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GUAYANA ESEQUIBA: SI NO ES EN LA CORTE, ENTONCES DÓNDE Y CÓMO

Abraham Gómez R.*

Cifras considerables —producto de análisis y registros creíbles— del Fondo Monetario Internacional revelan que Guyana obtuvo, en 2020, un crecimiento de su PIB, por el orden del 86%; incluso, se especula que sobrepasó en un 14 por ciento a la misma China, en su incremento de riquezas.

Nos enteramos que, en el primer trimestre de este año, han aumentado las operaciones de “exploración y las exportaciones petroleras de Guyana” (¿…?). Aprovechamiento de lo que no les pertenece.

La temeraria aseveración anterior la colocamos entre comillas adrede y con interrogantes dudosas; porque el Bloque Stabroek (donde se han activado los pozos Payara, Liza y Uaru) se encuentra en la proyección atlántica tanto de la Zona en Reclamación, como en la prolongación marítima correspondiente al Delta del Orinoco (que no entra y jamás ha estado involucrada en el presente litigio).

El Bloque Stabroek tiene (26.800) kilómetros cuadrados; con recursos recuperables descubiertos actualmente; cuya estimación alcanza a más de 8 mil millones de barriles de petróleo.

No hay el menor recato para dar a conocer, por parte de La ministra de Recursos Naturales de Guyana Vickram Bharrat, que el descubrimiento citado se suma a la consideración en cifras que ellos manejan de recursos de aproximadamente 9.000 millones de barriles de petróleo de reservas probables que se calculan para la zona. Área —precisamente— que la hemos puesto siempre en contención. Proyección atlántica aún por definirse, en lo que atañe a la Zona en reclamación.

Las autoridades guyanesas se ufanan que sus estimaciones proporcionan una perspectiva entre 700.000 y un millón de barriles diarios; pero —diremos nosotros— dentro del ámbito geográfico, que reivindicaremos, porque siempre ha sido nuestro. Además, añaden sin remilgos, que la excolonia británica puede llegar a ser el país con el mayor caudal financiero líquido disponible y de ingreso per-cápita. Tal vez, la nación en el mundo, con el mayor número de barriles de petróleo por habitante.

La Zona Esequiba (y su proyección marítima) donde están operando las citadas empresas nunca ha sido ni británica ni guyanesa; lo que ha habido es una descarada ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses. Entregas impregnadas de añagaza económica; por cuanto, contrarían el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Pronunciemos —para que lo escuchen allá— una y muchas veces: los convenios suscritos, de buena fe, entre Estados son para ser cumplidos; tal como en efecto lo admite de suyo el principio Pacta Sunt Servanda.

Sin embargo, nos preguntamos: ¿hacia dónde apuntan las miradas de las autoridades de nuestra Cancillería?

Nos parece que ya es tiempo que quienes manejan la política exterior de Venezuela consignen las debidas denuncias —suficientemente documentadas— ante las instancias internacionales correspondientes, por la vileza cómo viene operando ese enjambre de empresas transnacionales, con la anuencia de los gobiernos guyaneses.

Cuando tuvimos la ocasión de recorrer el país —en casi todas sus universidades— dictando la conferencia, “Guayana Esequiba: litigio histórico y reivindicación en justicia”, nos agradó el inmenso interés que la mencionada controversia ha despertado y concitado en bastantes sectores de la población venezolana. Como nunca, debo decirlo con honestidad, la gente desea explicaciones sobre lo acaecido el 03 de octubre de 1899, y suscrito en la írrita y nula sentencia arbitral, denominada Laudo Arbitral de París.

Con objetividad y detenimiento, hacemos en cada exposición discursiva un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima, hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática.

Motivado a la pandemia, ahora los intercambios los llevamos a cabo vía zoom, en las redes sociales, por radio o televisión. Importante y lo que interesa es no quedarnos callados, ni dejar “adormecer” este asunto de inmensa repercusión nacional.

Reconocemos que han aflorado en todas las regiones aportes significativos para alcanzar pronto un arreglo “práctico y satisfactorio”, en este pleito. Esa alternativa pudo haber sido una solución, algunos años atrás. A mi modo de ver, ya está superada; porque el asunto controversial escaló a nivel de la Corte Internacional de Justicia; y en ese Tribunal no hacen “arreglo” de tal tipo; sino que aplican el derecho; y solo, excepcionalmente, por mutuo acuerdo de las partes, podría dar una solución ex aequo et bono.

