CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (NOTA 2/4)

César Augusto Lerena*

Publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 16 de enero de 2026.

 

En la nota anterior nos centramos sobre los eventuales conflictos de intereses y/o incompatibilidades que podrían resultar de las actuaciones del ex director del INIDEP y hoy director de Investigación de ese Instituto Otto Christian Wöhler. Avanzaremos en este escrito sobre su rol controversial en la adjudicación de la construcción de los buques de investigación Víctor Angelescu y Mar Argentino y, también el de otros actores que intervinieron en el proceso de adjudicación y construcción de estos buques en España que podrían haberse realizado en Astilleros del país.

Este funcionario, habría conducido el proceso de licitación, adjudicación y entrega de estos buques. Su rol incluyó la firma de documentos oficiales y, la gestión de aspectos operativos. El buque Víctor Angelescu se habría adjudicado con su firma mediante la nota fechada del 30/06/2016 e, incluso, en octubre de ese año visitó el astillero “para inspeccionar los avances”.

Si bien no hemos podido encontrar el dictamen final formal de este funcionario, como hubiese correspondido y, de no existir, sería una cuestión suficiente para observar en el proceso licitatorio, respecto a la preferencia de fabricar en España; no obstante ello, en varias declaraciones públicas defendió la decisión de «adjudicar al Astillero Armón Vigo y, aduciendo un salto cualitativo en tecnología para la investigación pesquera que no estaba disponible localmente, evitándose la demora en la transferencia tecnológica» (2/2016). «Es la primera vez “que diseñamos” un barco con equipamiento de última generación» (3/2016). Enfocándose en supuestos beneficios científicos no económicos, ni de desarrollo tecnológico o laborales.

En 2024 (Revista Puerto) Wöhler no cuestionó la construcción externa. En entrevistas (2016-2017) «justificó la elección española por el “salto de calidad” en investigación marina, acceso a tecnologías avanzadas y cumplimiento de normas BID»; aunque, la Argentina ya había accedido varias veces a la construcción de buques de investigación y otros complejos con apoyo del BID y ¿por qué suponía este investigador que los astilleros nacionales no contaban con capacidad o que eventualmente no podrían presentarse asociados con empresas italianas, alemanas, finlandesas o chinas? ¿Conclusión empírica?

El análisis de conveniencia estuvo bajo su gestión y, como veremos, en asesores convocados por el INIDEP. ¿En el caso del buque Ice-Class pudo estar influido además por su especialidad académica? Contrario a su opinión, todos los expertos y directivos de astilleros argentinos se opusieron y denunciaron irregularidades. No hubo un solo investigador ―salvo los directivos que nos referiremos― que defendiesen el proyecto de construir en España. Para la construcción en el Astillero Armón de España habrían participado distintos actores imprescindibles en esta tarea de promoción y adjudicación de los dos buques de investigación; al igual, que en la gestión muy avanzada e infructuosa de construir el buque oceanográfico con capacidad Ice-Class. La Justicia será el órgano más adecuado para juzgar eventuales responsabilidades y el alcance de ellas.

El Ing. Luis Eugenio Basterra, en su triple condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados (2011/2019); luego Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2019/2021) y, finalmente diputado nacional (2023/2027) no pudo estar ausente de tamaña decisión que hubiese implicado -de concretarse el tercer proyecto fallido- el pago de 161 M de dólares a un Astillero Español por parte del Estado Nacional, con un crédito del BID, sumándose a la tremenda deuda argentina.  

Al momento de la apertura de los sobres de la primera licitación el 02/09/2015 el Subsecretario de Pesca de la Nación era el Dr. Néstor Miguel Bustamante (2015-2017); continuaron a cargo de esta Subsecretaría el Dr. Juan Manuel Bosch (2017-2019) y Carlos Liberman (2019-2023) y si bien el Consejo Federal Pesquero -según sus Actas- nunca intervino en el proceso, debieron estar en conocimiento de la adjudicación y construcción de los buques. Esenciales responsables de estas adjudicaciones son los Consejos Federales de Pesca (CFP) desde 2015 a 2023, algunos de cuyos miembros se encuentran integrando ese cuerpo hasta hoy; entre otros el actual Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla. El CFP es quién establece la política pesquera y de investigación (Art. 9° Ley 24.922) y jamás trató la construcción ni adjudicación de los buques de investigación ni planificó el desarrollo pesquero en relación con la necesidad de adquirir en el extranjero estos buques y, el INIDEP (Art. 12° Ley 24.922) debe administrar los buques de investigación pesquera “conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan…”. Llamativamente, los integrantes del CFP dejaron en manos de unos pocos -algunos extranjeros- la decisión política.

