MADURO, TRUMP Y UNA «BAHÍA DE COCHINOS 2.0»

Roberto Mansilla Blanco*

Meses de táctica intimidatoria, presiones y ambigüedades dialécticas por parte de Donald Trump mientras aumentaba acciones militares «antinarcóticos» en el Mar Caribe que progresivamente se han instrumentalizado en acciones operativas orientadas a un eventual cambio de régimen en Venezuela, dan a entender que la crisis que actualmente se está llevando a cabo entre Washington y Caracas parece encaminarse hacia un escenario de colisión, a priori, inmediato e irreversible.

El pasado 22 de noviembre, aerolíneas estadounidenses y europeas anunciaron la preventiva suspensión de vuelos directos a Venezuela ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Recomendaciones similares de cautela giró Washington con respecto a su personal diplomático y profesional establecido en Venezuela.

Con anterioridad, Trump autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo cual confirma su pretensión de conocer el terreno con mayor exactitud vía trabajo de inteligencia. Por otro lado, medios estadounidenses filtraron informaciones sobre una posible oferta de Maduro a Trump para dejar el poder y exiliarse en Turquía, rechazada oficialmente por la Casa Blanca.

A pesar de la escalada militar, Trump ha anunciado que no descarta la vía de negociación con Maduro, un escenario que implica una negociación entre varios actores, dentro y fuera de Venezuela que, eventualmente, podría arrojar pistas en torno a una posible transición pactada de poder en Caracas, buscando evitar contextos conflictivos.

No obstante, la tensión se ha elevado ante el anuncio este 24 de noviembre por parte de Washington de etiquetar oficialmente de «terroristas» a Maduro y al controvertido Cártel de los Soles, una directriz que parece definir una nueva fase en la estrategia de Trump, ahora bajo la denominación oficial de «Lanza del Sur», pero hasta ahora condicionada por los vaivenes de una escalada de tensiones que, en el fondo, revela interrogantes e incluso incongruencias sobre cuál es la verdadera estrategia de Washington con respecto a Venezuela.

El papel de Marco Rubio y la crisis del MAGA

En la escalada de tensiones entre Trump y Maduro destaca igualmente el papel del secretario de Estado Marco Rubio, cuyo objetivo estratégico es romper el eje Cuba-Venezuela. El medio estadounidense Político asegura que Rubio encabeza la campaña de presión de Trump para forzar la salida de Maduro en la que se incluirían ataques aéreos selectivos, buques de guerra y hasta 15.000 tropas estadounidenses posicionadas cerca de la región bajo la narrativa de una «guerra contra los cárteles».

El verdadero objetivo sería un cambio de régimen en Venezuela que, visto en términos políticos e incluso hasta electorales a mediano plazo, buscarían mejorar la imagen de Trump, muy golpeada recientemente en las encuestas, así como también del propio Rubio, especialmente entre la comunidad de exiliados venezolanos y cubanos en Florida. El primer test electoral del «trumpismo 2.0» instalado en la Casa Blanca serán las elecciones del mid-term en noviembre de 2026, donde se renovarán el Congreso y un tercio del Senado.

Estos intereses políticos en torno a la crisis con Venezuela ocurre igualmente en un contexto de divisiones dentro del «movimiento MAGA» de Trump en EEUU, lastrada por la polarización interna tras la defección de Marjorie Taylor Greene, una de las principales bazas de apoyo a Trump. Existen aristas ideológicas y de movilización de liderazgos que comienzan a distanciarse del propio presidente estadounidense. Por otro lado, no existe un consenso político entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de intervención militar en Venezuela.

Esta crisis interna del «MAGA» observa una estrategia poco esclarecedora sobre cómo afrontar el «tema Venezuela». Un fracaso o un desenlace caótico de la crisis con Venezuela pondría en riesgo esta base política, especialmente entre votantes aislacionistas del movimiento MAGA, colocando en una difícil posición a una presidencia de Trump que comienza a observar un tímido resurgir de la oposición, especialmente tras la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York.

Del mismo modo, si la campaña punitiva contra Maduro se vuelve estéril y Trump apuesta por negociar con él una especie de transición pactada de salida de poder y exilio toda vez que Washington se asegura el retorno firme de las multinacionales estadounidenses al mercado energético venezolano, la posición de Rubio se vería igualmente en riesgo al no poder explicar por qué este amplio despliegue militar no produjo resultados políticos tangibles y deseosos para varios sectores de la «línea dura» tanto del MAGA como del Partido Republicano, ansiosos de por desalojar a Maduro del poder.

¿Sobrevivirá Maduro a una «Bahía de Cochinos 2.0»?

La oficialmente denominada operación antinarcóticos en el Mar Caribe impulsada por Washington supone la mayor movilización militar en el Caribe probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

Continuando con las comparaciones históricas, este escenario podría igualmente amparar la posibilidad de reproducción de una especie de «Bahía de Cochinos 2.0», realizando una comparativa con la operación llevada a cabo contra Cuba en 1961 por exiliados cubanos y la CIA apoyados por la administración Kennedy.

Ante este intrigante escenario no se debe descartar que sus consecuencias podrían implicar efectos contraproducentes para la estrategia de Washington. Por un lado, y al igual que sucedió en 1961 con el recién instaurado régimen socialista en Cuba, el eventual fracaso de una operación «Bahía de Cochinos 2.0» de 2025 contra Venezuela podría significar una perspectiva de consolidación del poder de Maduro, ahora instrumentalizada en términos de relato «soberanista y revolucionario» que le permita consolidar un sello personal y político dentro del «chavismo».

El uso punitivo de la fuerza por parte de Washington busca otra salida: la puesta en marcha de una transición pactada entre las elites del poder en Caracas y los actores exteriores con peso decisivo en los asuntos venezolanos, principalmente en los casos de EEUU, Rusia y China y, en menor medida, Brasil y Colombia.

