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EL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA. ACIERTOS Y DESACIERTOS DEL GOBIERNO ARGENTINO (1982-2020).

César Augusto Lerena*

A 38 años de la recuperación de Malvinas. Cuando las tropas argentinas abandonaban Malvinas, creímos que había ocurrido lo peor. Los contrastes fueron tan notorios y las motivaciones tan evidentes que, el gobierno de facto, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y homenajear con gloria a nuestros muertos, los escondió, mientras muchos argentinos no supieron distinguir entre una decisión irresponsable y el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la Nación, según lo prescribe el artículo 21º de la Constitución Nacional, y asegurar un país soberano.

Y comenzó la desmalvinización y, con ella, la entrega sostenida y creciente del territorio marítimo nacional, sus recursos naturales y los desaciertos de nuestras autoridades de turno consolidaron el cometido británico y el fortalecimiento económico y jurídico de los invasores.

LOS HECHOS

PROCESO MILITAR 1981-1982: LEOPOLDO GALTIERI Y NICANOR COSTA MÉNDEZ

1982 (-) Recuperación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Defensa del archipiélago y derrota Argentina.

1982 (-) Pesca de buques extranjeros en el Atlántico Sur. Se profundiza la presencia de buques extranjeros iniciada hacia 1976 vinculada con el gobierno ilegal de Malvinas y se acrecienta la internalización del mar argentino con la presencia de buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, japoneses, coreanos, etc. Ello da lugar a que las empresas extranjeras que pescaron en estos 38 años con licencias ilegales británicas efectuasen un comercio final del orden de los 140 mil millones de dólares.

GOBIERNO 1983-1989: RAÚL ALFONSÍN, DANTE CAPUTO Y LUCIO GARCÍA DEL SOLAR

1983 (-) Desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación que presenta la guerra de Malvinas como vergonzante, que enajena a los argentinos el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los oficiales, suboficiales, soldados y civiles argentinos en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur, Malvinas y Georgias del Sur, que facilitaría a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en el Atlántico Sur.

1984 (-) Tratado de Paz y Amistad con Chile. Se firma este Tratado sobre el diferendo del canal del Beagle, donde Argentina pierde territorio insular y marítimo y acepta una delimitación sin Mar Territorial. Un precedente que podría incidir negativamente en las negociaciones de Malvinas.

1985 (-) Nuevo Aeropuerto en Malvinas. El Reino Unido inaugura un nuevo Aeropuerto en Malvinas.

1986 (-) Acuerdos Pesqueros con la URSS y Bulgaria. El Canciller Dante Caputo y el Subsecretario de Pesca Luis Jaimes promueven la firma del «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión de que sus buques pesquen en el área de Malvinas, cuestión que en la práctica no ocurre. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico en Malvinas mediante la Proclama N° 4 de 1986 anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ) de 150 millas; estableciendo, por primera vez, una zona en torno a Malvinas prohibida para los buques argentinos, además de reivindicar, por orden de la Reina, la Zona Económica Exclusiva y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas.

1987 (-) La fórmula del Paraguas. En la O.N.U. se reúnen el canciller Caputo, el jefe de la negociación García del Solar, el Embajador Marcelo Delpech, y el Subsecretario Robert Gelbard de Estados Unidos. El Canciller expuso el texto propuesto por Argentina sobre el «paraguas de soberanía», que el funcionario norteamericano lo retransmitió a la Embajada Británica. En realidad, Caputo no hizo otra cosa que aceptar la formula inglesa que Argentina había rechazado en 1981: congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas. Ello no le impidió al Reino Unido avanzar de los 11.410 km2 (Malvinas) que ocupaba en 1982 a los 1.639.900 de km2 de hoy.

1988 (-) Negociaciones pre-Acuerdo de Madrid. En Ginebra, Caputo y García del Solar acuerdan con el Embajador inglés en la O.N.U. Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció a este gobierno y, a los siguientes, una cuestión menor; pero, como ya lo manifestamos en trabajos anteriores fue, y es un tema central. Ello lo ratificó el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). Mientras la delegación argentina entusiasta hacía llegar non papers a Londres, el Reino Unido anunciaba maniobras Fire Focus en Malvinas. Caputo insta a dialogar según la fórmula británica del paraguas y el gobierno inglés expresa que «abordarían el diálogo sobre la base de su declaración de 1986», mientras el Gobierno argentino, lo haría «sobre la base de la jurisdicción argentina reafirmada desde 1966 con el dictado de la Ley 17.094» (Ley que el gobierno de Menem derogaría). El Reino Unido no contestó y, hacia fines de 1988, Caputo «deja en claro su urgencia por avanzar, dado que existía la posibilidad, de qué en las elecciones presidenciales del año siguiente, ganase la oposición. Para julio de 1989 el Reino Unido no había dado respuesta al nonpaper argentino de septiembre de 1988.

GOBIERNO 1989-1999: CARLOS MENEM, DOMINGO CAVALLO, GUIDO DI TELLA, LUCIO GARCIA DEL SOLAR Y SUSANA RUIZ CERRUTI

1989 (-) Los Acuerdos de Madrid. En octubre de 1989, en Madrid, se efectúa la Declaración Conjunta que confirma la «fórmula del paraguas», la entrega de la pesca al Reino Unido y restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. La congelación de la soberanía sin fecha de vencimiento benefició claramente al Reino Unido, que estaba y está en posesión de las islas y del mar circundante. La fórmula utilizada fue notablemente imperfecta: no debió tratarse solo de no hablar de soberanía, sino —en todo caso— de no hacerlo por un tiempo determinado y, no modificar, mientras tanto, el statu quo de 1982. Por incumplimiento la Argentina debió denunciarlo hace décadas, ya que el Reino Unido ha avanzado en forma sostenida ocupando nuevos territorios marítimos y explotando recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el área en conflicto. Del total de kilómetros cuadrados que el Reino Unido tenía bajo control alrededor de Malvinas este año descarta en forma espontánea unos 4.000 Km2 al sudeste de Malvinas, que Cavallo exhibe como un éxito, cuando en realidad, el objeto británico era consolidar la aplicación de la CONVEMAR que, establece, en su art. 74º que la Z.E.E. debe dividirse en forma equidistante, entre los países ribereños vecinos. Estatus que el Reino Unido pretende.