También se le atribuye un papel muy importante “en el proyecto” al Lic. Oscar Horacio Padín, quien fue miembro del CFP (1999-2011); asesor del diputado Basterra (2011-2019); investigador del INIDEP (desde 1980); Director del CIMAS en Río Negro (2014-2020) y, en oportunidad de ser Director del INIDEP (2020-2023) -a instancias del Ministro Basterra- fue uno de los gestores del buque oceanográfico “Ice-Class 7” (Pescare, 2/3/2023); que, por Decreto 140/2023 del P.E.N. aprobó el contrato modelo entre Argentina y el BID por un préstamo de hasta U$S 125 M para financiar el PROSAMA que, incluía entre otras cosas, la construcción de ese buque. La decisión de construir un buque para operar en regiones polares o subpolares, donde el hielo representa un riesgo significativo y que el CFP ni siquiera debatió su construcción al igual que el sector empresario; pese a tener las necesidades insatisfechas respecto a investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina y el mar adyacente. Un proyecto que antes de terminarse ya estaba direccionado para construirse en el extranjero. El cambio de gobierno le quitó la supuesta esencialidad.

En las Memorias de 2020 del INIDEP Padín «celebró la incorporación como una “joya” de la flota, destacando los esfuerzos administrativo, legal y financiero para construir en España los dos buques que representan un “paso cuantitativo y cualitativo” en estudios pesqueros y oceanográficos». Nosotros diríamos irónicamente: “Nada como pensar que lo de afuera es siempre mejor”. Raúl Scalabrini Ortiz, lo desnudaba como un complejo de inferioridad: la creencia de que el progreso solo llega de afuera, que lo extranjero es inherentemente mejor, y que la Argentina debe someterse a modelos ajenos para avanzar.

Del mismo modo se le atribuye -en los ambientes portuarios- un rol protagónico al doctor Carlos Ángel Lasta, ex Investigador del INIDEP; miembro del CFP (2020/2023); Asesor de la CTM del Tratado del Río de la Plata y del INIDEP en la gestión de Padín y, actor en las reuniones con el BID y la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) donde se acordó con el BID. Ha sido un referente clave en el sector vinculado a la investigación.

Asimismo, el CPN Ramón María Basanta, primero director Administrativo del INIDEP (2016-2021) y luego representante del DIPROSE, resultando una pieza clave en esta determinación de extranjerizar la construcción de los buques. En su visita al Astillero Armon (Faro de Vigo, 16/12/2018) manifestó “hemos cerrado el nuevo diseño hace unos días y ahora tendremos un barco oceanográfico de clase mundial (…) la Argentina confía plenamente en Armón”. Este oscuro agente se atribuía la responsabilidad y, erraba en la opinión de los argentinos de construir fuera del país. No se trató de un mero funcionario administrativo del INIDEP a la hora de concretarse la adjudicación y los proyectos de los tres buques de investigación. “Ahora tenemos claro que valió la pena” acotaría en ese mismo momento el Ing. Luis Javier Picco ¿A qué “pena” se refería este Asesor del INIDEP que aparecía muy vinculado al Astillero Armón?

Basanta, además de funcionario del Estado, para esos años presidía la Sociedad “Garay 1831 SA” con oficina en la calle Garay 1831 de Mar del Plata (02/08/2017); aunque resulta llamativo que en este estudio ―según nos indica un testigo presencial― en mayo de 2021 «se estuviese trabajando sobre los planos del proyectado buque oceanográfico Ice-Class para asignarle ―seguramente― la construcción a Armón por más de U$S 125 M»; en lugar, de hacerlo en el ámbito propio del INIDEP, como hubiese correspondido dada la confidencialidad de un proyecto que luego se licitaría. ¿Qué hacía un director administrativo en la botadura del Angelescu en España en 2017 junto a director científico Otto Wöhler?

Según denuncia el Ing. Podetti el Ingeniero Naval Luis Javier Picco contratado por el INIDEP era un gestor comercial del Astillero Armón. En estas condiciones es poco probable su imparcialidad a la hora de participar en la elaboración de los pliegos; evaluar las ofertas y analizar la construcción. Un gran conocedor y activo participante en el sector pesquero y naval manifestó: «afirmo que el profesional contratado por el INIDEP no es independiente del Astillero Armón ya que el día previo a la apertura de sobres de la licitación del buque costero, me mostró carpetas con documentación que presentaría el Astillero Armón en su propuesta técnica-económica, las cuales estaban en el baúl de su vehículo personal. Además, no tuvo reparos en acompañar a los directivos del Astillero Armón en distintas acciones comerciales con Astilleros locales y hasta con las autoridades del Chubut, como se muestra en la Revista Puerto» (09/06/2017).

¿Este Picco sería el mismo que «se desempeñaba? «como Presidente de la armadora pesquera Makro SA con varios barcos de la flota amarilla de Rawson, beneficiada con el Reparto de Fomento Productivo (FAFP) de langostino que distribuyo 5 mil toneladas hasta 2028 y, por si faltaban coincidencias, su empresa “Luis Javier Picco SA” tenía domicilio en la Av. Julio A. Roca 751 piso 6° CABA, el mismo de la Empresa Mar Perlado» (Partes de Pesca, 17/05/2024). Además de todo, Asesor del INIDEP en la gestión de Padín.

Nos dice también el Ing. Raúl Podetti: «entre miles de ingenieros navales del mundo, el INIDEP seleccionó a Juan Luis Sánchez Pastrana de la consultora “Astur Marine” y estrechamente relacionado a Armón y gran parte de su trabajo de “asesoramiento” lo realizó para el astillero Armón, que resultaría seleccionado para la construcción de los dos buques del INIDEP. Este organismo se basó en un informe de Sánchez Pastrana para elegir un diseño “a medida de Armón” y descalificar a los Astilleros argentinos».

La técnica y la ciencia se contamina con el negocio, a punto tal, que este personaje participaba en la definición política de regalarle los pocos recursos económicos argentinos a los españoles que, aplicados en el país, podrían haber contribuido al desarrollo de Argentina, generar empleo y soberanía.

Lo dejamos para lo último, pero seguramente cumplió un rol central en la adjudicación de la construcción de los buques en el Astillero Armón de Vigo (España). Claro, se trata del presidente del grupo empresario español Astilleros Armón, Laudelino Alperi Baragaño que, estuvo en Comodoro Rivadavia con la supuesta intención de instalar un Astillero en esa ciudad. Un hombre experto a la hora de cerrar acuerdos y transferir fondos: «los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones de euros en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico (…) un Juzgado investiga un opaco entramado Suiza-Luxemburgo del patrimonio y, un informe cuestiona el origen de los fondos” (Gil-Irujo, El País, 19/07/2024). “La justicia investiga a los empresarios Laudelino Alperi y José Ramón Fernández por un posible blanqueo de capitales con ramificaciones en Suiza, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido e Islas Vírgenes (…) los empresarios se defienden diciendo que estos fondos provienen de sus actividades industriales. En la actualidad Armón es el grupo de construcción más importante (de España) y ha sido muy cuestionado por accidentes laborales, 4 de ellos mortales y prácticas antisindicales…» (Nortes, 20/07/2024).

No parece una empresa cristalina, en la que Otto Wöhler y Ramón Basanta y otros en nombre del Estado Argentino “puedan confiar” entregándole el patrimonio nacional, al tiempo de descalificar a los Astilleros Argentinos.

También habría que analizar el interés -además del británico- de promover una Ley en el Congreso destinada a aprobar el Área Protegida Bentónica “Agujero Azul” con el que se justificaba también la construcción del citado buque Ice-Class; aunque, el Congreso Nacional no aprobó la Ley por distintos informes que nos incluyeron. Un proyecto que parecía atado a la nueva construcción en el Astillero Armón por 125 millones de U$S que, en esa época, le hubiera significado además un costo operativo anual del orden de los 70 millones de pesos.

En la adquisición de los buques “Víctor Angelescu” y “Mar Argentino” del INIDEP existieron diversas denuncias públicas. Estas acusaciones se centraron en presuntos “fraudes” en las licitaciones de 2015/17 adjudicadas al astillero español Armón Vigo S.A., y en la supuesta orientación de los pliegos -amañados- para excluir ofertas argentinas. La Licitación Internacional 1/15 (27/11/2015) para construir el buque de investigación “Víctor Angelescu” se adjudicó en 28,3 millones de U$S sin impuestos a este astillero español. Al año siguiente (8/7/2016) se oficializó la licitación para la construcción del buque de investigación costero “Mar Argentino” donde presentaron ofertas la citada Armón Vigo con 7 millones de U$S sin impuestos y modificaciones. Se agregaron los gastos de traslados y mantenimiento, que encarecieron el costo.

El gobierno les tolera a los españoles la pesca ilegal en alta mar y Malvinas y les compra buques. Insólito. Los funcionarios estarían incursos en el delito de incumplimiento de sus deberes públicos. La corrupción no es solo meter la mano en la lata, también es atentar contra los intereses argentinos y la soberanía nacional. En la próxima Nota (3/4) se detallan algunas de las denuncias de los procesos licitatorios.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

LA PESCA EXTRANJERA SE LLEVA 250.000 TONELADAS ANUALES DE LAS AGUAS ARGENTINAS DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, 14 de enero de 2026.

 

En los últimos tiempos observamos la publicación de alarmantes notas de ONGs ambientalistas que refieren a la pesca ilegal China en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur y  suelen indicarse en estas notas algunos ejemplos repetidos que no representan ni el 0,2% del total de buques que pescan a distancia en ambos océanos. Omiten decir ―entre otras cosas― que, a los chinos, se le agregan un importante número de buques taiwaneses, españoles y coreanos que capturan en alta mar los recursos migratorios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños de Sudamérica. Y lo que es peor aún, nunca denuncian la pesca extranjera de las 250.000 toneladas anuales (desde 1989 a la fecha un total 10 millones de toneladas por una suma FOB estimada en los 27.000 millones de U$S) que se realiza en las aguas argentinas de Malvinas con licencias ilegales de los isleños británicos y donde los españoles o éstos asociados a los isleños británicos, son los primeros apropiadores con bandera ilegal “Falklands”, comercializando luego las materias primas en Vigo (España) y, desde ahí, a la Unión Europea y el mundo, en abierta competencia con las empresas habilitadas en la Argentina y, produciendo, el mayor desequilibrio registrado en el ecosistema argentino de la región austral del Atlántico Sur.

Empecemos por decir, que las Autoridades de Argentina parecen ignorar la pesca ilegal que ocurre en la ZEE Argentina por parte de buques nacionales; la que realizan los buques extranjeros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y en las aguas de Malvinas, sobre la que nos venimos refiriendo desde 1989 (ver: cesarlerena.com.ar); pero, aun preocupándonos muchísimo el tema, no justificamos la intervención de terceras potencias en nuestro territorio marítimo o continental y, en ese sentido, adherimos a las recientes declaraciones del Presidente de la República del Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva de que “No queremos elegir entre China y Estados Unidos”; afirmación que no es otra, que la “tercera posición” del Gral. Juan Domingo Perón de 1947.

Sin embargo, esas ONGs ―pareciera― por los medios de difusión que utilizan para promover sus ideas o por la obsesión y/o la mirada sesgada que atribuye a China todos los males, apoyan indirecta o por estupidez que los recursos naturales de los Estados Emergentes ―al igual que el petróleo en Venezuela― debieran cuidarlos terceros países “más aptos” para administrarlos adecuadamente.