En este último caso, el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido igualmente señalado por Trump dentro de esta campaña militarista «antinarcóticos» en el Caribe, aspecto que le habría obligado al mandatario colombiano adoptar una prudente distancia en lo relativo a su tradicional apoyo a Maduro y ante lo que pueda suceder en Venezuela. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva ha mantenido su tradicional posición de rechazar la violencia y apostar por la negociación.

Así mismo, la tensión entre EEUU y Venezuela determina un respectivo pulso de legitimidades entre los actores involucrados. Toda vez que le favorece el giro hacia la derechización en América Latina por la vía electoral (Bolivia, Ecuador, Argentina, posiblemente Chile), Trump necesita consolidar un triunfo internacional que desvíe la atención de las tensiones internas en EEUU, ya anteriormente mencionadas.

En el caso venezolano, Maduro, simbólicamente entronizado como «el hijo de Chávez», su sucesor no sólo en el poder sino en el devenir del proceso revolucionario, busca hacer realidad el viejo sueño de su «padre político»: resistir el asedio del «Imperio del Mal» estadounidense, independientemente si la misma conlleva una acción militar. Un episodio que, si bien no es exactamente comparable con la histórica invasión de «Bahía de Cochinos», sería convenientemente aprovechado por Maduro para instrumentalizar una narrativa heroica propia que le permita fortalecer su imagen y la de su estructura de poder.

Entran en esta ecuación algunos aspectos que no se deben pasar por alto y que podrían beneficiar a Maduro. Si bien es cierto que existe un portentoso despliegue militar estadounidense, es evidente la disparidad en el equilibrio de fuerzas en relación con Venezuela, en este caso obviamente favorable a EEUU, son escasos los indicios que confirmen la posibilidad de que Trump tenga decidida una invasión terrestre para desalojar del poder a Maduro, bajo el argumento de la amenaza del narcotráfico, siguiendo un guion similar al de la invasión a Panamá de 1989.

Diversas fuentes estiman en 15.000 los marines establecidos en este despliegue militarista estadounidense en el Caribe, ampliados con una logística naval y comunicativa de alto nivel, con nueve buques de guerra. No obstante, es preciso resaltar que esta cifra es insuficiente para invadir un país, Venezuela, de casi un millón de kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de costa con el Mar Caribe, aproximadamente 30 millones de habitantes y una Fuerza Armada que, si bien observa condiciones de cierta precariedad si lo comparamos con sus homólogos estadounidenses, cuenta con más de medio millón de efectivos y el apoyo logístico y de entrenamiento de potencias militares como Rusia, China e Irán.

Los rumores constantes y las idas y venidas de la estrategia diletante de Trump dan a entender que, más allá del hecho de que la invasión «esté sobre la mesa», no existe una estrategia definida y efectiva ni mucho menos una «quinta columna» dentro de Venezuela capacitada operativamente para apoyar esta invasión exterior que permita derrocar a Maduro. No se percibe quiebra ni en el Alto Mando de la FANB ni en los mandos medios, así como tampoco en las altas esferas del poder ni en los cuadros políticos y burocráticos del oficialismo. Lo que se observa es un «atrincheramiento» dentro del «chavismo-madurismo», en actitud expectante hacia lo que realmente pretende Trump.

Si bien es cierto que predomina una tensa calma y la consecuente incertidumbre y expectación hacia lo que puede ocurrir toda vez que se activan de manera disuasiva los mecanismos de seguridad oficiales, hoy en día las calles de Caracas distan notablemente de observar un clima de efervescencia política o de paranoia social ante una inminente invasión.

Por otro lado, la oposición venezolana está prácticamente desaparecida, por mucho que María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 que irónicamente apoya la intervención militar estadounidense en su país, se esfuerza hasta la saciedad desde la clandestinidad por hacer un llamado a la rebelión militar incluso anunciando un gobierno de transición donde ya ha sellado las claves de la nueva relación con Washington vía beneficios de inversiones petroleras y de otros recursos minerales estratégicos. Machado prometió generar US$ 1,7 billones en los próximos 15 años a través de la privatización de la industria petrolera.

Por otro lado está el eje Cuba-Venezuela que Rubio ansía desarticular en aras de procrear transiciones políticas en ambos países. De acuerdo con el economista cubano Pavel Vidal, la isla caribeña perdería el 7,7% del PIB si deja de recibir petróleo venezolano. No obstante, los expertos especulan con que la cúpula militar cubana difícilmente se encamine a destruir el sistema del que es la piedra angular, con riesgo incluso de desaparecer en caso de que esto suceda.

En respuesta a la puesta en escena militarista de Trump, Maduro ha hecho lo mismo en las calles venezolanas vía extensión de la Milicia Popular Bolivariana. El número de efectivos es lo de menos; lo importante es el mensaje en clave política. Y no es exactamente dirigido hacia Trump sino más bien ante cualquier posibilidad de disidencia política y militar dentro del régimen venezolano, y ante la posibilidad de acciones sediciosas opositoras aparentemente amparadas desde Washington.

Como imagen propagandística ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional a la hora de reflejar quién «está al mando», Maduro está aprovechando la crisis en términos políticos, reorganizando las estructuras de poder vía consejos comunales populares y organizaciones sindicales y trabajadores. Con ello, Maduro busca recuperar la noción «chavista» del «pueblo armado en las calles», de la «revolución pacífica pero armada», del «poder popular vía Comuna» que tanto explayaba Chávez en sus discursos.

Tras varios años de cierto ostracismo, la Milicia Popular, formalizada como una especie de «guardia pretoriana» del chavismo, ha retomado su protagonismo en este 2025 de rumores de invasión estadounidense.

