La Sala Juzgadora de las Naciones Unidas convocó ―como es bien sabido― para actos por separados a las delegaciones o Agentes de Venezuela y Guyana, para este año; configuradas ambas naciones como Partes en el litigio por la controversia sostenida por la extensión territorial, que nos desgajaron con vileza; y que constituye el objeto del Proceso.
Para el día 8 de abril corresponde comparecer a nuestra representación, con la finalidad de consignar el memorial de contestación de la demanda que nos hizo la excolonia británica el 29 de marzo del 2018, suficientemente admitida por el mencionado Cuerpo Jurisdicente, el cual se autoconfirió jurisdicción y competencia, el 18 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo del asunto controvertido, en base al numeral seis del artículo (36) de su Estatuto: «En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá». Y la Sala decidió.
La interposición de acciones contra nuestro país la conocemos, por cuanto la hemos leído y releído con precisión; nos permitimos analizarla y le dedicamos bastante tiempo y esfuerzo a estudiarla académicamente, cuyo contenido se resume de la manera siguiente: ellos han insistido en todas las audiencias ―celebradas hasta ahora― en pedirle a la CIJ que confirme «la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899».
El anteriormente citado adefesio jurídico comporta un documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo y que fue fundadamente aceptado por las partes en el Acuerdo de Ginebra, suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966.
El rechazado «laudo» adquirió la condición de nulidad absoluta desde sus orígenes, por lo que nunca ha tenido la cualidad de validez ni eficacia jurídica y mucho menos permitiremos que la contraparte pretenda reposicionarlo como causa de pedir en la presente disputa.
Ellos en su reiterativa Pretensión Procesal piden que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una «liquidación completa, perfecta y definitiva» de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza.
En otras palabras, aspiran a que el Alto Tribunal de La Haya sentencie como «cosa juzgada» con base a los hechos que narra en el escrito el gobierno guyanés, a su interés y conveniencia.
En casi todas las conferencias que dictamos en las universidades y otros organismos del país o a través de la Red (plataformas digitales) y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta.
¿Por qué estamos obligados a comparecer y debatir por ante la Corte Internacional de Justicia?
La respuesta que ofrecemos tiene siempre la misma explicación: porque exactamente, ha sido esa la estrategia jurídica que ha jugado Guyana. No han optado por más nada.
Sus asesores les han recomendado que se mantengan en ese escenario para procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones que les favorezca. Agréguese allí una «ayudita» de algunos otros entes, caso de la Commonwealth, el comando sur de los EE. UU, el Reino Unido, la vocería descarada de Almagro a nombre de la OEA y el Caricom.
Nunca ha enseriado alguna posibilidad diplomática, para un arreglo directo (extraprocesal). Así lo demostraron en Argyle, el 14 de diciembre pasado y más recientemente en Brasil, cuando se reunieron los cancilleres de Venezuela y Guyana.
Notamos vergonzosamente que al concluir las deliberaciones el representante de la parte contrincante declara que ellos seguirán en la ruta jurisdiccional del Alto Tribunal de La Haya y que, por supuesto, aguardarán la decisión sentencial que allí se resuelva.
Con los párrafos precitados damos cuenta que ellos jamás han querido un entendimiento «cara a cara», y menos la figura del Buen Oficiante (que la sabotearon por veinticinco años) habilitada para que cooperara en este caso a través de su mediación.
De lo que sí estamos seguros es que continúan incrementándose las sumas dinerarias aportadas por las transnacionales que esquilman la multiplicidad de recursos que hay en la zona y su proyección marítima.
La compañía Exxon es la encargada de realizar las recaudaciones (entre el enjambre de empresas que nos esquilman) y entregar las cuotas prebendarias al gobierno para cancelar los honorarios y «otros gastos» que viene ocasionando este asunto litigioso.
Ha llegado el momento de no seguir sacando el cuerpo a la alternativa de Arreglo Jurídico, que contempla el Acuerdo de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas (artículo 33), para dirimir esta controversia de modo pacífico.
Analicemos, con estricto rigor también, que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.
Sin menoscabo de los resultados obtenidos en el celebrado referendo consultivo, la comparecencia o no de Venezuela en el juicio corresponde a una expresa autorización que debe dar el jefe de Estado; porque es una atribución constitucional de su exclusiva incumbencia, según el artículo (236) de nuestra Norma Suprema:
Debemos dejar las incertidumbres y dilemas entre invocar la No Comparecencia en el juicio o decidirnos (por nuestra parte) por el reconocimiento de la jurisdicción y competencia de la Corte.
La asistencia de Venezuela en el juicio recibiría la categoría de Forum Prorogatum según la denominación asignada para tales efectos en el Derecho Internacional Público.
Abrigamos nuestra plena seguridad en los próximos procedimientos judiciales; porque poseemos todos los elementos de pleno derecho: socio-históricos, cartográficos, políticos y jurídicos, los cuales nos avalan, asisten y respaldan con satisfacción y fundamento, que conforman un acervo de documentos importantes para exponerlos y probar incontrovertiblemente.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.
Sólo hay dos fuerzas que pueden iluminar todos los rincones del globo: el sol en los cielos y la Associated Press aquí en la tierra.
Mark Twain (1835 – 1910)
Información y agencias de noticias
El mundo de la información está dominado por las agencias de noticias, las que representan un verdadero «oligopolio de la información».
En las últimas décadas hemos asistido del paso del periódico en papel, con una línea editorial propia, a una digitalización de los mismos medios y a una incorporación de los viejos diarios a grandes corporaciones de multimedios vinculados a otros intereses ajenos a un verdadero interés por la información objetiva o, al menos, coherente con una política editorial del periódico. En este sentido, el diario tradicional, el noticiero que informaba con cierta objetividad proporcionándole al lector, al oyente en el caso de la radio y al televidente una noticia que le permitía formar su propia opinión respecto a un determinado hecho o tema, han desaparecido. Hoy el lector, el oyente y el televidente recibe la información «masticada» por «opinólogos» y «periodistas» ―si se los puede llamar así porque en verdad tienen un comportamiento mercenario― empleados por estos multimedias con la intención de «orientar» al ciudadano de a pie en lo que debe pensar.
Ya desde principios de este siglo XXI aparecieron algunos libros que ponían la lupa sobre las agencias de información, sobre la concentración de los medios y cómo a través de ellos se manipulaba a la población.
Ignacio Muro Beneayas, con una interesante trayectoria en lo que hace a la información, escribió el libro Globalización de la información y agencias de noticias. Entre el negocio y el interés general[1], en cuya nota introductoria nos dice que «de las agencias de noticias se sabe muy poco». El autor nos dice que estas agencias son «un pilar fundamental de la información» pero que hasta veinte años antes de la aparición de su libro ―en 2006― era un sector que se mantenía oculto pero que, debido a la denominada «sociedad de la información», se han visto obligadas «a salir de sus espacios reservados para mostrarse y competir, dentro de una función más abierta, como proveedores de contenidos e incluso como medios»[2].
Como señala el autor, es el momento de la globalización en el que las «empresas han pasado de depender de un mercado nacional y protegido a lanzarse a la intemperie de un mercado internacional y desprotegido»[3].
La globalización también desdibujó las fronteras de la información y los ciudadanos «nacionales» comenzaron a convertirse en ciudadanos del mundo marcado por el «pensamiento único» que, a pesar de la resistencia de quienes desean mantener sus principios y valores, no deja de esparcirse urbi et orbi , al menos por el mundo occidental dominado por las usinas de pensamiento de la angloesfera y sus «filiales» ―fundaciones, ONGs, medios, ciertas personalidades, etc.― dispersas por todo el mundo.
El público en general no conoce cómo llega la información a los medios y tampoco que, de acuerdo con intereses particulares, estatales o globales, existe información que sale de las agencias pero que los medios no publican. Efectivamente, si uno tiene acceso a los cables, como en algún momento yo lo he tenido, sabrá que hay informaciones que no llegan al periódico, a la radio o a la televisión. No se publican porque no es conveniente para ciertos intereses o gobiernos.
Las noticias emanadas de las agencias de noticias serán usadas por editores o periodistas que muchas veces parafrasean lo que recibieron de la «mayorista de la información» ―la agencia―, le agregan o modifican algunos párrafos y sale una nueva nota con nombre del autor, más o menos así lo explica el propio Muro Benayas.
Muchas de las grandes agencias de noticias y medios son estatales lo cual también condiciona la información que emiten: Agencia Efe (España), RTVE (España) BBC (Reino Unido), Telam (Argentina), etc., y otros no son estatales pero reciben un fuerte financiamiento de un Estado y entonces es funcional a quien lo sostiene. Prefiero no mencionar a ninguno.
Las nuevas tecnologías y las redes sociales nos saturan con información lo que nos lleva a una tarea difícil y a veces improbable que es la de corroborar la veracidad de la información.
Todd Gitlin, en su libro Enfermos de información. De cómo el torrente mediático está saturando nuestras vidas, también contemporáneo del libro mencionado anteriormente, hace referencia a cómo los medios de comunicación nos rodean[4]. Gitlin dice:
Los medios no sólo transmiten información. Una imagen o banda sonora no es sólo un conjunto de signos abstractos que describen, designan o representan realidades que se encuentran en otro lugar. No sólo designan, sino que son. Son presencias envolventes con las que convivimos durante gran parte de nuestra existencia. Mc Luhan se aproximó más a la verdad cuando asignó a uno de sus libros el jocoso título de El medio es el masaje.[5]
Los medios no sólo invaden nuestros hogares sino también todo lo que nos rodea. Entramos a un bar o a una confitería, a un local cualquiera, y por lo general hay algún televisor encendido, aunque quizás sin volumen pero la imagen nos interpela. Ahí estamos en esa transición de homo sapiens al homo videns de Giovanni Sartori. Sin que nos lo propongamos, la imagen «ingresa» en nosotros con su zócalo que detalla de qué se trata la noticia o lo que se está emitiendo.
A través de nuestro teléfono inteligente, smartphone, nos llegan mensajes de Whatsapp, Telegram, Signal, WeChat o de cualquier red social. No desdeñemos Facebook ni Instagram ni X (ex Twitter). La información, los mensajes, nos abruman y se hace difícil saber si lo que nos ha enviado algún contacto es real y, en general, las personas redistribuyen sus mensajes, videos, fotos y memes sin corroborar la veracidad de los mismos. De esa invasión también participan Netflix, Prime Video y otras plataformas de entretenimiento que contribuyen a fortalecer al homo videns y a limitar nuestra capacidad de análisis, en buena medida por la falta de lecturas largas, de libros y de la pérdida de nuestros momentos de silencio y de introspección. En este punto sugiero la lectura de mi artículo titulado El Arte de Pensar [6] que, al igual que los contenidos de éste, formaron parte del «Taller de Análisis de Inteligencia» que dicté en la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Retomando el tema, pareciera que precisamos de estar permanentemente «aturdidos». Y «aturdido» viene de «tordo», pero no se refiere a la simpática ave sino a otra acepción que nos da el diccionario de la Real Academia Española: tordo2, da. Del lat. torpĭdus. 1. adj. Torpe, tonto. Y «tórpido, da», término derivado de ese otro término en latín, es un adjetivo del ámbito de la medicina que significa «que reacciona con dificultad o torpeza».
Quizás sea apropiado aquí citar a Deepak Chopra: «Sin silencio no puede existir una apreciación real en la vida, la cual es tan delicada como un capullo de rosa cerrado». El silencio nos ayuda a incrementar nuestra percepción.
Claro, la desinformación tiene objetivos
Ante este bombardeo de información debemos estar atentos a la desinformación, la cual abunda más de lo que uno presupone. Las denominadas fake news, falsas noticias, no son más que desinformación. El «exceso» de información sobre un determinado tema a veces también procura desinformar o tapar algún otro tema que se evita que llegue a conocimiento del público.
Los conflictos y las campañas electorales suelen estar invadidas por la desinformación. Los diferentes actores, estados y políticos, acusan a sus contrapartes de utilizar la desinformación. Existen agencias de noticias y ONGs que dicen combatir la desinformación pero también lo hacen desde sus propios puntos de vista, sus sesgos y sus intereses … o responden a quienes financian su existencia. No se olviden de mirar en sus páginas webs, si tienen, quienes les proporcionan sus recursos.
En los conflictos de Ucrania y de Medio Oriente abunda la desinformación desde las diferentes partes enfrentadas.
Guy Durandin, en su libro La información, la desinformación y la realidad, precisa el sentido de la palabra «desinformación». Nos dice que este término viene de la traducción literal del término ruso dezinformatsia y que el periodista Pierre Lorrain, especialista en temas de Ucrania, de la URSS y de Rusia, autor de una biografía de Vladimir Putin, nos recuerda que ese término fue utilizado por los soviéticos desde principios de la década de 1920, es decir, poco después de la revolución bolchevique, para referirse a las campañas de «intoxicación» que, según los soviéticos, tenían su origen en los países capitalistas y tenían por objetivo la URSS[7].
Dezinformatsia fue incluida en el diccionario de la lengua rusa de S. Olegov en 1949, donde se la define como:
La acción de inducir a error mediante el uso de informaciones falsas.
De ahí en más, el término se replica en otros diccionarios y enciclopedias.
Sin embargo, la propaganda es utilizada por todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. En 1917, el presidente Woodrow Wilson creó el Comité de Información Pública, un aparato de propaganda para convencer a sus ciudadanos de ir a la I Guerra Mundial, mediante el cual se divulgaban de noticias y publicidad que sería el origen de la moderna propaganda de Estado.
La desinformación tiene como principal objetivo «el control social». Para el homo videns la imagen es primordial y constituye uno de los principales elementos para manipular las emociones de los individuos o de las masas. Por supuesto que detrás de esta manipulación existen equipos de psicólogos, sociólogos, especialistas en marketing, asesores de imagen y otros profesionales capacitados para lograr los objetivos predeterminados. Con buenos recursos económicos se logra no sólo apelar a las emociones de los individuos sino también a «coachear» a un potencial candidato político, es decir, prepararlo para que toque las fibras íntimas de sus potenciales votantes. Y la política ha dado muestras de experimentos exitosos en este sentido.
Las «noticias falsas» sirven para desinforman, para «manchar» a un personaje, por ejemplo a un político, el cual a veces no logrará sacarse de encima la mácula aunque se haya demostrado la falsedad de la información o su inocencia respecto de un determinado hecho del que fue acusado. Del mismo modo sirven para desmotivar y/o cambiar tendencias entre ciertos sectores de la población. Obviamente que la tecnología también ayuda y así la inteligencia artificial hace su contribución en el proceso de manipulación social. Se trata de un procedimiento «eficiente» ―claro está que en función del objetivo propuesto― y en general imperceptible.
¿Cómo identificar noticias falsas?
Igual que el pensamiento vertical, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente. Constituye un hábito y una actitud mental.
Edward De Bono (1933 – 2021)
Primero, es relevante comprender que poseer mucha información no implica un adecuado manejo de la misma. Como ha expresado Carl Sagan: «Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio para manejarla». Por tanto, cantidad no es calidad pero el análisis de la información es esencial.
Segundo, es importante ir abandonando el «pensamiento lineal» para desarrollar el «pensamiento lateral». Sin este pensamiento se nos hará difícil comprender la realidad en estos tiempos vertiginosos y de incertidumbre.
Tercero, hay que empezar por dudar de todo. René Descartes lo tenía claro. He aquí algunas pistas:
No limitarse a leer los títulos de las noticias. Leer la noticia entera. Confirmar si el contenido es coherente con el título.
Confrontar la noticia con otras fuentes. Triangular la información.
Escribir el título de la noticia en un buscador.
Averiguar la fuente de la información: periodista, autor, medio, fundación, financiamiento del medio o de la ONG, la pauta publicitaria, etc.
Verificar los datos, cifras y demás información proporcionados por la noticia o el artículo.
Verificar la fecha de publicación. Muchas veces se distribuyen noticias que son viejas.
Verificar el contexto de la publicación.
Si se trata de una parte de la noticia, de un video o de un audio, corroborar que no haya sido sacada de contexto.
Si la recibimos de un contacto, preguntarle de quién la recibió y si verificó la información.
Desconfiar de los audios. Muchas veces están «armados» con la intención de confundir o desinformar. Este es un fenómeno que abunda en WhatsApp.
Si se trata de una imagen, es recomendable indagar en un buscador para verificar si es real o está sacada de otro contexto o si ha sido adulterada.
No hay que olvidarse lo que oportunamente nos recomendó Abraham Lincoln:
Siempre debe prevalecer la duda, aquella a la que se ha referido Descartes, pero el conocimiento y el ejercicio que un analista lleva a diario con la información también agudiza su intuición, lo que hace que ante una noticia, un mensaje de WhatsApp, un video u otro tipo de mensajes, se le enciendan las luces amarillas y comience a verificar la autenticidad o la veracidad de lo que tiene ante sí.
Esta capacidad desarrollada durante años es lo que a veces provoca en otros una sensación de que su interlocutor ―en este caso me refiero a un analista o a un experto en comunicación― presenta una actitud de desconfianza ante todo e, incluso, que quizás observa conspiraciones por todos lados. Sin embargo, la historia nos apabulla con las conspiraciones … y si no, si leemos a Suetonio, ¿por qué Julio César le habría dicho a Marco Junio Bruto «Καὶ σὺ τέκνον» («¿También tú, Bruto?»). Si lo dijo o no lo dijo sigue siendo un debate entre los historiadores pero lo que sí es seguro es que lo de los idus de marzo (el 15 de marzo del año 44 a.C.) ocurrió y que fue una conspiración.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019. Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB). Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] Ignacio Muro Beneayas. Globalización de la información y agencias de noticias. Entre el negocio y el interés general. Barcelona: Paidós Ibérica, 2006, 228 p.
[4] Todd Gitlin, en su libro Enfermos de información. De cómo el torrente mediático está saturando nuestras vidas. Barcelona: Paidós Ibérica, 2005, 310 p.
Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque pareciera, nada ya volverá a fojas cero.
Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso, éste careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella o el Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier Presidente les hubiese pedido la renuncia.
Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos, la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso, en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor es que en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego.
Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos, que no es una ni la otra. Por un lado, para elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño, que hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente, para permitir el acceso de buques de terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional.
Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales y provinciales ―no por las empresas ni los gremios― quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de captura, etc. que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario, sino tener en cuenta todas las variables internas y las derivadas del comercio exterior.
Habiendo eliminado ―como se hizo ante las primeras quejas― algunas de estas excepciones a la ley, no puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º de la Ley 24.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten, agregan valor y generan productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de su producción al mercado interno para promover el consumo nacional que está entre los más bajos de Latinoamérica; incorporan tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial descartan materias primas aptas para el consumo; capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus comunidades, etc.
Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el acceso de los buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación pública fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad pesquera sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. Y es muy importante resaltar “la sustentabilidad” porque de ella dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad.
Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina; como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande; donde la Ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que éste podría liberarse al uso de buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina (César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental” 26/11/2022; “La enajenación de la administración marítima, fluvial y portuaria”, 14/06/2023). Ambos objetivos, se habrían sustentado también con la derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiese permitido que buques con licencias ilegales en Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa. Por cierto, todo hubiera generado un grave caos en la administración (investigación, conservación y distribución) del recurso pesquero.
Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera bastado ―como dijimos― con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro.
Podría ser peor en el futuro, porque la actividad queda frente a una delegación de funciones al P.E.N o a nuevos proyectos de este tipo y reciclados en las Sesiones Ordinarias y, no quiero avivar giles, por eso, daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden con todas las cuotas.
Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable, porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR); siendo un ecosistema donde las especies interactúan en una ecología trófica y donde la administración del recurso debe realizarse mediante un “Enfoque Ecosistémico pesquero” (EEP) donde se invierte el orden de prioridades en la gestión, comenzando con el ecosistema en lugar de la especie objetivo y teniendo en cuenta la relación con el ambiente y los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad, por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada de interés económico, social, biológico y ambiental.
En este proceso angustiante, no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es, que “no se quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto. Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina, tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África.
No estuvieron los intendentes de las ciudades-puertos ―a excepción de Montenegro en Mar del Plata― que deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de empleos. Y, los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política, que representan y conocen las virtudes de esta actividad?
Es una obligación del sector tener la iniciativa de renovar y modernizar la Ley 24.922, sancionada ya hace 26 años y muy importante: mostrarles a los argentinos la importancia geoestratégica, económica y social de esta actividad.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar
