¿QUÉ HA CAMBIADO, LA SOCIEDAD O LA DIRIGENCIA POLÍTICA?

Héctor Melitón Martínez*

Imagen: 8385 en Pixabay

Disculpen si me dedico a reflexionar sobre temas que a muchos no les interesan, pero es fácil solucionarlo, no lo leo, lo borro y a otra cosa. De lo contrario, lo leo, lo reflexiono, lo debato y lo critico; estos serían los pasos más productivos para todos y especialmente para quien expone sus inquietudes.

Ante la crisis sociopolítica que vivimos, agravada con las PASO recientes, me pregunto ¿qué es lo que ha cambiado, la sociedad o la dirigencia política? Este es un importante interrogante que debe persistir entre todos los que desean la recuperación de nuestra querida Patria y da lugar a distintas hipótesis sobre los escenarios presentes y futuros para poder superarnos en base a estrategias que tengan como base acertados diagnósticos.

Para analizar este interrogante comenzaré por la sociedad: ¿Es igual la sociedad que integramos en este siglo XXI a la que conocimos en el último cuarto de siglo XX? Yo creo que no; percibo un cambio de época histórica que atraviesa la humanidad toda, un cambio como fue el paso de la Edad Media a la modernidad, ahora sería de la modernidad a la pos modernidad o a la modernidad tardía o a la modernidad líquida en términos de Zigmunt Bauman (sociólogo polaco).

Estamos transitando lo que algunos llamaron “crisis orgánica”, no sabemos si esto es una etapa final de la modernidad o ya es un tiempo nuevo tanto histórico, político, cultural, un tiempo que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer. Es por eso que considero que los que transitamos la edad de la adultez mayor, se nos hace difícil de comprender ciertos paradigmas que se han instalado.

Esta etapa a la que hago referencia y que marco como un cambio de época, puede considerarse que sus inicios serían en los años de 1970, con la llamada crisis del petróleo donde pasamos de un paradigma productivo a uno financiero; otros hitos en este cambio que podemos señalar son la caída del Muro de Berlín y la crisis de la URSS, uno de los polos de ese mundo bipolar, otro hecho a considerar, y ya en este siglo sería el atentado a las torres gemelas y las consecuencias, políticas y militares que esto trajo aparejado. No olvidar también el avance de la tecnología que nos introdujo fuertemente en una globalización más pronunciada y en un cambio de los conceptos de Estado Nación.

Este cambio de época se caracterizó, entre otras cosas, por la falta de certezas, a diferencia a la modernidad que nos daba fuertes certezas, grandes continuidades; ahora entra en crisis todos los conceptos de ciencia, valores, familia, religión, etc.. Vivimos una crisis que se caracteriza por carencia de verdades absolutas de familia, de estado, de religión de cultura.

Entran en crisis los grandes relatos, los grandes paradigmas, las grandes utopías, las grandes verdades y dan paso a un relativismo, nada es absoluto. Se da una inmediatez, todo es fugaz no hay utopías hacia el futuro. Todo es ya, ahora, no interesa ni el pasado y se duda del futuro.

Prolifera el individualismo, la transformación de los Estados Nación ante la globalización hace que éste pierda centralidad y el desafío es repensar como salir del Estadocentrismo. Se profundizan la crisis del trabajo como consecuencia de la lógica financiera, en la globalización pierde centralidad el trabajo siendo sustituido por la robotización y la inteligencia virtual. La concentración económica actúa en contra de la superación del mundo de trabajo como lo conocimos en la modernidad, en una palabra, ese concepto del proletariado, tan marcado en distintas teorías ideológicas, se diluye y surge un nuevo mundo del trabajo; lo vemos en los jóvenes que trabajan virtualmente con empresas de los países centrales desde sus residencias en el país.

Las relaciones sociales se han modificado por las tecnologías de las comunicaciones; también se han profundizado las técnicas de dominación; debemos tratar que la tecnología sea un medio y no un fin en sí mismo.

Los nuevos formatos de familia, el divorcio, la ley del matrimonio igualitario, el aborto, todo esto inciden en la conformación de este nuevo formato, que trastoca el principio de familia como base de una sociedad como estaba planteada en la modernidad, con sus consecuencias en la educación inicial, que es patrimonio de la familia, agravado por la ocupación laboral de ambos conyugues.

Éstas serían algunas, no todas, de las características de esta nueva era que estamos viviendo y que no dudo que han producido cambios importantes en nuestra sociedad, creando un hartazgo de una dirigencia que no solo no soluciona sus demandas, sino que la agrava no percibiendo los cambios y sigue insistiendo en un sistema que se caracteriza por conformar un grupo de pocos, que gobiernan para satisfacer sus intereses personales, que son poder y riqueza, lo que los antiguos griegos llamaban oligarquía.

