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LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE ISRAEL EN AMÉRICA LATINA

Roberto Mansilla Blanco*

El descrédito de la imagen internacional de Israel tras el genocidio en Gaza y el conflicto que se libra desde hace seis meses entre EEUU e Irán son algunos factores que han persuadido a Tel Aviv a ampliar sus alianzas y esferas de influencia, en este caso hacia América Latina, un escenario donde Israel posee directas conexiones políticas, culturales y de diáspora.

El precedente más inmediato de este reposicionamiento geopolítico de Israel en la región tiene un epicentro clave: la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina en 2023. Desde entonces, Milei ha manejado una agenda directamente ligada a los intereses israelíes, ampliados por su conexión con el presidente estadounidense Donald Trump, y que cobra cada vez más amplitud hemisférica ante el actual calendario electoral regional.

Grosso modo, cuatro variables definen las herramientas de actuación de la geopolítica israelí en el hemisferio occidental.

    • La necesidad de ampliar alianzas exteriores ante la inestabilidad en Oriente Medio con las guerras de Gaza e Irán y el declive de la imagen internacional israelí ante el predominio del proyecto supremacista del «Gran Israel» impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
    • La captura por parte de EEUU del ex presidente Nicolás Maduro en Venezuela, país considerado como el principal aliado de Irán y los movimientos islamistas Hamás y Hizbulá en América Latina. Este suceso, además de la guerra que actualmente libra con EEUU e Israel alteró abruptamente la implicación en América Latina de Teherán, el enemigo estratégico israelí.
    • El viraje político presentado desde 2023 en América Latina hacia gobiernos de derechas alineados con el ideario político e ideológico del presidente estadounidense Donald Trump y con los intereses israelíes. Esto ha provocado un inesperado giro geopolítico hemisférico: el retorno de Israel a la región a través de diversas alianzas políticas, principalmente en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador e incluso la Venezuela post-Maduro.
    • La asistencia humanitaria israelí ante los terremotos en Venezuela y Colombia, que le ha permitido a Israel activar un nuevo campo de actuación que, al mismo tiempo, ha generado fuertes controversias en las redes sociales por su posible implicación política.

A estas variables debe añadirse una importante herramienta de soft power como es la diáspora judía en América Latina, su tejido asociacionista y su influencia política, económica y cultural principalmente en países como Argentina, Brasil y México. Se estima en aproximadamente 300.000 las personas de origen judío en América Latina.

Israel celebrará elecciones parlamentarias el próximo 27 de octubre. Si bien la legislación israelí establece que su diáspora no puede votar directamente salvo en el caso de aquellos ciudadanos con pasaporte israelí que puedan desplazarse físicamente hasta Israel para ejercer el sufragio, estas elecciones implican otro factor colateral para el proyecto israelí en la región, enfocado en la atracción de apoyos políticos a través de la diáspora judía en países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil. 

América Latina en 2026: ¿la nueva «Tierra Prometida» para Israel?

A continuación, se observarán los principales escenarios y puntos de conexión de Israel con diversos países latinoamericanos, en gran medida traducidos en una coyuntura política de cambios a nivel electoral en la región.

Argentina, Uruguay y Paraguay

Como se explicó con anterioridad, la llegada de Milei al poder implicó un giro copernicano en cuanto a las relaciones exteriores de Argentina con Israel, diametralmente opuesto al de gobiernos anteriores, especialmente durante la etapa del «kirchnerismo» (2003-2015), más proclive a la multipolaridad y las relaciones con el mundo árabe-islámico.

La afinidad política, cultural y religiosa de Milei hacia el Estado de Israel ha sido públicamente notoria, alcanzando incluso el nivel de alianza incondicional. Entre diversas medidas el mandatario anunció el cambio de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y abrió vuelos directos con Israel. Esta afinidad ha llegado incluso al mundo del fútbol. Argumentando su amistad personal con Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó a manifestar públicamente su preferencia por Argentina en la final del Mundial 2026 recientemente realizada en EEUU.

En Argentina existe una población estimada de 250.000 judíos, considerada la mayor en América Latina. Desde 2023, Milei ha visitado Israel en tres ocasiones, la última en abril pasado, donde llegó a proclamar la «unión moral, espiritual y política» entre Argentina e Israel tras una reunión con Netanyahu en Jerusalén. En esa visita ambos gobiernos firmaron los denominados «Acuerdos de Isaac» en defensa de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

No obstante, la relación entre Milei e Israel ha procreado toda serie de informaciones y reacciones mediáticas y en las redes sociales, en particular ante la cada vez más activa presencia de israelíes en las regiones de la Patagonia argentina y del sur de Chile, tal y como se explicará más adelante.

Otras informaciones retratan la supuesta sintonía de Milei con la comunidad Jabab Lubavitch, una de las organizaciones y movimientos del judaísmo ortodoxo y jasídico más dinámicos e importantes del mundo creado en Rusia a finales del siglo XVIII. En algunas de sus visitas a Nueva York, Milei habría participado en actos realizados con esta comunidad.

Con menor incidencia desde el punto de vista político que el caso argentino, la presencia judía en Uruguay es igualmente importante, estimada en aproximadamente 20.000 personas.

El gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) ha mostrado su apoyo a Palestina, con importantes críticas hacia la actuación israelí en Gaza. Al mismo tiempo, Orsi ha dejado en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea, a pesar de las presiones de legisladores opositores, principalmente de partidos conservadores y de derechas, que piden retomar el vínculo.

Un reciente caso ha provocado fricciones entre los gobiernos de Uruguay e Israel a raíz de las declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, sobre la eventual detención de Netanyahu en caso de que éste pisara territorio uruguayo en cumplimiento de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Uruguay es parte.

Han sido igualmente prolíficas en las redes sociales las informaciones sobre la actuación durante las labores de rescate del terremoto en Colombia de Ronnie Kaplan, ciudadano uruguayo de origen judío, quien ha sido señalado como un supuesto propagandista del FDI, así como de presunto justificador del genocidio en Gaza.

En el caso paraguayo, el gobierno de centro derecha de Santiago Peña mantiene un nivel de firme respaldo, alianza estratégica y cooperación bilateral prioritaria con Israel, impulsando el retorno de la embajada paraguaya a la ciudad de Jerusalén. Paraguay ha promovido cumbres virtuales de alto nivel entre ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el canciller israelí Gideon Sa’ar para analizar la situación de seguridad en el Medio Oriente.

No se debe olvidar que, especialmente tras los atentados del 11-S de 2001 en EEUU, la denominada Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil fue señalada por la inteligencia estadounidense e israelí como un epicentro de actuación del grupo islamista libanés Hizbulá, aliado estratégico de Irán. Con no menos controversias, esta perspectiva ha reforzado el interés de Tel Aviv en la región.

Colombia y Venezuela

Los cambios políticos presentados en Venezuela y Colombia durante este 2026 así como la tragedia humanitaria determinada por sendos terremotos en estos países presentados entre junio y julio ha provocado una inesperada presencia israelí, en este caso a través de labores de ayuda humanitaria que igualmente ha generado críticas y controversias por una presunta implicación política por parte de Tel Aviv.

En Colombia viven aproximadamente 4.000 judíos, toda vez que Venezuela acoge una población de origen judío calculada entre 20.000 y 45.000 personas. No obstante, la llegada del «chavismo» al poder en 1999 implicó un giro geopolítico absoluto para la política exterior venezolana hacia el mundo árabe-islámico, con particular incidencia con respecto a la República Islámica de Irán y de apoyo al pueblo palestino que derivó en la práctica suspensión de relaciones diplomáticas con Israel desde 2009.

Las tensiones entre Caracas y Tel Aviv derivaron en un notable éxodo de judíos venezolanos hacia EEUU, Europa e Israel. Por su apoyo al pueblo palestino, sus críticas a Israel y su acercamiento a Irán y movimientos islamistas como el Hizbulá libanés, el Comité Judío Americano y otros centros sionistas llegaron incluso a acusar de antisemitismo al entonces presidente Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro, de conocido origen judío sefardita proveniente de emigrantes establecidos en Curazao.

En el caso colombiano, el nuevo presidente Abelardo De la Espriella reconoció inmediatamente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, disputada con Siria. Un día después de ganar las elecciones presidenciales el pasado 7 de agosto, el presidente colombiano se reunió con el embajador israelí en Bogotá toda vez que le ha otorgado a Israel un papel preferente en la ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. Así como hizo Milei, De la Espriella también anunció el cambio de la embajada colombiana a Jerusalén.

