A propósito de la controversia por la Zona en Reclamación, deseo referir que, en todas nuestras conferencias en las universidades, he insistido sobre varios aspectos protuberantes y destacables.
No me he cansado de reafirmarlo en los organismos culturales a donde se nos ha invitado a interesantes conversatorios. Igualmente, se ha podido leer en todos los escritos que publicamos en los medios de comunicación social y en las distintas plataformas tecnológicas.
¿Cuáles son esos aspectos? Veamos el primero: nos consta, por las indagaciones documentales, que el asunto litigioso que mantenemos con la República Cooperativa de Guyana es una herencia —verdaderamente— que el imperio inglés le dejó a la excolonia británica.
También estamos conscientes que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966, y en consecuencia adquiere su condición de Estado; con lo cual asume a plenitud la entidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el vil atropello que se nos perpetró.
Hemos escuchado, en varias ocasiones quizás como alegato, que fueron los ingleses y no los guyaneses quienes nos arrebataron esa séptima parte de nuestro espacio territorial.
Por supuesto, estamos percibidos de tal maniobra socio histórica; sin embargo, no por ello vamos a desistir de nuestro legal y legítimo reclamo. Porque no es poca cosa el daño a la soberanía que nos causaron.
El segundo aspecto a destacar lo constituye la inmensa satisfacción que sentimos, ya que cada día muchos más compatriotas se suman a estudiar la problemática fronteriza confrontada por el costado este venezolano.
Alabamos —sin mezquindades— el trabajo suficientemente soportado con documentos de las ONG´s que han cumplido, por encima de las limitaciones pandémicas, bastantes actividades con el propósito de sensibilizar y concienciar a la población nacional del despojo hecho a nuestra geografía, mediante el nulo e írrito Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Fecha de ingrata recordación en nuestro país.
Dentro de este mismo orden y sentido, deseamos expresar otro elemento, no menos importante, también atinente a la dinámica interna para la defensa de nuestra Guayana Esequiba, me refiero al recato y la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias de reivindicación al caso contencioso.
Reconocemos la unidad de criterios que ha habido en esta lucha; aunque algunas veces nos gustaría que la Cancillería tuviera mayor capacidad de respuestas ante la vulneración, por parte de empresas transnacionales, de nuestros espacios territoriales y en su proyección atlántica.
Cuando estamos esperando, de un momento a otro, “una decisión sentencial” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aspiramos que la solidaridad e identidad nacional en el caso de la Guayana Esequiba se mantenga como un bastión compacto, pétreo, siempre fortificado.
No podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.
Nos enorgullecemos de la indeclinable posición de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Fundación Venezuela Esequiba, de las Universidades, de la ONG Mi mapa, del Instituto de Estudios de la Defensa de la Frontera Venezolana (IDEFV), del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales(COVRI), del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibo, de la Comisión Especial para la Guayana Esequiba de la Asamblea Nacional, de nuestra Cancillería; en fin, hay actividades permanentes ejecutadas por la citada amalgama de entidades y personalidades, que no desmayaremos en esta noble causa.
Los reclamos que hemos hecho por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.
La delegación de nuestra Cancillería ha explicado en las instancias internacionales correspondientes las razones y argumentos cartográficos, sociohistóricos y jurídicos que nos asisten. Que no son empecinamientos o malcriadez diplomática.
Toda gestión se ha adelantado convencidos de que la Corte Internacional de Justicia, hacia donde ha sido remitida la contención por la interposición de recurso en nuestra contra por parte de Guyana, no tiene la más mínima Jurisdicción y mucho menos la Competencia para conocer forma y fondo de este asunto litigioso.
El tercer aspecto del cual daremos cuenta estriba precisamente, en lo relacionado a Competencia y Jurisdicción. Dos términos jurídicos que en algunas ocasiones y circunstancias se confunden; pero que para los efectos y alcance de la controversia que nos ocupa deben quedar —y debemos manejarlos— absolutamente transparentes.
Por la importancia y trascendencia de lo que reclamamos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados a “hablar el mismo idioma”. Las incoherencias en el ámbito internacional se pagan caro. No podemos diversificar intenciones o criterios en nuestra reivindicación venezolanista.
Permítanme señalar, una vez más, que Jurisdicción y Competencia son instituciones distintas en sus respectivas conformaciones conceptuales, estructurales y a los fines perseguidos (lo teleológico), que cada étimo comporta.
La Jurisdicción, para los magistrados de la Corte Internacional de Justicia en el caso específico Venezuela-Guyana, debe dimanarle y adquirirla, potestativamente (eo ipso) de una “ley internacional”, llámese: tratado, convención, acuerdo, carta de entendimiento, pacto; así entonces, no siendo Venezuela suscribiente, adherente y menos ratificante del Pacto de Bogotá de 1948 “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, nunca ha conferido jurisdicción automática a la CIJ, ni incurre en desacato al Principio Pacta Sunt Servanda.
La jurisdicción puede derivar y provenir, además, como ha ocurrido en bastantes casos, de la voluntad de las Partes litigantes, que han manifestado el consentimiento de obligarse y someterse a la decisión sentenciadora del Alto Tribunal de La Haya.
Venezuela, al no reconocerle jurisdicción a la CIJ, no se ha hecho Parte en este pleito; cuyo recurso interpusieron unilateralmente ante la Corte, los coagentes de Guyana.
Entendemos que, si Venezuela no legitima jurisdiccionalmente a la Corte Internacional de Justicia, el Alto Tribunal pierde todo el piso competencial (funcional y objetiva) para dirimir de fondo y forma la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana
Un juez puede tener Jurisdicción y no Competencia, pero no al contrario. Si no posee la Jurisdicción, menos tiene la Competencia.
La Competencia de la Corte Internacional de Justicia, para el caso Venezuela-Guyana, sería deducible a partir de la potestad jurisdiccional, que legalmente nuestro país le atribuiría a ese órgano judicial frente al reclamo que planteamos por más de cien años.
La Competencia es una forma (una manifestación) restringida a partir de la jurisdicción.
La Competencia —dependiente de la determinación jurisdiccional— establece las reglas específicas que deben ser observadas —stricto sensu— operativamente para conocer de las controversias.
Lo importante es no confundir la especie (Competencia) por el género (Jurisdicción), ni lo contenido (Competencia) por el continente (Jurisdicción).
La propia CIJ ha expresado en sus escritos y resoluciones sobre el litigio in comento algunos interesantes pronunciamientos, que nos permitimos describírselas de seguidas: (*) Venezuela preserva las posibilidades de hacer valer sus Derechos Procesales —ya hemos expuesto en artículos anteriores, la opción de consignar la Excepción Preliminar—.(*) Debe resolverse, primero, la cuestión de la jurisdicción y la competencia de la Corte. (*) Es obligante que se determine por separado: jurisdicción de la CIJ y el Proceso, antes de cualquier decisión de fondo.
(*) La Corte debe decidir, como prioritario, si esta instancia tiene competencia para sentenciar sobre tal caso.
Reconforta saber que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya estimado, prioritario y necesario, que ese Tribunal debe estar informado de todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las partes se basan en lo que atañe a su competencia y jurisdicción en este específico caso.
¿Estará dispuesta la Corte a llevarse por delante sus propias predeterminaciones?
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de la Defensa de la Frontera Venezolana (IDEFV).
Hasta la crisis financiera de 2008, los paraísos fiscales eran vistos como exhibiciones exóticas, islas del Caribe o fortalezas financieras alpinas frecuentadas por celebridades, gángsteres y aristócratas ricos.
Desde entonces, nos hemos dado cuenta de seis cuestiones que nos hacen pensar:
a) el fenómeno es mucho más grande y central para la economía global de lo que casi nadie había imaginado;
b) se está fomentando el lavado de dinero sucio del tráfico mundial de drogas, un negocio igual al valor del comercio mundial de petróleo y que salvó a muchos de los grandes bancos del mundo de la bancarrota en la crisis financiera de 2008;
c) se desarrolla la financiación del terrorismo, una guerra con “low cost” (“bajo costo”) con un efecto estratégico muy alto;
d) deforma el mecanismo financiero internacional cambiando los datos y los costos de las operaciones, haciéndolos impredecibles;
e) la masa de dinero disponible en los paraísos fiscales hace posible la corrupción masiva que actualmente es endémica en los países en desarrollo como en los del “primer mundo”.
f) los refugios más grandes no están donde pensábamos que estaban.
Los paraísos fiscales cuestan colectivamente a los gobiernos entre US$ 500 mil millones y 600 mil millones al año en ingresos fiscales perdidos, según estimaciones recientes, a través de medios legales y no legales. De esa pérdida de ingresos, las economías de bajos ingresos representan alrededor de US$ 200.000 millones: un porcentaje más alto del PIB que las economías avanzadas y más de los aproximadamente US$ 150.000 millones que reciben cada año en ayuda exterior para el desarrollo. Solo la sociedad American Fortune tenía alrededor de US$ 2,6 billones en alta mar en 2017, aunque una pequeña porción fue repatriada después de las reformas fiscales de Estados Unidos en 2018.
Las empresas no son los únicos beneficiarios. Individuos escondieron US$ 8.7 billones en paraísos fiscales, estimaba Gabriel Zucman en 2017, un economista de la Universidad de California, Berkeley. Las estimaciones más completas del economista James S. Henry (2016) producen un sorprendente total de hasta US$ 36 billones.
Además, dado que los principales usuarios de los paraísos fiscales son las grandes instituciones financieras y otras multinacionales, el sistema perjudica a las pequeñas y medianas empresas, aumentando la monopolización.
Los gobiernos poderosos también tienen interés: la mayoría de los principales refugios se encuentran en las economías avanzadas o en sus territorios. El índice Corporate Tax Haven de Tax Justice Network se encuentra entre las tres principales Islas Vírgenes Británicas, Bermudas y las Islas Caimán, todos territorios de ultramar de Londres. El índice de secreto financiero sitúa a Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán como las tres principales jurisdicciones para la riqueza privada.
Para comprender mejor por qué las jurisdicciones ricas están en la parte superior de la lista, piense en cuántos africanos ultra ricos esconden activos secretos en Ginebra o Londres, luego considere cuántos suizos o británicos ricos tendrían activos a alguna capital del continente negro. El capital extraterritorial tiende a fluir de los países pobres a los países ricos, con mayor perjuicio a las poblaciones que luego las mafias internacionales convergen en Europa.
Y el sistema offshore está creciendo: ha contribuido a una drástica caída de las tasas impositivas corporativas promedio, que han caído a la mitad: del 49% en 1985 al 24% en 2019. Para las multinacionales estadounidenses, los beneficios corporativos que se trasladaron a paraísos fiscales aumentaron aproximadamente de 5% a 10% de los beneficios brutos en la década de 1990 a alrededor de 25-30% en 2019.
Los principios del sistema internacional de impuestos corporativos han sido establecidos por la Sociedad de Naciones (1920-1946) durante casi un siglo, por lo que hasta hace una década, había pocas restricciones políticas a la expansión de los paraísos fiscales. Sin embargo, después de la ya mencionada crisis de 2008, los gobiernos se vieron presionados a: 1) cerrar grandes déficits presupuestarios, 2) apaciguar a los votantes furiosos por los rescates bancarios financiados por los contribuyentes, y 3) ampliar la desigualdad y la capacidad de las multinacionales y los ricos para escapar de los impuestos.
Los Papeles de Panamá y las Fugas de Luxemburgo han revelado el uso de paraísos fiscales para propósitos a menudo nefastos y han reforzado la presión de hacer algo. La OCDE ha puesto en marcha dos grandes proyectos.
Uno es el Common Reporting Standard, un esquema para el intercambio automático de información financiera a través de las fronteras para ayudar a las autoridades fiscales a rastrear los activos offshore de sus contribuyentes.
Pero el CRS contiene muchas lagunas; por ejemplo, permite a las personas con el pasaporte adecuado solicitar la residencia en un paraíso fiscal, en lugar de en el país donde viven.
Sin embargo, el CRS ha dado algunos resultados. La OCDE estimó en julio de 2019 que 90 países habían compartido información sobre 47 millones de cuentas por valor de € 4,9 billones; que los depósitos bancarios en paraísos fiscales se habían reducido del 20 al 25%; y la divulgación voluntaria antes de la aplicación había generado € 95.000 millones en ingresos fiscales adicionales para los miembros de la OCDE y el G20, que incluye las principales economías de mercados emergentes.
La otra iniciativa fue el proyecto de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dirigido a multinacionales. Es decir, el esfuerzo de la OCDE por “realinear los impuestos con sustancia económica” sin interrumpir el consenso internacional de larga data en apoyo del principio de libre competencia. Aunque el BEPS mejoró la transparencia de las multinacionales, en última instancia fue visto como un fracaso de la OCDE, especialmente para la economía digitalizada.
En enero de 2019 la presa comenzó a agrietarse. La OCDE ha admitido la necesidad de “soluciones que van más allá del principio de libre competencia”. En marzo, Christine Lagarde, entonces directora gerente del FMI, calificó el método cohesivo de control “obsoleto” y “particularmente perjudicial para los países de bajos ingresos”.
Pidió un “replanteamiento fundamental” con avances hacia enfoques basados en fórmulas para la asignación de ingresos. En el mes de mayo siguiente, la OCDE publicó una hoja de ruta en la que proponía reformas basadas en dos pilares: 1) determinar dónde deben pagarse los impuestos y sobre qué base, y qué parte de los beneficios deberían gravarse sobre esa base; y 2) convencer a las multinacionales para que paguen un nivel mínimo de impuestos.
El profesor Reuven Avi-Yonah, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, dijo que el plan era “extraordinariamente radical” y habría sido “casi inconcebible” incluso hace cinco años.
Pero un cambio radical es factible. La Tax Justice Network considera ahora que sus cuatro demandas clave, inicialmente desestimadas como utópicas, están ganando apoyo mundial: intercambio automático de información financiera transfronteriza, registros públicos de propiedad efectiva de los activos financieros, informes país por país e impuesto unitario con fórmula de distribución.
Pero el impuesto de sociedades es sólo el principio: tenemos que considerar las fuerzas que hacen que el sistema offshore funcione. El ejemplo de Suiza es emblemático. Los políticos de Alemania, Estados Unidos y otros lugares se han enfrentado con Suiza por el secreto bancario, con poco éxito. En 2008, después de descubrir que los banqueros suizos habían ayudado a los clientes estadounidenses a evadir impuestos, el Departamento de Justicia siguió un camino diferente: no se dirigió al país, sino a sus banqueros y bancos.
Suiza ha hecho importantes concesiones en el secreto bancario por primera vez. Se entiende que cualquier respuesta internacional efectiva debe incluir fuertes sanciones contra quienes faciliten los asuntos privados, incluidos los contadores y los abogados, especialmente cuando favorecen actividades delictivas como la evasión fiscal.
Los flujos financieros que buscan el secreto o huyen de los impuestos corporativos exacerban las desigualdades, aumentan la vulnerabilidad a las crisis e infligen daños políticos no cuantificables a medida que el capital secreto se infiltra en los sistemas políticos occidentales, desestabilizándolos con una pobreza creciente y el desempleo. Y a medida que el capital financiero fluye desde los países más pobres a los paraísos fiscales del mundo rico, sigue la migración antes mencionada de los buscadores de empleo, se produce la migración de buscadores de empleo antes mencionada, innecesaria a los ya saturados mercados de llegada.
La red financiera de operaciones de lavado de impuestos favorece la elección de operaciones desleales sin ninguna evaluación moral de los medios que se utilizarán para mejorar el capital.
Habrá quienes exijan la libertad de comercio, pero bastará con incluirlos en la lista de empresas de lavado de dinero que operan en paraísos fiscales.
Cuanto mayor sea el importe de las transacciones financieras, menor debe ser su libertad y autonomía. Será el próximo gran tema internacional, que se resolverá con menos charlas y más hechos.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Nota: traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor.
Trucker de la Armada Argentina durante un adiestramiento de vuelo en la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), diciembre de 2020. Imagen: Gaceta Marinera.
Un país de la extensión de Argentina, que tomando la definición del General Juan Enrique Guglialmelli es un país peninsular, es decir es continental, bioceánico y antártico[1], que además es el octavo en el mundo por superficie, y con un extenso litoral marítimo que se prolonga por 4.725 kms, con una plataforma continental de 1.783.278 km², no puede permitirse no tener Fuerzas Armadas y muy particularmente no tener una Fuerza Aérea en condiciones de controlar todo el espacio aéreo nacional, ni una Armada en condiciones de defender el territorio argentino y sus intereses económicos en las aguas territoriales, la cual además debe abastecer a las bases de la Antártida, misión que comparte con la Fuerza Aérea. Del mismo modo, ambas fuerzas deben sostener sus compromisos en operaciones Búsqueda y Rescate (SAR, en inglés) en el Atlántico Sur. Por ley Nº 22.445 el Estado argentino, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo —adoptado en Hamburgo (República Federal de Alemania), el 27 de abril de 1979— (Artículo 1º) y designó al Comando en Jefe de la Armada, a través de sus organismos competentes, autoridad de aplicación del instrumento citado (Artículo 2º). Vale recordar aquí la relevante misión que, en noviembre de 1903, llevó a cabo la Corbeta ARA “Uruguay” al rescatar la expedición del científico sueco Otto Nordenskjöld en la Antártida, una página de gloria no sólo para la Armada Argentina sino también para la República Argentina, hecho que también significó nuestra aproximación al continente antártico.
Es oportuno mencionar que a fines de febrero de 2020, ante el pedido de asistencia del buque pesquero de bandera rusa “Atlántida”, ubicado a 400 km al sur de las islas Malvinas, por tener un tripulante enfermo con problemas cardíacos, se destacó al aviso ARA “Islas Malvinas” —que cuenta con médico a bordo—, para su encuentro en momentos en que la meteorología en la zona era desfavorable, con vientos del oeste de más de 70 km por hora y olas superiores a los 5 metros[2].
Aparte de lo anteriormente señalado, es increíble que gran parte de la dirigencia política aún sostenga que no hay hipótesis de conflicto. Parece ser que muchos han olvidado que una parte considerable de la plataforma continental está ocupada por una potencia invasora, con su base de operaciones en las islas Malvinas. ¿O es que hemos ya decidido entregarlas definitivamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? En la práctica no solo las islas están ocupadas de facto por la potencia invasora, sino también nuestro mar, pues ha establecido una zona de exclusión de 200 millas náuticas en derredor de las islas Malvinas en forma unilateral y nuestro país lo ha aceptado sin mayores protestas. O al menos sin protestas de peso. También debe mencionarse el reciente reclamo del gobierno de Chile ante la presentación del nuevo mapa de la República Argentina y su objeción a la extensión de la plataforma continental submarina. En este sentido, es necesario aclarar que “hipótesis de conflicto” no es sinónimo de “conflicto armado”.
Del mismo modo, existen otros conflictos potenciales que están relacionados con la problemática del Atlántico Sur pero incluyen a actores diferentes: estos son China y España, que con sus flotas pesqueras depredan los mares australes sin control alguno, así como los pesqueros de otras banderas.
De esta manera, debe considerarse que se hace muy difícil garantizar la integridad territorial, es decir, velar por la Soberanía Nacional, cuando se está completamente indefenso y sin poder duro.
Como se puede apreciar, las Fuerzas Armadas no son solo un instrumento para mostrar en los desfiles patrios. Ni tampoco son un ente perverso que lleva al país a la ruina. Ya ha pasado mucho tiempo desde el último “gobierno militar”). Sus actuales miembros, salvo alguna excepción, no prestaban servicio en esa época; en la mayoría de los casos eran niños, adolescentes o aún no habían nacido. Es hora de dar vuelta de página y avanzar hacia la reconstrucción de la grandeza nacional, de hacer respetar la Soberanía Nacional y trabajar para que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones. Pero esto, sin Fuerzas Armadas apropiadamente equipadas, instruidas y con la dimensión adecuada no es posible.
En cuanto a la Armada, más allá de la presencia o no de hipótesis de conflicto, es imprescindible equiparla con unidades de superficie modernas y rápidas, de diversos tonelajes, y además hacen falta unidades submarinas, arma estratégica para la guerra pero también para poder detectar en forma sigilosa y eventualmente interceptar los pesqueros que depredan los mares del sur sin control alguno y que huyen cuando los navíos nacionales se acercan, o guiar a estos últimos para lograr la intercepción y captura. Siguiendo esta lógica, se hace imprescindible equipar a la aviación naval con aeronaves de gran autonomía para la exploración y reconocimiento. A la vez, estas aeronaves sirven como plataformas para guiar a las unidades de la flota en su patrullaje. Sin embargo, cabe recordar que el actual gobierno argentino, a principios de 2020, dejó sin efecto una gran oportunidad que consistía en la adquisición de cuatro aviones Lockheed P-3C Orion de patrulla marítima y de patrulla antisubmarina. La venta de esas aeronaves usadas había sido autorizada por el gobierno de los Estados Unidos a fines de 2019. Un mero ejemplo de que la retórica de la Soberanía Nacional no se plasma en hechos. Podrían mencionarse más ejemplos si tomáramos el gobierno anterior del kirchnerismo.
Por otro lado, la recuperación del arma submarina es vital para la defensa de nuestra soberanía. Es un arma de naturaleza ofensiva, pero que además permite la recolección de inteligencia, proporciona reconocimiento avanzado para una flota de superficie, brinda libertad de acción para la misma, sirve además para la infiltración de tropas de operaciones especiales en territorio enemigo, (vale recordar para esto la “Operación Rosario” en la reconquista de las islas Malvinas). Y de ser necesario puede operar en forma aislada.
No debe descuidarse la necesidad que existe de, al menos, dos buques de desembarco. Es lo que permite proyectar una fuerza de ocupación y el efectivo control del terreno en caso de conflicto. Con este propósito, también debe equiparse y aumentar las capacidades de la Infantería de Marina.
De manera tal que para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su misión específica es necesario suministrarles las capacidades primordiales para la defensa. No se trata de adquirir camiones IVECO militarizados en Brasil, que bien podrían adquirirse a IVECO Argentina o a Mercedes Benz Argentina, lo que a su vez significaría brindar trabajo a operarios argentinos, sino de buques, aviones y material militar, que estén diseñados para el combate. Respecto de la intención de comprar unidades del vehículo 6×6 VBTP-Guaraní —para lo cual el Ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, visitó la planta de IVECO en Sete Lagoas (Minas Gerais)—, cabe destacar que partes de ese vehículo son construidas en la planta de esa empresa en Córdoba: el motor y el chasis[3].
De tal modo que la Argentina necesita, de manera urgente, contar con una Armada óptimamente equipada y entrenada, con los recursos suficientes para no solo controlar, patrullar y proteger nuestros recurso, y además con un poder disuasivo creíble que prevenga que estos actores —y otros que sacan provecho de la actual realidad— coercionen a nuestro país a seguir aceptando esta situación por medio de la fuerza.
Por eso, además de lo antes mencionado, y en función de la extensión del territorio a proteger, y para poder proyectar el poder naval aún más lejos, nuestro país debería considerar seriamente la incorporación de uno, idealmente dos portaviones de mediano tamaño. No inmediatamente, pero si en el mediano a largo plazo, a medida que las finanzas del país lo vayan permitiendo. Inicialmente, y en función de la disponibilidad presupuestaria, se propone incorporar al segundo. Esto permitiría tener a uno patrullando, mientras el otro realiza tareas de mantenimiento y alistamiento. Los recientes ejercicios llevados a cabo por los pilotos de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina de la Armada, en la Base Aeronaval Comandante Espora, con maniobras que simulaban un aterrizaje en portaaviones con un avión Grumman S-2T Turbo Tracker, pone en evidencia que esa fuerza no ha perdido la esperanza de contar nuevamente con un portaaviones.
Los críticos dirán que son onerosos, y es cierto. Difícilmente puedan incorporarse en el corto plazo, pero tengamos en cuenta los miles de millones de dólares que se pierden anualmente por los recursos pesqueros depredados. Según CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas) se exporta en promedio US$ 1.600 millones anuales. Mientras tanto en Malvinas de acuerdo con lo que denuncia el sitio Reporte Austral, en su nota del 6 de febrero de 2020, el Reino Unido percibió en el periodo de 1983 a 2015 regalías por US$ 147 mil millones[4]. En promedio significan US$ 4.500 millones por año. Esto solamente tomando en cuenta los recursos pesqueros. Podemos agregar a la ecuación los recursos petroleros perdidos o no percibidos, y entonces veremos que es más oneroso no tener los medios para proteger nuestros recursos naturales. La incorporación de estos a mediano plazo permitiría a la aviación naval aumentar la proyección de su efecto disuasorio. Además de dotarla de aeronaves de exploración se debe reequipar y modernizar a la aviación de ataque y de lucha antisubmarina, tanto sus elementos de ala fija como rotatorias. Ambos son necesarios para tener una adecuada capacidad de lucha antisubmarina.
En cuanto a lo antes expresado sobre la fuerza de submarinos, debería contarse con no menos de quince unidades operativas, al menos en el mediano a largo plazo. Esto es impensable en el corto plazo, por obvias razones, pero debería apuntarse inicialmente a tener al menos seis unidades inicialmente. Pudiendo optarse inicialmente por una versión moderna de los ya conocidos clase TR-1700 o similares. Luego si debería tratarse de llegar a los quince propuestos, siendo idealmente al menos tres de propulsión nuclear. Para estos últimos, podría retomarse el proyecto nacional contemplado en la década de 1970 o, al que alguna vez se consideró para fabricar conjuntamente con Brasil teniendo en cuenta el desarrollo de un reactor argentino. Esto le permitiría a nuestro país sin mayores esfuerzos proyectar su capacidad y presencia en nuestro extenso mar o protegiendo los intereses nacionales a gran distancia, enviando un inconfundible mensaje de que estamos dispuestos a defender el patrimonio nacional.
El razonamiento expuesto anteriormente y los mismos principios pueden aplicarse al conflicto con el Reino Unido. Con esto se logra la economía de medios y se aprovecha el planeamiento por capacidades, de acuerdo con la doctrina vigente.
En cuanto al poder aéreo, debido a la gran extensión territorial y al espacio aéreo a controlar, nuestra Fuerza Aérea debe estar equipada y entrenada para no solo patrullar y proteger al mismo, sino también para detectar e interceptar a cualquier intruso.
Se debe ampliar y redistribuir a la misma para lograr una efectiva cobertura del territorio nacional, incluido el Mar Argentino, las islas del Atlántico Sur y la Antártida.
Debe procederse a la completa radarización del país para controlar el espacio aéreo y proteger el territorio del contrabando y del narcotráfico. Para ello debe equiparse a la fuerza con unidades de interdicción, que estén en condiciones de interceptar a aeronaves de bajas prestaciones.
Asimismo la Fuerza Aérea, y tendiendo a la economía de medios debería estar equipada con cazas multi-rol. Estos tienen la versatilidad suficiente para desempeñar gran parte de las misiones de la fuerza, lo que implica una superioridad aérea, con capacidad de ataque y bombardeo, exploración, etc., contando con un solo vector o plataforma. Quizás la etapa del empleo específico ha sido superada. Debe equipársela en cantidad y calidad suficiente para lograr además la superioridad aérea en caso de ser esto necesario, y que tenga la capacidad de proyectar su poder de fuego más allá del territorio nacional, teniendo en cuenta las hipótesis de conflicto antes descriptas.
La Fuerza Aérea debe tener los medios para el reabastecimiento en vuelo de sus unidades ofensivas —como lo tuvo en oportunidad del Conflicto del Atlántico Sur— y, a la vez, debería ampliar su capacidad logística, gravemente disminuida desde hace casi treinta años.
Entre otros elementos debería modernizarse su capacidad de guerra electrónica y también debería equipársela con, al menos, una docena de bombarderos de alcance medio. Esto pueden realizar misiones de mayor alcance, o que no puedan asignarse a cazas multi-rol, ya sea por la carga ofensiva requerida o por los tiempos de permanencia en el aire o las distancias a recorrer.
Además debería buscarse la complementariedad de medios aéreos con la Aviación Naval. Esto reduce tanto gastos de mantenimiento, como de instrucción y adiestramiento.
Por último, y no siendo la intención de este artículo ahondar en las capacidades del mismo, nos referiremos al Ejército Argentino. No podemos abordar el poder aéreo y naval sin referirnos al poder terrestre, pues éste es el que custodia las instalaciones y el territorio desde donde se proyectan los otros dos.
Este debe estar equipado y adiestrado para defender y ejercer un completo dominio sobre el territorio continental, al menos como misión principal, pero a la vez debe estar equipado para poder proyectar su poder donde la Nación lo requiera y debe estar en condiciones operativas, cuando la situación así lo amerite, de interactuar con la Infantería de Marina, habida cuenta de que nuestro país es un Estado con un extenso litoral marítimo.
También el Ejército debería equipar a su aviación con gran cantidad de helicópteros medianos y livianos y al menos con una docena de helicópteros pesados. Los helicópteros son unas máquinas esenciales para el desarrollo de misiones de despliegue rápido en situaciones de combate pero también para ejecutar operativos de asistencia ante catástrofes naturales. Es imperativo además que el Ejército modernice y expanda su flota de aviones de transporte, tanto ligeros como de mediano porte.
Asimismo es urgente la renovación del parque de vehículos blindados y de transporte, su poder de fuego y capacidades antiaéreas, así como del equipamiento del mismo en general.
Para todo proyecto de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas, debería favorecerse las propuestas que logren la efectiva transferencia de tecnología, en especial a lo que armamentos se refiere, logrando una industria bélica moderna y eficiente propia. Ya fue suficiente con la experiencia durante el Conflicto del Atlántico Sur, cuyas limitaciones de equipamiento aún siguen vigentes. Los embargos de armamentos han contribuido al constante deterioro militar argentino, con lo cual no hay que repetir el error. Hay que buscar inicialmente y hasta lograr la independencia tecnológica militar entre los pocos proveedores que estén dispuestos a proveernos y a la vez transferir tecnología.
Actualmente la Federación de Rusia ha realizado una interesante oferta de material con transferencia de tecnología que el gobierno nacional debería considerar seriamente como una gran oportunidad para reconstruir nuestra industria de la Defensa y para abastecer militarmente a otros países de la región.
BTR-80, Transporte blindado de personal. Foto: Rosoboronexport
Rusia ofreció helicópteros Mi-171Sh para el Ejército Argentino.
MiG-29, imagen del avión de guerra con los colores albicelestes. Foto: Russia Beyond.
En conclusión, nuestro país no logrará ser libre y poder decidir su propio destino en tanto y en cuanto no sea capaz de controlar eficientemente su territorio y su espacio marítimo en forma absoluta. Por otro lado, debe alcanzar su independencia no solo en el plano económico, también en el cultural y tecnológico. Para esto debe contar con Fuerzas Armadas que efectivamente proyecten un efecto disuasorio y que estén en capacidad de intervenir satisfactoriamente para salvaguardar los intereses del país cuando la situación así lo amerite.
* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.
Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también dictado por la UNDEF.
Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.
Referencias
[1] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.
[2]“Caso SAR buquepesquero ‘Atlántida’”.Gaceta Marinera, 28/02/2020, < https://gacetamarinera.com.ar/caso-sar-buque-pesquero-atlantida/>.
[3]Diego Marconetti. “El Ejércitoanalizacomprar un blindado con componentescordobeses”. La Voz (Córdoba), 27/10/2020, <https://www.lavoz.com.ar/politica/ejercito-analiza-comprar-un-blindado-con-componentes-cordobeses>.
[4] “Por la pesca en Malvinas, Gran Bretaña percibió 147 mil millones de dólares en concepto de regalia”. Reporte Austral, 06/02/2020, <https://www.reporteaustral.com.ar/noticias/2020/02/06/79719-por-la-pesca-en-malvinas-gran-bretana-percibio-147-mil-millones-de-dolares-en-concepto-de-regalias>.