1990 (-) La conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas. La Argentina y el Reino Unido reanudan las relaciones diplomáticas. Gran Bretaña instala mediáticamente la posible instauración de una Z.E.E, de 200 millas alrededor de Malvinas y la Primera Ministro Margaret Thatcher hace suya la posición de los isleños, con la aclaración «que debería acordarse el límite oeste con Argentina, donde las Z.E.E. se superponen». En noviembre se firma el “Acuerdo del Gallinero”, donde se conviene con el Reino Unido, el cuidado de los recursos pesqueros y su prohibición de pesca en una importante área al este de Malvinas —con forma de medialuna— desde las 200 millas del archipiélago hasta el límite exterior de la plataforma continental que la Argentina reclama como propia y que, además, les asegura a los ingleses, que terceros países no pesquen los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc. y la consolidación económica de los isleños, que obtienen con la pesca el 75% de sus ingresos.

1991 (-) La determinación de las Líneas de Base de Argentina. Con la sanción de la Ley 23.968 «de líneas de base» se derogó de hecho la Ley 17.094, reduciendo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas. El Acuerdo de Madrid se consolidó con esta Ley y allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas.

1993 (-) El Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control del extremo sur del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida.

1994 (-) La captura y veda del calamar. El gobierno argentino establece el charteo y las vedas a la captura del calamar que garantizan a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso. Por su parte, el Reino Unido establece un área “GAP” al noroeste de las Islas, por fuera de la zona de exclusión pesquera (FICZ) y dentro de la Z.E.E. de unos 1.400 Km2, para proteger sus importantes capturas de calamar.

1994 (-) El Acuerdo con la Unión Europea. La Argentina firma el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea y poco después el Reino Unido establece una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas, que impide a los buques nacionales pescar y facilita la concesión de licencias de los ingleses. Las zonas asignadas a los buques españoles en el Acuerdo no alcanzaron el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del Calamar, se le asignó la captura de una subpoblación de esta especie que no migra al Archipiélago.

1994 (+) Nueva Constitución de la Nación Argentina. En Santa Fe se aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en sus Disposiciones Transitorias establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, lo que demuestra en forma elocuente, la vocación de todos los sectores políticos de la Nación, de persistir en la recuperación de este territorio a la soberanía nacional.

1995 (-) La investigación conjunta de los recursos argentinos en el Atlántico Sur. La Argentina y el Reino Unido acuerdan la investigación conjunta de los recursos pesqueros en un sector más amplio (por debajo de los 45ºS) que la FICZ (de exclusión británica alrededor de Malvinas), con los buques de investigación argentinos y su capacidad técnica y operativa para que los británicos se hagan de una información vital que les permite prever la disponibilidad de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y otorgar licencias ilegales a buques extranjeros y propios.

1995 (-) La ratificación de la CONVEMAR. La Argentina ratifica por Ley 24.543 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que reduce de 200 a 12 millas nuestro Mar Territorial Argentino, y limita a 350 millas marinas la Plataforma Continental Argentina, que en Malvinas alcanza a las 850 millas, además de que entendemos que la Argentina si bien observó varios de sus puntos relativos a las cuestiones territoriales marítimas, los recursos migratorios y los derechos preeminentes de los Estados ribereños sobre los Estados de Bandera, no tuvo efecto práctico alguno y cientos de buques pescan anualmente los recursos pesqueros migratorios argentinos.

1996 (-) Argentina acuerda políticas de cooperación con el Reino Unido. En Londres, el Secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso, el rotundo fracaso de la política argentina: En el Acuerdo Ítem a) Se normalizan las relaciones con el Reino Unido, sin que la Argentina limite su ocupación territorial o la libre explotación de nuestros recursos. Ítem d) Se acuerda la conservación conjunta para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en “beneficio de las partes involucradas”, donde la Cancillería Argentina considera “parte involucrada” a los británicos. Se firman medidas, vulgarmente conocidas de “cooperación”. Dos o más Naciones pueden cooperar con recursos económicos, tecnológicos y de otro tipo; pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone todos los recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros y territoriales, mientras que el Reino Unido ocupa los espacios marítimos, insulares y explota los bienes argentinos.

1997 (-) La carencia de medios de difusión oficiales sobre el Atlántico Sur y Malvinas. Comienza a editarse un medio digital pro-británico que emite informaciones en inglés y castellano que trata cuestiones relativas al Atlántico Sur. En la Argentina la Fundación Malvinas recolecta informaciones de distintos medios nacionales.

1998 (-) Convenio de Cooperación Militar. Se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, el Reino Unido traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación y, son informados los movimientos militares argentinos.

1998 (-) Sanción de la Ley de Pesca. Se sanciona la Ley 24.922 sin promoverse herramientas para evitar la extranjerizaron del mar argentino, la pesca y en especial los recursos migratorios. Mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2020 siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y los inversionistas extranjeros americanos y chinos adquieren los capitales accionarios de las más importantes empresas nacionales y extranjeras.

1999 (-) La Cancillería Argentina colabora con el Reino Unido en combatir a los buques sin licencias pesqueras británicas en el Atlántico Sudoccidental. En Madrid El Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina Andrés Cisneros acuerda siete medidas con los británicos. Es decir, la Argentina, vuelve a beneficiar al Reino Unido con medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el Atlántico Sur, de modo que la administración ilegal de Malvinas pueda seguir otorgando licencias a buques pesqueros extranjeros para capturar los recursos argentinos.

GOBIERNO 1999-2001: FERNANDO DE LA RÚA Y ADALBERTO RODRIGUEZ GIAVARINI

2000 (-) La Argentina por la Ley 25.290 sancionada el 13 de julio de 2000 aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York. Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York el 4 de diciembre de 1995 y que, pone en manos de los Estados de Bandera (con mayoría en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias y, le abre al mismo tiempo al Reino Unido de Gran Bretaña, las puertas en esas organizaciones regionales para intervenir bajo pretexto de considerarse en Malvinas un estado ribereño. No fue ratificada por Argentina por la presión en contra ejercida ante el Congreso Nacional por organizaciones y expertos, pese a la insistencia de la Cancillería Argentina para hacerlo.