Aunque no lo dicen ―y sería bueno que lo hagan― parecen fundar la idea en que los funcionarios responsables ―Subsecretario de Pesca; Consejo Federal Pesquero; Cancillería; Procuración General de la Nación― no han llevado adelante ninguna acción -de las múltiples posibles- contra la pesca ilegal de los recursos pesqueros argentinos migratorios y, tampoco, han sancionado a los buques que pescan en las aguas de Malvinas, entre ellos los españoles (el Reino de España reconoció la independencia argentina en 1863 y con ello todos los derechos soberanos argentinos en Malvinas); pero, también es necesario preguntarse, si esa inacción no está en línea con el rol declamador de estas organizaciones ambientales que reducen su accionar a señalar a un único responsable: China, como si la cuestión fuese una mera cuestión meramente biológica y no geopolítica.

Y la ecuación de instalar el estado de necesidad es inevitable: Estado ausente + “Cuco Chino” + denuncia parcial de ONG “sin fines de lucro”: intervención y/o privatización extranjera del control.

No es una fantasía ni una fabulación. Con el mismo criterio la ONG WCS promovió la necesidad de un Área Protegida Bentónica en el “Agujero Azul” bajo el argumento de cuidar el medio marino y en realidad destinado a cerrar el cinturón azul (Blue Belt) de las islas Malvinas asegurándole la llegada de los recursos migratorios a la administración ilegal de los Archipiélagos y, hay quienes dicen que también justificó la necesidad de contar con un nuevo buque de investigación de costo millonario.

También, algunas ONG promovieron la ratificación por parte de Argentina del Tratado de Biodiversidad en alta mar (BBNJ) que colocaría al Reino Unido en condiciones de participar en la administración de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroccidental como si se tratara de un Estado ribereño o un Estado de Pabellón. Todo bajo el pretexto de dar sostenibilidad al medio marino.

Es notable, que cuando un grupo de ONG analizaron algunos Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) con motivo de las exploraciones sísmicas de Equinor y Shell para determinar la presencia de hidrocarburos, solo refirieron a la protección de los grandes mamíferos, las aves y las tortugas y omitieron poner énfasis a las especies pesqueras que son alimento de éstas y el sostén de toda la industria pesquera argentina; además, de ser, muchas de ellas, particularmente sensibles a las exploraciones sísmicas.

Por cierto, lo dicho anteriormente, nos mueve a efectuar a algunas preguntas para dar coherencia a esta legítima y necesaria preocupación de erradicar la pesca ilegal:       

Por qué estas ONG no cuestionaron la Ley de Bases diseñada por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que pretendió liberar el mar argentino a toda la flota extranjera que depreda el Atlántico Sur, entre ellas las licenciadas británicas en Malvinas; sin necesidad de desembarcar en los puertos argentinos o prohibir los desembarcos en el mar (una de las formas más habituales de esconder la pesca ilegal).

Por qué estas ONG no cuestionan el descarte a bordo en la ZEE en la Argentina, que las organizaciones nacionales e internaciones estiman un 30% de las capturas declaradas desembarcadas.    

Por qué estas ONG no han cuestionado los Acuerdos entre la Unión Europea y el MERCOSUR sin que España -previamente- no dé por terminada la pesca en el Atlántico Sur, entre otras, la que realiza asociada a la Corona Británica en Malvinas (cesarlerena.com.ar, “Luces y Sombras del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en la pesca”, Perfil 19/12/2025) y, que, además, podría dar lugar al ingreso de nuevos buques españoles a la ZEE Argentina y, que, además, por la Ley 24.184 le abriría las puertas al Reino Unido (el principal depredador pesquero y petrolero del Atlántico Sur) al mejor negocio efectuado por la Argentina con terceros países, al igual que el Acuerdo con Estados Unidos.

Por qué estas ONG no han cuestionado este último Acuerdo que, como hemos dicho, afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina (cesarlerena.com.ar “El Acuerdo con Estados Unidos es una Rendición Incondicional” Perfil, 16/11/2025). Por qué debe suponerse, que bajo pretexto de la “Seguridad Nacional” las acciones aplicadas por Estados Unidos a terceros países no se apliquen luego a las capturas argentinas y/o a sus exportaciones y/o el comercio con los países integrantes del BRICS; teniendo muy en cuenta que el principal cliente argentino es China.

