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LAS EMBAJADAS DE LA OTAN CONSPIRAN CONTRA EL ACERCAMIENTO ENTRE BRASIL Y LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Rafael Machado*

Tenemos más pruebas de que los países de la OTAN están efectivamente comprometidos en cooptar a Brasil y vincularlo al Occidente atlántico.

 

Según dijo Juan Domingo Perón, en el año 2000, vería a los países iberoamericanos unidos o, en caso contrario, aometidos. El nuevo milenio llegó, la integración continental no llegó (salvo algunas tímidas iniciativas) y, de hecho, los países de la región, en general, quedaron bajo la tutela del Occidente colectivo.

Este sueño de integración iberoamericana viene desde hace mucho tiempo, como ya hemos tenido oportunidad de mencionar en otras ocasiones. Ya estuvo presente en el propio proceso de independencia y en el pensamiento original de Simón Bolívar, aunque prevalecieron los intereses de las oligarquías sectarias locales. Y el papel de Brasil en este proyecto, visto como incierto en tiempos de Bolívar, ya era prácticamente consensuado a finales del siglo XIX, cuando se desarrolló la escuela «arielista», que perfilaba una oposición fundamental entre la América de raíces anglosajonas y la América de raíz ibérica, y propugnaba la unión de la segunda frente a la primera.

Uno de los factores que se ha identificado como obstáculo para esta integración continental es el hecho de que las elites brasileras tienen sus ojos más puestos en el Atlántico que en el «corazón» de Iberoamérica. Quizás porque la colonización de Brasil comenzó como una colonización costera, quizás simplemente por cómo fueron educadas las élites brasileñas, sin embargo tenemos ahí un hecho.

Gran parte de las elites brasileras (lo que se refleja en el pueblo) no se identifican como pertenecientes a la misma civilización que los pueblos vecinos y se sienten culturalmente más cerca de Estados Unidos que, por ejemplo, de argentinos, peruanos o mexicanos.

Una de las explicaciones ofrecidas para esta «alienación continental» por parte de muchos brasileños ha sido el hecho de que nosotros hablamos portugués, mientras nuestros vecinos hablan español. Es difícil aceptar esta explicación por varias razones: 1) No tiene sentido que el brasilero se identifique más con el estadounidense que con nuestros vecinos sobre esta base, ya que el inglés es obviamente menos comprensible entre sí frente al portugués; 2) El portugués y el español son suficientemente próximos, por los orígenes comunes del idioma, que surge del gallego-portugués, una de las lenguas pertenecientes a la familia lingüística de las lenguas ibéricas occidentales.

Nuestra «alienación continental», obviamente, tiene razones distintas a las lingüísticas: razones socioculturales, resultado de la «fascinación» de las élites brasileras en relación con los patrones culturales del «centro del mundo». Sin embargo, es obvio que la familiaridad lingüística une a los pueblos, por lo que nos parece parte de la construcción de las condiciones necesarias para que la integración continental acerque a los brasileros al idioma español y a nuestros vecinos al idioma portugués.

En este sentido, para intentar empezar a solucionar este problema, el gobierno de Vargas, en 1942, incluyó la enseñanza del español en el currículo brasilero obligatorio a través de la Ley Orgánica de Educación Secundaria nº 4.244. Esto ya seguía una lógica continentalista, ya que Vargas percibía el destino iberoamericano de Brasil y consideraba necesario el alineamiento mutuo entre los países de la región. No fue casualidad que más tarde él, Perón y el chileno Ibáñez organizaran el «Proyecto ABC» como semilla de un proyecto para estructurar un «Gran Espacio» continental integrado.

Pero aunque el impulso de Vargas en este sentido fue importante, debido a una serie de reveses y convulsiones históricas, a principios de siglo muchas escuelas brasileras todavía no ofrecían el español. Es necesario reconocer el mérito de Lula por haber cambiado esta situación al hacer obligatoria la enseñanza del español en los establecimientos de educación secundaria de Brasil a través de la Ley 11.161 de 2005.

