César Augusto Lerena*

 Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente Mauricio Macri mientras se reúne con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en Buenos Aires (Argentina). EFE. 

Bienvenidas las inversiones españolas en la Argentina que generen divisas, valor agregado y empleo en las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Todo lo contrario a lo que el Presidente Macri, el Ministro Etchevehere y su Subsecretario Bosh acordaron el 19 de septiembre con el Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo.

Por suerte, el tráfico de esclavos se abolió en la Argentina en 1853 y en España en 1886. Hasta entonces, el comercio gallego de esclavos estuvo en manos de reputados comerciantes, familias de abolengo y del propio Estado, donde “el encubrimiento social de los descendientes de los negreros se fundó en ocultar el origen de sus fortunas”.

En 1770 el único puerto terminal para los intercambios entre el Río de la Plata y La Coruña era Montevideo y los traficantes de negros efectuaban un comercio redondo porque triangulaban: en Europa, cargaban tabaco, bebidas, utensilios, pólvora y armas de fuego; los cambiaban por esclavos y marfil de África; vendían los esclavos en América y, desde esta, llevaban carnes saladas, cueros, algodón, lanas burdas, azúcar y otros a Europa. La política mercantil española era exportar el excedente de sus productos elaborados e importar materias primas de bajo valor, necesarias para su alimentación e industria, junto a ello, el tráfico ilegal de géneros, alcoholes y esclavos; incluso, uno de nuestros prohombres entendía que ”América debe entregarle a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas”. Nada más parecido a esta firma de Macri-Nuñez Feijóo, solo que 250 años atrás.

Reitero, para que no se confunda un rápido lector, la Argentina necesita de las empresas nacionales y españolas radicadas en el país y que éstas generen divisas, valor agregado y empleo. Ahora, bajar los aranceles importación de barcos más de 30 metros de eslora del 14% al 7% para que “casi la mitad de los buques que operan en aguas argentinas” (sic), es decir unos 250 de ellos, se construyan en los astilleros gallegos, sin ninguna contraparte a favor de la Argentina, es un verdadero despropósito.

Hubiese sido una interesante oportunidad para que Nuñez Feijóo nos diga qué posición tiene España respecto al futuro de Malvinas y la Antártida a partir del Brexit, en razón de que el Reino de España no puso objeciones a su incorporación como Territorio del Ultramar al votar la aprobación de la Constitución de la Unión Europea (UE).

Por otro lado, los buques españoles y en especial los gallegos, como contrapartida, deberían dejar de capturar nuestros recursos pesqueros con licencias ilegales británicas en Malvinas, al igual que las capturas ilegales de nuestros recursos migratorios en la Z.E.E. argentina o adyacente, ya que gran parte de esas materias primas de origen argentino terminan en las mesas de los españoles, compitiendo con los productos industrializados en Argentina, incluso, de aquellas empresas españolas que están radicadas en nuestro país. Al respecto el Reino de España no debiera desconocer que la Unión Europea, el 29 de septiembre de 2008, dictó el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, que establece la Pesca INDNR (Ilegal, no declarada, no registrada), y su país, es parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha ratificado los Acuerdos relativos a la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios del 4 de agosto de 1995 y ha suscrito el Acuerdo del 24 de noviembre de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El principio esencial establecido en esas disposiciones es que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin y que, “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina, a la que debe hacerse frente conforme a los objetivos fijados en la comunicación de la Comisión titulada “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010”, y más adelante. En síntesis, todos los españoles invirtiendo en el continente argentino, con las reglas de Argentina y ningún barco gallego pescando en forma ilegal en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, desalentar toda sociedad gallega en Malvinas, el desarrollo portuario en ese archipiélago, eliminar toda política de subsidio a las capturas a distancia y la aplicación de aranceles a la importación de productos elaborados en la Argentina.

Los acuerdos de cooperación son fundamentales cuando son de mutuo interés y beneficio. No cuando nos retrotraen a las políticas del Reino de España y el Virreinato de 1770.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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