ACORRALADO

F. Javier Blasco Robledo*

La RAE acepta dos significados para el uso y aplicación del verbo transitivo acorralar; siendo la primera de ellas «Encerrar o meter el ganado en el corral». Usado también como pronominal; y la segunda «Encerrar a alguien dentro de estrechos límites, impidiéndole que pueda escapar» que tiene como palabras similares cercar, acosar o atenazar. 

También y según el acervo popular, cuando alguien, de forma voluntaria o involuntaria, se mete en un lío dialéctico, económico o social se dice que termina acorralado por sus propias palabras, hechos o decisiones.

Pues bien, se puede afirmar que esto es lo que le está sucediendo a Sánchez y a todo su gobierno y parafernalia mediática sincronizada que le acompaña, aplaude, loa y aprueba. Al tiempo que se confirma que esta situación, no es más que el fruto del cansancio proveniente de un continuo y desmedido uso de cambios de opinión u orientación política y social; de tantas, variadas y contradictorias decisiones adoptadas sobre un mismo caso, acto, tema o fenómeno y también porque son ya muchos, demasiados quizás, los constantes e inesperados cambios de chaqueta y el cruzarse de acera constantemente en busca de apoyos al precio que sea, por lo que todo ello, ineludiblemente, ha terminado en llegar a ser un tremendo lío del que, a cualquiera, hasta a él mismo, le resulta difícil salir airoso.

Cuando uno maniobra constantemente para ir cubriendo los innumerables flancos al descubierto que le aparecen de forma contínua y sucesiva por las grandes incompatibilidades y diferencias de opinión con sus interesados apoyos o entre ellos mismos; siempre que se tiene que decir blanco y negro sobre un mismo tema en cuestión de horas o de minutos; o si uno se ve obligado a cambiar de discurso en función del área geográfica donde se encuentre y cuando los enfrentados intereses entre sus interlocutores o apoyos personales se hacen insalvables entre sí, de todas, todas, llega el momento, en el que se genera y saltan uno o varios conflictos larvantes.

De nada sirve haber editado y firmado como propio un libro titulado «manual de resistencia», que se tenga una ágil cintura o que la inconsciencia y la mala fe del personaje le hayan obligado a abandonar la más mínima cordura, decencia y cualquier grado de vergüenza personal y colectiva. Tampoco surte un efecto positivo que el número de agradecidos, amamantados y empesebrados personajes en su entorno siga siendo numeroso y constante. Llega un momento en que, a pesar de estas circunstancias, todo parece que se desmorona.

La mayor parte de los muchos cortafuegos, colocados con paciencia y tiento entorno al personaje en cuestión, tienen una validez y permanencia que no es infinita ni totalmente inmunitaria, salvo que estemos hablando de actuaciones realizadas por o en un régimen absolutamente dictatorial. En el resto de casos, siempre hay un elemento, estamento, tribunal o poder nacional o internacional que mantiene sólida su honradez y convicciones, que vela por el cumplimiento de sus obligaciones, que tiene una idea clara de cuál es su papel en plena democracia y mantiene intactas las normas de juego, por lo que tarde o temprano, se acaba chocando contra dicho muro impenetrable y esto le lleva a que le paren los pies.

En definitiva, puede incluso que acaben siendo juzgados y se le someta al peso de la Ley como a cualquier ciudadano de a pie y hasta acaben en prisión o, como mínimo, apartados durante un largo periodo de tiempo de sus funciones. Son muchos los ejemplos cercanos y recientes de castillos bien altos y aparentemente o totalmente asentados o inamovibles que, finalmente, han caído de forma estrepitosa y muchos de ellos, han terminado dando con sus huesos en la cárcel o relegados al ostracismo de por vida.

No es este un camino sencillo; máxime cuando el ínclito personaje y su entorno cercano tienen escasa o nula conciencia, se han vendido al lujo, al dinero fácil, la fama fatua u otra serie de placeres ocultos que se me escapan de las manos al querer escribirlos, aunque no de la mente. Pero, en cualquier caso y de forma muy repetida a lo largo de la historia, se suele terminar cayendo bajo el peso de la Ley y de la Justicia y todo ese artificial mundo de defensas automáticas y de obscenas y aborrecibles víctimas que se ofrecen a ser inmoladas antes y en beneficio de su líder o de respuestas y negativas calculadas y envenenadas se van diluyendo como un azucarillo en el café o enraizando unas con otras, de tal modo y manera que, finalmente, la maraña formada, es imposible de desenredar y acaba asfixiando al propio sujeto y a su entorno.

Sánchez lleva muchos años campando a sus anchas, haciendo caso omiso de las advertencias, rayando la legalidad en sus acciones o decisiones y abusando de una forma de legislar que debería estar reservada exclusivamente a los casos de emergencia, urgencia o de imperiosa necesidad. Ha firmado pactos con lo más granado de los enemigos de España y aunque los haya pretendido vender como buenos y necesarios para la convivencia de todos los españoles, no son verdad en absoluto sino una pura, grotesca y personalísima necesidad.

Ha mentido permanentemente dentro y fuera de España y precisamente, gracias a su solapada forma de mentir y de engañar, ha venido consiguiendo situaciones de ventaja que le han permitido derrochar a manos llenas hasta que a no muy tardar ―y no por la agudeza del legislador europeo, sino por la imperiosa necesidad general― dichos tiempos de bonanza se acaben o estén en viso de hacerlo ya; justo en un momento que gozaremos de muy poca capacidad de reacción, por la marcha de la economía mundial y cuando nuestra deuda y el déficit se encontrarán en cotas insospechadas y muy difíciles de salvar. Posiciones que, sin la menor duda, hipotecarán al máximo la economía real de los españoles y por ello, se espera que, como mínimo, harán falta dos generaciones para poder empezar a respirar.

La falsa impresión de inviolabilidad y de tolerancia o permisividad total entorno a su persona y del grupo intimo o cercano, les suele llevar a ir arriesgando y explorando nuevos horizontes de grandeza y/o riqueza para la mayor parte de ellos; de tal modo y manera que al igual que se presentan obras de otros con la firma del sátrapa, se crean ad hoc títulos u organismos oficiales o particulares socioculturales o económicos para ganar dinero fácil contratando con estructuras oficiales o creando nuevos organismos de interés creativo en los que, amén de colocar y hacer todavía más visible la popularidad de determinadas figuras de su entorno ―aún a sabiendas que no tienen categoría o el valor ni capacidad para emprender una ardua tarea sin la requerida y necesaria preparación― les posibilitan y abren el camino a grandes contrataciones con organismos oficiales o al mundo de la fama entre los mejores del ramo elegido, asegurándoles así mismo, una continuidad a futuro, a pesar de ser un mindundi en dicho tema u otros similares. Las cosas o los aparentes «éxitos» alcanzados de este modo, no son naturales ni reales; son totalmente sucios, ficticios y falsos o simplemente, una deshonesta forma de prevaricar o defraudar, por ser muchos de ellos, el resultado del cobro de favores previos o simultáneos a costa de erario público y del dinero de todos los españoles.

Con cierta frecuencia, errores de este tipo de corruptelas fraudulentas, egocentrismos y chovinismos, problemas de faldas, desviaciones sexuales o el acaparamiento inadecuado de riquezas o fama social sin tener la capacidad ni la cualificación para ello, han llevado a grandes personajes al mundo de las tinieblas y para ello solo hace falta una sociedad, que deje de defenderlos y seguirlos calladamente pase lo que pase, que se quite la careta y llame al pan, pan venga de donde venga. Igualmente, es más que necesaria y fundamental una oposición firme, valiente y sin complejos que, sin dilación, lleve todas estas desviaciones a la opinión pública con claridad y las eleve a los necesarios tribunales sin parar en revanchas o reparos y con la contundencia y precisión que cada caso requiera.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

LA MERLUZA NEGRA. TODOS SON RESPONSABLES.

César Augusto Lerena*

Las empresas nacionales, de capital extranjero, Argenova, Estremar y Pesantar, poseedores del ciento por ciento de las cuotas de captura de la especie Merluza Negra, denunciaron en la Subsecretaría de Pesca que el buque de la firma Prodesur SA, de capital chino, radicado en Tierra del Fuego “Tai An” (ex Daishin Maru 28); cuyo responsable es Liu Zhijiang, pescó sin autorización 163 toneladas de merluza negra en aguas argentinas.

La exportación FOB de Merluza Negra es un negocio anual argentino de unos 70 millones de dólares, ya que se trata de una especie cuyo valor por tonelada está por encima de la cotizada centolla y los langostinos y el cupo máximo de captura anual alcanza a las 3.700 toneladas.