La realpolitik entra en escena

Mientras el despliegue militar estadounidense toma posiciones en el Mar Caribe muy cerca de las costas venezolanas se filtró la información de una negociación directa entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un eventual plan de paz en Ucrania.

En esta ocasión aparentemente más receptivos, Europa y la OTAN no han desaprovechado la ocasión para mostrar su malestar e incluso incredulidad ante un pacto Trump-Putin en el cual quedan visiblemente fuera del centro de decisión.

Aquí vuelve a entrar en juego la realpolitik. El ultimátum de Trump al presidente ucraniano Volodymir Zelenski para aceptar este plan de 28 puntos que beneficia claramente a Rusia, evidencia la impaciencia de Washington, ansiosa de tener menos ataduras en el exterior para intentar definir una salida efectiva a la crisis con Venezuela, especialmente con la finalidad de neutralizar la posibilidad de una intervención rusa dada su alianza con Maduro. Es pertinente considerar que estos contactos informales entre Trump y Putin sobre Ucrania en medio de la crisis de EEUU y Venezuela definen equilibrios colaterales que muy probablemente influirán en lo que pueda suceder en Venezuela.

Si la escalada de tensiones aumenta, Trump podría ensayar en Venezuela lo que en 2017 hizo contra la Siria entonces gobernada por Bashar al Asad (hoy exiliado en Moscú) ordenando en este caso una serie de ataques quirúrgicos y concretos contra instalaciones militares venezolanas lanzadas desde portaaviones estadounidenses, en este caso en el Mar Caribe.

No deja de ser curioso que Trump acaba de recibir en la Casa Blanca al «sucesor» de Bashar al Asad en el poder en Siria; el ex yihadista Ahmed al Shara’a, un personaje por el que una vez Washington llegó a pedir una recompensa de US$ 10 millones por su captura «dead or alive». Una recompensa menor a los US$ 50 millones que ha pedido la Casa Blanca por Maduro con la intención de provocar una sedición militar y una rebelión popular en Caracas, hasta ahora inexistente, pero que se convierta en un bálsamo para «blanquear» las expectativas de intervención militar por parte de Washington.

Más allá de la escalada ruidosa de rumores y de la escasez de confirmaciones informativas, de salir airoso de esta crisis, una posibilidad que cobra fuerza mientras el tiempo pasa sin observarse novedades concretas, Maduro estaría por consolidar su poder incluso «legitimando» su presidencia, despejando así las acusaciones sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Por otro lado, un Trump acosado por la caída de popularidad, los rumores en torno al escándalo Epstein, el coste social y económico del cierre durante más de 40 días del gobierno federal y la crisis interna en el MAGA, se vería políticamente expuesto en caso de escenificarse una infructuosa aventura militar caribeña del que existe más ruido que certezas y que lleva ya cuatro meses de duración desde la puesta en marcha en agosto pasado de la operación «antinarcóticos».

Ante este escenario propio que podríamos denominar «Bahía de Cochinos 2.0», Maduro muy probablemente buscará imponer su sello personal y político especialmente dentro del «chavismo» que sigue comparándolo, en algunos casos con suspicacia, con el «Comandante Eterno» Hugo Chávez. Resistir, con concesiones o sin ellas, supone para «el Hijo de Chávez» ganar esta partida de póker con Trump y consolidar al «madurismo» como la estructura de poder absoluto en Venezuela.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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SALIR DE LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE: EL PLAN DE PAZ Y LAS DECISIONES QUE NUNCA DEBIERON HABERSE ADOPTADO

Alberto Hutschenreuter*

En sus puntos esenciales, el plan de paz de 28 puntos que intenta detener la guerra ruso-ucraniana no ofrece demasiadas sorpresas. Su principal impulsor, el presidente Trump, antes de convertirse en mandatario ya se refirió al esfuerzo que tendría que hacer Ucrania para salir de la confrontación. Más todavía, tras su asunción, en enero pasado, advirtió que Kiev podría sufrir mayores pérdidas territoriales de no aceptar la situación en el terreno.

Lo relativamente novedoso es que hoy Ucrania afronta múltiples debilidades en relación con un año atrás o menos. Consideremos las principales.

En el frente militar, las fuerzas ucranianas no han podido detener el avance de los soldados rusos. Si bien ese impulso ha sido lento y con un costo humano muy alto, a la ventaja que supone para este país la capacidad de reclutamiento (que hoy podría estar disminuyendo), hay que agregar la consolidación de la adaptación de Rusia a la guerra, la producción de la industria militar y el incremento de los ataques con drones, la nueva modalidad de la guerra que, como sostiene George Friedman, está dejando atrás su modo de confrontación militar basado en el concepto de masa, es decir, gran número de tanques, tropas, entre otras capacidades.

Con la pronta llegada del frío y las lluvias, todas las dificultades que afronta Ucrania en el terreno se multiplicarán, particularmente las relacionadas con la logística, pues el avance ruso tras la captura de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico en la zona oriental del Donetsk, podría crear bolsones (la especialidad rusa en batallas) en los que queden más expuestos o directamente atrapados los soldados y equipos ucranianos. En tanto, en la región nororiental, los rusos continúan avanzando hacia las ciudades de Kupiansk y Lyman, las que durante 2022 Ucrania recuperó de Rusia.

En el frente interno de Ucrania, los problemas humanitarios y socioeconómicos se profundizaron como consecuencia del esfuerzo bélico. Los millones de ucranianos que descendieron a la pobreza superan a los millones que abandonaron el país desde 2022. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de febrero de 2025, casi 13 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Ucrania, hay más de 3,6 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania y cerca de 7 millones de ucranianos refugiados y solicitantes de asilo en diferentes partes del mundo.