Por las redes, nos hemos encontrado con todas las opiniones habidas y por haber. Conjeturas inimaginables, posiciones contradictorias; críticas bien fundamentadas hacia las autoridades de la cancillería, por la opacidad informativa en la aparente defensa de los intereses del Estado venezolano. Señalan los silencios cómplices, las declaraciones destempladas o extemporáneas, las elogiosas frases a la contraparte, en escenarios internacionales.

Estudiosos del litigio, que piden la palabra en las video-conferencias, para preguntar: ¿por qué tantas permisividades, de parte de Venezuela para con las empresas transnacionales, que están esquilmando nuestros recursos (de todo tipo) incalculables?

Afloran varias propuestas un poco desentonadas o desencajadas; pero, respetadas también por la forma, el fondo y la intención como son expuestas. Todas son oídas y analizadas.

Tenemos una reclamación centenaria que ahora se dirime en la Corte Internacional de Justicia.

Juicio que se lleva adelante; el cual no se paralizará por ausencia de alguna de las partes. Y que incluso, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de la CIJ puede llegar a haber resolución sentencial, así alguna representación concernida no se haga presente.

Este Alto tribunal de la Haya —como ya se sabe— el 18 de diciembre del año pasado, admitió su jurisdicción y competencia para proceder a conocer forma y fondo en este pleito, conforme al recurso interpuesto por Guyana, cuya pretensión procesal (contenida en su petitorio) nos resultará fácilmente desmontable; por cuanto, no poseen el menor asidero histórico-jurídico de lo que en el escrito solicitan a la Sala juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

Nuestra delegación fue citada, el 26 de febrero del 2021, para la primera audiencia oral (denominada vistas procesales); con la finalidad de exponer nuestros alegatos de los hechos, sustentados en el pleno derecho que poseemos sobre esas tierras; así también argumentar, a nuestro favor, con los elementos de probanza que tenemos —y que son bastantes—. Nuestros escritos no admiten prueba en contrario

¿Qué pasó en esa fecha? No asistimos al citado evento. Para entonces, hubo una decisión del Ejecutivo Nacional de no comparecer. Se prefirió provocar una “reunión de cortesía internacional” que, aunque válida en estos casos de controversias entre Estados, no surte mayores efectos jurisdiccionales.

Hay quienes se inclinan —como estrategia de recuperación— un enfrentamiento bélico. Sin embargo, mayor sensatez percibimos en quienes piensan que el desarrollo conjunto sería una opción valedera.

Mucha gente en Venezuela, cree que debemos denunciar (desaplicar contenido) el Acuerdo de Ginebra para buscar soluciones, con mayor libertad, no obligantemente según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Escuchamos exposiciones que mencionan la venta de la Zona en Reclamación, y proceder a repartir el producto entre Venezuela y Guyana. Otros que prefieren que de darse una sentencia en la Corte Internacional de Justicia sea favorable a las 9 etnias que allí habitan. Hay quienes aportan como solución la conformación, en esa área, de una nueva nación, con población de Venezuela y Guyana.

Mi posición sigue invariable, y la he justificado en los siguientes términos: si poseemos suficientes elementos probatorios para exponer y alegar que la Guayana Esequiba siempre ha sido nuestra jurídica, cartográfica, demográfica e históricamente, no debemos rehuir el “combate” al que estamos convocados para el 08 de marzo del 2023. Debemos solicitar que se transmita para el mundo entero, el momento cuando hagamos la consignación por escrito de nuestro memorial de contestación de la demanda; la cual estará munida de argumentos irrebatibles.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

 

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

GUAYANA ESEQUIBA: ENTRE LA CIJ Y LAS FAUCES DE LA COMMONWEALTH

Abraham Gómez R.*

La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúne cada dos años.

Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.

Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.

Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.

Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.

El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente: “Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar”.

Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.

Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.

Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.

Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.

Tanto que, el presidente de Guyana Irfaan Ali ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.

Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.

De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.

Con seguridad, lo que sí nos interesa —y mucho— apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país en relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.

Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar —en su debida ocasión y lugar— porqué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.

Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.

Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe —por cuenta nuestra— el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.

No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.

La contraparte está consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.

Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.

Precisamente la contraparte lo que desea —en su artera maniobra— es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Ya la Corte nos ha dicho —sin remilgos— que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.

¿Acaso la Corte no nos asomó —con la decisión del año o pasado— que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?

Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.

Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba —séptima parte de nuestra geografía venezolana— que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

VENEZUELA 2021: LA SEGUNDA MUERTE DE CHÁVEZ

Roberto Mansilla Blanco*

Venezuela sigue instalada en una espiral interminable de crisis política e institucional, con complejos escenarios para este 2021 que permitan vislumbrar algún tipo de solución de consensos, al menos a corto plazo.

El pulso político iniciado en enero de 2019 por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro no ha logrado alcanzar sus puntos más importantes, establecidos en el slogan: “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. Muy por el contrario, el diagnóstico actual deja entrever fisuras en la plataforma opositora venezolana sobre las estrategias a seguir para salir de Maduro.

Con todo, Guaidó ha logrado un amplio reconocimiento internacional de cerca de 60 países, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, una baza política considerable pero con cada vez menos incidencia en el plano interno venezolano.

Por otro lado, Maduro y su régimen han logrado no sólo mantenerse en el poder sino dar cuenta de una notable resiliencia ante la presión internacional, en particular amparados por el apoyo de potencias globales como Rusia y China con decisión de veto en la ONU, actores emergentes como Turquía e Irán y la alianza estratégica con Cuba, cuyo peso en la política venezolana es decisivo.

Mientras la vacuna contra la COVID 19 ocupará la mayor parte de la atención mundial, al menos durante este 2021, los escenarios que se presentan para Venezuela en este nuevo año han dado un giro significativo. Esto supone un factor que colateralmente favorece los intereses de Maduro, ya que la solución de la pandemia tangencialmente desvía la atención internacional hacia Venezuela y le permite a su régimen mantener el control sobre la población, a través de las medidas sanitarias.

Paralelamente, una perspectiva parece ir cobrando forma en el horizonte: se aprecia una especie de “final de época” del “chavismo”, toda vez en Venezuela comienza a imponer su ritmo una nueva estructura de poder, con Maduro como epicentro.

¿Cambio de ciclo? Del chavismo al madurismo

Más allá de la controversia causada por la legitimidad de las elecciones legislativas realizadas en diciembre de 2020, de la elevada abstención (69%) y del mayoritario desconocimiento internacional a esos resultados, este 5 de enero el “madurismo” recuperó los espacios del poder legislativo para el próximo período 2021-2026.

Con ello, se completa el proceso de concentración de todos los poderes públicos en manos de Nicolás Maduro, afianzando un poder absoluto, desprovisto de equilibrios institucionales que fiscalicen su gestión. A diferencia de la oposición, y a pesar de su elevada impopularidad, el “madurismo” y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar, no han observado fisuras significativas que pongan en peligro su hegemonía política.

El contexto es significativo. La nueva ecuación de poder da a entender que el “madurismo” refuerza su poder incluso dentro del propio espacio político de representación “chavista”. La presidencia de esta nueva y controvertida Asamblea Nacional en manos de Jorge Rodríguez y el notorio desplazamiento del poder de Diosdado Cabello, hasta ahora presidente de la igualmente polémica y ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), definen este rumbo político.

Así, el “madurismo”, salvo cuando la propaganda en clave legitimación así lo requiera, ya no se exhibe necesariamente como el heredero del “chavismo” sino que, más bien, ha “pasado página», cooptando e incluso degradando a miembros del “chavismo originario”, especialmente del sector militar “febrerista” (rebelión de Chávez del 4F de 1992), como es el caso del propio Diosdado pero también de cualquier vestigio de poder de la familia Chávez.

En 2013, poco tiempo antes de la muerte de Chávez, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, el sociólogo Heinz Dieterich, vaticinó que Diosdado era “el Stalin de la Revolución Bolivariana” y que Maduro representaba la genuina continuidad del chavismo. Pero el contexto 2021 parece dirimir otra expectativa: el “Stalin” de la revolución más bien parece ser el propio Maduro, quien en sus inicios en la presidencia se presentaba como el “hijo de Chávez”.

La etapa inicial “post-Chávez” definió una especie de reacomodo de poder entre Maduro y Diosdado determinado en gran medida por la necesidad imperiosa de unidad ante la presión internacional. Pero en el contexto actual, esta ecuación parece ir perfilándose calculadamente a favor del primero.

El pasado 4 de febrero, durante los actos por el 29º aniversario del intento de golpe de Chávez de 1992, Diosdado recuperó las esencias propias del “chavismo originario” militar, portando en un acto conmemorativo el uniforme del regimiento de paracaidistas al que pertenecía Chávez. La imagen puede ser alegórica de un posible reacomodo de fichas en el “chavismo-madurismo”, donde Diosdado parece negarse a perder protagonismo.

Por su parte, Maduro ha fortalecido una “oligarquía” financiera y económica, una nueva nomenklatura de poder que dista mucho de los ideales chavistas. La incesante crisis económica venezolana, que sigue provocando la peor crisis humanitaria a nivel hemisférico, con oleadas de venezolanos huyendo a países vecinos, parece estar definiendo al mismo tiempo las bases de una especie de “capitalismo salvaje” vía dolarización, que beneficia claramente a esa denominada “boliburguesía” que inició su andadura con Chávez en el poder pero que definitivamente se ha acomodado con Maduro. El control de la industria petrolera y principalmente la rapaz explotación en el Arco Minero al sur del país, con graves acusaciones de desastre ecológico, son otros de los factores que enriquecen a la “casta madurista”.

En este sentido, Maduro pareciera haber tomado nota en la concreción de una especie de “oligocracia” en el poder, un sistema parecido al de la Rusia de Putin. La crisis de legitimidad de su régimen no parece ser un impedimento tan estratégico como se cree. Los resortes del poder del “madurismo” llevan a concretar síntomas de lo que se ha venido considerando como “autoritarismo competitivo”, pero cada vez más fortalecido por el apoyo militar, la represión de la disidencia (aún existen unos 200 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos estudiantes universitarios) y un sistema “hecho a su medida”, especialmente en materia electoral.

Por otro lado, abundan las denuncias de que, dentro de esta estructura de poder, conviven incluso mafias y redes criminales, así como núcleos de apoyo de la guerrilla colombiana y de movimientos islamistas como el Hizbuláh, y que han pasado a controlar incluso porciones territoriales del país como auténticos “feudos”, especialmente en el Arco Minero.

Del mismo modo, la inclusión como parlamentario de Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario, simboliza esa preeminencia “familiar” dentro del nuevo establishment del poder en Caracas. A este núcleo “madurista” debe unirse igualmente el poder de Tarek el Aissami, actual ministro de Petróleo y principal vínculo del “madurismo” con Irán, actual surtidor de gasolina a la maltrecha economía venezolana.

Con una economía “dolarizada” de facto, Maduro parece persuadido a propiciar una incipiente apertura económica, menos agresiva con el sector privado pero que permita el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente de sus aliados Rusia, Irán, Turquía y China, entre otros, y que son vitales para mantener la actual nomenklatura de poder “madurista”.

No obstante, ya confirmado su poder prácticamente absoluto, Maduro no desdeñará continuar con el programa “socialista”, con menor interés ideológico pero sí como herramienta de poder. Surgen así expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio.

El objetivo de la eventual apertura económica es sortear las sanciones internacionales de EE.UU. y Unión Europea, a la espera de observar cuál será la óptica hacia Venezuela que tendrá el próximo presidente estadounidense Joseph Biden, y si con ello se entierra definitivamente con la “Doctrina Trump” que ha favorecido la transición vía Guaidó.

De este modo, Maduro observa con beneplácito la posición de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris de recuperar la “Doctrina Obama” de apertura gradual con Cuba, lo cual implicaría directamente a Venezuela, tomando en cuenta la asociación estratégica total entre ambos países.

También está el contexto regional. Como sucediera con la vuelta al poder del MAS en Bolivia en octubre pasado y anteriormente del “post-kirchnerismo” en la Argentina de Alberto Fernández, el “madurismo” observaba con interés la posibilidad de un vuelco político en las elecciones presidenciales ecuatorianas de febrero próximo, así como en las presidenciales peruanas de abril, que le permitan recuperar alianzas regionales.

Así, en Ecuador, la atención está fijada en fuerzas de izquierda “post-correistas” como Andrés Arauz, vencedor en la primera vuelta presidencial del pasado 7 de febrero, e indigenistas como Yaku Pérez. En noviembre, Nicaragua irá a elecciones presidenciales, donde se da por descontado otro nuevo período para Daniel Ortega, aliado de Maduro y en el poder desde 2006.

El ex presidente Chávez rememoraba constantemente en sus discursos una fecha: 2021. Es el año que celebra el Bicentenario de la Batalla de Carabobo (1821) que selló la independencia venezolana. Pero en este 2021 de la pandemia, el “madurismo” parece identificar el simbolismo de esa fecha histórica hacia otra vertiente: el de su consolidación en el poder, incluso por encima del propio “chavismo”. En perspectiva, un final de ciclo que ni el mismo Chávez imaginaba.

Los dilemas de Guaidó y la oposición

La eventual consolidación del “madurismo” lleva a otro nombre: Juan Guaidó. Dos años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto que acrecienta la precariedad de su posición política.

Mientras Maduro lanzaba sus controvertidas elecciones legislativas en diciembre, Guaidó apostó sus cada vez menos efectivas cartas a una consulta popular “anti-Maduro” de resultados inciertos desde el punto de vista político. Debe igualmente observarse que, a pesar de la posición oficial, existen fisuras internas y críticas dentro de la oposición hacia el liderazgo de Guaidó, al que califican de “ineficaz”.

Ya entrado el 2021, la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 (las últimas reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional) renovó a Guaidó en la presidencia por un año más. Pero la situación de Guaidó es sumamente compleja tomando en cuenta que el poder político de facto lo tiene el “madurismo” y que el régimen, a pesar de sus elevados índices de impopularidad, ha tenido éxito en desgastar e incluso desacreditar la imagen de Guaidó.

Guaidó sigue teniendo el apoyo y el reconocimiento de 60 países, pero la realpolitik venezolana y los posibles cambios en el contexto internacional (nuevo gobierno en EE.UU., atención mundial a las vacunas del coronavirus) pueden alterar esta situación.

De hecho, su figura como “presidente interino” pierde gradualmente fuerza en el contexto exterior, así como su “mantra” de hoja de ruta lanzado en 2019 de “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. De hecho, la Unión Europea lo sigue reconociendo, pero ahora como “interlocutor privilegiado”, un enfoque que denota obviamente un nivel de degradación en cuanto a la posición política e, incluso, del propio liderazgo de Guaidó.

Su “mentor” político, Leopoldo López, logró escapar a España, donde se concentra gran parte del exilio opositor venezolano, con figuras como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Tampoco está Trump en la Casa Blanca, y si bien Biden parece convencido de mantener el apoyo bipartito entre republicanos y demócratas en EE.UU. hacia la causa democrática que impulsa Guaidó, nada parece completamente seguro.

Con la Asamblea “madurista” en funcionamiento, persisten las incógnitas sobre qué sucederá con Guaidó. Muchos sectores “maduristas” buscan revancha y lo quieren ver preso, pero la posibilidad de un audaz exilio es otra alternativa.

Con ello, podríamos observar cómo la oposición venezolana se vería eventualmente persuadida a ensayar una especie de gobierno en el exilio, algo similar al ejemplo de la oposición política al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que mantiene un precario gobierno en el exilio precisamente en España, desde 2003 en manos de Severo Moto. El ejemplo del exilio cubano, particularmente en EE.UU., también es una posibilidad que refleje lo que puede suceder con Guaidó y la oposición venezolana.

Con o sin exilio a la vista, otra expectativa puede anunciarse en este incierto 2021: la posibilidad de un nuevo cambio de dirección dentro de la oposición venezolana, con nuevas figuras que podrían traducir una etapa “post-Guaidó” y “post-Leopoldo López”.