No obstante, existen fantasmas del pasado que retrotraen la implicación israelí en Colombia, particularmente desde la década de 1980 en medio del conflicto armado que vivió el país sudamericano durante varias décadas. Destaca aquí el caso del exmilitar y mercenario israelí Yair Klein, principal asesor extranjero que entrenó a los primeros grupos paramilitares en Colombia durante la década de 1980, en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) así como narcotraficantes y ganaderos. Investigaciones y sentencias del programa de Justicia y Paz han confirmado que estos entrenamientos contaron con la tolerancia y el apoyo de ciertos sectores de miembros del Ejército y oficiales colombianos de la época.

Por su parte, la caída de Maduro en Venezuela y la guerra entre EEUU e Irán han desplazado la presencia iraní en el hemisferio occidental, principalmente vía Venezuela. En este contexto, Israel ha aprovechado la situación para fijar sus piezas y ejes de transmisión en América Latina. Mientras Washington condiciona el futuro político de Venezuela prácticamente hacia un protectorado en la medida en que se trabaja en una agenda de transición política y electoral, Israel intenta recuperar terreno en este contexto de «post-chavismo» y «post-madurismo».

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina en Venezuela alertó en un comunicado sobre la «presencia de factores sionistas» en el país sudamericano. A comienzos de julio medios venezolanos e israelíes informaron sobre la decisión de Netanyahu de enviar a Venezuela a una delegación de 30 personas formadas por militares y otros especialistas para labores humanitarias tras el terremoto.

Se informó que la delegación estaba encabezada por un jefe del Estado mayor del Comando del Frente Interior, general Elad Edri, secundado por el embajador israelí para México Yoed Magen y el rabino jefe de la organización ZAKA, Yosef Garmón. De acuerdo con fuentes israelíes, la presidente encargada Delcy Rodríguez habría aprobado el plan de reconstrucción presentado por dicha delegación, con la que se reunió en Caracas tras supuestamente haber solicitado esta ayuda al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar.

Diversos colectivos sociales del «chavismo» han denunciado la inherencia israelí en Venezuela vía terremoto y la complacencia del gobierno provisional de Delcy Rodríguez. Bajo este contexto se especula con que el gobierno interino esté preparando la reapertura de las relaciones diplomáticas con Israel. En una reciente puesta en escena que refleja la distensión en las relaciones entre Caracas y Tel Aviv, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, visitó la principal sinagoga en la capital venezolana, la de la Asociación Israelita de Venezuela.

En agosto de 2026, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», visitó la sinagoga Tiféret Israel en Caracas y usó una kipá.

 

Chile

Con una comunidad judía de aproximadamente 20.000 personas, Chile también ha entrado en la órbita de influencia de Israel. En contraposición con la posición más crítica hacia Israel por parte de su predecesor de izquierdas Gabriel Boric, y tras asumir el mandato presidencial el pasado mes de marzo, el actual presidente José Antonio Kast ha iniciado un giro diplomático para acercarse a la comunidad judía y a Israel. En su gobierno, Kast cuenta con Eitan Bloch, un asesor argentino e hijo de un rabino que maneja temas internacionales

Los ecos de la presencia israelí en la Patagonia argentina también han implicado reacciones mediáticas y en redes sociales en Chile, país que comparte frontera con la Argentina. Uno de los principales ejes informativos, sin ningún tipo de confirmación oficial hasta el momento, se enfoca en que Kast presuntamente ha prometido entregar subsidios a «colonos israelíes» en la Patagonia chilena. El principal emisor de estas informaciones ha sido el medio Fast Check el cual, al no existir evidencias fehacientes sobre este tema, finalmente desmintió este contenido a través de sus redes sociales.

Perú, Ecuador y Bolivia

La región andina cuenta igualmente con notorias comunidades judías. Destaca Perú, donde viven aproximadamente 3.000 hebreos. En Ecuador no llega al millar de personas al igual que en Bolivia, principalmente asentados en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, donde habitan importantes comunidades de emigrantes provenientes de Europa del Este.

El contexto, 2026 también ha implicado un retorno de los imperativos geopolíticos israelíes en la región andina. En el caso ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa recibió al ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, poco antes del viaje de éste a Bogotá para la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. En Quito se acordaron convenios de cooperación terrorista y lazos económicos.

En Perú, tras asumir la presidencia en julio pasado, la nueva mandataria Keiko Fujimori recibió al embajador israelí en Lima, una muestra de la reorientación de las relaciones exteriores peruanas hacia el eje hemisférico «trumpista».

Como en el caso colombiano, en Perú también afloran «fantasmas del pasado» que retrotraen a la década de poder del padre de Keiko, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Sin pruebas oficiales fehacientes, pero sí prolíficas informaciones en prensa, su polémico asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, era considerado como el «hombre del Mossad» en Perú.

La lista de nombres de origen hebreo en la política peruana con supuestas conexiones con organismos de seguridad y de inteligencia israelí han sido igualmente notorias como han sido los casos de empresarios de origen israelí como el traficante de armas Moshe Rothschild Chassin y el exfuncionario de seguridad israelí Efraín «Avi» Dan On, quien estuvo a cargo de la seguridad personal del ex presidente peruano Alejandro Toledo (2000-2004) y fue vinculado a triangulaciones políticas y de seguridad con nexos en Israel.

En Bolivia, el nuevo gobierno conservador de Rodrigo Paz restableció las relaciones con Israel en noviembre de 2025 tras la ruptura acaecida en 2023 durante el gobierno de Luis Arce (Movimiento al Socialismo, MAS) por sus críticas a la tragedia de Gaza. Al igual que Chávez en 2009, el expresidente Evo Morales (MAS) rompió las relaciones con Israel por su entonces ofensiva militar en Gaza. Con Paz en la presidencia, la agencia israelí MASHAV ha entrado en el mercado boliviano a través de tecnología de purificación de agua, cooperación en áreas técnicas, agrícolas y de innovación y turismo.

No obstante, la reciente detención en Bolivia de Fernando Cerimedo por un oscuro caso de presunto intento de asesinato, ha encendido las alarmas sobre una posible conexión con Israel. Cerimedo ha sido señalado como asesor de Milei y con conexiones con el nuevo presidente colombiano De la Espriella. Cerimedo ha sido acusado de ser el presunto autor intelectual del intento de asesinato en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra de la abogada y activista política Nadia Beller, excandidata a diputada y quien fuera también su expareja.

Considerado un gurú de la nueva ultraderecha latinoamericana, Cerimedo ha impulsado corrientes sionistas y «trumpistas» a través del ecosistema mediático impulsado por su exsocio empresarial, Javier Negre, fundador de «La Derecha Diario». En Bolivia se encontró una granja de bots que emitían estos contenidos favorables a las posiciones geopolíticas israelíes y de EEUU.

América Central

La región centroamericana también posee una importante presencia israelí. Destacan Panamá, con una de las comunidades judías ashkenazíes y sefarditas más grandes y activas de la región; Costa Rica, principalmente de origen polaco; Guatemala, con aproximadamente 2.000 miembros destacando la comunidad ultraortodoxa Lev Tahor; y Honduras y El Salvador, con comunidades sefardíes y ashkenazíes.

En el caso salvadoreño destaca igualmente la presencia de comunidades palestinas, sirias y libanesas, calculadas en aproximadamente 90.000 personas. El actual presidente Nayib Bukele, de ancestros palestinos, ha mantenido una relación de normalidad con Israel incluso criticando públicamente al movimiento islamista palestino Hamás. Medios israelíes han catalogado a Bukele de «palestino proisraelí». A nivel hemisférico, Bukele también ha mostrado sintonía con Trump y Milei.

Desde el punto de vista político destaca el caso «Hondurasgate», la filtración realizada por el medio español Canal Red sobre una serie de audios que implican a figuras políticas de la derecha como el expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mandatario Nasry Asfura.

Estas filtraciones, publicadas en abril pasado, exponen un supuesto plan internacional para consolidar el poder mediante la violencia política, influir en la política hondureña y financiar ataques mediáticos contra gobiernos de izquierda en América Latina a través de la coordinación y el financiamiento del Partido Republicano de EEUU y los gobiernos de Netanyahu y Milei.

México

México es uno de los países latinoamericanos con mayor población de origen judío, calculada en aproximadamente 67.000 personas. La actual presidente Claudia Sheinbaum ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina así como fuertes críticas contra Israel por el drama humanitario en Gaza.