Omiten estas ONG, que una de las formas -reconocidas internacionalmente- de facilitar la pesca ilegal “es a través de aplicación de subsidios a la pesca y, precisamente Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador ponga condiciones al contaminado” (cesarlerena.com.ar Ob.cit, 16/11/2025).

Parece inadmisible y desproporcionado que para resolver la pesca ilegal que afecta a la Argentina, ésta haya aceptado el patrullaje en las aguas argentinas por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos; su intervención en la vía fluvial Paraná-Paraguay; el control de los puertos y la eventual instalación de una base naval integrada argentino-estadounidense (abril/2024) en Tierra del Fuego. Y ello, no es una hipótesis tremendista, sino que el propio Presidente Trump ha hecho referencias explícitas a la pesca ilegal (INDNR/IUU) en su política exterior relacionada especialmente a las flotas chinas a distancia (distant-water fleet), promoviendo sanciones económicas; restricciones comerciales (Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 12/2025) e incluso, el acceso de productores estadounidenses a mercados extranjeros y, llevando adelante “una retórica de Trump contra los comunistas en la pesca (China, Rusia)” junto a una crítica a los países que no combaten la pesca ilegal, mientras EEUU lo hace. Si bien ―reiteramos― que es necesario erradicar la pesca ilegal, ello debe ejecutarlo a través de los Estados ribereños correspondientes (en el Atlántico Sur Occidental FAO 41, Argentina, Brasil y Uruguay), con la cooperación de los organismos multilaterales y no, desde una posición hegemónica de un determinado país.

Se dice que la Argentina tiene dificultades para resolver la pesca ilegal de China por tratarse de uno de los principales países que intervienen en su comercio bilateral; ahora bien, darle luz blanca a un tercer Estado en el manejo de sus cuestiones soberanas, no solo es inadmisible desde el punto de vista de su autonomía política, sino que la Argentina quedaría sujeto a los eventuales y previsibles acuerdos entre Estados Unidos y China, donde la pesca sea una mera moneda de cambio; como ya ocurrió en con los Acuerdos con la URSS en 1986 o con la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1994. 

 

“Un montón de piedras no es una casa” (Henry Poincaré)        

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

LA GUERRA QUE NO SE DECLARA. CÓMO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS REDEFINE EL HEMISFERIO Y EMPUJA A LA ARGENTINA AL BORDE DE LA SUBORDINACIÓN ESTRATÉGICA.

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Mientras no hay bombas ni ultimátums, la guerra ya empezó. No con misiles, sino con documentos.

 

En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó la National Security Strategy (NSS) de los Estados Unidos. Presentada como un documento técnico de planificación estratégica, la NSS 2025 constituye, en términos doctrinarios, una declaración de guerra indirecta, al redefinir jerarquías, áreas de influencia y prioridades estratégicas globales[1].

Lejos de limitarse a una orientación defensiva, el documento legitima la securitización de regiones completas, economías, infraestructuras críticas y decisiones políticas de terceros Estados bajo el argumento de la «seguridad nacional estadounidense», desplazando los principios clásicos de soberanía y autodeterminación[2].

Una doctrina Monroe del siglo XXI

La NSS 2025 ubica al Hemisferio Occidental como prioridad estratégica, reeditando una versión funcional y contemporánea de la doctrina Monroe: América como espacio exclusivo de influencia estadounidense.

Bajo conceptos como regional stability, supply chain security y countering malign influence, el documento habilita:

    • presión diplomática estructural,
    • condicionamiento económico,
    • influencia doctrinaria sobre fuerzas armadas aliadas,
    • dominio informativo,
    • intervención indirecta en políticas de defensa y seguridad.

Tal como advierte Brzezinski[3], este tipo de arquitectura no busca cooperación entre iguales, sino administración geopolítica de periferias estratégicas.

Argentina: socio… o subordinado

En la planificación estratégica del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la Argentina aparece caracterizada como:

    • plataforma logística regional,
    • proveedor de recursos estratégicos (alimentos, energía, minerales críticos),
    • espacio geográfico sensible (Atlántico Sur, Antártida),
    • territorio en disputa de influencia entre Estados Unidos y China[4].

La consecuencia es clara:

Argentina no define amenazas ni prioridades; ejecuta diagnósticos ajenos.

