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LA SECRETARÍA DE MALVINAS NO AGARRA UNA SOLA PELOTA ANTE LA ACCIÓN POLÍTICA BRITÁNICA EN LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

La posesión de la pelota respecto a la cuestión de Malvinas en el territorio argentino la tiene claramente el Reino Unido y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina lleva adelante un juego defensivo que no alcanza a pasar del área chica local. Sin “la mano de Dios” es difícil ganarles a los ingleses y el partido se está perdiendo por goleada. Como suele ocurrir en estos casos y, sino pregúntenle a Luis Enrique, la culpa la suele tener el director técnico.

Por si acaso, antes de seguir “anulemos la mufa”.

Mark Kent, el entonces embajador británico en la Argentina, llegó al país en junio de 2016 y se fue en el mismo mes, cinco años después. “Se ganó el corazón de todos aquellos que lo conocieron”, diría Soledad Blardone de Infobae (16/06/2021); pero, durante la estada de este diplomático en el Palacio Madero Unzué —la embajada-residencia más lujosa que los británicos tienen en el mundo— este simpático pero disciplinado personaje no tuvo ni un solo gesto relacionado a los derechos argentinos sobre Malvinas. Sin embargo, para algunos argentinos distraídos y otros tantos anglófilos (por ser diplomático) supo ganarse —al igual que algunas señoritas de Buenos Aires de 1806— sus corazones. Habla español, twittea en este mismo idioma; le gusta el mate, el vino argentino, el asado, hacer chistes y viajar en colectivo; también el futbol, pero “siempre hincha por el equipo legal”; invitaba a sus “admiradores” a la embajada a tomar uno o varios “Johnnie Walker Double Black o Blue Label”, cuestión que puede hacer perder la cabeza a más de uno; de hecho, el ex Canciller del Reino Unido Alan Duncan comentó (Eduardo Barcesat. Perfil, 24/04/2022) que el vicecanciller argentino Carlos Foradori habría acordado el martes 13 de septiembre de 2016 en los sótanos de esa Embajada el Pacto que lleva vulgarmente el nombre de ambos, en un estado etílico que el más básico control de alcoholemia le hubiese quitado la licencia de conducir; pero, no le impidió, nada menos, que acordar se adopten “las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” sin aludir en ese acuerdo a la cuestión central de la soberanía plena de Malvinas, pese a todas las Resoluciones de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

“Mi padre era granjero y camionero”, decía Kent, “el maestro es bueno” diría Alberto Olmedo; pero de eso no se trata, ni de como manifestaba en la entrevista de Infobae que “los argentinos son ácidos, sarcásticos, irónicos y, el sentido del humor es muy similar al de los británicos” (sic) porque durante el tiempo que este buen hombre se ganó el corazón de muchos argentinos, el citado Kent dejaba claro que “Sobre Malvinas las posiciones de base política no cambiaron (…) Reconocemos que tenemos posiciones diferentes y que no estamos de acuerdo en ciertas cosas” y los británicos siguieron ocupando nuestros territorios y explotando nuestros recursos hasta nuestros días, ante la más absoluta pasividad de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería argentina. Bien a la Argentina: los británicos son buenos, pero no boludos.

Pero llegó Kirsty Hayes a la embajada británica y pese a que el presidente de la Nación, la Cancillería Argentina y el secretario de Malvinas manifestaron que la Argentina no haría negocios con el Reino Unido mientras no se tratase la cuestión de Malvinas, esta señora agarró el porfolio y empezó a comprarles a los gobernadores ávidos salir del cabotaje y vincularse con el mundo. Morales de Jujuy; Sáenz de Salta; Uñac de San Juan; Jalil de Catamarca y Bordet de Entre Ríos (Agenda Malvinas, 05/11/2022), se transformaron en los primeros, tal vez por aquello, de “divide y domina” (Julio César; Napoleón) frente a una Secretaría de Malvinas y una Cancillería sin poder ni rumbo alguno. Días después nos enteramos (Letra P) que militares de Kosovo harán ejercicios militares en Malvinas y recordamos «que en Malvinas se entrenaron tropas británicas que luego intervinieron en Afganistán» (Carlos Biangardi, 06/12/2022) y también que «Malvinas se convierte en un centro de entrenamiento de la OTAN» (Horacio Micucci, 06/12/2022).

Ya sabemos, la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de las inversiones británicas en la Argentina” sigue vigente, al igual que los Acuerdos de Madrid y los citados Pactos de Foradori-Duncan, pese a las amenazas del secretario de Malvinas Guillermo Carmona de no «dar marcha atrás, nuestro país se reserva el derecho de revisión de los acuerdos de cooperación en curso entre ambos países» (Letra P); aunque este mismo funcionario ya indicara en diversas oportunidades que estos acuerdos están desactivados de hecho (¿?). Tan desactivados, como que empresas británicas son adjudicatarias de exploraciones petroleras offshore violando la Ley 26.659 (Solanas) que impide que empresas con vínculos en Malvinas tengan actividad en la jurisdicción argentina o, de igual forma, que la Cámara de Mar del Plata levantara la cautelar beneficiando a las empresas Equinor y Shell o los vuelos de LATAM siguen haciendo la logística de los británicos en Malvinas.