No obstante, es patente la normalidad en las relaciones entre México e Israel incluso en el plano militar. De acuerdo con medios mexicanos señalando fuentes de la ONU, Israel se consolida como proveedor clave de armamento en México destinado a policías y fuerzas armadas, con un aumento de 1.572 a más de siete mil unidades desde 2025.

Con todo afloran informaciones en redes sociales, no completamente confirmadas, sobre la presunta infiltración de Israel en México a través de proyectos culturales que no escapan a intereses políticos. Algunos de ellos afirman sobre la existencia de centros educativos israelíes en el Estado de Chiapas.

Pero el más relevante ha sido el caso de Ciudad Torá, un proyecto inmobiliario privado en Ixtapan de la Sal y Tonatico, en el Estado de México, aparentemente concebido desde 2021 para familias judías ortodoxas. La iniciativa, que algunas redes catalogan como la «pequeña Israel», pretende crear un espacio exclusivo de viviendas, sinagogas, escuelas religiosas (yeshivot) y comercios con alimentos kosher.

Brasil

Otro de los grandes receptores de comunidad judía, calculada en aproximadamente 130.000 personas, Brasil va a elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre con dos candidaturas clave: la del actual presidente Lula da Silva, muy crítico con Israel y conocido defensor de la causa palestina, y la de Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, otra de las figuras claves de la ultraderecha latinoamericana, simpatizante de Trump, Milei y del Estado de Israel.

La reciente presentación oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro fue personalmente saludada vía telemática por el propio Netanyahu, catalogándolo como un «amigo de Israel» y augurando su victoria electoral. Como potencia geopolítica y geoeconómica hemisférica y actor emergente en foros internacionales, Brasil es una pieza clave para los intereses de las diversas fuerzas y corrientes políticas que pujan por esferas de influencia.

Es por ello que Trump, Milei y Netanyahu se han implicado directamente en la campaña electoral brasileña en apoyo a Bolsonaro, quien no ha dudado en prometer «ampliar las relaciones con Israel» y calificar a este país como «un modelo a seguir», tal y como hizo durante su visita a Israel en 2017. Fuentes informativas brasileñas afirman igualmente que Cerimedo ha estado implicado en el financiamiento de la campaña de Bolsonaro. 

Del sueño «sionista» de Theodor Herzl al «Plan Andinia»: entre las teorías de la conspiración y la geopolítica del «nuevo Israel»

El reciente activismo israelí en América Latina ha reactivado algunas teorías e interpretaciones, algunas con sesgo conspirativo, sobre las presuntas intenciones del judaísmo internacional en torno a la región.

Destacan en este sentido las teorías del polaco León Pinsker, una de las principales voces impulsoras de lo que posteriormente fue el sionismo, y principalmente del abogado judío vienés Theodor Herzl, creador e impulsor del movimiento sionista a finales del siglo XIX, particularmente en su obra capital «El Estado Judío» (1896), donde enfoca en Palestina pero también en la Argentina la posibilidad de creación del futuro Estado de Israel; y el denominado «Plan Andinia», que data de la década de 1960 y que supone un presunto proyecto secreto para crear un segundo Estado judío en la Patagonia entre Argentina y Chile.

En su libro, Herzl plantea esta disyuntiva:

«¿Cuál elegir: Palestina o Argentina? La Society (of Jews) tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La Society reglamentará ambas cosas. La Argentina es, por naturaleza, uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. La actual infiltración de los judíos los ha disgustado, naturalmente; habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía».

Theodor Herzl, El Estado Judío. Edición de la Organización Sionista Argentina, 2004, p. 45. (las negritas son autoría propia)

 

Un texto intitulado «El verdadero Plan Andinia y la realidad nacional» establece el germen de este proyecto en una «reunión realizada el 23 de marzo de 1969 entre judíos ashkenazíes y el rabino Gordon» en la sede del Templo Israelita en Buenos Aires donde se habló «del Plan Andinia y la República Argentina». En unos de sus párrafos se indica que «Argentina es la tierra más rica y estratégica del mundo» toda vez que establece los pasos necesarios para llevar a cabo este plan con especial énfasis en «romper todo vínculo con el Gobierno Federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal».

Ambas teorías, las de Herzl y la del Plan Andinia, vuelven a proliferar con fuerzas en las redes sociales y otros espacios del ecosistema mediático, intentando rastrear los presuntos orígenes de la reciente implicación israelí en América Latina.

Si bien es cierto que Herzl mencionó a Argentina como un sitio posible para refugiar a judíos perseguidos no existen evidencias contundentes de que se llevara a cabo un plan concebido para hacer de este país un Estado judío. El Congreso Sionista Mundial celebrado en Basilea (Suiza) en 1897 estableció a Palestina, entonces bajo dominio otomano, como el hogar nacional e histórico judío.

Por su parte, el Plan Andinia tuvo especial eco en grupos nacionalistas radicales de Argentina y de Chile. Algunas fuentes señalan a nazis que escaparon a estos países tras la II Guerra Mundial, especialmente familiares de Adolf Eichmann, el creador de la «Solución Final» refugiado en Argentina y extraditado a Israel en 1961, como sus principales propagandistas.

Se especula con que esta teoría fue esbozada por primera vez por el pequeño partido nacionalista Frente Nacional Socialista Argentino, creado por los hijos de Adolf Eichmann tras su captura en 1960 y posterior juicio. En 1971, el argentino Walter Beveraggi Allende, entusiasta difusor de ideas antisemitas y nacionalistas, volvió a introducir la conspiración en el discurso público, adaptándola a los intereses del nacionalismo antiperonista en el que militaba.

En el caso de Chile, fue el ideólogo Miguel Serrano ―con fuertes convicciones antisemitas y negacionistas del Holocausto― quien sostuvo que el supuesto «Plan Andinia» consistía en que un gobierno judío pretendía arrebatar la Patagonia a Argentina y el territorio del sur de Chile para construir allí un segundo Estado judío.

Tal y como se mencionó anteriormente, los recientes incendios en la Patagonia reactivaron estas teorías del Plan Andinia en las redes sociales, en algunos casos a través de cuentas falsas en las que se culpaban a supuestos «mochileros» israelíes como sus perpetradores.

Este contexto ha retrotraído la persistencia de diversas teorías y especulaciones, algunas incluso de carácter conspirativo, sobre las supuestas intenciones israelíes en Argentina, tal y como se analizará más adelante. Entre ellos destacan el origen de los incendios en la Patagonia observados en enero pasado, la presencia cada vez mayor de israelíes en la región, supuestamente como expedicionarios y misioneros, algunos aparentemente pertenecientes a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) e incluso las presuntas medidas de expropiación de tierras y desplazamiento de comunidades aborígenes que eventualmente favorecerían intereses comerciales israelíes.

Debe recordarse que la Patagonia es una de las regiones más remotas del mundo, con escasa densidad demográfica (2,2 habitantes por km2) y abundantes recursos naturales, en especial agua dulce en la región de los Hielos Continentales (Campo de Hielos Patagónico) entre Chile y Argentina en torno al estrecho de Magallanes. Debe precisamente destacarse que, en las últimas semanas, se ha generado un conflicto bilateral entre los gobiernos de Kast y Milei en torno a la soberanía del estrecho de Magallanes, particularmente ante la nota de protesta por parte de la Cancillería chilena por los cuestionamientos del jefe de la Fuerza Aérea argentina a la soberanía chilena del paso austral.

En redes sociales se publican documentales e informaciones sobre iniciativas ecológicas y culturales que desde 1991 se llevan a cabo en el sur de Chile a través del Proyecto Pumalín impulsado por las expediciones del empresario y ecologista estadounidense Douglas Tompkins.

Estos proyectos, que incluyeron compra y protección de grandes extensiones de tierra en un área de enorme biodiversidad, dieron lugar a la creación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, una de las áreas protegidas más extensas y biodiversas del sur de Chile, ubicada en la Provincia de PalenaRegión de Los Lagos, que abarca más de 402.000 hectáreas de bosques templados lluviosos, fiordos, montañas y volcanes.

Otras informaciones revelan la persistente actividad de jóvenes israelíes recién salidos del servicio militar que viajan anualmente a la Patagonia entre Argentina y Chile en calidad de expedicionarios y misioneros. Algunas fuentes señalan supuestas labores de reconocimiento de territorio e intereses turísticos e inmobiliarios en la región que, según reflejan estas fuentes, esconderían un proyecto oculto de ocupación territorial.

Otras fuentes argumentan la existencia de proyectos de integración cultural y turística para atraer a comunidades israelíes, realizadas por nativos locales de origen judío, señalando en este sentido el ejemplo de la Municipalidad de El Calafate, en la provincia argentina de Santa Cruz.

