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MEMORIAS HISTÓRICAS Y SIMPLES MEMORIAS

Javier Blasco Robledo*

Los españoles nunca deberíamos olvidarnos de uno de los peores presidentes del gobierno que hemos tenido, José Luis Rodríguez Zapatero; una persona a la que hemos sufrido y padecido durante casi dos mandatos completos hasta que, como consecuencia de su mala cabeza, nefastas estrategias y el habernos dejado sumidos en una de las peores crisis económicas de la era moderna, los españoles le mandaron a León a contar nubes, según afirmó personalmente, al perder las elecciones y verse obligado a dejar todos sus cargos.

Otras dos mentiras más suyas a incluir en su largo listado personal, ya que ni se fue a León, de donde vino un día, ni ha dedicado un solo minuto a contar nubes, sino a otros desmanes allende los mares dejando muy pocos amigos de verdad por aquellas tierras; pero eso es harina de otro costal que dejaremos aparcado para otro día más apropiado.

ZP, mote por el que se le conocía y que a él hasta le alegraba usarlo en las campañas electorales, fue una persona muy famosa por sus dislates, fanfarronadas, despechos, burlas y mala cabeza. Lleno de dicotomías en sí mismo y en sus pensamientos profundos o en voz alta y famoso por muchas frases y cosas suyas, casi ninguna buena, de las que, aparte de lo mencionado, quiero resaltar cinco: su incapacidad de definir el concepto (discutido y discutible) de nación; haber traído de nuevo a colación el sui generis concepto de “nación de naciones”[1] aún sin definir concretamente; forzar un nuevo y nefasto Estatuto catalán, la aplicación del famoso Plan E y el parto sin anestesia de la Ley de Memoria Histórica. Ley, de la que una vez defenestrado su autor e inductor, su sucesor en el cargo, Mariano Rajoy Rey, el hombre con más complejos y lleno de miedos que he sufrido en mi vida, sabiendo que era un bodrio, tremendamente injusta por parcial y revanchista y aun teniendo mayoría absoluta, no la derogó ni tocó una línea, no fuera a ser que por ello le llamaran facha o cosas peores.

Pues bien, dicha Ley, moldeable como muchas, bien fácil de estirar y transformar según le interese al ejecutivo y también de concatenar esfuerzos y apoyos entre las bancadas del Poder Legislativo (Parlamento), por aquello de no ser marcados como herederos del más rancio franquismo, ha sido el más precioso juguete en manos de nuestro actual presidente, el ínclito Pedro Sánchez y de su gabinete. Así, ha sido torticeramente manoseada para cambiarla y adaptarla cuantas veces ha sido precisa para, ente otras lindezas, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, enterrarle donde el gobierno ha querido, cambiar cientos de nombres de calles, plazas y parques en toda España porque sus anteriores denominaciones —aunque no fuera cierto, según la verdadera historia— sonaban a personajes cercanos a Franco durante la guerra civil y los años de la postguerra; derribar monumentos, estatuas y placas relativas a personajes y momentos de la época; menospreciar a las víctimas del bando de las derechas; ensalzar y encumbrar las de las izquierdas; reabrir viejas o ya casi inexistentes heridas; dividir aún más a los españoles; recuperar y ensalzar nuevos-viejos rencores y no desenterrar a nadie de todos aquellos restos que se asegura aún yacen en las cunetas y cuyo número es tan grande que —según la mayor mentirosa e iletrada de la historia reciente, nuestra vicepresidenta Calvo— otorgan a España el tenebroso título de ser “el segundo país con más desaparecidos del mundo”, obviando por tal afirmación a muchos países que, por derecho propio, nos preceden en tan macabro listado y, por ello, la susodicha señora ha sido objeto de mofa estos días. Que sabrá ella de historia y de realidades con afirmaciones tan poco fundadas y nada cabales.