Desde la perspectiva de la teoría realista, esto implica una pérdida de autonomía estratégica, condición central para la supervivencia estatal[5].

Alineación automática y erosión del interés nacional

La alineación casi total del gobierno argentino con la agenda estratégica estadounidense se produce sin debate parlamentario profundo ni planificación estratégica propia, debilitando el principio republicano de control civil y deliberación democrática[6].

Aceptar amenazas definidas externamente implica:

    • desnaturalizar la defensa nacional,
    • confundir seguridad interior con defensa,
    • orientar inteligencia hacia intereses exógenos,
    • subordinar la política exterior a la competencia Estados Unidos – China.

Desde una perspectiva sistémica, el Estado deja de cumplir su función estratégica básica: planificar su propia supervivencia[7].

La guerra híbrida como forma dominante

La NSS 2025 consolida el uso de guerra híbrida y multidominio, caracterizada por la combinación de medios militares, económicos, informativos, jurídicos y tecnológicos[8].

Las herramientas centrales incluyen:

    • control narrativo,
    • guerra jurídica (lawfare),
    • ciberoperaciones,
    • presión financiera,
    • formación doctrinaria de cuadros militares,
    • cooperación condicionada.

  Esto confirma que la guerra contemporánea ya no requiere ocupación militar directa, sino control funcional del Estado objetivo[9].

Subordinación estratégica y riesgo de desintegración

  El principal riesgo para la Argentina no es militar, sino estructural.

La aceptación acrítica de esta arquitectura implica:

    • cesión de control sobre infraestructura crítica,
    • pérdida de doctrina militar propia,
    • dependencia tecnológica irreversible,
    • debilitamiento del control territorial efectivo.

Tal como advierte Clausewitz, cuando el Estado pierde la capacidad de definir el propósito político de la guerra —o de la defensa—, pierde la guerra antes de combatirla[10].

Malvinas, Atlántico Sur y Antártida: la omisión estratégica

Un dato central es el silencio de la NSS 2025 respecto a los intereses argentinos en Malvinas, mientras se consolida la cooperación estratégica con el Reino Unido, potencia ocupante y miembro pleno de la OTAN[11].

Esta omisión no es neutral:

Licúa el reclamo soberano argentino y normaliza la militarización británica del Atlántico Sur.

Desde el derecho internacional, la falta de respaldo explícito debilita la posición diplomática argentina y consolida el statu quo colonial[12].

Conclusión: la guerra que no se nombra

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos prioriza su supervivencia y su hegemonía. Eso es coherente con su lógica de poder.

Lo crítico es que la Argentina renuncie a pensar su propio interés nacional, aceptando una arquitectura estratégica que la transforma en objeto de planificación ajena.

La guerra ya comenzó.

No con bombas.

Con documentos, decretos y silencios.

Y el mayor riesgo no es perder una batalla, sino dejar de ser un Estado capaz de decidir qué, cómo y por qué defender.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] White House. (2025). National Security Strategy of the United States of America. Executive Office of the President, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.

[2] Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. Security: A New Framework for Analysis. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1998.

[3] Brzezinski, Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1997.

[4] U.S. Southern Command. (2023). Posture Statement before the United States Congress. Department of Defense, 2023, https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/2023%20SOUTHCOM%20Posture%20Statement%20FINAL.pdf?ver=rxp7ePMgfX1aZVKA6dl3ww%3D%3D.

[5] Waltz, K. N. Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979.

[6] Guillermo O’Donnell. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobe autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. 1997, 360 p.

[7] Bunge, M. Epistemología: Curso de actualización. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2002.

[8] Hoffman, F. G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac. Arlington, Virginia: Institute for Policy Studies, 2007.

[9] Clausewitz, C. von. (2004). De la guerra (Obra original publicada en 1832). Editorial La Esfera de los Libros.

[10] Ídem.

[11] Dodds, K. (2018). The Falkland Islands, Antarctica and British Geopolitics in the South Atlantic. Polar Record, 54(3), 1–15.

[12] Naciones Unidas. Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General. Cuestión de las Islas Malvinas. Nueva York, 16 de diciembre de 1965.

 

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