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MÁS “INNOVACIONES” EN MATERIA DE INTELIGENCIA

Marcelo Javier de los Reyes*

El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].

Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.

En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.

La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.

La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.

Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:

ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.

Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.

Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.

La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:

5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.

11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.

A estos efectos cabe también citar el artículo 14:

El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.

Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.

Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.526, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

    1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
    2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:

Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.

La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.

Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.

Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.

Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.

Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:

Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.

Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.

La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.

En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Luciana Bertoia. “La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción. Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia. Página 12, 24/01/21, https://www.pagina12.com.ar/319273-los-principales-lineamientos-de-la-nueva-ley-de-inteligencia.

[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.

[3] “La Coalición Cívica pide eliminar la AFI”. Agencia Legislativa, http://agencialegislativa.com/la-coalicion-civica-pide-eliminar-la-afi/

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“COVID-19” Y EL FUTURO DE LA DIPLOMACIA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Salam Al Rabadi*

En primer lugar, al dar una visión general de los diferentes marcos conceptuales para la diplomacia, se debe hacer una distinción entre la diplomacia y los diplomáticos. Para poder enmarcar los problemas a nivel de las relaciones internacionales, es posible que haya diplomacia sin diplomáticos, lo que significa que los diplomáticos están ausentes de participar en la formulación de políticas y las decisiones diplomáticas y políticas, además de su exposición a la marginación al elaborar, trazar e implementar planes estratégicos. Por lo tanto, esto inevitablemente requiere una distinción entre la diplomacia como decisión estratégica y los diplomáticos como actores influyentes.

En el mismo contexto, debemos tener en cuenta la existencia de nuevos patrones complejos a nivel económico, ambiental, tecnológico y de salud, que dieron lugar a la creciente influencia de algunos nuevos actores en el ámbito mundial, por lo que el campo internacional no permaneció monopolizado sólo en las actividades del Estado. En consecuencia, dependiendo de la influencia de los nuevos actores, lo que está en juego en las relaciones internacionales se relacionó más estrechamente con las cuestiones humanitarias. En consecuencia, existen nuevos y diferentes métodos de trabajo diplomático, como la diplomacia científica, la diplomacia ambiental, la diplomacia tecnológica, la diplomacia demográfica, la diplomacia de la salud, etc.

En este marco, hay muchas pruebas que demuestran que la diplomacia tradicional de los países por sí sola ya no es capaz de definir las relaciones internacionales, ya que es posible ir a las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ver cuán eficaz es la diplomacia de estos nuevos actores. Además, las conferencias sobre el desarrollo sostenible en su conjunto reflejan el alcance de este impacto, así como la mayoría de los acuerdos mundiales no podrían haber existido sin esa diplomacia, como los acuerdos para reducir y cancelar las deudas de los países pobres, sin mencionar el Tratado de Prohibición de minas (Tratado de Ottawa), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y todos los acuerdos ambientales, etcétera.

Además, si seguimos todos los acontecimientos relacionados con el papel y la eficacia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel de la crisis pandémica “Covid-19” en el año 2020, podemos decir que reflejan en algunos aspectos la problemática del cambio en la esencia del trabajo diplomático, por no hablar de la problemática de la calidad de los diplomáticos y cómo elegirlas y que es más eficaz en la lucha contra la pandemia: ¿diplomático tecnócrata o diplomático político o diplomático técnico? En consecuencia, a la luz de la tensión de la realidad mundial como resultado de la crisis “Covid-19” y sobre la base de los complejos marcos diplomáticos que a granel vienen a expresar la dialéctica de la fuente de las estrategias políticas globales y el destino de la diplomacia tradicional, se hizo necesario que nos preguntáramos:

1-     La crisis de salud “Covid-19” ¿Refleja las fallas de las estrategias políticas o las capacidades diplomáticas?

2-     ¿Requieren las apuestas emergentes separación entre diplomacia y diplomáticos?

3-     ¿Necesita la diplomacia una nueva dirección estratégica? ¿o las estrategias deben revitalizar el papel de la diplomacia?

Lo que aumenta la gravedad y el peso de estas cuestiones es el hecho de que la gran mayoría de los conflictos políticos y armados se están produciendo actualmente dentro de los países, lo que afecta el margen de movimiento disponible para la diplomacia tradicional, ya que es natural retroceder su papel e importancia, partiendo del principio y la regla de la falta de jurisdicción. Además, el papel de la diplomacia tradicional (que ha existido desde los acontecimientos del 11 de septiembre sobre las dimensiones de seguridad) ha cambiado con las lecciones aprendidas de las contradicciones de las estrategias mundiales debido a las implicaciones de la crisis de salud resultantes del “Covid-19”.

Como esta crisis se produjo como un golpe repentino al papel de la diplomacia tradicional, como evidencia concluimos en la importancia de abrir amplias perspectivas para nuevos tipos de diplomacia.

Brevemente, en el caso de que todos estos hechos estén vinculados a demandas actuales y repetidas que piden la creación de una representación oficial de la sociedad civil mundial dentro de las organizaciones internacionales (que ya está teniendo lugar), y que puede llegar a la etapa de exigir el derecho al voto, entonces se hace lógico tomar muy en serio todas estas cuestiones relacionadas con la diplomacia y su futuro.

* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. 

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GRUPOS MILITARES AUTÓNOMOS EN LIBIA

Giancarlo Elia Valori*

Para comprender hoy lo que sucede en la relación crítica entre los grupos militares libios, es necesario, en primer lugar, analizar el papel de los Emiratos Árabes Unidos.

En Yemen, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que son los principales actores en todo el contexto árabe de las “revoluciones democráticas” posteriores, o más bien de las “revoluciones de color” elaboradas por un modelo estadounidense nacido en los Balcanes, han colocado a las Fuerzas Especiales de la Guardia Presidencial y el apoyo tradicional a las milicias locales anti-Houthi en el terreno.

Los Emiratos Árabes Unidos operan también en Yemen, desde la base de Assab, luego con la reconquista de Mukhallah, otra base muy importante, en 2016, y finalmente desde la reanudación de Al Mokha, también en 2016.

En Libia, la estrategia emiratí, que sigue siendo esencial para comprender lo que está sucediendo allí, ha sido diferente: apoyo neto a Khalifa Haftar, por supuesto, pero también acciones directas de las fuerzas de los EAU a favor de las Fuerzas del Acuerdo Nacional de Bengasi en Libia: solo en el año comprendido entre abril de 2019 y de 2020 hubo hasta 850 lanzamientos de drones y ataques aéreos con aviones avanzados, en el GNA Tripolitanio, probablemente con pilotos también de Emiratos.

Los Emiratos Árabes Unidos parten hacia Trípoli, en lo que respecta a los ataques aéreos, desde la base que ellos mismos han renovado de Al-Khadim, a 105 kilómetros al este de Bengasi, y es de esta base que también llegaron suministros para Haftar, enviados desde Al-Sweihan, en Abu Dhabi y también de Assab, desde Eritrea, la base marítima desde la que se inició la colonización italiana del Cuerno de África en el siglo XIX. Lo que hoy sería muy útil.

En cuanto a las operaciones en Libia, la mediación entre los Emiratos y las tribus locales combatientes a menudo es mediada en el lugar por Egipto, con un fuerte apoyo financiero, tecnológico y de información, como ya sucedió en las operaciones de 2017 hacia Trípoli por Arabia Saudita.

Entonces, ¿a quiénes apoyan los EAU en Libia? Los salafistas, que a menudo tienen como objetivo principal luchar contra los Hermanos Musulmanes, luego muchos de los excombatientes de la “Fuerza de Resistencia Nacional” de Saleh, también la antigua Guardia Republicana, o la “Brigada de Gigantes”, un grupo salafista.

Recordemos que en 2013 fueron delegados al gobierno de Misrata, la “ciudad mártir” y el centro de muchas de los katibe “revolucionarios”. El gobierno de la ciudad era prerrogativa de Ansar Al Sharia, una formación afiliada a Al Qaeda, y fundada en dentro e la Brigada de los Martires 17 de febrero, de la que hablaremos más adelante

Tantas facciones y “brigadas revolucionarias”, tanto la inmovilidad real y la inmutabilidad de la situación libia, donde nadie puede vencer al otro, debido a los “katibe” y a las facciones en el gobierno. Esto puede pensarse como una “garantía” para los estúpidos o perezosos occidentales, que piensan en estabilizar Libia simplemente dejándola en su ahora muy evidente papel de Estado fallido.

A los Emiratos les gustaría, en su corazón, un cambio autoritario al estilo de Al-Sisi, pero en Libia también están las fuerzas sudanesas, que apoyan a Haftar y colaboran estrechamente con las de los Emiratos. Ya hemos hablado del papel de Turquía en Tripolitania y en otros lugares.

Pero veamos cómo nacieron las numerosas facciones militarizadas que operan en Libia y por qué.

La culpa de todo esto es, por supuesto, de quienes predicaron tontamente la guerra “contra el tirano” pensando que la cultura política libia o magrebí debía ser la del centro de Boston o de los clubes londinenses. O la de algún mitómano francés ignorante que, en el 68, apoyó a esos puros criminales de los jemeres rojos.

Una estrategia global de los salones de mujeres insatisfechas, una política exterior de los predicadores mormones que tienen la Biblia “clavada en la cabeza”, como solía decir Voltaire.

Occidente se mira solo a sí mismo, solo puede pensar en sus categorías tontas, por lo tanto ya no puede comprender al otro y, por lo tanto, ni siquiera se comprende a sí mismo.

El levantamiento de 2011 en Cyrenaica, organizado principalmente por operadores de inteligencia franceses, nació allí debido a la marginación histórica de la zona libia del este en el período de Gadafi; y la persistente presencia ideológica y organizativa de la red senusita, que siempre ha tenido una excelente relación con los Hermanos Musulmanes y con otros grupos de tradición salafista.

Una tradición esotérica y en ocasiones heterodoxa, la de la secta sanusí, que a lo largo de los años se acerca al radicalismo wahabí y al sectarismo literalista de algunas tradiciones islámicas sauditas y egipcias. Un caso, hablo como amante de la sabiduría ancestral, para ser estudiado con detenimiento.

De ahí que una mezcla de élites locales de Cirenaica, agentes extranjeros superficiales, pero a menudo de origen local, así como desertores de los aparatos de Gadafi, organizaron rápidamente un Consejo Nacional de Transición (NTC) con barcos franceses a pocas millas de la costa y submarinos franceses aún más cercanos, así como las armas avanzadas que les suministraron los Servicios de Inteligencia franceses.

El NTC hace principalmente política exterior, sobre todo en Estados Unidos, en la UE y sobre todo contra Italia, ya que el sueño de Sarkozy es que Total compre ENI, con su soborno presidencial, pero no le importa organizar varios grupos “revolucionarios” que surgen como hongos. Los occidentales pagan bien y el “material”, como lo llamaba Maquiavelo, estaba a disposición de los más violentos.

También podemos ver, muy claramente, una campaña occidental de difamación, simple y cruda, contra el “tirano” Gadafi y de apoyo militar progresivo, especialmente en términos de protección aérea, para favorecer a los “rebeldes”, todos convertidos en “demócratas”, con la magia de la aburrida propaganda occidental antes mencionada.

Los italianos, obligados por una serie de sutiles pero muy claras amenazas, se ven obligados a participar en la operación anti-Gadafi, y marcarán su progresiva salida del Mediterráneo con esta estúpida elección.

Entonces, ¿qué pasa con Mohammed bin Salman? ¿Y Al Sisi? Y el Rey de Jordania, un estadista muy grande e ilustrado, ¿acaso son “demócratas” sólo porque son del agrado de los occidentales descuidados y superficiales, que en el Medio Oriente se mueven como el clásico elefante en una cristalería? ¿Era sólo Gadafi el “villano” de esta película B del oeste, o también estaban los otros?

Así que olvidemos las tonterías de la propaganda a menudo orquestadas, como es el caso de Francia, por enfantsgâtés que fueron entrenados, como dije anteriormente, entre los adoradores de Pol Pot. Después de 1968, un camino de los enemigos de De Gaulle a los hombres de propaganda estadounidenses. Un camino lineal, pero los manifestantes de 1968 no lo sabían.

La autodenominada revolución islámica en Libia, aunque apoyada por occidentales, termina, como es bien sabido, en agosto de 2011, cuando los “demócratas” salafistas y sus hermanos islámicos toman Sirte y Bani Walid, las últimas zonas bajo control de Gadafi.

El GNA de Trípoli, el Gobierno de Acuerdo Nacional, durante algún tiempo, ha tenido un apoyo interno limitado, a pesar de ser apoyado, con toda la pompa innecesaria, a nivel internacional.

Nadie conocerá jamás la fórmula del hechizo que unió al GNA de Trípoli con la llamada “legitimidad internacional”.

El Consejo Presidencial reside en Trípoli desde el 30 de marzo de 2016. Dirigido por Fayez al-Serraj, ex miembro del Parlamento de Tobruk, donde representó a Trípoli, nació de un Acuerdo Político Libio apoyado por la ONU y firmado el 17 de diciembre de 2015. El acuerdo de Shkirat, que fue un pacto entre las dos principales facciones para llegar a un gobierno unitario y nacional entre el GNA de Trípoli y la Cámara de Tobruk. 90 diputados de Tobruk firmaron los acuerdos escritos en el “Centro Mohammed VI” de la ciudad marroquí, al igual que los 27 diputados de Trípoli, que sin embargo contaban con la “delegación” de otros 42 diputados residentes en la capital y que no se movieron. El Comité Presidencial, entonces, estuvo conformado por 6 personalidades todas designadas por la ONU. Posteriormente se agregaron otros 3 políticos, dos en representación de Fezzan y uno en representación de Cyrenaica. Fue ese Comité Presidencial el que elaboró la lista de Ministros del gobierno unitario. Sabemos cómo terminó. El hecho jurídico-político es que el Parlamento de Tobruk aceptó el acuerdo de 2015, pero se negó a firmar el artículo 8 del texto de Shkirat, que obligaría al gobierno de Trípoli a controlar las fuerzas autónomas de Cyrenaica.

Además, Tobruk no aceptó en ese momento los nombres propuestos para el futuro, pero imposible, gobierno nacional libio. Un gran y definitivo caos.

Pero entonces, ¿quién es Fayez al-Serraj? Graduado en Arquitectura y Urbanismo en 1982 en la Universidad de Trípoli, tuvo roles secundarios pero no despreciables en el régimen de Gadafi, y luego se unió inevitablemente a la “revolución”.

Sin embargo, recordemos que es el Consejo de la Presidencia el verdadero “jefe de Estado” libio.

Pero, ¿por qué el Consejo de Seguridad votó por unanimidad el Acuerdo Político de diciembre de 2015? De hecho, el mencionado acuerdo Shkirat de 2015 se definió principalmente para resolver la disputa entre la Cámara de Representantes elegida regularmente que opera en Tobruk-Al Bayda, el Congreso Nacional General de Trípoli y las otras fuerzas centrípetas que ya se habían formado. Este último ganó la lucha contra dos gobiernos débiles que dependían de “las armas de otros”.

En el pacto de Shkirat la idea era abstractamente buena, pero al no decidir a quién se debería confiar la “soberanía”, las disputas estaban destinadas a durar indefinidamente.

Nació el Consejo Presidencial de Trípoli, actualmente presidido por al-Serraj —cuando, como recordarán, el actual líder de Tripolitania tuvo que llegar por mar porque sabía que, si llegaba al aeropuerto de Mitiga, lo matarían—, nació, sin embargo, para crear un gobierno unitario con todos los «parlamentos» en Libia, no para operar solo.

Resultado curioso, la ONU y todos los tímidos estados de la UE continúan ignorándolo y tratando al gobierno de GNA como el único “legítimo”. Por arrastre, se diría. Este es el legado de las malas experiencias occidentales en Irak, pero el cerebro está hecho para ser utilizado. No para proyectar los propios prejuicios pequeñoburgueses en el mundo árabe, que es mucho más complejo de lo que se podría pensar.

Estados Unidos siempre ha apoyado totalmente al Gobierno de Acuerdo Nacional, pero los egipcios, los Emiratos, Rusia y también, indirectamente, China argumentan que, sobre todo, necesitamos un “ejército nacional y unitario libio” y, por lo tanto, apoyamos a Khalifa Haftar en primer lugar especialmente en una función anti-islamista y anti-yihadista.

Luego, volviendo a las estructuras oficiales de la ahora inevitablemente dividida Libia, justo cuando la necesitábamos bien unida, también está el gobierno de Khalifa Gwell, que se basa en la ahora remota autoridad de un Congreso Nacional General, que tuvo su momento de gloria durante las elecciones parlamentarias de 2012.

El “Parlamento de Trípoli”, que no tiene nada que ver con Al-Serraj, se ha trasladado en gran medida al Consejo de Estado, que era un organismo presidido por el líder de Misrata, Abdul Rahman Swehli, pero luego el parlamento de Tobruk comenzó a apoyar al gobierno de Abdullah Al-Thinni, que opera directamente desde Al-Bayda.

Todos los grupos revolucionarios que participaron en la rebelión fácil contra Gadafi, los thuwar, como se les llama genéricamente en Libia, no quisieron, desde el principio, la continuidad de las Fuerzas Armadas y la policía libia. Todo lo contrario, refutaron enérgicamente esa suposición.

Todos ellos habían desarrollado el vago concepto de “legitimidad revolucionaria” y fue precisamente el primer gobierno ajeno a Gadafi, encabezado por Abd Al Rahim al Kib (que duró desde noviembre de 2011 a noviembre de 2012) el que efectivamente nombró “guerrilleros” de Zintan y Misrata, así como salafistas y muchos yihadistas, en puestos ministeriales, al menos para reequilibrar la distribución de presencias en la “revolución” entre los antiguos leales al coronel y los nuevos “revolucionarios islámicos”.

Como era obvio, estos yihadistas, la mayoría de los thuwar, salafistas y otros, no aceptan la presencia de los viejos del régimen de Gadafi en otras áreas del gobierno libio y su “legitimidad revolucionaria” les permite, según ellos, un derecho de control y expulsión, muchas veces “inmediata”, de los antiguos elementos del “régimen” del coronel de Sirte.

Otro elemento que no debe pasarse por alto, en el análisis de la crisis estructural libia, es la escasa conceptualización y regulación oficial del poder militar y la seguridad.

Algunos roles en los Servicios de Inteligencia fueron abolidos por la revolución anti-Gadafi, con el argumento, que conocemos en Italia pero que todavía es estúpido, que ciertas calificaciones recordaban momentos tristes (pero solo para ellos).

Incluso el Ministerio de Defensa fue abolido y las nuevas leyes de inteligencia hicieron del proceso de inteligencia una función semiprivada, por así decirlo.

Las leyes aprobadas por el CNT y el Congreso Nacional General siempre fueron ambiguas y mal elaboradas, como las italianas, por lo que cada actor político podía favorecer a su propia facción militar en detrimento de las demás.

Entonces, en primer lugar, la falta de reglas claras e inequívocas, y la ambigüedad deseada de las leyes de seguridad, ha favorecido sobre todo la autodenominada “legitimidad revolucionaria” de los thuwar contra el profesionalismo del ex-Gadafi o incluso de los hombres que Occidente, siempre imprudentemente, eligió para liderar la “nueva Libia”.

El objetivo final de la insurgencia era la destrucción de la familia de Gadafi, que razonaba por clanes y tribus. Eso fue cierto para todos los thuwar, aunque no tenían nada en común.

De esto se deduce que todos ellos y sus katibe no podían controlar seriamente el territorio libio y ni siquiera existía, por ahora, el concepto de poder estatal y control unitario del territorio. Podríamos definirlo como un “federalismo de guerra civil”.

Los pequeños katibe, los “batallones” del thuwar estaban, en un 95%, compuestos por menos de 1.000 elementos, poco más que familias extendidas, como las bandas mafiosas del sur de Italia, y en el oeste libio se organizaban principalmente a través de “consejos militares”, mientras que en el este de Cirenaica formaban coaliciones bastante flexibles de “grupos combatientes”.

Por selección darwiniana, pronto emergen dos grandes organizaciones de referencia para todos los pequeños katibe: la “Coalición 17 de febrero” y la “Colección de Organizaciones Revolucionarias”.

La “17 de febrero” pronto se separó en otras dos secciones.

La primera se denominó “Aparato de Seguridad Preventiva”, que desempeña sobre todo funciones de contraespionaje y control de fronteras, también para contrarrestar a los elementos nada despreciables aún vinculados a Gadafi.

La segunda facción, el “Escudo Libio”, está formada por pequeños grupos que habían operado principalmente en Brega y que operaban principalmente en la Tripolitania, productora de petróleo.

La brigada dirigida por un desertor de las fuerzas de Gadafi, Salim Joha, se formó entonces en Misrata, pero estaba formada por grupos de civiles entrenados, que iban desde 1.000 hombres hasta incluso 10-20 elementos, pero que pronto alcanzaron el tamaño de 236 katibe.

Casi todos eran batallones especializados en una sola función. Y la mayoría de ellos se inscribieron, por así decirlo, en la “Unión de los Revolucionarios de Misrata” o incluso en el “Consejo Militar de Misrata”.

En 2011, en noviembre, en el apogeo de su esplendor, la Unión contaba con 40.000 milicianos.

En Occidente, en la zona genéricamente llamada Tripolitania, existía una clara diferenciación entre los referentes de los países que habían llevado a cabo el (ilegítimo) ataque a Gadafi, diferenciación que se refería a grupos militares, líneas políticas, incluso áreas de influencia.

En Zintan había 6.000 “revolucionarios” divididos en ocho brigadas, en Nalut había 5.000, en seis brigadas.

Los katibe de Jadu, Zawiya, Zuwara y otros pequeños pueblos estaban vinculados sobre todo a las Fuerzas Fronterizas, o a las del control de los pozos petroleros, o incluso a las de las instalaciones vitales.

Además, se establecieron 17 “consejos revolucionarios” en Trípoli, alimentados sobre todo por los 16.000 delincuentes comunes que Gadafi había liberado poco antes de su caída. Ninguno de los grupos era completamente autónomo ni podía controlar partes aceptables del territorio. Muchos se dedicaban al tráfico de drogas, robaban de los depósitos del aparato de seguridad u operaban en el “mercado negro” o en protección privada.

También hubo grupos “revolucionarios” que se formaron, pero con un retraso marcado, en las áreas donde el poder de Gadafi había durado más tiempo: en Bani Walid, en Tarhouna, en el área de Warshafana.

Estos grupos eran combinaciones de viejos gadafianos, ahora huérfanos de su líder, pero siempre y absolutamente parte de la misma tribu, y también de nuevos “revolucionarios” que imitaban las hazañas de los katibe que operaban en los grandes centros.

Estos grupos también, en gran parte, luego volvieron a entrar en las filas de los Oil Guards que pagaban mejor que otros.

La culpa de este caos era, sin embargo, también de Gadafi: había creado una estructura de seguridad del Estado que no se refería única y directamente al Jefe de Estado Mayor, sino a dos órganos diferentes y claramente separados: la “Comisión General Temporal de la Defensa” (inicialmente encabezada por Abu Bakr Yunis Jabr) y luego el “Comité Permanente de Defensa”, dirigido por diversas personalidades pero, de hecho, por el propio Gadafi.

La red de seguridad del coronel del régimen de Sirte también era muy compleja: existía la “Brigada 32”, comandada por Khamis Gadafi, luego Mohammed al Maqariaf, Sahban, Fadhil Abu Omar, también operaban brigadas Faris Hamza, Suqur, Abu Minyar, finalmente el Maghawir.

Las otras fuerzas militares también se dividieron en dos, en la organización de seguridad del Estado de Gadafi. Solo las unidades del Este desertaron de inmediato, las demás permanecieron leales al coronel.

Una parte del batallón Saeqa se unió a los “revolucionarios” de Cirenaica Oriental para formar la “Brigada de los Mártires Zawiya” pero, a medida que avanzaba el avance de los yihadistas y occidentales del Este, muchos oficiales, pero menos de los que se cree, también comenzaron a desertar en Tripolitania.

Pero muchas de las unidades militares estacionadas en el sur y el oeste se mantuvieron leales a Gadafi casi hasta el final.

Luego de la muerte del coronel del Sirte, las unidades del occidente y del sur se reunieron con los “consejos revolucionarios” en las áreas donde estaban las Fuerzas Armadas. Los regulares eran fuertes y en cambio los revolucionarios katibe débiles, y esto sucedió sobre todo en Gharyan, Khums, Sabha, Surman y Tarhouna, la ciudad donde nació un ex director de nuestros servicios “externos”. Una hibridación de las fuerzas político-militares que nos hace pensar y es muy característica de la revuelta libia anti-Gadafi.

La inestabilidad obviamente crece, mientras que los occidentales, que tontamente la causaron, se lavan las manos, quizás esperando el Espíritu Santo de alguna elección, invariablemente amañada.

Algunas instituciones también están fortalecidas pero ya están muy fragmentadas dentro de ellas: las “Fuerzas del Escudo Libio”, el “Aparato de Seguridad Preventiva”, la “Guardia Nacional”, una estructura inicialmente creada por Khalid al Sharif, ya en jefe del Libyan Islamic Fighting Group, una red nacida a raíz de la revuelta de 2011.

Ubi occidentalia, ibi jihadismus, y perdóname por los inevitables errores del latín.

Luego hay incluso otras organizaciones del estado de Gadafi que absorben elementos de los katibe para mantenerse en el poder y tener alguna base de operaciones. Para sobrevivir y hacer negocios, o simplemente mantenerse con vida. La crisis económica provocada por la caída del régimen en 2011 mordió de inmediato.

El petróleo era el 97% de los ingresos de Trípoli en la época del coronel. El petróleo libio es procesado y exportado por ENI, la francesa Total, la alemana Wintershall, la rusa Gazprom y la española Repsol. Con muchos gerentes italianos adentro. Por supuesto, los occidentales esperaban que se moviera el capital de la Autoridad de Inversiones de Libia (67 mil millones a fines de 2012), pero las cuestiones políticas derivadas del fraccionalismo de los katibe y de los gobiernos son infinitas, como era fácil de predecir. Luego está GECOL, Compañía General de Electricidad de Libia, LISCO, o la Compañía de Hierro y Acero de Libia, el ESDF, o el Fondo de Desarrollo Económico y Social, el ODAC, la Oficina de Desarrollo o Complejo Administrativo, la zona del puerto libre de Misrata. Desde la época de Gadafi, una economía que, antes de la insurgencia de 2011, ya había sido privatizada en gran parte pero que los “revolucionarios” no podían interpretar ni controlar.

Luego, las instituciones, que caen en el caos, a menudo aplican modelos occidentalistas a una situación muy diferente: el título de “jefe supremo de las Fuerzas Armadas” permanece legalmente poco claro durante años, pero fluctúa, sujeto a luchas de poder, dentro del GNC y a menudo es duramente impugnado por los muchos capetti” del katibe.

Antes de que los gobiernos se dividieran en dos, también había un conflicto en curso, a menudo amargo, entre el Ministerio de Defensa y el del Interior y del propio gobierno, que condujo, incluso a raíz de una gestión incierta y siempre personalista de las transacciones petroleras, a un bloque administrativo, social y político. Lo que ha llevado a un suplemento de pobreza masiva.

Añádase a esto la estructura barroca de las instituciones, hecha casi exclusivamente para eludir el mando y la responsabilidad: el Comité Supremo de Defensa, que ya hemos mencionado, en Trípoli (donde, sin embargo, las influencias salafistas y yihadistas eran más evidentes que en otros lugares) y también dividida en toda Libia en 54 sectores regionales, tenía hasta 16.000 guerrilleros disponibles, y esto solo en la antigua capital de Gadafi.

Luego, nuevamente a nivel postnacional libio, hubo, como dijimos, 54 sectores locales del Comité Supremo de Defensa, luego 23 comités contra el crimen, 45 empresas de apoyo a las actividades de defensa, luego la fuerza de élite y la Fuerza Especial de Disuasión.

Cabe señalar, entonces, que las Fuerzas que habían buscado, a menudo con éxito, el apoyo de las diversas facciones del Comité Supremo de Defensa, incluso incluían katibe pro-Gadafi o incluso simples criminales comunes, así como elementos ya clasificables como yihadistas Qaedistas.

En Ben Ashur, por ejemplo, los miembros de las brigadas contra el crimen eran todos ex convictos.

Esto ocurrió hasta la disolución del Comité Supremo de Defensa, el mecanismo de la “seguridad” libia posterior a Gadafi. Hablaremos de este asunto nuevamente en otros artículos.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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