En el nivel gubernamental, las repetidas situaciones de corrupción han llevado a que en el país exista casi un «estado de corrupción» más que «casos de corrupción». Basta considerar que por la corrupción han tenido que marcharse los ministros de Energía, Justicia y Defensa.

Como bien considera el británico Ian Proud, ex Consejero Económico de la Embajada británica en Moscú, con las elecciones en pausa, en Ucrania existen menos controles y contrapesos constitucionales sobre el poder de los oligarcas que antes de la guerra. Por ello, hay quienes sostienen que poner término a la guerra y cortar el flujo de dinero facilitaría a los próximos dirigentes reorientarse hacia la adhesión a la Unión Europea.

En relación con ello, y específicamente a raíz del escándalo que se produjo como consecuencia de la malversación de fondos y sobornos en la compañía estatal de energía nuclear, no fue casual que el canciller alemán se refiriera recientemente a la creciente preocupación europea sobre la corrupción.

A estas situaciones comprometedoras para Ucrania, hay que considerar también que la concepción estratégica estadounidense en tiempos de Trump guarda propósitos relativos con el «reparto de cargas» entre los socios estratégicos occidentales, es decir, que los europeos asuman sus responsabilidades financieras en materia de defensa y en materia de conflictos intra-continentales; y con la «resignificación de zonas estratégicas» por parte de Washington, es decir, la prioridad de Estados Unidos no se encuentra tanto en la placa geopolítica del este de Europa, salvo en temas geoeconómicos que se extienden al Asia central, sino en las placas de Oriente Medio-área del golfo Pérsico y la del Pacífico-Índico, donde residen cuestiones relativas con negocios, mercados, tecnología, alianzas, neo-contención múltiple a China, entre otras.

El plan de paz sin duda es controvertible, pues se acerca demasiado a un estatuto de capitulación militar y geopolítica que prácticamente deja a Ucrania sin margen de acción.

En un reciente artículo, el especialista estadounidense Thomas Friedman considera el plan como una traición flagrante a los aliados y a los valores de Occidente. Advierte que si finalmente el plan es impuesto a Ucrania, sus impulsores vivirán en la infamia como sucedió con Neville Chamberlain, el primer ministro británico que defendió una política de apaciguamiento, cuyo objetivo era evitar la guerra con la Alemania nazi. Para ello, en la Conferencia de Múnich de 1938, junto con otros dirigentes europeos, se entregó a Hitler una parte del territorio de Checoslovaquia.

Sabemos cómo siguió la historia. Friedman tiene razón, claro. Lo que no dice es que desde que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania fungió como un dique de contención para Francia y Reino Unido, los garantes de la seguridad europea, ante el verdadero peligro para Europa: el comunismo soviético. Cabe preguntarse entonces, ¿valores o intereses? Por demás pertinente resulta aquí la lectura de la obra del historiador británico Ian Kershaw, «Un amigo de Hitler. Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial».

Los 28 puntos del plan de paz son, en gran medida, la respuesta a una decisión que nunca debió haber sido tomada: la de Ucrania cuando, apenas llegado al poder, el presidente Volodímir Zelenski desplegó una política exterior y de defensa que no admitía otras alternativas, esto es, convertir a Ucrania, a todo o nada, en un miembro de la OTAN.

Por supuesto que no se trató de una decisión que nació en el gobierno ucraniano. Se trataba de una política que venía desde hacía mucho tiempo atrás, en gran medida impulsada por las administraciones estadounidenses demócratas, para quienes Rusia nunca dejaría de ser un país geopolíticamente revisionista: del mismo modo que la URSS había sido un actor revolucionario que nunca detendría su lucha a nivel global, el «Estado continuador», Rusia, tarde o temprano volvería a plantear desafíos a Occidente. Porque para aquella fuerza política estadounidense y sectores de lo que en Rusia denominan la «Europa Popper» (en oposición a la «Europa Spengler»), Rusia desconoce la idea y práctica del «pluralismo geopolítico».

Por tanto, e independientemente de quién se encontrara en el poder, contenerla (o neocontenerla) en sus propios lindes era la manera de neutralizar a Rusia. En varias oportunidades la Alianza Atlántica se refirió a la inclusión de Ucrania en su seno. En 2008, uno de los años estratégicos en lo que llevamos del siglo, en la cumbre de la OTAN en Rumania se aprobó una declaración sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia.

Pronto vinieron los hechos que derivaron en la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia (otro momento estratégico), y a partir de entonces comenzó otra de las causas profundas de la guerra en Ucrania: los enfrentamientos, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk, en el este de Ucrania. Esta guerra sigilosa (en territorio europeo) fue casi determinante para que Moscú, cuando finalmente sus demandas relativas con alguna garantía de no ampliación de la Alianza y con la restitución de derechos a la población filo-rusa de Ucrania no fueron respondidas, decidiera poner en marcha lo que denominó «Operación Militar Especial».

Hasta ese momento, la «potencia institucional europea» tuvo la posibilidad de disuadir y persuadir a Ucrania de «bajar» su política de marcha inalterable hacia la OTAN. Pero no solo no lo hizo, sino que ni siquiera propuso algún modelo basado en un congelamiento o moratoria. Mucho menos lo hizo el gobierno demócrata en Estados Unidos (el actor primus inter pares en la OTAN), que en noviembre de 2021 continuó hablando en la misma Kiev sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania. En este sentido, es muy atendible lo que ha dicho estos días el presidente Trump: «la guerra nunca habría ocurrido si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2021».