Han desaparecido los partidos, ahora son “espacios”, que se conforman con espurias alianzas, no hay programas políticos, el márquetin ha invadido la vida política, la volatilidad entre dirigentes es mayor que la de los electores, el cortoplacismo descartó las políticas de Estado, ahora solo hay políticas de gobierno que son las que se implementan para no perder las próximas elecciones, la representación está en crisis, por la falta de trasparencia y porque los funcionarios una vez legitimados por el voto dejan de representar a sus mandantes para solo obedecer a intereses que no concuerdan con las demandas del pueblo, por esta distorsión del sistema, y por mucho más es que aparecen y son elegidos estos outsiders que son catalogados como anti sistemas.

Termino diciendo que lo que ha cambiado es la sociedad, la política sigue inmutable sin entender este nuevo mundo al cual hemos entrado, viven fieles a la ya conocida “Ley de Hierro de la Oligarquía” que planteara tan sabiamente Robert Michels a principios del siglo XX, cuando explicaba la contradicción “que los sectores políticos que tendrían que ser los defensores de la democracia, no lo hacen porque tienden a transformarse en oligarquías elitistas desconociendo la representación que se les otorga en los votos.

* Profesor y licenciado en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario.

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DOS MIL BUQUES PESQUEROS SIN CONTROL EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

César Augusto Lerena*

Hace décadas que escribimos sobre la incapacidad o desinterés argentino por controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. De igual modo, meses atrás, nos referimos al apoyo del Puerto de Montevideo a la pesca ilegal que realizan buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses.

Hoy la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay ratifica en detalle nuestros dichos. Montevideo sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado. Sería bueno tener una auditoría de igual rigurosidad de los manejos de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y de los puertos argentinos.   

Denunciamos entonces que más de 700 buques extranjeros pesqueros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y, los migratorios originarios de la ZEE de ambos países en alta mar; violando ―Uruguay― las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Res. del UNASUR de Asunción del 17/03/2012, etc., y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4. En este Puerto se recambia el combustible, se reemplazan tripulantes, se transbordan capturas, se arma y repone alimentos e insumos, etc., de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/11), aunque violando todas las normativas.  

También recordamos que los tres Estados ribereños de América del Sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” y que ésta es el ámbito adecuado para tratar, también, cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal.

Por su parte, el 29 marzo de 2023 (Radio Sarandí) Jaime Coronel, el director del Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que «el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales»; pero, la citada auditoría oficial demuestra lo contrario y, ello es grave, porque el flagelo de la pesca ilegal le extrae a Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y competitividad a las empresas.

La Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la DINARA es terminante y de sus conclusiones surge con claridad que en el Puerto de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal, además, de estar fuera de control otras irregularidades.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay alertó sobre el “conjunto de conclusiones y hallazgos con criticidad extrema” de esta Auditoría y, entienden, que el informe “demuestra el grave problema de funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e inocuidad de los productos de la pesca” (Montevideo Portal, 28/07/2023). Un durísimo comunicado de los propios funcionarios del área.

La conclusión de la Auditoría de la Nación refiere a que «el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos»; por «ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de los recursos hidrobiológicos»; es decir, que la pesca en el Puerto de Montevideo carece de todo control y, ello supone desconocer el origen y trazabilidad de las capturas y desembarcos, la eventual apropiación ilegal de recursos originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Uruguay y Argentina o, migratorias desde éstas en alta mar, al igual que en la Zona Común de Pesca de ambos países; la extracción de mayores volúmenes a los autorizados; la captura de tallas inferiores a las permitidas o de especies plenamente explotadas; el descarte y la sustitución de especies al desembarque o transbordo; entre otras irregularidades que podrían incluir operaciones de narcotráfico y trabajo esclavo. Situación que se ratifica cuando la auditoría indica: «El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones»; contrariando, las recomendaciones de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017; Decreto 323/17).

Estas irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y, descarga de productos pesqueros. Situación que debería llevar a la Cancillería Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata ―por aplicación de los Art. 74º, 80º y 82º de éste, las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59º, 87º, 116º a 118º de la CONVEMAR― a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas; cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.

Al respecto, la Auditoría ha calificado esas debilidades relativas a la información como “altas” y, de “extremas” la responsabilidad de la autoridad del DINARA, el trámite de permisos, los registros, controles y seguimiento. Todas cuestiones que, sin entrar en mayor detalle, son suficientes para calificar a Montevideo como un puerto sin control pesquero y, por tanto, absolutamente permeable a la pesca ilegal.

Sin agotar el cúmulo de irregularidades que detecta la Auditoría, ésta verifica respecto a la Dirección, delegaciones inapropiadas, acefalías continuadas. debilidades contables, no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles, inadecuado seguimiento de las gestiones, comunicaciones informales por fuera de los canales administrativos, incumplimiento de las normativas vigentes y, entre otras, la mayoría de la información calificada de “reservada o confidencial” de acceso exclusivo de los Encargados de Áreas, “los dueños de datos” dice la Auditoría, pudiendo dar lugar a actos de corrupción, en lugar de procesos y documentos transparentes, de libre acceso a todos los ciudadanos. Todo esto, sin lugar a duda, podría constituirse en un soporte necesario, para encubrir la pesca ilegal, que necesita de controles laxos, información confusa y trámites sin plazos. “Falsificación de permisos de pesca emitidos por el sistema VUCE” dice la Auditoría y, diversas observaciones graves administrativas y relativas a la aplicación de sanciones que, están todas indicadas en el pormenorizado informe de los auditores oficiales.

Se detecta falta de personal en áreas claves. Esto podría deberse a las habituales restricciones del Estado pero es inviable controlar el origen, la trazabilidad y legalidad de la pesca si las descargas se validan con meras declaraciones juradas empresarias o el puerto carece del personal oficial adecuado para realizar las tareas de policía sanitaria; obligación habitualmente indelegable, que no puede dejarse librada al usuario o a eventuales controles privados concesionados. En 1998, cuando Estados Unidos y luego la Unión Europea comenzaron a exigir la aplicación de planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), la ejecución de estos sistemas de autocontrol, nunca dejaron en manos privadas el control del tránsito, el embarque o desembarque y los pertinentes controles y la certificación oficial. Dejar a los puertos sin control oficial presencial y no llevar una organización del Estado segura, transparente, técnica, eficiente y eficaz es promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.

Pero ¿qué pasa con Jaime Coronel? Que, no obstante, la ejemplar Auditoría que lo incrimina, el pasado 16/08/2023 firmó en nombre de Uruguay junto a Ecuador, lo que llamaron “Memorando de Entendimiento histórico a fin de fortalecer sus lazos y desarrollar maneras cooperativas de combatir la pesca ilegal, en ambas costas de Sudamérica”. Se ve que los ecuatorianos no conocen ese documento, cuyas conclusiones se agravan precisamente cuando Don Jaime refiere a que Uruguay “alberga algunos de los puertos más transitados del mundo que, colectivamente reciben más de 2.000 buques pesqueros al año” (Tahiana Fajardo Vargas, PEW, 17/08/2023) que no son de bandera uruguaya sino de diversas nacionalidades que pescan ilegalmente los recursos pesqueros originarios de los Estados ribereños y los de Argentina en Malvinas.

Respetuosamente entendemos que las Autoridades de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo prescripto en la Ley 19.175 que, en su art. 16º, refiere a la aplicación de criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos…» y, muy especialmente, los art. 76º a 79º que califican como grave la pesca ilegal, que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las especies.

Se dice también en los ambientes portuarios, que el 80% de la flota merlucera de altura se habría vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones en contravención a lo establecido en el art. 31 del Decreto 115/018, lo cual de confirmarse sería otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente pesca ilegal.

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G. Artigas)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

GUAYANA ESEQUIBA: SEVEROS VICIOS POR ANACOLUTOS OMISIVOS EN LA DEMANDA

Abraham Gómez R.*

Ha aflorado en todo el país ―como nunca en muchos años— un entusiasmo extraordinario por el caso concerniente al reclamo de la extensión territorial que nos arrebataron por el costado este, con alevosía.

Desde bastantes ciudades venezolanas y también por parte de compatriotas que se encuentran en el exterior nos solicitan opiniones en cuanto a las probabilidades sentenciales de la Corte Internacional de justicia en este asunto litigioso.

Hemos sido lo suficientemente recatados y prudentes porque resultaría inconveniente y contraproducente a nuestros propios intereses develar (por incautos) de manera anticipada las estrategias con las cuales nuestra delegación encarará el presente pleito, en las fases subsiguientes: postulatoria, probatoria y preconclusiva.

Diré, con la mayor modestia, que contamos con un equipo de primera categoría de experimentados profesionales, especializados en Derecho Internacional Público, en simultáneo con un cuerpo de asesores, conjuntamente, con las elogiables comisiones creadas en la Asamblea Nacional, presidida por el Dr. Hermann Escarrá Malavé y en la Presidencia de la República bajo la coordinación de la Dra. Delcy Rodríguez.

Las jornadas de análisis del acervo de probanza, interpretación de cartografías disponibles y metodología de redacción preliminar de los escritos se han circunscrito a la elaboración del Memorial de Contestación de la Demanda que debemos consignar por ante la Sala Jurisdicente, en abril del próximo año.

Reconocemos los densos aportes de brillantes litigantes del nivel requerido y exigido y a quienes menciono con todo honor: Dr. Antonio Remiro Brotons, Dra. Esperanza Calatayud, Dr. Carlos Espósito, Dr. Paul Palchetti, Dr. Andreas Zimmermann y Dr. Tams; así también, el desempeño de nuestro agente, el historiador Samuel Moncada; y los coagentes, el diplomático Félix Plasencia y la Dra. Elsy Rosario.

Sintetizo diciendo que hemos estructurado una multidisciplinaria agrupación académica, sin egos protuberantes, por cuanto hemos comprendido que todos nos necesitamos para aprovechar los conocimientos provenientes desde distintas fuentes; lo cual fortalece ―eficientemente― el objetivo común que nos une, aparejada a la condición de Asunto de Estado que se le ha conferido al presente litigio; por cierto, el de mayor interés y expectativa en la actual política exterior venezolana.

Deseo también que fijen atención en lo siguiente. Cuando “afincamos el bisturí” en el escrito contentivo de la Acción interpuesta por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 29 de marzo de 2018, conseguimos que se omiten adrede y con intención dolosa elementos fundamentales del verdadero enunciado, con la finalidad de sesgar la interpretación de lo narrado:

Venezuela nunca ha presentado ninguna prueba para justificar su repudio tardío del laudo de 1899. Su prolongada aceptación del laudo desde 1899 hasta 1962…”

(Numeral nueve de la demanda)

Pretende la contraparte, con ese ocultamiento falaz de información de la permanente contención de Venezuela, hacer un vulgar aprovechamiento procesal.

Entre muchos otros galimatías, pesquisamos ―además― las incoherencias patentizadas en el numeral once del documento precitado:

Los sucesivos Secretarios Generales también aceptaron la autoridad conferida y las obligaciones que les impone el Acuerdo de Ginebra. Como se detalla a continuación, entre enero de 1990 y enero de 2018, cada uno eligió el proceso de buenos oficios, llevando a cabo su supervisión, como medio de solución pacífica de la controversia entre Guyana y Venezuela sobre la validez del laudo de 1899y la finalidad del límite establecido”

Claramente observamos la descarada contradicción al admitir absolutamente lo que mandata, impone y obliga el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; sin embargo, ellos insisten en desconocerlo y omitir el condicionante ―que citamos de seguidas― razonado por la delegación venezolana, para acceder a suscribir el mencionado Tratado que causó estado en la ONU: “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito” (subrayado mío).

Resulta inaceptable que la delegación guyanesa se presente con una demanda viciada mediante un escrito construido con apreciables e indisimuladas incoherencias.

¿El Acuerdo de Ginebra es positivo para nombrar buenos oficiantes, pero no para denunciar la nulidad absoluta del laudo?

Demasiado gruesa tal incongruencia.

Los magistrados de la Corte ya se encuentran plenamente enterados de que Guyana tramó un ardid dañoso, en la Acción, al encriptar y torcer de muchas maneras la narrativa de los acaecimientos como verdaderamente ocurrieron; aunque a la contraparte ―por lo visto― muy poco le importa si invalida la credibilidad y consistencia de su propio discurso jurídico.

Observemos con cuidado este otro desacierto.

La excolonia británica distorsiona sin pudor (en el numeral 26, declaración de los hechos) las condiciones políticas y socio-económicas en las cuales se encontraba Venezuela frente al arrogante y poderoso Imperio inglés:

“A fines del siglo XIX las reclamaciones territoriales conflictivas de los Estados del Reino Unido y Venezuela llevaron al borde de la guerra. Cada Estado reclamó todo el territorio entre la desembocadura del río Esequibo en el este, y el río Orinoco en el oeste. Los estados Unidos de América presionaron para que se estableciera la disputa mediante un arbitraje internacional…”

¿A quién se le ocurre pensar que para finales del siglo diecinueve, en plena Revolución Liberal Restauradora de Castro y Gómez y la huida del presidente Ignacio Andrade, Venezuela iría a desafiar a los ingleses?

Nuestro país no contaba con las mínimas condiciones para encarar militarmente al usurpador y proceder a reivindicar la extensión territorial que nos despojaban en una tratativa arbitral perversa.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.