2001 (-) La absurda invitación de la Cancillería Argentina a coordinar con el Reino Unido la presentación ante la O.N.U. de los límites exteriores de la plataforma continental. El canciller argentino Adalberto Rodriguez Giavarini invita al Reino Unido a coordinar la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la O.N.U. y «…proponerle el siguiente arreglo: la fórmula sobre soberanía…» (sic). Un tema, que nunca se había incluido dentro de la fórmula del paraguas.

GOBIERNO 2001-2003: EDUARDO DUHALDE Y CARLOS RUCKAUF

2001-2003 (-) No se registran asuntos relevantes.

GOBIERNO 2003-2007: CARLOS KIRCHNER, RAFAEL BIELSA Y JORGE TAIANA

2005 (-) El apoyo de los países amigos: el Tratado de Lisboa y los desembarcos en Montevideo. Los ciudadanos de la Unión Europea votan la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que, incluye dentro de ésta, a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar. Seguramente muchos de los españoles e italianos que votaron favorablemente eran parientes de los más de un millón de coterráneos que llegaron a la Argentina en el siglo XX. No se sabe cómo votaron los argentinos de doble nacionalidad que viven en la Argentina, pero, en cualquier caso, se desconoce el rol cumplido por la Cancillería Argentina sobre esos países y esos ciudadanos. Los británicos siguen ocupando el Atlántico sur y los buques que pescan en Malvinas desembarcan en el Puerto de Montevideo facilitando su logística y comercio, mientras que el Canciller Bielsa nos decía: «hemos actuado con firmeza, pero sin estridencias ante el mundo».

2005 (+) Suspensión de las Investigaciones Pesqueras conjuntas en el Atlántico Sur. En forma positiva se suspenden las reuniones de la Comisión de Pesca debido a que los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas. Este hecho, que demuestra la voluntad inglesa de explotar el recurso pesquero —aún— depredándolo; termina resultando auspicioso; ya qué a través de estas investigaciones, la Argentina aportaba conocimiento y barcos y, los ingleses elaboraban su estrategia pesquera en la región.

2007 (-) Concesiones petroleras a empresas británicas. El gobierno otorga la explotación hasta el año 2043 del yacimiento petrolero “Cerro Dragón” a la Pan American Energy, cuyo capital accionario es en gran parte de la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia, copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum. A ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.

2007 (+) La Argentina ratifica sus derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina en acuerdo a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que luego se constituiría en la más importante política Estado de los últimos tiempos, junto a la Cláusula de la Constitución Nacional.

GOBIERNO 2007-2015: CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JORGE TAIANA Y HÉCTOR TIMERMAN

2008 (+) Restricciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.386 por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en forma directa o indirecta en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur. Ello no ha impedido que algunas empresas violen esta legislación.

2008 (+) Identificación de los argentinos caídos en Malvinas. Se inició gracias al veterano de guerra y director de la Fundación “No me olvides” Julio Aro con el apoyo de los veteranos de guerra ingleses Tony Davis, Geoffrey Cardozo y Roger Waters.

2008-2009 (-) Inacción del Comité de Descolonización de la O.N.U. Durante estos dos años no hay acción alguna de parte de este Comité. El gobierno argentino critica por enésima vez al Reino Unido por ignorar la invitación de la Res. 2065/65. No pareciera entender, que “si una misma acción se repite varias veces en un mismo escenario, no hay que esperar más que un mismo resultado” y, que es necesario llevar políticas activas. El Reino Unido obtiene el reconocimiento de la Unión Europea como territorio extracontinental de ese bloque.

2010 (-) Se inician las exploraciones petroleras británicas en Malvinas. El Reino Unido inicia exploraciones petroleras en Malvinas. Se considera este hecho muy importante ya que de resultar positivas las exploraciones y su costo competitivo podría consolidar fuertemente la posición británica en las islas.

2010 (+) Permiso de Tránsito a Malvinas. Por Decreto del P.E.N. Nº 256/10 se obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales, medida que es apoyada retóricamente por América latina y, pueden observarse, cientos buques extranjeros que operan en área de Malvinas o en la Z.E.E. Argentina que se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos y en la Alta Mar.
2011 (+) Restricciones a las empresas petroleras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.659, elaborada por el Senador Fernando “Pino” Solanas, que establece sanciones a las empresas del continente que mantengan intereses directos o indirectos en Malvinas.

2011 (+) Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los derechos argentinos de Malvinas (Caracas). Aunque inicialmente el presidente de Uruguay Pepe Mujica impide el ingreso a Montevideo de buques pesqueros extranjeros (no Mercantes), esto se flexibiliza y a 2020 son cientos de buques que operan en Malvinas que usan este puerto.

2011 (-) Reserva ecológica británica. El gobierno británico crea —sin consulta a Argentina— una “reserva ecológica” de 1 millón de km2 que incluye a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Ello, pese a que ambos países son firmantes de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), contrastando, con el poco interés en el cuidado de los recursos por parte del Reino Unido. Los ambientalistas confunden Áreas Marítimas Protegidas (AMP) con estas reservas de recursos en favor del Reino Unido.

2012 (+) El Informe Rattenbach. Se conformó una Comisión para conocimiento público de este Informe relativo al desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

2013 (+) Identificación de los argentinos caídos en Malvinas. La Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suscriben un acuerdo que otorga a esta institución facilidades en todo el territorio nacional para desarrollar sus actividades, «en el marco de su mandato internacional humanitario independiente, neutral e imparcial».

2013 (+) Referéndum británico en Malvinas. En el Referéndum sobre los si los británicos que viven en Malvinas desean que las islas conserven su actual estatus político como Territorio de Ultramar del Reino Unido el resultado fue positivo en un 99,83% sobre un total de 1516 votos. Ratificaron de esta forma su condición de colonia británica y, con ello, dejaron en claro que no son autónomos ni buscan la Independencia.

2014 (+) Declaración de la CELAC sobre los derechos argentinos de Malvinas (La Habana). Aunque esta, como las anteriores y posteriores declaraciones no han tenido hasta la fecha un efecto práctico.

2015 (-) Hallazgo de petróleo en Malvinas. Londres anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 km del archipiélago. Son denunciadas penalmente empresas extranjeras por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina.

2015 (-) Reforma del artículo 2340 del Código Civil respecto del dominio público en la ZEE. En la reforma del Código Civil se ignoran los cambios lingüísticos de la legislación del mar, sin tener en cuenta, que al momento de la aprobación del artículo 2340 del Código Civil, tenía plena vigencia la Ley 17.094 que establecía la soberanía argentina a un mar territorial hasta las 200 millas marinas; mientras que hoy, el artículo 235º que lo sustituye, refiere a un Mar Territorial que, según los tratados internacionales y nuestra legislación, se limita a sólo 12 millas. Es decir, salvo una interpretación distinta se excluirían del dominio público unas 188 millas marinas.

GOBIERNO 2015-2019: MAURICIO MACRI, SUSANA MALCORRA Y JORGE FAURIE

2016 (+) Ratificación por unanimidad del informe argentino de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la O.N.U. En forma positiva la ONU ratificó el informe argentino sobre el límite exterior de la Plataforma Continental luego de 13 años de trabajo de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de Argentina (COPLA) de la Cancillería presentó a la ONU en abril de 2009. Un total de 1.782.000 km2 desde las 200 millas marinas y hasta el límite exterior, aunque de estos km2 sólo unos 351.633 km2 han quedado firmes y, no encuentran discusión, porque en la superficie restante la Comisión de Límites de la ONU ha suspendido su tratamiento por tratarse de un espacio en disputa; espacios que se agregarían a las 4.799.000 km2 existentes desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas; es decir, un total de 6,58 millones de km2 del territorio nacional, sus recursos hidrocarburíferos, minerales y de especies sedentarias. Un trabajo que se constituye en un modelo de cómo la Argentina debería proceder en sus Políticas de Estado, y una demostración de la capacidad profesional de los embajadores y técnicos que integraron la COPLA qué, a pesar de transcurrir seis gobiernos, y pese a las dificultades políticas, económicas e instrumentales, realizó un tarea científica, geográfica y jurídica encomiable en favor de los intereses superiores de la Nación.

2016 (-) Ratificación de hecho del Acuerdo de Madrid. El secretario Carlos Foradori firma el denominado Pacto Foradori-Duncan, ratificado por los sucesivos Cancilleres Malcorra y Faurie, quién junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon: «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña en el Atlántico Sur sin que se hubiesen resuelto los motivos que justificaron su suspensión en 2005 y, habilitó a un nuevo vuelo entre Malvinas, San Pablo y Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas con uno de los centros económicos más importantes del mundo y, la sobrevivencia de los habitantes de las Islas frente a la salida del Brexit.

2016 (+) Visibilización de los reclamos argentinos. El comunicado del Premier de las Islas Vírgenes y presidente del Consejo Político de UKOTA D. Orlando Smith OBE, deja en evidencia la debilidad de los derechos británicos en Malvinas y en las “doce colonias de Ultramar”.  El bajo precio del petróleo y la persistencia argentina en el reclamo de la plataforma, podrían ser también un desaliento a la instalación de empresas de exploración petrolera en el área Malvinas.

2016 (+) Penalización de empresas pesqueras por aplicación de la Ley 26.386. Por aplicación de la Ley 26.386 y luego de ochos años de inaplicabilidad, el gobierno argentino multa con 10 millones de pesos a la empresa de Desarrollo Pesquero de Chile SA (EMDEPES) subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) por pescar con el buque “Unión Sur” en la Z.E.E. Argentina con licencia del Reino Unido en el área de Malvinas. Ello se logra, no por el control o investigación del gobierno, sino por la denuncia que efectúa y sostiene el ex director de operaciones de PESANTAR subsidiaria de la citada NISSUI en Argentina, Juan Benegas.

2016 (+) La identificación de los argentinos caídos en Malvinas. Se acuerda en Londres entre Argentina y el Reino Unido el Plan de Proyecto Humanitario del CICR integrado por forenses, entre ellos los del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los argentinos caídos en Malvinas. Una delegación de cuatro integrantes de la Cruz Roja fue autorizada por los gobiernos argentino y británico para llevar a cabo las tareas técnicas de evaluación y, definir el procedimiento de identificación de los argentinos enterrados en el cementerio Darwin de Malvinas.

2016 (-) Malvinas deja de ser el tema más importante entre la Argentina y el Reino Unido. La Canciller Malcorra, manifiesta en el Líbano que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”, dejando de lado, de hecho, lo prescripto en la Constitución nacional.

2017 (+) Tres documentos inéditos de 1767 ratifican la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Anticuario privado aporta tres cartas que demuestran la relación con el gobierno de Buenos Aires y el primer gobernador de Malvinas, de cuyo contenido resulta una nueva prueba de ratificación de la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

2018 (-) Se firman Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires. La promoción de nuevos acuerdos pesqueros con Rusia y China, anunciados durante la Cumbre del G20, junto el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones ilegales en la ZEE, junto a la utilización logística de puertos de Montevideo y el transbordo en la Alta Mar demuestran una política de extranjerización total del Atlántico Sur.

2018 (-) La Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur La Cancillería solicita al Congreso de la Nación ratifique apruebe el Convenio Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur, con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Zona Económica Exclusiva Argentina ni en altamar aledaño y, cuyo Convenio, fue aprobado, entre otros, por el Reino Unido quién de esta manera tendría mayor injerencia en las cuestiones pesqueras en el Atlántico Sur. La iniciaba es rechazada en el Congreso por Senadores y Diputados opositores, pese a la insistencia de la Cancillería Argentina.

2019 (-) Aprobación de vuelos entre Malvinas, San Pablo y Córdoba. Se aprueba a la empresa Latam para hacer vuelos semanales a San Pablo y una vez por mes a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y el mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y bienes de los isleños.

2019 (-) Se licita y aprueba a favor de empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera en un área entre Malvinas y el continente argentino. La Secretaría de Energía adjudicó la explotación offshore de 100 mil km2 en el mar austral en 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, sin tener en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 y sin darle participación a la Subsecretaría de Pesca ni a la Secretaría de Desarrollo Ambiental, a la hora de elaborar los pliegos licitatorios. Se debilita de esta manera la posición argentina en la zona austral del mar argentino, a la par, eventualmente, de dañar el ecosistema.

GOBIERNO 2019-2023: ALBERTO FERNÁNDEZ, FELIPE SOLA

2020 (+) El Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson concreta la salida del Brexit el 31 de enero de 2020. El Brexit sin acuerdo con la U.E. puede presentarse como una oportunidad para la Argentina, si negocia adecuadamente con la U.E. y el Reino Unido, en atención al Acuerdo del EUROSUR y la política de aranceles de la Unión Europea, que eventualmente colocaría a la Islas Malvinas en la misma situación arancelaria que todos los productos exportados desde a Argentina a la Unión Europea.

2020 (+) Se crea la Secretaría del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida en la Cancillería. Se jerarquiza la temática dentro de la Cancillería, lo que permitirá mostrar una mayor preocupación de Argentina respecto a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos y la Antártida.

2020 (+) Se suspenden las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña que se habían reactivado durante el gobierno anterior en 2016 y que ponían al servicio del Reino Unido toda la información sensible respecto a los recursos pesqueros, que son el principal recurso económico de los habitantes de Malvinas y uno de los principales recursos del litoral patagónico.

2020 (+) El Presidente de la Nación anuncia una nueva política respecto a Malvinas. El 1 de marzo de 2020 en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso el Presidente de la Nación anuncia tres proyectos referidos a ella: La creación de una Comisión con integración de la oposición y expertos; la nueva delimitación de los espacios según los nuevos límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina y la aplicación de sanciones a los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur.

Después de 38 años de políticas relativas a Malvinas generalmente desacertadas, debiéramos decir que no se trata de vivir aislado del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos erróneos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Tampoco, de ser anglo-fóbico o sostener sencillamente «contra los ingleses es mejor» como prologa en su libro la escritora Ema Cibotti o la «mano de Dios» que exteriorizó un sentimiento popular que tienen —aún antes que nosotros— muchos irlandeses, escoses y galeses y, que seguramente habrá de aflorar, con motivo del Brexit. Ahora, nuestra Independencia, nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciendo de las suyas en nuestro país a pesar de Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos, que como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Entonces, no se trata de ser anglo-fóbico, pero tampoco cipayo, tal vez, como la enseñanza bíblica de David y Goliat nos indica, sea utilizar nuestras mejores capacidades para resolver una cuestión, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestras y las queremos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EFECTO COLATERAL DEL CORONAVIRUS: EL REGRESO DEL ESTADO

Jorge Almeida Fernandes

(Redactor principal de Público.pt)

 

 

Estas semanas trajeron la convicción, cierta o ilusoria, de que la pandemia marca un quiebre más profundo que el 11 de septiembre o la crisis financiera de 2008. Será incluso un cambio de época. 

Estamos en un punto de inflexión. Por el momento, nos ocupamos de la supervivencia y de la contención de la epidemia. Los humanos son curiosos e, incluso en el pico de la crisis, no pueden evitar imaginar qué mundo nacerá de la pandemia. Sería estúpido morir ahora —y aún más si es tu propia culpa—, sin siquiera tener idea de ese “mundo después del coronavirus”. El sentimiento dominante es que estamos asistiendo al final de una era y a la inauguración de otra. Cierto, parece estar fortaleciéndose el papel del Estado.

Explico. En un texto publicado el día 8 de febrero (As duas pestes de 2000), escribí: “La gran duda es saber si la epidemia se mantiene como crisis sanitaria internacional o se transformará en un fenómeno geopolítico susceptible de alterar los equilibrios del sistema internacional”.

La respuesta de los hechos fue rápida: El coronavirus puede remodelar el orden global —es el título de un artículo de la revista Foreign Affairs, semejante a muchos otros. Estas semanas trajeron la convicción, cierta o ilusoria, de que el coronavirus marca una ruptura más profunda que el 11 de Septiembre o que la crisis financiera de 2008. Será incluso un quiebre histórico. El columnista estadounidense Thomas Friedman propuso hace días, en el New York Times, un título que expresa este nuevo sentimiento: La nueva división histórica: A.C y D.C —el mundo Antes del Corona y Después del Corona. (En inglés, B.C e A.C. de Before y After). Friedman no tiene dudas sobre la ruptura, aun si no sabe diseñar los rasgos del futuro.

El orden global

Descontada la retórica, tenemos razones para pensar que cambiará mucho más que el equilibrio entre las potencias. Este es un terreno en el que es inútil especular, pues estamos en plena pandemia y no en su fin. Hace un mes, la imagen de China estaba destrozada. Hoy, Beijing está recuperando apresuradamente su soft power, intentando asumir el liderazgo de la cooperación en el combate al Covid-2, lugar ostensivamente dejado vacío por los Estados Unidos. Tendremos otras sorpresas en las próximas semanas.

Paralelamente, la explosión del coronavirus en América barajó las cartas políticas. Es un campo en el que Trump no se sabe mover y en el que, desde el inicio, perdió toda autoridad. Los economistas prevén una recesión hasta fin de año, lo que recuerda un antiguo y pragmático principio: el Presidente en funciones será reelegido si la economía está creciendo. Trump salió ileso del proceso de impeachment pero el coronavirus subvirtió todos sus planes de campaña.

Por todo esto, es demasiado temprano para imaginar los cambios en las relaciones de fuerza entre las potencias, es decir, en la competencia Beijing-Washington.

La previsible recesión dará a los Estados un motivo para “limitar la globalización”. Es un diagnóstico crecientemente compartido por políticos y economistas. Los Estados europeos son los primeros en señalar la necesidad de frenar la reubicación del trabajo y la autonomía de la esfera financiera. Pero, a pesar de los impulsos proteccionistas, es imposible regresar a un mundo de espacios autárquicos, como en los años 1930.

La emergencia sanitaria y las cuarentenas conducirán inevitablemente a una dramática crisis económica. No es por casualidad que se multiplican las propuestas de un nuevo Plan Marshall para Europa, lo que presupone un cambio en el paradigma económico dominante. Súbitamente, Francia e Italia parecen decididas a salvar sus últimas “joyas”. El ministro de Economía francés admite recurrir a su nacionalización. “A grandes males, grandes remedios”, dicen los economistas. La crisis sanitaria fuerza a repensar el papel del Estado en la sociedad. Y la crisis económica, cuyos efectos aún no se sienten, impondrá un regreso de la intervención estatal en la economía.

Es posible que en el futuro en la Unión Europea se desarrolle  un plan inesperado: ser capaz o no de volver a pensar a largo plazo, con el horizonte de la década y abandonar la “gestión actual”. Este es el momento más bajo de la UE. Queda por saber si, ante la emergencia, y después de ella, los grandes desafíos volverán a enseñar a los europeos a retomar la “gran política”.

Volviendo a la política internacional, cito un comentario del politólogo estadounidense Stephen Walt: “Primero, y muy obviamente, la presente emergencia nos recuerda que los Estados son aún los principales actores de la política global. Hasta hace pocos años, académicos y columnistas sugerían que los Estados se estaban volviendo menos relevantes en los asuntos mundiales reemplazados por otros actores o fuerzas sociales. (…) Sin embargo, cuando crecen los nuevos peligros, los humanos buscan primero, y principalmente, a los gobiernos nacionales buscando protección”. 

El principio de Quarantelli

En Italia, que continúa funcionando como laboratorio europeo, la epidemia no benefició al populismo. Provocó una ola de “orgullo nacional” y reunió al país alrededor del primer ministro, Giuseppe Conte, quien obtiene el apoyo del 71% de los italianos, la tasa más alta de los últimos diez años.

Además de apoyar al gobierno, una encuesta realizada por el Instituto Demos indica una aprobación natural y unánime del sistema de salud. Pero también revela una evaluación positiva de las instituciones, incluidos políticos y periodistas. La antipolítica salió de escena. “Al contrario del pasado, casi todo el país se reunió en torno al primer ministro y al gobierno”, escribe el sociólogo Ilvo Diamanti, responsable de la investigación.

“La emergencia del virus, además de las víctimas, generó miedo. También produjo un resultado, quizás inesperado, que creó un clima de opinión pública imprevisible hasta hace pocas semanas. Esto es, reconstruyó la unidad nacional”.

Antes, el blanco del miedo era el “otro”, o “extranjero” que viene de África o de otros lugares. Los italianos tienen miedo. Pero ahora el “otro”, resume Diamanti, se tornó un “enemigo invisible”, que no se puede detener cerrando las fronteras.

El lunes, La República abrió la semana con un título: La primera cosa hermosa del lunes 16 de marzo de 2020. Fue una evocación de Enrico Quarantelli, un sociólogo estadounidense que dedicó su vida científica al estudio de las reacciones a los desastres. Contrariamente al sentido común, demostró que los eventos catastróficos sacan lo mejor de la humanidad. “La solidaridad prevalece sobre el conflicto. La sociedad se vuelve más democrática”. Siempre es útil leer los clásicos.

tp.ocilbup@sednanrefaj

 

Artículo original “Efeito colateral do coronavírus: o regresso do Estado”, publicado en Público.pt (Portugal) el 21/03/2020, <https://www.publico.pt/2020/03/21/mundo/analise/efeito-colateral-coronavirus-regresso-estado-1908798>.

Traducido del portugués por Marcelo Javier de los Reyes con autorización de Público.pt.

CRISIS EN EL MANEJO DE LA CRISIS: CORONAVIRUS E INCERTIDUMBRE

Adrián Rocha*

En 1973 Claus Offe publicó un artículo en el que analizó los límites del Estado en el manejo político de conflictos, cuyo título recoge esta nota. El texto fue el resultado de una investigación llevada a cabo por Offe en el Instituto Max-Planck de Starnberg. Luego se incorporó en un libro editado por John Keane, el cual reúne varios textos del autor sobre el tema, con el nombre de Contradictions of the Welfare State, cuya traducción al español estuvo a cargo de Antonio Escohotado[1].

El análisis de Offe estuvo centrado en las limitaciones y, como indica el título del libro, en las contradicciones del Estado de Bienestar respecto de su capacidad como agente regulador de conflictos. Los estados de bienestar que analizaba Offe eran los europeos de la posguerra que, como se sabe, se vieron ante serias dificultades hacia el fin de los “años dorados”, esos que van desde 1950 hasta la primera crisis del petróleo, ya que comenzaron a registrar problemas fiscales, políticos y sociales. La habilidad del Estado de Bienestar para gestionar conflictos entre clases, que hasta el momento había mostrado relativo éxito, se vio debilitada por las mismas razones de ese éxito, entonces invertidas: la prosperidad producto de la disponibilidad de recursos que permitían sostener un Estado robusto y reticular, comienza a mermar por limitaciones fiscales y por la multiplicidad de funciones asumidas por la esfera político-administrativa, mientras los derechos ciudadanos y las demandas sociales se expanden y consolidan en el plano jurídico. Ante esta situación, Offe efectúa lúcidos señalamientos a partir de un enfoque integral de los estados europeos de la posguerra, analizando tres subsistemas interdependientes: el económico, el político-administrativo y las estructuras de socialización.

Aquí se recuperan libremente algunos de sus aportes. Los mismos se destacan en contextos como el de hoy, en el que el diseño de estrategias destinadas a paliar incertidumbres parece estar circunscripto al interés de los políticos, en detrimento de la capacidad misma de los Estados.

Policy Sciences y planes de contingencia

La crisis que trajo el COVID-19 interpela a toda la comunidad científica y también a las disciplinas sociales, las cuales son un vector decisivo en el diseño de políticas públicas, al mismo tiempo que una herramienta con la que los gobiernos enfrentan cotidianamente los dilemas y desafíos de la coyuntura. La exigencia del calendario político respecto de temas que influyen en procesos electorales, en la definición de agendas y en la formulación de estrategias de imagen pública orienta las investigaciones sociales hacia cuestiones que en muchas oportunidades sirven más a los intereses políticos que a los estatales. El uso por parte de la política de los conocimientos que proveen las disciplinas sociales es inevitable, aun cuando las investigaciones se diseñen con el más utópico propósito, pues la inocencia es la proteína del realismo. Empero, en crisis de este tipo, ese aprovechamiento por parte de los políticos queda al desnudo.

Así, la distancia necesaria para analizar muchos de esos dilemas pierde relevancia en la medida en que la eficiencia que de ella se desprende no se condice con los tiempos de la política. En efecto, cuando surge una crisis para la cual no se poseen planes de contingencia efectivos, el desfase entre quienes toman distancia y la urgencia de la realidad se torna más evidente, ya que las formulaciones de quienes asumen tal distanciamiento generalmente son poco aplicables o directamente se extravían en críticas poco constructivas, cayendo incluso en posiciones absurdas, tal como se observa en el artículo sobre el coronavirus escrito por Agamben[2].

Quienes profesionalmente se dedican al diagnóstico de un problema público, y por tanto al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, guardan íntima proximidad con los escenarios de la coyuntura. Esa vinculación se debe a que su tarea se enfoca en los estudios de casos —pues el método empírico es ineludible para los policymakers—. Pero por ello mismo los hacedores de políticas tienden a internalizar y a naturalizar los ritmos y procedimientos de la dinámica política, perdiendo acaso la distancia científica necesaria. De esta manera, resulta de interés preguntarse cómo y cuánto la política transforma a los policymakers y viceversa. Quedaría elegante afirmar que se trata de una relación dialéctica. Aun así, se trataría de una dialéctica muy asimétrica.

Offe discute el rol que le toca a las disciplinas sociales en el campo político, invitando a desconfiar de la capacidad de control y planificación de las Public Policies, que por su apego tal vez inevitable a la toma de decisiones se encuentran limitadas precisamente por la inmediatez de los escenarios. No obstante, eso no debería incentivar una renuncia a la intervención epistemológica, pues un caso como el que se vive hoy exige soluciones y propuestas racionales. Acaso sea necesario considerar la posibilidad de crear espacios de investigación académica que, además de estudiar los protocolos usuales para enfrentar las crisis (imaginables), diseñen también proyectos de investigación que partan de escenarios poco probables, y que sobre todo registren tendencias hacia crisis de este tipo.

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus y Bill Gates, una pandemia era plausible en el mediano plazo. Así lo indica Daniel Mediavilla en El País[3]. Sin embargo, nadie podía anticipar un probable escenario como el de hoy (sabemos que la probabilidad está vinculada con la frecuencia), por lo demás incierto, debido a que el proceso está en pleno desarrollo y a que se dispone de poca información sobre el ciclo definitivo del COVID-19, lo cual impide trazar comparaciones con virus de los cuales existe información perfecta. En efecto, el contexto de información imperfecta es lo que impide establecer un plan de contingencia adecuado a la capacidad de daño del agente. Desde Asia hasta América toda, pasando por Europa, los mandatarios hoy discuten estrategias de mitigación y contención de las cuales no tienen certeza alguna. Minimizar la situación a partir de comparaciones con otros episodios u otras enfermedades es peligroso e irresponsable, pero de ahí no se sigue que un plan sea mejor que otro (cabe recordar que Taiwán ignoró buena parte de los consejos de la OMS), aunque el aislamiento pareciera ser, de momento, la mejor estrategia defensiva.

Offe estimaba que concebir a las crisis como acontecimientos imprevistos traía problemas mayores (derivados de omitir sus causalidades), por lo que sugirió identificar los fenómenos que van gestando su irrupción. Por ello, insistió en escapar del concepto “esporádico” de crisis, el cual se centra en la plena coyuntura (la gran protagonista de hoy), proponiendo un enfoque alternativo que consiste en atender a los “mecanismos que generan los acontecimientos”, a partir de los cuales las crisis serían “tendencias de desarrollo que son confrontadas por tendencias contrarias”.

Mecanismos dentro de mecanismos

¿Qué “mecanismos” han dado lugar a este acontecimiento? Si se parte de lo dicho por Peter Singer y Paola Cavalieri en una nota publicada en The Project Syndicate[4], es lícito inferir que los denominados “mercados húmedos” han creado las condiciones para la aparición de este virus. Según los autores, “tanto la epidemia de SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2003 como la actual se originaron en los ‘mercados húmedos’ de China: mercados al aire libre en los que los clientes compran animales vivos a los que acto seguido se mata en el lugar. Hasta fines de diciembre de 2019, todas las personas afectadas por el virus habían tenido algún vínculo con el mercado Huanan de Wuhan”.

En una nota de Los Ángeles Times, Christopher St. Cavish[5] asegura que existe una gran equivocación sobre los mercados húmedos pues, según afirma, serían los mercados silvestres los realmente peligrosos. El problema, señala el autor, “surge cuando se introduce la vida silvestre en este sistema. Apropiadamente, los críticos señalan que traer animales estresados de distintas especies —que transmiten diferentes enfermedades— a una proximidad cercana y sin ninguna supervisión, no es bueno para la higiene. En el peor de los casos, puede proporcionar el caldo de cultivo para el COVID-19, el SARS y la gripe aviar”.

En cualquier caso, estos espacios de comercialización no se encuentran solamente en China. Forman parte de una extensa red de intercambios que, aunque resulte sorprendente, todavía persisten en una era de robótica, inteligencia artificial y tecnologías productivas de punta. Tales mercados son poco higiénicos, lo que se “compensa” argumentativamente con la excusa de la celeridad con que operan: al venderse rápidamente sus productos, los períodos de éstos en condiciones “poco recomendables” serían breves. Esta postura sería fácilmente desestimada por cualquier estudio bromatológico.

El “mecanismo” que yace detrás de este tipo de prácticas de intercambio no es otro que un sistema de comercio mundial muy heterogéneo y dispar. La FAO y las unidades sanitarias de los Estados son conscientes de estos mercados, pero como sus utilidades y coberturas abarcan a un amplio segmento socio-económico, prohibirlos tiene costos que nadie quiere asumir. Detrás de ese “mecanismo” se podría advertir otro, a partir de una lógica que conduce a una concatenación de mecanismos que ilumina una maquinaria productiva que transita en el límite de la formalidad. Maquinaria que llega a recluirse en la informalidad por razones de rentabilidad, en el marco de juegos win-win en donde Estados, comercios y particulares “ganan”: unos se desentienden de determinadas poblaciones y de necesarios controles mientras que otros compensan ese desentendimiento comerciando en los márgenes y abasteciéndose. Sería interesante conocer cuántos mercados de este tipo existen en América Latina.

¿Desmercantilización de la salud?

Offe hizo hincapié también en una tensión inherente a la gestión de los conflictos en el Estado de bienestar, la cual es aplicable a casi todas las unidades estatales de hoy: aquella que se advierte entre los procesos de mercantilización y desmercantilización. El Estado debe necesariamente autolimitarse, pues depende de procesos de producción e intercambio que lo obligan a preservar la perspectiva privada. Sin embargo, para que esa subordinación positiva tenga lugar, debe asimismo desmercantilizar algunas áreas de la vida pública. Esta contradicción echa luz sobre un aspecto que se desprende de aquél, al cual Offe presta especial atención: el déficit fiscal. Las áreas de la vida desmercantilizadas, junto con las demandas por ampliación de derechos, significan inevitablemente una mayor carga fiscal para el Estado. Como señala John Keane en su introducción, “las políticas de los Estados del bienestar necesitan hacer lo imposible: se ven forzadas a reorganizar y restringir los mecanismos de acumulación capitalista para permitir que esos mecanismos cuiden espontáneamente de sí mismos”[6].

No caben dudas de que la crisis del COVID-19 pone sobre el tapete esta tensión. En ese sentido, las políticas sanitarias y los sistemas de salud se encuentran en el centro de la discusión. El financiamiento de todo sistema de salud implica altos costos, de allí que tanto sector público como privados estén en constante tensión en torno de este tema. Una estructura mixta podría ofrecer soluciones. La crisis actual augura un replanteamiento de los marcos económicos con los que se han pensado los sistemas de salud. Su posición estratégica desafía a las prioridades fiscales de los Estados, que al asumir cada vez más funciones se vuelven por ello menos ágiles para gestionar conflictos.

Si la salud debe ser un área desmercantilizada, lo cual es muy probable que se plantee después de esta crisis, forzosamente se deberá mercantilizar otras, sin por eso incentivar actividades informales.

¿Autoritarismo en el horizonte?

La crisis en el manejo de la crisis aparece entonces como una consecuencia de tensiones crecientes en el seno de una transición en torno de la tecnología y las comunicaciones, en donde el poder administrativo del Estado se ve desafiado por sus falencias para detectar y anticipar tendencias hacia las crisis. Esas tensiones arrojan escenarios que se consideraban poco probables, pero que finalmente suceden, como lo ocurrido con el COVID-19.

Las tendencias hacia la crisis parecen estar siempre inscriptas en esos mecanismos que operan en condiciones opacas y que son poco regulados precisamente por limitaciones que el Estado debe ponerse a sí mismo: procesos de desarrollo que contrarían al mismo desarrollo, en el marco de relaciones asimétricas de información y, sobre todo, de comunicación, en las que prima la acción estratégica y no la acción orientada al entendimiento, tal como llamara Habermas[7] a las formas de establecer canales dialógicos que permitan diseñar instituciones que reduzcan los márgenes de incertidumbre, no sólo en el intercambio, sino en la gestión de crisis y conflictos.

En el rediseño de las instituciones formales universales que hasta el día de hoy han dominado las interacciones entre Estados, Corporaciones y actores de interés reside la posibilidad de incentivar el surgimiento de instituciones informales[8] que, por su carácter cultural y dinamizador, orienten las acciones de los agentes hacia una cooperación fundada, cuando menos, en el autointerés comunitario.

¿En qué medida un Estado como el de China está efectivamente interesado en que sus instituciones provean de la mejor información al resto del sistema internacional, para que éste pueda diseñar estrategias de contención y mitigación ante escenarios como el que suscita el avance de este virus? ¿Están las potencias mundiales interesadas en compartir, no toda, sino aquella información que resulta de interés vital para el sistema? ¿Se encuentra el mundo, probablemente, ante una crisis de racionalidad? ¿Está la “la razón de Estado”, tal como la concibió Murizio Virol[9], limando hoy la legitimidad misma del Estado liberal, mientras configura otra, acaso no tan desconocida, forma de lo estatal-comunitario?

Los dilemas acerca de la libertad de circulación y de comercio y de la presencia de un Estado de Derecho que para proteger esa libertad necesite paradójicamente restringirla, cobran mayor fuerza en crisis como la actual. En su potencial fracaso como promotor del intercambio económico global y como agente estabilizador de conflictos se entrevé, brumosamente, la raíz del autoritarismo.

* Licenciado en Ciencia Política, Universidad Abierta Interamericana (UAI). Analista político internacional en Open Democracy <https://www.opendemocracy.net/>.

Referencias

[1] Offe, C. Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza, 1990, 309 p.

[2] Giorgio Agamben. “L’invenzione di un’epidemia”. Quodlibet.it, 26/02/2020, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>, [consulta: 25 de marzo de 2020].

[3] Mediavilla, D. “La pandemia que todos sabían que iba a llegar y nadie supo parar”. El País, 18/03/2020, <https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/la-pandemia-que-todos-sabian-que-iba-a-llegar-y-nadie-supo-parar.html>, [consulta: 20 de marzo de 2020].

[4] Singer, P.; Cavalieri, P. “El otro lado oscuro del COVID-19”. The Project Syndicate., 03/02/2020, <https://www.project-syndicate.org/commentary/wet-markets-breeding-ground-for-new-coronavirus-by-peter-singer-and-paola-cavalieri-2020-03/spanish>, [consulta: 20 de marzo de 2020].

[5] Cavish, Christopher St. “No, los mercados frescos de China no causaron el Coronavirus”. Los Ángeles Times, 15/03/2020, <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2020-03-15/comentario-no-los-mercados-de-alimentos-frescos-de-china-no-causaron-el-coronavirus>, (consulta: 20 de marzo de 2020).

[6] Offe, C. Op. cit., p.22.

[7] Habermas, J. Escritos filosóficos. Fundamentos de la sociología según la teoría del lenguaje. Barcelona: Paidós, 2011, 449 p.

[8] North, D. “Institutions. En: The Journal of Economic Perspectives, vol. 5, nº 1. (Winter, 1991), p. 97-112.

[9] Viroli, M. De la política a la razón de Estado. La adquisición y transformación del lenguaje político (1250-1600). Madrid: Akal, 2009, 368 p.

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