En suma, la guerra tiene una génesis de cuño geopolítico y su salida necesariamente será en clave geopolítica. Por supuesto que aquí quedan relegados el multilateralismo y los grandes principios del derecho internacional. Pero, en rigor, fueron quedando al margen cuando su lugar fue ocupado por las silenciosos códigos e intereses de una geopolítica occidental que terminó por difuminar la necesaria seguridad indivisible en ese «cinturón de fragmentación» que es Europa del este. Ninguno de los estadistas y especialistas estadounidenses estuvo de acuerdo con la ampliación de la OTAN, desde el propio George Kennan hasta Henry Kissinger, pasando por Brent Scowcroft, Kenneth Waltz, John Mearsheimer, entre otros.

Según la experiencia internacional y la geografía a la que se pertenece, la geopolítica enseña que el mejor modo de ejercer la soberanía es no ponerla a prueba, a menos que el actor dispuesto a hacerlo cuente con la seguridad de que logrará vencer al que dejó más que en claro las consecuencias de ello.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula La Geopolítica nunca se fue, Editorial Almaluz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025.

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DE LOS CONCEPTOS DE NACIÓN Y SOBERANÍA DEL GENERAL GUGLIALMELLI AL SERVILISMO ACTUAL

Marcelo Javier de los Reyes*

Introducción

En septiembre de 2020 publiqué el artículo titulado «Recordemos al general Guglialmelli en medio de la ceguera geopolítica y estratégica» en el que hice una breve mención biográfica, destaqué su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar y que consideró que era imprescindible desarrollarla, para lo cual hizo propuestas, particularmente respecto de la provincia de Santa Cruz, así como su visión geográfica de la Argentina a la que le atribuyó un carácter «peninsular».

Tenía clara conciencia de cómo las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o ambas en forma conjunta, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. En ese texto cité, como ejemplo de esas integraciones regionales, la referencia a la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país. Del mismo modo, Guglialmelli destacó la intención de actores externos por mantener a la Argentina bajo la condición de «granja», es decir, cómo esos intereses operaban para impedir la industrialización del país. De tal manera que en esa división internacional del trabajo que se impuso, la Argentina quedaría reducida a proveedora de alimentos, de materias primas y de productos agroindustriales, manteniéndola como un país periférico, dependiente.

Nación y Soberanía

Quince años después de la alocución titulada «Nación y Soberanía» que el General Juan Enrique Guglialmelli pronunciara en la Escuela Superior de Guerra el 15 de diciembre de 1965, la revista Estrategia, fundada por él, la reeditó por considerar que aún tenía vigencia[1].

Sesenta años después de la disertación en esa alta casa de estudios considero que sigue vigente, al igual que todas sus propuestas. En aquella oportunidad se consideraron valiosas porque fueron «prevenciones» ante las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfreo Martínez de Hoz (1925 – 2013). El plan económico de Krieger Vasena ―ministro de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía―, procuró estabilizar la economía mediante una fuerte devaluación del 40%, la reducción del déficit fiscal a través de retenciones agropecuarias y un control estricto de los ingresos salariales y precios. Este plan liberal combinó la devaluación con medidas para estimular la eficiencia económica a través de la reducción de aranceles y de la desregulación financiera, pero provocó descontento en sectores como el agro y las pequeñas industrias.

La política económica de Martínez de Hoz, siendo ministro de Economía (1976 – 1981) del último gobierno cívico militar, tuvo como propósito transformar el modelo económico argentino a partir de la desregulación, la apertura al mercado internacional, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la especulación financiera sobre la producción. Entre sus medidas pueden mencionarse la liberación de los precios, el congelamiento de los salarios, los acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial y la suspensión de las paritarias. Para llevar a cabo su plan apeló a la reforma del Estado, la liberalización de la economía y la aplicación de la denominada «la tablita», la cual consistía en un sistema de devaluación prevista del peso. El objetivo principal de estas medidas apuntaba a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones, lo que derivó en el inicio de un siniestro proceso de desindustrialización nacional. En resumen, su política económica provocó la bancarrota de la economía argentina.

Las «prevenciones» y las propuestas del general Guglialmelli hoy siguen vigentes, pero también es cierto que fueron y siguen siendo omitidas por los equipos políticos y económicos de los gobiernos de esta partidocracia, principalmente por los de Menem, De la Rúa, Macri y actualmente por el de Milei. No obstante, no están exentos los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, los que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para una verdadera recuperación de las capacidades de nuestra Argentina.

Al pensar la Nación debemos hacerlo de forma integral, tal como lo pensaba en su momento el general Guglialmelli, en su aspecto espiritual, económico, político, cultural y en materia de defensa. Expresaba entonces que la «soberanía es la condición misma de la Nación, su tesitura espiritual y moral, su lado material»[2]. Agregaba que «la nación pasó entonces a ser el único espacio en el cual era posible el pleno desarrollo de un pueblo»[3], mientras que la soberanía «se constituyó en el instrumento de lucha de los propulsores de la nacionalidad»[4].

Guglialmelli en sus escritos hacía hincapié en el aspecto espiritual. Es que cuando se corroe la espiritualidad de un pueblo, su andamiaje se derrumba. Vale aquí recordar la célebre frase de Sun Tzu o Sun Wu o Sun Zi[5]: «Será el mejor de los mejores el capaz de rendir al enemigo sin combate»[6], frase que suele citarse como «El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Desde temprano, ese espíritu de la Argentina comenzó a ser atacado por las ambiciones británicas sobre nuestro territorio.

Si se tiene en cuenta que la nación está conformada por un pueblo que está unido por vínculos culturales, un idioma, costumbres, tradiciones y una religión mayoritaria, esos rasgos se extienden a una amplia región de nuestra América y es la herencia que recibimos de España.

A las bases culturales debe agregarse la base material, las fuerzas productivas. El general Guglialmelli nos hablaba entonces también de «lealtad», sobre la cual «se funda el elemento espiritual que toda nación alienta y que no es otra que la voluntad misma de mantener sus propias peculiaridades, su propio estilo de vida. En síntesis, de autodeterminarse»[7]. Resalto este término: autodeterminarse, es decir, lo que nos distingue, lo que nos diferencia de otros.

