Las guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860) fueron impuestas por el Reino Unido a China.
El imperialismo en sus formas más horrendas, que son el colonialismo y el neocolonialismo, pierde el pelo, pero no el vicio.
Los recientes acontecimientos relacionados con la aprobación de una ley por parte del Consejo Legislativo (parlamento) de Xiannang (destrozado por los colonialistas con el nombre de simio de Hong Kong) están desatando la furia de muchos occidentales. No sólo creen que Xiannang sigue siendo una colonia británica, sino que cuando descubren que Londres la ha cedido pacíficamente y a regañadientes a Pekín hace veintisiete años, les gustaría que Occidente siguiera dictando sus propias reglas desafiando al pueblo chino y a los miembros del Consejo Legislativo, la expresión de los ciudadanos de Xiannang.
Demos un paso atrás y sumerjámonos en la historia para contar cómo el Oporto con aroma a incienso terminó en las manos codiciosas, sucias y sangrientas de los imperialistas británicos.
Todo comenzó cuando Gran Bretaña inició las dos Guerras del Opio (1839-1842, 1856-1860) para tener no solo la posibilidad sino el derecho de exportar drogas al Imperio Medio: Inglaterra fue el primer traficante autorizado por la fuerza de sus armas que se utilizaron para vender opio a los chinos, una droga refinada y perfeccionada a través de la India, reducida a la condición de apéndice de la reina Victoria.
Hong Kong fue fundada como colonia del Imperio británico después de que la dinastía Qing cediera la isla de Xiannang en 1841-1842 como resultado de la pérdida de la Primera Guerra del Opio, que humilló al Imperio Medio. La colonia se expandió a la península de Jiulong (Kowloon) en 1860 y se extendió aún más cuando el Reino Unido obtuvo un contrato de arrendamiento de 99 años de los Nuevos Territorios en 1898.
Dos años más tarde, una fuerza multinacional compuesta por Austria-Hungría, Francia, Alemania, Japón, Italia, el Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos de América desembarcó en China para reprimir el levantamiento imperialista anticolonial de los bóxers. A esto le siguieron numerosos abusos, ejecuciones sumarias y violaciones contra la población civil china, así como el saqueo de objetos de arte (muchos de los cuales fueron llevados a Europa).
Cuando las tropas aliadas se trasladaron de Pekín al campo del norte de China, ejecutaron a un número desconocido de personas acusadas o sospechosas de ser o parecerse a los rebeldes bóxers. Mientras los Aliados estaban en Pekín, saquearon palacios, yamen y edificios gubernamentales, infligiendo una pérdida incalculable de reliquias culturales, libros de literatura e historia (incluido el famoso Yongle Dadian) y daños al patrimonio cultural (incluida la Ciudad Prohibida), el Palacio de Verano, Xishan y el Antiguo Palacio de Verano.
Más de 3.000 budas de bronce chapados en oro, 1.400 obras de arte y 4.300 bronces fueron saqueados del templo de Songzhu. El chapado en oro de los tanques de cobre frente a los edificios de la Ciudad Prohibida fue raspado por las tropas aliadas, dejando marcas de arañazos que aún se pueden ver hoy en día. El Yongle Dadian, compilado por 2.100 eruditos durante el período Ming Yongle (1403-1408), con un total de 22.870 volúmenes, había sido parcialmente destruido durante la Segunda Guerra del Opio en 1860. Más tarde se recogió en el Palacio Imperial de la calle Nanchizi. Sin embargo, fue encontrado y completamente destruido por la alianza en 1900. Parte del Yongle Dadian se utilizó para la construcción de fortificaciones.
La Biblioteca Completa de los Cuatro Tesoros (o Siku Quanshu) fue compilada por 360 eruditos durante el período Qing Qianlong. Recopiló 3.461 libros antiguos, con un total de 79.309 volúmenes. Algunos de ellos fueron destruidos en 1860 durante la Segunda Guerra del Opio. Otros 10.000 y más volúmenes fueron devastados en 1900 por la Alianza de las Ocho Naciones. La Academia Hanlin albergaba una colección de libros preciosos, libros de la dinastía Song, material literario e histórico y pinturas preciosas. La Alianza de las Ocho Naciones también saqueó estas colecciones. Algunos de estos libros, robados al pueblo chino, permanecen vergonzosamente conservados en los museos de Londres y París, sin que ningún intelectual haya pedido que se los devuelvan al pueblo chino-
La alianza se disolvió tras la firma del Protocolo de los Bóxers en 1901, después de dos años de lucha, un acuerdo que ahora se incluye en los tratados desiguales impuestos por la violencia.
Y hoy los herederos «multicolores» de los mismos colonialistas imperiales, ladrones, asesinos, violadores y engrasadores, regresan con una palabra de libertad y democracia: la suya, con la esperanza de seguir explotando Xiannang a su conveniencia y placer.
Con respecto a la nueva legislación sobre la salvaguardia de la seguridad nacional en Xiannang, los malentendidos y controversias de algunos se centran principalmente en estos puntos: 1) el proceso legislativo es demasiado rápido; 2) la nueva ordenanza es demasiado estricta y algunas disposiciones son demasiado ambiguas, lo que da un amplio espacio a las explicaciones y, por lo tanto, otorga más poderes a la aplicación de la ley; 3) la ley viola los principios de derechos humanos y puede obstaculizar las empresas extranjeras y poner en peligro a los extranjeros que viven en Xiannang; 4) la ley empuja aún más a Xiannang a perder singularidad y competitividad en el mundo, convirtiéndola en una ciudad que no tiene diferencia con otras ciudades de China continental.
Responder:
1) Si hay acuerdo entre los miembros del Consejo Legislativo, no está claro por qué es demasiado rápido; es especialmente ridículo decir esto en Italia, donde los ciudadanos se quejan de la excesiva duración de los procedimientos jurisprudenciales, procesales y burocráticos.
2) No corresponde a terceros juzgar la severidad y el mérito de las leyes de otro país, sino que es su pueblo el que se expresa a través de instituciones representativas. Y así lo afirma el derecho internacional, a menos que intervengamos con bombardeos humanitarios y armas sofisticadas para cambiar la opinión de la gente; después de todo, hacerlo eliminaría por completo las fuerzas de la ley y el orden en Xiannang como esperaban los mencionados.
3) La violación de los derechos humanos, el primero de los cuales es la vida, habría que exigirlo para los pueblos de Dresde, Hiroshima y Nagasaki; para los pueblos de Vietnam, Irak, Afganistán y los de África y otras partes del mundo, que fueron carne de cañón para la industria armamentística occidental.
