La Emergencia Pesquera recientemente decretada (Nº 480/23) en el Golfo de San Matías (Río Negro) por el término de un año, “con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica generada por la escasez del recurso”, firmado por la gobernadora Arabela Carreras, es una muestra elocuente de la incapacidad de las autoridades de esa Provincia, de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y del Consejo Federal Pesquero en la coordinación de las políticas pesqueras con los gobiernos provinciales y el aprovechamiento de todas herramientas, entre ellas, la investigación y la regulación del esfuerzo pesquero, de modo de optimizar la utilización del recurso y darle sostenibilidad en el tiempo.
Las emergencias pesqueras, basados en “una disminución del recurso” suelen provocar determinadas acciones que describiremos; pero, nunca, estas declaraciones son buenas, porque suponen medidas reactivas que transfieren los costos al Estado que, por lo general, suele hacerse cargo de los salarios caídos del sector privado, de la refinanciación de las deudas, impuestos y las tasas de las empresas. Se empobrecen las industrias, su gente y el propio Estado provincial y municipal.
Cuando ocurren situaciones excepcionales de carácter biológico que producen un desequilibro en el ecosistema podrían justificarse este tipo de emergencias. Aquí habría que preguntarse si efectivamente el recurso disminuyó o por el contrario “es escaso” como refieren algunas fuentes oficiales; lo que podría estar dando lugar a pensar, que se han otorgado permisos a un mayor número de buques sobre un mismo recurso existente; es decir se ha aumentado el esfuerzo pesquero irresponsablemente.
Sería bueno que la Autoridad de Aplicación publique el número y detalle de los permisos, cuotas y autorizaciones de pesca en estos últimos 10 años con radicación en los puertos de Río Negro y más particularmente en los últimos cuatro y, a la par, revisar los desembarcos en ese mismo período, al menos de las tres especies principales: merluza común, langostino y calamar que en toneladas representan el 76,7% el total de las exportaciones nacionales y el 85% de los dólares exportados. Me informan que habría más de cien permisos y solo estarían pescando unos 15 buques. Pero esto requiere que las autoridades pertinentes lo precisen.
Al asumir el 10 de diciembre de 2019, alguien le tendría que haber dicho a la gobernadora que la política pesquera de la Provincia es pésima en relación con sus pares del litoral marítimo, ya que los desembarques de los últimos 10 años representan entre 0,67% y 1,27% del total de la Argentina en las especies citadas y, así y todo, ahora se ve obligada a declarar una emergencia pesquera por un año; tiempo absolutamente insuficiente, si de lo que se trata es de una “disminución del recurso” y, tal vez apropiado, para pasar este período electoral, si de lo que trata es que “el recurso es escaso” porque se habrían otorgado más permisos que los que la captura máxima sostenible permite en el Golfo de San Matías. El recurso es renovable pero agotable. Aquí no aplica “la multiplicación de los peces” que los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan le atribuyen a Jesús.
Suele decirse en los ámbitos portuarios que “los permisos de pesca” tienen un cierto valor en dólares. A mí no me consta, pero si así fuese, el tenedor se estará preguntando ¿dónde está el pescado?
Uno también se pregunta: siendo el Subsecretario de Pesca de la Nación un hombre patagónico y el actual director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) originario de Río Negro y ex Director Instituto de Biología Almirante Storni (IBMPAS) ¿cómo ocurren estas cosas? Al respecto, el Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras». Nada de lo que está pasando en Río Negro.
El Biólogo Raúl González del Storni se ha referido —entre otras cosas— a que “la abundancia de la biomasa se redujo en un 75% según estudios realizados en los meses de noviembre/diciembre de 2022 según los últimas evaluaciones realizadas en 2018” resultando inadmisible que deban transcurrir cuatro años sin las investigaciones adecuadas y también, estima este investigador, que “las motivaciones pueden deberse al descarte superior al 30% de especies juveniles y el descarte por pesca incidental de terceras especies en la captura de langostino (bycatch)”, lo cual está absolutamente prohibido por la legislación vigente y ha sido debidamente comunicado en distintos informes del INIDEP, la AGN y la FAO, entendiendo este investigador que “se debería reducir a más de la mitad el esfuerzo pesquero (NdA: lo que podría estar reforzando la teoría que hay más permisos que recursos disponibles); regular la pesca del langostino y efectuar paradas biológicas”; medidas que provocarán desocupación en el puerto, en la flota y las plantas procesadoras, con la consiguiente desmoralización y pérdida de sustento de trabajadores e industrias.
Si estas observaciones del referido biólogo se confirmasen, estarían indicando una absolutamente ineficiente administración del recurso y, debieran, a mi entender, provocar el desplazamiento de la subsecretaría de pesca de Río Negro; pero, también, dejar de manifiesto la política insustentable e insostenible que lleva la Subsecretaría de Pesca de la Nación y falta de coordinación de las políticas nacionales y de intervención ante la situación emergente, como lo prevé la legislación vigente, cuya gravedad, podría haber quedado de manifiesto a partir de cualquier análisis básico que mostraría síntomas al menos en los últimos años.
Del análisis de las estadísticas de desembarcos del Sistema de SSPyA, éstas estarían demostrando que pese a la ínfima captura en relación con los desembarcos del resto de las provincias, aquella se habría duplicado; habiendo caído en un 50% las capturas de merluza en 2022 con relación a 2021 y un 20% el langostino en igual período. Caída que se mantiene en el primer semestre de 2023.
Lo que estaría ocurriendo se centra en una falta de un plan estratégico de la Provincia que termine con la “política restrictiva” que limita la pesca de la flota al Golfo de San Matías y potencialmente a un número de permisos otorgados que exceden a la disponibilidad actual del recurso y otros motivos, entre los que se encuentran el exceso de descartes y uso de redes inapropiadas, la falta de monitoreo de las capturas, del stock disponible y el control adecuado de los desembarcos en cuanto a volumen y especies.
Lo que algunos llaman “colapso de la pesca en Río Negro” es de tal gravedad y la punta del iceberg de una política pesquera extractiva que atrasa 50 años y pone en riesgo una actividad generadora de población, industria y empleo en la Patagonia Argentina.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.
Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.
Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.
Sargento Ayudante José Eduardo Aigo
El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.
Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].
Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].
En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].
Los araucanos
Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.
A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.
Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.
Aculturación e invasión de La Pampa
Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.
Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».
Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.
Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.
Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.
Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.
La situación actual
Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.
Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.
Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.
Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].
[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.
[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.
[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.
[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.
En 1879 con la Campaña al Desierto el General Julio A. Roca eliminó la amenaza indígena desde el sur de las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta el Río Negro. Durante un siglo se vivió en paz y las salvajadas de los malones fueron olvidadas. Pero hacia 1990, con el colapso del mundo socialista, el tema del indigenismo, repentinamente cobró vigencia.
A partir de ese momento, financiados y apoyados por intelectuales y fundaciones europeas, este grupo comenzó a demandar entrega de tierras, también al derecho a una reparación patrimonial histórica y al derecho de autogobierno. Para la policía de Chubut todo comenzó el 28 de diciembre de 2014 cuando un grupo de 4 encapuchados interceptó un camión en El Maitén sobre la Ruta 40. Gritando consigas separatistas del RAM, bajaron a golpes al conductor y arrojaron una bomba molotov al camión, incendiándolo completamente. Los RAM enfrentan denuncias penales de todo tipo por provocar más de decenas de incendios, robar ganado y atentar con armas de fuego contra empleados de la Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de Benetton. También atentar contra la GNA. Habría recibido millones de pesos a través de fundaciones extranjeras y argentinas. De otra forma no podría operar.
Pero aquí cabe un análisis, la fisonomía actual de un mapuche es la de un nativo de piel cobriza, estatura baja, que camina sin armonía, de pocas palabras y no es en absoluto el guerrero peligroso de otros siglos.
El encapuchado de la foto no es de piel oscura, más bien tiene aspecto de un latino y se cubre para que no se advierta su origen. Esto hace pensar, ¿si realmente el RAM es una organización pura de origen mapuche o también tiene personajes de ciudad, incluso de regiones más cálidas…?
¿Un segundo frente?
Por una cuestión de imagen internacional, el gobierno de Chile, y el de Argentina, saben que para no afectar la llegada de inversores extranjeros, no pueden aceptar la existencia de un grupo guerrillero operando en su territorio.
Por ello y al igual que un incendio deberían extinguirlo antes que sea demasiado tarde, de lo contrario se corre el riesgo de tener dos frentes: uno en el norte con el narcotráfico y otro en el sur con una guerrilla.
Una guerrilla es igual que un incendio, si no se lo extingue a tiempo se descontrola y todo lo destruye.
Lógica pura
Pensar que Chile y Argentina en el siglo XXI van a ceder graciosamente una parte de su territorio a una fracción separatista mapuche es tan disparatado como gracioso.
* Revista independiente para el personal de la GNA, Tiempo GNA, Nº 62 bis, noviembre de 2021.