Hablaba entonces del «ser nacional». De tal manera que las bases culturales, la base material y la lealtad hacen al «todo» que nos permite autodeterminarnos como nación. Sin embargo, la autodeterminación requiere de un desarrollo económico, del sentimiento de comunidad por parte de los miembros que comparten el territorio y de una articulación ―en términos de comunicación― de ese territorio.

En esa alocución se refería a un proceso de «vertebración» comunitaria que es fundante de todo proceso de formación nacional. Esto requiere, en términos sociales, excluir las diferencias entre los individuos y lograr la armonía entre los sectores productivos, el agropecuario, el industrial y el de servicios. Por supuesto, en este escenario integral cobran un rol fundamental las Fuerzas Armadas, las que participan de todas las actividades de la comunidad pero que, fundamentalmente, se vinculan a la soberanía y a la lealtad a la Patria. En este punto, el general Juan Enrique Guglialmelli destaca la relevancia que el factor militar tuvo en la unidad nacional.

Tras mencionar algunos hitos de nuestra historia, pone el acento en el campo de la economía como el baluarte primordial para la defensa de nuestra soberanía nacional y destaca el vínculo íntimo que existe entre la estructura económica con el poder militar.

En lo que se refiere a los sectores productivos cabe mencionar textualmente un párrafo de esa alocución:

La Argentina, en función de una perspectiva unilateral basada en ciertos factores de economicidad, podría postergar definitivamente ciertos rubros básicos, como el hierro y el acero, y quedar relegada fundamentalmente a producir alimentos y ciertas industrias livianas. Por este camino, y así lo enseña la experiencia histórica de otros pueblos, renunciaríamos de hecho a un destino cierto de gran potencia.[8]

Aquí debo señalar que el propio autor utiliza la letra cursiva para destacar ese párrafo.

La realidad es que la Argentina renunció a su destino de «gran potencia» gracias a su dirigencia política, empresaria, sindical y al poder judicial, cuyos miembros en general son cómplices de los gobiernos de turno. Al que le moleste la «generalización» deberá comprender que si no hubiera habido mayoría en esos sectores de la sociedad, tal frustración no hubiera ocurrido. Si cuestiona el término «mayoría», puede reemplazarlo por los que estaban en los lugares de toma de decisión.

Nuestra Argentina está, de alguna manera, como la Unión Soviética en 1991 y sin una dirigencia destinada a salvar la Argentina. Muy por el contrario, toda la dirigencia demuestra una clara falta de lealtad, contribuyendo a la disolución de la comunidad nacional y a la desarticulación territorial.

Guglialmelli previó en aquellos años el riesgo de las integraciones supranacionales, más precisamente, las que consideró como una «fatalidad histórica». A modo de ejemplo citó el proceso de la comunidad europea, cuyos resultados negativos hoy se observan claramente a partir de que el bloque y buena parte de sus países están liderados por gobernantes que siguen a pie juntillas lo que la angloesfera le dicta: los europeos se involucraron y se involucran en conflictos ajenos y crearon los propios en la ex Yugoslavia y en Ucrania. Los resultados están a la vista. Su advertencia respecto a un país que se incorpora a un bloque sin haber madurado su desarrollo económico fue clara:

El problema es distinto cuando a la nación le falta «vertebrarse», cuando el desarrollo es todavía un programa a realizar, un objetivo en perspectiva. En estos casos la acción prematura, cualesquiera sean sus mejores intenciones, mutilará a la nación y, a corto o largo plazo, impedirá obtener los máximos beneficios de un mercado que supere las fronteras nacionales.[9]

¿Podríamos afirmar que este fue el caso de la Argentina? Agrega el general Guglialmelli:

Para un pueblo como el nuestro, en la etapa actual de su proceso histórico, en que lucha todavía por su desenvolvimiento espiritual y material, la soberanía sigue siendo la misma idea polémica de los tiempos en los que los reyes luchaban contra el feudalismo interno, y contra los poderes supranacionales de la Europa medieval.

Esta idea de la soberanía, que se proyecta con contenido tan concreto en el campo económico, opera en un ámbito internacional de signo especial.[10]

Cabe recordar que esto fue pronunciado en 1965, en el contexto de la Guerra Fría. Hoy el contexto internacional tiende a la multipolaridad pero, sin embargo, nuestra América está siendo forzada a circunscribirse a un esquema bipolar en el que los Estados Unidos están procurando cerrar el continente ante la expansión económica de China. La potencia occidental se encuentra en un irreversible proceso de decadencia y realizando esfuerzos por jugar a una bipolaridad que se diluye ―Estados Unidos frente a Rusia y China― como se le diluyó la unipolaridad, un breve tiempo que comenzó tras la implosión de la Unión Soviética en 1990/1991 y que fue revertido a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin en el Kremlin.

Como ya fue mencionado, el general Guglialmelli ha hecho hincapié en varios de sus escritos acerca de la importancia de la espiritualidad y de la cultura:

Cuando una nación no ha logrado vertebrarse, realizarse, consolidar su desarrollo desde el punto de vista espiritual, cultural y material, es objetivamente dependiente. Y su lucha consiste, desde el punto de vista nacional, en afirmar esa independencia por todas las vías, lícitas, que le permitan obtener su logro.[11]

Nuevamente recurrió a la letra cursiva para destacar la importancia de lograr ese desarrollo.

