HABLAR Y ESCRIBIR CON ARBITRARIEDAD

Francisco Carranza Romero*

Elio Antonio de Nebrija, autor de la Gramática castellana (1492).

El ser humano tiene un sistema de códigos para su comunicación con otros miembros de su comunidad. Y la lengua es un sistema («conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí» según el Diccionario de la Real Academia Española).

Lengua hablada. Los seres humanos, para comunicarse usan gestos y sonidos orales. Los líderes culturales, preocupados de la comprensión de los miembros de su comunidad, determinan el número de sonidos (fonemas) de la lengua que usan y aconsejan que deben ser pronunciados bien. Un sonido o las uniones de sonidos se convierten en palabras con significados que son clasificadas según sus funciones. Las uniones de palabras forman frases y oraciones.

Todas las expresiones obedecen a las normas creadas para sostener la unidad grupal. Por eso, no basta hablar una lengua; hay que hablar bien. El simple uso no es la regla. El buen uso es la regla.

Lengua escrita. Los seres humanos, conscientes de la necesidad de conservar lo que piensan y dicen o para poder enviar mensajes a donde no llega la voz, inventaron la escritura con ideogramas (símbolos que representan ideas) y letras (grafías que representan los sonidos). Estaban conscientes de la realidad: Verba volant; scripta manent. Y, para evitar el uso arbitrario de las grafías, el grupo culto de los usuarios estableció las normas que ayudaran la comprensión y unidad de los escribientes.

El idioma castellano es de escritura alfabética latina. Desde los tiempos de Elio Antonio de Nebrija se ha repetido el principio: «Una letra para cada sonido, y un sonido para cada letra». Aquí surge el problema porque cada hablante tiene su forma de hablar (idiolecto) y cada grupo humano tiene su habla diferente según su localidad (dialecto). El deseo, por más bueno que sea, no siempre se hace realidad; por eso seguimos con problemas que debemos conocerlos y corregirlos para colaborar en la unidad hispánica.

Cito algunos casos donde hay problemas:

Vocales: diptongos crecientes (cuarto, piano) y decrecientes (aire, peine). Los adiptongos o hiatos se marcan con tilde: cafetería, capicúa, oí, país.

Consonantes: las letras c, g tienen dos realizaciones fonéticas cada una.

La letra ce con las vocales a, o, u suena como k (oclusivo palatal sordo): casa, comida, culantro; con e, i es fricativo sibilante: cerca, círculo.

La letra ge con vocales a, o, u es oclusivo velar sonoro: gato, gota, gula; con e, i se pronuncia como la jota (fricativo velar sordo): gente, gitano.

En las pronunciaciones de ce, ci, s, z hay los fenómenos de ceceo y seseo (en Andalucía e Hispanoamérica).

En la pronunciación de las letras ye y elle la mayoría opta por el yeísmo. Los bilingües quechua-español diferencian bien la ye de la elle.

También hay grupos consonánticos en inicio de sílaba: br, bl (bramar, blando), pr, pl (soprano, plano), tr, tl (tráfico, atleta), gr, gl (grato, glacial), cr, cl (cráneo, declinar), fr, fl (franco, flaco). En margen final de sílaba no se realizan.

Dos letras mudas: la consonante h (hambre, huevo) y la vocal u en estos casos: que, quinto.

Nebrija, considerado el primer lingüista y gramático de la lengua castellana, ya tocó los problemas mencionados en el «Vocabulario castellano – latino» (1495, Universidad de Salamanca) y en «Reglas de orthographía en la lengua castellana» (1517, Alcalá de Henares). He tenido acceso a este libro gracias a la edición comentada por Antonio Quilis Morales en 1977, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.

Acentos

El castellano tiene dos acentos: acento de intensidad y acento de tono. Para marcarlos, cuando es necesario, se recurre a los signos diacríticos.

