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IDEAS SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

Julio Ferrari Freyre*

La Política Exterior es la cara de la Argentina que el gobierno presenta al mundo en su accionar fuera de las fronteras del país como actor efectivo y responsable en el ámbito bilateral y como integrante de organismos multilaterales y debe en todo momento y en toda circunstancia promover los intereses nacionales tales como la recuperación de nuestras Islas Malvinas (actualmente ocupadas por una potencia extranjera), la defensa de nuestro legítimo reclamo del Sector Antártico que forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, la salvaguardia de nuestras fronteras, el desarrollo económico-social de nuestro país, el progreso de la Patria y de sus ciudadanos así como otras cuestiones que conforman la realidad nacional.

Simultáneamente, la Política Exterior debe sostener permanentemente los valores de nuestro país que involucran entre ellos el sistema democrático representativo, el federalismo, el respeto de los derechos humanos, políticos y sociales, la libertad de cultos, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, el respeto a la convivencia y al derecho internacional, el fomento de la fraternidad y de la cooperación con otros países, así como el acatamiento de la neutralidad frente a conflictos entre terceros países. Del mismo modo, la Política Exterior se despliega ante los organismos regionales e internacionales, en los cuales participa a través de sus iniciativas o de las que nuestro país pueda presentar ante los mismos.

Es también su tarea sostener los logros de nuestros ciudadanos en diversos campos, tales como la literatura, las investigaciones aeroespaciales y satelitales, los estudios e investigaciones en la Antártida, los desarrollos nucleares, los avances en las ciencias médicas y en la producción agropecuaria entre otros. Recordemos que de los cinco Premios Nobel que han recibido nuestros conciudadanos, tres han sido en las ciencias médicas. Argentina lidera la región latinoamericana en relación a estos galardones.

Nuestra Política Exterior NO debe ser una continuación de la política interna, partidaria, clasista o ideologizada, por el contrario, debe reflejar un equilibrio entre el marco conformado por los intereses y valores nacionales y las circunstancias y tendencias mundiales ―dinámicas, anárquicas y desordenadas― donde estará presente nuestro país.

Muchos políticos de los más variados niveles de responsabilidad han aprovechado sus cargos para verter nociones de la política exterior de nuestro país pensando principalmente en el pueblo consumidor de sus discursos y no en las posibles repercusiones que puedan tener sus palabras en otros Estados. En general, en sus discursos, no consideran como prioritarios los intereses y valores nacionales, nuestras políticas permanentes, nuestras tradiciones y los logros de nuestro país en diversas áreas.

Algunos de ellos aprovechan sus viajes al exterior para hacer denuncias contra el gobierno de turno o para atacar a las autoridades de alguna etapa anterior, a la oposición o a los adversarios sin advertir que a los circunstanciales auditorios extranjeros no les interesan los trapos sucios de la política interna argentina sino sólo los asuntos que afectan a sus países o a la situación internacional, razón por la cual criticar al gobierno o hablar mal de sus opositores no tiene mayor sentido para las personas que no conozcan o entiendan nuestras dificultades domésticas y sólo empaña la visión que tienen de la Argentina.

Al mismo tiempo, la Política Exterior debe reflejar y coordinar las visiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial como así también los enfoques y las necesidades de las Provincias que conforman nuestra República, ya que puede ocurrir que una provincia o municipio pueda realizar acciones o incluso firmar acuerdos con otro gobierno sin tener en cuenta la posición del gobierno argentino, pudiendo esto repercutir negativamente en nuestra política exterior, nuestros reclamos e incluso en el respeto a nuestra Constitución Nacional. Un buen ejemplo es el acuerdo firmado entre las autoridades de Tierra del Fuego y con la empresa Leolabs que directamente afecta nuestra posición en muy diversas y contundentes cuestiones. Otro claro ejemplo son los acuerdos sobre enseñanza de lenguas extranjeras rubricados por varias provincias con entidades de otros países. En este mismo orden se inscribe la creación de los Institutos Confucio de dudoso valor y naturaleza y otros acuerdos aparentemente inocentes que pueden influir o tener efectos negativos en el país.

Situaciones como las descriptas ponen de manifiesto la importancia de tener un buen servicio de Inteligencia que pueda obtener datos y analizar situaciones holísticamente, aportando información a los decisores para orientarlos adecuadamente acerca de los caminos a seguir. Está muy extendida la idea errónea de que hacer inteligencia es cuestión de espías cuando en realidad consiste en la obtención de información de muy diversas fuentes, generalmente públicas, y el posterior análisis de los datos para poder tomar una decisión mejor elaborada y más equilibrada[1].

Tampoco pueden estar ausentes de nuestra Política Exterior las actividades del mundo empresarial, académico, sindical, científico-tecnológico, cultural, institucional y social coordinando siempre su accionar en un conjunto estratégico que vincule la política estatal, el sector privado y las expresiones culturales y sociales argentinas. Tokatlian lo explica muy bien cuando dice que «la élite argentina tiene un desafío monumental: o entiende cuáles son los intereses nacionales que defender en medio de estos cambios profundos, o vamos a seguir tomando decisiones erráticas, mal informadas, inconsistentes, anacrónicas, confusas»[2].

El conglomerado de valores, intereses nacionales y visiones parciales públicas y privadas, nacionales y provinciales, políticas y económicas formará la estrategia que debemos seguir internacionalmente.

En este sentido, el impulso del comercio exterior, o sea, la promoción de las exportaciones argentinas a otros mercados, debe ser parte integral de la Política Exterior, con lo cual se incrementaría el bienestar tanto de los empresarios como de los obreros del país. Mucho se podría decir de las inversiones extranjeras que siempre llegarán como una gran lluvia, ¡y que aún estamos esperando!, razón por la cual los únicos «fondos frescos» limpios de toda atadura vendrán de las exportaciones.

La situación ideal para el comercio exterior sería que éste estuviera balanceado entre distintas regiones (MERCOSUR, América, Europa, África, Asia y Medio Oriente). Este «equilibrio» permitiría reducir los cambios abruptos en el consumo, problemas financieros, dificultades geoestratégicas y otros escollos que pudieran surgir, garantizando así el flujo de exportaciones, o sea, la llegada de «fondos frescos» del exterior.

Es lamentable que los gobiernos argentinos no hayan promovido la formación de empresas conjuntas o «joint ventures». Estas pueden, por ejemplo, incorporar capital y tecnología del exterior para incrementar la producción y ampliar mercados tanto dentro como fuera del país en beneficio de los socios. Asimismo, entes nacionales, provinciales y municipales podrían ser partícipes de estos esquemas, creando empleo y riqueza y eventualmente participando de las ganancias. Esta metodología ha sido adoptada exitosamente por muchos países en vías de desarrollo con amplios beneficios para todos los involucrados, entre ellos, la República Popular China.

Un buen ejemplo de un joint venture es la planta de gasificación a construirse en la provincia de Río Negro por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Petronas, ambas petroleras estatales de la Argentina y Malasia respectivamente.

Otro aspecto que debe incluir la Política Exterior es el de la información. Mucho se puede hacer en materia de innovación, tecnología, cultura y otras áreas, pero poco efecto tendrá si no se difunden estos logros fuera de nuestras fronteras, cuestión ésta que los distintos gobiernos de turno no pudieron o no supieron llevar a cabo. En otros momentos históricos a este recurso se lo designaba con el nombre de «propaganda», sin embargo, hoy bien podemos denominarlo «marketing», un arma que trae muchos beneficios para informar y que es utilizada ad nauseam por algunos países siendo los Estados Unidos, los países europeos y China los campeones en este aspecto. La implementación adecuada del marketing ayuda a fomentar el poder blando (soft power), que refuerza el prestigio nacional con los múltiples beneficios que brinda a las distintas facetas de la Política Exterior (políticos, económico-comerciales, técnico-científicos, culturales, etc.).

En cuanto al poder duro (hard power), es decir, el poder económico y el estratégico-militar, es claro que ambos aspectos son importantes y deben ser cuidados. El primero se desarrolla por medio de la activa participación del país en el mercado internacional, en los organismos y agrupaciones regionales e internacionales y con una moneda estable bien respaldada. Y el estratégico-militar se lleva a cabo con la participación en las alianzas regionales de las cuales formamos parte y en misiones específicas de mantenimiento de la paz y del orden, para lo cual las Fuerzas Armadas deben estar adecuadamente preparadas y equipadas, situación que se ha descuidado terriblemente en las últimas décadas.

Para lograr que la Argentina muestre su dimensión como actor efectivo y responsable ante el resto de países deberá tener un Cuerpo Diplomático profesional y capacitado, con adecuados conocimientos y suficiente experiencia en un mundo que poca similitud tiene con la política interna. Juan Domingo Perón nos enseñó que «La verdadera política es la política internacional», sencillamente porque no podemos controlar el entorno y menos aún conocer todos los pormenores que motivan a nuestro interlocutor y/u oponente. A esto debemos sumar la pluralidad de lenguas y el relativo caos, para no llamarlo anarquía, reinante en el mundo. Afortunadamente, hace más de medio siglo que la Argentina cuenta con una Academia Diplomática (el Instituto del Servicio Exterior de la Nación – ISEN), escuela de posgrado que ha logrado su prestigio internacionalmente.

En síntesis, la Política Exterior argentina debe formar parte de una visión estratégica del país en un mundo dinámico donde actúan otros Estados, organismos regionales e internacionales, grandes firmas multinacionales, organismos no gubernamentales y otros agentes, algunos de los cuales tienen una notable influencia y en los que nuestro país debe estar presente

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophía (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (1984) y como diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao (1989-1994), en la Embajada Argentina en la República Popular China (1997-2003) y como Cónsul General en Cantón (2011-2016). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representa Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] de los Reyes, Marcelo Javier. «La creciente vigencia de la Inteligencia en un mundo Incierto». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, 03/12/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/12/03/la-creciente-vigencia-de-la-inteligencia-en-un-mundo-incierto/.

[2] «Juan Gabriel Tokatlian e Hinde Pomeraniec dialogan sobre la pantalla del mundo nuevo». Infobae, (Buenos Aires), 06/07/2024. https://www.infobae.com/cultura/2024/07/06/juan-gabriel-tokatlian-e-hinde-pomeraniec-dialogan-sobre-la-pantalla-del-mundo-nuevo/.

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GUAYANA ESEQUIBA: ¿SENTENCIA EN AUSENCIA?

Abraham Gómez R.*

La disputa por la extensión territorial que nos arrebataron hace más de un siglo ha tenido a lo largo de todo ese tiempo algunas características que le confieren la posibilidad de hacerse un tema-tópico interesante para esfuerzos de entendimiento a nivel universitario y sus correspondientes análisis socio-políticos.

En honor a la verdad, en momentos históricos concretos hemos tenido impulsos denodados y muy contundentes para hacerle saber a la contraparte que han estado usurpando la señalada séptima parte de nuestra geografía nacional por el costado este; sin embargo, también reconocemos que ―luego de tanta eclosión y efervescencia sobre tal controversia― caemos en una especie de quietud y displicencia. Como que «la cosa» ya poco o nada nos importara.

Ha habido gobiernos desde 1814 hasta el presente que han emprendido sostenidas gestiones reclamativas con firmeza, por una parte; pero también, deplorablemente, en otros tramos epocales tuvimos gestiones oficiales con tratamientos indiferentes para encarar el pleito.

Quedó para la posteridad la primera expresión de protesta y principal llamamiento del Padre de la Patria, Simón Bolívar, en 1822, para que se corrigiera tamaña tropelía:

Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según aquellos, nos pertenece del lado oeste del Río Esequibo. Es absolutamente indispensable que dichos colonos, o se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones.

En bastantes ocasiones, el conflicto ha venido a formar parte ―a lo interno― de una estrategia para crear un «falso nacionalismo» y «un ardor electoral»; mientras que Guyana ha otorgado como mejor le ha parecido concesiones y licencias ilegales a muchísimas empresa transnacionales, con cuyos recursos dinerarios contrataron juristas, especializados en derecho internacional, para emboscarnos con la demanda accionada el 29 de marzo de 2018; cuya causa de pedir ―el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899― comporta un documento rechazado por su condición de nulo de nulidad absoluta.

De igual modo, lamentamos que algunos gobiernos ―en sus respectivas oportunidades― hayan subsumido el caso en «silencios injustificados» que bordean la aparente complicidad. Dicho más directamente, resulta que luego de la concitación favorable alcanzada en la opinión nacional e internacional se desinflan las expectativas e iniciativas.

Lo digo con conocimiento de causa; porque he ocupado los últimos (45) años de mi vida al estudio académico de la presente controversia, en sus distintas vertientes: histórica, jurídica, cartográfica, demográfica, socio antropológica; contando permanentemente con la orientación,  asesoría y la efectiva enseñanza de expertos en campos específicos y, en paralelo, he desarrollado intercambio de criterios y conjeturas para ensanchar saberes.

La excolonia británica introdujo ―como quedó dicho— una demanda contra nuestro país. Pide, en su escrito, que Venezuela reconozca “como válido y vinculante” el adefesio jurídico, a través del cual urdieron su trampa. Solicitan en el mismo acto procesal que la Sala Jurisdicente le confiera al mencionaron ardid la condición de «cosa juzgada».

Atendamos a lo siguiente. Habiendo llegado el caso a tales instancias y en el absoluto entendido que una vez comenzado el proceso jurisdiccional no se paralizará, en ningún momento, motivado a ausencia de alguna de las partes concernidas; como efectivamente lo contempla el artículo (53) del Estatuto del Ente Juzgador:

«1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho».

La Corte ya decidió la situación de su competencia en este litigio el 20 de diciembre de 2020.

Nuestra delegación se hizo presente para solicitar una excepción u objeción preliminar la cual no fue admitida; igualmente, el día 8 de abril de 2024, Venezuela consignó el memorial de contestación de la demanda, en la primera etapa del juicio denominada Fase Postulatoria (sin pedir medidas provisionales para paralizar a las señaladas empresas ni abrir un juicio de reconvención por los daños que nos causan, que los pudo haber intentado).

Vistos así los hechos, prácticamente por invocación de actos conclusivos, quedamos comprometidos a asistir a los trayectos subsiguientes: pruebas, alegaciones y aportes preconclusivas, antes de esperar el fallo de la Sala.

 Nos resulta incomprensible la opinión de algunos connacionales (afortunadamente muy pocos) quienes, sin tener la más mínima formación ni estudios de este caso, que hemos asimilado como Asunto de Estado (por encima de parcelas políticas-ideológicas), se atreven a proponer que no comparezcamos por ante la Sala, el próximo 11 de agosto de 2025, fecha para la cual hemos sido citados a desglosar, defender y consignar nuestra irrebatible alforja de pruebas. Incontrovertibles.

Fue la delegación venezolana, en la persona de nuestro excelso canciller Ignacio Iribarren Borges quien propuso, por primera vez, en 1966, llevar el caso a discernimiento, judicializarlo, en la Corte; trámite al cual la representación del Reino Unido se opuso y prefirió que suscribiéramos el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero del mismo año. Único documento con pleno vigor jurídico donde debe basamentarse la solución del conflicto interestatal.

Nos preguntan, por distintas vías, ¿qué riesgos corremos si no nos hacemos presentes por ante la Corte, en la indicada fecha?

Perderíamos la valiosa oportunidad de develar y desmontar la vil maniobra tejida por los imperios de entonces contra nuestro país. La contraparte no tiene nada que soporte lo que hicieron con añagaza.

Le dejaríamos el campo solo a la delegación guyanesa para que alegue lo que le plazca.

 ¿Vamos a esperar la sentencia sentados, cómodamente, en nuestras casas, sin defender esta causa patriótica?

Dejaríamos pasar el mejor momento para detallar y exponer los Justos Títulos Traslaticios que siempre nos han asistido y que constituyen nuestras cartas inconcusas en la controversia.

Sería una irresponsabilidad tratar de ocultarnos en unos resultados del referendo consultivo del Esequibo (en su pregunta tres); por cuanto, dichas cifras se desconocen porque no han sido oficializadas en ninguna parte.

Cada Estado posee su capacidad y sus especificidades para encarar alguna controversia similar; por ello nos parece un despropósito escudarnos en que (191) países desconocen a la Corte.

No hay que confundir jurisdicción con competencia.

Sobre este último particular, la Corte tiene su propio mecanismo de solución en el artículo (36) de su Estatuto, de llegar a presentarse alguna perplejidad en esta consideración.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

A LA MADRE PATRIA HAY QUE DENUNCIARLA POR FILICIDIO

César Augusto Lerena*

El acreditado medio español «Europa Azul» tituló hoy «Duro golpe para el sector gallego con el cierre de la pesca en Malvinas. La cancelación de la segunda campaña de calamar en aguas de Malvinas ha supuesto un serio revés para la flota gallega, paralizando a los 16 grandes arrastreros que cada año participan en esta pesquería y que ya se desplazaron al duro mar del Atlántico suroccidental para sacar rentabilidad a la pesca».

Léase: de apropiarse ilegalmente de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas van por la pesca igualmente ilegal de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar. Y es una captura ilegal (CONVEMAR, artículos 27, 63, 64, 87, 92, 94 y 116 a 119) porque los buques gallegos no tienen control presencial del Estado español; no realizan estudios para determinar la «capturas máximas sostenibles» y dañan los intereses de terceros estados, como Argentina y Uruguay, y además en la pesca en Malvinas violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y los artículos 4, 5 y, 21 a 23 de la Ley 24.922.