Oportunidades perdidas

Tras la debacle política y económica de 2001/2002, Argentina dio muestras claras de una recuperación pero las cuestiones ideológicas, en algunos casos, y los intereses propios de los actores políticos en otros, operaron en contra de los Intereses Nacionales.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo ciertos logros económicos y desendeudó al país con respecto al FMI. Sin embargo, el componente ideológico retrotrajo la Argentina a la década de los setenta del siglo XX. La mirada al pasado en lugar de poner la vista hacia el futuro estableció nuevas grietas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas fueron estigmatizadas y continuaron desfinanciadas y, en consonancia con ello, la industria de la defensa no fue recuperada. En ese sentido continuó la política del gobierno de Menem.

El viento de cola que proporcionó la economía global no fue aprovechado ni por su gobierno ni por el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Todo quedó a medio camino, la industria no fue plenamente recuperada, los astilleros continuaron su proceso de oxidación y la recuperación de algunos tramos ferroviarios se produjo tras algunos graves accidentes en el sistema. Vale aquí aclarar que hoy sabemos que alguno ha sido intencional. No obstante, no se recurrió a recuperar la industria ferroviaria que la Argentina supo tener y cuyo material también exportó, sino que importó unidades de China.

Con respecto a la industria de la defensa, continuó su proceso de extinción y tampoco se dotó a la Fuerzas Armadas de materiales para la defensa de la soberanía.

Más allá de lo cuestionable de sus respectivos procesos, la reestatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas deben ser considerados como puntos positivos.

El gobierno de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri, siguió esmerilando las cuestiones inherentes a la soberanía nacional; la política en materia de defensa fue absolutamente desafortunada, desmantelando proyectos de desarrollo en el ámbito militar, no introdujo mejoras salariales al personal de las fuerzas y adquirió material inadecuado (los patrulleros oceánicos para la Armada) e inútil (los Super Etendard Modernisé que no vuelan). A ello debe sumarse el «interés inmobiliario» que despertó la venta de propiedades del Ejército. Procedió a desarticular la Policía Federal Argentina con la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, política que fue retomada por el actual gobierno de Javier Milei, quien pretende hacer de la misma un «FBI argentino». En materia económica, su gestión fue desastrosa al punto de endeudar de manera deliberada la Argentina con el mayor crédito que el FMI le otorgó a un país. Al igual que con el actual gobierno y con los mismos actores en el gabinete ministerial y en el Banco Central, el dinero de los empréstitos fue destinado a la «timba financiera» en lugar de utilizarlos en procesos productivos.

En materia de comunicaciones, el sistema ferroviario fue nuevamente omitido y en lugar de ello se consideró que el país podía ser conectado a través de las líneas aéreas. Al igual que sus predecesores, la corrupción en la obra pública fue un elemento que llevó al desmantelamiento de Vialidad Nacional, proceso que es continuado por el gobierno de Milei, quien también avanza en el desmantelamiento de lo que queda en pie del sistema ferroviario.

Algunas reflexiones finales

Nuestra Argentina ha venido siendo desarticulada desde hace prácticamente setenta años, prácticamente la misma cantidad de años que algunos dirigentes políticos citan con una maliciosa intencionalidad pero, peor aún, con gran desconocimiento de nuestra historia. El actual presidente, Milei, con una ignorancia supina de la historia nacional, extiende ese período a los cien años y pese a ser «un especialista en crecimiento con y sin dinero» y tras despreciar en campaña a quienes habían recurrido al FMI para «oxigenar» la economía nacional, ha demostrado la falacia de su especialización y ha caído en lo mismo que criticó, pues no sólo le pidió dinero al FMI sino también al Tesoro de los Estados Unidos, organismos que lejos están de ser instituciones de caridad. En paralelo, sigue destruyendo el empleo y los sectores productivos de la Argentina.

Las «prevenciones» del general Guglialemelli respecto de las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfredo Martínez de Hoz cobran actualidad durante el gobierno de Milei: nuevamente, achicamiento del Estado (por supuesto que siempre adecuado a los intereses de la dirigencia de turno), desregulación, reducción de la inflación, una devaluación extrema del peso del 118% cuando asumió, liberación de las cuotas de los sistemas de medicina prepaga, aumento considerable y constante de los combustibles y del transporte público, desindustrialización, etc.; en fin, lo que ya muchos argentinos hemos vivido en las oportunidades ya citadas.

Pero volvamos a esos setenta años que en realidad procuran apuntar al peronismo como el causante de todos los males. Quizás de nada sirva que advierta que no soy peronista pero ya he aclarado en otro artículo titulado «Perón, peronismo, política y Estado. A 50 años del fallecimiento del general Perón» que para mí el peronismo murió con Perón en 1974 y que ni el menemismo ni el kirchnerismo pueden ser considerados como parte del peronismo. Cuando se habla de esos setenta años debe considerarse que, precisamente, hace setenta años que el gobierno del general Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955. Ese fue un hito importante pues el gobierno militar aprobó un decreto ley por el cual la Argentina ingresó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), en septiembre de 1956, y también al Banco Mundial. Los militares liberales desplazaron a los militares nacionalistas, una puja histórica dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante esos setenta años, de los que políticos oportunistas responsabilizan al peronismo, hubo gobiernos militares, radicales, «pseudoperonistas» («menemismo» y «kirchnerismo») y «pseudoliberales» (gobiernos militares con equipos económicos «liberales», «menemismo», el gobierno de la Alianza, Cambiemos y el actual gobierno de La Libertad Avanza de Milei). Ya aclaré por qué hablo de «pseudoperonistas» con la referencia a mi otro artículo pero con respecto a los «pseudoliberales» es porque el liberalismo es una teoría económica tan irrealizable como los postulados del comunismo. Es muy ingenuo creer que los británicos o los estadounidenses implementan el liberalismo cuando se trata de economías proteccionistas, como las que emplea la propia Unión Europea. Esos gobiernos protegen a sus productores, a sus industrias, lo que los gobiernos argentino no hacen en la Argentina. En esos setenta años se comenzó a desarticular gradualmente nuestro país, a partir de la incorporación a los organismos financieros internacionales, FMI y BM, en 1956.