La embajadora británica en la Argentina Kirsty Hayes se mueve como pez en el agua en el país y en contrario la Secretaría de Malvinas no hace más que reclamar, declamar y actuar con un voluntarismo que contrasta con la reconocida profesionalidad británica para tratar sus cuestiones internacionales.

Por su parte, el Consejo Nacional de Malvinas, en sintonía con la falta de políticas de la Secretaría de Malvinas, a más de dos años de creado, no ha elaborado una sola estrategia acorde a las obligaciones que los miembros seleccionados por imperio de la Ley 27.558 debieron cumplir. Lo acaba de dejar en claro, quien se define como un estrecho Asesor del secretario Carmona.

Es bastante lógico que no exista a hoy un plan en el Consejo (aunque sus dictámenes no sean vinculantes), ya que este engendro —que daría la sensación de haber sido creado al solo efecto de acompañar la propuesta de salto al vacío de un elucubrado y arribista “académico”— no habría tenido como objeto elaborar una estrategia, sino solamente servir de apoyo “con consenso” (Art. 4º de la Ley 27.558 y 8º del Reglamento) a la Autoridad de Aplicación por parte de los políticos, académicos, juristas y veteranos seleccionados, a la iniciativa suicida de requerir una opinión consultiva, sin ningún fundamento nuevo y sin mejorar en nada el contenido ni los apoyos ya logrados en las Resoluciones 1514/60, 2065/65 y la 31/49, entre otras de las Naciones Unidas.

Nada mejor para entender la ineficacia de las acciones de la Secretaría y el Consejo de Malvinas que las esclarecidas opiniones emitidas el pasado 5 de diciembre de 2022 por el auxiliar docente de la UBA, amanuense (copia escritos y pasa en limpio) de Marcelo Kohen y asesor de la Secretaría de Malvinas el abogado Facundo Rodriguez, en oportunidad del reconocimiento a la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, donde participó en representación del secretario Guillermo Carmona; se trataba del principal orador convocado.

Allí dijo el referido representante: «Ustedes deben saber mejor que nosotros las dificultades internas para hacer llegar esa moneda o condecoración a sus destinatarios o por lo menos a sus familiares. Si hay algo que Carmona siempre ha mencionado y, lo digo porque lo he escuchado, no porque estoy defendiendo alguna postura o algo, yo soy académico, que su posición es de una Cancillería abierta o al menos de una Secretaría abierta. La Cancillería ha sido siempre vista y con justa razón, un lugar de elite o de personajes que no comulgan con lo popular o generalmente es un lugar de ámbito de difícil acceso…» (sic). A confesión de parte relevo de pruebas.

Preguntado en esa ocasión por Luciano Moreno de Pal’Sur respecto «a la presencia de una persona que pide dividir la Provincia de Tierra del Fuego, generar un referéndum en Malvinas para que los isleños determinen si son británicos o argentinos después de darle la posibilidad de que estos tengan un sistema migratorio por 30 años y esa persona se encuentra en el Consejo Nacional de Malvinas. se llama Marcelo Kohen y, propuso todo esto en el CARI diciendo además que la Disposición Transitoria Primera de la CN atentaba contra las negociaciones y a la solución de la disputa para que el Reino Unido se siente para descolonizar y, si estaba previsto que esa persona se le pida que se retracte…». El representante Carmona contestó: «El Consejo Nacional de Malvinas fue creado como un ámbito plural en donde se escuchan todas o por lo menos la mayor cantidad de voces posibles del espectro Malvinas, tenemos veteranos; académicos; juristas de distintas visiones; miembros de los distintos partidos políticos con visiones totalmente opuestas respecto a la estratégica para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre Malvinas y, me parece, que más allá de lo que cada uno pueda decir en su ámbito personal y a título personal, porque esto es algo que el profesor Kohen ha manifestado que lo ha dicho (el plan a los isleños y en el CERA) a título personal y así lo ha declarado, yo no voy a explicar la propuesta, ya que no es mi propuesta, es la propuesta de él y tendrá que explicarla cuando se lo pidan…» (sic).

Y continuó Rodriguez: «Entonces lo que haya dicho el profesor Kohen o haya dejado de decir en base a su propuesta, quizás, la propuesta en sí no sea…¿cómo se llama? pregunta y tartamudea el representante del Secretario de Malvinas, a lo que agrega Moreno “no sea constitucional”, precisando Rodriguez: para que sea constitucional o no, el debería ser parte de un poder del Estado y al no ser y simplemente exponer en un ámbito académico, quizás, deberíamos ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío». Aquí interviene nuevamente Moreno para acotarle: “la propuesta la presentó primero en Malvinas a los Kelpers y éstos le pagaron un lugar donde exponer, fue expuso y luego hizo lo mismo en el CARI”; acotando el asesor: «lo interesante quizás sería ver el vaso medio lleno, el debate que dispara esa propuesta, no la propuesta en sí, porque la propuesta de él (la de Kohen) puede ser una propuesta cualquiera, mientras no venga del Poder Ejecutivo no es vinculante para la Argentina; pero la propuesta quizás, y es lo que logró, porque estamos hablando de esto, estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar (…)» (Estos comentarios son idénticos, copia textual de los ya formulados en 2018 por Kohen en su exposición en el CARI). Continúa Rodriguez: «Creo que viendo el vaso medio lleno, esta propuesta del profesor Kohen, quizás, nos depara la necesidad de elaborar en conjunto de la sociedad, los académicos, los veteranos, o quizás dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo, como en la actualidad tenemos visiones totalmente opuestas como la del profesor Armando Abruza por un lado; del profesor Marcelo Kohen; la profesora o doctora Susana Ruiz Cerutti, con senadores y diputados del PRO, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, radicales y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic).