Es una Ley, que machaconamente, durante meses y meses, todos los medios, tertulias y diarios adeptos y empesebrados al gobierno nos han repetido a diario como aquel que sabiendo que miente o lo que dice no está muy claro, precisa ser repetido muchas veces para crear el poso necesario a fin de aunar las mentes proclives al tema y abrir aquellas que no viéndolo, de tanto repetirlo, lo tomarán como algo preciso y necesario.

Debo reconocer que dicha campaña de agitación y propaganda, conocida desde hace años como AGITPROP y muy propia de los más puros regímenes totalitarios de corte comunista o nazi, ha dado sus frutos en España en esta ocasión. Tanto es así que todavía seguimos dando vueltas y más vueltas al tema de la Ley de la Memoria y al desenterramiento de Franco (24 de octubre), aunque no diera para más que movilizar a la familia y a unos cuantos nostálgicos. Mientras tanto, solo unos pocos fueron conscientes de una Resolución de parlamento europeo que, algo más de un mes antes, se aprobó y que supone un gran avance para la Memoria Histórica y colectiva de los europeos.

Escondida y ocultada por todos los medios oficiales y solo un poco mencionada por algunos medios libres o de derechas de escasa influencia, el 19 del pasado mes de septiembre, el mencionado Parlamento aprobó una Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP))[2].

Resolución que animo a conocerla por su corta y fácil lectura, así como, por su trascendencia y por lo que puede suponer para todos los Estados miembros de la Unión, incluido España por atacar directamente a la exaltación, culto y expansión de los totalitarismos, con especial mención al nazismo y al comunismo, sus símbolos, ideas y personajes históricos y, que entre otras medidas, solicita específicamente a los países de la UE que adopten medidas para que  desaparezcan monumentos y nombres de calles, plazas y jardines que exalten o recuerden a principales actores de aquellas “hazañas” y se prohíba rendir culto a los que tuvieron algo que ver en su implantación y expansión.

Así, se puede afirmar sin temor a exagerar que en España se ha puesto mucho énfasis, empeño y tesón en imponer, transformar y hacer cumplir “nuestra” Ley de Memoria Histórica aunque contrariamente a lo que aparentaba pretender, ataca con bastante saña al franquismo y a toda su aureola fascista atribuida, mientras, por otro lado, obvia los abusos de la otra parte de claro corte nacionalsocialista y comunista. E igualmente, que tanta ha sido la acción y presión del gobierno, partidos políticos de izquierdas y la mayoría de los medios en ello, que un alto porcentaje de españoles por convicción o cansancio han aceptado en mayor o menor grado, su existencia y aplicación.

Pero, ahora, al conocer la mencionada Resolución, me asalta una gran duda, aunque mucho me temo su respuesta. Conociendo que las Resoluciones del Parlamento Europeo no son leyes internacionales de obligado cumplimiento, sino recomendaciones para el buen gobierno y las relaciones en la UE; si tan necesaria fue nuestra Ley por los abusos y aberraciones de la parte denunciada, imagino que para aquellos que tanto creen en la Ley justa y en el respaldo internacional, será igual y exactamente necesaria la transformación y puesta en práctica —sin dilación y con ilusión— de la susodicha Resolución que pone un coto similar al comunismo junto al nazismo y por ello, nos metamos pronto en faena para que nuestras calles, parques y plazas queden libres de nombres y hechos que separan y ofenden y, al mismo tiempo, dejemos de rendir culto a aquellos símbolos y actores, que voluntaria y premeditadamente, obviamos o no quisimos incluir en nuestra Ley.

Ya veremos si ahora el gobierno y sus facilitadores ponen tanto empeño en que esto tan simple que expongo se haga realidad y que los tribunales, quienes tan raudos se prestaron al apoyo e interpretación legal de Ley española, no pongan reparos a su desarrollo para dar cumplimiento y aplicación de la nueva Resolución europea cuando cualquiera, en función de ella, lo solicite en reclamación de la aplicación de un acuerdo internacional.