Ya durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958 – 1962) fue presentado el denominado «Plan Larkin» ―llamado así porque fue elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con el respaldo del Banco Mundial― con la intención, supuestamente, de reducir el déficit del Estado. El informe consistía en un estudio sobre los medios de transporte terrestre y fluvial de Argentina y apuntaba a una fuerte reducción del sistema ferroviario argentino por lo que en 1958 comenzó el proceso de regresión del ferrocarril. Frondizi no se encontraba en situación de llevar adelante la reducción propuesta por el plan (unos 15.000 kilómetros) debido a que los gremios se resistieron fuertemente a ese proyecto pero sí le dio inicio y luego el gobierno cívico militar que asumió en 1976 continuó con el cierre de ramales de la mano de Martínez de Hoz. El mayor desmantelamiento ferroviario fue llevado a cabo por el ministro Cavallo durante la presidencia de Menem en marzo de 1993 y, de la noche a la mañana, trece provincias se quedaron sin trenes.

Cada gobierno hizo su aporte y actualmente Milei está terminando de desarmar el sistema ferroviario y como ejemplo se puede mencionar el cierre definitivo del histórico ramal que une la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca.

El proceso de desindustrialización comenzó en 1976 durante el gobierno cívico militar, con la apertura de las importaciones, incluso de bienes innecesarios que afectaron fuertemente la producción nacional, que quizás hasta eran de mayor calidad que muchos de los productos importados. Una vez más, el gran paso lo dio el gobierno de Menem con el ahora reaparecido Domingo F. Cavallo, gran responsable de la debacle de 2001. En la misma línea siguieron los gobiernos «pseudoliberales» y Milei ha llegado para cerrar el proceso.

Nuevamente escuchamos las monsergas referidas a la reducción del Estado, a la reducción del déficit, al equilibrio fiscal, a la desregulación y a todas esas medidas que han llevado al cierre de industrias nacionales, a la entrega y a la disolución de empresas estratégicas del Estado, al incremento del desempleo y del trabajo informal y al deterioro de la calidad de vida de los argentinos.

Todas estas medidas en contra de los Intereses Nacionales fueron realizadas esmerilando precisamente los conceptos de «Soberanía̶» y «Nación». Si la Nación es una «comunidad unida», en estos setenta años y principalmente en estos más de cuarenta años de una partidocracia corrupta o cleptocracia ―que ha reunido inescrupulosamente a una dirigencia política con empresarios prebendarios, algunos de los cuales ya habían sido beneficiarios de lo que se denominó la «patria contratista»― se han agudizado las diferencias, se han creado «grietas» de toda índole y se ha operado para destruir la espiritualidad de los argentinos.

Así como el general Guglialmelli ponía el acento en la espiritualidad y la cultura, además de lo material, vale aquí recordar una frase del coronel Mohamed Alí Seineldín que está en sintonía con lo que sustenta el ser nacional:

El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más.

La guerra cognitiva le ha sido muy favorable a los enemigos de la Patria con la colaboración de la «quinta columna» que siempre está dispuesta a traicionar los Intereses Nacionales. Cada presidente y cada gabinete de esta partidocracia ha llegado al gobierno para hacerse cargo de una parte del desmantelamiento de nuestra Argentina. Nada ha quedado fuera del plan.

La destrucción de los sectores productivos, de las Fuerzas Armadas, de la Inteligencia Nacional, los ataques a la fe de la mayoría de los argentinos ―agudizada durante el gobierno de Milei― han sido vitales para borrar la Soberanía Nacional, la cual precisa de Fuerzas Armadas con poder de disuasión, una economía sana y una política exterior independiente. Nuestra Argentina actual no cuenta con ninguno de estos requisitos.

En esta fecha tan especial del 20 de noviembre que recuerda la inmensa gesta de la Vuelta de Obligado de 1845, que tuvo lugar sobre el río Paraná, ciento ochenta años después encuentra a este mismo río entregado por el gobierno de Milei al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que «colabore» en tareas de infraestructura y gestión de la «hidrovía», una gravísima afrenta a la memoria del general Lucio N. Mansilla, de Juan Manuel de Rosas y de la de todos los héroes que ofrendaron su vida por la Patria.

Cierro este artículo con otra cita del general Guglialmelli, también tomada de su alocución «Nación y Soberanía»:

Las antinomias engendradas en la ideología existen y operan en el mundo de la realidad. De lo que se trata es de determinar si esas antinomias son propias de la comunidad o si, en el juego de las mismas, tal comunidad es tan sólo un instrumento o el escenario de, o dónde, otras fuerzas persiguen, naturalmente, intereses que les son propios o exclusivos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Juan E. Guglialmelli. «Nación y Soberanía (Reflexiones para ingenuos y desprevenidos)». Estrategia, 64/65, mayo-junio-julio-agosto 1980, p. 5-13. Existe la versión digitalizada: file:///C:/Users/mjrey/Downloads/estrategia-64-65—mayo-junio-julio-agosto-1980—repositorio-guglialmelli-mjEGQynD0aUvZGW5%20(1).pdf.

[2] Ibid., p. 6.

[3] Ídem.

[4] Ídem.

[5] Zi es una fórmula de respeto y no un nombre propio.

[6] Sun Zi. Arte de la guerra. (Cap. III, Plan de Ataque). Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras, 1996, p. 24.

[7] Juan E. Guglialmelli. Op. cit., p. 7.

[8] Ibid., p. 10.

[9] Ibid., p. 11.

[10] Ídem.

[11] Ibid., p. 12-13.

 

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