4) ¿Por qué los chinos no deberían convertirla en una ciudad que no tenga diferencias con otras ciudades de China continental? La respuesta es muy sencilla: para que siga siendo un enclave del imperialismo, o incluso se convierta en una base militar de la OTAN. Xiannang es chino, pero los imperialistas quieren que siga siéndolo solo en restaurantes, postales y souvenirs para los occidentales de vacaciones en busca de emociones, y para los militaristas de negocios con rostro «humano» y «democrático».
Esta legislación salvaguarda la seguridad nacional y está en consonancia con la práctica internacional. Todos los países del mundo conceden gran importancia a la legislación de seguridad nacional, que está vinculada a la supervivencia de un Estado. Xiannang es una Región Administrativa Especial de la República Popular China y no de otras, y tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la seguridad nacional.
A través de la legislación del artículo 23 de la Ley Básica, Xiannang puede complementar las disposiciones legales locales relacionadas con la seguridad nacional, absorber nuevas disposiciones internacionales sobre delitos relacionados con la seguridad nacional y construir un sistema legal integral para salvaguardar la seguridad nacional. Solo de esta manera, y sin interferencias externas, Xiannang podrá ganar confianza, desarrollar su economía con tranquilidad y mantener la prosperidad y la estabilidad a largo plazo.
La seguridad nacional es la piedra angular del desarrollo de Xiannang, ya que no habrá conflicto entre la seguridad nacional y los intereses públicos. La razón es simple: no hay ningún interés público en este mundo que ponga en peligro la seguridad nacional. Si pone en peligro la seguridad nacional, no puede ser de interés público.
El artículo 23 de la Ley Fundamental añade algunos delitos de acuerdo con las necesidades de la situación actual: tiene visión de futuro y debería proporcionar un apoyo importante para el mantenimiento de la buena gobernanza y la estabilidad a largo plazo en Xiannang.
La legislación del Artículo 23 construye un fuerte muro de seguridad nacional y cierra algunas lagunas legales. En particular, la modificación de algunas leyes existentes, la conversión de algunos delitos de derecho consuetudinario en leyes estatutarias y la creación de efectos extraterritoriales no darán a los elementos antichinos y perturbadores ningún espacio para afianzarse en Xiannang, y aquí queda claro cómo la ciudad se protege contra las revoluciones de color heterodirigidas, cuyos fracasos están sembrando la muerte en Europa del Este.
El artículo 23 de la Ley Básica de Xiannang es claro y establece: «La Región Administrativa Especial de Xiannang promulgará su propia legislación para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión del gobierno popular central y robo de secretos de Estado, y prohibir a las organizaciones o grupos políticos realizar actividades en la Región Administrativa Especial de Xiannang, prohibir a las organizaciones o grupos políticos de la Región Administrativa Especial de Xiannang establecer vínculos con organizaciones o grupos políticos extranjeros». Es decir, evitar intervenciones desde el exterior que pongan en peligro la seguridad nacional y organizaciones que se dediquen a actividades que atenten contra la seguridad nacional.
El gobierno de Xiannang promovió la legislación del Artículo 23 el 30 de enero y lanzó una consulta pública de un mes de duración, durante la cual se recibieron más de 13.000 opiniones, de las cuales el 98,64 por ciento expresó apoyo y opiniones positivas. Sobre esta base, el gobierno de Xiannang redactó el proyecto de ley y lo presentó al Consejo Legislativo para su revisión.
Los reglamentos relativos a las nuevas disposiciones legislativas han estudiado y absorbido un gran número de disposiciones y precedentes del common law, manteniendo la coherencia y sincronización de la legislación nacional en materia de seguridad con los principales países y regiones del common law. Su marco penal y su sistema punitivo son científicamente razonables, comparables y compatibles con el derecho de seguridad nacional y pueden utilizarse como referencia para las esferas en las que se aplica el derecho consuetudinario. Las nuevas normas cuentan con suficientes preparaciones previas, una buena base de opinión pública y un alto grado de consenso social, y constituyen un punto de referencia importante para una legislación de alta calidad en la región administrativa especial.
Todos los ámbitos de la vida en Xiannang reconocen en general que sólo complementando la legislación local del artículo 23 y mejorando aún más el sistema institucional de la Región Administrativa Especial para salvaguardar la seguridad nacional será posible garantizar la prosperidad y la estabilidad de Xiannang y la aplicación a largo plazo del principio de «un país, dos sistemas».
La política de «un país, dos sistemas» contribuye a salvaguardar los derechos y libertades legítimos de los residentes de Xiannang y otros ciudadanos de conformidad con la ley, y conduce al mantenimiento de la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de la Región Administrativa Especial de Xiannang.
Lo que se denomina el «muro protector» de la prosperidad y la estabilidad garantizará un desarrollo de alta calidad con un alto nivel de seguridad y amplias perspectivas de gobernanza, y la prosperidad en Xiannang se verá más favorecida.
El sistema de seguridad nacional y el estado de derecho servirán además como elemento disuasorio jurídico para las fuerzas de intervención externa y contribuirán a fortalecer la confianza y la identidad de la sociedad Xiannang en el estado de derecho, mejorará la confianza de los inversores y consolidará el reconocimiento internacional y las funciones de servicio global de Xianang como centro financiero internacional, optimizando el entorno empresarial gratuito y el mecanismo de promoción de Xianang en el mundo.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
La realidad de la Argentina exhibe el sostenido declive de su poderío militar desde 1983, una constante peligrosa cuando el punto partida de cualquier planificación de Defensa es un extenso territorio sobre el que hay notorias ambiciones extranjeras.
A la obviedad del territorio insular usurpado bajo dominación militar británica hay que sumar otras presencias igualmente indeseables como el enclave chino en Neuquén, con buena parte de la facción en el gobierno queriendo alinear el país a los intereses del Partido Comunista Chino, el activismo secesionista de la izquierda disfrazada de etnonacionalismo mapuche, la vocación colonial que llevó al presidente Alberto de la Fernández a ofrecerse a Putin como puerta de entrada para Rusia en América Latina, la expansión del narcotráfico con organizaciones trasnacionales que en su afectación de la soberanía argentina lograron cierto control de los cielos para el tráfico y, a la par de todo ello, una grosera descomposición social en la que proliferan escenarios de Guerra Civil Molecular haciendo de la Seguridad Interior un queso gruyere.