El portal digital de Prodesur SA indica que el barco “Tai An” «es el único buque en Sudamérica dedicado a la elaboración de Surimi a bordo, capturando y procesando las especies Polaca y Merluza de Cola en una factoría de última generación», aunque el buque sea bastante vetusto ―porque fue botado en Japón en 1981―, amplia la empresa en su presentación: «el buque captura y procesa especies como Merluza Negra… respetando el medio ambiente, trabajando en forma responsable y haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos». Manifestar como lo hace, que procesa a bordo “Merluza Negra” y además pesca 163 toneladas sin autorización, es un hecho totalmente contrario a una pesca sostenible y al cuidado el medio marino.

Dejando de lado la pesca ilegal, que ocurre tanto en Malvinas por parte de los británicos, españoles y otros, como por los buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina, sobre la cual ya nos hemos referido muchas veces, el presente es un “caso testigo” de que la pesca ilegal también ocurre con buques nacionales dentro del mar argentino, por falta total de control de la Subsecretaría de Pesca y de las fuerzas de seguridad en el mar.

Hemos dicho repetidamente que la FAO, el INIDEP y AGN indicaron que hay un 30% de descartes en el mar y que se sustituyen especies al momento del desembarco entre otras prácticas prohibidas, como la que nos ocupa de pesca no autorizada que debe tipificarse igualmente de pesca ilegal.

¿Qué es una cuota de captura? Una herramienta de ordenamiento pesquero que otorga un porcentual de capturas a las empresas sobre el total de la Captura Máxima Sostenible fijada anualmente por el Instituto de Investigación (INIDEP) en un área y un período definido, requiriendo, entre otras cosas, tener aprobado un Proyecto de Actividades Pesqueras. Cuando una Empresa no está autorizada a pescar una especie y lo hace ―como en este caso― atenta contra la sostenibilidad de las especies, pudiendo provocar depredación por sobrepesca pero también, atentar contra las empresas que sí están autorizadas a pescar un volumen preestablecido de la especie (Merluza Negra), de modo tal que la pesca no autorizada afecta la planificación, la economía y el cumplimiento con los mercados de la empresa autorizada. Hay un daño biológico y a la ecuación económica empresaria.

Ahora, estas cuestiones, que deberían se prevenidas y detectadas directamente por los organismos indicados, denunciarse y sancionar con mayor frecuencia, HAY RESPONSABLES, además de los empresarios infractores y es necesario que dejemos en claro ello; porque en este tipo de hechos hay agentes públicos irresponsables que contribuyen con sus acciones, inacciones e incapacidades a la anarquía productiva; a la administración descontrolada del recurso y a la consecuente depredación general.

Cuando ocurren irregularidades de este tipo, el buque en cuestión debe ser abordado o intimado a dirigirse en forma inmediata al puerto (Art. 55º de la Ley 24.922) para su debida inspección e inicio del sumario pertinente y las posteriores sanciones que correspondieran que podrían ir desde la colocación de una multa, el decomiso de mercaderías y el buque y hasta la pérdida de la habilitación para pescar. Esto no ocurrió y el argumento que esgrimió el director de control y fiscalización de Pesca Julián Suárez para no ejecutar esta orden, es que habría recibido la indicación contraria del Coordinador de la Cancillería Pablo Ferrara y de los propios funcionarios superiores de pesca.

La primera conclusión a la que arribamos es que si es necesario la denuncia de ilícitos por parte de empresas concesionarias para que actúe la Autoridad de Aplicación, es que ―como ya hemos dicho en otras ocasiones― el Estado Argentino no administra el mar argentino y ello es la razón de los hechos ocurridos en este “caso testigo”.

Son varios los responsables de haber incumplido con sus deberes de funcionarios públicos en esta oportunidad y sería bueno indicarlos por su nombre, porque de otro modo las responsabilidades se diluyen y suelen cortarse por la parte más fina del hilo. No se puede hablar de ejemplaridad de la administración, ya que es sabido: “el pescado se pudre por la cabeza”.

La Canciller Diana Mondino designó a su sobrino político Pablo Ferrara ―quien sería el que presionó al referido director de Fiscalización― el que carece de antecedentes suficientes y de experiencia ejecutiva previa para ocupar los cargos que la Cancillería le asigna. Fuentes diplomáticas indican que habría sido designado Coordinador General del Ministerio de Relaciones Exteriores; se le atribuyen funciones propias de director de la COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental) en reemplazo Frida Armas Pfirter y desde el 26 de enero de 2024 se lo designó representante de ese Ministerio ante el Consejo Federal Pesquero, un organismo que no está integrado ni funciona hasta la fecha. Por lo tanto, Ferrara, se trataría de un ÑOQUI, con el agravante que además de no pertenecer al cuerpo diplomático, a quiénes habitualmente se les asignaba esta representación, las cuestiones pesqueras y marítimas le son totalmente ajenas, por lo tanto sería nulo su aporte en la tarea central de este Consejo, tal cual es fijar ―nada menos― que la política pesquera.

El único antecedente que tiene en la materia es el rechazo que la Corte Suprema de Justicia le efectuara a la Acción de Amparo colectivo ambiental contra el Estado Nacional que presentara Pablo Ferrara con el objeto de lograr el cese de la pesca ilegal, en la que la CSJ declaró que “el proceso resultaba ajeno a su competencia por no configurar ninguno de los supuestos que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional” y, nosotros agregamos, después de leer la acción y el fallo, vemos, una falta de sustento del escrito; desconocimiento de la temática; carencia de rigor técnico y científico, arrojando confusión y oscuridad a la gravísima pesca ilegal que se realiza en el Atlántico Suroccidental; no contribuye ni siquiera con su amparo al conocimiento jurídico y a la divulgación popular en esta materia. Nos animamos a decir que de haberse tratado el Amparo hubiera sido rechazado por falta de fundamentos y serias inconsistencias legales y técnicas.

La Autoridad de Aplicación en materia pesquera es el secretario de Bioeconomía (ex Agricultura, Ganadería y Pesca) Fernando Vilella, quien delega sus funciones en el Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla y el director de Control y Fiscalización Pesquera Julián Álvarez que, como el nombre de su cargo lo indica, es quien debe garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en la jurisdicción marítima nacional. Los tres son responsables directos de asegurar la observancia de la ley de Pesca 24.922 pero con su inacción comprometen la sostenibilidad de las especies y la sustentabilidad de terceras empresas. Ambas cuestiones han sido puestas en riesgo por el buque “Tai An”.

Se nos informa (Augusto Taglioni, 19/03/2024) que los agentes públicos Álvarez y Ferrara habrían renunciado por la grave irregularidad de no llevar a cabo acción alguna o impedir las acciones pertinentes respectivamente, frente a lo que debería tipificarse como pesca ilegal por parte de un buque nacional de capital chino en aguas argentinas. Todos los funcionarios estaban anoticiados en tiempo real de los hechos porque a bordo de este barco se encontraba un inspector y un observador oficial. Nosotros entendemos que tanto Vilella, el principal responsable ―quien habría dado la orden de no exigir el regreso a puerto del barco aludido, violando el artículo 55º de la Ley de pesca― como López Cazorla su subsecretario de Pesca, deberían igualmente presentar su renuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que todos los funcionarios referidos no han dado cumplimiento a sus funciones o no han hecho cumplir lo previsto en los artículos 7º; 17º; 20º; 21º; 23º; 27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º de la Ley 24.922 que regula la actividad pesquera en las aguas argentinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y ello se agrava, en este caso, porque la Merluza Negra, es una de las especies que además de su alto valor, tiene una gran fragilidad biológica y es capturada también ilegalmente por barcos extranjeros en las aguas bajo control británico en Malvinas.

Y la Prefectura Naval Argentina ¿qué indica en su portal?: “Autoridad Marítima; que cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; prevención del orden público; protección ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y sanitaria” dónde estaba para preservar el medio marino y la sostenibilidad de las especies? Mucha promoción y poca acción.

No podemos dejar de resaltar tampoco que los funcionarios citados por acción u omisión admitieron el proyecto de reforma de la ley de pesca incluida en la llamada Ley Ómnibus que, entre sus aspectos más graves, promovía la extranjerización del mar argentino, la libre importación de buques de cualquier antigüedad en perjuicio de la industria naval, la autorización de que los buques extranjeros descargaran en puertos extranjeros y la posibilidad de no utilizar tripulación argentina, todas medidas que hubieran provocado la desaparición del sector pesquero nacional, la desocupación en la actividad más importante de su historia, el éxodo de la radicación poblacional e industrial patagónica y una importantísima baja de las exportaciones y… todos ellos lo sabían.

El buque pesquero TAI AN pescó ilegalmente: sin cuota de captura, especies de tallas menores que no se han reproducido ocasionando depredación y procesando las capturas sin autorización. Es improbable que sea un caso aislado, sino un caso testigo. Ya lo hemos dicho: no hay administración en el mar argentino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar