duda que la Argentina cuenta con recursos para mejorar el presupuesto de Defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que el actual gobierno puede destinar el 3,4 % del Producto Bruto Interno a programas con perspectiva de género, un porcentaje muy superior al que se destina a la Defensa Nacional.

Como ya se ha mencionado, la recomposición de las Fuerzas Armadas debe ser enmarcada en un proceso de reforma del Estado que debe contemplar la reducción de sus ministerios a un número inferior a diez y que considere que muchos de sus cargos ejecutivos deberán recaer en personal de carrera, reduciendo así el “costo político” que significa el nombramiento de funcionarios de partidos políticos, familiares y amigos. Poner en marcha la producción nacional para la defensa implica activar la producción nacional en diversos sectores, es decir, generar empleo, e integrar nuevamente al país a través de un adecuado sistema de comunicaciones.

Nunca más un gobierno y ministros que administren la miseria en materia de Defensa.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “¿Cuál es el equipamiento que se negocia para las Fuerzas Armadas para 2021?”. Zona Militar, 10/03/2021, https://www.zona-militar.com/2021/03/10/cual-es-el-equipamiento-que-se-negocia-para-las-fuerza-armadas-para-2021/

[2] “FAdeA apunta al reemplazo de los hércules argentinos, y señala el error de no haber comprado los españoles”. Infodefensa.com, 10/03/2021, https://www.infodefensa.com/latam/2021/03/10/noticia-fadea-apunta-reemplazo-hercules-argentinos-senala-error-haber-comprado-espanoles.html.

[3] “El Astillero Río Santiago finalizará la construcción de dos lanchas LICA para la Armada Argentina”. Defensa.com, 22/08/2020, https://www.defensa.com/argentina/astillero-rio-santiago-finalizara-construccion-dos-lanchas-lica

[4] “Decreto secreto sobre operaciones militares necesarias contra la subversión”. SAIJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, http://www.saij.gob.ar/261-nacional-decreto-secreto-sobre-operaciones-militares-necesarias-contra-subversion-dn19750000261-1975-02-05/123456789-0abc-162-0000-5791soterced?q=%28numero-norma%3A261%20%29%20AND%20fecha-rango%3A%5B18000101%20TO%2019751231%5D&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n

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