A esta altura, es interesante hacer notar algunas afirmaciones de este Asesor de la Secretaría de Malvinas, que en la ocasión representa al secretario Carmona (es decir habla por este): por lo que manifiesta, no parece que en el ámbito de la Secretaría o del Consejo se le hayan pedido explicaciones a Marcelo Kohen por su Plan, que coincidió con la vigencia del Pacto de Foradori-Duncan y, en particular, no se le habría preguntado con qué mandato, quién financió y en nombre de qué institución presentó la propuesta en 2018 ante los isleños en el territorio argentino de Malvinas, ubicadas a 12.558 km en línea recta de su residencia en Ginebra.
Contrario a lo que manifiesta este asesor, el citado Marcelo Kohen es parte del Estado, lo fue cuando representó los intereses del Estado argentino en los casos de las papeleras de Uruguay y la Fragata Libertad y también al integrar el Consejo de Malvinas que se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la Nación (Art. 1º de la Ley 27.558) y asesora al presidente (Art. 4º de la Ley). Sus opiniones no han sido formuladas en un “ámbito personal” como refiere Rodriguez, sino en forma política y pública (Perfil, 22/03/2018) y a los propios isleños (además de su exposición en el CARI) violentando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones de las Naciones Unidas, por cuanto estos no son parte en la disputa. Al indicar que no siendo formulada la propuesta por el Poder Ejecutivo no es vinculante, demuestra una supina incapacidad política, que le podría llevar a afirmar que dichos del Canciller o del secretario de Malvinas, que no son el presidente de la Nación y, por lo tanto, no son el Poder Ejecutivo, contrarios a la posición argentina expresada en la Constitución Nacional, no dañarían la postura argentina en la cuestión Malvinas (¡!).

En su calidad de Asesor de la Secretaría e interviniendo incluso en el Consejo Nacional de Malvinas: Rodriguez afirma: «estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar, a decir no la quiero; no voy a negociar y eso nosotros la podemos usar para que la opinión pública británica (…) quizás, nos depara la necesidad de elaborar (…) dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo…» en primer lugar, habría que decir que este representante de Carmona podría quedar incurso en la violación de la confidencialidad prevista en el Artículo 16º del Reglamento del Consejo y, ello derivaría de la ventilación de que ese Cuerpo debiera hacer propuestas que no estaría haciendo e incluso anuncia públicamente los efectos que estas propuestas —que el Consejo no realiza— podrían tener sobre la opinión pública británica. Una acción irresponsable de un funcionario de la Cancillería y una apreciación de increíble ingenuidad de quien se presenta como especialista en derecho internacional.

Respecto a las afirmaciones de Rodriguez que «en la actualidad (en el Consejo) tenemos visiones totalmente opuestas (…) y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic), lo que constituye una nueva violación de la confidencialidad necesaria en materia de las estrategias que debe llevar el Consejo (“…Quienes ejerzan o hayan ejercido funciones en el Consejo no deberán dar a conocer, en momento alguno, las deliberaciones que tengan allí lugar ni la opinión de otro miembro…”. Art. 16º del Reglamento). Consultado al respecto un acreditado diplomático, con una amplia experiencia en cuestiones de Malvinas, manifestó duramente: «claro que hay visiones totalmente opuestas: la del interés nacional y la de los traidores, ignorantes y oportunistas».

A lo ya dicho respecto a la ocupación extranjera del Atlántico Suroccidental (César Lerena El extranjero ocupa y explota el Atlántico Suroccidental”, 14/11/2022) se agregan las recientes declaraciones del presidente de la Nación: “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares. Estamos en un continente muy desigual, pero no hay problemas de guerra y se busca la unidad entre los países” (The Global Boardroom de @FT), lo que parece estar demostrando el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre cuáles son las amenazas que enfrenta la Nación, ya que nadie se imagina una confrontación con países de Suramérica; pero, no podemos olvidar que el Reino Unido de Gran Bretaña tiene ocupado o en disputa con la República Argentina 5.497.178 Km2 de su territorio continental, insular, marítimo y de la plataforma continental extendida. Todo ello, en medio del injustificable viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido del británico Joe Lewis, quien sería, el mismo propietario de la pista de aterrizaje de 1.800 metros inaugurada en 2008 para aviones de gran porte, ubicada en Sierra Grande (Río Negro), lindero a Chubut y a 1.200 km de Malvinas.

Me repito: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

UNA FUNDACIÓN EXTRANJERA PROPIETARIA DE ISLAS EN MALVINAS ES LA GESTORA DEL PROYECTO DE LEY AGUJERO AZUL

César Augusto Lerena*

¿Tiene la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) algún interés para proteger algunas islas del Archipiélago de Malvinas? Veremos, pero, siempre hay que tener mucho cuidado, porque a veces, atrás de aparentes cuidados medioambientales se esconden estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional, que se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país.

Nadie sabía —hasta hoy— porqué una Diputada, originaria del interior profundo, del salitre, el algodonal, devenida en ambientalista, presentaba un proyecto destinado a proteger algo en el piso de alta mar que, ni los investigadores alcanzaban a definir con precisión, rechazando —la Diputada— con cierta iracundia, todos los argumentos científicos, medio ambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron a su infundado proyecto y llamaba más aún la atención que la Cancillería y, más específicamente, la Secretaría de Malvinas, acompañara un proyecto enclavado en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

¿Puede un Diputado de la Nación hacer suyo un proyecto gestado y promovido por una Fundación extranjera y el secretario de Malvinas, desconocer de quién se trata la Wildlife Conservation Society?

¿Los legisladores, funcionarios y sus asesores trabajan a ciegas, ignoran o participan de un entramado externo que bajo la apariencia de cuidar el ambiente debilita la soberanía argentina?

La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5; organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas -entre otros territorios de ultramar- asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados, sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?

¿Es una mera casualidad que quién tendría que administrar esta Área Marina Protegida Agujero Azul no fuese otro que el reciente renunciado Administrador de Parques Nacionales Lautaro Erratchu que el 3 de agosto pasado dictó la Decisión 484 declarando «sitio sagrado Mapuche» al Volcán Lanín de Neuquén?

Para cuestiones meramente pesqueras la Cancillería tiene un embajador de carrera en el Consejo Federal Pesquero, por entender -seguramente- que, el ámbito de estas actividades, pese a tratarse de una explotación de recursos, de dominio y jurisdicción del Estado ribereño, está influido por regulaciones internacionales derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificada por la Argentina en 1995 (Ley 24.543) y, además, porque 5.497.178 Km2 del territorio marítimo e insular (1.639.900 Km2); antártico (2.426.911 Km2) y de la plataforma continental argentina (1.430.367 Km2) se encuentran ocupados o disputados por el Reino Unido.

Ya hemos dicho -nos preguntamos y afirmamos- en los siete anteriores artículos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el AMP originalmente limitada a 12 mil Km2 (2014) en la ZEE Argentina al Agujero Azul de alta mar con 164 mil Km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia inglesa que no pueden ser alcanzados por esta área marina protegida (AMP) y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no prevé los fondos para las tareas de control e investigación; que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia requerirá de unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar ni siquiera el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 -si se dispusiese de medios- para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de Km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, no impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podrá emprender actividades en la plataforma sin expreso consentimiento del Estado argentino?

Todo es gravísimo. Pero es absolutamente peor, porque Wildlife Conservation Society es propietaria de varias Islas en el Archipiélago de Malvinas y, claro, ahora podemos entender el interés de WCS por el Agujero Azul, que pasaría a conformar el “cinturón azul” de protección británica de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentra en las islas de “su propiedad” y, que, según el informe de la filial local de WCS conducida por la citada Falabella, al describir los porcentuales de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE (Pág. 82) alcanzan a “2.72” (Pág. 83/4).

La propia WCS se encarga de ratificar lo dicho: “En el extremo occidental de las Islas Malvinas (…), que sobresalen en el Océano Atlántico Sur, las Islas Jason son un importante sitio de anidación para el albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris). La especie es circumpolar en los océanos del sur, pero las poblaciones reproductoras más grandes se encuentran en la isla Steeple Jason. (…) Hasta hace poco, esta elegante ave se consideraba en peligro de extinción debido a una drástica reducción de su población desde 1950, pero ha comenzado a recuperarse. Se cree que la pesca con palangre y arrastre ha contribuido significativamente a esta disminución. Gracias a un generoso regalo de Michael y Judith Steinhardt, la Wildlife Conservation Society es propietaria de las islas Grand Jason y Steeple Jason desde 2001. Además de miles de parejas anidantes de albatros de ceja negra, las islas son el hogar de otras aves (…) WCS administra estas islas como reservas naturales privadas, y está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017).
Las Islas Sebaldes o Sebaldinas (51º04’37’’S 60º58’08’O) -de ellas se trata- están ubicadas al noroeste de la Isla Gran Malvina y a 400 Km de la Patagonia, son un grupo de islas con una superficie total de 21,7 Km2 de la Provincia de Tierra del Fuego. Su denominación se debe a que en 1559 el navegante holandés Sebald de Weert las bautizó con su nombre. Ya en poder del Reino Unido, entre 1864 y 1866. se mataron dos millones de pingüinos para la fabricación de aceite. En marzo de 1970 fueron compradas por Leonard W. Hill y, ya con la denominación inglesa Steeple Jason y Grand Jason fueron compradas por Michael Steinhardt en la década del 90, quien las donó a Wildlife Conservation Society (WCS) propietaria del Zoológico de Bronx.

Ahora sí podemos entender el Twitter del 6/7/2022 de la filial local de la WCS celebrando como una ¡GRAN NOTICIA! la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de “Creación del Área Marina Protegida Agujero Azul” (AMP) y, es muy lógico, ya que se superaron todas las expectativas que Valeria Falabella tenía en 2014 cuando fue la responsable del Informe Técnico de “Identificación de áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas marinas protegidas” (Pág. 1) y, del “Taller Técnico sobre Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales en el Mar Argentino” (3-4/09/2018) (pág. 3).y, de su “Reporte Final Inédito” (3/2019) dando una gran satisfacción a la Casa Central de la WCS que, seguramente, efectuará nuevas contribuciones a estas ocupaciones blandas llamadas Áreas Marinas Protegidas.

Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco leer el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: «El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino» (pág. 12); «es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado» (pág. 14) y, «la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad» (Pág. 38). ¿No es mucha la injerencia de un agente de la Fundación WCS norteamericana o se trata de alguien que simultáneamente realizaba tareas incompatibles en el Estado nacional?

En cualquier caso, el proyecto de la Diputada, que se abreva en los fundamentos de WCS (Falabella, V. 2014 “Identificación de Áreas de alto valor de Conservación como potenciales Áreas Marinas Protegidas” páginas 2, 79 a 85); aunque sea, una mala copia, ya que, además de errónea, omite algunas cuestiones relevantes, entre ellas, el informe que dice: «El área propuesta como a AMP se ubica sobre la ZEE Argentina, adyacente al Agujero Azul de altamar (entre los paralelos 45º S – 47º S; el meridiano 61º 30’ W al Oeste y el límite de la ZEE de Argentina al Este) y cubre una superficie aproximada de 12.000 km2 en aguas nacionales» (Pág. 16 a 19 y 80) y no, de 164.000 Km2 en alta mar; que, «según la visión de los participantes del taller, las dos áreas con mayor dificultad para la creación de un AMP son el Frente Talud y el Agujero Azul-ZEE» (Pág. 14 y Anexo IV-20) y no “alta mar” que nunca se analizó; que «el área denominada Agujero Azul-ZEE fue la más discutida y uno de los grupos de expertos rechazó su postulación» (Anexo IV-9); que «la única área que no fue seleccionada como de relevancia diferencial entre las candidatas por ningún grupo de expertos fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-12); que en la tabla de valoración del cumplimiento de los criterios EBSA para cada una de las áreas candidatas por parte de los grupos de trabajo «el área de menor puntuación fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-15) y que, contrario a lo que refieren los “fundamentos” del proyecto de la Diputada, el informe describe «el porcentaje de la distribución de cada especie objeto de conservación en el Agujero Azul-ZEE…» (Pág. 82) y, salvo la merluza de cola con “2.02” en el resto de las especies, aves y mamíferos el porcentual de relevancia es nula o muy baja, a no ser los albatros ceja negra de “2.72” (originarios de las islas de WCS citadas); albatros real del norte “3.63” y, el petrel negro “2.44” (Pág. 83/4). Es decir, nada justifica un AMP Bentónica en la ZEE y, mucho menos en alta mar, que no se analizó y, en todo caso, como ya nos referimos, para el caso de la merluza de cola o el calamar bastaría la prohibición del Consejo Federal Pesquero del uso de redes de arrastre en determinadas áreas y época.

Notemos que en el primer trabajo de WCS y otros se indica que, «el informe debe ser citado de la siguiente manera: Falabella, V. 2014…”, Informe Técnico final componente 1: “Fortalecimiento de la gobernanza de las áreas Marinas Protegidas” y, en el segundo, ya como Coordinadores generales se indica a Falabella y Santiago Krapovickas por WCS (pág. 8) y como facilitadora (pág. 3) el “Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia: «una red internacional de organizaciones de la sociedad civil» (pág. 7). El trabajo fue apoyado financieramente por OCEANS 5 (páginas 3, 9, 11, 13) y auspiciaron la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques nacionales (APN) (pág. 3); aunque -llamativamente- sobre ésta última repartición, el Informe (2019) indica que «no tiene hoy las capacidades o el conocimiento para gestionar las AMP y no hay lineamientos para entender cómo gestionar las AMP» (Pág. 28) y le encomienda al INIDEP capacitar a la APN (Pág. 32), lo que demuestra la absurda duplicación de funciones en el Estado, ya que el INIDEP está dedicado a la investigación y conservación de especies pesqueras desde 1977 (Ley 21.673) como continuador del Instituto de Biología Marina creado en 1960 y, la Administración de Parques Nacionales no tiene ninguna experiencia en la conservación del mar y sus especies, como el propio informe indica.

Los argentinos no podemos radicarnos, adquirir propiedades y mucho menos hacer en Malvinas, lo que WCS manifestaba hace 5 años: «administrar islas del archipiélago de Malvinas, trabajar con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/8 2017). Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Sudoccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.


Me repetiré: “Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente” (Adelardo López de Ayala)

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

MALVINAS HOY. MÁS LEJOS DE ARGENTINA QUE EN 1982, MÁS CERCA DEL REINO UNIDO QUE EN 2003.

César Augusto Lerena*

La afirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, las aguas correspondientes y la Antártida se sostiene vigente por esfuerzo de los héroes de Malvinas y de cada uno de los ciudadanos que combaten diariamente para mantener viva la llama de la soberanía nacional, la integridad territorial, los valores de nuestros próceres y la dignidad y resguardo de la Nación. Los derechos soberanos no se declaman, se ejercen y, hay muchos funcionarios que no han estado ni están a la altura de este deber patriótico.

A 40 años de la recuperación de Malvinas, la situación respecto a la reivindicación argentina de sus derechos sobre los archipiélagos es mucho peor a la existente en el año 1982. Ese año el Reino Unido ocupaba 14.100 km2 del Archipiélago y tres millas marinas a su alrededor; los isleños realizaban escasas actividades económicas que no eran sustentables y Malvinas tenía una reducida guarnición militar.

La política llevada a cabo por la Cancillería Argentina y, desde su creación, por la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas no ha sido inocua sino francamente favorable a los intereses británicos en el Atlántico Sur y Malvinas.

Desde la sanción de la resolución 2065 donde la Asamblea General de la ONU “invitó” a la Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña «a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial (…) a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposi­ciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)» la Cancillería de nuestro país se ha limitado a promover sin éxito el diálogo, obtener el apoyo de otros países para iniciar las negociaciones sobre la disputa y a llevar adelante actos unilaterales de cooperación con los isleños y ruinosos actos contrarios al interés nacional. Mientras ello ocurre, el Reino Unido en forma sostenida desde 1982 y creciente desde 2016 a la fecha, se consolida militar, económica y estratégicamente en la región.

¿Qué quedó de la Resolución 1514 (XV) del 14/12/1960?, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y qué del mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas (…) por ser parte integrante del territorio nacional” y donde “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

¿Y qué de la Res. 31/49 del 01/12/1976?, donde la Asamblea General, entre otras cosas «instó a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514, 2065 y 3160)».

Entre 1982 al 2002 ocurrieron cosas espantosas. Se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile (1984) donde este país aliado estratégico del Reino Unido obtuvo por primera vez acceso al Atlántico Sur; se inauguró un aeropuerto en Malvinas (1985) facilitando el traslado aéreo de los isleños y fuerzas militares; los ingleses establecieron un área de conservación de la pesquería alrededor de Malvinas (1986) impidiendo el acceso a la pesca de embarcaciones pesqueras nacionales; se iniciaron las negociaciones argentino-británicas (1987/88) que darían lugar luego a la “fórmula del paraguas” congelando nuestra soberanía en las islas; se concretaron luego los infames Acuerdos de Madrid (1989/90) que cedieron la pesca a los británicos en el área de Malvinas y limitaron las operaciones militares argentinas en el Atlántico Sur; se acordó la conservación e investigación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros (1990/95), facilitando a aquellos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques extranjeros que son el principal sustento económico de las Islas; se delimitaron las líneas de base del continente argentino (1991) dando lugar al Reino Unido a establecer sus propias delimitaciones en las Islas con la pretensión de acogerse al régimen de Estado ribereño previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); se aprobó el Convenio con el Reino Unido (1992) para la Promoción y Protección de sus inversiones en la Argentina que se consolidó con la Ley 24.184 y beneficia al Reino Unido sobre el resto de los países; los británicos amplían una ocupación de 200 millas alrededor de las Islas Georgias y Sándwich del Sur (1993); la Subsecretaría de Pesca Argentina veda en la ZEE la captura del calamar (1994) permitiendo a esta especie llegar a Malvinas para asegurar el sustento económico de los isleños; se firma el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea (1994) sin otorgarle cuota para la pesca del calamar patagónico para no interferir la llegada de esta especie a Malvinas; la Argentina ratifica la CONVEMAR (1995) —al igual que el Reino Unido— un instrumento que facilita las operaciones pesqueras en alta mar por parte de los Estados de bandera (extranjeros) en perjuicio de los Estados ribereños que, como la Argentina, pierde sus recursos migratorios en Malvinas en manos británicas y en alta mar por buques extranjeros; la Argentina acuerda en Londres (1996) normalizar sus relaciones con el Reino Unido sin discutir la limitación de los espacios territoriales y la explotación de los recursos y cooperar para evitar la sobreexplotación extranjera favoreciendo el otorgamiento de licencias pesqueras británicas; se firma un Convenio de Cooperación Militar (1998) que no reduce la presencia militar inglesa en el Atlántico Sur sino por el contrario el Reino Unido traslada a Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión; se sanciona la ley federal de pesca (1998) que favorece la concentración extranjera de una actividad que era 100% nacional; la Cancillería Argentina acuerda (1999) con el Reino Unido, entre otras cosas, “combatir a los buques pesqueros sin licencia inglesa”; la Argentina aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (2000) que transfiere la administración pesquera en el Atlántico Sur a Organizaciones Regionales Pesqueras (OROP) que permiten la injerencia de terceros países (y entre ellos el Reino Unido) en los recursos nacionales. Entre el año 2000 y el año 2003 los funcionarios argentinos durmieron la siesta.