Acento de intensidad. Las palabras se clasifican por la ubicación del acento: agudas (pared, pasión), grave (pera, césped), esdrújulas (número), sobreesdrújulas (dígamelo). Los sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios tienen acentos que, según las normas, pueden llevar la tilde o no. La tilde es una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda (´).

Los pronombres átonos son: 1. Personales: me, te, se, la, lo, le, nos, os. Relativos: quien, que, cual. 2. Los adjetivos átonos: posesivos: mi, tu, su (antepuestos a los nombres).

Acentos de tono. Se distinguen con signos diacríticos dobles: de apertura y cierre.

De interrogación: ¿…? Ej.: ¿Me comprende?

De exclamación: ¡…! Ej.: ¡Claro que sí!

Por la influencia de la ortografía inglesa algunos no escriben los signos de apertura. La lengua castellana tiene sus normas ortográficas que hay que conocerlas y respetarlas. Cada lengua tiene sus normas.

 

Signos de ritmo: coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos.

Signos para aclarar o complementar la información. Son signos dobles (de cierre y apertura): entre paréntesis, comillas.

Para escribir con corrección hay que estudiar las normas de la ortografía de la lengua que se usa. Pero, desgraciadamente, hay documentos oficiales de los ministerios, municipalidades y de otras instituciones (de salud, educación, seguridad, etc.) redactados con muchos errores ortográficos, especialmente de la tilde para marcar el acento de intensidad.

En el uso de la lengua se mide el nivel de conocimiento de ella. El uso con conocimiento de los códigos lingüísticos diferencia al hablante culto del inculto.

El castellano en Perú

¡Ay, Perú! es la exclamación espontánea al ver en muchos lugares palabras que deberían llevar tilde pero que están sin tilde como en estos ejemplos: PERU en las placas de los vehículos. POLICIA, COMISARIA en los vehículos, uniformes y locales policiales. MAXIMA referente a velocidad y altura en las vías de transporte. MONTICULO, AGATAS, OVALO en los nombres de lugares y calles. NUMERO, PORTERIA, SOTANO en la entrada de los edificios y en los estacionamientos. CARNICERIA, CLINICA, LAVANDERIA, LICORERIA, NOTARIA, OPTICA, PERFUMERIA, SASTRERIA, VIDRIERIA en los avisos. CESAR, ALCANTARA, CESPEDES, ROCIO en los nombres, Ni hablar de los anuncios en los mercados donde los avisos y nombres de productos están con errores de letras y tildes.

Y hay palabras que cambian de significado por la tilde: revólver, revolver; público, publico, publicó. Un caos babélico.

Cuando se hace la observación de estos errores y horrores ortográficos, la respuesta del que se cree sabihondo de la lengua es: «Las letras mayúsculas no llevan tilde». Y, cuando se le pregunta: ¿En qué norma de ortografía se basa para decir eso? La respuesta inmediata y tajante del sabihondo-ignorante: «¡Así es!» La ignorancia, realmente, es patológica.

En el estacionamiento de un centro de ventas de una universidad hay avisos con letras minúsculas donde la palabra vehículo aparece sin tilde 2 veces; pero en plural, qué sorpresa, está con tilde. Cuando comenté sobre estos y otros errores ortográficos, uno con uniforme de empleado me respondió con su atrevida y patética sinceridad: «Por las puras huevas habla. ¡Esto es Perú!» Para este ciudadano el Perú no tiene remedio; y hace recordar la pregunta del personaje Zavalita: «¿En qué momento se jodió el Perú?» (Mario Vargas Llosa: «Conversación en la Catedral»).

Los que redactan los documentos oficiales, los que fabrican las placas y los que redactan y pintan los avisos públicos ignoran las normas básicas de la ortografía castellana. Y los que reciben y pagan por estos materiales plagados de errores lingüísticos son otros ignorantes y cómplices; por tanto, no deben echar la culpa sólo a los ignorantes escribientes y técnicos (técnico: palabra esdrújula que lleva tilde sin excepción).

La educación escolarizada en todos los niveles (primaria, secundaria y superior) tiene que enfatizar en el buen uso de la lengua en sus realizaciones oral y escrita para superar las arbitrariedades lingüísticas. Pero, desgraciadamente, los grados de escolarización y los títulos académicos, no garantizan el uso correcto de la lengua. Se puede tener conocimiento de muchos datos; pero, escribir y explicar en forma correcta y sencilla es saber. «[…] hoy en día resulta evidente que el solo conocimiento de la estructura de la lengua no garantiza un desempeño eficaz en las interacciones comunicativas. Los procedimientos que se llevan a cabo en el aula de clase deben centrar su atención pedagógica en los usos lingüísticos y comunicativos con el fin de que los estudiantes desarrollen un saber hacer cosas con las palabras». (Lomas, p. 21, citado por Edilberto Cruz).

Más allá de la ortografía también hay errores gramaticales en el uso de la lengua castellana: concordancia de género y número; conjugación verbal, especialmente de los verbos irregulares que en latín también son irregulares; consecutio temporum

Las redes sociales y los avisos en las vías y en todo lugar demuestran el nivel cultural de los ciudadanos de una localidad, porque la lengua es un factor cultural muy importante. Por esta anarquía o majadería fonémica, ortográfica y gramatical se conoce el nivel lingüístico de los usuarios.

Una propuesta para incentivar la competencia lingüística escrita: en los concursos para los cargos donde la comunicación escrita cumple su función, se debe pedir la redacción sobre un tema sin recurrir a los aparatos electrónicos. Así se podrá seleccionar funcionarios con buen nivel de conocimiento de la lengua. Los que registran las partidas de nacimiento son los que han diversificado los apellidos de los hermanos del mismo padre y madre creando problemas que, para corregirlos, hay que gastar tiempo y dinero porque es un proceso burocrático. Como ejemplos cito los apellidos más comunes con varias versiones de escritura, siendo la primera la correcta: González, Gonsález, Gonsalez, Gonzales; Sánchez, Sanchez, Sanches; Rodríguez, Rodriguez, Rodrigues… El registrador de las partidas ignora el origen del sufijo -ez (hijo de, hija de). Y hasta se justifica autoritario: «En los nombres propios no hay reglas». Para él o ella va este principio latino: Uti non abuti. Quien no asume su error nunca superará su estado de ignorancia.

Pero, Perú no es el único país donde hay estos errores en el uso de la lengua castellana; viajando o leyendo constatamos las faltas. Error de muchos, consuelo de tontos.

 

* Investigador del Instituto de Estudios de Asia y América, Dankook University, Corea del Sur.

 

Referencias

Cruz Espejo, Edilberto. Nuevo elogio a Nebrija. Bogotá: Academia Colombiana de la Lengua, 2009.

Lomas, Carlos. Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Barcelona: Paidós, 1999.

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CRISIS POLÍTICAS Y RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL: DE LA GRIETA A LA FRACTURA DE LA COHESIÓN SOCIAL

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Marco teórico

El análisis de las crisis políticas contemporáneas requiere integrar las dimensiones económicas, psicosociales, institucionales y de corrupción sistémica. Desde la teoría de la movilización de recursos[1] y los enfoques sobre el conflicto social[2], se entiende que las protestas surgen de la acumulación de desigualdades y de la pérdida de legitimidad del poder político. A su vez, la teoría de la anomia[3] y el concepto de violencia estructural[4] permiten comprender cómo la desintegración de normas compartidas y la exclusión social crean el terreno propicio para el estallido de conflictos.

En este sentido, la «grieta» no constituye solo un fenómeno discursivo, sino un dispositivo de fragmentación social que es funcional a las élites políticas y económicas. Cuando la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento ilícito penetran el aparato estatal, se produce una pérdida de confianza generalizada, fenómeno que Max Weber[5] denominó «crisis de legitimidad» del Estado racional-legal.

Análisis comparativo internacional

Los casos de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú muestran un patrón recurrente donde las crisis económicas, la corrupción y el colapso institucional derivan en estallidos sociales y cambios abruptos de gobierno.

En Sri Lanka (2022), la combinación de endeudamiento externo, inflación, escasez de alimentos y denuncias de corrupción y lavado de dinero en el círculo presidencial precipitó la caída de Gotabaya Rajapaksa[6].

En Nepal, la manipulación de recursos internacionales y los conflictos internos por el control de la ayuda humanitaria contribuyeron a una inestabilidad política crónica[7].

Madagascar atravesó repetidos golpes de Estado motivados por el uso indebido de fondos públicos y redes de contrabando y narcotráfico[8], mientras que en Perú los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas (Odebrecht, minería ilegal y narcotráfico) erosionaron la legitimidad de sucesivos gobiernos[9].

En todos los casos, las causas económicas (recesión, inflación, endeudamiento), psicosociales (frustración, miedo, pérdida de horizonte colectivo) y éticas (corrupción estructural, impunidad judicial) actuaron como catalizadores del colapso político y la ruptura del tejido social.

Argentina: entre la grieta, la corrupción y el desencanto

A días de las elecciones del 26 de octubre, Argentina enfrenta un panorama de profunda vulnerabilidad social y moral. La pobreza estructural, el desempleo creciente, la inflación sostenida y la violencia estatal contra los sectores más frágiles —jubilados, personas con discapacidad, enfermos crónicos y terminales, y trabajadores de la educación— reflejan la desconexión entre los funcionarios a cargo de la administración pública y las necesidades reales de la sociedad.

Paralelamente, se han revelado escándalos de corrupción, estafas financieras y vínculos con el narcotráfico, que comprometen tanto a funcionarios públicos como a empresarios cercanos al poder. El uso discrecional de fondos, los mecanismos de lavado de dinero y la triangulación con empresas fantasmas evidencian un sistema de poder capturado por intereses ilegales, donde la justicia aparece, en muchos casos, cooptada o indiferente.

Este entramado reproduce un modelo de impunidad institucionalizada, que profundiza la desconfianza social y el descreimiento en la democracia. La grieta, alimentada por la polarización mediática y el miedo, se convierte así en una herramienta política para dividir y neutralizar el descontento ciudadano.

Conclusión

Las experiencias de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú confirman que cuando la corrupción y el financiamiento ilícito se convierten en norma, la legitimidad política se derrumba. En la Argentina de hoy, el deterioro económico y moral conforma un terreno fértil para la fragmentación social.

El desafío no radica únicamente en recuperar la economía, sino en reconstruir la ética pública y el sentido de comunidad. Las elecciones del 26 de octubre no solo pondrán a prueba la resistencia de las instituciones, sino la capacidad del pueblo argentino de rechazar la impunidad y reivindicar la justicia social como principio fundante de la democracia.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias bibliográficas

[1] Tilly, C. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978.

[2] Touraine, A. El regreso del actor. Buenos Aires: Eudeba, 1984

[3] Durkheim, É. Le suicide: Étude de sociologie. Paris: F. Alcan, 1897.

[4] Galtung, J. « Violence, Peace, and Peace Research». Journal of Peace Research, vol. 6, n° 3, 1969, p. 167-191.

[5] Weber, M. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1922.

[6] Sri Lanka https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/south-asia/sri-lanka.

[7] Nepal: violentas protestas hacen caer al primer ministro, mientras los manifestantes incendian el Parlamento y otros edificios públicos https://www.bbc.com/mundo/articles/cqxz8q48ej3o.

[8] Madagascar: una isla cansada de promesas y sacudida por una nueva crisis política, https://www.france24.com/es/áfrica/20251013-madagascar-una-isla-cansada-de-promesas-y-sacudida-por-una-nueva-crisis-política.

[9] Miles protestan contra el gobierno y el Congreso en Perú https://www.dw.com/es/miles-protestan-contra-el-gobierno-y-el-congreso-en-per%C3%BA/a-74376577.