En la órbita de este posible cambio de dirección en las filas opositoras surgen dos líderes ya conocidos: María Corina Machado y el ex candidato Henrique Capriles Radonski. En los últimos meses, ambos han sido fuertes detractores de la estrategia de Guaidó y nunca ocultaron sus intenciones para eventualmente sucederlo. Pero está por ver si sus estrategias serán de aggiornamiento pragmático con el “madurismo” o de apostar por acciones más radicales.

Machado defiende la radicalización en la calle sin negociación con un régimen que califica “usurpador y criminal». Por su parte, Capriles Radonski ya abrió con anterioridad algunas líneas de diálogo con el “madurismo” y parece ser el líder opositor elegido por figuras internacionales, como el Alto Comisionado de Política exterior, Josep Borrell, y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a la hora de iniciar una negociación pactada con Maduro.

Toda vez, la dirigencia opositora venezolana se ve igualmente fragmentada al tener a varios de sus representantes en la cárcel como presos políticos del régimen.

A comienzos de 2021, Maduro lanzó una especie de oferta política y electoral en clave de negociación internacional: celebrar unas elecciones regionales “libres y transparentes” para final de año, bajo el formato que exige la comunidad internacional, con tal de obtener el reconocimiento a su mandato hasta 2025. En las filas opositoras, fue precisamente Capriles Radonski el que se lanzó al ruedo prácticamente avalando esta táctica “madurista”.

Toda vez, la posibilidad de ensayo de un gobierno en el exilio, con López y eventualmente Guaidó como principales operadores, repercutirá en el seno interno de la oposición dentro de Venezuela. Está por ver si la unidad opositora seguirá inquebrantable o, más bien, se produciría una posible ruptura entre sectores opositores, tanto en el exilio como en Venezuela, sobre las estrategias a adoptar para salir de Maduro.

Mientras aparecen informaciones sobre presuntas tramas de corrupción en el entorno de Guaidó, la incertidumbre sobre esta nueva etapa gravita en el entorno opositor venezolano. Con un Guaidó visiblemente debilitado, la oposición se expone en este incierto 2021 a perpetuar sus dilemas en cuanto a la posibilidad de un nuevo cambio de liderazgo y de estrategias.

El contexto exterior: esperando a Biden

Finalmente, está la negociación internacional para una salida electoral, pacífica y de consenso en Venezuela. Es el escenario deseado por la mayor parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, el Grupo de Lima y muy posiblemente por la próxima administración Biden.

Pero sus posibilidades son escasas, incluso inciertas, toda vez los canales de diálogo entre el “madurismo” y la oposición son prácticamente nulos o, como mucho, testimoniales y se prevé una mayor radicalización del poder absoluto de Maduro.

De hecho, en diciembre pasado, antes de la reciente oferta de elecciones regionales libres a cambio de permanecer en el poder hasta 2025, Maduro reafirmó un reto electoral y político a la oposición: la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio en su contra para 2022, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana, cuando se cumpla la mitad de su mandato, iniciado en enero de 2019 pero no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional.

Maduro no parece, por tanto, persuadido a seguir cualquier recomendación de solución electoral alternativa a la crisis política e institucional venezolana que venga desde el exterior. El apoyo de Rusia, Irán y especialmente de Cuba le ha servido a Maduro para sortear el aislamiento internacional sin perder capital político ni realizar concesiones democráticas audaces.

Del mismo modo, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora, y el poder de facto en manos del “madurismo”. La presión internacional puede ser intensa, tomando en cuenta la posibilidad de una ampliación de la represión política contra dirigentes opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen “madurista”. Pero mucho dependerá también de la debida atención que la administración Biden tenga hacia el dossier venezolano, y cuál será finalmente su estrategia más elaborada.

Pero mucho también dependerá de qué tan relevante seguirá siendo la crisis venezolana para la atención de las principales potencias mundiales, especialmente en un 2021 signado por las vacunas de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma.

Sea como sea, la crisis venezolana dista mucho de albergar alguna solución satisfactoria y de consensos en el plano interno. Dependerá, en gran medida, de la presión internacional ante un régimen “madurista” desacreditado en el exterior pero afianzado de facto en el plano interno.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE.UU. y América Latina.

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