Otra duda que me asalta y entristece aún más es que, a pesar de que estamos en plena campaña electoral, no he visto a ningún partido de Centro ni de Derechas, esgrimir ni mencionar esta norma, incluir el desarrollo dela misma en su programa o pedir al gobierno acción inmediata en dicho sentido. La dejación de responsabilidades, tras tanto tiempo de cobardes silencios frente a manifiestos desequilibrios y mirando para otro para otro lado no es algo sin importancia. Mucho me temo que, a la vista de lo que ha ocurrido la semana pasada, en el Ayuntamiento de Madrid con implicación de todos los partidos, mis dos grandes dudas quedan ya contestadas[3].

En cualquier caso y sin tener que darle muchas vueltas al tema ni tener que publicar una nueva Ley al respecto con los problemas, discusiones, el papeleo y los necesarios acuerdos que ello conlleva; simplemente analizando seriamente y con buena voluntad la existente Ley de Memoria en España, sus motivos, contenido y principios, nos bastaría para descubrir que, al leer con detenimiento las conclusiones de la Comisión Constitucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002 citadas en la Exposición de Motivos, encontramos que ellas hacen referencia explícita a la deslegitimación de todos los regímenes totalitarios contrarios a la libertad, de entre los que, hoy en día, nadie puede tener ninguna duda y mucho menos tras la mencionada Resolución de la UE, que tanto el comunismo como el nazismo son paradigma.

Por tanto, es bien fácil deducir que, gracias al contenido, forma y fondo literal de la citada Exposición, transcrita a continuación, es posible poner en relación directa el encaje de la decisión plasmada en la Resolución del Parlamento europeo con nuestra Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, dicha Ley podría ser fácilmente instrumentalizada, sin necesidad de cambio alguno en su motivación oficial, para incluir en la misma, sin problemas insalvables los aspectos totalitarios referidos en dicha  Resolución.

“Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que ‘nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática’”.

Llegado a este punto y momento, tengo la sensación de que el desarrollo, aplicación y hasta el propio cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales —en algunos casos— pueden llegar a convertirse en un arma de doble filo. De tanto afinar y tratar de dejar el tema bien atado y sin fisuras, pueden convertirse en algo contrario a las ideas o intereses primigenios y ocultos de los propios legisladores que las propugnaron al contraponerse o ser forzadas a su aplicación por la propia ley, originalmente, tan depurada y garantista u otras de igual o superior rango. Este podría ser el caso.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva), Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

Referencias

[1] El concepto “nación de naciones” fue empleado por el ponente socialista Gregorio Peces-Barba durante el debate constitucional e implica que la diversidad territorial española tiene una profundidad superior a la de otros países europeos. El término fue acuñado en el exilio mexicano por el intelectual castellano Anselmo Carretero, un socialista federalista autor de varias obras al respecto. <https://www.lavanguardia.com/politica/20170422/421938566642/enfoque-pedro-sanchez-nacion-de-naciones-catalunya.html>,

[2] Resolución del Parlamento Europeo, 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)) <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html>.

[3] “El PSOE rechaza que se nieguen subvenciones y espacios públicos a quienes ensalcen el comunismo”. OK Diario, 03/11/2019, <https://okdiario.com/espana/psoe-rechaza-que-nieguen-subvenciones-espacios-publicos-quienes-ensalcen-comunismo-4760693>.

EL CONSENSO PARA LA REFORMA PESQUERA EL DESARROLLO Y LA OCUPACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR.

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Es de tal gravedad la situación general y sectorial, que la Argentina no admite más la aplicación de viejos modelos fracasados, el aprovechamiento de los recursos del Estado para fines personales o la mala administración por parte de los servidores públicos. Se requiere de funcionarios y dirigentes reflexivos, abocados en un nuevo plan de desarrollo productivo que priorice el bienestar del trabajador y su familia, la previsibilidad y renta empresaria, la explotación racional y eficiente del recurso, la generación de divisas y empleo y, también, diferenciar al agente público eficiente del que entorpece el desarrollo de la actividad, ya sea por acción, omisión o prácticas ilegales.

No será posible la recuperación soberana del Atlántico Sur y Malvinas si no ocupamos el Mar Argentino, explotamos sus recursos y, los migratorios o asociados. Y, sí esperamos transformar la producción primaria pesquera en una industria, como precisa el artículo 2º de la Ley 24.922 generando mayores divisas, valor agregado y empleo, será indispensable efectuar una reforma consensuada de la actividad pesquera, cambiando el modelo extractivo que prima desde la década del 70.    

No es un momento fundacional, en el que se desandan las buenas acciones, sino el de una reforma fundada y sostenible, de nuevos planes basados en el conocimiento de la biología, la explotación,  la administración del recurso, el mercado, las necesidades de la empresa y el trabajador, el gerenciamiento de la actividad marítima, pesquera, naval, exportadora y de consumo, que deben rápidamente ponerse en movimiento, para eliminar la inequidad y el desaliento, generar nuevas inversiones, mayor valor agregado y trabajo, divisas para el país y ratificar la presencia de los productos de calidad en todo el mundo y en la dieta de los argentinos.

Sería necesario en ámbito nacional:

1) Extraer la mayor cantidad de recursos disponibles en forma compatible con una óptima reproducción, multiplicación y desarrollo de las especies y el mantenimiento de la biomasa a perpetuidad para asegurar su explotación actual y el de las próximas generaciones.

2) Buscar acordar la explotación de los buques extranjeros de nuestros recursos migratorios y, a la par, promover los incentivos necesarios para que toda la flota pesquera congeladora argentina y, muy particularmente la potera, se haga de nuestros recursos en todo el atlántico sudoccidental.

3) No depredar ni descartar ninguna captura, de modo que desembarquemos el más alto volumen posible, para generar nuevas industrias, y que, las existentes, puedan disponer de materias primas en forma regular, aumentando la demanda laboral y la rentabilidad empresaria, a la par, de aprovechar esta esencial proteína en un país con una altísima tasa de desocupación, pobreza e indigencia.

4) Establecer reglas y controles ciertos sobre la asignación de cuotas y autorizaciones de captura, que se ajusten a los proyectos aprobados de explotación, respecto a la radicación territorial e industrial, generación de valor, ocupación de mano de obra, afectación de la flota a las capturas asignadas, su renovación y actividad, la utilización de medios y redes selectivas y la pesca en las áreas autorizadas, la sustentabilidad del recurso y del ambiente, la responsabilidad social empresaria y, el cumplimiento de toda la legislación pesquera y del proyecto presentado por la Empresa, que diera lugar a la concesión de la captura, industria y comercio de los productos pesqueros.

5) Establecer una Unidad Económica Pesquera que asegure el sostén económico y social de las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias y dé, mayor certeza a estas y sus trabajadores, promoviendo inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos, evitando la quiebra, el desempleo y la reformulación de buques menores en otros de mayor capacidad con la consiguiente inequidad e incremento del esfuerzo y la depredación. Ello, acompañado de políticas que faciliten la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para dar mayor probabilidad de subsistencia.

6) Promover una mayor industrialización de las materias primas, incentivando el valor agregado y desalentando la exportación de commodities que extranjeriza la mano de obra argentina y reduce el ingreso de divisas el país.

7) Erradicar el trabajo no registrado, a través de sistemas de cruzamiento de datos que fácilmente detectan la irregularidad y, a la par, efectuar las correcciones impositivas necesarias para evitar que el régimen imperante desaliente la registración o el pago parcial en negro.

8) Aumentar el consumo nacional de pescado, que se encuentra entre los más bajos del mundo y, por tal motivo no se genera mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Asegurar la diversidad de la explotación de las especies, no solo para obtener un mayor equilibrio biológico, sino, además, para que la actividad no esté sujeta a una monocaptura poco previsible como la del langostino, cuya caída, provocaría una de las más graves crisis del sector.

10) Llevar adelante una política de federalización de la explotación de los recursos originarios, para asegurar una industrialización de las provincias del litoral marítimo.

11) Dar autonomía a la investigación pesquera el INIDEP no solo para asegurar la perpetuidad de las especies, sino para poner el desarrollo tecnológico al servicio de las empresas.

12) Llevar adelante una política de renovación y de seguridad de los buques para reducir los naufragios y promover, buscando los medios de financiamiento, la construcción de embarcaciones pesqueras, transporte, investigación, petroleros, defensa, etc. en los Astilleros nacionales.

13) Colaborar con la Autoridad Portuaria para promover la construcción y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros y, actuar sobre los propietarios o tenedores de buques pesqueros abandonados en los puertos para mejorar en estos su operatividad.

14) Generar la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, acreditándolo ante nuestras propias certificadoras y las calificadoras internacionales.

Será necesario en materia internacional:

15) Promover la creación de una Comisión Revisora de los Acuerdos de Madrid con el objeto de retrotraer a 1982 todas las cuestiones que, pese a la fórmula aplicada del paraguas, el Reino Unido incrementó unilateralmente respecto a la ocupación original de Malvinas y de los aspectos relativos a la explotación de los recursos naturales originarios de Argentina en el Atlántico Sur desde esa fecha.     

16) Llevar adelante una política de preeminencia, en nuestro carácter de Estado Ribereño, sobre los Estados de Bandera (extranjeros) de acuerdo a la CONVEMAR, tomando las acciones precautorias para evitar la depredación del Atlántico Sur y, en especial, la captura de especies migratorias del mar argentino.    

17) Prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) haciendo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina como Estado Ribereño, acordando o sancionando, a todos los buques extranjeros que pesquen ilegalmente los recursos argentinos en el Atlántico Sur, evitando la captura de más de 350 buques extranjeros ilegales en el Mar Argentino y sobre las especies migratorias en el área adyacente, privando a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones, triplicar la mano de obra y mejorar la dieta de los argentinos.

18) Llevar adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y/o con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

19) Concretar Acuerdos con Uruguay para eliminar las operaciones portuarias en ese país por parte de buques extranjeros ilegales que extraen recursos en el Atlántico Sur y posibilitar una integración rioplatense para defensa y explotación económica del Atlántico.

20) Promover el rechazo del Acuerdo de Nueva York y del Atún evitando regionalizar el Mar Argentino y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques Extranjeros y el Reino Unido en Malvinas.

21) Dejar sin efecto el Acuerdo Foradori-Duncan, en lo relativo al incremento de vuelos a San Pablo y la investigación conjunta con el Reino Unido del mar argentino y la pesca.

22) Promover la revisión del reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, con el objeto entre otros de establecer, que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina, o la República de Uruguay en su caso, para su ingreso a la Unión Europea, sufriendo las mismas limitaciones arancelarias o sanitarias que pudieran aplicarse a la Argentina.

23) Llevar adelante políticas activas en el Atlántico Sur, controlando la defensa nacional y considerando a este espacio, de interés ambiental, social y de desarrollo económico para todos los argentinos.             

La acción y la vocación del gobierno y la cooperación y solidaridad de todos los actores del sector serán vitales para revertir esta grave situación, contribuir a la reafirmación de la soberanía y al desarrollo nacional desde esta actividad, para generar divisas, valor agregado, empleo, radicación industrial y el bienestar de todos los argentinos.   

                  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019) y articulista de la especialidad.

ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL EJEMPLO PORTUGUÉS

Rolando Santos*

En su visita a Portugal, Alberto Fernández se reunió con el primer ministro Antonio Costa

Como dicen en Portugal, el pueblo decidió, está decidido: Alberto Fernández será el próximo presidente de la Argentina.

Dada la situación económica del país, su gobierno tendrá una enorme tarea por delante. La máxima prioridad, dijo poco después de que se conocieran los resultados de las elecciones, es que “los argentinos dejen de sufrir”. Con este fin, Fernández quiere reducir las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por los acreedores extranjeros mediante la recuperación de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Esto aumentaría la demanda interna y el crecimiento económico, lo que a su vez generaría más ingresos fiscales y mejora de las cuentas del Estado. Es decir, la idea es cambiar un ciclo vicioso (austeridad, depresión económica, degradación de las cuentas públicas, más austeridad) por un ciclo virtuoso.

Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Portugal, preguntará el lector?

A principios de septiembre, el futuro presidente estuvo en Europa y habló con António Costa, el primer ministro portugués, sobre cómo ha implementado una política similar en los últimos cuatro años. El propio Fernández informó en una entrevista de radio las conclusiones que sacó de esta discusión, que eventualmente encontró eco en otros medios.

Alberto Fernández elogió la capacidad del líder socialista portugués para conciliar lo que aparentemente es irreconciliable en un país que “viste” el chaleco de fuerza del FMI: equilibrar las cuentas públicas al tiempo que aumenta los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Algo similar, dice, sucedió durante la presidencia de Néstor Kirchner, y eso es lo que pretende repetir.

Naturalmente, no apreciaré las medidas específicas propuestas por el futuro presidente argentino para implementar este programa, ya que los lectores están mucho mejor capacitados que yo para hacerlo. Sin embargo, puedo dar algunos datos que podrán ser útiles para contextualizar el ejemplo portugués y permitir evaluar los límites de su aplicación en Argentina.

Tras la crisis financiera mundial de 2008-2009, Portugal se vio obligado a pedir ayuda de emergencia por valor de 78 000 millones de euros a una “Troika” compuesta por el FMI, la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE). Esto sucedió en abril de 2011, aún bajo la responsabilidad de un gobierno renunciante dirigido por José Sócrates. Solo dos meses después, los socialistas fueron reemplazados por una coalición de centroderecha (PSD y CDS) dirigida por Pedro Passos Coelho, quien introdujo un conjunto de medidas de austeridad sin precedentes en la historia reciente del país.

Como resultado de ello, el ingreso promedio de los portugueses cayó un 16% entre 2010 y 2013. La tasa de desempleo, que estaba por debajo del 8% antes de la crisis, aumentó al 16% en 2013. Los impuestos directos e indirectos aumentaron a niveles nunca antes vistos. La inversión pública prácticamente se detuvo y muchos gastos actuales se redujeron a niveles que amenazaron el funcionamiento de los servicios. Casi todos los bancos sufrieron enormes dificultades y se vieron obligados a pedir ayuda estatal. El mayor banco privado ha sido cerrado en medio de un gran escándalo y su daño afectará a las cuentas públicas durante muchos años.

A pesar de todo esto, se ha logrado el objetivo principal del gobierno. La amarga píldora de la austeridad redujo el déficit estatal a niveles aceptables, por lo que, solo tres años después de pedir la ayuda de la Troika, Portugal ya estaba en condiciones de abandonar el programa de rescate financiero que había puesto las cuentas públicas bajo control externo.

La evolución, como dice la Comisión Europea, fue notable. En 2010, el déficit alcanzó el 11,2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos de la historia; para 2014, ya era menos de la mitad (sin contar los gastos extraordinarios resultantes de la crisis bancaria); en 2019, se estima que por primera vez desde que se estableció la democracia en el país, Portugal tiene un déficit cero, o muy cercano a él.

Estos números no se lograron solo mediante la austeridad. La economía, que había tenido tasas de crecimiento muy bajas o incluso negativas desde la introducción del euro en 2002, ha evolucionado de manera muy diferente. En el apogeo de la crisis, en 2012, el PIB cayó más del 4%; en 2017 aumentó 3.5% y el año pasado 2.4%. La apuesta de las empresas por las exportaciones y el enorme crecimiento del turismo contribuyeron mucho a esto, en una primera fase; luego, el aumento del consumo interno ayudó mucho.

Lo que debe destacarse en esta ruta es la continuidad. Entre 2011 y 2019, Portugal tuvo dos gobiernos, uno de centro derecha (coalición PSD-CDS) y uno socialista (con el apoyo parlamentario del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda), pero ambos mantuvieron el mismo control férreo sobre las finanzas públicas. Todos los gastos grandes —y a veces incluso pequeños— de diferentes ministerios solo pueden hacerse con el acuerdo del ministro de finanzas. Cada vez que éste entiende que esos gastos pueden poner en duda el resultado anual del déficit, procede a bloquearlos. Es decir, incluso si los gastos son presupuestados y autorizados por el parlamento, el gobierno no los hace.

No es casualidad que describo este mecanismo en tiempo presente. Si bien los bloqueos son ampliamente criticados por su impacto negativo en las inversiones públicas indispensables, continúan utilizándose con frecuencia. La verdad es que han sido cruciales para prevenir los recortes presupuestarios y, por lo tanto, no deberán efectuarse en el corto plazo.

La reducción del déficit público ha sido el principal objetivo económico del gobierno portugués desde la crisis, sea el de la izquierda o el de la derecha. Tanto Pedro Passos Coelho como António Costa se dieron cuenta de algo fundamental: para sacar a Portugal de esta situación lo antes posible, la Unión Europea y el FMI tenían que estar de su lado. Contra ellos no se puede hacer nada. Para obtener la buena voluntad de estas entidades, era necesario mostrarles que el gobierno pudo poner las cuentas al día y eso fue lo que hicieron. Con un gran costo para los portugueses.

El camino podría haber sido otro. Grecia eligió rebelarse contra los dictados de Bruselas, Frankfurt y Washington, e incluso eligió un gobierno radical de izquierda. Sin embargo, este último se vio obligado, de manera humillante, a aceptar las imposiciones de los acreedores y en condiciones aún más duras que las presentadas inicialmente.

Las diferencias entre los de centro derecha y los socialistas en Portugal se centraron en la dimensión de la austeridad y en cómo debería aplicarse en lugar de su necesidad. Después de la fase inicial de recortes profundos y transversales en salarios, pensiones e inversiones, Passos Coelho desea reducirlos más lentamente y concentrar los esfuerzos en mejorar la situación de las empresas para que luego puedan impulsar la economía. Antonio Costa ya propuso una reversión más rápida y mayor de la pérdida de ingresos, a fin de mejorar la vida de las personas y aumentar el consumo.

Estas opciones se debatieron acaloradamente en las elecciones legislativas de 2015, que ganó la coalición de centroderecha. A pesar del enorme desgaste que sufrió el gobierno durante cuatro años de austeridad sin precedentes, gran parte del electorado comprendió que el curso no podría haber sido muy diferente y que el ejecutivo había sido determinado en su aplicación.

Los socialistas finalmente llegaron al poder porque sus oponentes no lograron obtener el apoyo parlamentario necesario, y lo hicieron, a través de una alianza invisible con la izquierda más radical, que se conocería como la “Geringonça”.

António Costa asumió el liderazgo del gobierno y esencialmente cumplió sus promesas. Por esta razón, y debido a que la economía continuó mejorando sustancialmente durante su mandato, fue recompensado con una clara victoria en las elecciones legislativas del 6 de octubre, aunque todavía necesitará el apoyo de los partidos más a la izquierda.

Dicho esto, se deben tener en cuenta varios hechos importantes sobre la política económica socialista de los últimos cuatro años. La primera es que no es posible separarla de la que siguieron sus predecesores y mucho menos hacerla antagónica. Los socialistas pudieron mejorar la situación de los asalariados y de los jubilados también gracias a lo que se hizo antes y no a pesar de lo que se hizo antes. Sin mejorar las cuentas públicas, nunca habría suficiente dinero para tales medidas, ni los prestamistas las hubieran permitido. Los socialistas dejaron de hablar de austeridad, la atenuaron y la aplicaron de otra manera, pero terminaron con ella.

Evidencia de esto es que, en menos de tres años, el ministro de Finanzas, Mário Centeno, cambió de representante de un país que acababa de ser intervenido por la UE al presidente del Eurogrupo, el organismo responsable del cumplimiento de la ortodoxia financiera de Bruselas. Pasar de ser fiscalizado a supervisor de las finanzas europeas en tan poco tiempo es trabajo y solo ha sido posible gracias a su respeto por las reglas básicas dictadas por los acreedores europeos.

Hacerlo mientras se cumplían las promesas de las elecciones socialistas no fue fácil. Uno de los métodos que utilizó fue compensar la reducción de los impuestos extraordinarios sobre los salarios y las pensiones mediante el aumento de los impuestos indirectos, como los aplicados al combustible. En Portugal, aproximadamente dos tercios del precio final de un litro de combustible corresponden a impuestos. Esto significa que gran parte del dinero que los portugueses recuperaron, por un lado, fue a arcas estatales por el otro. Por lo tanto, la carga tributaria para los ciudadanos sigue siendo muy alta, habiendo sido en 2018 la más alta desde 1995: 35,4% del PIB.

Otro de los factores que debe tenerse en cuenta al analizar las posibilidades de transferencia del modelo portugués es la gran diferencia en el marco internacional. Como el propio Alberto Fernández reconoció en su entrevista radial de septiembre, el hecho de que Portugal sea parte de la Unión Europea y de la Eurozona lo coloca en una situación muy diferente de la Argentina.

La política redistributiva del Partido Socialista solo fue posible debido a la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo. Desde 2016, la tasa de referencia de los préstamos bancarios ha sido del 0% y el BCE se ha embarcado en un gran programa de compra de deuda para los países más afectados por la crisis, incluido Portugal. Eso fue lo que les permitió soportar los peores momentos en que nadie más estaba dispuesto a darles crédito. Ahora, gracias a la acción del BCE, Portugal puede obtener préstamos a tasas negativas, lo que le da la posibilidad de reestructurar su deuda por sobregiro. El ministerio de Finanzas ha reemplazado las deudas más antiguas y más caras que generan intereses por una deuda nueva más favorable, ahorrando así miles de millones de euros.

Por supuesto, siempre es posible ver el reverso de la medalla y decir que si Portugal aún conservara su antigua moneda, el escudo habría tenido mucha más flexibilidad para lidiar con los efectos de la crisis. Sin embargo, como saben los argentinos, emitir más papel moneda para resolver problemas a corto plazo siempre tiene consecuencias mucho peores a largo plazo.

Lo que también me parece importante tener en cuenta para el caso argentino es el hecho de que el FMI ha reconocido que la medida de austeridad impuesta al rescate financiero de los países europeos ha sido excesiva. Christine Lagarde, ex directora general de la organización, dijo en 2013 que el FMI “fue el primero en decir ‘atención, es demasiada consolidación fiscal, demasiado rápido, hay que dar tiempo’. Y les dijimos lo mismo tanto a Grecia, como a Portugal, o a España, que no estaba en el programa”.

Esta posición es relativamente consensuada en Portugal. Ocho años después de que el país estuviera al borde de la bancarrota y pidiendo ayuda a la “Troika”, existe la clara idea de que se podrían haber logrado los mismos resultados o incluso mejores con menos sufrimiento.

 

Rolando Santos

* Licenciado en Historia por la Universidad de Oporto (1998) y posgrado en Historia, Defensa y Relaciones Internacionales por la Academia Militar del Ejército Portugués y por el ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa (2007).

Periodista especializado en asuntos internacionales de la estación de televisión portuguesa TVI y autor de cientos de artículos periodísticos sobre temas de esta área.

En 2005 publicó el libro “Terrorismo em Direto – A Grande Manipulação”.

 

Traducido del portugués por Marcelo Javier de los Reyes.

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