Entre el 2003 y 2019 pasaron algunas pocas cosas buenas y en su mayoría horribles. Se firma el Tratado de Lisboa (2005) donde los ciudadanos de Europa (entre ellos españoles e italianos) acuerdan que Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida se transformen en territorios británicos de ultramar; se suspenden las investigaciones conjuntas (2005) para evitar suministrar información biológica confidencial a los británicos; se otorga la explotación petrolera (2007) hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a Pan American Energy de capital accionario británico; la Argentina ratifica sus derechos sobre la plataforma continental extendida (2007) ante la Comisión de límites ad-hoc de las Naciones Unidas; se legisla sobre la prohibición de pescar en el continente y Malvinas (2008) pero no se sancionaron hasta la fecha casos denunciados públicamente; se inicia la localización de los combatientes caídos en Malvinas (2008), permitiendo un alivio a familiares; se inician exploraciones petroleras en Malvinas (2010) lo que podría encaminar a consolidar económicamente a las islas; se dicta el Decreto 256 (2010) por el que se requiere permiso para trasladarse a Malvinas, no obstante, más de 700 buques por año operan en puertos uruguayos; por la Ley Solanas (2011) se restringen las operaciones petroleras en el continente a quienes operan en Malvinas, ello no impidió la licitación de 100.000 km2 y el otorgamiento de áreas a empresas británicas para la explotación offshore (2019) entre el continente y Malvinas; el gobierno británico declara una reserva ecológica de 1.070.000 km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur (2011) violando el Tratado Antártico, la soberanía argentina e impidiendo la explotación de recursos pesqueros a buques nacionales; se realiza un referéndum ilegal en Malvinas (2013) donde los isleños ratifican en un 99,83% seguir siendo una colonia británica; la Comisión de Límites de las Naciones Unidas se expide (2016/17) recomendando solo 350.000 km2 de los 1.782.000 km2 que reivindicaba Argentina, por entender que 1.430.367 km2 se encuentran en disputa con el Reino Unido. No se conoce manifestación de rechazo del gobierno argentino por esta limitación territorial de un grupo de técnicos; se acuerda el indigno “Pacto de Foradori-Duncan” (2016) que ratifica los Acuerdos de Madrid I y II donde se declara: «adoptar todas las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» en abierta violación a la Constitución Nacional; la Canciller Malcorra declara (2016) “las Malvinas no son más el tema principal en las relaciones entre Buenos Aires y Londres” en una nueva violación a la Carta Magna; Marcelo Kohen, actual consejero y asesor principal del Secretario de Malvinas, viaja a Malvinas (2018) y les ofrece a los Isleños quitarle a Tierra del Fuego las islas Malvinas y las aguas correspondientes, mantener vigente el régimen de migraciones en manos de los isleños y promover un referéndum para que los isleños definan si quieren seguir siendo británicos; se aprueban vuelos a Brasil (2019) desde Malvinas facilitando las operaciones y transporte desde las Islas.

Pero, veamos ahora, qué ha hecho el gobierno asumido en 2019, su Cancillería y muy particularmente la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona (2021) y el Consejo Nacional de Malvinas (2020) que, en estos casi tres años, ha ratificado las peores cesiones argentinas al Reino Unido de Gran Bretaña:

En primer lugar, mantiene vigente y, de hecho, avala todo lo ocurrido en estos 40 años respecto a la cuestión Malvinas, salvo la honrosa excepción de “suspender” las investigaciones pesqueras conjuntas y los vuelos a Brasil y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras que operen en Malvinas. No nos referiremos aquí a algunas acciones, de competencia del Ministerio de Defensa, como la incorporación de cuatro patrulleros multipropósitos para la Armada encargados por el gobierno anterior a Francia que a todas luces resultan insuficientes para la tarea estratégica que debe llevarse en el Atlántico Sur, los mares vinculados a los Océanos Pacífico e Indico y la Antártida.

  1. Las tres leyes sancionadas se transformaron en irrelevantes: La Ley 27.557 de plataforma continental que muestra un plano ampliado es un fiasco. Como vimos 1.430.367 km2 de la plataforma está disputada por el Reino Unido según la propia Naciones Unidas. La Ley 27.558 de creación de un Consejo Nacional de Malvinas se integra con numerosos responsables de los desaguisados de los últimos 40 años, entre ellos el citado Marcelo Kohen, Susana Ruiz Cerutti y otros. A dos años de su creación no se le conoce plan estratégico y, algunos de sus miembros dicen por los medios qué propondrían hacer como si no fueran parte y estar obligados a la debida confidencialidad y consenso que exige la ley. La Ley 27.564 de aumento de sanciones a las infracciones pesqueras, no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que bajo licencia inglesa pescan en el área argentina de Malvinas unas 250.000 toneladas anuales por un valor equivalente a todas las exportaciones pesqueras argentinas, lo que podría constituirse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por incumplir la ley citada y la 24.922.
  2. Mantienen en plena vigencia el Convenio de Cooperación con el Reino Unido (ley 24.184), los Acuerdos de Madrid I y II, el Pacto de Foradori-Duncan, donde estos dos últimos, al margen de violar el Artículo 29º de la Constitución Nacional (“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”) violan la citada Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y, muy grave: podría dar lugar a que el Reino Unido manifieste que mantiene un diálogo activo y fluido con Argentina respecto a Malvinas.
  3. En 1982 el Reino Unido tenía ocupado 11.410 km2, hoy tiene 1.639.900 Km2 de territorio insular y marítimo argentino militarizado (equivalente al 52% de la ZEE Argentina) y disputa con nuestro país 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida más las aguas correspondientes. El gobierno declara no tener hipótesis de conflicto, a pesar de haberlo tenido con Chile por espacios insulares y marinos de menor magnitud e importancia.
  4. Entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos extraen del Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros que duplican en dólares las exportaciones argentinas y, al igual que el embajador Lucio García del Solar que despreció la pesca en las negociaciones de 1989 con el Reino Unido, el Secretario Carmona no ha tomado una sola acción al respecto, permitiendo “la consolidación británica”, al decir del ex director de pesca inglés en las Islas John Barton. Esta internalización del Atlántico Sur genera, además de las pérdidas económicas y laborales de Argentina, un ambiente de tensión en el área con la intervención de potencias extrarregionales.
  5. Los españoles se han transformado en el principal socio extractivo, productivo y comercial de los británicos en Malvinas, quienes además facilitan el ingreso a la Unión Europea de los productos de Malvinas libres de arancel facilitando la sustentabilidad económica de los isleños.
  6. El Reino Unido instaló en Malvinas la base misilística y naval más moderna e importante de la región, absolutamente desproporcionada a la población de las islas, y la Argentina carece de todo poder disuasivo en el Atlántico Sur y de control de las operaciones que se realizan en la región austral, mientras el actual Embajador Argentino Javier Figueroa en Londres declara que: «el Reino Unido y Argentina “han disfrutado” (sic) de una relación diplomática desde 1823», seguramente olvidando los años 1833, 1845, 1933, 1982 y otras tantas fechas de agresión británica.
  7. El Reino Unido tiene hasta la fecha impuestas limitaciones a la compra argentina de armas y ello no impide a la Secretaría de Malvinas basar su estrategia en dialogar, ampliar la base de apoyos y cooperar unilateralmente.
  8. Pese a la presencia naval y misilística del Reino Unido en Malvinas, que supone la intervención de la OTAN en el Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas no ha convocado a las acciones correspondientes de todos los países de África occidental y América oriental de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” ratificada por la Resolución 41/11 de las Naciones Unidas, destinada a limitar la presencia de países extraños y la militarización de la región.
  9. No hay acciones argentinas que saquen de la posición de confort al Reino Unido en la región y el sostén económico de los isleños. Tampoco iniciativas diplomáticas suficientes destinadas a evitar el uso de los puertos de Uruguay y Chile para dar logística operativa y comercial de las islas. Por el contrario, ha promovido vuelos humanitarios y autorizado la operatividad de la Empresa LATAM desde las islas a Chile, donde los vuelos serían más caros a Río Gallegos ($ 81.450) que al destino más lejos de Punta Arenas ($ 55.344), según informa AgendaMalvinasOK (09/06/2022) lo que dificultaría —aún más— la presencia argentina en Malvinas, que el secretario Carmona califica de “hecho histórico el restablecimiento de los vuelos” (Telam, 8/6/2022).
  10. Contrario a lo que ocurrió con la construcción de un puerto en Georgias del Sur y la licitación de otro en Malvinas, la Argentina solo efectúa anuncios; pero, a la fecha no ha aumentado, modernizado ni tecnificado los puertos de Tierra del Fuego para facilitar el control del área, el acceso a la Antártida y otras cuestiones relativas a la población; radicación industrial, profundización de la investigación en la Patagonia, etc. Las declaraciones por twitter (10/06/2022) del Gobernador Gustavo Melella sobre la responsabilidad de la Cancillería en el manejo de la cuestión Malvinas es elocuente.
  11. Se mantiene la vigencia del Artículo 2º de la Ley 23.775 que establece En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial, lo que debilita la posición negociadora argentina y agravia a los habitantes de Tierra del Fuego, dando lugar a proyectos secesionistas como el de Kohen.
  12. El secretario de Malvinas avala la postulación a la Corte Internacional de Justicia de Marcelo Kohen quien, como hemos dicho, proponía la separación de Malvinas de Tierra del Fuego, la continuidad del control de migraciones de los isleños y un referéndum para que los isleños indiquen qué nacionalidad deseaban (En 2013 arrojó que el 99,83% deseaba seguir bajo la corona británica).
  13. Los isleños incrementan al nivel más alto en estos últimos 40 años las relaciones con Brasil, Chile y Uruguay y, estos países contribuyen en la logística, intercambio comercial y de tripulantes etc. con las empresas que operan en Malvinas.

De persistir estas políticas nacionales e internacionales argentinas y el escenario mundial, no parece que vaya a cambiar la tendencia de fortalecimiento británico en el área. La política argentina debería modificarse sustancialmente si se pretende acercar a nuestro país al ejercicio de la soberanía plena, no solo de Malvinas, sino del Atlántico Sudoccidental. Malvinas es una cuestión de identidad nacional. Uno de los tantos proyectos inconclusos argentinos; pero, con un fuerte compromiso afectivo que puede encolumnarnos en un proyecto de interés geopolítico, económico, de soberanía nacional y, una deuda, que todos los argentinos tenemos con los 649 combatientes caídos en Malvinas en 1982.

La afirmación de los derechos soberanos no se declama, se ejerce.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).