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UNA FUNDACIÓN EXTRANJERA PROPIETARIA DE ISLAS EN MALVINAS ES LA GESTORA DEL PROYECTO DE LEY AGUJERO AZUL

César Augusto Lerena*

¿Tiene la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) algún interés para proteger algunas islas del Archipiélago de Malvinas? Veremos, pero, siempre hay que tener mucho cuidado, porque a veces, atrás de aparentes cuidados medioambientales se esconden estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional, que se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país.

Nadie sabía —hasta hoy— porqué una Diputada, originaria del interior profundo, del salitre, el algodonal, devenida en ambientalista, presentaba un proyecto destinado a proteger algo en el piso de alta mar que, ni los investigadores alcanzaban a definir con precisión, rechazando —la Diputada— con cierta iracundia, todos los argumentos científicos, medio ambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron a su infundado proyecto y llamaba más aún la atención que la Cancillería y, más específicamente, la Secretaría de Malvinas, acompañara un proyecto enclavado en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

¿Puede un Diputado de la Nación hacer suyo un proyecto gestado y promovido por una Fundación extranjera y el secretario de Malvinas, desconocer de quién se trata la Wildlife Conservation Society?

¿Los legisladores, funcionarios y sus asesores trabajan a ciegas, ignoran o participan de un entramado externo que bajo la apariencia de cuidar el ambiente debilita la soberanía argentina?

La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5; organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas -entre otros territorios de ultramar- asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados, sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?

¿Es una mera casualidad que quién tendría que administrar esta Área Marina Protegida Agujero Azul no fuese otro que el reciente renunciado Administrador de Parques Nacionales Lautaro Erratchu que el 3 de agosto pasado dictó la Decisión 484 declarando «sitio sagrado Mapuche» al Volcán Lanín de Neuquén?

Para cuestiones meramente pesqueras la Cancillería tiene un embajador de carrera en el Consejo Federal Pesquero, por entender -seguramente- que, el ámbito de estas actividades, pese a tratarse de una explotación de recursos, de dominio y jurisdicción del Estado ribereño, está influido por regulaciones internacionales derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificada por la Argentina en 1995 (Ley 24.543) y, además, porque 5.497.178 Km2 del territorio marítimo e insular (1.639.900 Km2); antártico (2.426.911 Km2) y de la plataforma continental argentina (1.430.367 Km2) se encuentran ocupados o disputados por el Reino Unido.

Ya hemos dicho -nos preguntamos y afirmamos- en los siete anteriores artículos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el AMP originalmente limitada a 12 mil Km2 (2014) en la ZEE Argentina al Agujero Azul de alta mar con 164 mil Km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia inglesa que no pueden ser alcanzados por esta área marina protegida (AMP) y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no prevé los fondos para las tareas de control e investigación; que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia requerirá de unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar ni siquiera el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 -si se dispusiese de medios- para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de Km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, no impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podrá emprender actividades en la plataforma sin expreso consentimiento del Estado argentino?

Todo es gravísimo. Pero es absolutamente peor, porque Wildlife Conservation Society es propietaria de varias Islas en el Archipiélago de Malvinas y, claro, ahora podemos entender el interés de WCS por el Agujero Azul, que pasaría a conformar el “cinturón azul” de protección británica de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentra en las islas de “su propiedad” y, que, según el informe de la filial local de WCS conducida por la citada Falabella, al describir los porcentuales de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE (Pág. 82) alcanzan a “2.72” (Pág. 83/4).

La propia WCS se encarga de ratificar lo dicho: “En el extremo occidental de las Islas Malvinas (…), que sobresalen en el Océano Atlántico Sur, las Islas Jason son un importante sitio de anidación para el albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris). La especie es circumpolar en los océanos del sur, pero las poblaciones reproductoras más grandes se encuentran en la isla Steeple Jason. (…) Hasta hace poco, esta elegante ave se consideraba en peligro de extinción debido a una drástica reducción de su población desde 1950, pero ha comenzado a recuperarse. Se cree que la pesca con palangre y arrastre ha contribuido significativamente a esta disminución. Gracias a un generoso regalo de Michael y Judith Steinhardt, la Wildlife Conservation Society es propietaria de las islas Grand Jason y Steeple Jason desde 2001. Además de miles de parejas anidantes de albatros de ceja negra, las islas son el hogar de otras aves (…) WCS administra estas islas como reservas naturales privadas, y está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017).
Las Islas Sebaldes o Sebaldinas (51º04’37’’S 60º58’08’O) -de ellas se trata- están ubicadas al noroeste de la Isla Gran Malvina y a 400 Km de la Patagonia, son un grupo de islas con una superficie total de 21,7 Km2 de la Provincia de Tierra del Fuego. Su denominación se debe a que en 1559 el navegante holandés Sebald de Weert las bautizó con su nombre. Ya en poder del Reino Unido, entre 1864 y 1866. se mataron dos millones de pingüinos para la fabricación de aceite. En marzo de 1970 fueron compradas por Leonard W. Hill y, ya con la denominación inglesa Steeple Jason y Grand Jason fueron compradas por Michael Steinhardt en la década del 90, quien las donó a Wildlife Conservation Society (WCS) propietaria del Zoológico de Bronx.

Ahora sí podemos entender el Twitter del 6/7/2022 de la filial local de la WCS celebrando como una ¡GRAN NOTICIA! la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de “Creación del Área Marina Protegida Agujero Azul” (AMP) y, es muy lógico, ya que se superaron todas las expectativas que Valeria Falabella tenía en 2014 cuando fue la responsable del Informe Técnico de “Identificación de áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas marinas protegidas” (Pág. 1) y, del “Taller Técnico sobre Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales en el Mar Argentino” (3-4/09/2018) (pág. 3).y, de su “Reporte Final Inédito” (3/2019) dando una gran satisfacción a la Casa Central de la WCS que, seguramente, efectuará nuevas contribuciones a estas ocupaciones blandas llamadas Áreas Marinas Protegidas.

Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco leer el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: «El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino» (pág. 12); «es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado» (pág. 14) y, «la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad» (Pág. 38). ¿No es mucha la injerencia de un agente de la Fundación WCS norteamericana o se trata de alguien que simultáneamente realizaba tareas incompatibles en el Estado nacional?

En cualquier caso, el proyecto de la Diputada, que se abreva en los fundamentos de WCS (Falabella, V. 2014 “Identificación de Áreas de alto valor de Conservación como potenciales Áreas Marinas Protegidas” páginas 2, 79 a 85); aunque sea, una mala copia, ya que, además de errónea, omite algunas cuestiones relevantes, entre ellas, el informe que dice: «El área propuesta como a AMP se ubica sobre la ZEE Argentina, adyacente al Agujero Azul de altamar (entre los paralelos 45º S – 47º S; el meridiano 61º 30’ W al Oeste y el límite de la ZEE de Argentina al Este) y cubre una superficie aproximada de 12.000 km2 en aguas nacionales» (Pág. 16 a 19 y 80) y no, de 164.000 Km2 en alta mar; que, «según la visión de los participantes del taller, las dos áreas con mayor dificultad para la creación de un AMP son el Frente Talud y el Agujero Azul-ZEE» (Pág. 14 y Anexo IV-20) y no “alta mar” que nunca se analizó; que «el área denominada Agujero Azul-ZEE fue la más discutida y uno de los grupos de expertos rechazó su postulación» (Anexo IV-9); que «la única área que no fue seleccionada como de relevancia diferencial entre las candidatas por ningún grupo de expertos fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-12); que en la tabla de valoración del cumplimiento de los criterios EBSA para cada una de las áreas candidatas por parte de los grupos de trabajo «el área de menor puntuación fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-15) y que, contrario a lo que refieren los “fundamentos” del proyecto de la Diputada, el informe describe «el porcentaje de la distribución de cada especie objeto de conservación en el Agujero Azul-ZEE…» (Pág. 82) y, salvo la merluza de cola con “2.02” en el resto de las especies, aves y mamíferos el porcentual de relevancia es nula o muy baja, a no ser los albatros ceja negra de “2.72” (originarios de las islas de WCS citadas); albatros real del norte “3.63” y, el petrel negro “2.44” (Pág. 83/4). Es decir, nada justifica un AMP Bentónica en la ZEE y, mucho menos en alta mar, que no se analizó y, en todo caso, como ya nos referimos, para el caso de la merluza de cola o el calamar bastaría la prohibición del Consejo Federal Pesquero del uso de redes de arrastre en determinadas áreas y época.

Notemos que en el primer trabajo de WCS y otros se indica que, «el informe debe ser citado de la siguiente manera: Falabella, V. 2014…”, Informe Técnico final componente 1: “Fortalecimiento de la gobernanza de las áreas Marinas Protegidas” y, en el segundo, ya como Coordinadores generales se indica a Falabella y Santiago Krapovickas por WCS (pág. 8) y como facilitadora (pág. 3) el “Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia: «una red internacional de organizaciones de la sociedad civil» (pág. 7). El trabajo fue apoyado financieramente por OCEANS 5 (páginas 3, 9, 11, 13) y auspiciaron la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques nacionales (APN) (pág. 3); aunque -llamativamente- sobre ésta última repartición, el Informe (2019) indica que «no tiene hoy las capacidades o el conocimiento para gestionar las AMP y no hay lineamientos para entender cómo gestionar las AMP» (Pág. 28) y le encomienda al INIDEP capacitar a la APN (Pág. 32), lo que demuestra la absurda duplicación de funciones en el Estado, ya que el INIDEP está dedicado a la investigación y conservación de especies pesqueras desde 1977 (Ley 21.673) como continuador del Instituto de Biología Marina creado en 1960 y, la Administración de Parques Nacionales no tiene ninguna experiencia en la conservación del mar y sus especies, como el propio informe indica.

Los argentinos no podemos radicarnos, adquirir propiedades y mucho menos hacer en Malvinas, lo que WCS manifestaba hace 5 años: «administrar islas del archipiélago de Malvinas, trabajar con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/8 2017). Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Sudoccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.


Me repetiré: “Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente” (Adelardo López de Ayala)

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE INTELIGENCIA. LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN.

Marcelo Javier de los Reyes*

Escuela Nacional de Inteligencia.

En su personaje de Saúl Menahem, en la recientemente estrenada serie «Iosi, el espía arrepentido», el actor Alejandro Awada expresa:

Hablar de servicios de inteligencia en Argentina es una contradicción. En un 80% se espían y se cagan entre ellos; un 10% trabaja para algún político así justifica su sueldo y el otro 10% hace guita. No sirven para nada. Ni para encontrar las manos de Perón. Manipulan a su gente con estos cuentos. Necesitan creyentes y un enemigo. […] Reclutan idiotas útiles y cuando llega el momento los descartan.

Bien, no es tan así, o mejor dicho no era tan así. La Inteligencia argentina, más precisamente cuando era la SIDE, supo tener mejores momentos y su Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)[1] es recordada aún por algunos agentes europeos y de la región que cursaron en ella por aquellos años.

Según informes de medios, más precisamente de TN, «la actual gestión se encuentra en pleno diseño de planes de carreras y programas de formación profesional para que los agentes que cursen en la ENI accedan a un título reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación». Lo mismo intentó hacer la gestión macrista que precedió a la actual. Ahora bien, no parece resultaría pertinente que el Ministerio de Educación de la Nación deba tener incumbencia en la formación de los agentes de inteligencia del Estado, ni en sus programas ni en sus contenidos, habida cuenta de la confidencialidad que se debe mantener en el ámbito de la inteligencia.

Mucho ha cambiado desde esos años en que la ENI era un instituto serio de formación. Las purgas ocasionadas por el gobierno de la Alianza —uno de los tantos engendros políticos creados con fines electorales— y por los sucesivos gobiernos, han ocasionado la partida voluntaria y también forzosa de muchos agentes de carrera. La serie que nos recuerda a Maxwell Smart parece convertirse en realidad, más aún cuando hoy se escucha al nuevo interventor —aquel al que le robaron numerosas armas y hasta un misil cuando era ministro de Defensa— ofrecer elucubraciones personales en una entrevista con respecto al mediático caso del avión venezolano con tripulación iraní y venezolana; expresó que era una «presunción» de él, a la que llegó porque «le da la cuenta porque 5 iraníes y 14 venezolanos» estaban instruyendo a dos tripulaciones… Dejemos de lado lo del avión. Lo que no puede hacer el máximo responsable de la Inteligencia argentina es ir a una entrevista con «presunciones» sino con información de inteligencia, la cual podrá o no compartir públicamente en función del secreto de la investigación. Quizás sea más apropiado que quien ejerza esa función no se exponga mediáticamente.

En un artículo publicado el 26/01/2021 ya me referí a una noticia en la que se informaba de un nuevo proyecto de ley de inteligencia y me permití criticar al que fuera presentado en 2016 por la entonces diputada Elisa Carrió[2]. Actualmente está en el Congreso ese proyecto pergeñado por la «fiscal-interventora» que compite con el de Carrió en términos de dislates.

Luego de que se disolviera la Secretaría de Inteligencia y se creara la AFI en 2015, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) ha acelerado su caída en picada. El funcionario ideólogo de la estructura del organismo y del complejo y retorcido Decreto 1.311 sobre la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, Marcelo Saín[3], quien creó una agencia caracterizada por su macrocefalia que la tornó inoperante, sobre todo al tener más de cincuenta directores sin jefaturas intermedias. Por otra parte, no se contempló la incorporación de un área de «Análisis» en el organigrama de Inteligencia Exterior, cuando el análisis es la actividad esencial de la inteligencia. La administración de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani no modificó esa situación sino que la empeoró al incrementar el número de contratados con sueldos equivalentes a los de directores. Aquí ya se puede apreciar la sangría de los recursos del Estado.

Como si fuera poco el daño hecho al SIN durante los gobiernos kirchneristas, de Macri y del de Alberto Fernández[4], los legisladores pueden empeorar aún más la situación de la Inteligencia Nacional sancionando esta ley presentada por el «equipo» de la «fiscal-interventora». Entre los miembros de ese equipo[5] se encuentra Rafael Bielsa y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.

Permítanme hacer una digresión para destacar que Rafael Bielsa fue quien, como embajador en Chile, propuso a la justicia de ese país que el dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el muy aborigen Jones Huala (actualmente prófugo), podía cumplir su libertad condicional en la Argentina. Por su parte el CELS —ONG vinculada a Horacio Verbitsky— cuenta con la prerrogativa de impugnar el ascenso de los militares de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y recibe financiamiento de la Embajada Británica en Buenos Aires, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, de la International Planned Parenthood Federation (ONG que actúa en defensa del acceso al aborto inducido y del libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar), de la Fundación Ford, de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert Argentina (socialdemocracia alemana), de la Fundación Heinrich Böll (vinculada a Die Grünen, el partido de Los Verdes de Alemania), de la Open Society Foundations (George Soros), entre tantas otras organizaciones e instituciones que «se interesan» por la Argentina. También recibe fondos de ministerios de la Argentina como los de Educación y Salud de la Nación.

Algunas fundaciones, embajadas y organismos que financian la actividad del CELS.

Entre la exposición de motivos que se expresan en el proyecto de ley de Inteligencia presentado por el equipo de la «fiscal interventora» se expresa que «ya no se trata solamente de dejar atrás un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muchas veces, ilegal, sino de dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones…»

Si observamos la notoriedad mediática que ha tenido la gestión de la «fiscal interventora», es precisamente todo eso lo que ha caracterizado su pésimo desempeño al frente del SIN. Demás está decir que la interventora durante su gestión ha procedido a violar en más de una oportunidad la ley vigente, como por ejemplo en el caso de la revelación de las actas del organismo.

En función de lo expresado en la exposición de motivos, cabe aclarar que la Inteligencia no es una herramienta «para mejorar la calidad de las decisiones» sino un instrumento esencial «para la toma de decisiones». Si el decisor carece de criterio, de calidad intelectual y de otras virtudes o, simplemente, ignora la información que le proporciona su servicio de Inteligencia (algo habitual en Argentina), éste nada puede hacer, porque solo se limita a poner los informes a disposición del decisor. Como reza el proverbio, Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

Para ser más claro, la AFI es el organismo encargado de producir conocimientos acerca de las problemáticas, riesgos y conflictos inscritos dentro de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior en función de la protección de los intereses nacionales. Conducida por el Poder Ejecutivo (más precisamente el Presidente), la AFI formula el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que delinea las actividades del SIN que encabeza la propia AFI. El producto que emana de esta actividad, el análisis de inteligencia, es la producción de conocimiento que sirve de soporte a la toma de decisiones de manera oportuna.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, los autores reconocen que la Ley 25.520 tiene muchas virtudes y que «los intentos de reformas parciales, como los realizados en 2015» no tuvieron «la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo”, la intervención aconsejó un cambio profundo de las bases institucionales, que no tire por la borda muchos de los esfuerzos de la legislación anterior». En verdad, si se compara este proyecto de ley con la Ley 25.520, han tirado todo por la popa, para continuar utilizando la terminología marina.

Del mismo modo, expresan que «la idea de comunidad de inteligencia no ha servido para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales, donde policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías en un intercambio sin control y sin finalidades claras». Agregan que la idea de comunidad de inteligencia «ha servido más para la expansión de la ilegalidad que para fortalecer una coordinación virtuosa». Toda esta afirmación ameritaría una extensa e histórica explicación. Trataré de sintetizarla.

Hasta la sanción de la Ley 25.520, el SIN contó con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que articulaba la inteligencia con las Fuerzas de Seguridad y con las Fuerzas Armadas[6]. Ese órgano fue oportunamente desmantelado. Tras los atentados del 11-S, en los Estados Unidos se percataron de que sus agencias de inteligencia no contaban con ningún organismo que los articulara y entonces, a esos efectos, se creó el Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional. Luego fueron creados lo que denominaron «centros de fusión», con el objetivo de promover el intercambio de inteligencia entre las autoridades locales, estatales y federales y coordinar sus actividades.

Este descubrimiento llevado a cabo tras los atentados del 11-S pareció una innovación interesante y digna de recomendación para los países periféricos como la Argentina. Así fue como, durante la gestión de la Arribas – Majdalani al frente de la AFI, vinieron del norte a traer esta modalidad de trabajo. En realidad era lo que hacía la CNI en Argentina hasta su disolución.

Por otro lado, los que nunca entendieron como articular a la Comunidad de Inteligencia fueron los políticos de turno que, en realidad, ni siquiera saben qué es la Inteligencia. O quizás no quieren que se articulen los órganos que conforman el SIN y esto queda claro con este proyecto de ley que propone que la actual AFI no sea más el organismo rector del SIN. Es decir que hace más de veinte años que se eliminó la CNI y ahora se deja a su suerte a cada órgano al eliminar la AFI como cabeza del sistema.

Por otra parte, ese cambio de roles entre policías y agentes de inteligencia al que alude, se remonta a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Es un grave error confundir la Inteligencia con la Seguridad, algo que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. El acento se puso en incrementar el personal de seguridad, con una deficiente formación salvo los pocos casos de jóvenes que habrían pertenecido a alguna fuerza. En paralelo se incentivaba el retiro de los analistas y de los agentes operativos de carrera. La propia ENI estaba bajo la conducción de directivos que con anterioridad habían ejercido cargos en Seguridad. Sin embargo, por la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, lo referente a las cuestiones de Seguridad y a la actividad delictiva le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la que a su vez es parte integrante del SIN.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el organismo ahondó su agonía debido a que se le dieron mayores recursos y mayor presupuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) a cargo del militar predilecto de la presidente, con el cual se sacaban fotos las Madres de Plaza de Mayo. Quizás el único militar que pudo salir indemne de un juicio de lesa humanidad, mientras que otros murieron en prisión o siguen detenidos y procesados inconstitucionalmente por una legislación aplicada con retroactividad y en contradicción con toda la política de derechos humanos de la que se han apropiado retóricamente los gobiernos kirchneristas y de la que participaron asimismo Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido vale recordar que ambos llevaban a dignatarios extranjeros a rendir homenaje ante un «monumento a la memoria sesgada», en el que había nombres de terroristas muertos en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Además, en su conjunto, ese monumento no es más que un homenaje a terroristas que se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República.

Obama y Macri rinden homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria. Foto: Reuters. Fuente: La Nación[7].

En abril de 2015, coherente con esta ideología, un trasnochado ordenó demoler el monumento erigido en conmemoración del Combate de Manchalá, ocurrido «el 28 de mayo de 1975, en pleno ejercicio de un gobierno constitucional, cuando un grupo de suboficiales y soldados conscriptos de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, que realizaban tareas de apoyo en una escuela, fueron atacados y defendieron con coraje su posición»[8].

Quizás pareciera que estas menciones no tengan que ver con las políticas respecto a los organismos de Inteligencia pero, contrariamente a ello, la falsa política de derechos humanos pasó a ser una «política de Estado» aplicada por los diferentes gobiernos, así como la destrucción de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de la Policía Federal Argentina —una consecuencia de la creación de la ineficiente Policía de la Ciudad llevada a cabo por el dúo Larreta-Macri, destruyendo incluso su propia creación, la Policía Metropolitana— y la demolición del SIN.

El mencionado proyecto de ley, precisamente, en su artículo 1º alude «a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a su sanción, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».

«El Presidente de la Nación podrá convocar a un Consejo Interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional» (artículo 3º), “formado por expertos o personas reconocidas por su experiencia en la materia”… ¿Quizás los mismos que redactaron este proyecto?

A pesar de que a veces se han referido a la existencia de un «doble comando», como lo ha manifestado el nuevo interventor al decir «No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI»[9], el proyecto de ley contempla un «doble comando» al crear la figura del «Asesor Nacional de Inteligencia» con rango de ministro (artículo 4º) el que puede ser nombrado y removido directamente por el presidente. Cabe destacar que, según el proyecto, el director de la AFI también será propuesto por el presidente pero con la aprobación del Senado. Es decir que director y Asesor Nacional de Inteligencia son designados por el presidente y ambos con rango de ministro. Su función será «asesorar al presidente en la formulación del Plan Nacional de Inteligencia». Cumpliría el rol de «coordinador» si se crea «alguno de los Consejos Asesores previstos en el artículo 3».

Según el artículo 6º, una de las funciones específicas de la AFI será «Formular el Plan de Inteligencia Nacional, sobre la base de los lineamientos fijados». Es decir que el organismo formulará el PIN pero el Asesor Nacional de Inteligencia asesorará en la formulación del PIN. Parecería haber una duplicación de funciones y si la diferencia está en que uno asesora y el otro escribe bien se podría ahorrar dinero del Estado estableciendo que quien asesore también escriba.

Para determinadas cuestiones, como la celebración de «convenios con organismos de inteligencia o investigación de otros países, o regionales e internacionales, deberá [la AFI] contar con la aprobación del Asesor Nacional de Inteligencia del Poder Ejecutivo» (artículo 6º, inc. 13). Es decir, un «doble comando» con dos funcionarios designados por el Presidente (el Director Nacional con aprobación del Senado) con rangos de ministro en el que uno queda supeditado al otro.

Según informan medios de comunicación, «el gran objetivo que tiene Rossi al frente de la AFI es el de promover la nueva Ley de Inteligencia», que incluye ese «doble comando»[10]. Lo paradójico es que en la exposición de motivos se expresa que «En cuanto a sus autoridades, se debe superar la idea de doble comando de la misma institución» (la cursiva está en el mismo proyecto).

Por otro lado, al referirse a los convenios, el inc. 13 del artículo 6º menciona entre las funciones de la AFI que puede «celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado», lo que ya estaba en la Ley 25.520. ¿Sería correcto que la agencia de Inteligencia celebre convenios con «personas físicas» o «de carácter privado»? ¿Qué contemplan los redactores del proyecto?

Una vez más, en una ley o proyecto de ley de Inteligencia, se insiste en que en ningún caso la AFI podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza…» (artículo 8º, inc. 2). Ya hace años que los científicos han coincidido y expresado en que no existen «razas humanas» sino «diversidad genética en la especie humana». Es decir que un color de piel no indica que pertenezca a una determinada «raza». Ciencia aparte, sigamos con el proyecto de ley.

La gran preocupación, el núcleo de este proyecto, gira en la «protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación» (Título II), lo cual es positivo pero no puede ser que la ley prácticamente se limite a esto y casi nada a la Inteligencia. La Ley 25.520 ya contemplaba este punto pero este proyecto solo establece una serie de contralores (Asesor Nacional; Comisión Bicameral de siete miembros, tres senadores, tres diputados y un presidente; un control judicial ejercido por un colegio de al menos diez jueces federales con jurisdicción en la Capital Federal designados por sorteo público anualmente por el Consejo de la Magistratura; un «Director Nacional de Protección de Datos Personales previsto en la 25.326») que a lo único que apunta es a que la agencia de Inteligencia cuente con numerosos controles externos para que, con certeza, no pueda hacer inteligencia. Queda en evidencia que quienes redactaron el proyecto son personas con formación en Sociología y en Derecho en el mejor de los casos, con una fuerte vocación partidaria pero con un amplio desconocimiento de lo que es la actividad de Inteligencia.

El artículo 26º (Título V) se refiere al Personal y a la capacitación, y aclara que «Los extranjeros podrán ser contratados por decisión directa y fundada del Director Nacional, en el marco de directivas operacionales específicas». Aquí queda abierta una peligrosa “ventana” para la contratación de personas que bien pueden ingresar al organismo para llevar a cabo tareas de infiltración. Aún peor, ciertas fuentes reservadas informan que durante la intervención ya se ha procedido a la incorporación de extranjeros al organismo.

El nuevo interventor ha manifestado «como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño “la profesionalización y la transparencia” de la AFI»[11]. Agregó: «Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo». Precisamente, la intervención lo que menos ha hecho es formar profesionales idóneos a través de la ENI sino más bien a adoctrinar a los cursantes.

Para abreviar el espíritu de este proyecto, en la exposición de motivos se expresa claramente: «Como vemos se trata de establecer una Agencia acotada en cuanto a sus tareas…» Ni más ni menos.

¿Qué podemos esperar de una nueva gestión de gobierno en materia de Inteligencia?

Un artículo publicado el 29/06/2022 por La Nación aborda el tema[12]. El propio artículo expresa que no se trata de una tarea sencilla “para quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión en materia de inteligencia es duramente cuestionada por acciones de espionaje ilegal que son investigadas por la Justicia. No hay un dirigente de la oposición que se atreva a reivindicar la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ambos están procesados en al menos dos expedientes judiciales y su gestión se volvió una mancha venenosa por las acciones concretas de seguimiento contra dirigentes opositores e incluso de su mismo signo político”. Una “mancha venenosa” que también se presentó durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimo que no es necesario recordar el caso pero sí las denuncias que la entonces diputada Elisa Carrió formuló contra Daniel Angelici —al que consideró un operador judicial—, padrino del cuestionado por numerosos medios ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, actualmente funcionario de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La utilización de la SIDE, la SI y la AFI como una herramienta para alinear al Poder Judicial —o al menos a algunos jueces— con el gobierno de turno demuestra que por más que se cambie de nombre al organismo todos los gobiernos democráticos cayeron en el mismo vicio. Ahí están los “sótanos de la democracia” a los que se refieren el «presidente delegado» Alberto Fernández y la «fiscal interventora», la que fue denunciada por filtración de datos sensibles del Sistema de Inteligencia Nacional, entre los cuales había nombres de agentes pertenecientes a la AFI y ex funcionarios del organismo, pero que fue sobreseída por la jueza María Servini de Cubría. Siempre es bueno que exista un juez oficialista para estos casos.

El artículo de La Nación menciona a Carrió —de cuyo proyecto ya hablé, como manifesté al comienzo—, partidaria de eliminar la AFI y de crear un organismo que solo coordine a las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Con respecto a Larreta los periodistas afirman que sus colaboradores lo oyeron decir «yo la desharía». Algunos de sus colaboradores serían partidarios de «profesionalizar» —verbo transitivo utilizado por las diversas gestiones para empeorar la situación de la Inteligencia Nacional— al organismo «para que sea capaz de combatir el crimen organizado y los delitos complejos, como la trata». El artículo de La Nación menciona que otros funcionarios de Larreta pensarían en continuar con el slogan de “la transformación no para” con el objeto de introducir una gran innovación a las que nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de Buenos Aires…

Más centrada parece la propuesta del equipo de Patricia Bullrich, el cual tiene en cuenta que la AFI “debe estar abocada a la producción de inteligencia estratégica”. ¡Brillante!!! Al menos entiende cuál debe ser el objetivo del organismo. Además tendría en claro que el SIN debe tener un espacio para que participen las direcciones de las diversas fuerzas. Un paso quizás para recrear la CNI. Sería algo positivo. Del mismo modo, se menciona que la propuesta apuntaría a “cambiar la Ley [la Ley 25.520] y volver a una ley de inteligencia que saque de la AFI a la investigación criminal y la deje como inteligencia estratégica”. Aquí vemos cómo la Inteligencia terminó convirtiéndose en un “organismo policial”. Se hizo por ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los mismos que después hablan de los “sótanos de la democracia”. Esos son los que pervirtieron al SIN para luego echarle la culpa a los agentes de inteligencia y acusarlos de manejarse independientemente. A propósito, el proyecto de la “fiscal interventora”, en su artículo 10º, dice que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”. Pregúntenle a un ex agente de inteligencia de esta democracia acerca de los padecimientos sufridos si no acataba lo que le ordenaban o sencillamente por considerarlos “conflictivos”[13]. Fin de la digresión.

Perfil, 09/10/2005.

Un punto muy relevante al que se refiere el artículo de La Nación es al reclutamiento de los agentes que tienen pensado en el equipo de Patricia Bullrich, el cual considera que todos los agentes deben pasar por la ENI antes de ingresar al organismo. Esto está en la misma sintonía de lo que he propuesto más de una vez, en que no pueden ingresar agentes que no hayan tenido un largo curso de formación. En este sentido, he propuesto en más de una oportunidad en que la ENI se convierta en una especie de ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) para el servicio de Inteligencia.

Por su parte, dentro de la UCR, Gerardo Morales se opone a eliminar el organismo pero sí proceder a una “cirugía mayor”, mientras que Facundo Manes no se manifestó al respecto.

Miguel Ángel Pichetto le ha dado un lugar de importancia al tema al armar “un área de inteligencia, defensa y seguridad para diseñar planes” coordinada por Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia y quizás el único recordado positivamente por los agentes de carrera.

Algunas reflexiones finales

Como se ha manifestado, la SIDE y sus sucesoras, la SI y la AFI, han sido utilizadas para manipular a ciertos jueces pero durante la SIDE y buena parte de la existencia de la SI el organismo se abocó en primer lugar a producir Inteligencia Estratégica. Las purgas, tanto de la Alianza —que echó en un solo día, el 07/02/2000, a más de 1.000 agentes para dar lugar a las «consultoras»— como de los gobiernos kirchneristas y las invitaciones al retiro realizadas por la gestión Arribas – Majdalani —tentando al personal con interesantes sumas para que se jubilaran— fueron vaciando a la Inteligencia de su personal de carrera, varios de ellos excelentes profesionales que podrían haber formado a las nuevas camadas.

Con respecto a la «intervención», el organismo ha estado «intervenido» desde mucho antes con la intención de cumplir esos vicios de los gobiernos de turno.

La gestión de la «fiscal interventora» terminó de vaciar al organismo y, contrariamente a lo que sucedía hasta su llegada, la dirección de la «intervención» se invirtió: ahora el poder judicial (nada menos que el de «Justicia Legítima») ingresaba al organismo para manipularlo y vaciarlo. La gestión fue claramente ideológica y se dedicó a seguir con las funciones de una fiscalía. No se hizo inteligencia sino que se siguió ideológicamente para buscar toda la documentación que contribuyera a la cuestión de los derechos humanos e, incluso, miembros de movimientos sociales concurrieron para ver las «carpetas» que el organismo podría haber armado sobre ellos.

En verdad, este proyecto de ley realizado por la intervención anterior y que cuenta con el total respaldo del actual interventor no es más que un mamarracho. Solo apunta, como lo dice textualmente la exposición de motivos, a acotar las tareas de la Inteligencia, en verdad, a reducirlas a la nada. En este sentido, podrían coincidir con Carrió o con lo que dicen que dijo Larreta y eliminar la agencia ya que bajo esos parámetros solo servirá para darle empleo a algunos parientes, amigos o afiliados a sus respectivos espacios políticos, o sea, un gasto para el Estado. Más de lo mismo.

Que una ONG como el CELS, financiada por fundaciones extranjeras, por embajadas como las de Estados Unidos, Alemania y nada menos que el Reino Unido, se aboque a organizar nuestra Inteligencia es poner al lobo a cuidar el gallinero. A los efectos de mostrar su papel en los graves problemas internos que afectan a nuestros ciudadanos argentinos de la Patagonia, los siguientes tuits ilustran su postura anti patria.

Tuit del CELS del 13/01/2017, en el que se aprecia al director de Litigio y Defensa del CELS, junto a organizaciones de izquierda, en una reunión en la que no se ve la Bandera Argentina sino la que se atribuyen los autodenominados “mapuches”. En el tuit de abajo se aprecia un total apoyo a este grupo que tiene su sede central en Bristol, el Reino Unido, usurpador de nuestro territorio y de nuestro Atlántico Sur y financiador del CELS.

Por otro lado, estas ONGs, fundaciones, etc., se preocupan por la inteligencia que pueda realizar un servicio del Estado con el objetivo de preservar el estilo de vida de sus ciudadanos, la seguridad de los mismos y la defensa de su integridad territorial pero nada dicen de la recolección de datos personales que hacen los bancos, las tarjetas de crédito y los buscadores como Google —y con modalidades y fines mucho más cuestionables—, que saben mucho más de cada uno de nosotros que un organismo de inteligencia.

Con respecto al reclutamiento, una agencia de Inteligencia no es una agencia de empleo a la que deban entrar por el mero hecho de ser familiares, amigos, afiliados a los movimientos o partidos de los dirigentes políticos de turno. Un servicio de Inteligencia serio «sale a buscar» a los que considere mejores a las universidades, a instituciones académicas u otros ámbitos que podrían considerarse apropiados.

Una reconstrucción del servicio de Inteligencia requiere, primordialmente, poner el acento en el personal, en una verdadera profesionalización del mismo para lo cual habrá que recontratar a ex agentes para formar a los ingresantes y a quienes pueda considerarse que tendrían posibilidad de sobrevivir en el mismo. Esta es una tarea que debe comenzar desde la propia ENI, la que debe ser el filtro previo al ingreso al servicio. Para ello deberá contar con expertos y trabajar en la formación de formadores, así como recurrir a algunos servicios extranjeros en la capacitación, algo que se acostumbra a hacer.

Para un mejor funcionamiento, la ENI debería nuevamente volver a su organigrama con un solo director —no con tres como impuso el organigrama de la AFI— y unos dos jefes de departamento, como supo tener hasta la disolución de la SI en 2015. La orgánica tiene que estar alineada a la misión del organismo y no inventarse direcciones para acomodar a parientes, amigos, pagar favores o incorporar a militantes. Por tanto, esa misma reducción de direcciones debe ser implementada en todo el organismo pero dado que la Inteligencia no puede esperar a la redacción y aprobación de una nueva ley, es menester derogar el decreto 1.311, la Ley 27.126, y modificar la 25.520 para despojarla de todo aquello que implique una actividad en el área de delitos complejos o cuestiones de incumbencia policial.

Quienes ponen la mira en hacer de este organismo un coordinador para las actividades de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, etc., desconocen lo más mínimo de las leyes de Seguridad Interior (que debería pasar a ser nuevamente una ley de Seguridad Nacional) y de Defensa. Dentro del SIN existe la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la responsable de llevar esos temas, por lo que haberle endosado los mismos a la SI y su sucesora la AFI es parte del desconocimiento de nuestro SIN. La SIDE, como la SI o actualmente la AFI debe dedicarse a la Inteligencia Estratégica, la cual precisa de la inteligencia proveniente de la Inteligencia Criminal pero tratándola como “fenómeno” para la elaboración de la Inteligencia Estratégica. Con este mismo objetivo es que debe contar con la inteligencia proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa.

La AFI, o como se considere en llamarla más adelante, debe continuar siendo el organismo rector del SIN para, de esa manera, poder confeccionar la Inteligencia Estratégica, fundamental para la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior de la República Argentina.

Es apropiado recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que deben trabajar para el pueblo que los eligió y que delegó en ellos su poder. En este sentido, les cabe a los funcionarios de mayor jerarquía nombrar a sus subordinados en función de sus méritos y no motivados por vínculos afectivos, familiares o de otro tipo.

Como ya he expresado en otro artículo, la Inteligencia debe estar al servicio del Estado Nacional, de la Nación, y no de un gobierno. Quizás debiera ser nuevamente considerada como una Secretaría de Estado o elevada al rango de Ministerio y contar con una Subsecretaría de Inteligencia Competitiva que contribuiría al desarrollo de las economías regionales así como a reconstruir la articulación del territorio nacional, trazando las vías de comunicación más apropiadas (terrestres, ferroviarias, aéreas, fluviales y virtuales) que abaratarían los costos de fletes y favorecerían las exportaciones. Claro está que tal reformulación requiere de una seria Planificación Estratégica.

No cabe duda que la tarea será titánica dada la degradación y la inoperancia a que han sometido a nuestro SIN. Para ello deberá contarse con verdaderos expertos tanto en inteligencia como en otras temáticas que deberán abordarse al reconstruir el sistema.

Finalmente, luego de los dislates de las últimas gestiones, debe trabajarse sobre otro aspecto sumamente importante: la idoneidad. A partir de ella podrá generarse la credibilidad. Como suelo decirles a mis alumnos, recordando al columnista estadounidense Charley Reese (1937-2013), «La credibilidad, como la virginidad, solo se puede perder una vez y nunca se puede recuperar». Para ello el organismo deberá producir una inteligencia de excelente calidad, volver al secreto —que no al secretismo— para no ventilar cuestiones que puedan afectar la relación con servicios colaterales y jerarquizar la ENI para que se erija nuevamente en un instituto de referencia dentro de la Comunidad de Inteligencia.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) es el instituto superior de formación, capacitación y perfeccionamiento destinado a todas y todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Tiempo atrás dictaba cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región, así como de países africanos y europeos se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia.

[2] Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

[3] Marcelo Saín fue destituido por la Provincia de Santa Fe en 2021 como ministro de Seguridad.

[4] El presidente Alberto Fernández es quien decretó la intervención que debía sanear la AFI y eliminar los “sótanos de la democracia”, saneamiento que implicaría que los políticos dejen de usar los organismos de Inteligencia del Estado en beneficio de los gobiernos de turno. A propósito, es saludable para la República que la ciudadanía diferencie “gobierno” de “Estado”.

[5] Según el sitio web oficial del gobierno, “Avanza el debate sobre la nueva Ley de Inteligencia Nacional”, 24/06/2020, https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanza-el-debate-sobre-la-nueva-ley-de-inteligencia-nacional:

“El cuerpo está integrado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, quienes se desempeñan de forma “ad honorem”:

Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).

Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).

Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).

María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).

Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).

Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).

Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).

Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de Provincia de Buenos Aires).

Margarita Trovato (abogada del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).

Ernesto Chaparro (miembro fundador de la Fundación Vía Libre).

[6] Según el Artículo 25 de la LEY N° 16.970, “Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional”, del 6 de octubre de 1966,

“Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a seguridad nacional:

a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad nacional;

b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional de Seguridad;

c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;

d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad nacional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia;

e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado y gobiernos de provincia”.

[7] “Obama y Macri rindieron homenaje a las víctimas de la dictadura y coincidieron en el reclamo de «Nunca más”. La Nación, 24/03/2016, https://www.lanacion.com.ar/politica/barack-obama-mauricio-macri-homenaje-victimas-golpe-militar-parque-de-la-memoria-nid1883023/ , [consulta: 26/06/2022].

[8] “Salta: 44° Aniversario del combate de Manchalá”. Ministerio de Defensa, 22/05/2019, https://www.argentina.gob.ar/noticias/salta-44deg-aniversario-del-combate-de-manchala

[9] Federico Mayol. Agustín Rossi: “No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI”. Clarín, 12/06/2022, https://www.clarin.com/politica/agustin-rossi-creo-senor-8-doble-comando-afi-_0_B0auyXu6OL.html, [consulta: 13/06/2022].

[10] Andrés Cánepa. “El santafesino reemplazará a Cristina Caamaño y su sector sigue ganando terreno en el gobierno nacional”. Impulso, 03/06/2022, https://www.impulsonegocios.com/rossi-sera-el-nuevo-titular-de-la-afi/, [05/06/2022].

[11] “Rossi dijo que seguirá ‘profundizando’ la ‘línea de trabajo’ de Caamaño en la AFI”. Telam, 05/06/2022, https://www.telam.com.ar/notas/202206/594625-rossi-profundizar-linea-de-trabajo-de-la-afi-de-caamano.html [06/06/2022].

[12] Candela Ini, Matías Moreno. «Qué hacer con la central de espías, la reforma que más incomoda a Pro y que genera diferencias en Juntos por el Cambio”. La Nación, 29/06/2022, https://www.lanacion.com.ar/politica/que-hacer-con-la-central-de-espias-la-reforma-que-mas-incomoda-a-pro-y-que-genera-diferencias-en-nid29062022/ [consulta: 29/06/2022].

[13] «Denuncian que la Side mantiene a más de 100 empleados ‘encerrados’ y sin hacer nada». Perfil, 09/10/2005.

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BARRIO CHINO, ¿QUÉ ES?

Laura Brovedani*

Intersección de Arribeños y Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

En el siglo XIX una fuerte inmigración de ciudadanos chinos llegó a Estados Unidos por la llamada fiebre del oro para trabajar en las minas y también para trabajar en la construcción del ferrocarril transcontinental.

Según algunas estadísticas se dice que llegaron entre los años 1852 y 1880 aproximadamente 130.000 ciudadanos chinos a San Francisco, Estados Unidos, quienes fundaron y se asentaron en sus propios poblados en los que mantuvieron sus propios hábitos, costumbres y cultura.

Hubo varios asentamientos de este tipo en Estados Unidos a los que se les llamó Chinatown.

Estos Chinatown aunque evolucionaron y se modernizaron, aún hoy sus habitantes, continúan con las costumbres, prácticas y ceremonias de su cultura constituyéndose en un centro de atracción turística por excelencia.

En la Ciudad de Buenos Aires se le llama Barrio Chino a un pequeño centro comercial mixto que se extiende por la calle Arribeños entre las calles Juramento y Mendoza. Pero ¿es así? ¿Es un barrio chino? ¿Un Chinatown? ¿O es una imaginaria y fantasiosa quimera del alquimista de la tierra nacional?

Inicio y desarrollo del cuento chino

En noviembre del 2001, la República Popular China se incorporó como el país/miembro 143° en la Organización Mundial del Comercio, lo que le permitió competir abiertamente con sus iguales en Occidente.

Durante la gestión de Néstor Kirchner, en el año 2004, se refrescó el vínculo argentino con la República Popular China afianzándose con la firma de convenios binacionales que incluían según el discurso de Néstor Kirchner:

…nos interesa la participación o colaboración en la construcción de centrales de potencia y reactores de investigación, junto con la provisión de combustibles de mayor densidad para reactores de investigación y centros de medicina nuclear, así como el desarrollo de un reactor innovativo conjunto.

En el área de transporte, con un acuerdo de servicios aéreos, se facilitará el establecimiento de los vínculos entre ambos países, y debemos trabajar activamente en el campo del transporte y mejora del parque ferroviario, con la finalidad de impulsar el desarrollo del sector y coordinar acciones para la reactivación de talleres ferroviarios.

En el año 2005, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión Ibarra/Telerman, el Frente Popular para la Victoria y el Frente Compromiso para el Cambio representados por los entonces Diputados Claudio Ferreño y Marcelo Godoy respectivamente, presentaron tres proyectos de Ley en la Legislatura Porteña para la creación del Barrio Chino.

Proyecto 402/2005. “Denomínase a los fines turísticos y promocionales Barrio Chino” al perímetro comprendido entre Av. Juramento, Arribeños, Av. Monroe y Montañeses.”

Proyecto 403/2005. “Denomínase ‘Paseo del Pueblo Chino’ a la calle Arribeños en el tramo comprendido entre Av. Juramento y Av. Monroe”

Proyecto 404/2005. “Declárase Vía Pública para uso exclusivo peatonal durante los días sábados y domingo de 11 hs. a 20 hs. y festividades del Año Nuevo Chino a la calle Arribeños en el tramo comprendido entre Av. Juramento y Blanco Encalada.

La diferencia entre los tres proyecto no era sólo el nombre sino también el perímetro o superficie que abarcaba cada uno. Las calles Juramento y Arribeños figuraban en los tres proyectos y en esa intersección de calles se encuentra la Estación de Ferrocarril denominada Belgrano C.

Los tres fueron rechazados.

En el año 2006 “un grupo de comerciantes orientales con actividades en la calle Arribeños y Juramento del Barrio de Belgrano”, al menos así se presentaron, hicieron una nueva solicitud para la creación del Barrio Chino.

Esta solicitud fue desestimada por la Secretaría de Planeamiento, la que además rechazó considerar al sector como barrio chino porque, “… no correspondía a la verdadera estructura poblacional del barrio el que está compuesto en su inmensa mayoría por habitantes que nada tienen que ver con el supuesto origen oriental. Definió a este lugar como un lugar comercial de productos orientales desarrollado en dos cuadras y asimilable a otras zonas comerciales de la Ciudad” (Informe 0983/DGIUR/2006).

Cabe destacar que según el INDEC, en el censo del 2001, en Argentina había únicamente 4.184 ciudadanos chinos y 3.511 ciudadanos de Taiwán distribuidos en el territorio nacional.

Tampoco tuvieron éxito las gestiones realizadas desde Sede de la Comuna 13, para convertir en peatonal la calle Arribeños entre Juramento y Mendoza, dado que la Dirección de Tránsito lo consideraba inviable por el caos de tránsito que ocasionaría.

En el año 2006 ante una nueva solicitud de instalar un Arco Chino en Belgrano C el Departamento de Urbanismo lo rechaza haciendo referencia al informe de la DGIUR antes descripto. La noticia de esta instalación provocó un fuerte rechazo de los vecinos de Belgrano C que entendieron que se estaba transfigurando su centenario Barrio por una suerte de incompresibles manejos.

En 2007 la instalación del arco fue nuevamente rechazada por la Comisión de aceptación de Donaciones de Monumentos de la Legislatura Porteña.

En el 2008, una aún inexplicable y/o inexistente ONG denominada “Federación de Reunificación Pacífica de China en Argentina”, la cual no estaba siquiera inscripta como tal en la Inspección General de Justicia (IGJ), presenta una solicitud al Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, invocando actuar en representación de la “Comunidad China en la Argentina” diciendo que se haría cargo de la provisión y ejecución de la instalación de la (ahora) “Arcada” en el barrio chino, y que también se ocuparía de su mantenimiento.

Cabe destacar que en el Expediente 49.736/2008 se habla de “Arcada” y no de Arco Chino, el cual —como ya fue mencionado— fue varias veces rechazado.

Este documento fue firmado por Yuan Jian Ping quien luego fuera diputado por el Pro durante el período 2015/2019.

Esta solicitud ratifica que la “importación” del controvertido y conflictivo Arco Chino, ahora “Arcada”, no se hizo por vía diplomática como dijeran algunos medios, y pone en duda si fue o es un regalo de la República China a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como se dijo en el discurso de su primera inauguración.

En este mismo período, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, presenta en la Legislatura Porteña un proyecto de Ley para el cambio del nombre de la calle Munich por el de China, desatendiendo los numerosos reclamos vecinales y de ONG’s al respecto a los que nunca les dio respuesta, agravando aún más el conflicto entre vecinos, ONG’s y Asociaciones Civiles versus el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y así fue que, los vecinos encolumnados en las ONG’s y Asociaciones Civiles extrapartidarias, concurrieron a las audiencias públicas de la Legislatura Porteña, rechazando el cambio de nombre de la calle Munich. Al final la Legislatura porteña rechazó el proyecto presentado por del Defensor del Pueblo.

En ésa misma época y sin dar descanso a los ciudadanos argentinos, se presentaron proyectos en la Legislatura para cambiar el centenario nombre de la Estación Belgrano C por Estación Barrio Chino o Estación Shanghai. Aunque quedó el cartel Estación Belgrano C, lo que antes era Barrancas de Belgrano ahora pasó a ser “Paseo Beijing”.

Los vecinos de Belgrano C, estaban desolados al ver lo que estaba pasando en su barrio que, además, durante la reconstrucción de la Estación de Tren Belgrano C, ésta fue despojada de toda su centenaria historia, patrimonio histórico, placas conmemorativas y recordatorias colocadas amorosamente por belgranenses y asociaciones civiles.

Placas y patrimonio histórico que nos contaban de las personas que allí trabajaron, que participaron del Barrio de Belgrano C y de la Estación de Tren; hablaban de inauguraciones, fechas patrias y hasta de actos heroicos como la placa conmemorativa que colocó el Centro Católico de Belgrano en el año 1929 en memoria del acto heroico de José Nicodemo Daniel Cenderezza, guardabarrera que salvó la vida de varios niños. Le quitaron a su estación de Belgrano C toda su identidad argentina-belgranense.

En el año 2008, Cristina Fernández de Kirchner conforma el Plan Estratégico Territorial (P.E.T.), concebido como el instrumento de planificación para guiar el despliegue de la inversión pública y privada y ordenar el territorio, en el cual queda reflejada la importancia estratégica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Ese mismo año se sancionó la Ley 26,352/2008 mediante la cual se crearon las sociedades Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF SE) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF SE).

Asimismo, Cristina Fernández de Kirchner propuso en uno de sus discursos la adopción del Plan de Acción Conjunta con la República Popular China y, cito textual, “… que esta asociación integral pasa a conformar la relación entre China y Argentina en una verdadera política de Estado”.

En 2009 Cristina Fernández de Kirchner firmó un acuerdo confidencial y secreto con la República Popular China mediante el cual hace entrega a China de la suma de 10.200 millones de dólares a cambio de 70.000 millones de Yuanes “y que sólo se dará a conocer su destino cuando se los utilice”.

Ese mismo año 2009, tuvo lugar la primera inauguración del controvertido Arco Chino / Arcada, con entrada por la calle Arribeños, y que según se dijo de manera confusa a través de medios de comunicación y algunos funcionarios, había sido traído desde China con el aporte y apoyo de la asociación de comerciantes del denominado “barrio chino”.

Esta primera inauguración se realizó con autoridades y funcionarios de ambos países, quienes ignoraron el conflicto existente para su instalación con las normativas argentinas y con las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 2012, por Ley 1,382/12, se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con poder de Administración y Disposición de los Bienes del Estado.

En 2016, el Jefe de Gobierno de la CABA Horacio Rodríguez Larreta, hizo una segunda inauguración en la intersección de las calles Arribeños y Juramento y, para eludir cualquier incidente respecto a si es Arco o Arcada y por supuesto para no aludir al inexistente Barrio Chino, Rodriguez Larreta, “ el Alquimista”, inauguró “El entorno del barrio chino”.

En esta segunda inauguración participaron además del Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Vicejefe Diego Santilli y el embajador de la República Popular de China, Yang Wanming.

En su discurso, Horacio Rodriguez Larreta, trató a este inexistente barrio chino, como un símbolo para la comunidad china y para que podamos disfrutar de su cultura”, frases que comenzaron a repetirse incluso en la licitación del Viaducto Mitre.

Con respecto a la comunidad china, así como en el censo del 2001 había 4.000 inmigrantes chinos, el censo del 2010, mostró que repartidos en el territorio Nacional había 8.929 inmigrantes chinos y 2.875 de Taiwán, lo que suma 11.804 originarios del país asiático.

La Ley Argentina respecto a la nacionalidad es Ius Solis, por lo que todos los hijos de inmigrantes nacidos en Argentina son ciudadanos argentinos.

La República Popular China considera que todo hijo de emigrante chino nacido en países con ley Ius Solis, son de  nacionalidad del país en el cual nació. Significa que China reconoce como argentinos a los hijos de chinos nacidos en nuestra tierra.

Ahora bien, ¿cómo es que se llega a los 120.000 integrantes de la comunidad china que dice el gobierno argentino o a los 180.000 integrantes que dicen en la embajada china?

Esta investigación no ha encontrado registros oficiales que avalen esta cifra, como tampoco algún registro que avale el aumento exponencial de la tasa de natalidad de la comunidad china-argentina.

Estas demostraciones hacia la R. P. China comenzaron a cristalizarse en forma contundente cuando se aprueba el nuevo Código Urbanístico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El Jefe de gobierno de la CABA junto con su Vicejefe Diego Santilli, desde los comienzos de su primera gestión, inició una carrera contra el tiempo para modificar el Código de Planeamiento Urbano Ley 449/2000, invocando la necesidad de unificar en un sólo código las modificaciones que se habían efectuado a lo largo de su vigencia. Modificaciones muchas efectuadas como “excepciones” por la DGIUR de manera discrecional, ya que no habían pasado por la Legislatura porteña.

Horacio Rodriguez Larreta, “el Alquimista”, estaba urgido por sancionar el nuevo código urbanístico por los convenios que ya había firmado con anterioridad a la sanción de esta ley y en los cuales se comprometía al redestino comercial de los viaductos.

(Expediente 2.892-J-2018: APRUÉBASE EL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL G.C.A.B.A Y LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DELESTADO PARA EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS BAJO VIADUCTOS FERROVIARIOS.)

Y fue así que el Jefe de Gobierno junto al Vicejefe, convocaron a reuniones participativas con los vecinos de la CABA, con la excusa de conocer sus necesidades, preocupaciones y propuestas para la modificación del Código de Planeamiento Urbano

En noviembre de 2018, la Legislatura porteña sancionó un incomprensible Código Urbanístico bajo la Ley 6.099/18.

Los vecinos de la CABA que asistieron a las reuniones convocadas por H. R. Larreta y Diego Santilli, se vieron defraudados al no ver reflejadas en el código sus propuestas e inquietudes, y entendieron que la campaña de cambio de código fue únicamente para crear un nuevo Código Urbanístico con un apartado que antes no existía.

El nuevo Código Urbanístico crea un apartado bajo el número 3.17.2 denominado Bajo Viaductos Ferroviarios e incorpora a los Bajo Viaductos FFCC Mitre, FFCC San Martín y FFCC Belgrano S como un elemento urbanístico nuevo en la CABA.

En el 2019 la AABE licita los Bajo Viaductos mediante la cual, entre otras cosas, se concede en licitación por 30 años y con 5 años de gracia, los terrenos bajo viaductos a $ $ 60.- (sesenta pesos ) el m2. Y no es casualidad, desde el discurso de Néstor Kirchner, era la primera vez que se daba la “conjunción partidaria” de que Nación y Ciudad pertenecieran a la misma extracción partidaria.

La concesión fue otorgada al monotribustista Sang Hak Choe quien acreditaba tener ingresos de $ 30.000 (treinta mil pesos) mensuales y por no tener otro tipo de credenciales y/o acreditaciones comerciales, depositó en alguna repartición la suma US$ 200.000.- como garantía del cumplimiento.

Así fue que a través de la AABE, con ADIF SE y SOFSE, la Nación Argentina concedió las tierras de los Viaductos para su uso a $ 60.- el m2 para el destino que Sang Hak Choe logre habilitar ante la CABA.

Tanto Sang Hak Choe, como el que obtuvo el 2° puesto, presentaron proyectos que involucraban intereses chinos

Sang Hak Choe propone un “Centro de Exposición Permanente de la Industria de China” y el segundo proponía además un Centro Cultural Chino.

Lo cierto es que se gestionó desde la CABA y con la Legislatura porteña un “mega shopping” o un mega centro de exposición industrial, cultural y/o de operaciones administrativas comerciales permanente del país asiático de 4 km de extensión que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires.

Dada la gravedad de semejante propuesta que destruiría totalmente al medio ambiente, parques, clubes y plazas, reduciría dramáticamente los espacios verdes y generaría un impacto ambiental tremendo por la circulación y estacionamiento de autos, camiones de abastecimiento, ruidos, aumento exponencial de actividades y presión demográfica, afectando el área en no menos de un radio inferior a 5 km; ese mismo año 2019, la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano, presentó un Recurso de Amparo ante la Justicia (Expte. N° 69.260/2019) al que se adhirieron ONG´s, vecinos y asociaciones civiles.

Actualmente sigue radicado en la Suprema Corte de Justicia a la espera del dictamen judicial.

Es importante destacar que hay una situación poco clara aún en la propia concesión y que no se sabe siquiera la verdadera magnitud de las tierras concedidas ya que los pliegos de la concesión se realizaron con trazados de líneas rojas sobre fotografías aéreas, sin mensura ni denominación catastral. Y es por eso que las superficies en cuestión varían a lo largo del pliego.

La concesión efectuada por la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) en sintonía con ADIFSE y SOFSE, no cumple con ningún requisito de planimetría, cartografía, arquitectura, catastro ni mensura. Es más, la AABE hace mención a la palabra “croquis”.

Por ejemplo en este croquis de la concesión, pareciera que también licitaron parte de las canchas de tenis.

«Barrio Chino»
¿Chinatown? o ¿City China?

El monotributista Sang Hak Choe ganador de la licitación del Viaducto Mitre, no propone ni menciona un “Barrio Chino” como centro turístico cultural; Sang Hak Choe propone un “Centro de exposición permanente de la industria y tecnología China” y que incluye a la Estación de Belgrano C, y al sector mal denominado Barrio Chino.

Esta nueva versión de transfigurar a Belgrano C y a los 4 km del Viaducto Mitre en un centro de exposición permanente de la industria y tecnología china, pone en agenda quién/quiénes son los verdaderos beneficiados de este absurdo y lo que realmente implica.

Un Centro de Exposiciones y/o de Operaciones comerciales administrativas para un actor que tiene inversiones en Argentina en FFCC, hidrovía, minería, petróleo, gas, exploración espacial, energía nuclear, construcciones de presas hidroeléctricas, granos, alimentación, etc., y con quien además estamos endeudados, sería un muy buen gesto concederle una de las mejores tierras de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo a uno de los históricos y más tradicionales barrios de la Ciudad de Buenos Aires y por qué no de la Argentina, como lo es el Barrio de Belgrano, con una población de clase media y clase media alta, con muy bajo índice de delito, perfectamente comunicado con los centros de poder, del Gobierno Nacional y de la CABA.

En vista al año 2023, que se vislumbra nuevamente la “conjunción partidaria” Nación-CABA, “El Alquimista”, Horacio Rodriguez Larreta, con la Jefe de la Comuna 13 Florencia Scavino en sintonía con el Comunero de la Comuna 13 Yuan Chi Cheng, han redoblado sus esfuerzos y han extendido toda suerte de cartelería, publicidad y simbología china hasta el corazón del histórico Barrio de Belgrano en la zona de la Iglesia la Redonda, Plaza Manuel Belgrano y ha incorporado en el vallado del Viaducto Mitre, carteles de 6 x 3 de color rojo con la leyenda Barrio Chino a lo largo de la Avda. Libertador hasta casi Olleros.

En los mapas de Google ya figura el Barrio de Belgrano como Barrio Chino, y parece no importarle ni a la Jefa de la Comuna 13 como así tampoco al Jefe de Gobierno, Defensorías varias, etc.

Pareciera que “El Alquimista”, al no poder concretar su imaginario barrio chino como barrio oficial de la CABA, ha decidido ir por más y ha redireccionado  sus políticas, ya no más hacia un imposible Chinatown, sino directamente hacia un barrio para intereses de un país extranjero: China.

 

* Licenciada en Geografía graduada en la Universidad Nacional de Cuyo. Presidente de la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano. Especialista en Medio Ambiente y Urbanismo.

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