 

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HAY QUE ADMINISTRAR LA PESCA INDUSTRIAL

César Augusto Lerena*

Pesca ilegal: ¿Por qué crece año tras año y cuál es su impacto geopolítico? |TELAM

Artículo publicado en Perfil, 17 de octubre de 2025.

 

La Subsecretaría de Pesca Nacional y el Consejo Federal Pesquero ―pese a su nombre― no solo, no son organismos ocupados en administrar en forma federal la explotación de los recursos pesqueros, sino que después de 27 años de gestión han sido ineficientes para hacerlo en forma equitativa, sustentable y sostenible y mucho menos para evitar la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental que es anterior a la misma sanción de la ley 24.922 y contribuir con alguna estrategia destinada a la recuperación de Malvinas, donde la pesca es su principal sostén. Ello se ha agravado en los últimos años, donde esos organismos han sido incapaces de resolver un conflicto empresario-gremial que ha significado una pérdida irreparable a todas las partes.

La pesca argentina está estancada mientras esta explotación y su comercio le permite un crecimiento sostenido a la pesca española y especialmente a la gallega.

En el artículo 1° ―que aportamos a su redacción junto al ex senador Hipólito Solari Yrigoyen― de la Ley 24.922 se prescribe: «La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina». Nada que hayan llevado adelante ni la Subsecretaría de Pesca ni el Consejo Federal Pesquero: no se ha promovido una industria sustentable y el 60% de las exportaciones se realizan sin valor agregado o se exportan materias primas para transformar en terceros; además de descartarse el 30% de las capturas (FAO, ANG, INIDEP) y no llevar ninguna política para erradicar la pesca ilegal. Siendo la Pesca una concesión de la explotación, las condiciones otorgadas para llevar adelante una actividad sustentable son absolutamente insuficientes para generar empleo y desarrollo en las comunidades y regiones. Por cierto, nunca tu vieron una política ambiental y referida a la Acuicultura, actividad que hoy representa el 49% de la producción mundial y en la Argentina escasamente accede a poco más de 1%. Además de ello ―y central, tratándose de recursos compartidos― la administración del recurso no es federal, en perjuicio de todos: de los concesionarios y las provincias del litoral marítimo.

Entendemos que la ley debe reformarse creando un Agencia Nacional Pesquera, quien operaría como Autoridad de Aplicación, integrada un representante de cada una de las provincias marítima; un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de las provincias; un director ejecutivo; un representante del sector empresario pesquero; un representante del sector gremial pesquero y, un representante del sector industrial naval pesquero. Todas funciones que se cumplirán ad-honorem.

Esta Agencia debería depender del Ministerio de Economía y no de Agricultura y Ganadería, ya que la pesca es una actividad extractiva, industrial y exportadora que nada tiene que ver con esas actividades agropecuarias. Y, además, autofinanciarse, para ejecutar las acciones de administración, investigación y control.

La integración del Consejo Federal Pesquero tiene ―según la ley 24.922― una representación minoritaria de las provincias ―individual y colectivamente― y ello solo hace que ni la ley vigente ni el Consejo puedan denominarse «federal». Ello es así, porque además se ha supuesto al legislarse que las provincias deban actuar en bloque, perdiendo sus particularidades y autonomías. 

El hábitat del recurso pesquero no se limita a un espacio marino bajo control de una provincia o a un ámbito referido a la zona económica exclusiva, debiendo tratarse en forma conjunta e integralmente como refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y mediante un enfoque eco-sistémico, de modo tal, que siendo las provincias del litoral marítimo donde se radican las empresas pesqueras y son sus puertos donde se embarcan y desembarcan y transportan, industrializan y almacenan las materias primas y los productos y, tratándose además, los recursos pesqueros, de especies que migran e intervienen en una ecología trófica con otras especies en distintos espacios marinos, resulta biológica y jurídicamente improcedente que la política pesquera esté en manos de la nación y las provincias deban subordinarse a una seudo-representación que no tiene base de sustentación alguna, más que competirle las cuestiones de seguridad nacional, defensa, aduana y las relaciones exteriores.

Las provincias no han delegado en la Nación la explotación de los recursos naturales y la ley 24.922 ha determinado arbitrariamente que los recursos desde las 12 a las 200 millas son de dominio y jurisdicción de la nación, como si estos recursos fueran estancos y no pertenecieran a un mismo ecosistema, debiendo las provincias relegar su generación de riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial a las decisiones de un ente burocrático mayoritariamente integrado por funcionarios de la Nación que carecen de las capacidades de producción de las provincias y, a pesar de ello, determinan políticas que desconocen las autonomías provinciales. Ello sin tener en cuenta ―incluso― que en algunos casos como, por ejemplo, los espacios marítimos de la Provincia de Buenos Aires, donde la Nación se los arroga como propios, pese a lo establecido en la Constitución Nacional, los pactos especiales, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes provinciales 11.447 y 12.558, cuyos argumentos ya hemos explicitado en forma extensa (César Lerena “El Saqueo. La apropiación de la Nación de los recursos pesqueros de la Provincia de Buenos Aires” Ed. Fundación Agustina Lerena, 2024) y, por cierto, las Malvinas no serán sustentables pos-recuperación por parte de Argentina, de limitarse su territorio marítimo a las 12 millas.

El Consejo Federal Pesquero no es suficientemente representativo y, se omiten actores que resultan fundamentales en el diseño de una política pesquera participativa. Por su parte el Subsecretario de Pesca carece habitualmente de representación ya que suele resultar elegido por haber militado con el presidente o ministro de turno o es amigo o apoderado de un empresario pesquero influyente o de un gobernador con acceso al poder. Un subsecretario, que no tiene poder de decisión propia y actúa por delegación in eternum del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y, un Consejo Federal Pesquero que tiene funciones superpuestas que debilitan la función del subsecretario y, donde el referido secretario de Agricultura -el delegante- no fija las políticas, sino que es el Consejo presidido por el subsecretario de pesca, quien firma las resoluciones en representación de ese cuerpo.

Por ejemplo, el artículo 7º de la ley 24.922, indica en el inciso a) que la Autoridad de Aplicación «conduce y ejecuta la política pesquera nacional, regulando la explotación, fiscalización e investigación» y, ello es lógico, porque se trata de un mero secretario del Presidente de la Nación, quien por el artículo 99º de la Constitución Nacional es, entre otras atribuciones, «el responsable político de la administración general del país y quien expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias»; pese a ello, en el artículo 9º de la ley 24.922 se indica que serán funciones del Consejo Federal Pesquero: «a) Establecer la política pesquera nacional; b) Establecer la política de investigación pesquera», etc. funciones que no se asignan ni siquiera al secretario del ramo. Una verdadera incongruencia jurídica y un debilitamiento de las tareas propias del secretario, que es quien debería ejecutar la política fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Del mismo modo, se condicionan a la aprobación previa del Consejo las funciones de la Autoridad de Aplicación, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por lo cual, hubiera sido más razonable, de sostenerse el criterio actual, eliminar del organigrama al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Subsecretario de Pesca y Acuicultura. Una demostración total de incoherencia organizativa de ese cuerpo.

Procedemos entonces a propiciar el descarte de las figuras del subsecretario de pesca y del Consejo Federal Pesquero, creando una Agencia Nacional Pesquera con verdadera representación de todas las provincias del litoral marítimo, los Estados más interesados en que la actividad se fortalezca y sea conducida en forma federada para asegurar un reparto equitativo de los recursos naturales que nunca fueron delegados a la Nación.

Por cierto, esta Agencia deberá resolver –entre otras cuestiones- la distribución equitativa de los recursos migratorios provinciales, con el mismo criterio de la ley vigente que se atribuye derechos sobre los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a alta mar. Tema que no han podido resolver ni la Subsecretaría de Pesca ni el Consejo Federal Pesquero y es que, no se puede administrar lo que no se conoce.  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado.