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CHINA NO VIENE A SOLUCIONAR EL PROBLEMA ARGENTINO VIENE POR NUESTROS RECURSOS

César Augusto Lerena*

En enero de 2023 el Círculo de Políticas Ambientales reclamó que las autoridades nacionales no habiliten puertos en el territorio nacional para abastecer a las flotas chinas que realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental e indican que «existen varias iniciativas que son impulsadas desde diferentes sectores, incluyendo funcionarios públicos y sindicatos, para otorgar el uso de los puertos de las ciudades de Ushuaia, Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia (NdA: además de Río Grande y Montevideo) a la flota pesquera de aguas distantes de la República Popular China para su asistencia logística». Nosotros ya nos referimos a este tema en decenas de artículos desde 2014 a la fecha.

Es inaudito abrir la puerta a los chinos para generar trabajo cuando con la pesca ilegal que se llevan los chinos podríamos multiplicar en un 100% el empleo argentino, desarrollar el litoral patagónico y no nos quedaríamos sin pescado a mediano plazo con la depredación que están realizando estos buques en el ecosistema del Atlántico Sur. Un proverbio chino dice: “Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves”.

No hay porqué pedirles una mano a los chinos para resolver los problemas argentinos. Además, ellos no vienen para ello, sino para llevarse nuestros recursos al menor costo posible. Como es lógico en cualquier empresa y más aún cuando estas deben rendir cuentas al Estado chino. Incluso, las empresas chinas o asociadas a capitales chinos radicadas en la Argentina agregan escaso valor (mano de obra y otras) a los productos que exportan.

Ya nos hemos referido (César Lerena, “España. Partícipe necesario de la ocupación de Malvinas”, 11/02/23) que el calamar illex que consume la Unión Europea en un 46,7% proviene de América y el 47,8% de Asia, donde los chinos, taiwaneses y coreanos pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y sería bueno saber quién está certificando el origen y la trazabilidad de estos productos para que estos productos entren a Europa. Y aquí no se distingue si todos o gran parte de ellos provienen de la pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental. Las empresas radicadas en la Argentina en 2021 exportaron 30.000 toneladas a China y 14.500 a la Unión Europea. ¿De dónde proviene el resto? Según cifras oficiales de la FAO y del gobierno chino, la captura del calamar illex en el Atlántico Suroccidental alcanzó las 580.000 toneladas, la más alta desde 2015; de ellas, 170.000 toneladas corresponden a capturas en aguas argentinas de Malvinas y 132.000 toneladas de buques poteros y arrastreros argentinos. Por su parte, el desembarco en el puerto de aguas distantes de Zhoushan se realizó mediante 214 buques chinos que operan en el Atlántico Suroccidental y Pacífico Oriental durante el primer semestre de 2021; un 61% de aumento en relación con 2020.

Accesoriamente el presidente Lacalle Pou anunció avances sobre un Acuerdo de libre comercio con China que, de producirse, podría llevar a la Argentina a denunciar el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, en especial en lo relativo a la “Zona Común de Pesca” entre Argentina y Uruguay, porque el acuerdo podría dar lugar a que buques de joint venture uruguayos-chinos operen frente a la Provincia de Buenos Aires.

En este escenario ¿quién sería el irresponsable de autorizar el uso de los puertos a buques chinos que realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur? No es posible imaginar que los buques chinos ingresen a los puertos nacionales si la Argentina previamente no ha acordado la administración (investigación, conservación y distribución equitativa) y regulación en alta mar de los recursos migratorios originarios de su ZEE, los asociados y los que migran desde alta mar a la ZEE y ello implica, inicialmente y todos los años, determinar la “Captura Máxima Sostenible” y, obviamente, un control en la ZEE y los puertos, donde la Argentina, no dispone de suficiente capacidad técnica, operativa y, de seguridad y control.

También, hay elementos estratégicos más graves que analizar.

Para referirnos a la estrategia china, nada mejor que hacer referencia al informe (Reportero Li Dong/People’s Daily Online, 14/02/2022) del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicado por FIS SeafoodMedia Group (20/02/23) y el de los expertos Daniel F. Runde y William A. Schreyer.

En el informe del citado Ministerio se indica que «la producción de túnidos y calamares en 2022 se estabilizará en 2,25 millones de toneladas, un 30% aproximadamente de la producción nacional de china de peces marinos» y donde solo, la captura de estas dos especies representa un 281% del total de capturas argentinas (800.000 toneladas) en igual período, lo que demuestra la magnitud de la pesca china y la gravedad de que estén realizando pesca ilegal (INDNR) en alta mar de calamar (Illex argentinus) migratorio de la Zona Económica Exclusiva y viceversa. El responsable ese Ministerio declaró que «desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la industria pesquera de aguas distantes ha mejorado en términos de escala industrial, capacidad de gobierno y cooperación exterior, logrando resultados notables en la calidad general y la eficiencia en la producción de las empresas pesqueras de aguas distantes se han mejorado significativamente. Las estadísticas muestran que, en la actualidad, China tiene más de 2.500 barcos de pesca en alta mar y ha llevado a cabo la cooperación pesquera con más de 30 países», cuestión que, aun pudiendo ser cierto, no se ha llevado a cabo en el Atlántico Suroccidental, uno de los caladeros más importantes del mundo que, además, tiene la particular de vincularse a los océanos Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida y donde China tiene más de 350 buques pescando en forma ilegal (INDNR).

Algunas de las opiniones del Ministerio con la participación de distintas regiones e instituciones, relativas al 14° Plan Quinquenal para el Desarrollo Pesquero Nacional de China, destinado a promover la transformación y mejora de las pesquerías de aguas distantes y promover la estandarización, orden etc. refieren, entre otras cosas, a «…fortalecer la innovación científica y tecnológica y mejorar el nivel de modernización del equipamiento de los barcos de pesca… promover que las empresas se vuelvan más grandes y fuertes… Participar profundamente en la gobernanza mundial de los océanos y la elaboración de normas internacionales, y fortalecer la cooperación y los intercambios pesqueros multilaterales y bilaterales… Regular razonablemente el tamaño de la flota, organizar científicamente las áreas operativas, continuar fortaleciendo la gestión estandarizada, tomar medidas enérgicas contra las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), participar activamente en la gobernanza pesquera mundial, cumplir con seriedad las responsabilidades y obligaciones internacionales, y establecer una imagen de país responsable… profundizar los intercambios extranjeros en la pesca en aguas distantes, llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa y consolidar aún más el mecanismo de cooperación pesquera intergubernamental multilateral y bilateral e impulsar el desarrollo de la pesca de los países y regiones cooperativos… construir bases de pesca en aguas distantes como núcleo, expandir los campos de procesamiento de productos acuáticos, almacenamiento y reparación de barcos de pesca, desarrollar activamente la acuicultura y construir un nuevo patrón de desarrollo para toda la cadena industrial de la pesca en aguas distantes… Controlar estrictamente la escala de los barcos de pesca en alta mar y mejorar aún más el nivel de mecanización, informatización e inteligencia de los equipos. Estabilizar la eficiencia de producción de las empresas pesqueras de aguas distantes… y optimizar aún más, la capacidad de estudio de los recursos pesqueros mundiales…».

Respecto al calamar, la especie que justifica la presencia de buques extranjeros que pescan a distancia en el Atlántico Suroccidental (FAO 41, la Argentina, Brasil, Uruguay), entre otras opiniones, este mismo Plan indica: «Desarrollar constantemente la pesquería de calamar pelágico… regular los caladeros en el Océano Atlántico Sudoccidental… optimizar el diseño de producción de la pesca de calamar, fomentar el desarrollo del procesamiento intensivo, expandir el mercado de productos y mejorar la calidad del desarrollo. Fortalecer la construcción de toda la cadena de la industria del calamar, estandarizar los estándares de calidad del producto y establecer un sistema de certificación de trazabilidad de las capturas… Participar activamente en los asuntos de las organizaciones regionales de gestión pesquera y mejorar la capacidad de la pesca del calamar para cumplir con las convenciones. Hacer que el Centro de comercio de calamar oceánico de China sea más grande y más fuerte, fortalecer el desarrollo y la aplicación del “Índice de calamar oceánico de China” y liderar la conservación científica y la utilización sostenible de los recursos mundiales de calamar… Promover el desarrollo de los recursos biológicos marinos antárticos de manera constante y ordenada, y regular razonablemente la escala de los barcos de pesca de kril antártico…participar activamente en los asuntos pesqueros del Ártico… Llevar a cabo la cooperación con América Latina… Alentar a las empresas pesqueras de aguas distantes a acelerar su desarrollo hasta el final de la industria a través de la integración de la gestión… Apoyar a las empresas pesqueras de aguas distantes para fusionarse y reorganizarse a través de reformas de acciones conjuntas y otros medios para crecer y fortalecerse… alentar y apoyar a las empresas para construir bases pesqueras pelágicas en el extranjero… Promover activamente la mecanización, automatización e inteligencia de los barcos pesqueros, reemplazar humanos por máquinas y reducir costos… contribuir con la sabiduría china a la protección de la biodiversidad marina y la gobernanza mundial de la pesca… capacitación de integración de educación y producción “basado en órdenes” para talentos de la pesca en aguas distantes… Promover la construcción de equipos de observadores profesionales para la pesca en aguas distantes, y establecer un equipo de observadores que se adapte a la tendencia de desarrollo de la ordenación pesquera internacional y cumpla con los requisitos de cumplimiento de la pesca en aguas distantes de China… mejorar la supervisión independiente de los observadores de transbordo en alta mar… velar por la seguridad de las vidas y los bienes de los buques pesqueros y de los miembros de la tripulación…Participar activamente en los asuntos de las organizaciones de ordenación pesquera internacionales y regionales, y promover el establecimiento de un orden de gobernanza pesquera internacional justo y razonable…Participar activamente en las negociaciones de subsidios a la pesca de la OMC, mantener un espacio político razonable de China y promover el logro de resultados justos… Fortalecer el liderazgo organizacional…» (Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, 14/02/2022).

Es decir, resulta evidente que, independiente de las buenas intenciones de los textos, que no se traducen en hechos concretos respecto a la sostenibilidad de los recursos ni la atención de las necesidades de los Estados en desarrollo, China intenta tener una hegemonía en la administración de los recursos en los océanos, amén de fortalecer tecnológicamente su flota y la eficiencia de éstas para aumentar su producción, manteniendo los transbordos en alta mar, a la par de promover la construcción de bases pesqueras en el extranjero. Con este plan de acción, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las operaciones chinas en el Atlántico Sur, suministrándoles apoyo logístico en los puertos, sin resolver —como dijimos— previamente la disponibilidad del recurso en alta mar y acordando en forma equitativa la explotación del recurso en alta mar, sin que ello pueda afectar los recursos de la ZEE Argentina, de acceso exclusivo a los buques nacionales.

Por su parte, Daniel F. Runde y William A. Schreyer nos dicen: «El 02/02/2023, la República Popular China anunció planes para construir nuevas estaciones terrestres satelitales alrededor de la instalación de investigación antártica de Zongshan. Declaradas, para mejorar las supuestas capacidades de teledetección y recopilación de datos de China alrededor del polo, las estaciones se suman a una creciente red de bases de investigación espacial chinas que ahora se extienden desde la Antártida hasta América del Sur, estaciones que podrían convertirse rápidamente en una variedad de aplicaciones militares. La medida también demuestra el creciente potencial de la Antártida para convertirse en un teatro para la competencia de grandes potencias (…) el Sistema del Tratado Antártico (ATS) ha gobernado el continente desde la adopción del tratado en 1959 (…) sin embargo las tecnologías emergentes, la agudización de la competencia entre potencias y un mundo cada vez más multipolar están creando tendencias que pueden alterar el consenso de décadas en torno a la Antártida (…) la geología mineral de la Antártida, así como su rico ecosistema marítimo, ofrecen atractivos incentivos económicos para que países como China prescindan de las restricciones ambientales impuestas por el sistema de tratados. Finalmente, la incorporación explícita de la Antártida en las estrategias de seguridad nacional de competidores como Rusia y China plantea preocupaciones para el futuro de una Antártida no militarizada (…) Mantener la Antártida como un ámbito de exploración principalmente científica es una cuestión de preocupación tanto ambiental como estratégica, considerando que una carrera para explotar los recursos mineros y pesqueros casi invariablemente agudizaría la competencia por el acceso a dichos recursos».

«Un escenario especialmente preocupante sería el descubrimiento de importantes depósitos probados de recursos naturales en la Antártida. Sobre la base de la geología mineral de los continentes y países que anteriormente rodeaban la Antártida, el Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó ya en 1983 que la Antártida puede tener depósitos significativos de petróleo, gas natural, carbón, cobre, hierro, uranio y probablemente muchos otros minerales (…) Rusia ha realizado estudios en busca de hidrocarburos en aguas antárticas, mientras que el preocupante historial de China en materia de pesca ilegal también sugiere el potencial de una erosión de las protecciones ambientales de la vida marina, un canal menos dramático que una fiebre minera dado que la explotación de los recursos marinos está permitida y regulada por la CCRVMA. Sin embargo, es algo que debe evitarse enérgicamente (…) pero en la práctica el espíritu de cooperación que ha caracterizado la exploración antártica puede desintegrarse lentamente gracias a un orden mundial cada vez más tenso (…) Unos 55 países son parte del Tratado Antártico, mientras que 30 países mantienen un total de alrededor de 82 estaciones en el continente. La Antártida es, por lo tanto, una cuestión de importancia global, con consecuencias que afectan a los países desde la punta del hemisferio sur hasta el borde del extremo norte y el Círculo Polar Ártico. Con mucho, los mayores desafíos para el ATS y el consenso internacional en toda la región hoy provienen de China y Rusia. China comenzó la exploración de la Antártida en 1983 en asociación con Australia. Hoy en día, China opera cuatro estaciones de investigación antárticas, dos de las cuales están operativas durante todo el año y está en proceso de construir una quinta en el Mar de Ross. La Antártida es un área de interés para China como fuente de prestigio nacional y científico, análisis climático, poblaciones de peces y reservas potenciales de gas natural y minerales (…) En términos de poblaciones de peces, China ha estado activamente interesada en el cultivo de krill antártico. De hecho, China ha trabajado constantemente junto con Rusia para bloquear la designación de tres nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) en las reuniones anuales de la CCRVMA. Si bien las actuales actividades pesqueras chinas cerca de la Antártida siguen siendo marginales, la aparición de armadas pesqueras masivas en toda América del Sur proporciona una indicación preocupante del potencial de esta presencia para expandirse dramáticamente».

«El creciente compromiso chino en la Antártida también trae preocupaciones de seguridad. Altos funcionarios de la Armada del Ejército Popular de Liberación, por ejemplo, han insinuado que el estatus de ‘bienes comunes globales’ de la Antártida debería otorgar a China el derecho a oportunidades económicas en la región. China también ha instalado equipos BeiDou de doble uso en sus estaciones antárticas, supuestamente para mejorar la precisión de los mapas meteorológicos. Dicha tecnología también puede mejorar la precisión de los misiles balísticos y es paralela a una tendencia creciente de expansión de los puestos avanzados de sensores chinos en América del Sur. Mientras tanto, el viaje de los “dragones gemelos” en 2019 fue recibido con preocupación de que los rompehielos pudieran ser tripulados clandestinamente con personal militar (…) Dadas las dificultades de acceso a la Antártida, los países más cercanos representan puertas de entrada estratégicas vitales. Actualmente, cinco ciudades están identificadas como puertas de entrada a la Antártida: Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia, Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina (…) Se puede prestar especial atención a Chile y a Argentina, que han expresado interés en aumentar su capacidad logística antártica, al tiempo que albergan una creciente inversión e influencia china. Fortalecer su asociación con estos países puede ayudar a evitar otorgar a China una huella desde la cual lanzar actividades polares mucho más opacas (…) La naturaleza de las tecnologías de doble uso empleadas actualmente en la Antártida hace que las preguntas o la militarización sean inherentemente turbias. En el caso del GPS y los enlaces ascendentes satelitales, es casi imposible diferenciar claramente los tipos de tecnologías utilizadas para el seguimiento y la comunicación meteorológica de las que pueden usarse para la guía de misiles».

Es evidente, que los riesgos que plantean estos autores no pueden seguirse ignorando desde una devaluada Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, que dedica su tiempo a enumerar los derechos históricos que le asisten a la Argentina en estos territorios y no diseña una sola política relativa a Malvinas y la Antártida Argentina y es responsable de que una caterva de irresponsables o desinformados, promuevan la apertura de los puertos a las flotas del Estado Chino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

GUAYANA ESEQUIBA: UN CASO DE FORCLUSIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL

Abraham Gómez R.*

Imagen: Fundación Venezuela Esequiba.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

En esta controversia centenaria nos respaldan razones irrefragables.

Teniendo como base esencial lo dicho anteriormente, y en nombre de las instituciones que dignamente represento, me he permitido ir explicando en todas mis conferencias por varias universidades y otros organismos públicos y privados del país —por las redes en sus distintas plataformas— los argumentos sociohistóricos, las irrebatibles demostraciones cartográficas y los justos títulos jurídicos, en cuanto pruebas constituyentes que nos asisten.

Ha sido nuestra tarea por más de (45) años; asumida por la restitución para nuestra patria, de lo que le desgajaron en su configuración geográfica.

Como es bien sabido, en noviembre pasado nuestra honorable delegación acudió a la Corte Internacional de Justicia a las celebradas Audiencias Públicas, por la Excepción Preliminar que introdujimos el 7 de junio. Nos sentimos orgullosos de la representación que expuso las densas e incuestionables consideraciones por Venezuela. Cada palabra expresada —en el precitado escenario— la pronunciaba nuestro país, íntegramente.

Como parte demandada, ya habíamos asumido el denominado Acto Concluyente —conferimiento de competencia a la mencionada Sala juzgadora— al designar nuestro Agente, el Dr. Samuel Moncada y los Coagentes, Dr. Félix Plasencia y Dra. Elsys Rosario; quienes asumirían la representación directa de nuestro país en todo el juicio, juntamente y en coordinación con el cuerpo de asesores que acompañaremos en este asunto litigioso; además, nuestro país nombró su juez ad-hoc, Philippe Couvreur, conforme al artículo (31) del Estatuto de ese Ente Jurisdicente.

El contenido esencial de la Excepción Preliminar persigue que la Sala no admita la demanda de Guyana contra nosotros, por cuanto, la consideramos una temeridad procesal y no reúne los más mínimos elementos asimilables para un juicio de esta naturaleza.

Se conoce suficientemente que cuando se negoció, suscribió  y ratificó el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, ( acaba de cumplirse el cincuenta y siete aniversario de tan trascendental evento) por la representación del Reino Unido (Sr. Michael  Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la Guayana Británica) y por nuestro país el  excelso canciller Ignacio Iribarren Borges; en ese acto jurídico-diplomático e instante histórico quedó  sepultado —in saecula saeculorum— el laudo tramposo, gestado mediante una tratativa perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Digamos entonces, toda la dinámica y desarrollo contencional por la Guayana Esequiba debe circunscribirse exclusivamente dentro del texto del Acuerdo de Ginebra, documento que causó estado en la Organización de las Naciones Unidas.

Hay un denso cúmulo de interrogantes que para la contraparte han resultado difíciles de explicar; porque la excolonia británica carece de asideros en este pleito. Nunca han tenido respuestas ni acertadas ni asertivas.

Comencemos: ¿sobre qué elemento obligacional o compromisorio Guyana ha deducido la Causa de pedir ante el Alto Tribunal de La Haya? ¿El Laudo arbitral que nunca nació a la vida jurídica? o ¿El supuesto acuerdo de demarcación de 1905, derivado de la nombrada decisión ignominiosa firmada en París el 03 de octubre de 1899?

Tal adefesio vergonzoso e infeliz está desprovisto de consistencias para que pueda ser considerado jurídicamente válido.

Cada vez que profundizamos —una y otra vez— en examinaciones al inexistente y forcluído “laudo”, nos preguntamos, en purísima realidad, sobre qué elementos objetivos y de convicción se atrevería a preparar la Corte la   motivación y fundamentación para una hipotética sentencia; en caso de que vayamos a juicio.

Jamás podemos imaginarnos; resulta impensable en estricto derecho, que ese “laudo” —como pide la contraparte guyanesa— pueda producir Cosa Juzgada (res Judicata), cuya “fuerza” pretenden hacerla oponible a Venezuela.

Cabe aquí desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en el Derecho Internacional Público: “Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo”.

A propósito, tomamos en préstamo —para reinterpretar— la categoría Forclusión, en cuanto concepto superior epistemológico, construido por el psicoanalista francés Jacques Lacan, quien menciona que cuando un significante no nace o ha dejado de existir en el campo o disciplina que sea, se extingue absolutamente su universo simbólico. Queda nula y rechazada   toda posibilidad de mención o referencia. Ese significante está forcluído.

¿Cómo hemos hipertextualizado la Forclusión para todos los efectos del caso controversial, litigioso que nos ocupa?

Veamos. Al no existir el significante fundamental (“Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899”), sobre el que se constituiría toda la estructura simbólica: pronunciamientos, enunciados, normas, discursos, peticiones, demandas elementos culturales, cualquier significado que se pueda derivar de lo forcluído carece de sentido. Se encuentra vacío. No surte efectos de ningún tipo.

 Si la contraparte insiste en el forcluído” laudo”; entonces, no hay nada qué conseguir en el “inconsciente jurídico internacional”.

El significante “Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899” no existe, está forcluído; por lo tanto, permea idénticas consecuencias hacia normativas de significaciones concretas, en un supuesto Proceso.

 ¿De qué hablar, contradecir, discutir o dirimir?, si su significante se encuentra forcluído; ha quedado inhabilitada la posibilidad de irrupción o aparición de algo nuevo en el Proceso, por ante la Sala Juzgadora de La Haya. Advertencia que hacemos —con el debido respeto— en espera de resolución, de pronunciamiento previo para la Excepción Preliminar.

Hay que visualizar, procesalmente, que resultarían incongruentes, incoherentes y vacíos todos los significados asociados a un posible juicio, que tenga como causa de pedir “el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899” que devino en un significante inexistente, forcluído; y, por tanto, nulo de nulidad absoluta.

Con un significante forcluído se hace imposible discernir jurisdiccionalmente, y menos crear un código de significaciones jurídicas concretas; porque no hay sentido en los discursos e imposibilidad de aprehender la verdadera realidad.

El mencionado “laudo” desapareció —hace 57 años— del campo simbólico y del sistema jurídico Internacional.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

URUGUAY COLABORA CON LA OCUPACIÓN BRITÁNICA EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen de Monica Volpin en Pixabay.

 

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas.

 

El gobierno de Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas y no se lo merece el maravilloso pueblo uruguayo, ni nosotros los argentinos —sus hermanos— el nuestro.

El pasado 16 de febrero (IP 067/23) la Cancillería informó que el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con su par del Uruguay, Francisco Bustillo y que, «en términos bilaterales, ambos ministros destacaron el trabajo de la Comisión de Integración Argentina-Uruguaya (CIAU), que aborda diversas áreas a nivel secretarios de Estado, como así también de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentino-Uruguaya, para evaluar en detalle los temas de la agenda bilateral económica y comercial» y «destacaron la relación entre ambos países y acordaron continuar profundizando los diferentes ejes que hacen al relacionamiento externo entre Argentina y Uruguay».

¿No hablaron nada sobre las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay Lacalle Pou que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas?

Por ejemplo, llama la atención que el Canciller argentino no le haya cuestionado a su par uruguayo la presencia en Malvinas de cuatro diputados de la coalición de gobierno que trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones relativas a la República Argentina. Debió tener en cuenta el Canciller, que la diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que «Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación», aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y sueña «con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands» (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a «incrementar el intercambio comercial con las Falklands» (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay Faye O’Connor refrendó diciendo que habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, «el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas» (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

La difusión del artículo de Agenda Malvinas y seguramente la reunión «light» entre los Cancilleres del Río de la Plata, seguramente dieron lugar a un Twitter (17/02/23) del ex Canciller Felipe Solá, quien manifestó que «Lacalle Pou tiene como principal objetivo mostrar su desprecio por Argentina. Es una provocación a un reclamo que siempre compartieron. Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente. Se lo reclamé personalmente en Olivos en 2021. Traicionan el legado de Artigas» y la réplica en el mismo medio del secretario de Malvinas argentino (por el momento esta secretaría no está en Uruguay): «los dichos de dirigentes sobre Malvinas, sobre todo de quienes estamos ligados a la política exterior, deben ser responsables. Es falso que Uruguay haya cambiado su posición sobre la soberanía argentina. Flaco favor hace a nuestros intereses la difusión de información imprecisa».

La crítica al ex Canciller argentino por parte del secretario Carmona, superó a todas las opiniones de los medios uruguayos (Caras y Caretas; SaltoalDia; Memo; El País, etc.) ¿raro no? Bueno, por suerte Carmona, que se dice vinculado a la política exterior, aunque de sus acciones no se desprende, refiere a la «difusión de información imprecisa» (se supone de Solá); efectivamente, se podría detallar con mayor precisión que Uruguay ha cambiado su posición respecto a la soberanía argentina en Malvinas. Los hechos son elocuentes.

Comencemos por estos diputados de la coalición del gobierno. No dejan dudas para donde camina el gobierno uruguayo, favoreciendo los intereses británicos, no solo en Malvinas sino en todo el Atlántico Suroccidental, el acceso al Pacífico e Índico y a la Antártida Argentina, violando las Resoluciones de la ONU y de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Res. ONU 41/11, 1986); etc. No se efectuaron mutuas resignaciones, ni se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no lleven políticas comunes en el siglo XXI.

Desde 2020 más de 700 buques operan en el Puerto de Montevideo buques extranjeros que capturan ilegalmente (INDNR) los recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa, violando Uruguay las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, etc., que inicialmente el ex presidente Pepe Mujica había cumplido. Lo que ocurre en el citado puerto viola la CONVEMAR, las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal (INDNR) y, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se han convertido en una retórica sin ningún efecto práctico.

La Res. de la UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, donde los Cancilleres, rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas, cayó en desuso en Uruguay y este país se retrotrajo a 1800 donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo. De hecho, Uruguay fue denunciado por no controlar en sus puertos el trabajo esclavo de buques chinos, taiwaneses, etc.

Todos los años es sabido que los isleños, ocupas de Malvinas, promueven sus productos en Uruguay y vuelos desde este país parten a las islas y desde estas a Uruguay. El Decreto 256/10 debería ampliarse a las naves aéreas.

Lacalle Pou ha mostrado un espíritu rupturista del MERCOSUR y Brasil y Argentina han debido intervenir para oponerse al intento del presidente de Uruguay de establecer un Acuerdo de libre comercio con China (La Nación, 15/07/2022) que podría provocar una invasión comercial en la región y la ocupación de la más importante flota pesquera del mundo que hoy pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y Pacífico Sur. Para que ocurra esto, no se avanzó en la integración rioplatense, cuando en Montevideo en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI.

Por cierto, las políticas llevadas por la Argentina respecto a Malvinas han sido claudicantes y muchas veces los uruguayos enrostran al gobierno nacional ser los primeros que no defienden sus propios intereses, tal es el caso de la actual secretaría de Malvinas que no ha hecho otra cosa que intentar promover el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros, sin llevar adelante ninguna política activa (No lineal, referiría el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Tte. Gral. Juan Martín Paleo), para dar cumplimiento a la DTP de la Constitución Nacional. Entre otras, precisamente, avanzar en el perfeccionamiento del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y un Acuerdo con Uruguay que nos permita efectivamente trabajar en forma sinérgica en favor de ambos pueblos.

La lucha de intereses del siglo XIX entre Brasil y la Argentina dio lugar, con la intervención de Inglaterra, a la «Convención Preliminar de Paz» donde las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil acordaron en 1828 la independencia de la Banda Oriental, luego Uruguay. Ciento cuarenta y cinco años después se firmó el Tratado del Río de la Plata, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos y este Tratado, que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería Presidente, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y firmada por el Canciller Alberto Vignes en 1973, junto a su par uruguayo, asentó «las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y como refirió el Presidente Juan Domingo Perón en 19/11/1973: «Será éste el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, «para los hombres de coraje se han hecho las empresas».

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).