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¡¡CONTROL, CONTROL Y CONTROL!!
F. Javier Blasco*
Los seres vivos, por naturaleza y siempre en función de sus capacidades y posibilidades, tienden a querer controlar el espacio que les rodea y a todo aquel o aquello que mora, pulula o habita en, sobre y debajo del mismo.
Tendencia natural que obedece a instintos o necesidades de supervivencia, de defensa o para la creación de lo que se conoce como la esfera de confort. Para dicha defensa o dominio se puede utilizar todo tipo de medios pacíficos, normalizados o no.
Un buen ejemplo lo ha sido la pandemia del COVID-19 y los medios empleados para su lucha y erradicación. Básicamente, han consistido en medidas de profilaxis individual y colectiva, el confinamiento casi total de la población no estrictamente necesaria, determinados tratamientos sanitarios y sobre todo, un rígido CONTROL. Un control, sobre la población, sus movimientos, grado de relación y sobre la posibilidad de convertirse en elementos de propagación.
En la actual sociedad nacional e internacional, el grado de control sobre las personas y las cosas ha ido ampliando su radio de acción y ya no se limita a temas concretos y específicos; cada vez se extiende a campos más diversos y distintos relacionados o no que abarcan un amplio abanico de posibilidades y formas de actuación.
En esto, cómo en la mayor parte de las medidas adoptadas y aceptadas internacionalmente casi por unanimidad en los últimos tiempos y en base de una mayor comodidad o de una mejora de nuestra seguridad para “disminuir oficialmente” los riesgos de sufrir atentados terroristas, cibernéticos y otros aspectos que puedan afectarnos individual o colectivamente, hemos ido cediendo y abrazando alegremente un montón de concesiones sobre nuestra libertad y además, lo hemos hecho, sin apenas rechistar.
Hoy nadie se sorprende que su imagen sea captada por cientos de cámaras en el desempeño de su vida cotidiana o simplemente durante un paseo con amigos o en familia. Ni de que debamos dar todos nuestros datos de identidad, fiscales y laborales al banco y a Hacienda por aquello de la lucha contra el fraude fiscal; que las circunstancias especiales nos obliguen a pagar con tarjeta hasta el importe de un simple café, con lo que nuestra huella personal y diaria queda reflejada totalmente en los extractos bancarios que se pueden utilizar con muchos y diversos fines sin que nosotros lo sepamos ni tengamos que dar el consentimiento personal.
Tampoco de que se nos anime a llevarlo todo en el móvil y cuando digo todo, es todo, hasta nuestros datos de salud, el número de pasos dados, la apertura automática de los elementos normales o de seguridad de nuestro hogar, los billetes de los lugares a donde nos desplazamos, los lugares de ocio que regularmente o esporádicamente visitamos, nuestra huella por geolocalización que indica por donde nos movemos y otras tantas cosas más que hasta, de ser conscientes de ello, nos puede llegar a asustar.
La pandemia que sufrimos ha venido a traernos, imponernos o impulsar algunos fenómenos que estaban ahí, pero que no eran del todo muy bien acogidos en el sentido de la tradición y del consenso popular; me refiero, al tan cacareado teletrabajo, del que tanto se ha hablado y alabado en estos meses, como si constituyera la panacea y el único futuro laboral para muchos y del que pronto, los muy interesados en un mayor grado de control poblacional, se han apresurado a ensalzar, sin dejar tiempo a la reflexión de los pros y contras que trae consigo esta modalidad laboral.
Aunque aparentemente, todo sean ventajas, algunas no lo son tanto y de entre las negativas destaco que con ella se ha incrementado y mucho el grado de control del absentismo laboral. Un absentismo que en el lugar de trabajo habitual se puede más o menos disimular y que al tener que responder desde tu casa, obliga a un mayor grado de atención y disponibilidad porque es bien sencillo comprobar tu velocidad de respuesta y la carga de trabajo realizada en un día normal.
En fin, una vez más, hemos vuelto a caer en abrazarnos alegremente con nuevas medidas de control que aparecen ante nuestros ojos disfrazadas de un adelanto o de una mejora de la seguridad en beneficio de nuestra capacidad laboral.
En este caso, y en muy corto espacio de tiempo, ya empiezan a aparecer otro tipo de inconvenientes como la asunción de nuevos costes, la seguridad y sanidad en las condiciones de trabajo, la compatibilidad y conciliación laboral y familiar o la influencia en los sueldos de esta modalidad. Tanto, que el gobierno ya empieza a regular las cosas y los empresarios a no verlo tan claro, ni mucho menos fácil de encajar.
Demostrado queda que el incremento, refinamiento y extensión de las medidas de control han sido generalizadas en todo el mundo y no hace falta que los gobiernos de turno tengan un corte o tendencia especial en este sentido. Por ejemplo, vemos en países forjadores y defensores de la democracia como EEUU a un presidente que está llevando a cabo medidas impensables hasta la fecha para ejercer el control sobre elementos considerados intocables durante la historia de un país que tanto ha luchado por esa su ansiada libertad.
Pero, esto no es óbice para que la cabra que siempre tira al monte, lo siga haciendo y que los gobiernos social-comunistas, totalitarios o dictatoriales pretendan ejercer el control total de todos los pilares en los que se sustentan los Poderes del Estado y, mucho más, en aquellos que perviven de cara al exterior, disfrazados de regímenes democráticos y hasta se ufanan de ello.
En Venezuela y Cuba, por destacar solo dos de aquellos, el control mostrado es bien patente y vemos que cuando un poder democráticamente constituido no le gusta al gobierno de turno, lo apartan, ningunean y hasta crean otro paralelo totalmente adepto al régimen establecido. En España no hemos llegado, todavía, a tales situaciones, aunque ya se sabe que todo aquello que es susceptible de empeorar, indudablemente, lo hará.
Aquí en casa y siguiendo los preceptos marcados por las dos cabezas más visibles de nuestro gobierno, el control progresivo sobre los poderes del Estado por su parte es patente y bien claro. No es que hayamos sido una democracia ejemplar nunca; nuestra historia, errores, querencias, vicios y costumbres arrastradas durante siglos, a pesar o por ser una de las naciones más antiguas del mundo, nos han llevado a tender a controlar dichos poderes, con mayor o menor intensidad, disimulo y hasta cierto cuidado.
La situación actual no tiene parangón por los pasos dados hacia el control total de la Fiscalía General del Estado —Sánchez dixit—; la Abogacía del Estado (con ejemplos palmarios y vergonzosos); el atasco por que querer ejercer un mayor control sobre los principales Órganos de gobierno o de control del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Tener copado y domado el Poder Legislativo en base a apoyos en y desde los partidos que quieren destruir a España con dádivas, cesiones y prebendas y el progresivo control sobre las cúpulas de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, empezando, como siempre, por las más temibles de todas ellas por su “tradición golpista”, el Ejército de Tierra.
A esto, hay que unir los grandes pasos dados para el control y adoctrinamiento en la educación, la enseñanza de todos los grados, en especial el universitario y del llamado “cuarto poder”, la mayoría de los medios de información y del personal profesional que trabaja en los mismos, labores paralelas ambas y de mucho esfuerzo y tesón, que no se consiguen de un día para otro, sino que son el resultado de una estrategia a largo plazo y de un trabajo ímprobo y cómplice de muchos factores y actores; inclusive de la propia Iglesia a la que también conviene ir acercando poco a poco a la causa con engaños, nuevos caminos, progresismo y algunas dádivas de todo tipo y color.
La apropiación, defensa y lucha en apoyo de ciertos colectivos cómo el feminismo, los veganos, los animalistas, los anti taurinos o el LGTBI u otro tipo de religiones diferentes a la “perversa católica” —que es la que da de comer en España a cientos de miles de necesitados— en algunos casos, hasta bastante contrarios a los principios de los viejos estados comunistas o dictatoriales para aparentar que estos nuevos no lo son, es otra grave lacra para la sociedad en general.
Su objetivo real no es defender a dichos grupos, de por sí bastante fuertes, expandidos, arraigados e implicados en todos los ambientes de la sociedad. Sus apoyos y la abusiva propaganda en su favor tienen por objeto minar la moral de aquellos, que aunque no se les ataca directamente y hasta parece que se les respeta, sienten tedio y pereza de ver tanto ensalce y grandeza, frente a otros colectivos más expendidos y aceptados por y entre la sociedad y que sin embargo, solo reciben coces, ataques, determinado grado de tacañeces en las subvenciones y hasta escupitajos por parte del gobierno y de muchos otros colectivos más.
No hace falta que me explaye mucho para poner de manifiesto los escándalos, tejemanejes, ceses y defenestraciones sufridos en la cúpula de la Guardia Civil a manos de un otrora Juez, que se distinguió por su buen trabajo —aunque algunos dicen que con ciertas luces y sombras— en la lucha contra ETA y que ahora, con el cada vez más claro cambio de chaqueta, se muestra muy solicito y más que complaciente con los sucesores “políticos” de aquellos a los que, en su día, enjuició.
Parece que la “remodelación” llevada a cabo, bajo su batuta, en la cabeza del Cuerpo, ha propiciado un gran paso hacia su control y llenado a esta con algunos estómagos agradecidos que ya dan muestras de ello, sin cortase un pelo y con todo tipo de propaganda abierta al público en general, cómo el cambio de su logo hoy para honrar al colectivo LGTBI con su bandera “no oficial” en lugar de la España que siempre figura —cuando por los estatutos del Cuerpo lo tienen prohibido— para vergüenza de un Instituto y de sus integrantes que llevan muchos años de servicio, honradez y neutralidad hacia España y sus gobiernos con equidad.
Con respecto al Ejército de Tierra, tengo que decir que también está empezando a ser movido por agentes externos con determinados cortes políticos, lo que nos lleva a momentos de difícil explicación. He pasado muchos años de servicio en el Ejército y pude ver y sufrir de todo; purgas, sacrificios, promesas incumplidas y cierto tipo de mangoneos políticos en situaciones difíciles en los que sus Mandos fácilmente aceptaron o no los cambios de situación nacional.
Hemos salido más o menos victoriosos de todo aquello con mucho esfuerzo, trabajo personal, ejemplo y tesón. Fuimos capaces de, con muy pocos medios, sin experiencia ni equipo de dotación, salir al extranjero, participar con arrojo y valor en Operaciones de Paz, integrarnos en la OTAN y prodigar nuestra presencia en apoyo de la ONU, la UE y cualquier otro tipo de asociación militar.
Sufrimos reformas, reducciones, cambios de orientación, problemas con el equipo, el armamento y los medios de protección; pero siempre, seguimos a nuestros jefes, pensando que, aunque no fuera totalmente cierto, eran elegidos por los superiores entre los mejores para seguir con su ejemplo y dirección.
Ahora salta a la prensa y también de manos de una ex juez, que alguien fuera de la institución y su sentido de la honorabilidad, el ejemplo y del tradicional sistema de selección, mete sus manos en el sistema para valorar los méritos de aquellos que deberán ser los generales del mañana porque, al parecer, tras tantos años de hacerlo así, los criterios de méritos, hoja de servicios, cursos, destinos y mejora en su rendimiento y preparación, deben ser entendidos y valorados por una empresa civil, dirigida por un socialista, que ponga en solfa todo lo anterior.
Desconozco el momento final y si a pesar de esta “valoración”, es definitivamente y como siempre, el momento en el que el Consejo Superior del ET, en base a su criterio subjetivo y experiencia propia decidan quienes deben ser galardonados y quiénes no.
Nunca estuve totalmente de acuerdo con aquel llamado “intercambio de cromos” en el que se convirtió el mencionado Consejo al llegar al acto de selección con la idea de defender, a toda costa, su propuesta personal por amistad, cercanía, haber compartido destinos o por mera recomendación. Pero al menos, eran ellos y solo ellos los que metían sus manos en un sistema que sólo podía ser viciado por alguien desde el interior aún a costa de su conciencia y honor, y no era una empresa “cazatalentos” con tendencias e ideologías políticas de la cuerda del gobierno, la que decida colocar en el orden final la Promoción para su ascenso.
Al parecer, no es el primer año que ocurre esto y por eso, entiendo que algunos comportamientos vistos y oídos últimamente, podrían tener algún tipo de explicación. Le seguirán la Armada y el Ejército del Aire y como ya hace muchos años que los altos cargos militares en el Estado Mayor de la Defensa y en el Ministerio son puestos de confianza del ministro del momento, el pastel estará completo y preparado para ser cocinado al gusto del gobierno sin problemas, sobresaltos ni disgustos de última hora. Con este punto, y a la vista de lo anterior, creo firmemente que ya poco queda para que quede todo bajo su máximo y estricto control.
* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.
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Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/-control-control-y-control
TODA LA ATENCIÓN DEL MUNDO PESQUERO EN EL ATLÁNTICO SUR ¿Y QUIÉN ESTABLECE LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL (Artículo 9º de la Ley 24.922)?
César Augusto Lerena*
La actividad pesquera no puede tener como referente en la estructura del gobierno a un Subsecretario, funcionario que a pesar de lo que indica la Ley 24.922 no fija la política pesquera, entre otras cosas, porque en esa misma Ley estaba prevista como Autoridad de Aplicación una Secretaría de Estado, que el ex Presidente Menem vetó en 1998 (y bien sabemos qué cuestiones de poder lo motivaron), razón por la cual, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca debe delegar sus funciones (de dudosa legalidad el procedimiento) para que el Subsecretario pueda presidir el Consejo Federal Pesquero (CFP). Ahora, es un secreto a voces que la Pesca poco tiene que ver en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (luego de Pesca y Alimentación), generalmente manejada por gente vinculado al campo, nada más alejado del mar, a lo sumo cercanos a las costas del Paraná, al Surubí, el Pacú y al Dorado o al Pejerrey de la Laguna de Chascomús.
La Pesca, es la prima pobre y fea en ese Ministerio. La política, la maneja (se podría decir) gente que —con razón— está preocupada por la climatología, las hectáreas sembradas, el precio del grano en Chicago, las retenciones… y las retenciones. Si estuviéramos en España sería distinto, pero aquí se agrega que en la Argentina no se consume pescado (5/6 kg/per cápita, cuando el promedio mundial es de 21kg), mientras que los que han dirigido y dirigen (¿?) este sector, se creen que con decirles (alguna vez) a los argentinos que debieran comer pescado los días 19 la cuestión está resuelta; bue… la razón para elegir un determinado día al mes (¿un día al mes?) lo dice todo: el número 19 en la quiniela corresponde al pescado (¡!). Que tal si agregamos, por su afinidad con el pescado, también el día 5, que en la quiniela es el “gato”, así duplicamos el consumo. ¡Todo el ingenio argentino aplicado a aumentar el consumo! El nivel de nuestros funcionarios debiera preocuparnos, más aun teniendo en cuenta, que está en juego una exportación de unos 2.100 millones de dólares por año y decenas de miles de trabajadores, proveedores y de pueblos del litoral que viven de esta actividad.
No. Nunca en el Ministerio del Campo entenderán que éste, es un Estado Marítimo, que la actividad pesquera no debe ser una actividad extractiva sino industrial y que la Pesca es una herramienta no solo productiva y alimentaria, que debiera formar parte de la política de salud de la Nación, de ocupación territorial marítima y, de desarrollo industrial, en todo el litoral marítimo nacional y, especialmente patagónico, estratégico y de bajo índice poblacional.
Dicho esto, tampoco los Subsecretarios de Pesca han estado a la altura de las circunstancias. No han sido capaces, ni siquiera, de administrar la crisis sectorial —hoy es un ejemplo más— y, si bien desde la administración de las cuotas se puede hacer política, los números indican lo contrario, ya que la concentración ha sido creciente a través de los años, contrario a lo que cualquier administración del recurso del Estado requeriría: investigación, conservación y distribución adecuada de los recursos.
Ahora, cómo se ve el accionar de un Subsecretario, que es a su vez presidente del CFP, que dedica su tiempo a aplicar los artículos 7d, 9d y 27 de la Ley 24.922 (los permisos, las cuotas y las autorizaciones) y desatiende la aplicación de los artículos 4, 5d y 22 de esa misma ley (los recursos migratorios de la ZEE y de Alta Mar más allá de las 200 millas). ¿Alguien podría creer que con solo aumentar las multas a los buques extranjeros que pesquen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina se resolverá el problema? O nos olvidamos que la Armada y la Prefectura no tiene los suficientes medios y que, en los últimos 40 años, solo se capturaron un promedio de dos buques por año y que el problema no se resuelve controlando solo la ZEE Argentina, sino administrando el conjunto de la biomasa, es decir también el control de nuestros recursos migratorios, transzonales y las especies asociadas en la Alta Mar, no solo por una cuestión económica y social, sino también de soberanía nacional, en relación con nuestros derechos marítimos y los vinculados a los archipiélagos (entre ellos Malvinas) y la Antártida.
¿Sabrá el Señor Subsecretario, que convivió varios años en el CFP sin oposición alguna a las políticas del gobierno de Macri que —entre otras cosas— firmó el Pacto de Foradori-Duncan y, con él, aprobó las investigaciones conjuntas de pesca con los británicos y puso al INIDEP al servicio de la Reina del Reino Unido y que ahora el Canciller Felipe Solá suspende, porque entiende “que es uno de los temas soberanos, (y) no podemos entregar datos estratégicos a quien nos usurpa”, gobierno de cesión de los recursos nacionales, en el que también se profundizó la extranjerización y concentración de la actividad? No, no veo que en las Actas del CFP estas cuestiones centrales de la actividad se hayan tratado o se traten antes (y nunca) que el Poder Ejecutivo de la Nación anuncie hechos que inciden sobre la actividad pesquera; motivo por el cual, habría que preguntarse ¿quién establece y conduce la política pesquera nacional? ¿La que obligan los artículos 7º y 9º de la Ley 24.922?
Los hechos, sobre la política de fondo, han colocado, al Subsecretario y presidente del CFP, en el mejor de los casos, en el rol de vocero. Tranquilos, no es de ahora; pero, el Subsecretario de Pesca está desde hace tiempo y hoy en una dificultad superlativa y, con él, todo el sector pesquero nacional. La estrategia no la elabora y, a los problemas graves de administración interna del recurso (la rentabilidad, baja de precios y de consumo, pérdida de empleos, etc.) le debe agregar la política internacional, que ha resuelto hacerse de los recursos pesqueros del Atlántico Sur, por sus propias necesidades y ante la ausencia manifiesta del poder político pesquero nacional. El empresario y el trabajador producen y el gobernante ejerce la dirección y el control de Estado y en una actividad interdependiente internacionalmente debiera adelantarse a los hechos. El poder, si se dispusiese, ¡se ejerce! ¡Tamaña responsabilidad para un Subsecretario! Pero no es un lote del continente donde se realiza actividad y las decisiones que se toman en la UE o las necesidades alimentarias de los países asiáticos interfieren en la explotación y el comercio nacional, ya que estos países, no solo compran productos, sino que se apoderan de ellos con importantes flotas que pescan a distancia. Ya vimos hace días unos treinta buques chinos por el Estrecho de Magallanes, unos pocos, de los miles que tienen.
En la XXVII EXPOMAR reunidos bajo el lema ¿Y ahora qué?, la Comisión Europea anunció que restringiría la pesca en un 30% en las aguas comunitarias e incluso la declararía actividad non grata en el 10 % de las mismas. Aquí, la Secretaria General de Pesca Alicia Villauriz explicó “los retos que tiene por delante el sector y la necesidad de integrar las dos vertientes (económica y social) en un mensaje de tono verde que no se limitaría a las aguas de la UE, sino que extendería hasta alta mar. El Tratado sobre Biodiversidad que se negocia en Naciones Unidas, advirtió Villauriz, no debe dejar al margen a las ORP (organizaciones regionales de pesca), expertas en pesca y capaces de matizar el sesgo verde que amenaza al sector pesquero”. Toda una definición la de esta secretaria: la restricción de la pesca en aguas comunitarias se compensaría en aguas extracomunitarias (el Atlántico Sur, por ejemplo) y para los amantes de las OROP, éstas se ocuparían de matizar el color verde del pretexto conservacionismo con que se las promueven. Es decir, capturar fuera de Europa lo que no pueden hacer allí.
Pero, para que los españoles estén aún más seguros, el Secretario General de CEPESCA Don Javier “Paz y bien” Garat, sí, el mismo que les vino a vender espejitos de colores a las Cámaras de Argentina, aprovechó la ocasión para pedir nuevamente “Ayudas” al gobierno “medidas de choque que garanticen la liquidez de las empresas, así como seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria, para afrontar la que ha definido como la ‘hecatombe económica y social’ que ocasionó el Covid-19”. Señalando que “la recuperación pasa por el incremento del endeudamiento y medidas de estímulo fiscal y de aplazamiento de impuestos (…) y aportar liquidez (…) la reducción urgente del IVA del 10% al 4% (…) y realizó un “llamamiento, a la gran distribución para priorizar la producción pesquera española y comunitaria y promover así la conocida como soberanía alimentaria”. Esto se llama juntar al gobierno y los empresarios para defender el interés de los españoles, por cierto, en un evidente perjuicio para el sector empresario y laboral argentino.
¿Eso es todo? No. El Brexit es una preocupación de británicos, de los isleños en Malvinas y de los españoles que pescan tanto al norte, como con licencia ilegal británica en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina. El Reino Unido (RU) pretende acordar en forma anual el acceso a las aguas, contrario a lo que piensa el presidente de la Alianza Europea de la Pesca (EUFA) Gerald van Balsfoort, de que “no habrá acuerdo de libre comercio si no se cierra un arreglo de largo plazo sobre la pesca”.
El calamar de las islas Malvinas es un objetivo de negociación británica con Bruselas, ya que esta especie (Illex y Loligo) junto a otras, tienen como principal destino la UE (90%) a través del puerto español de Vigo, motivo por el cual, si no se mantiene libre de aranceles la importación habría un impacto negativo en Malvinas, pudiendo sufrir estos productos aranceles del 6% al 18%, aunque, el Reino Unido argumente que hay un interés compartido con la UE ya que los buques españoles son responsables en gran parte de las capturas en aguas de las islas y, que “Reino Unido actuaría en nombre de todos sus territorios de ultramar y buscaría resultados que apoyen su seguridad e intereses económicos”. Es decir, el Reino Unido no solo buscará fortalecer los negocios de Malvinas, sino a través del otorgamiento de licencias ilegales en el área de Malvinas de la ZEE de Argentina profundizará las capturas en el Atlántico Sur y seguramente los españoles —los primeros licenciatarios en las islas— les servirán de acceso a las materias primas a la UE, procurando compensar las restricciones de pesca en las aguas comunitarias.
A lo dicho habría que agregar las tradicionales y crecientes capturas ilegales de los buques chinos y de otros países asiáticos que a cientos depredan los recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
Pero, si falta algún detalle más, los buques de todos estos países son construidos con créditos a baja tasa de interés y sus buques operan a distancia con fuertes subsidios.
En este escenario, Señor Subsecretario de Pesca, debería mutar del papeleo a la imprescindible e impostergable tarea, de establecer la política pesquera nacional, como lo obligan los art. 7º y 9º de la Ley 24.922. A mi juicio, y en lo inmediato:
- Llamar a Concurso para explotar en Alta Mar. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debiera constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la Alta Mar y, hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la Alta Mar, en base a un pliego de condiciones, con la limitación prevista en la ley 26.386 para las empresas de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
- Poner la flota argentina a pescar en la Alta Mar. Promover e incentivar fuertemente y dar todo el apoyo de seguridad necesario a los buques argentinos que pesquen en Alta Mar, quienes no deberían pagar derecho alguno de captura, ni impuestos internos y de exportación sobre las extracciones efectuadas en la Alta Mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la Alta Mar no deberían pagar impuesto alguno al gasoil y otorgar otros incentivos a la flota potera argentina que pesque en la zona límite con el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
- La construcción nacional de buques. El CFP debe abocarse a la búsqueda de fuentes de financiación para facilitar la construcción de buques en el país, reactivando los Astilleros Públicos y apoyando a los privados para modernizar la flota pesquera nacional.
Nada está hecho mientras quede algo por hacer (Romain Rolland).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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