Ahora que se discute una reforma del sistema educativo en Brasil, la llamada «Nueva Educación Secundaria», que ya está sacudida por una serie de polémicas, se reveló que durante la construcción y votación del proyecto de ley de la Nueva Educación Secundaria hubo una acción secreta de un lobby de las representaciones diplomáticas de Italia, Alemania y Francia, bajo el liderazgo de esta última, con el objetivo de sacar el español del currículum obligatorio.

Hablamos aquí de «lobby secreto» porque esta operación de sabotaje cultural del proyecto sólo fue publicitada por los medios de comunicación, como CNN (que también es un medio extranjero de un país de la OTAN), después de que el proyecto de ley ya había sido aprobado y ya estaba en el escritorio del Presidente Lula para su firma. Teniendo en cuenta que un movimiento de tres embajadas extranjeras junto con, probablemente, decenas (¡o más!) de diputados y senadores, así como de asesores, difícilmente podría permanecer en absoluto secreto y ser conocido por los periodistas sólo después de su aprobación.

Es más fácil considerar que los medios de comunicación ya estaban al tanto, pero calcularon el momento «correcto» para revelar informaciones obviamente controvertidas e indicativas de intervención estatal extranjera en el currículum escolar brasileño.

Tras la revelación del lobby antiespañol en Brasil, representantes de las embajadas implicadas salieron a revelar su perspectiva, según la cual el uso obligatorio del idioma español sería una «calamidad», pero ¿para quién?

Es fácil deducir cuáles serían los intereses de los países en cuestión.

La generalización del idioma español en Brasil facilitaría el acercamiento del pueblo brasileño con los países vecinos, lo que tendría consecuencias en todas las dimensiones sociales, desde el aumento del turismo hasta la aprobación de decisiones geopolíticas continentales, que obviamente irían en contra de la intenciones de cooptación que los países de la OTAN tienen en relación con Brasil.

Debemos recordar, por ejemplo, que Macron tiene una estrategia específica en relación con Brasil, cuyo objetivo es involucrar a Brasil en compromisos de diferentes tipos (desde económicos hasta militares) con los países de la OTAN para limitar el potencial de Brasil de alinearse con países contrahegemónicos.

Para lograrlo, naturalmente, sería esencial popularizar el francés en detrimento del español en Brasil.

Algunos parlamentarios brasileños pidieron aclaraciones a las embajadas, además de enviar una carta a Itamaraty para pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores que comente e investigue esta injerencia extranjera en nuestros asuntos internos.

En cualquier caso, la conclusión es que tenemos más pruebas de que los países de la OTAN están efectivamente comprometidos en cooptar a Brasil y vincularlo al Occidente atlántico.

Esto requiere que Brasil tenga un mayor grado de conciencia sobre las contradicciones y amenazas geopolíticas de nuestro tiempo, si queremos contribuir efectivamente a la construcción de un nuevo orden multipolar.

 

* Editor, analista geopolítico y político, escritor especializado en asuntos latinoamericanos.

Artículo publicado en portugués el 26 de julio de 2024 por Strategic Culture Foundation, https://strategic-culture.su/news/2024/07/26/embaixadas-otan-conspiram-contra-aproximacao-entre-brasil-os-paises-da-america-latina/

PESCA ILEGAL Y EXPOLIACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

César Augusto Lerena*

Teniendo en cuenta toda la legislación internacional y la nacional de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, la de la Unión Europea y Estados Unidos y la depredación que la flota que pesca a distancia extrayendo en forma anual de Latinoamérica recursos pesqueros de una magnitud que impiden el desarrollo de los pueblos.

Entendiendo «por PESCA ILEGAL, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella que se captura voluntaria y/o libremente de especies pesqueras, sin cumplir total o parcialmente con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control independiente y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o desde alta mar a la ZEE, donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y la evasión fiscal» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y depredación”, Ed. Proyecto Sur, 2014).

Comprendiendo que no hay faltas leves frente a la PESCA ILEGAL, ya que la depredación de los recursos pesqueros y la contaminación del medio marino son hechos graves que atentan contra el ecosistema y los recursos alimenticios de la humanidad y teniendo en cuenta los porcentuales deducidos por la FAO, estimamos (CESPEL, Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, 2022) que —sin tener en cuenta los descartes de pesca incidental y/o especies no comerciales realizados por los Estados ribereños en las ZEE- en Latinoamérica y El Caribe los Estados de pabellón que pescan a distancia los recursos pesqueros migratorios, realizan una PESCA ILEGAL del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos 11.770 millones de dólares estadounidenses y, según la FAO en el Área 31 (Atlántico occidental central) el 37% las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles; en el Área 41 (Atlántico Suroeste) el 40%; en Área 77 (Pacífico Oriental central) el 14,3% y, en el Área 87 (Pacífico Sureste) el 66,7% (Figura 24 “Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019) y, como refiere el citado informe de la FAO, los principales responsables son los Estados de pabellón.

Observando que las distintas Convenciones, Acuerdos, Códigos y Planes aprobados por los Estados y los organismos multilaterales con el objeto de erradicar o minimizar los efectos negativos derivados de la PESCA ILEGAL han resultado insuficientes e ineficaces, en atención, a que después de más de treinta años de aprobados, esta actividad ilegal persiste y crece.

Inspirados por el deseo de contribuir a terminar con el flagelo de la PESCA ILEGAL, que atenta contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la sustentabilidad de los pueblos menos desarrollados, su economía, el trabajo, la alimentación y la soberanía de los Estados ribereños.

Resaltando, que la propia FAO estima que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, en una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.

El Dr. César Augusto Lerena, autor del trabajo “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”,

Teniendo en cuenta que “migración”, no refiere a la distancia que recorren distintas especies durante sus traslados biológicos sino, que el término “migración” en el sentido biológico según definen investigadores del INIDEP (Roux A; de la Garza J; Piñero R y, Bertuche D. Informe Técnico Nº 007, 3/4/2012) es «el movimiento periódico que algunas especies de animales realizan, desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…», por lo tanto, indicar cuáles son especies “altamente migratorias” sin definir previamente este término, como lo hace la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es una mera decisión política-territorial y no una definición biológica precisa que deja afuera de la lista indicada en el Anexo I de esta Convención a numerosas especies originarias de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que migran de la ZEE a alta mar y desde ésta a la ZEE, por lo cual, deben ser protegidas por los Estados ribereños y por los Estados de pabellón que pescan libremente en alta mar, mediante acuerdos entre las partes.  

Reconociendo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha definido con precisión los alcances de los espacios marítimos no ha podido relacionarlos debidamente al ecosistema a la hora de vincular esos territorios con la presencia de los recursos pesqueros en éstos y la migración biológica de las especies en las distintas zonas y que más allá de los distintos espacios territoriales que define y, los derechos y obligaciones que establece para cada uno de ellos, indica que: «los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» (sic); que además, se requiere una «utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos» (sic). Todo ello, contribuyendo «a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo» (sic); es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no podría limitarse a una mera división jurídica de territorios, sino fundamentalmente, a garantizar la sostenibilidad a perpetuidad de los recursos pesqueros, el acceso a las proteínas que proveen estos recursos y el crecimiento de los Estados menos desarrollados. El ecosistema es uno solo y las especies no conocen de límites establecidos con criterios jurídicos, económicos y territoriales.

Atento a ello y otras consideraciones que analizamos, nos complacemos en adjuntar al presente el trabajo: “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”, (2023) elaborado por la Fundación Agustina Lerena y el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el objeto principal de dar sostenibilidad a los recursos migratorios de dominio de los Estados ribereños originarios de sus ZEE, exhortar a los Estados, a las Organizaciones multilaterales competentes de las Naciones Unidas para la FAO y las instituciones ambientales y pesqueras a producir las las acciones de: a) Instrumentar los mecanismos para erradicar la PESCA ILEGAL en el océano Atlántico (FAO 31, 41 y 48) y el océano Pacífico (FAO 77, 87 y 88); b) Convocar a los Estados a definir terminológica y científicamente las expresiones centrales de “pesca ilegal”; recursos pesqueros “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociados”, “transfronterizos”, etc. c) establecer los marcos normativos destinados a administrar (investigar, conservar, distribuir) los recursos pesqueros y establecer los derechos y obligaciones de los Estados, sean estos de pabellón o ribereños; d) integrar una única lista de especies migratorias, asociadas, transzonales, etc. a propuesta de los Estados y con el debido respaldo científico, de acuerdo con la distribución regional y las características biológicas de las especies; e) establecer con Criterio de Precaución una serie de medidas de urgencia; f) Armonizar las obligaciones de los Estados en alta mar y la ZEE, ya que, tratándose por lo general de ecosistemas únicos, que deben tratarse en forma integral y conjunta; g) Jerarquizar las estructuras oficiales que son responsables en los Estados ribereños de ejecutar una política relativa al cuidado del ambiente marino y los recursos vivos del mar; h) Apoyar técnica y económicamente a los Estados ribereños para que sus Autoridades de Aplicación a través de los correspondientes Institutos de Investigación, establezcan las Capturas Máximas Sostenibles en alta mar; i) Instrumentar los mecanismos necesarios para facilitar los Acuerdos directos entre los Estados; j) Establecer nuevas herramientas y profundizar las acciones técnicas, operativas y de control para erradicar el descarte al mar; k) Instrumentar las sanciones penales adecuadas a quienes realizan PESCA ILEGAL, ya que las sanciones administrativas han resultado insuficientes para desalentar este flagelo; l) aplicación efectiva de las sanciones a los Estados, los propietarios, armadores, capitanes y oficiales responsables de los buques que realizan PESCA ILEGAL; m) establecer los mecanismos para asegurar que, alta mar se use exclusivamente con fines pacíficos; entendiendo que no es pacífica la PESCA ILEGAL; m) Intervenir en la formulación de Acuerdos entre los Estados para favorecer el agregado de valor a las capturas por parte de los Estados ribereños menos desarrollados; n) Contribuir a precisar la tipificación de actos de “Piratería” por parte de los buques que realizan PESCA ILEGAL; o) Actuar sobre aquellos Estados que ejercen ocupación en forma prepotente de espacios continentales, insulares y marítimos o explotan áreas en disputa de soberanía capturando poblaciones de especies pesqueras, sin acuerdos ni control, atentando contra el ecosistema; el ordenamiento pesquero regional y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y la seguridad en las áreas en conflicto; p) Fortalecer a los Estados ribereños en desarrollo en sus políticas portuarias; q) perfeccionar los sistemas de certificación de origen y trazabilidad; y r) Actuar en favor de la normatización efectiva y consensuada, para que los Estados más desarrollados contribuyan con los menos desarrollados, a que la pesca pueda ser un sustento de estos últimos, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con los artículos 24º a 26º del Acuerdo de Nueva York: «Los Estados reconocerán plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en relación con la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios y el desarrollo de pesquerías para tales especies» y, entendiendo, que la pesca no debe ser de subsistencia sino que debe asegurar una “Unidad Económica Pesquera” que les permita a los pescadores —por pequeños que sean— una actividad económicamente sustentable y que, mediante una administración adecuada, los Estados menos desarrollados puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos y ciudades del litoral marítimo.

Ponemos a consideración de los Estados; los Organismos multilaterales; los empresarios y gremios pesqueros el citado trabajo “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”, (PDF, 237 páginas, 2023) destinado a contribuir a erradicar la PESCA ILEGAL.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

Si desea leer el trabajo completo (237 páginas) haga clic en el siguiente vínculo y podrá bajar el libro gratuitamente:

https://saeeg.org/index.php/cesar-lerena-pesca-ilegal-de-recursos-migratorios-de-latinoamerica/

TENDENCIAS ELECTORALES Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA 2019-2021

Giancarlo Elia Valori*

En 2019 hubo ocho elecciones políticas en América Latina: El Salvador (3 de febrero), Cuba (referéndum constitucional, 24 de febrero), Panamá (5 de mayo), Guatemala (16 de junio), Bolivia (20 de octubre), Argentina (27 de octubre), Uruguay (27 de octubre), Dominica (6 de diciembre, no confundir con la República Dominicana).

En 2021 tendrán lugar en: Ecuador (7 de febrero), El Salvador (28 de febrero), Perú (11 de abril), Santa Lucía (junio), México (julio), Aruba (septiembre), Haití (19 de septiembre), Chile (21 de noviembre), Argentina (24 de octubre), Nicaragua (7 de noviembre) y Honduras (noviembre).

Vale la pena centrarse en la conducta general de estas consultas y en los significados para las sociedades latinoamericanas y las contradicciones inherentes a ellas.

El mundo está experimentando importantes cambios nunca antes vistos en el siglo XXI, y América Latina no es una excepción. La situación en América Latina en 2019 tiene dos características: una es el cambio y la otra es el caos.

Con cambios en la situación internacional e interna, los países de América Latina se enfrentan a una enorme presión. Muchos Estados han tratado de adoptar reformas financieras, fiscales, de pensiones y de otro tipo y ajustes políticos de diferentes grados y métodos para adaptarse a la situación y reducir el déficit financiero, a fin de promover el desarrollo de la economía y la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Sin embargo, debido a la desigual distribución de la riqueza, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y el retraso en satisfacer las demandas de la población, las protestas a gran escala han estallado en muchos países de América Latina y la violencia se ha intensificado.

El crecimiento económico latinoamericano está luchando; relaciones diplomáticas tienden a ser diversas y fragmentadas. La administración estadounidense ha cambiado su política hacia América Latina y ha promovido una nueva doctrina Monroe en un intento de dividir y romper la unidad del subcontinente.

El clima político en América Latina sigue retrocediendo a la izquierda y avanzando hacia la derecha. Aunque infundada la afirmación de que el ciclo progresista de América Latina está terminando, a juzgar por los resultados de las ocho elecciones latinoamericanas de 2019, el péndulo de la política latinoamericana todavía oscila hacia la derecha.

La derecha o la centro-derecha continuaron gobernando en Guatemala y Panamá. La izquierda en El Salvador y Uruguay perdió en las elecciones generales. Aunque la izquierda de Bolivia al socialismo ganó elecciones generales tanto en 2019 como en 2020, el presidente Morales se vio obligado a dimitir por fraude electoral y exiliarse en México a partir del 11 de noviembre de 2019 y desde el 12 de diciembre se trasladó a Argentina.

Sin embargo, la izquierda latinoamericana sigue progresando. El 27 de octubre de 2019, en las elecciones argentinas, Alberto Fernández, candidato del centro-izquierda Frente para Todos con el Partido Justicialista (Peronista) derrotó al candidato de Juntos por el Cambio (derecha) Mauricio Macri.

Otra característica del clima político actual de América Latina es que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha tienen dificultades obvias. Las crisis políticas y económicas de los regímenes de izquierda en Venezuela y Nicaragua se han intensificado, el régimen de izquierda de Morales en Bolivia ha caído y la economía cubana ha sufrido graves dificultades.

El gobierno argentino de Macri perdió las elecciones generales debido a una crisis económica interna durante su mandato. Los conflictos dentro del gobierno del presidente brasileño Bolsonaro son cada vez más graves. El propio Bolsonaro se retiró del Partido Social Liberal y formó un nuevo partido, Aliança pelo Brasil. El crecimiento económico como hemos dicho anteriormente también ha sido lento en Ecuador y Chile. La ola de protestas en países como Bolivia, Colombia, Haití, etc. no ha disminuido, multiplicándose una tras otra.

Las razones del estallido de protestas y disturbios en muchos países de América Latina no son las mismas, pero hay algunas razones comunes: una es que la mayoría de los países persiguen políticas económicas neoliberales y su estructura económica es única, causando la recesión económica.

En segundo lugar, en muchos países latinoamericanos, las élites políticas y los partidos políticos tienen poca capacidad para gobernar el país y no pueden hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan. La gente no confía en ellos.

La tercera es que en los últimos años la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado y la clase media-baja que fue sacada de la pobreza años antes ha vuelto a la pobreza misma.

En cuarto lugar, las personas tienen algunas demandas comunes, como oponerse al aumento del costo de la vida, la privatización de la educación, la atención médica, los servicios públicos y la seguridad social, por lo que piden aumentos de los salarios mínimos y las pensiones.

En quinto lugar, en los últimos años ha habido un aumento en el fenómeno de la intervención militar en la política como en Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela y otros.

Sexto: interferencia directa o indirecta de la administración Trump de Estados Unidos.

La débil recuperación económica en América Latina se vio afectada negativamente por la situación económica externa y las limitaciones de la estructura económica interna En 2015 y 2016, la economía latinoamericana experimentó un crecimiento negativo durante dos años consecutivos. La economía repuntó de nuevo en 2017, con una tasa de crecimiento del 1,3% y del 1,1% en 2018.

Según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del 12 de noviembre de 2019, el crecimiento más lento del mundo durante cinco años consecutivos de los últimos 70. En 2019, la economía brasileña creció sólo 0.8%, México un 0.2%, Argentina -3%, Colombia un 3.2%, Perú un 2.5%, Chile un 1.8%, Cuba un 0.5% y Venezuela -23%.

En 2019, la tasa de pobreza es la más extrema de América Latina. La tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como ejemplo de coordinación y seguimiento de la Agenda 2030 en la región, que se celebró en Santiago de Chile los días 22 y 26 de abril de 2019, señaló que la población en pobreza en América Latina y el Caribe disminuyó en los primeros 15 años de este siglo, pero desde 2015 la pobreza extrema en América Latina ha aumentado.

El 29 de noviembre de 2019, CEPAL publicó su informe Latin American Social Overview 2019. Actualmente hay 191 millones de personas pobres en América Latina, es decir, el 30,8% de la población total: 72 millones de personas en pobreza extrema, o el 11,5%, y la población desnutrida es de 42,5 millones, es decir, el 6,6%.

En la actualidad, los principales problemas sociales a los que se enfrenta América Latina son, como ya hemos señalado, una mayor desigualdad social, el aumento del desempleo y la violencia.

Esto demuestra que las élites políticas y los partidos tienen poca capacidad para gobernar el país y no pueden hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan. Sin embargo, se han realizado algunos progresos.

En México el 1º de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA, izquierda), asumió el cargo de presidente. Después de más de un año en el poder, el presidente López se comprometió a continuar la Cuarta Transformación (1. Independencia 1810-21; 2. Leyes de Reforma: sobre la separación de la Iglesia y el Estado, buscado por Benito Juárez, 1858-61; 3. Revolución 1910-1917).

El 1º de diciembre de 2019, López destacó en su primer discurso de aniversario que había logrado resultados notables en la lucha contra la corrupción, aumentando el salario mínimo y las pensiones, mejorando el bienestar público, la austeridad del gobierno y manteniendo la inflación baja.

Reconoció que el crecimiento económico no ha alcanzado el nivel deseado, pero el gobierno ha publicado una serie de planes para acelerar el desarrollo económico y aumentar los esfuerzos para reprimir los delitos de drogas con el fin de resolver los problemas de seguridad y violencia que enfrenta.

Los países de América Latina generalmente también se ven afectados por importantes contradicciones sociales. Además de la política estadounidense de división y desintegración, los países latinoamericanos están claramente divididos en dos campos en temas como la crisis venezolana, tras las recientes elecciones del 6 de diciembre de 2020 que vieron al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (69,34%, a la izquierda) ganar sobre el autoproclamado presidente pro estadounidense (23 de enero de 2019) Juan Guaidó de la Alianza Democrática (18,76%).

Hay más de diez países latinoamericanos que reconocen y apoyan al autoproclamado presidente filoestadounidense (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana), mientras que Argentina, Bolivia, Cuba, Dominica, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay, reconocen al presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, luego de la amplia victoria en las elecciones venezolanas hace dos meses.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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