En lo que va del siglo XXI Argentina se gobierna como si fuera un experimento para determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un país atentando contra su propia existencia. Y nos acostumbramos.
Tanto nos acostumbramos, que todavía no se entiende que para recuperar la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina es necesario actualizar, reformular y aplicar una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional. La sola idea de repensar la Seguridad Nacional asumiendo que hay enemigos externos e internos espanta a la corrección política impuesta por el marxismo a través de la subversión cultural. La cobardía intelectual ha llegado al punto de cuestionar cualquier intención del ser y prevalecer de la Nación Argentina, como si ello atentara contra la paz (contra alguna idea indigna de la paz); cual si no existieran el Himno y la Constitución Nacional imponiendo deberes para con las futuras generaciones.
Y claro, para comprender y cumplir esos deberes, es imprescindible desear que haya futuras generaciones de argentinos, cosa que los que gobiernan en lo que va del siglo, expulsando población joven y formada como sometiendo el país todo a la miseria, evidentemente no desean.
Como un síntoma más de esa erosión al ser y prevalecer de la Nación Argentina, se impuso hace tiempo la estúpida creencia que contemplar las hipótesis de conflicto promueve los conflictos y así se repite, como si fuera algo beneficioso, que «Argentina no tiene hipótesis de conflicto». Algo más que imbécil cuando, de mínima, hay un conflicto con los británicos por la integración del territorio nacional.
En ese contexto cabe enmarcar la breve cronología de otra infamia kirchnerista que motiva este artículo.
A finales de noviembre, Alberto de la Fernández asesorado por Casa Militar y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, dispuso la compra de un nuevo avión presidencial. Se trata de Boeing 757-256 para 39 pasajeros, con dormitorios y grandes comodidades, lo necesario a efectos que el seudo Presidente pueda llevar aquella fiesta de Olivos al aire.
Argentina es un país empobrecido y empobreciéndose, SOBRE ESA REALIDAD UN AVIÓN PRESIDENCIAL NO PUEDE SER PRIORIDAD. Nada justifica hoy, ni desde la austeridad ni desde la seguridad presidencial que el presidente no viaje como pasajero común en cualquier vuelo de línea. Y muy especialmente porque, a todas luces, hay cosas más relevantes que proteger.
Lo que nuevamente revela la compra del avión presidencial es que los políticos argentinos, más allá de cuál sea la facción en el poder, tienen una propensión absoluta a considerarse más importantes que aquello que hace a la razón de sus funciones.
En este caso ello ha sido explicitado por Alberto de la Fernández en una entrevista con Financial Times, diciendo, con posterioridad a su decisión de proveerse un avión de dignatario relevante, que:
«Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día. Porque estamos en un continente muy desigual con todos los problemas que anteriormente usted comentó, pero es un continente en el que no hay problemas de guerra. La paz es el común denominador entre nosotros y la búsqueda de la unión regional como en su momento Europa construyó la unidad regional, es la búsqueda de América Latina, con lo cual para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas».
O sea: avión presidencial sí, aviones de combate no. Prioridades de casta. Ellos valen más que nosotros…
Nada nuevo, por cierto. Pero la infamia no es solamente el hecho en sí de comprar un avión suntuario y ni uno para proteger nuestros cielos.
La cosa sigue porque el orden de prioridad establecido por Alberto de la Fernández anteponiendo su comodidad a la seguridad de la Nación, lleva implícita en su argumentación ante el Financial Times el total desconocimiento de la relación intrínseca entre diplomacia y Fuerzas Armadas, que es decir entre la capacidad de consensuar en la mesa de negociaciones y disuadir en el terreno.
Entonces contradiciendo sus propias palabras, como cada vez que lo que dice se confronta con algo que dijo antes (ya que si hay alguien que no sobrevive a la prueba del archivo es Alberto de la Fernández), al tiempo que declara que la paz reinante en la región no justifica comprar aviones de combate, la Cancillería ensayaba una insignificante protesta diplomática (sin ningún respaldo militar) denunciando que la participación de efectivos kosovares en ejercicios militares en Malvinas «constituye una injustificada demostración de fuerza».
No es preciso mucho análisis para entender que cada vez que el gobierno argentino expresa su «contundente rechazo» a cualquier medida con que los británicos responden a sus necesidades de Defensa, mismas que no descuidan porque Argentina si lo haga, la nota va al archivo de las insignificancias.
Ya desde el año 2012, a 30 años de la guerra, el entonces ministro de Defensa inglés Philip Hammond afirmó que la Argentina «no es una amenaza militar creíble» para la continuidad de la usurpación británica sobre las Islas Malvinas.
Ahora, a 40 años de la Guerra de Malvinas, no sólo no son una amenaza creíble para la usurpación británica, no son un elemento de disuasión significativo frente a ninguna de las amenazas que se ciernen sobre la República Argentina.
Con su idílica, cómoda y falsa visión de la América del Sur como una región de paz garantizada, parece ignorar Alberto de la Fernández que esa supuesta paz puede dejar de existir de la noche a la mañana. En su ignorancia deliberada, parece no haberse enterado que allá por el 2004, ante fallas en el suministro de gas, el Presidente de Chile Ricardo Lagos puso sobre su escritorio la opción militar contra la Argentina y le advirtió a Néstor Kirchner, cuyo Jefe de Gabinete era un tal Alberto Fernández, que «el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí. Me daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato», narró el chileno en su biografía.
Entendamos que si Chile por una cuestión de gas puso la opción militar en la mesa de negociaciones, cualquier otro país podría hacer lo mismo. De hecho, en el plano de la ficción, la novela de Carlos González Robles «CHINA INVADIÓ ARGENTINA ¿La Tercera Guerra Mundial?», plantea un conflicto en el que los chinos recurren a su aparato militar para ocupar el país con la excusa de cobrar deuda argentina. Remarco que es una ficción, pero una ficción posible, del tipo de ficciones que lo son hasta que dejan de serlo.
Y alguno de los cráneos que, embriagados de paz, establecen prioridades en Argentina podría decir que frente a tal hipótesis no tendría sentido, por la disparidad de poderío, ofrecer ninguna resistencia. Son los mismos cráneos que supusieron que la campaña rusa en Ucrania sería una guerra relámpago. En el ejemplo ucraniano hay que saber valorar el esfuerzo militar convencional como manifestación de la voluntad de ser y prevalecer de una Nación. Cierto es que Ucrania recibió y recibe una importante ayuda militar extranjera, pero la puede recibir porque desde antes de la guerra tuvo la voluntad de fortalecer su instrumento militar.
Si hasta aquí lo expuesto en este artículo ha impactado en su pensamiento con la preocupación sobre el lamentable estado de indefensión que ofrece la Argentina, prepárese para indignarse al comprender algunas de las razones por las que estaremos todavía peor.
No es novedad que tenemos por ministro de Defensa a un fulano con pasado terrorista. Jorge Taiana es hoy el encargado de sostener el plan kirchnerista para el escarnio y la humillación constante de las Fuerzas Armadas (algo que arrancó en 2003 con hechos públicos y notorios cuya enumeración al día de hoy sería a más de larga muy penosa).
No hay en el destrato de gobierno a las Fuerzas Armadas ninguna casualidad, todo, absolutamente todo lo que se hace es con la finalidad de sacarlas del eje de la Defensa y convertirlas en un instrumento servil a la propaganda política Incluso con César Milani, generalito traidor a la sangre de los combatientes del Ejército Argentino, quien desde el retiro tiene el descaro de proponer una revolución que implicaría el fin de la República y la culminación del proyecto totalitario de corrupción estructural kirchnerista.
Es así que en este mismo país que derrocha su presupuesto en ideología de género, Ministerio de la Mujer incluido, al mismo tiempo que se prioriza la compra de un avión presidencial por sobre la adquisición de aviones de combate, al mismo tiempo que la Cancillería protesta porque los británicos obran como dueños absolutos de las Islas Malvinas, al mismo tiempo que condenada la vicepresidente Cristina Fernández por corrupta el gobierno entero se abroquela en defensa de la corrupción, es decir en el momento que el país está más cerca que nunca de ser un completo hazmerreír que de volver a ser una República con un mínimo de seriedad, el Ministerio de Defensa dedica toda la pompa de su ceremonial a la inauguración de un banco rojo en el Edificio Libertador…
Supone la progresía que simbolismos estúpidos como el del banco rojo concientizan sobre la necesidad de evitar la violencia contra las mujeres, y en tal sentido explicó la directora de Políticas de Género, Laura Masson, que «desde el Ministerio de Defensa trabajamos diariamente para llevar adelante diferentes políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de Género en el ámbito de la Defensa Nacional y para promover la equidad en el ámbito laboral que pretendemos sea libre de todo tipo de violencias».
Pocas imágenes son tan ridículas como las de funcionarios inaugurando bancos pintados de rojo y en el caso de Defensa es todavía más grotesco por el contexto aludido que muestra un deliberado y completo abandono de la razón de ser de ese Ministerio.
Esto no puede más que empeorar, porque además tampoco hay en la conducción militar de las Fuerzas Armadas ningún atisbo de dignidad, sólo parece haber ordenanzas de la resignación, tan dispuestos a subirse a cualquier banquito como a pintar otros, a olvidar a los camaradas muertos en combate, A NO DEJAR NINGUNA HUELLA MÁS QUE HABER OSTENTADO UN GRADO.
Cualquier mirada sobre la conducción política y militar de las Fuerzas Armadas, lleva a pensar que a los jóvenes argentinos con vocación militar, el más sano consejo que se les puede dar es que mejor se enlisten en la Legión Extranjera antes que vestir uniforme nacional para que los humillen todos los días.
Y no tengo que explicarle a ningún lector lo que al escribir ese último párrafo se agita en mi interior. Eso mismo que a Usted.
* La Pluma de la Derecha, un liberal que no habla de economía.
Artículo publicado el 11/12/2022 en La Pluma de la Derecha.
En su personaje de Saúl Menahem, en la recientemente estrenada serie «Iosi, el espía arrepentido», el actor Alejandro Awada expresa:
Hablar de servicios de inteligencia en Argentina es una contradicción. En un 80% se espían y se cagan entre ellos; un 10% trabaja para algún político así justifica su sueldo y el otro 10% hace guita. No sirven para nada. Ni para encontrar las manos de Perón. Manipulan a su gente con estos cuentos. Necesitan creyentes y un enemigo. […] Reclutan idiotas útiles y cuando llega el momento los descartan.
Bien, no es tan así, o mejor dicho no era tan así. La Inteligencia argentina, más precisamente cuando era la SIDE, supo tener mejores momentos y su Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)[1] es recordada aún por algunos agentes europeos y de la región que cursaron en ella por aquellos años.
Mucho ha cambiado desde esos años en que la ENI era un instituto serio de formación. Las purgas ocasionadas por el gobierno de la Alianza —uno de los tantos engendros políticos creados con fines electorales— y por los sucesivos gobiernos, han ocasionado la partida voluntaria y también forzosa de muchos agentes de carrera. La serie que nos recuerda a Maxwell Smart parece convertirse en realidad, más aún cuando hoy se escucha al nuevo interventor —aquel al que le robaron numerosas armas y hasta un misil cuando era ministro de Defensa— ofrecer elucubraciones personales en una entrevista con respecto al mediático caso del avión venezolano con tripulación iraní y venezolana; expresó que era una «presunción» de él, a la que llegó porque «le da la cuenta porque 5 iraníes y 14 venezolanos» estaban instruyendo a dos tripulaciones… Dejemos de lado lo del avión. Lo que no puede hacer el máximo responsable de la Inteligencia argentina es ir a una entrevista con «presunciones» sino con información de inteligencia, la cual podrá o no compartir públicamente en función del secreto de la investigación. Quizás sea más apropiado que quien ejerza esa función no se exponga mediáticamente.
En un artículo publicado el 26/01/2021 ya me referí a una noticia en la que se informaba de un nuevo proyecto de ley de inteligencia y me permití criticar al que fuera presentado en 2016 por la entonces diputada Elisa Carrió[2]. Actualmente está en el Congreso ese proyecto pergeñado por la «fiscal-interventora» que compite con el de Carrió en términos de dislates.
Luego de que se disolviera la Secretaría de Inteligencia y se creara la AFI en 2015, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) ha acelerado su caída en picada. El funcionario ideólogo de la estructura del organismo y del complejo y retorcido Decreto 1.311 sobre la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, Marcelo Saín[3], quien creó una agencia caracterizada por su macrocefalia que la tornó inoperante, sobre todo al tener más de cincuenta directores sin jefaturas intermedias. Por otra parte, no se contempló la incorporación de un área de «Análisis» en el organigrama de Inteligencia Exterior, cuando el análisis es la actividad esencial de la inteligencia. La administración de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani no modificó esa situación sino que la empeoró al incrementar el número de contratados con sueldos equivalentes a los de directores. Aquí ya se puede apreciar la sangría de los recursos del Estado.
Como si fuera poco el daño hecho al SIN durante los gobiernos kirchneristas, de Macri y del de Alberto Fernández[4], los legisladores pueden empeorar aún más la situación de la Inteligencia Nacional sancionando esta ley presentada por el «equipo» de la «fiscal-interventora». Entre los miembros de ese equipo[5] se encuentra Rafael Bielsa y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
Permítanme hacer una digresión para destacar que Rafael Bielsa fue quien, como embajador en Chile, propuso a la justicia de ese país que el dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el muy aborigen Jones Huala (actualmente prófugo), podía cumplir su libertad condicional en la Argentina. Por su parte el CELS —ONG vinculada a Horacio Verbitsky— cuenta con la prerrogativa de impugnar el ascenso de los militares de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y recibe financiamiento de la Embajada Británica en Buenos Aires, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, de la International Planned Parenthood Federation (ONG que actúa en defensa del acceso al aborto inducido y del libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar), de la Fundación Ford, de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert Argentina (socialdemocracia alemana), de la Fundación Heinrich Böll (vinculada a Die Grünen, el partido de Los Verdes de Alemania), de la Open Society Foundations (George Soros), entre tantas otras organizaciones e instituciones que «se interesan» por la Argentina. También recibe fondos de ministerios de la Argentina como los de Educación y Salud de la Nación.
Algunas fundaciones, embajadas y organismos que financian la actividad del CELS.
Entre la exposición de motivos que se expresan en el proyecto de ley de Inteligencia presentado por el equipo de la «fiscal interventora» se expresa que «ya no se trata solamente de dejar atrás un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muchas veces, ilegal, sino de dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones…»
Si observamos la notoriedad mediática que ha tenido la gestión de la «fiscal interventora», es precisamente todo eso lo que ha caracterizado su pésimo desempeño al frente del SIN. Demás está decir que la interventora durante su gestión ha procedido a violar en más de una oportunidad la ley vigente, como por ejemplo en el caso de la revelación de las actas del organismo.
En función de lo expresado en la exposición de motivos, cabe aclarar que la Inteligencia no es una herramienta «para mejorar la calidad de las decisiones» sino un instrumento esencial «para la toma de decisiones». Si el decisor carece de criterio, de calidad intelectual y de otras virtudes o, simplemente, ignora la información que le proporciona su servicio de Inteligencia (algo habitual en Argentina), éste nada puede hacer, porque solo se limita a poner los informes a disposición del decisor. Como reza el proverbio, Quod natura non dat, Salmantica non præstat.
Para ser más claro, la AFI es el organismo encargado de producir conocimientos acerca de las problemáticas, riesgos y conflictos inscritos dentro de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior en función de la protección de los intereses nacionales. Conducida por el Poder Ejecutivo (más precisamente el Presidente), la AFI formula el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que delinea las actividades del SIN que encabeza la propia AFI. El producto que emana de esta actividad, el análisis de inteligencia, es la producción de conocimiento que sirve de soporte a la toma de decisiones de manera oportuna.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los autores reconocen que la Ley 25.520 tiene muchas virtudes y que «los intentos de reformas parciales, como los realizados en 2015» no tuvieron «la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo”, la intervención aconsejó un cambio profundo de las bases institucionales, que no tire por la borda muchos de los esfuerzos de la legislación anterior». En verdad, si se compara este proyecto de ley con la Ley 25.520, han tirado todo por la popa, para continuar utilizando la terminología marina.
Del mismo modo, expresan que «la idea de comunidad de inteligencia no ha servido para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales, donde policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías en un intercambio sin control y sin finalidades claras». Agregan que la idea de comunidad de inteligencia «ha servido más para la expansión de la ilegalidad que para fortalecer una coordinación virtuosa». Toda esta afirmación ameritaría una extensa e histórica explicación. Trataré de sintetizarla.
Hasta la sanción de la Ley 25.520, el SIN contó con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que articulaba la inteligencia con las Fuerzas de Seguridad y con las Fuerzas Armadas[6]. Ese órgano fue oportunamente desmantelado. Tras los atentados del 11-S, en los Estados Unidos se percataron de que sus agencias de inteligencia no contaban con ningún organismo que los articulara y entonces, a esos efectos, se creó el Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional. Luego fueron creados lo que denominaron «centros de fusión», con el objetivo de promover el intercambio de inteligencia entre las autoridades locales, estatales y federales y coordinar sus actividades.
Este descubrimiento llevado a cabo tras los atentados del 11-S pareció una innovación interesante y digna de recomendación para los países periféricos como la Argentina. Así fue como, durante la gestión de la Arribas – Majdalani al frente de la AFI, vinieron del norte a traer esta modalidad de trabajo. En realidad era lo que hacía la CNI en Argentina hasta su disolución.
Por otro lado, los que nunca entendieron como articular a la Comunidad de Inteligencia fueron los políticos de turno que, en realidad, ni siquiera saben qué es la Inteligencia. O quizás no quieren que se articulen los órganos que conforman el SIN y esto queda claro con este proyecto de ley que propone que la actual AFI no sea más el organismo rector del SIN. Es decir que hace más de veinte años que se eliminó la CNI y ahora se deja a su suerte a cada órgano al eliminar la AFI como cabeza del sistema.
Por otra parte, ese cambio de roles entre policías y agentes de inteligencia al que alude, se remonta a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Es un grave error confundir la Inteligencia con la Seguridad, algo que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. El acento se puso en incrementar el personal de seguridad, con una deficiente formación salvo los pocos casos de jóvenes que habrían pertenecido a alguna fuerza. En paralelo se incentivaba el retiro de los analistas y de los agentes operativos de carrera. La propia ENI estaba bajo la conducción de directivos que con anterioridad habían ejercido cargos en Seguridad. Sin embargo, por la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, lo referente a las cuestiones de Seguridad y a la actividad delictiva le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la que a su vez es parte integrante del SIN.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el organismo ahondó su agonía debido a que se le dieron mayores recursos y mayor presupuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) a cargo del militar predilecto de la presidente, con el cual se sacaban fotos las Madres de Plaza de Mayo. Quizás el único militar que pudo salir indemne de un juicio de lesa humanidad, mientras que otros murieron en prisión o siguen detenidos y procesados inconstitucionalmente por una legislación aplicada con retroactividad y en contradicción con toda la política de derechos humanos de la que se han apropiado retóricamente los gobiernos kirchneristas y de la que participaron asimismo Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido vale recordar que ambos llevaban a dignatarios extranjeros a rendir homenaje ante un «monumento a la memoria sesgada», en el que había nombres de terroristas muertos en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Además, en su conjunto, ese monumento no es más que un homenaje a terroristas que se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República.
Obama y Macri rinden homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria. Foto: Reuters. Fuente: La Nación[7].
En abril de 2015, coherente con esta ideología, un trasnochado ordenó demoler el monumento erigido en conmemoración del Combate de Manchalá, ocurrido «el 28 de mayo de 1975, en pleno ejercicio de un gobierno constitucional, cuando un grupo de suboficiales y soldados conscriptos de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, que realizaban tareas de apoyo en una escuela, fueron atacados y defendieron con coraje su posición»[8].
Quizás pareciera que estas menciones no tengan que ver con las políticas respecto a los organismos de Inteligencia pero, contrariamente a ello, la falsa política de derechos humanos pasó a ser una «política de Estado» aplicada por los diferentes gobiernos, así como la destrucción de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de la Policía Federal Argentina —una consecuencia de la creación de la ineficiente Policía de la Ciudad llevada a cabo por el dúo Larreta-Macri, destruyendo incluso su propia creación, la Policía Metropolitana— y la demolición del SIN.
El mencionado proyecto de ley, precisamente, en su artículo 1º alude «a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a su sanción, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».
«El Presidente de la Nación podrá convocar a un Consejo Interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional» (artículo 3º), “formado por expertos o personas reconocidas por su experiencia en la materia”… ¿Quizás los mismos que redactaron este proyecto?
A pesar de que a veces se han referido a la existencia de un «doble comando», como lo ha manifestado el nuevo interventor al decir «No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI»[9], el proyecto de ley contempla un «doble comando» al crear la figura del «Asesor Nacional de Inteligencia» con rango de ministro (artículo 4º) el que puede ser nombrado y removido directamente por el presidente. Cabe destacar que, según el proyecto, el director de la AFI también será propuesto por el presidente pero con la aprobación del Senado. Es decir que director y Asesor Nacional de Inteligencia son designados por el presidente y ambos con rango de ministro. Su función será «asesorar al presidente en la formulación del Plan Nacional de Inteligencia». Cumpliría el rol de «coordinador» si se crea «alguno de los Consejos Asesores previstos en el artículo 3».
Según el artículo 6º, una de las funciones específicas de la AFI será «Formular el Plan de Inteligencia Nacional, sobre la base de los lineamientos fijados». Es decir que el organismo formulará el PIN pero el Asesor Nacional de Inteligencia asesorará en la formulación del PIN. Parecería haber una duplicación de funciones y si la diferencia está en que uno asesora y el otro escribe bien se podría ahorrar dinero del Estado estableciendo que quien asesore también escriba.
Para determinadas cuestiones, como la celebración de «convenios con organismos de inteligencia o investigación de otros países, o regionales e internacionales, deberá [la AFI] contar con la aprobación del Asesor Nacional de Inteligencia del Poder Ejecutivo» (artículo 6º, inc. 13). Es decir, un «doble comando» con dos funcionarios designados por el Presidente (el Director Nacional con aprobación del Senado) con rangos de ministro en el que uno queda supeditado al otro.
Según informan medios de comunicación, «el gran objetivo que tiene Rossi al frente de la AFI es el de promover la nueva Ley de Inteligencia», que incluye ese «doble comando»[10]. Lo paradójico es que en la exposición de motivos se expresa que «En cuanto a sus autoridades, se debe superar la idea de doble comando de la misma institución» (la cursiva está en el mismo proyecto).
Por otro lado, al referirse a los convenios, el inc. 13 del artículo 6º menciona entre las funciones de la AFI que puede «celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado», lo que ya estaba en la Ley 25.520. ¿Sería correcto que la agencia de Inteligencia celebre convenios con «personas físicas» o «de carácter privado»? ¿Qué contemplan los redactores del proyecto?
Una vez más, en una ley o proyecto de ley de Inteligencia, se insiste en que en ningún caso la AFI podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza…» (artículo 8º, inc. 2). Ya hace años que los científicos han coincidido y expresado en que no existen «razas humanas» sino «diversidad genética en la especie humana». Es decir que un color de piel no indica que pertenezca a una determinada «raza». Ciencia aparte, sigamos con el proyecto de ley.
La gran preocupación, el núcleo de este proyecto, gira en la «protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación» (Título II), lo cual es positivo pero no puede ser que la ley prácticamente se limite a esto y casi nada a la Inteligencia. La Ley 25.520 ya contemplaba este punto pero este proyecto solo establece una serie de contralores (Asesor Nacional; Comisión Bicameral de siete miembros, tres senadores, tres diputados y un presidente; un control judicial ejercido por un colegio de al menos diez jueces federales con jurisdicción en la Capital Federal designados por sorteo público anualmente por el Consejo de la Magistratura; un «Director Nacional de Protección de Datos Personales previsto en la 25.326») que a lo único que apunta es a que la agencia de Inteligencia cuente con numerosos controles externos para que, con certeza, no pueda hacer inteligencia. Queda en evidencia que quienes redactaron el proyecto son personas con formación en Sociología y en Derecho en el mejor de los casos, con una fuerte vocación partidaria pero con un amplio desconocimiento de lo que es la actividad de Inteligencia.
El artículo 26º (Título V) se refiere al Personal y a la capacitación, y aclara que «Los extranjeros podrán ser contratados por decisión directa y fundada del Director Nacional, en el marco de directivas operacionales específicas». Aquí queda abierta una peligrosa “ventana” para la contratación de personas que bien pueden ingresar al organismo para llevar a cabo tareas de infiltración. Aún peor, ciertas fuentes reservadas informan que durante la intervención ya se ha procedido a la incorporación de extranjeros al organismo.
El nuevo interventor ha manifestado «como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño “la profesionalización y la transparencia” de la AFI»[11]. Agregó: «Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo». Precisamente, la intervención lo que menos ha hecho es formar profesionales idóneos a través de la ENI sino más bien a adoctrinar a los cursantes.
Para abreviar el espíritu de este proyecto, en la exposición de motivos se expresa claramente: «Como vemos se trata de establecer una Agencia acotada en cuanto a sus tareas…» Ni más ni menos.
¿Qué podemos esperar de una nueva gestión de gobierno en materia de Inteligencia?
Un artículo publicado el 29/06/2022 por La Nación aborda el tema[12]. El propio artículo expresa que no se trata de una tarea sencilla “para quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión en materia de inteligencia es duramente cuestionada por acciones de espionaje ilegal que son investigadas por la Justicia. No hay un dirigente de la oposición que se atreva a reivindicar la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ambos están procesados en al menos dos expedientes judiciales y su gestión se volvió una mancha venenosa por las acciones concretas de seguimiento contra dirigentes opositores e incluso de su mismo signo político”. Una “mancha venenosa” que también se presentó durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimo que no es necesario recordar el caso pero sí las denuncias que la entonces diputada Elisa Carrió formuló contra Daniel Angelici —al que consideró un operador judicial—, padrino del cuestionado por numerosos medios ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, actualmente funcionario de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La utilización de la SIDE, la SI y la AFI como una herramienta para alinear al Poder Judicial —o al menos a algunos jueces— con el gobierno de turno demuestra que por más que se cambie de nombre al organismo todos los gobiernos democráticos cayeron en el mismo vicio. Ahí están los “sótanos de la democracia” a los que se refieren el «presidente delegado» Alberto Fernández y la «fiscal interventora», la que fue denunciada por filtración de datos sensibles del Sistema de Inteligencia Nacional, entre los cuales había nombres de agentes pertenecientes a la AFI y ex funcionarios del organismo, pero que fue sobreseída por la jueza María Servini de Cubría. Siempre es bueno que exista un juez oficialista para estos casos.
El artículo de La Nación menciona a Carrió —de cuyo proyecto ya hablé, como manifesté al comienzo—, partidaria de eliminar la AFI y de crear un organismo que solo coordine a las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Con respecto a Larreta los periodistas afirman que sus colaboradores lo oyeron decir «yo la desharía». Algunos de sus colaboradores serían partidarios de «profesionalizar» —verbo transitivo utilizado por las diversas gestiones para empeorar la situación de la Inteligencia Nacional— al organismo «para que sea capaz de combatir el crimen organizado y los delitos complejos, como la trata». El artículo de La Nación menciona que otros funcionarios de Larreta pensarían en continuar con el slogan de “la transformación no para” con el objeto de introducir una gran innovación a las que nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de Buenos Aires…
Más centrada parece la propuesta del equipo de Patricia Bullrich, el cual tiene en cuenta que la AFI “debe estar abocada a la producción de inteligencia estratégica”. ¡Brillante!!! Al menos entiende cuál debe ser el objetivo del organismo. Además tendría en claro que el SIN debe tener un espacio para que participen las direcciones de las diversas fuerzas. Un paso quizás para recrear la CNI. Sería algo positivo. Del mismo modo, se menciona que la propuesta apuntaría a “cambiar la Ley [la Ley 25.520] y volver a una ley de inteligencia que saque de la AFI a la investigación criminal y la deje como inteligencia estratégica”. Aquí vemos cómo la Inteligencia terminó convirtiéndose en un “organismo policial”. Se hizo por ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los mismos que después hablan de los “sótanos de la democracia”. Esos son los que pervirtieron al SIN para luego echarle la culpa a los agentes de inteligencia y acusarlos de manejarse independientemente. A propósito, el proyecto de la “fiscal interventora”, en su artículo 10º, dice que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”. Pregúntenle a un ex agente de inteligencia de esta democracia acerca de los padecimientos sufridos si no acataba lo que le ordenaban o sencillamente por considerarlos “conflictivos”[13]. Fin de la digresión.
Perfil, 09/10/2005.
Un punto muy relevante al que se refiere el artículo de La Nación es al reclutamiento de los agentes que tienen pensado en el equipo de Patricia Bullrich, el cual considera que todos los agentes deben pasar por la ENI antes de ingresar al organismo. Esto está en la misma sintonía de lo que he propuesto más de una vez, en que no pueden ingresar agentes que no hayan tenido un largo curso de formación. En este sentido, he propuesto en más de una oportunidad en que la ENI se convierta en una especie de ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) para el servicio de Inteligencia.
Por su parte, dentro de la UCR, Gerardo Morales se opone a eliminar el organismo pero sí proceder a una “cirugía mayor”, mientras que Facundo Manes no se manifestó al respecto.
Miguel Ángel Pichetto le ha dado un lugar de importancia al tema al armar “un área de inteligencia, defensa y seguridad para diseñar planes” coordinada por Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia y quizás el único recordado positivamente por los agentes de carrera.
Algunas reflexiones finales
Como se ha manifestado, la SIDE y sus sucesoras, la SI y la AFI, han sido utilizadas para manipular a ciertos jueces pero durante la SIDE y buena parte de la existencia de la SI el organismo se abocó en primer lugar a producir Inteligencia Estratégica. Las purgas, tanto de la Alianza —que echó en un solo día, el 07/02/2000, a más de 1.000 agentes para dar lugar a las «consultoras»— como de los gobiernos kirchneristas y las invitaciones al retiro realizadas por la gestión Arribas – Majdalani —tentando al personal con interesantes sumas para que se jubilaran— fueron vaciando a la Inteligencia de su personal de carrera, varios de ellos excelentes profesionales que podrían haber formado a las nuevas camadas.
Con respecto a la «intervención», el organismo ha estado «intervenido» desde mucho antes con la intención de cumplir esos vicios de los gobiernos de turno.
La gestión de la «fiscal interventora» terminó de vaciar al organismo y, contrariamente a lo que sucedía hasta su llegada, la dirección de la «intervención» se invirtió: ahora el poder judicial (nada menos que el de «Justicia Legítima») ingresaba al organismo para manipularlo y vaciarlo. La gestión fue claramente ideológica y se dedicó a seguir con las funciones de una fiscalía. No se hizo inteligencia sino que se siguió ideológicamente para buscar toda la documentación que contribuyera a la cuestión de los derechos humanos e, incluso, miembros de movimientos sociales concurrieron para ver las «carpetas» que el organismo podría haber armado sobre ellos.
En verdad, este proyecto de ley realizado por la intervención anterior y que cuenta con el total respaldo del actual interventor no es más que un mamarracho. Solo apunta, como lo dice textualmente la exposición de motivos, a acotar las tareas de la Inteligencia, en verdad, a reducirlas a la nada. En este sentido, podrían coincidir con Carrió o con lo que dicen que dijo Larreta y eliminar la agencia ya que bajo esos parámetros solo servirá para darle empleo a algunos parientes, amigos o afiliados a sus respectivos espacios políticos, o sea, un gasto para el Estado. Más de lo mismo.
Que una ONG como el CELS, financiada por fundaciones extranjeras, por embajadas como las de Estados Unidos, Alemania y nada menos que el Reino Unido, se aboque a organizar nuestra Inteligencia es poner al lobo a cuidar el gallinero. A los efectos de mostrar su papel en los graves problemas internos que afectan a nuestros ciudadanos argentinos de la Patagonia, los siguientes tuits ilustran su postura anti patria.
Tuit del CELS del 13/01/2017, en el que se aprecia al director de Litigio y Defensa del CELS, junto a organizaciones de izquierda, en una reunión en la que no se ve la Bandera Argentina sino la que se atribuyen los autodenominados “mapuches”. En el tuit de abajo se aprecia un total apoyo a este grupo que tiene su sede central en Bristol, el Reino Unido, usurpador de nuestro territorio y de nuestro Atlántico Sur y financiador del CELS.
Por otro lado, estas ONGs, fundaciones, etc., se preocupan por la inteligencia que pueda realizar un servicio del Estado con el objetivo de preservar el estilo de vida de sus ciudadanos, la seguridad de los mismos y la defensa de su integridad territorial pero nada dicen de la recolección de datos personales que hacen los bancos, las tarjetas de crédito y los buscadores como Google —y con modalidades y fines mucho más cuestionables—, que saben mucho más de cada uno de nosotros que un organismo de inteligencia.
Con respecto al reclutamiento, una agencia de Inteligencia no es una agencia de empleo a la que deban entrar por el mero hecho de ser familiares, amigos, afiliados a los movimientos o partidos de los dirigentes políticos de turno. Un servicio de Inteligencia serio «sale a buscar» a los que considere mejores a las universidades, a instituciones académicas u otros ámbitos que podrían considerarse apropiados.
Una reconstrucción del servicio de Inteligencia requiere, primordialmente, poner el acento en el personal, en una verdadera profesionalización del mismo para lo cual habrá que recontratar a ex agentes para formar a los ingresantes y a quienes pueda considerarse que tendrían posibilidad de sobrevivir en el mismo. Esta es una tarea que debe comenzar desde la propia ENI, la que debe ser el filtro previo al ingreso al servicio. Para ello deberá contar con expertos y trabajar en la formación de formadores, así como recurrir a algunos servicios extranjeros en la capacitación, algo que se acostumbra a hacer.
Para un mejor funcionamiento, la ENI debería nuevamente volver a su organigrama con un solo director —no con tres como impuso el organigrama de la AFI— y unos dos jefes de departamento, como supo tener hasta la disolución de la SI en 2015. La orgánica tiene que estar alineada a la misión del organismo y no inventarse direcciones para acomodar a parientes, amigos, pagar favores o incorporar a militantes. Por tanto, esa misma reducción de direcciones debe ser implementada en todo el organismo pero dado que la Inteligencia no puede esperar a la redacción y aprobación de una nueva ley, es menester derogar el decreto 1.311, la Ley 27.126, y modificar la 25.520 para despojarla de todo aquello que implique una actividad en el área de delitos complejos o cuestiones de incumbencia policial.
Quienes ponen la mira en hacer de este organismo un coordinador para las actividades de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, etc., desconocen lo más mínimo de las leyes de Seguridad Interior (que debería pasar a ser nuevamente una ley de Seguridad Nacional) y de Defensa. Dentro del SIN existe la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la responsable de llevar esos temas, por lo que haberle endosado los mismos a la SI y su sucesora la AFI es parte del desconocimiento de nuestro SIN. La SIDE, como la SI o actualmente la AFI debe dedicarse a la Inteligencia Estratégica, la cual precisa de la inteligencia proveniente de la Inteligencia Criminal pero tratándola como “fenómeno” para la elaboración de la Inteligencia Estratégica. Con este mismo objetivo es que debe contar con la inteligencia proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa.
La AFI, o como se considere en llamarla más adelante, debe continuar siendo el organismo rector del SIN para, de esa manera, poder confeccionar la Inteligencia Estratégica, fundamental para la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior de la República Argentina.
Es apropiado recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que deben trabajar para el pueblo que los eligió y que delegó en ellos su poder. En este sentido, les cabe a los funcionarios de mayor jerarquía nombrar a sus subordinados en función de sus méritos y no motivados por vínculos afectivos, familiares o de otro tipo.
No cabe duda que la tarea será titánica dada la degradación y la inoperancia a que han sometido a nuestro SIN. Para ello deberá contarse con verdaderos expertos tanto en inteligencia como en otras temáticas que deberán abordarse al reconstruir el sistema.
Finalmente, luego de los dislates de las últimas gestiones, debe trabajarse sobre otro aspecto sumamente importante: la idoneidad. A partir de ella podrá generarse la credibilidad. Como suelo decirles a mis alumnos, recordando al columnista estadounidense Charley Reese (1937-2013), «La credibilidad, como la virginidad, solo se puede perder una vez y nunca se puede recuperar». Para ello el organismo deberá producir una inteligencia de excelente calidad, volver al secreto —que no al secretismo— para no ventilar cuestiones que puedan afectar la relación con servicios colaterales y jerarquizar la ENI para que se erija nuevamente en un instituto de referencia dentro de la Comunidad de Inteligencia.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) es el instituto superior de formación, capacitación y perfeccionamiento destinado a todas y todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Tiempo atrás dictaba cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región, así como de países africanos y europeos se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia.
[2] Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
[3] Marcelo Saín fue destituido por la Provincia de Santa Fe en 2021 como ministro de Seguridad.
[4] El presidente Alberto Fernández es quien decretó la intervención que debía sanear la AFI y eliminar los “sótanos de la democracia”, saneamiento que implicaría que los políticos dejen de usar los organismos de Inteligencia del Estado en beneficio de los gobiernos de turno. A propósito, es saludable para la República que la ciudadanía diferencie “gobierno” de “Estado”.
“El cuerpo está integrado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, quienes se desempeñan de forma “ad honorem”:
Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).
Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de Provincia de Buenos Aires).
Margarita Trovato (abogada del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Ernesto Chaparro (miembro fundador de la Fundación Vía Libre).
[6] Según el Artículo 25 de la LEY N° 16.970, “Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional”, del 6 de octubre de 1966,
“Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a seguridad nacional:
a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad nacional;
b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional de Seguridad;
c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad nacional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia;
e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado y gobiernos de provincia”.