Todo ello ha desempolvado las teorías del Plan Andinia de creación en la Patagonia de un «nuevo Israel» y una nueva «Tierra Prometida», ahora determinado por la situación de conflicto permanente en Oriente Medio y sus implicaciones para la supervivencia del actual Estado de Israel. Algunos aducen que ciertos sectores dentro de la sociedad israelí comienzan a observar a Israel como un Estado artificial e incluso inviable, azotado por guerras permanentes en Oriente Medio y dependiente de la ayuda internacional, principalmente estadounidense.

Los nuevos equilibrios geopolíticos y militares en Oriente Medio, particularmente el reforzado papel de Turquía dentro de la OTAN, los acercamientos de Washington hacia Arabia Saudita y Turquía para equilibrar la histórica alianza con Israel y la confrontación con Irán, el pacto militar entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, los acercamientos entre Turquía y Egipto y la desarticulación de las milicias kurdas en Siria dentro del nuevo Ejército Nacional centralizado, favoreciendo así los intereses turcos y sauditas, dejan a Israel ante una situación cada vez más aislada y de dependencia del apoyo estadounidense.

Algunas fuentes señalan igualmente como factores que persuaden a Israel a buscar nuevas alianzas en América Latina el balance migratorio negativo actualmente existente en Israel, su condición de país cada vez más aislado y en minoría en Oriente Medio, y de cómo las guerras en Gaza e Irán han explotado la impopularidad hacia Israel dentro de la sociedad estadounidense y cómo ello podría influir en futuros procesos electorales y agendas políticas para Washington. El giro electoral y político hacia opciones derechistas y «trumpistas» en América Latina ha reforzado esta perspectiva israelí de volver a pisar con fuerza en la región.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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PROGRAMA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ: CAMBIOS Y CONTINUIDADES DEL MODELO AGROEXPORTADOR

Cristian Oszust*

La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) es la vía acuática de origen natural conformada por la confluencia de estos dos ríos que, a vistas de aprovechamiento económico, se los ha explotado usándolos como corredores para el transporte fluvial. Cuenta con una extensión de 3.442 km de largo comprendidos entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur.

Esta vía viene siendo utilizada en las últimas décadas para uso comercial y abaratamiento logístico, ya que la unión entre los ríos Paraguay y Paraná comunica a diferentes núcleos productivos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Estas particularidades le aportan significancia para el traslado de mercancías con destino de comercio internacional, como también para el desarrollo de diversos sectores productivos de economías regionales, debido a que en su recorrido sobre el territorio argentino, conecta a varias provincias de mayor riqueza, como el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones incrementando el protagonismo agro exportador de la región, principalmente desde el área portuaria y el cordón industrial del Gran Rosario.

En 1995 se puso en marcha el Programa HPP luego de previos avances en tratados de cooperación e integración regional entre las diferentes naciones sudamericanas. Entre los objetivos que se propuso dicho programa, se buscaba favorecer el comercio, estimular el flujo de exportación e importación, proporcionar una salida hacia el mar para los países limítrofes y dinamizar la actividad portuaria mediante el cobro de peajes, contratación de servicios y estadías en el puerto.

Este artículo pretende revisar si la implementación del sistema navegable HPP instaura una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si es una fase complementaria a la que se venía desarrollando y que es conocida en la historiografía como el “modelo agroexportador”.

Para comenzar a abordar la dinámica tanto del polo regional productivo que se estableció en dicha área, como del programa interregional HPP, se necesitará hacer una observación desde diferentes enfoques. Será útil entonces que la temática se interprete desde algunas dimensiones que refieran a lo agroindustrial y a lo agro comercial impulsado por el Estado, pero con fuerte participación de capitales privados, y no como una simple cuestión en donde confluyeron casualmente diversos factores.

Para ello se procederá a recorrer los antecedentes históricos dentro de una extensión geográfica denominada como área metropolitana del Gran Rosario, región que se la puede delimitar dentro de un alcance de 70 km de costa sobre el Río Paraná que comprende desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco, donde actualmente convergen y se engloban un total de veintinueve (29) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Como también, por otra parte, se procurará conocer en qué consiste el programa HPP y el interés que se le otorga a este proyecto para la integración económica y los regionalismos productivos.

I. El origen de un modelo económico y el ferrocarril

La etapa histórica de Argentina, conocida como “modelo agroexportador” que se desarrolló entre los años 1880 y 1914, es el período que consistió en la implementación de la ganadería, el desarrollo de cultivos y de la explotación de materias primas provenientes del agro para fines de exportación. Siendo ésta la principal actividad y fuente de ingresos que tenía el país, se instauró un importante flujo económico, de comercio exterior y financiero que tuvo al Reino Unido como principal socio.

Desde su origen, este modelo articula con la dinámica productiva que ubicaba a los países centrales como productores de bienes y a los países y territorios periféricos en su rol de proveedores de materias primas, similar al que ocupaba la América hispana durante la colonia. Es decir, en ese contexto el protagonismo de las economías de los distintos países se ajustaba a la “Teoría de las ventajas comparativas” del economista inglés David Ricardo, que consistía en que cada país debía especializarse y exportar aquello que sabe hacer mejor que el resto, por contar con esas ventajas respecto de otros países con los que comercializaba.

Para que esta lógica internacional y juegos de roles haya sido posible en Argentina, fueron necesarias dos particularidades. La primera tiene que ver con la cantidad y disponibilidad de tierras aptas para la implementación de la ganadería y la agricultura. La segunda, con la inversión extranjera en infraestructura (ferrocarriles principalmente) que posibilitara el traslado de las mercaderías desde regiones interiores del territorio hasta los puertos, y desde los puertos, al destino.

Con respecto al primer punto ―la disponibilidad de tierras―, debemos remitirnos al origen del Estado argentino y exponer las evidencias que la historiografía guarda. De esta manera, se afirma que entre 1833 y 1834, luego de terminar su primera gobernación de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, llevó a cabo la primera campaña de conquista territorial financiada por esa provincia y los estancieros bonaerenses que estaban preocupados por la amenaza indígena nativa sobre sus propiedades. Se debe reconocer que la expedición también contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. A partir de allí y hasta la caída de Rosas se vivió en una relativa tranquilidad en las fronteras con “el indio”, sin embargo, la consolidación del Estado Nacional pronto comenzó a exigir la delimitación de las fronteras con los países vecinos. Así entonces, la región que hoy ocupa la Patagonia en el sur argentino fue motivo de rivalidad durante décadas con Chile. Es decir, en otras palabras, además de enfrentamiento interno con la población originaria, hubo que disputar el dominio del territorio con fuerzas externas limítrofes. Fueron esas las razones por las que, a finales de la década de 1870, Julio A. Roca bajo su rol de ministro de guerra, comandó lo que en historia se conoce como la “Conquista del desierto”, plan que consistió en expandir el territorio comprendido entre el sur de la Provincia de Buenos Aires hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de Bariloche.

Por otro lado, en cuanto a lo vinculado con el ferrocarril hay que mencionar que este medio de transporte representó el principal avance tecnológico en el mundo durante el siglo XIX, tanto en comunicación como en el traslado de mano de obra, y que en nuestro país estuvo impulsado por capitales privados mayormente de origen inglés y francés. Las compañías inversoras no sólo estuvieron a cargo de la construcción de los ramales ferroviarios, sino que también ejercieron la explotación de los servicios. De esta forma, una extensa red ferroviaria fue desarrollándose por el territorio argentino a partir de concesiones individuales de tierras fiscales a las firmas británicas y francesas,  que implantaron diversos trazados e instalaciones en función de sus propios criterios económicos, pero autorizados y avalados por los intereses políticos gobernantes de la época.

Habiendo hecho una descripción de ambas particularidades (disponibilidad de tierra y ferrocarril como inversión extranjera), que estuvieron estrechamente interrelacionadas y fueron esenciales para la implementación y éxito del “Granero del mundo”, podríamos pasar a describir y analizar cómo se desarrolló esa dinámica a nivel regional sur santafesino.

La conexión ferroviaria entre el puerto de Rosario y Puerto Belgrano

El desarrollo de la zona portuaria de Rosario, está marcada por varios hitos. “En 1902 un consorcio francés integrado por la metalúrgica Schneider et Cie., la constructora Hersent y los bancos Bénard et Jarislowsky y Crédit Mobilier como financistas, conformaron la Compagnie du Port de Rosario, que ganó la concesión para mejorar y explotar el puerto de Rosario, sobre el río Paraná”[1]. Poco a poco Rosario se fue desenvolviendo económicamente como un núcleo de actividades portuarias con una notable participación de exportación de cereales, dada su ubicación estratégica en la pampa húmeda. Sin embargo, debido a la poca profundidad del río en esa época, sumado a la competitividad que había con los tendidos ferroviarios ingleses, la firma que administraba y explotaba el puerto decidió extender el negocio hasta el sur bonaerense, uniendo Rosario a otra área más rentable con mayores volúmenes de exportación por contar con una salida directa al mar. Fue así entonces que la actividad portuaria rosarina quedó conectada con Puerto Belgrano[2], situado sobre el océano Atlántico aproximadamente a 30 kilómetros antes del puerto de Bahía Blanca. Dicha conexión fue implementada mediante una línea ferroviaria de capitales franceses conocida como Rosario & Puerto Belgrano Railway[3].

Se debe resaltar también que la construcción de las grandes infraestructuras ferro portuarias, se enmarca dentro de un contexto de expansión económica y desarrollo capitalista acelerado a grandes escalas de finales del siglo XVIII y principios del siglo siguiente. En otras palabras, en ese período Reino Unido. ya no solo se había propuesto ser el “taller del mundo”, sino que también pasó a ser el principal acreedor financiero mundial colocando sus excedentes en inversiones de transporte en las naciones recientemente independizadas.

Como fue mencionado, ante el dilema de la operatividad portuaria en la región de Rosario, a causa de la localización, la profundidad del río y la capacidad de carga de los buques, las exportaciones eran desplazadas a sitios con accesibilidad marítima más fluida (región Bahía Blanca). Por lo que no caben dudas que teniendo ese escenario, se haya replanteado qué hacer con la actividad portuaria en la región; es decir, una búsqueda de soluciones para transformar a Rosario en un polo agroexportador con acceso seguro para buques de mayor porte.

En efecto, la optimización portuaria y el rediseño logístico que hoy puede verse a través de récords en volúmenes de exportaciones no es exclusivamente de lo que se extrae de la pampa agroganadera; es más bien el resultado de la expansión de la frontera agrícola que se ha desplazado paulatinamente, como también de la fuerte radicación de multinacionales a lo largo del cordón metropolitano del Gran Rosario durante la década de 1990.

Sólo para aportar datos que ayuden a dimensionar la relevancia de esta región, se calcula que en la actualidad más del 80% de las exportaciones argentinas transitan por la HPP, principalmente las que provienen de la agroindustria. “Solo en el año 2020, en los puertos de la provincia de Santa Fe se embarcaron casi 71 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites; en tanto que para el mismo año arribaron las instalaciones portuarias santafesinas casi 2.500 buques de ultramar y alrededor de 3.000 barcazas”.[4]

Con respecto a lo desarrollado hasta el momento y habiendo repasado cuestiones históricas en relación con el origen del Estado y la instauración de un modelo económico prominente, estamos en condiciones de afirmar que las formas de dominio, apropiación y disponibilidad de las tierras, sumado al aporte de las inversiones extranjeras, pasarían a ser los cimientos que garantizarían la estructura de la principal actividad económica de ingresos de divisas que tiene Argentina hasta el presente. Así mismo, para sumarle más actualidad a esta revisión debemos retomar a lo que se propuso al inicio de este artículo: revisar si la implementación del sistema navegable Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), instaura una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si es una fase complementaria a lo que se venía desarrollando y que es conocido históricamente como el “modelo agroexportador”.

II. La relevancia de la Hidrovía Paraguay – Paraná para la integración regional

Habiendo hecho un reconocimiento tanto del área geográfica, como de la temporalidad de diferentes sucesos históricos, nos abocaremos a entender a qué refiere puntualmente el programa HPP.

Ya se hizo al inicio referencia respecto de su extensión de 3.442 km, desde Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur, y del valor que tiene esta vía acuática para varias provincias argentinas. Sin embargo, la relevancia del programa HPP trasciende el territorio al que nos venimos refiriendo (Gran Rosario) y además, comunica a diferentes núcleos productivos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Para lograr interpretar su significancia respecto de la integración regional, se puede comprender a este reservorio fluvial como una parte inserta dentro de un gran sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”[5], que comprende a una inmensa región estimada en tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas terminan su curso en el Río de la Plata y que constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo por su biodiversidad, riqueza de sus territorios y el abundante caudal de los ríos. Este valioso territorio muestra tener importancia geopolítica desde la conquista española con la explotación y extracción de minerales, hasta el presente con la desenfrenada expansión de la frontera agrícola para la siembra (de soja mayormente). Por otra parte, se debe resaltar que este patrimonio económico suramericano dio origen a cuestiones trascendentales como “territorialidad” y “soberanía”; y a disputas políticas respecto de discusiones entre establecer “proteccionismo”, o ausentismo estatal y “laissez faire”.

Consideremos ahora plantear dos cuestiones para ahondar el análisis. La primera, que tenga relación a los antecedentes que confluyeron luego de la constitución del programa HPP. La segunda, referida a lo esencial del proyecto, que son las ventajas en cuestión de transporte fluvial cuya finalidad es reducir costos de traslado de mercancías respecto a otros medios transportadores.

Antecedentes y constitución del programa HPP

Según información que reúne la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue con la Conferencia de Cancilleres de Buenos Aires de 1967, en donde se dio el primer paso institucional creando el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), con sede en Buenos Aires. Luego, en 1968 se aprobaron los Estatutos de dicho Comité en la reunión de Cancilleres en Santa Cruz de la Sierra.

En abril de 1969, en la I Reunión Extraordinaria de Cancilleres, celebrada en Brasil se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya finalidad fue promover programas, estudios y obras en áreas de interés común para los miembros y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial.

Fue en 1985 cuando se crearon las Contrapartes Técnicas cuya finalidad era tratar asuntos específicos, como el de calidad de agua y alerta hidrológico, en los que se ha logrado algunos resultados importantes con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otros temas de los que se han ocupado fueron: el estado de suelos, la cooperación fronteriza, el estudio de la navegación y transporte fluvial – terrestre.[6]

Un acontecimiento que acrecentó la unidad regional fue la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), el 26 de marzo de 1991 mediante el Tratado de Asunción y conformado inicialmente por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay. El objetivo primordial de este Tratado fue la integración de los Estados Parte a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes.

En mayo de 1993, en el marco de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto N° 863/93, mediante el cual facultó al ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEOSP), a llamar a licitación pública nacional e internacional, por el régimen de Concesión de Obra Pública para la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) a riesgo empresario.[7]

En febrero de 1995 se aprobó y se reglamentó mediante el decreto N° 253/95, la Concesión de Obra Pública por Peaje, para la Modernización, Ampliación, Operación y Mantenimiento del Sistema de Señalización y Tareas de Redragado y Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales, en el Río de La Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 205,3 del Canal Punta Indio, utilizando la ruta por el Canal Ingeniero Emilio Mitre, al oferente Consorcio Jan de Nul N.V. – Kocourek S.A. de Construcciones C.I.F. e I. – Horacio O. Albano Ingeniería y construcciones S.A.C.I.F.I. y EMEPA S.A. Respecto al plazo original del contrato fue establecido en diez (10) años desde la firma del Acta de inicio de la concesión, cuya fecha data del 1° de mayo de 1995[8].

En octubre de 1997, el entonces MEOSP e Hidrovía S.A. suscribieron el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión, por la cual, entre otras cuestiones, definieron las especificaciones de las obras de dragado y señalización del tramo comprendido entre los kilómetros 205,3 y 239,1 del Canal Punta Indio y acordaron extender el plazo original del Contrato de Concesión por un término de ocho (8) años.

En diciembre de 2002 el entonces Ministerio de la Producción e Hidrovía S.A. celebraron una segunda Acta Acuerdo respecto del referido Contrato de Concesión, aprobada por el Decreto N° 2687/02, en la cual manifestaron coincidir en la necesidad de adecuarlo transitoriamente a los efectos de garantizar los niveles de servicio y asegurar el mantenimiento de la ecuación económica financiera.

Posteriormente, en febrero de 2005 se suscribió una tercera Acta Acuerdo por la cual se obligó a iniciar la obra de profundización de la vía navegable troncal, a un calado de diseño a 34 pies efectivos para el tramo Puerto General San Martín – Océano y de 25 pies para el tramo Puerto General San Martín – Santa Fe; incluyendo la modernización de la señalización. Éstas son las profundidades que garantizan la competitividad y rentabilidad del polo agroindustrial actualmente.

Fue entre los años 2009 y 2010, cuando entre Estado Nacional e Hidrovía SA acordaron nuevamente extender los compromisos. Este dictamen puede leerse claramente tanto en el Acta de Acuerdo de Renegociación emitida el 20 de octubre de 2009, como en el Decreto 113/10 del 21 de enero de 2010, donde se rectificaron los términos y adecuaciones de lo pactado; donde además, se estableció la extensión del plazo del contrato hasta el año 2021[9].

Adelantándose al vencimiento del plazo establecido, en agosto de 2020 se suscribió el Acuerdo Federal Hidrovía entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte, junto a las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Este Acuerdo pretende encontrar mecanismos de participación y trabajo en conjunto con las distintas jurisdicciones, así planificar mejoras para un desarrollo integral, el abaratamiento de los costos, la modernización del sistema portuario y la integración con las demás modalidades de transporte.

Actualmente, año 2023 luego de transcurrir casi 28 años y habiendo finalizado el plazo del acuerdo de concesión el 30 de abril del 2021, el Gobierno Nacional creó a mediados del 2021 conforme al decreto 556/2021 el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que tendrá la misión de velar por la calidad y la adecuada prestación de los servicios, por lo que actuará como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Optimización del transporte fluvial en la Hidrovía

En la actualidad, como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de las exportaciones argentinas transitan por la HPP, principalmente las que provienen de la agroindustria y salen más del 90% de los contenedores. Se afirma que los beneficios obtenidos por el uso de este circuito acuático son exclusivamente económicos y los beneficiarios principales son las terminales portuarias, agro exportadores y empresas transportistas. Solo en el año 2020, en los puertos de la provincia de Santa Fe se embarcaron casi 71 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites; en tanto que para el mismo año arribaron las instalaciones portuarias santafesinas casi 2.500 buques de ultramar y alrededor de 3.000 barcazas[10]

Situándonos en el factor logística y a partir de un incremento en la producción agrícola, la implementación del programa HPP contribuyó considerablemente a la idea de reducción de costos del flete. De allí es que nace la importancia de que el Estado tome como prioritario el asunto de su mantenimiento y gestión; esencialmente para asegurar el desarrollo productivo, la competitividad en las exportaciones del sector agrícola e industriales, pero fundamentalmente para el control de los movimientos reales del comercio exterior.

Si pensamos en una integración regional y ampliación de las fronteras productivas, donde sea posible el traslado de mercancías por vías navegables desde puertos más pequeños hacia otros de mayor tamaño como los de Rosario, claramente estamos frente a una estructura de costos más favorable comparadas con otros medios de transporte terrestre, sea por camión o tren.

En dicha integración que abarca una diversidad de polos productivos dentro del área de la Cuenca del Plata, se puede señalar según un informe de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (bajo dependencia del Ministerio de Economía desde el 2023), que el tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de cuatro veces más. Alrededor de 500 embarcaciones de transporte comercial transitan al mes, sobre todo, de nacionalidad argentina, paraguaya y brasileña. La mayoría de las mercancías son commodities, como ser granos, cereales, maderas, por mencionar algunos ejemplos. En tanto que, el tráfico de mayor importancia de subida es el de combustibles (80% del total). “Según la misma fuente citada las principales mercaderías que se transportan son: Granos 31,5%, Cereales 18,2 %, Madera 17,7 %, Cargas pesadas 12,3 %, Fertilizantes 9,4 %, Combustibles líquidos 6,7 %, Combustibles gaseosos 4,2 %. En cuanto a carga pesada, está constituida por minerales de hierro y manganeso que van desde Corumbá a Barranqueras, San Nicolás, Villa Constitución y Nueva Palmira. Los combustibles líquidos que se transportan son petróleo crudo y derivados destinados a Argentina, Paraguay y Bolivia”[11].

Además, es necesario distinguir que Argentina posee un extenso curso de aguas navegables de longitud apreciable que la colocan en una situación privilegiada con respecto a otros países de Latinoamérica e inclusive del Mercosur. Pero que, “pese a estas ventajas, existen ciertos inconvenientes de carácter natural y estructural, por ejemplo, el Río de la Plata es de difícil navegación ya que los canales de ingreso deben dragarse constantemente debido al limo que arrastra el río Paraná a su cauce, como también la variación del ancho del río a lo largo de la vía navegable”[12].

No obstante, y a razón de las obras de infraestructura fluvial (principalmente del dragado y mantenimiento) e inversiones en el complejo agroindustrial del Gran Rosario a partir del año 1995, se observa un incremento del tránsito de buques en su mayoría graneleros en el tramo que va de Santa Fe al océano; como también de buques tanqueros que transportan líquidos, aceites y biodiesel. Según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se calculó que en “1996 ingresaron 1.025 buques graneleros por esta ruta fluvial, mientras que 20 años después esa cifra se había elevado a 1.973 buques y que lo mismo sucedió con los buques tanques, ya que en 1996 entraron 733 y en 2015 dicha cifra ascendía a 958 embarcaciones”[13].

Actualmente en Argentina, los sistemas de transporte más convenientes para las exportaciones de granos al mercado internacional son los que están compuestos de barcazas y remolcadores que se caracterizan por tener gran capacidad de carga masiva y varían entre 12.000 y 18.000 toneladas en un solo convoy. Dicho de otra manera, el desarrollo de hidrovías es importante para el crecimiento económico regional debido a que el transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y/o vial:

    • menor costo de inversión y mantenimiento
    • menor consumo de energía
    • mejor capacidad de carga
    • menores costos de transporte para distancias considerables.

En distancias de hasta 300 km conviene utilizar el camión; de 300 km a 800 km, el ferrocarril y a más de 800 km conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas; ya que un tren de barcazas que se compone de 36 barcazas con una capacidad de 1.500 toneladas de granos cada una, transporta en total 54.000 toneladas. Por lo que representa una equivalencia a 1.080 vagones ferroviarios (de 50 t) y a 1.928 camiones (de 28 t)[14].

Es importante recordar que, a partir de 2006, gracias a la renegociación de acuerdos entre las Partes, los buques pueden navegar por la vía navegable troncal desde Puerto General San Martín hasta el océano con 34 pies de calado, más dos pies de seguridad bajo la quilla, dependiendo de la altura en la que se encuentre el río Paraná.

En lo que refiere a la profundidad, previo al Acuerdo de Concesión en 1995, dicho tramo estaba entre los 26 y 28 pies, o menor todavía en algunas partes. “Dadas esas circunstancias, los buques salían incompletos con cargas de entre 25.000 y 30.000 toneladas. Sólo para tener una idea de referencia, un buque Panamax puede cargar entre 60.000 y 70.000 toneladas actualmente”[15].

En síntesis, el dragado y las tareas de mantenimiento de profundización del corredor fluvial, le permitió a Argentina convertirse, dentro del Mercosur pero también en comparación con otros polos agroindustriales, en el país de mayor crecimiento en la industria oleaginosa que en las primeras dos décadas del 2000; mostrando claramente importantes cifras de producción y exportación, posicionando al país como líder en el sector a nivel internacional.

Habiendo expuesto lo anterior y frente a una demanda creciente y constante, es necesario tomar previsiones para asegurar una logística planificada y eficiente. Como señalan algunos expertos en la materia, no sólo habrá que hacer frente al aumento en los volúmenes transportados sino, también, al cambio en el tamaño de los buques que transiten a lo largo de esta vía fluvial.

Debido a que los desafíos a enfrentar y las oportunidades que se presentan para el futuro de nuestro país, son muchos y demandan atención e importancia, se debería pensar a la hidrovía como un recurso estratégico. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde la cuestión soberana y de integración regional, que es un asunto importante de agenda tanto del área pública como de los organismos e instituciones dedicadas al tratamiento de esta.

Reflexión

En el inicio de este artículo se había propuesto revisar si la implementación del sistema navegable Hidrovía Paraguay-Paraná, instauraba una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si constituyó una fase complementaria a lo que se venía desarrollando como el “modelo agroexportador”. Se puede concluir diciendo que se ha llegado a una reflexión ambivalente.

En primer lugar, diremos que si observamos los más de 200 años que tenemos de historia como país independiente, podremos ver que desde el origen del Estado se ha ido desarrollando un modelo económico basado en el uso de la tierra y recursos naturales. Que dicho modelo, conforme avanzaba el tiempo, se fue instaurando fuertemente y fortaleciendo, otorgándole un rol dominante como generador de divisas. También podremos observar, que los ciclos de la economía argentina no han desarticulado dicha matriz, como si lo sufrió reiteradas veces el sector industrial. Es decir, a mayor o menor magnitud, el sector agroexportador concebido desde las conquistas tanto de Rosas como de Roca fue ganando terreno hasta la actualidad, incluyendo la expansión de la frontera agrícola y los desmontes. Estas particularidades (de expansión y consolidación), a mi entender han hecho que este modelo económico pueda ser considerado estructuralmente como un sistema productivo que evoluciona desarrollándose por etapas y que constantemente se extiende, se afianza y se materializa conforme avancen los años en Argentina.

Por otra parte, la información aportada a lo largo de estas reseñas nos permite observar que con la implementación del programa Hidrovía Paraguay – Paraná, se radica dentro del modelo agroexportador, una nueva etapa económica y productiva en Argentina. ¿Por qué se afirma esto?, las razones son varias. Comenzando porque el programa HPP es un proyecto que fue diseñado para intercomunicar a varias naciones mediante un mismo medio – canal; y a la vez, entrelazar diversas áreas productivas provinciales. Además, porque aparecieron otros actores en juego que se introdujeron en la dinámica de la economía argentina: los Estados miembros de la HPP y las inversiones de capitales extranjeros. También, otro factor destacado que caracterizó al período iniciado en el ’95, fue el ingreso de buques de mayor porte a puertos en el interior del territorio argentino; es decir, el traslado que antes hacían los trenes llevando las cargas hasta puertos de la costa atlántica, fue reemplazado con el ingreso de buques gracias a la profundidad obtenida por el dragado de la Hidrovía. En este sentido, recordemos lo mencionado previamente: que antes de la Concesión de 1995 la profundidad rondaba entre los 26 y 28 pies en donde los buques tipo Panamax (70.000 Tn) salían incompletos y que hoy en día la profundidad para el tramo Puerto General San Martín – océano se estima en 34 pies efectivos.

En síntesis, para retomar la afirmación de reflexión ambivalente, considero válidas ambas apreciaciones y a su vez interdependientes una de otra. No se debe pensar al programa Hidrovía Paraguay-Paraná como un proyecto independiente con el cual se inaugura una nueva etapa productiva agroindustrial, sino que debería ser entendido dentro y como parte del “modelo agroexportador”. En tanto que tampoco debería ser considerado como una simple fase complementaria, ya que excede al “granero del mundo”, involucrando a otros regionalismos (suramericanos) e incorporando más capitales externos diversificados en la dinámica económica argentina.

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Abierta Interamericana, UAI, Sede Regional Rosario.  cristianoszust@gmail.com.

Referencias

[1] CHARLIER, G. (20 y 21 de agosto de 2015). “À la recherche du port perdu: el Ferrocarril Rosario Puerto Belgrano y la búsqueda de una salida al mar en la bahía Blanca”. Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.  Rosario. Obtenido de: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4098/Chalier.%20Alarechercheduportperdu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Según Chalier (2015) en 1896, el Estado nacional había decidido instalar el llamado Puerto Militar (constituido en Base Naval de Puerto Belgrano desde 1922). Posteriormente, en 1912 empezó a construirse en Puerto Belgrano el denominado Puerto de Arroyo Pareja (hoy Rosales).

[3] Hacer click en Ver Mapa Ferroviario para observar parte del gran tejido ferroviario de principios del Siglo XX. En amarillo el recorrido de Rosario & Puerto Belgrano Railway.

[4] JURADO,  A. (03 marzo de 2021). “La hidrovía Paraná – Paraguay”. Café de las ciudades, #195.  Buenos Aires. Obtenido de: https://cafedelasciudades.com.ar/articulos/la-hidrovia-parana-paraguay/

[5] Hacer click en Ver Mapa Cuencas e Hidrovías para observar la composición de la Cuenca del Plata, las subcuencas y las hidrovías en dicho territorio.

[6] CIC Cuenca del Plata, (2016). Tratado de la Cuenca del Plata y Sistema de la Cuenca del Plata. Buenos Aires. Obtenido de: https://cicplata.org/es/el-tratado-de-la-cuenca-del-plata/

[7] Poder Ejecutivo Nacional, (05 de mayo de 1993). Decreto 863 / 1993. Buenos Aires. Obtenido de: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-863-1993-13073

[8] Poder Ejecutivo Nacional, (21 febrero de 1995). Decreto 253 / 1995. Buenos Aires. Obtenido de: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/14662/norma.htm

[9] Poder Ejecutivo Nacional, (20 octubre de 2009). Acta Acuerdo de Renegociación. Buenos Aires. Obtenido de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_acuerdo_2009_-_parte_i_1.pdf

[10] JURADO,  A. Op. cit.

[11] SAGyP, (23 de julio, 2020). “Hidrovía Paraná – Paraguay”. Ministerio de Economía – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires. Recuperado de :https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/infraestructura/_archivos/000071_Hidrov%C3%ADa%20Paraguay-Paran%C3%A1%20%28HPP%29.pdf

[12] LLAIRÓ, M. M. (2009). “Los grandes proyectos de infraestructura del Mercosur. La Hidrovía Paraguay-Paraná: realidades y controversias”. Revista Proyección – CIFOT. Mendoza. Obtenido de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3458/llairoproyeccion6.pdf

[13] BERGERO, P. & CALZADA, J. (8 de septiembre, 2017).  “Por complejo oleaginoso, en 20 años creció un 90% el ingreso de buques”. Informativo semanal. Rosario. Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/por-complejo

[14] SAGyP Op. Cit.

[15] CALZADA, J. & SESÉ, A. (15 de mayo, 2015). “La notable infraestructura portuaria del gran Rosario, uno de los pilares uno de los pilares del desarrollo económico argentino”. Informativo semanal. Rosario. Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-notable-0

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LA ADMINISTRACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, DE LA VIA PARAGUAY-PARANÁ Y LOS PUERTOS

César Augusto Lerena*

Imagen: https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/puertos

Ya hemos dicho y fundado que el Atlántico Suroccidental no está debidamente administrado por Argentina y se encuentra en gran parte invadido y explotado por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), a quien, en el Pacífico, le presta apoyo logístico a esta ocupación Chile, desde su puerto de Punta Arenas y, en el Atlántico, Uruguay desde Montevideo. Ambos países son centrales para proveer a los británicos en Malvinas alimentos frescos, insumos diversos, trabajadores especializados, renovación de tripulación, armado y transbordo de los buques pesqueros y otros extranjeros que operan ilegalmente en el área favoreciendo el comercio de mercaderías, especialmente España con la Unión Europea que, pese al Brexit, admite los productos de Malvinas libres de aranceles de importación, todo ello, facilitado por las asociaciones empresarias de los isleños con los españoles.

Mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la construcción de un puerto flotante para reemplazar el existente con una inversión de unos 200 millones de dólares (MercoPress, 10/07/2023), la Argentina no tiene política para recuperar la construcción de la flota mercante y fluvial en astilleros públicos o privados nacionales, ni una administración portuaria adecuada para atender los 79 puertos en la vía Paraná-Paraguay y los 21 del Atlántico Suroccidental y asegurar la soberanía política y el comercio nacional e internacional argentino.

En 1992, durante los procesos de privatización y descentralización, se sancionó la Ley 24.093 de “Actividades Portuarias” que, en su artículo 7º, clasifica a los puertos según la titularidad del inmueble en nacionales, provinciales, municipales y particulares y, según su utilización, en uso público: «los que por su ubicación y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera» y, de uso privado: «que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos» y si bien los artículos 4º y 5º refieren a que los puertos comerciales o industriales involucrados en el comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del Estado Nacional, algunos artículos posteriores desnaturalizan la idea de que la habilitación y la administración general de los puertos deba quedar en manos del Estado.

Por ejemplo, el Título III-I de la Ley regula «la transferencia del dominio, administración o explotación portuaria nacional a los estados provinciales y/o a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y/o a la actividad privada». En el Capítulo I, en su Art. 11º, indica que «a solicitud de las provincias en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad del Estado Nacional el Poder Ejecutivo le transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria» y ello dio lugar, en muchos casos, a la formación de Consorcios de Gestión que modificaron de hecho el uso de los puertos de público a privado; además que la administración ya no quedó en manos del Estado Nacional cuando en este se realizan tráfico federal o exportación. Del mismo modo, cuando indica, que la Provincia que «no demostrase interés por la mencionada transferencia de esos puertos, el Poder Ejecutivo podrá transferirlos a la actividad privada».

El Cap. II Art. 12º va por más y regula: «En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia se efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario. Las provincias y los municipios en cuyo ámbito o ejido se encuentre el puerto también tendrán participación en estos entes, de acuerdo con la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto. Las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo» y los artículos 13º y 14º indican: «La administración de los puertos nacionales podrá operar y explotar por sí a éstos o bien ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a las disposiciones de la presente ley (y) podrá celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal, a fin de reparar, modificar, ampliar, o reducir las instalaciones existentes o construir nuevas, para la prestación de servicios portuarios…».

Lo precedente se cambia parcialmente en los Art. 21º y 22º aunque en forma imprecisa: «Todos los puertos están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, incluida entre otras, la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el transporte por agua, y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales. Las autoridades de aplicación deben coordinar tales controles, ejercidos en razón de las responsabilidades inherentes a los organismos nacionales, al solo efecto de que no interfieran con las operaciones portuarias y, la autoridad de aplicación tendrá dentro de sus funciones y atribuciones, la de controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley…».

Por otra parte, en el Art. 6º se indica que respecto a la habilitación, la autoridad competente deberá tener en cuenta las siguientes pautas: a) Ubicación del puerto; e) Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; i) Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación y seguridad portuaria; pero, no precisa las limitaciones o las medidas a tomar en estos casos.

Finalmente, la Ley en sus Art. 17º y 18º precisa: «Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad y los buques y las cargas que operen en los puertos de los particulares estarán exentos del pago al Estado de derechos y tasas por servicios portuarios que éste no preste».

En síntesis, la Ley indica que la Autoridad de Aplicación es nacional; que la habilitación y administración corresponde al Estado Nacional pero también que puede transferirse el dominio, la administración y explotación a las provincias o a privados y además, siendo particulares, están exentos de pago derechos y tasas cuando no se les preste servicios, cuando ello debería ocurrir en todos los puertos en los que no haya servicios prestados.

Ya nos hemos referido que según el portal Argentina.gob.ar (13/06/2023), a excepción de Buenos Aires todos los puertos estatales fueron transferidos a partir del año 1992 a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que por vía fluvial o marítima las une con el resto del mundo, lo cual contradice la letra de los artículos 4º y 5º de la ley 24.093. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y los municipios donde están ubicados.

Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 11.414 modificada por la 11.930 creando los Consorcios de Gestión de los Puertos de Bahía Blanca y de Quequén como entidades de derecho público no estatal que tienen a su cargo la administración y explotación de la zona portuaria que, entre sus funciones tiene la de  “celebrar convenios con entes públicos o privados, argentinos o extranjeros; realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones y, ejercer en su ámbito de actuación las funciones públicas de fiscalización y control en las materias que se le deleguen” y puede observarse que la representación del Estado en el Directorio es minoritaria.

Otro caso es el Decreto de la Provincia de Buenos Aires 3.572 del 02/12/1999 por el que se crea el ente de derecho público no estatal Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata con capacidad para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones, cuya estructura y alcances es muy similar a la utilizada para Bahía Blanca. Aquí se observa que el presidente tiene capacidad de veto sobre las decisiones del Directorio pero en ningún caso las cuestiones están referidas a asuntos que puedan deberse a la Defensa Nacional, al uso de los puertos por parte de embarcaciones no habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación y/o que puedan estar realizando pesca ilegal (INDNR) o relativas a la violación de la soberanía nacional, etc., lo que resulta inadmisible pueda estar en manos de simples usuarios y concesionarios.

Hay múltiples denuncias públicas respecto a la carga de combustible o reparaciones por parte de buques extranjeros o casos que se ventilaron, donde la ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que podía otorgar el puerto de Río Grande a empresas con capitales chinos y desde éste darle apoyo logístico a buques chinos que pescan en el Atlántico Suroccidental u otorgarle la construcción y administración del mismo a la estatal china Shaanxi Chemical Group.

Nosotros entendemos que es posible, aunque no necesariamente, que pueda tercerizarse en Consorcios o aún a empresas privadas nacionales, las cuestiones relativas al balizamiento, dragado, el otorgamiento de espacios destinados para emplazamiento de terminales portuarias, servicios de apoyo a las embarcaciones, de remolque, maniobra y practicaje, servicios relativos a la carga y descarga, los relativos al amarre, construcción y mantenimiento de astilleros, mercados concentradores o de distribución, depósitos de almacenamiento o cámaras frigoríficas y todo tipo de explotaciones industriales, comerciales o de servicios públicos o privados afines a la actividad, transportes de apoyo logístico, servicios turísticos, entidades bancarias y de negocios, emplazamiento de reparticiones públicas relativas al control de calidad, sanidad, aduana, impositivo, inmigraciones, etc., pero celebrar convenios con personas físicas o jurídicas extranjeras; autorizar el uso de los puertos a buques comerciales extranjeros, prestar servicios logísticos (combustibles, armado, reparación, alimentación, etc.) a buques pesqueros o cargueros extranjeros no autorizados, servicios de seguridad, etc., debe ser una facultad del Estado Nacional y del Congreso de la Nación en los casos que se requieran acuerdos internacionales de pesca u otro tipo.

Sería un despropósito que frente a la situación de disputa e invasión territorial de un total de 5.497.178 km2 argentinos por parte del RUGB del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE insular, se pudiese otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo a personas, empresas o sociedades del Estado (como es el caso chino) o incluso nacionales de capital extranjero. Esto alcanzaría, por supuesto, a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas, pescan ilegalmente las especies migratorias originarias en la ZEE Argentina en alta mar; disputan nuestros derechos en la Antártida o realizan investigaciones científicas en el Atlántico Suroccidental o la Antártida que deben ser autorizados por el Estado Nacional.

Con otros argumentos, el Poder Ejecutivo por Decreto 1029/92 observó la Ley 24.093 y retuvo para sí la Administración del Puerto de Buenos Aires en lugar de transferirlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras ello ocurre, nuestro vecino Chile, durante el gobierno del demócrata cristiano de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, elegido por una coalición de partidos, el 09/12/1997 sancionó la ley 19.542 que está vigente y que en su artículo 2º establece: «Las empresas a que se refiere el artículo 1º son personas jurídicas de derecho público, constituyen una empresa del Estado con patrimonio propio, de duración indefinida y se relacionan con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes…». Chile tiene claro quién administra los puertos y ya nos referimos a la incidencia que esto tiene en la política de apoyo a los británicos que ocupan Malvinas, donde la Empresa Portuaria Austral del puerto de Punta Arenas y la terminal de transbordadores de Puerto Natales es central para la sobrevivencia británica en Malvinas y su proyección a la Antártida.

Por su parte Uruguay, con la Ley de Puertos 16.246 sancionada el 03/04/1992 entendió que “la prestación de servicios portuarios eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país” (Art. 1º) y, “compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución” (Art. 7º), siendo “cometido de la Administración Nacional de Puertos la administración, conservación y desarrollo del puerto de Montevideo y otros que le encomiende el Poder Ejecutivo (Art. 9º).

De igual forma, habría que analizar los casos de los puertos de la vía Paraná-Paraguay donde se transporta gran parte de la exportación nacional y se trasladan en su gran mayoría con bandera extranjera, con graves riesgos de transmisión de enfermedades, tráfico de alimentos contaminados, contrabando, evasión fiscal, narcotráfico y bioterrorismo.

Recientemente los países del Mercosur y Bolivia cuestionaron a la Argentina el cobro de “peajes” en el marco del “Acuerdo de Tránsito en la Hidrovía”. Según la Ley 24.385, es probable que el término utilizado de “peaje” (derecho de tránsito o circulación) no corresponda; pero, respecto a la libertad de tránsito establecida en el Capítulo IV, la ley que aprueba el Acuerdo en su artículo 9º establece que “…sólo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos”; es decir que la Argentina está habilitada para cobrar los servicios de dragado, balizado, control policial y policía sanitaria, entre otros; que, sino realiza adecuadamente debería empezar a realizar, como parte de su obligación inexcusable como Estado independiente y seguro.

Es evidente que la Argentina no tiene una política clara respecto de quién debe administrar los puertos, en especial aquellos que se puedan considerar estratégicos y que hacen a la soberanía, defensa, seguridad nacional y sanidad, por lo que debería reformarse la ley vigente. La administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir graciosamente el aprovechamiento de sus mares y ríos por parte de terceros y, por supuesto, de sus puertos y otras instalaciones, debilitando la soberanía nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Autor de “Plan Nacional de Pesca (2023).