España, de ella de trata, ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas y las aguas correspondientes; sin embargo, es el principal socio británico pesquero en Malvinas y la que gestionó la excepción en el Brexit para el intercambio comercial con el Reino Unido, de modo que las capturas de Malvinas ingresen a la Unión Europea sin aranceles, en abierta y desleal competencia con los productos pesqueros que tienen origen en empresas, incluso de capital español radicadas en el territorio continental argentino. La Madre Patria ―arteramente― ya en 2005 durante el Tratado de Lisboa había aceptado que las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida se incorporen a la Unión Europea como territorios británicos de ultramar.

Hay que desconfiar de esta madre putativa y aún más de nuestro gobierno que hace la vista gorda ante tan grande ecocidio. Con las 250 mil toneladas que todos los años se extraen de las aguas de Malvinas, sin evaluar las que se descartan estimadas en un 30% de las capturas, se podría proveer de la mejor proteína diaria a tres millones de niños y adolescentes argentinos todo el año, contribuyendo a erradicar la vergonzante indigencia de nuestro país.

El citado medio especializado «Europa Azul» indica que el cierre del caladero «se debe a los alarmantes resultados de las prospecciones realizadas, que han arrojado la segunda peor estimación de biomasa desde 2008, muy por debajo del umbral de seguridad establecido» y, los pescadores, respecto a las nuevas temporadas tendrían sus esperanzas «únicamente depositadas en un eventual repunte del estado de la pesquería; lo cual se traduce en una nueva ironía: confiar en que la naturaleza corrija lo que la gestión no ha logrado prever», lo que estaría demostrando la incapacidad británica (FIFD) para ponderar la disponibilidad del recurso y los daños que se vienen provocando al ecosistema argentino que, como sabemos, es único e indivisible; mientras en la Unión Europea, por otra parte, se avanza para hacer sostenible la captura sus aguas comunitarias, contrario a la pesca que realizan sus embarcaciones en las aguas internacionales sobre los recursos originarios de los Estados ribereños.

Se lamentan las armadoras gallegas de Vigo y Marín por el impacto económico que les habrá de provocar este cierre abrupto, ya que habrían realizado inversiones por 240 millones de euros, por lo tanto, la falta de capturas les impedirán o dificultarán ―aunque los gallegos son hábiles para llorar ante sus gobiernos― «la renovación de la flota con unidades de última generación» y es notable con la liviandad que lo declaman, porque se financian la construcción de buques pesqueros en base a apropiarse de los recursos pesqueros argentinos, mientras los empresarios argentinos tienen serias dificultades para financiar sus buques en los astilleros nacionales. Algún sudaca dirá: «la modernización de los buques españoles se hace con la nuestra» y «los calamares de la Plaza Mayor de Madrid y de gran parte de Europa son argentinos»; es tiempo que los gobiernos argentino y español terminen con esta inequidad y desprecio por la soberanía argentina.

También refieren los españoles al incremento de los costos de la construcción naval, del combustible y muy especialmente a la suba de las licencias ilegales que les otorgan en las islas; que pudiendo ser caras son baratas, teniendo en cuenta que los gallegos están haciendo una extracción espuria en perjuicio de los derechos argentinos y sus intereses biológicos, económicos y alimentarios. ¡Como serán de importantes las capturas gallegas en Malvinas! que el medio indica: «se espera que la escasez de calamar en el mercado impulse los precios, profundizando la crisis tanto para las empresas como para los consumidores».

Por otra parte, la Asociación de Empresas de las islas y la ilegal Asamblea Legislativa analizan un sistema de otorgamiento de licencias que implicaría un nuevo incremento para las flotas que operan en estas aguas, quedándose con una parte importante del esfuerzo pesquero para sostener la estructura administrativa del archipiélago y los aportes necesarios para la infraestructura básica de las islas y ello estaría demostrando la fragilidad económica de los isleños, lo cual nos lleva a insistir que la Argentina tiene que presionar al gobierno español para que sus buques dejen de pescar en Malvinas y sancionar a las empresas en el caso que no ocurra, cuestión que ya deberían haber hecho ―al menos― desde 1998 cuando entró en vigor la Ley 24.922.

Del mismo modo, el gobierno argentino debe replantear el otorgamiento de nuevos permisos, cuotas y autorizaciones a empresas nacionales de capital español mientras que el gobierno español no prohíba la pesca en Malvinas y la captura de las especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar.

Hay madres y hay otras de las que más vale destetarse

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar