EL CONFLICTO DE AFGANISTAN. LOS TALIBÁN.

Marcos Kowalski*

Imagen de ErikaWittlieb en Pixabay

Afganistán es un país marcado por la guerra y los conflictos internos, que hoy lucha por salir adelante y alcanzar la paz con los talibanes, pero estos están arrasando varios distritos en todo Afganistán y se han apoderado de puntos de control fronterizos en las últimas semanas, mientras Estados Unidos retira sus últimas tropas después de 20 años de presencia en el país.

La situación de seguridad en Afganistán es difícil y por lo tanto exige una solución negociada, es lo que afirmó el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg (27/07/2021). También dijo que la alianza militar “seguirá apoyando a Afganistán, incluso con fondos, presencia civil y entrenamiento en el extranjero”; a su vez el general Kenneth McKenzie señaló que el apoyo incluye ataques aéreos, apoyo logístico, financiamiento e inteligencia para frenar la ofensiva talibán que enfrentan las Fuerzas Armadas afganas.

Por el otro lado las naciones del Cáucaso y de Asia Central, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, así como también Bielorrusia y Rusia, que en 2009 formaron la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), se han puesto en guardia ante el avance de combatientes del movimiento Talibán en sus fronteras con Afganistán y al momento de escribir estas líneas aviones de ataque Su-25, fueron trasladados desde Kirguistán al aeródromo tayiko de Gissar para tomar parte en los ejercicios trilaterales con Tayikistán y Uzbekistán. Los Su-25 servirán como apoyo ante cualquier fuerza que amenace a estas naciones desde tierra.

En junio de 2021, los talibanes (catalogados como terroristas y prohibidos en Rusia) llegaron primero a la frontera de Turkmenistán y luego a Uzbekistán. Las pocas tropas gubernamentales y los guardias fronterizos afganos se vieron obligados a huir al territorio de estos estados vecinos que, a su vez, respondieron cerrando las fronteras.

Este panorama comenzó a principios de mayo de 2021, cuando la violencia recrudeció en varias provincias de Afganistán, con los talibanes lanzando una gran ofensiva pocos días después de que las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos iniciaran su retirada definitiva del país. En el momento de escribir esto, los talibanes llegaron a las afueras de Kandahar, cuna del movimiento islamista y la segunda ciudad más poblada de Afganistán después de Kabul.

El gobierno estadounidense de Biden y la OTAN iniciaron el primero de mayo el retiro de las tropas que invadieron Afganistán en 2001 y desde ese momento la milicia talibán se está apoderando de vastas regiones del país. El 13 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió sobre la crisis humanitaria que vive Afganistán, donde desde enero unos 270.000 afganos se han visto forzados a desplazarse, lo que ubica la cifra global de población desarraigada de ese país en 3,5 millones de personas.

En medio de este panorama, el cofundador de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, se reunió el miércoles en Tianjin, en el norte de China, con el ministro de Exteriores de ese país, Wang Yi. Al finalizar el encuentro, Beijing aseguró que la milicia afgana “desempeñará un papel importante en el proceso de reconciliación pacífica y reconstrucción” de ese país.

En estas circunstancias, el presidente afgano Ashraf Ghani culpó a la decisión de Estados Unidos de retirar “abruptamente” sus tropas por el deterioro de la seguridad en su país. “La razón de nuestra actual situación es que esta decisión fue tomada abruptamente”, dijo Ghani al parlamento, agregando que había advertido a Washington de que una retirada tendría “consecuencias”.

Pero ¿qué es el movimiento Talibán? Para dar respuesta a esta cuestión tenemos que remontarnos a los años 80 del siglo pasado con la denominada guerra de Afganistán de 1978-1992, también llamada guerra afgano-soviética o guerra ruso-afgana, primera fase del extenso conflicto de la guerra civil afgana.

Transcurrió entre abril de 1978 y abril de 1992, tiempo en el que se enfrentaron las fuerzas armadas de la República Democrática de Afganistán apoyadas entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por la URSS y su ejército, contra los insurgentes, varios grupos de guerrilleros afganos islámicos denominados muyahidines.

Ese conflicto comenzó en 1978, cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, transformando a Afganistán en un Estado Socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Un año después, ante la insurgencia de los muyahidines y luego de varios enfrentamientos sangrientos que ocasionaron primero la muerte del presidente Nur Muhammad Taraki, el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética.

La intervención soviética produjo un resurgimiento de los guerrilleros muyahidines, que aun estando divididos en varias facciones se embarcaron en una larga campaña contra las fuerzas soviético-afganas. Estos guerrilleros, en el marco de la “Guerra fría”, fueron respaldados por los suministros y el apoyo logístico y financiero de naciones como Estados Unidos, (Operación Ciclón) Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel y el Reino Unido.

Los soviéticos tenían una gran superioridad militar sobre sus oponentes;, la asimetría era enorme. En los primeros enfrentamientos acabaron rápidamente con las fuerzas antigubernamentales de los muyahidines, sin embargo, pese a ganar las batallas estaban perdiendo la guerra; los insurgentes no tenían un mando central, una organización unificada que los representara en conjunto, esto hizo que no existiera forma de negociar una solución diplomática que incluyera a todos los grupos o clanes.

Además, no ofrecían batallas de guerra clásica, si no de guerra de guerrillas, luchando solo con ventaja táctica, eligiendo los terrenos más favorables a su accionar, atacando en forma sorpresiva y luego efectuando retiradas, generalmente a zonas montañosas, donde no podían ser perseguidos por blindados, lugares que no habían sido explorados por las tropas soviéticas.

Incluso los aviones fueron poco rentables en sus operaciones pues, si bien los muyahidines no disponían de radar, utilizaban los patrones de vuelo de las aves autóctonas como sistema de alerta temprana. Cada vez que un grupo de pájaros alzaba el vuelo, los guerrilleros sabían que algo se avecinaba y buscaban refugio de inmediato.

Los soldados soviéticos estaban luchando contra un enemigo invisible que le ofrecía escaramuzas en lugar de batallas, superándolos tácticamente. En la primera fase del conflicto el Ejército Soviético batía con su fuego solo el terreno, rocas y algunos pocos subversivos. El numeroso y moderno arsenal rojo en casi su totalidad fue inútil. El único que respondió con cierta eficacia en esta fase fue el helicóptero MI-24 HIND. Este helicóptero, debía su éxito a que tenía un blindaje que lo protegía de los proyectiles de bajo y mediano calibre que utilizaban los guerrilleros y podía dejar fuera de combate a los oponentes en tierra mediante sus propias armas, un verdadero tanque de guerra volador. Entre sus armas se destacaban el cañón doble GS 30 K de 30 mm, ametralladoras Yak B de 12.7 mm, además de 6 pilones en las alas con una capacidad de 1.500 kg (los pilones del interior soportan al menos 500 kg cada uno, los centrales 250 kg y los de punta alar sólo pueden portar misiles antitanques), para cargar una combinación de armas que van desde bombas lanzadores de cohetes o contenedores de armamentos varios.

En este punto y para contrarrestar los éxitos del Mi24 sobre los insurgentes, los estadounidenses deciden entregar a los muyahidines el misil tierra-aire pasivo, Stinger, un misil lanzado desde el hombro por un solo operador, poniendo fin a la supremacía del helicóptero ruso en los enfrentamientos.

Febrero de 1983. El entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, reunido con una delegación de los talibanes en un salón de la Casa Blanca. Foto: Michael Evans.

Con ese nuevo sistema de armas, que en la época costaba US$ 40.000, se derribaba a una aeronave que valía US$ 10 millones. Los afganos abatieron en promedio entre uno o dos helicópteros por día, haciendo que el alto mando soviético comprendiera que el esfuerzo bélico era insostenible. Era difícil luchar contra un oponente que disponía de esas armas, pero peor aún era identificarlo mimetizado entre el resto de la población afgana.

La mayoría de la tropa de los muyahidines, eran campesinos, agricultores o pastores de ganado que, cuando no estaban luchando contra los soviéticos, cultivaban la tierra o concertaban matrimonios o, simplemente, llevando a cabo su rutina diaria. El alto mando soviético, al percibir esto, cambió la estrategia de la guerra entrando en una nueva fase con una nueva doctrina radicalmente diferente.

Como los civiles afganos y guerrilleros eran indistinguibles, ambos debían ser tratados como hostiles y como combatientes enemigos. En los años siguientes, los soviéticos procedieron a bombardeos masivos sobre aldeas se cerraron plazas industriales, muchas tierras de cultivo fueron minadas y el ganado fue abatido a tiros desde aeronaves.

En apenas el primer año de la aplicación de esta doctrina, murieron aproximadamente un millón de afganos; el objetivo era forzar a la población a migrar desde las zonas rurales hacia zonas urbanas mucho más fáciles de controlar por los soviéticos; la población de Kabul casi se triplicó. Y más de 6 millones de afganos huyeron de su país sobre todo al vecino Pakistán.

Entre los refugiados, que no eran familias enteras, ni clanes completos, había mujeres, niños y ancianos. Los niños constituían una verdadera masa desproporcionada; los hombres no migraron se quedaron para luchar contra los soviéticos y todos los que tenían edad para combatir consiguieron un fusil para pelear contra el enemigo extranjero.

Recordemos que los afganos ya eran veteranos combatiendo, aun cuando el nivel de guerra total no lo habían vivido nunca hasta esta fase de exterminio y persecución. Esto para ellos ya no era una guerra contra una potencia extranjera sino una lucha por la supervivencia. A medida que avanzaba la contienda, con familias y organizaciones tribales desgarradas, Afganistán se iba convirtiendo en una tierra sin mujeres y niños.

Es esta cuestión un punto de inflexión significativo en la cultura afgana, por patriarcal que la consideraran los extranjeros, pues los lazos familiares y de grupo eran una verdadera contención para hombres y mujeres. En el seno de las familias se mostraban los afectos y generosidad de estos hombres rudos, pero sobre todo la protección a los suyos. Desconectados de sus familias durante años, los combatientes afganos sufrieron una gran perturbación emocional.

Encontrándose los muyahidines con la única compañía de otros hombres en las condiciones más duras que pueda esperarse, es natural que las guerras cambien a los hombres y, en esa campaña, en Afganistán el conflicto cambió a millones. Los diversos síndromes de combate y la alienación afectaron a muchos llevándolos a un estado de barbarie casi incontenible.

En Pakistán, en la ciudad de Peshawar, los pastunes étnicos organizaron eventos para recaudar fondos, recolectaron y restauraron armas, siendo históricamente excelentes armeros y herreros, incluso, se dijo, reprodujeron fusiles y pistolas, fabricándolos con las respectivas municiones, organizando, con voluntarios, el apoyo a sus parientes afganos.

Muy pronto surgieron mas de 80 facciones, todas afirmando luchar por la causa santa, contra el extranjero infiel. La religión islámica se había fundamentalizado en ellos, el conflicto se había convertido en una guerra santa. Cuando el gobierno de Pakistán se percató de la situación, a los servicios de inteligencia de Pakistán (ISI, Inter Services Intelligence) se les ordenó hacerse cargo.

Antes de esto el ISI no tenía una gran preponderancia dentro del esquema de poder paquistaní, pero en plena Guerra Fría y con recursos provenientes de Estados Unidos y Arabia Saudita comenzó a financiar el esfuerzo de guerra de los muyahidines. Es en esta época donde el ISI tomó importancia dentro del esquema de poder de Pakistán.

El ISI paquistaní, distribuyó dinero, armas y combatientes voluntarios a sus grupos favoritos en Pakistán, grupos que, posteriormente, se dirigieron al combate a través de la frontera afgana. Cada uno de estos grupos con base en Pakistán reclamó el liderazgo de la contienda y cada uno trató de demostrar su devoción a la causa santa, adoptando narrativas islámicas cada vez más radicalizadas.

A medida que avanzaba la guerra en Afganistán, estos grupos paquistaníes adoptaron actitudes cada vez más celosas de la observancia del islam, una más extrema que la otra, hasta que el extremismo fue la nueva normalidad para los muyahidines afganos, al punto que, en 1988, la máquina de guerra soviética no soporto más y se retiró abandonando a sus aliados comunistas.

Cabe recordar que fue Mijaíl Gorbachov el que puso en marcha un plan consistente en la retirada masiva de las tropas soviéticas de Afganistán.

A pesar de los intentos desesperados del gobierno de Kabul por negociar una salida mediante un acuerdo de paz, se había derramado demasiada sangre y sin el apoyo soviético el gobierno no tenía ninguna influencia como para negociar nada, si bien todavía disponía de equipo militar soviético, con el que resistió hasta 1992, año en el que, finalmente, los muyahidines cercaron Kabul y derrocaron al gobierno comunista.

Esto fue el comienzo de anárquicos enfrentamientos entre los diferentes grupos muyahidines, los que ocuparon diferentes partes de la ciudad y comenzaron a dispararse entre sí con todas las armas disponibles, incluidos misiles. Una nueva carnicería se llevó a cabo en Kabul; la mitad de la ciudad quedó reducida a escombros y lo mismo pasó con otras ciudades afganas. Cada grupo de muyahidines peleaba por asegurar sus posesiones.

Lo que los soviéticos le hicieron al campo, los mismos afganos se lo hicieron a sus ciudades, surgiendo un caos en todo el país con la aparición de mini dominios territoriales, donde cada grupo erigió puestos de control en lo quedaba de las carreteras.

Aquellos niños que, en gran número, se habían refugiado en Pakistán al promediar el conflicto y sobre todo en la etapa de terror impulsada por Gorbachov, la llamada estrategia de despoblación, habían pasado grandes penurias, perdiendo su infancia en campos de refugiados, sin figura paterna e inmersos en la pobreza.

Se cree que alrededor de tres cuartas partes de los niños en los campos paquistaníes de refugiados afganos era menor de 15 años. En estos campamentos creció toda una generación de niños afganos, con una única forma de escolarización, las “Madrazas”, que eran escuelas religiosas islámicas que ofrecían instrucción gratuita. En esas escuelas se les brindó instrucción, algo de normalidad, una rutina de trabajo escolar y esperanza en su futuro.

Estas “madrazas” estaban dirigidas por clérigos que respondían a los partidos islamistas de Pakistán e íntimamente relacionadas con la inteligencia paquistaní (ISI) y financiadas en su mayor parte por familias adineradas saudíes. Establecidas junto a la frontera afgana, se estima que llegaron a funcionar más de dos mil “madrazas” con una matrícula de más de dos cientos veinte mil niños.

Estos chicos, estaban virtualmente aislados de las noticias mundiales y adoctrinados en el wahabismo, que es una corriente político-religiosa musulmana de la rama mayoritaria, del sunismo. A los estudiantes se les aseguraba que estaban predestinados a rescatar el mundo del imperio del mal y el mal estaba constituido por todo aquello ajeno al islam.

En estas “madrazas” además de religión se los instruyó militarmente para el combate a los efectos de que pudieran cumplir con el designio de combatir al mal. Estos estudiantes se convirtieron en los talibanes. La palabra talibán es el plural para estudiante en árabe.

En Kandahar un clérigo talibán llamado Mullah Omar que había dirigido un grupo de jóvenes junto a otros muyahidines y que había tomado el control de varios distritos de la ciudad, fue, en principio, bienvenido por los lugareños, mientras algunos grupos de muyahidines habían recurrido a la extorsión, al acoso y a la persecución; la cuestión cambió con los jóvenes talibanes cuando comenzaron a aplicar la sharía o ley del islam.

El Mullah Omar, era el jefe de los talibanes de Afganistán

Los violadores fueron ahorcados, los ladrones perdieron las manos y el resto de los criminales fueron tratados en consecuencia. Para muchos pobladores los talibanes parecían portadores de estabilidad, sobre todo, en comparación con los muyahidines. Los sucesos de Kandahar llamaron la atención del aparato de seguridad paquistaní; a partir de allí el ISI suministro armas, financiación y capacidades adicionales al talibán.

En 1994 los talibanes eliminaron los puestos de control muyahidines en la frontera entre Afganistán y Pakistán, lo que permitió que mercaderías estacionadas en dicha frontera llegaran a los mercados afganos, pues al eliminar los peajes los precios se redujeron.

En esas circunstancias los talibanes se adueñaron por completo de Kandahar, consiguiendo además apoderarse de varias piezas de artillería, tanques, helicópteros, equipos de comunicaciones y cientos de camiones cargados de armas e incluso dinero.

En el otro lado de la frontera, Pakistán abrió los campos de refugiados afganos permitiendo que los estudiantes talibanes regresaran a Afganistán. Estos talibanes fueron en principio bienvenidos por la población afgana, porque vivían bajo la tiranía y el desorden de los muyahidines. Los afganos estaban desesperados por un salvador y los talibanes cumplieron en ese momento con ese papel. Expulsaron a los muyahidines de varias ciudades como Wardak y otras, en 1995 tomaron Herat y se dirigieron hacia Kabul y a fines septiembre de 1996 tomaron posesión de la misma.

Al principio, en Kabul, esos hombres jóvenes con turbantes negros parecían tan extranjeros como los rusos, dado que hablaban un dialecto diferente, habían sido educados en el extranjero y descendían de los refugiados de mediados de la década del 80. Cuando se instalaron en el poder, la realidad talibán se mostró: impusieron inmediatamente la Ssharía, los teatros fueron convertidos en mezquitas y a las mujeres se les prohibió totalmente la vida pública.

La música, las películas e incluso las fotos fueron prohibidas, las tiendas de video fueron incendiadas y los televisores destrozados, se prohibieron los juegos de azar, se prohibieron las mascotas y se criminalizó cualquier celebración no islámica, llegando a prohibir algunas costumbres y tradiciones afganas locales como la de remontar cometas.

Todos los hombres y mujeres debían usar ropas de acuerdo con los mandatos de la Sharía, con obligatoriedad de usar barba; además cualquiera que fuera sorprendido sin rezar al momento de la oración era castigado. Convirtieron a Afganistán en un estado ioslámico, gobernado mediante un totalitarismo religioso.

Así las cosas, este gobierno de los talibanes en Afganistán, tenía una estructura de mando muy particular y la organización de un régimen que parecía resistirse a instituir nada por temor a debilitar su pureza teocrática con fórmulas profanas.

Se conocían los nombres de varios líderes talibán como los mullah Mohammad Hassan Akhund, jefe del Estado Mayor militar, y Mohammad Hassan Rahmani, gobernador de Kandahar, pero la impresión desde fuera es que carecían de jerarquías y rangos.

En apariencia, funcionaba al estilo de la asamblea tradicional pashtún, la loya jirga, una toma de decisiones basada en el consenso y unos lazos personales de lealtad entre los miembros de las shuras principales, si bien esta presunta dirección colectiva topaba con el hecho incuestionable de que Omar tenía la última palabra en las decisiones importantes.

Se salvaguardó el núcleo duro de pashtunes kandaharis, y aunque ahora gobernaban territorios en los que los pashtunes no eran mayoría, Omar y sus compañeros se negaron a desarrollar un mecanismo que permitiera incluir en la toma de decisiones a representantes de las etnias minoritarias.

Fue ésta “versatilidad de la élite talibán” una característica que hizo inextricable el entramado del poder del régimen. Omar alimentaba este marco de incógnitas con su negativa a ser fotografiado y a recibir visitantes no musulmanes. En los cinco años que duró el régimen talibán, sólo un puñado de periodistas, diplomáticos o agentes de seguridad de Pakistán y Arabia Saudí recibieron audiencia por este hombre.

Unos meses antes de caer Kabul en manos talibán, llegó a Jalalabad el multimillonario saudí Osama bin Laden, consagrado a la jihad particular contra Estados Unidos a través de su red subversiva Al-Qaeda, creada a partir de ex muyahidínes extranjeros.

Esta organización fanatizada, con una visión religiosa muy virulenta y reduccionista conocida como salafismo-jihaidismo y de complicada reinserción en sus sociedades de origen, recibió el nombre genérico de árabes-afganos, a pesar de que ninguno de ellos era afgano y buena parte ni siquiera árabes.

Al parecer bin Laden conoció a algunos dirigentes talibán que combatieron en las provincias pashtunes en los años ochenta. El movimiento de Omar se le presentaba como un aliado natural por compartir la doctrina sunní y un odio indeclinable a toda importación cultural de Occidente.

Los talibanes brindaron al saudí un trato especial de huésped, conscientes de que la relación iba a reportar beneficios mutuos. Las fuentes señalan que en abril de 1997 bin Laden y sus acólitos, provistos de sofisticados y carísimos sistemas de comunicación, se mudaron a Kandahar, que es donde trabaron contacto directo con Omar.

Con el visto bueno del mullah, bin Laden levantó campos de entrenamiento para terroristas en el territorio que aquellos controlaban. A cambio de esta cobertura, construyó a Omar y demás líderes talibán residencias a prueba de ataques, búnkers subterráneos y otras edificaciones para uso militar.

Aun cuando no parece que los talibanes tomaran parte en la conspiración, la impunidad con que su invitado se valía de su libertad de movimientos para amenazar a un tercer Estado era reveladora del talante de Omar y sus asociados. En Afganistán bin Laden planificó sus golpes contra Estados Unidos.

El 23 de febrero de 1998 organizó un cónclave de grupos integristas en su base de Jost del que, bajo la etiqueta de “Frente Islámico Internacional para la Jihad contra judíos y Cruzados”, salió una “fatwa” para matar a todo norteamericano, militar o civil, en cualquier lugar del mundo.

Luego de la catástrofe terrorista del 11 de septiembre de 2001 se reveló que el vínculo entre Omar y bin Laden iba más allá de la mera amistad o la política: eran nada menos que consuegros. Según estas informaciones, la quinta esposa del saudí sería una hija de Omar y éste habría tomado en matrimonio a la hija mayor de aquel.

En suma, desde antes del 11 de septiembre bin Laden no sólo había sido un invitado privilegiado, sino que había ejercido un poderoso influjo en el régimen afgano, a pesar de las complicaciones internacionales que tal connivencia pudiera acarrear a este último. El pacto se supone que incluyó la transferencia a la organización de bin Laden de los campos de entrenamiento de voluntarios extranjeros existentes en Afganistán.

El espectacular ataque terrorista en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, con sus devastadores daños, puso inmediatamente en la mira a Osama bin Laden. Éste se desvinculó de los hechos para ganar tiempo, si bien se felicitó por lo que calificó de “reacción legítima de los oprimidos” y amenazó veladamente con nuevos ataques, con armas convencionales o de destrucción masiva, a cargo de su organización.

Sin solución de continuidad, las miradas acusadora de Estados Unidos y sus aliados, formales o reclutados apresuradamente para su anunciada coalición internacional contra el terrorismo, se posaron en Afganistán y contra el régimen talibán. El 14 y el 15 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaba la guerra general contra Al-Qaeda quedando implícito que ésta comenzaría en el país donde la organización terrorista tenía su cuartel general.

Omar hizo un llamamiento a la población afgana, para que afrontase con “valentía y dignidad” una eventual represalia de Estados Unidos, ya que sólo perecería si era “la voluntad de Dios”. En un tono desafiante, advirtió a los países vecinos sin citar nombres que se abstuvieran de colaborar en una intervención militar de no musulmanes.

Los hechos descriptos arriba fueron los que dieron comienzo a la guerra de Afganistán, la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos. Probablemente lo narrado esté en el recuerdo de muchos de nosotros, lo que seguro pocos esperábamos era un final así. 19 años después se ha llegado a un triste epílogo para dos operaciones militares que recibieron nombres tan grandilocuentes como Libertad Duradera y Centinela de la Libertad.

El Acuerdo de Doha, firmado el pasado 29 de febrero de 2020 entre los talibanes y Estados Unidos, que fue presentado como un “acuerdo de paz” entre dos de las partes del conflicto, que invitaba a pensar, en un próximo alto el fuego en Afganistán, en realidad se centra exclusivamente en establecer los términos en los que Estados Unidos saldrá del país tras 20 años de intervención; algo confirmado por la Administración de Joe Biden.

Más allá de la renuncia de Estados Unidos a seguir en Afganistán, las conversaciones entre el gobierno afgano y los talibanes, aún en curso, determinarán si, efectivamente, hay esperanza para que prevalezca la paz en un país asolado por la violencia desde hace muchas décadas.

Mientras en estos momentos, agosto de 2021, los talibanes afirman controlar el 85% de Afganistán, culpando a Estados Unidos por el fracaso del acuerdo y desde que el presidente Joe Biden anunció en mayo un plan de salida de Afganistán, los talibanes han tomado más de 150 distritos del país.

Por otro lado, el presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, instó a los talibanes a aprender las lecciones de Siria, Irak y Yemen y a evitar la violencia para unirse a un proceso de paz. El presidente se dirigía a una reunión pública en la provincia oriental de Khost tras inaugurar el quinto aeropuerto internacional del país, construido con un coste estimado de US$ 20 millones.

“En lugar de sentarse eventualmente (para las conversaciones) mañana, ¿por qué no sentarse a hablar hoy? Hay que aprender las lecciones de Siria, Yemen, Irak, Argelia y Líbano”, señaló el mandatario. “Si ustedes (los talibanes) deciden luchar, entonces toda la responsabilidad recaerá sobre sus hombros”, añadió el presidente, tras culpar a los talibanes del recrudecimiento de la violencia en medio de la salida de las tropas extranjeras de Afganistán.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos. 

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LÍBANO COLAPSA, PERO HEZBOLÁ RESISTE Y SE RELANZA. EL PAÍS DE LOS CEDROS PODRÍA EXPLOTAR DESESTABILIZANDO TODO EL CUADRANTE

Marco Crabu*

Ahora está en alerta roja, El Líbano está en colapso social, político y económico. Si no se hace algo a tiempo, la situación podría estallar y desestabilizar todo el cuadrante de Oriente Próximo.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, los disturbios y la violencia se producen a diario en las calles, gracias al aumento del estado de pobreza y penurias sociales, así como a la corrupción rampante que cada vez se afianza más en el maravilloso “País de los Cedros”.

Y mientras tanto, las milicias terroristas de Hezbolá, fortalecidas sobre todo por el apoyo logístico y financiero de Irán, afirman su influencia sobre el frágil Estado libanés, continuando sin ser molestadas en su tráfico de drogas, armas y bienes de diversos tipos, sin dejar de atacar directamente a las tropas regulares libanesas.

Francia y Estados Unidos están considerando enviar un portaaviones a las aguas frente al país de Medio Oriente lo antes posible y posiblemente intervenir cuando la situación lo haga inevitable, o para evitar que El Líbano termine de una vez por todas en manos de Hezbolá (e Irán) o de la franja yihadista.

A un año de la terrible explosión del puerto de Beirut, la situación en El Líbano se ha vuelto inmanejable. En varias partes del país, las protestas están a la orden del día e inevitablemente resultan en bloqueos de carreteras que paralizan la movilidad de personas y mercancías. Los precios están en constante aumento, incluidas las necesidades básicas, y la búsqueda espasmódica de combustible y medicamentos está empezando a ser degradante. La electricidad está racionada y son frecuentes los apagones prolongados y duraderos que hacen que la situación sea inaceptable, especialmente para los hospitales. Incluso la conectividad de la red celular (4G y Wi-Fi) sufre contratiempos y dificulta todas las comunicaciones.

Los analistas internacionales afirman que la deuda pública de El Líbano ha alcanzado cifras asombrosas, muy por encima de los 750.000 millones de libras, y que alguien ya había especulado sobre ella muchos años antes. Según algunos, de hecho, este epílogo lento y desafortunado se debe a una desafortunada operación financiera del gobierno en 1994, cuando entonces había autorizado préstamos desproporcionados en moneda extranjera para apoyar la deuda pública, vinculando la lira libanesa al dólar estadounidense. Esta maniobra financiera, al límite de la estafa estatal según los cánones del llamado “Esquema Ponzi”, también había recibido el Ok de la Cámara de Representantes, a pesar de saber que en caso de un aumento de divisas los libaneses nunca serían capaces de hacerle frente. Y así fue. Uno tras otro, El Líbano ya no ha podido pagar el importe cada vez mayor de los intereses acumulados por las divisas sobre su ya gigantesca deuda pública, con evidentes repercusiones en el mercado interior y en la vida de sus ciudadanos.

Michel Aoun y Sa’ad Hariri
Y la política está en un vergonzoso estancamiento

Los distintos líderes siguen peleándose entre sí y no pueden encontrar un punto de encuentro para luego proceder a la formación de un nuevo gobierno que permita que el país llegue a 2022, cuando se convocarán nuevas elecciones generales democráticas.

Sa’ad Hariri en octubre del año pasado, tras la dimisión de Mustapha Adib en septiembre (que a su vez había ocupado el lugar de Hassan Diab, tras los acontecimientos de Beirut), fue nombrado por el Presidente Michel Aoun para formar un nuevo gobierno. Hariri ya había sido primer ministro tres veces, pero había dejado el cargo debido a las violentas protestas antigubernamentales que estallaron en 2019. Su nombramiento se produce en un momento de actualidad para el Líbano, tanto por la actual pandemia como por la grave crisis social y económica que ha azotado al país, agravada aún más por los hechos relacionados con la explosión de Beirut el 4 de agosto del año pasado, y cuya investigación y las responsabilidades relacionadas aún no se han revelado por completo a las familias de las víctimas y a todo el público, mientras que las autoridades estatales siguen prevaricando escondiéndose detrás de la inmunidad parlamentaria. Se dice que Hariri tenía preparada la lista de los nombres de sus ministros, pero que por alguna “oscura razón” no estaba de acuerdo con el presidente Aoun. Las dos oficinas del Estado siguieron encontrando pretextos para no avanzar. El último episodio de fricción hace unos días, cuando estaba programada una reunión entre ambos, que el nuevo primer ministro canceló en respuesta a un odioso twitter de la primera oficina estatal pocas horas después de la reunión.

Y es noticia hace unas horas que Hariri ha renunciado definitivamente al cargo de primer ministro, se dice que por la continua interferencia del presidente Michel Aoun, quien pidió ajustes fundamentales en su propuesta de gobierno.

Hezbolá empuja al Líbano al colapso

Trazar un paralelismo y similitudes entre Hezbolá en El Líbano y los talibanes en Afganistán es una gran apuesta, pero encontramos que, de alguna manera, ambos se declaran no interesados en la conquista del poder político de ninguna manera, cada uno en su propio país. Pero lo que estamos presenciando hoy es una realidad completamente diferente y llena de contradicciones tanto en escenarios como por parte de los propios actores.

Recientemente se ha publicado un informe completo por parte de un think tank inglés, Chatham House, donde se analiza en profundidad la situación en el Líbano y el peligro que correría el país de los cedros si Hezbolá conquistara el poder.

El grupo terrorista Hezbolá, encabezado por Hasan Nasrallah, su líder indiscutible, ha imbuido tanto al tejido social y político libanés de su esencia que, al parecer, ni siquiera necesitaría acceder al poder tradicional. Es bien sabido que existe un “control híbrido” sobre todas las estructuras políticas, sin asumir la plena responsabilidad de sus acciones tanto hacia el Estado libanés como hacia sus ciudadanos.

Hezbollah opera sin ser molestado por el tráfico ilícito que goza de la colaboración y el encubrimiento de funcionarios corruptos de la política y las instituciones. Las milicias en la frontera siria son leales a él y esto ha permitido el paso de drogas y bienes y, por supuesto, de armas enviadas desde Teherán. De algunos rumores filtrados parece que a menudo la organización logística de Hezbollah obtiene documentos falsos emitidos directamente por el Ministerio de Agricultura para ingresar, al otro lado de la frontera, cargas de drogas haciéndolas pasar por semillas y similares. Además, las mismas fuentes informan de que las milicias chiítas tienen libre acceso, con la complacencia de directores generales corruptos, a los fondos ministeriales también asignados a las ONG afiliadas, pudiendo así utilizarlos sin necesidad de más procedimientos de autorización por parte de los ministros.

Hezbollah sin duda podría tomar el control del país por la fuerza, tiene la capacidad militar, pero evidentemente está esperando el momento propicio.

Los milicianos chiítas no parecen culpar a la crisis como fuerte del apoyo iraní y muchos libaneses están cada vez más convencidos de cambiar de rango. Pero el líder Nasrallah está asumiendo riesgos. Sabe perfectamente que el descontento popular podría volcarse en su contra, porque cualquier control del poder por su parte privaría al Líbano de la ayuda internacional de la que depende.

Los gobiernos occidentales, Francia y los Estados Unidos en primer lugar, están tratando a través de sanciones de contener en la medida de lo posible el poder imperturbable de Hezbollah Pero estas medidas son claramente insuficientes mientras la organización política en El Líbano permanezca inalterada. Sin duda, será necesario que el cambio para el país de los cedros comience desde dentro de sí mismo con el apoyo adecuado de la comunidad internacional.

¿Cómo pueden los gobiernos occidentales ayudar al Líbano?

Francia y Estados Unidos están buscando todas las vías para apoyar la devastada economía del Líbano y están presionando para un compromiso financiero y político directo de Arabia Saudita.

Pero Riad es por el momento recalcitrante ante la idea de apoyar al Líbano, un país —entonces liderado por Hariri— con el que rompieron relaciones desde 2017. Arabia Saudita ya no tiene ningún interés económico y mucho menos inversiones activas en El Líbano. Como mínimo, el reino saudí podría aceptar apoyar sectores específicos como la salud, la educación y el ejército.

… mientras Israel evalúa otras opciones,

Jerusalén está firmemente convencida de que no hay una solución lista y disponible para salvar al Líbano. La única alternativa es la participación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para tomar las riendas del país a la espera de nuevas elecciones, y esto antes de que El Líbano se hunda en una crisis humanitaria sin precedentes. El Alto Comisionado contará con un fuerte apoyo económico y financiero de la comunidad internacional, y una de sus principales tareas será desarmar a todas las milicias, incluido Hezbollah, pero solo podrá hacerlo con la participación de una presencia militar internacional sobre el terreno.

Sin embargo, debemos actuar con rapidez, y es posible que el Líbano no disponga de más tiempo.

 

* Licenciado en Ciencias Sociológicas, Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Especialista en Seguridad, Geopolítica y Defensa.

Artículo publicado originalmente el 16/07/2021 en OFCS.Report – Osservatorio – Focus per la Cultura della Sicurezza, Roma, Italia, https://www.ofcs.it/internazionale/libano-al-collasso-ma-hezbollah-resiste-e-rilancia/#gsc.tab=0

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor.

 

 

HACER QUE NUESTRAS DEMANDAS SEAN TANTO PRÁCTICAS COMO VISIONARIAS

Mark Engler* y Paul Engler**

Señales publicadas cerca de 38th y Chicago Avenue South en Minneapolis. (Flickr/Tony Webster)

Cómo los movimientos sociales están empleando el concepto de la «reforma no reformista» para promover un cambio de largo alcance.

Cuando se trata de evaluar una determinada demanda o propuesta de reforma, los movimientos sociales se enfrentan a un dilema común. En respuesta a la presión que generan los activistas, los políticos convencionales constantemente pedirán paciencia y moderación. En el mejor de los casos, sólo respaldarán las reformas poco a poco que consideren razonables y pragmáticas. El resultado son ajustes tecnocráticos que podrían ofrecer pequeñas ganancias, pero que no desafían fundamentalmente el status quo. Por otro lado, en momentos en que están a punto de obtener concesiones significativas, algunos activistas no quieren aceptar el “sí” como respuesta. Les preocupa que aceptar cualquier reforma signifique abrazar la cooptación y diluir su visión radical. Como consecuencia, terminan en un ciclo de autoaislamiento.

Entonces, ¿cómo se decide cuándo una demanda es válida y cuándo vale la pena aceptar una reforma? ¿Cómo pueden los movimientos sopesar el deseo de obtener ganancias prácticas y evitar la marginación con la necesidad de mantener una visión transformadora?

En el pasado, los debates en este sentido a menudo han tenido lugar en un marco que enfrentaba la reforma con la revolución: aquellos que sostenían que los movimientos sólo podían avanzar en forma gradual se enfrentaban a aquellos que creían que el sistema debía ser reemplazado en un momento de ruptura dramática. Pero en la década de 1960, el teórico austriaco-francés André Gorz intentó romper esta dicotomía fija y ofrecer a los radicales un camino diferente. Propuso que, en situaciones en las que la revolución podría ser deseable pero no podía considerarse inminente, los movimientos debían llevar a cabo reformas “no reformistas” o “estructurales”, cambios diseñados para marcar una diferencia práctica en el corto plazo, al tiempo que avanzaban hacia transformaciones más grandes.

Las reformas no reformistas se caracterizarían por varios rasgos clave: primero, en lugar de ser tratadas como fines en sí mismas, servirían como pasos hacia una visión más amplia del cambio. En segundo lugar, no sólo serían transmitidas por burócratas y políticos, sino que se ganarían a través de la organización, la protesta y la aplicación de la influencia de un movimiento. Y, por último, cada reforma estaría diseñada para cambiar el equilibrio de poder entre los movimientos y las instituciones del statu quo, dejando a los defensores en una mejor posición para emprender batallas por un cambio aún mayor en el futuro y comenzar nuevos ciclos de movilización.

Gorz era muy consciente de los peligros de la cooptación y de la capacidad de las instituciones del statu quo para absorber los desafíos externos. Dado que, en sus palabras, cualquier cambio podría volverse “desarticulado, controlado y digerido por el sistema” con el tiempo, la voluntad de participar en una lucha continua era esencial. Sólo así una sucesiva serie de cambios modestos podría convertirse en parte de una “conquista progresiva del poder” por parte de las fuerzas del movimiento.

Estableciendo los standards

Desde los tiempos de Gorz, el concepto de la reforma no reformista ha sido invocado por una amplia gama de activistas, desde anarquistas dedicados a los liberales de izquierda de la American Prospect. Ha sido empleado con frecuencia por socialistas democráticos en los Estados Unidos —que fueron pocos en número entre las eras de Reagan y Obama, pero que han visto cómo sus filas aumentaron dramáticamente después de las campañas electorales de personas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez—, a menudo para defender demandas como el Green New Deal o Medicare para Todos. Y el concepto se ha abierto camino en los debates recientes de los movimientos sociales.

Un mitin de Medicare para Todos en Los Ángeles en febrero de 2017. (Flickr/Molly Adams)

The Red Deal,” un manifiesto publicado en 2021 por un grupo de organizadores indígenas llamado The Red Nation (La Nación Roja), adopta las reformas no reformistas como parte central de su estrategia. Haciéndose eco de la evaluación de Gorz de las condiciones en Europa en la década de 1960, los organizadores argumentan: “No debemos apartarnos de la verdad: todavía no poseemos la capacidad para la revolución, de lo contrario habríamos visto un movimiento de masas unificado salir de la notable energía revolucionaria de la última década. Y, sin embargo, tenemos muy poco tiempo para llegar allí”.

Respaldando un tipo de “reforma no reformista que no limita la posibilidad de lo que ofrece el status quo, pero que desafía fundamentalmente la estructura de poder existente”, The Red Nation intenta trazar un rumbo que permita campañas enmarcadas en cambios a corto plazo al mismo tiempo que presiona para una revisión estructural. Estos organizadores proclaman su intención de destruir el sistema “para reemplazarlo”, y lo ven como un proceso que puede surgir ya sea a través de la agitación o a través de “un millón de pequeños recortes”. Las reformas no reformistas son las que proporcionarán los recortes de papel y las navajas de afeitar necesarias para esta última opción.

Cuando se trata de nombrar ejemplos específicos, The Red Nation señala actividades que van desde la política electoral hasta la protesta y la ayuda mutua. “Nuestras reformas no reformistas vendrán en muchas formas”, escribe el grupo. “Se parecerán a las redes de bancos de semillas indígenas de base donde miles de agricultores sostenibles comparten, comercian y alimentan a sus comunidades. Se verán como carreras exitosas para las elecciones municipales donde los candidatos de izquierda implementan una plataforma popular para el clima y la justicia social a nivel municipal y municipal. Parecerán campamentos de tierra o resoluciones de consejos tribales que rechazan los asentamientos coloniales de agua. … Cualquiera que sea la forma que adopten, simplemente debemos ponernos a trabajar”.

La variedad de grupos que se han interesado en las reformas no reformistas pone de relieve el hecho de que la definición del concepto por parte de Gorz es lo suficientemente ambigua como para invitar al debate sobre qué demandas específicas deben o no deben incluirse. A medida que diferentes grupos y estrategas individuales han formulado sus propias iteraciones de la idea, a menudo han proporcionado listas de preguntas para que los activistas las usen en la evaluación de una reforma. Los ejemplos de varias fuentes incluyen:

“La iniciativa ¿aumenta la descentralización y la difusión del poder y control, tanto económico como político, más que su concentración?”

¿Nos “[pone] más cerca de una visión emancipadora, o [nos pone] en una mejor posición para alcanzarla[?]”

“¿Esta lucha está ejerciendo presión sobre las falla en el Estado?”

“¿Legitima o expande un sistema que estamos tratando de desmantelar?”

Y, “¿tendremos que deshacer esto más tarde?”

Tales preguntas divergen en su contenido ideológico y algunas son más consistentes con la intención original de Gorz que otras. Pero no es necesario que todos los grupos se pongan de acuerdo sobre una norma absolutamente uniforme para los cambios que aprueban. De hecho, un punto principal del concepto es permitir un debate estratégico, basado no en esquemas utópicos ni en los estrechos confines de lo que los legisladores del establishment conciben como conveniente, sino más bien en el deseo de un movimiento para crear victorias que puedan construirse unas sobre otras.

Como la autora y periodista Megan Day escribe, dirigiéndose a los miembros de los Socialistas Democráticos de América, “Los socialistas pueden tener desacuerdos razonables sobre lo que constituye exactamente una lucha de reforma estructural. Eso está bien, y ese es exactamente el tipo de debate que la izquierda socialista debería tener consigo misma”. Y añade: “Sin embargo, debemos prescindir de las concepciones que contraponen las luchas reformistas al objetivo final del socialismo como un tipo diferente de sociedad. La conclusión lógica de la hostilidad a las luchas por la reforma es la abstención de los esfuerzos continuos de los trabajadores por mejorar su calidad de vida. Ese tipo de calentamiento perpetuo de los bancos conduce a una especie de aislamiento sectario que se vuelve estéril por la falta de contacto significativo con los millones de personas que actualmente se encuentran fuera del redil”.

Reforma y abolición

Tal vez el compromiso más animado con la posibilidad de reformas no reformistas ha venido de los abolicionistas de las prisiones y de la policía, muchos de los cuales dan crédito a Ruth Wilson Gilmore por popularizar el concepto. (De hecho, los organizadores de The Red Nation señalan a estos activistas por inspirar su propia adopción de la idea). En su libro de 2007, “Golden Gulag”, Wilson Gilmore llama a los abolicionistas a buscar “cambios que, al final del día, desentrañen en lugar de ampliar la red de control social a través de la criminalización»” Señala que estos objetivos estructurales son particularmente difíciles de apuntar cuando los movimientos se profesionalizan demasiado y están en deuda con los financiadores. Sin embargo, sostiene que la dedicación a este camino es, no obstante, necesaria, escribiendo que “todas las crónicas de las revoluciones muestran cómo los cambios persistentes y pequeños, y las consolidaciones totalmente inesperadas, sumaron suficiente peso, a lo largo del tiempo y el espacio, para causar una ruptura con el viejo orden.”

En un ensayo publicado en el Boston Review sobre la larga lucha por los derechos civiles contra la policía y el encarcelamiento, el profesor de historia afroamericano Garrett Felber escribe: “La relación entre la abolición (como objetivo) y la reforma (como un medio para un fin) sigue siendo un debate vivo”. Cita una variedad de objetivos específicos que se han incluido en los llamamientos a favor de un cambio intermedio: “Ejemplos de reformas no reformistas”, señala Felber, “incluyen, entre otros: abolir la reclusión en régimen de aislamiento y la pena capital; moratorias en la construcción o ampliación de prisiones; liberar a los sobrevivientes de violencia física y sexual, a los ancianos, enfermos, menores y a todos los presos políticos; la reforma de las penas; poner fin a la fianza en efectivo; la abolición de la vigilancia electrónica, la vigilancia de las ventanas rotas y la penalización de la pobreza; y una garantía federal de empleos y hogares para los ex encarcelados”.

Mientras que la reforma de la policía y la abolición a menudo se yuxtaponen entre sí como paradigmas en competencia, Mariame Kaba, una de las principales pensadoras abolicionistas, utiliza el concepto de reformas no reformistas para sugerir áreas de superposición. “De alguna manera, lo que la gente piensa es que o estás interesado en la reforma o eres un abolicionista, que tienes que elegir estar en un campo u otro”, explicó Kaba en una entrevista en 2017. “No lo creo. Para algunas personas, la reforma es el objetivo principal y final y para algunas personas la abolición es el horizonte. Pero no conozco a nadie que sea abolicionista… que no apoye algunas reformas”. Si bien Kaba afirma que es legítimo preocuparse de que una reforma determinada pueda terminar reforzando el sistema, advierte contra caer en la trampa de pensar que «no podemos hacer nada hasta que derroquemos al Estado». Como guía para elegir demandas, se pregunta: «¿Cómo pensamos en las reformas que no nos dificultan desmantelar los sistemas que estamos tratando de abolir? ¿Eso no hace que sea más difícil crear cosas nuevas? ¿Cuáles son las reformas… que nos ayudarán a seguir avanzando hacia el horizonte de la abolición?”

Una marcha que pide la abolición de la policía en Filadelfia el 28 de junio de 2017. (Flickr/Joe Piette)

A fines de 2014, en medio de las protestas generalizadas de Black Lives Matter, Kaba escribió un blog post proponendo normas más concretas que los movimientos de reforma deberían apoyar y que deberían evitar respaldar. Aconsejó que los activistas rechacen las reformas que asignan más dinero a los departamentos de policía; que abogaba por “más policía y policía (bajo términos eufemísticos como ‘policía comunitaria’ …)”; que se basaban principalmente en el uso de la tecnología; o que «se centrara en diálogos individuales con “los agentes de policía. Entre otras medidas, argumentó que los movimientos deberían apoyar demandas que proporcionaran reparaciones a las víctimas de la violencia policial, redirigirán los fondos para la prisión y la policía a otros bienes sociales, o que “promoviera la transparencia de los datos”.

La publicación fue una sensación inesperada, y se convertiría en un punto de referencia en los debates en los próximos años. “Lo escribí tan rápido”, reflexionó Kaba. “Varios jóvenes organizadores que se identifican como abolicionistas me hicieron algunas preguntas y que estaban luchando poderosamente cuando salían todas estas propuestas sobre cámaras corporales y esas cosas. Estos organizadores querían apoyar algo, pero no sabían qué y no creían que supieran cómo resolverlo por sí mismos. Escribí ese artículo muy rápido y lo publiqué en mi blog. Se volvió viral: alguien me envió un correo electrónico desde Londres para decirme que lo estaban usando allí. Pensé, Dios mío, eso es realmente asombroso y genial para que algo sea útil para mucha gente”.

En 2020, durante los levantamientos masivos a raíz del asesinato de George Floyd por parte de la policía, el debate sobre las demandas en el Movimiento por las Vidas Negras se calentó aún más. A medida que las protestas aumentaron a principios de junio de ese año, Campaign Zero, una organización cofundada por el prominente, aunque controvertido, activista DeRay Mckesson, lanzó una campaña llamada #8CantWait. Esta campaña presentó un conjunto de demandas inmediatas que enmarcó como “ocho reformas específicas que las comunidades locales pueden adoptar para reducir la violencia policial hasta en un 72 por ciento”. Entre ellas figuraban medidas como prohibir a la policía el uso de estrangulamientos y disparar contra vehículos en movimiento, exigir a los agentes que proporcionaran advertencias verbales antes de usar la fuerza letal y obligar a la policía a presentar informes exhaustivos cada vez que utilizaran o amenazaran con usar la fuerza contra civiles. La lista fue ampliamente compartida en las redes sociales y obtuvo el respaldo de los dos políticos principales (como el excandidato presidencial demócrata Julián Castro) y celebridades (incluyendo a Oprah Winfrey y Ariana Grande).

Muchos activistas, sin embargo, no quedaron impresionados por las reformas de la Campaña Cero y arremetieron contra sus creadores. Las demandas, acusaron, eran “inútiles” e “irresponsables” —o posiblemente incluso “peligrosas”— al ignorar propuestas de cambio más exhaustivas. El alboroto reveló una división que se convertiría en objeto de un considerable debate. Curiosamente, al menos algunas de las reformas #8CantWait podrían considerarse consistentes con los estándares de Kaba para las reformas descritas en su publicación de blog de 2014: no tenían una base tecnológica, no se basaban en una mayor vigilancia comunitaria o se centraban en el diálogo con oficiales individuales. Exigir informes, por ejemplo, promueve la transparencia de los datos y es una pérdida de recursos para los departamentos de policía, que están obligados a dedicar más tiempo al papeleo. Otras reformas propuestas por la Campaña Cero no se considerarían controvertidas a primera vista: después de todo, ningún abolicionista quiere que la policía dispare a los vehículos en movimiento. Entonces, ¿qué motivó la controversia?

Un primer problema fue que, violando uno de los estándares clave de Gorz, Campaign Zero no ofreció sus demandas como pasos graduales al servicio de algo más grande. Más bien, presentaron su lista de reformas como la solución, invocando la “prueba” de la ciencia de datos para dar a sus propuestas el barniz de la objetividad. No en vano, los méritos de los datos en uso resultaron ser muy debatibles y la idea de que el problema de la violencia policial contra las comunidades de color podría resolverse de manera sustantiva con algunos ajustes menores sigue siendo muy dudosa.

En segundo lugar, existía la sensación de que las demandas hacían que el movimiento se viera contradictorio. En un momento en que las protestas masivas estaban a punto de impulsar cambios ambiciosos en la institución de la policía estadounidense, el #8CantWait exige, en palabras de un activista mencionado por Colorlines, ofreció “la salida fácil para los políticos”. La lista de reformas ignoró por completo la idea central, que estaba ganando fuerza rápidamente, de que el país debía reorientar los recursos de la policía hacia los servicios sociales. Además, desde una perspectiva organizativa, las estrechas demandas de #8CantWait estaban fuera de sintonía con el imperativo de radicalizar una avalancha de nuevos manifestantes y reunirlos en torno a una visión más profunda del cambio.

Los críticos señalaron que muchas de las reformas #8CantWait propuestas ya habían sido adoptadas por los principales departamentos de policía. Como escribió  la comentarista Olivia Murray para el Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, “De hecho, los departamentos de policía más grandes del país ya tienen la mitad o más de estas políticas en vigor, incluyendo la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y la policía de Filadelfia. En Chicago, donde la policía está sujeta a siete de las ocho políticas, parece que habría poco margen de mejora bajo la propuesta #8CantWait”. Y sin embargo, Murray señaló que la policía de Chicago todavía mata a personas negras a una tasa 27.4 veces mayor que la de las personas blancas”. En lugar de estar orientado hacia la construcción de poder de movimiento para la lucha en curso, las demandas del #8CantWait pretendían aplicar “la ciencia” para crear una resolución tecnocrática.

Frente a una ola de reacción violenta, Campaign Zero emitió una disculpa por haber “desmerecido involuntariamente los esfuerzos invertidos por otros organizadores en cambios paradigmáticos que son nuevamente posibles en este momento”. También añadió material a su sitio web en el que se indicaba que las ocho demandas se entendían únicamente como una estrategia inmediata de reducción de daños, y que también se necesitaban propuestas más sustantivas para la “seguridad integral de la comunidad” y la “abolición” a largo plazo. Pero en ese momento, una campaña rival llamada #8toAbolition había lanzado su propia lista de propuestas que, imitando la infografía de Campaign Zero, pedía medidas para reducir la policía, desmilitarizar comunidades, remover policías de escuelas e invertir en salud. El grupo abolicionista Resistencia Crítica promovió de manera similar su propia rúbrica para distinguir las reformas reformistas de las abolicionistas. En general, la controversia elevó el perfil del debate interno del movimiento sobre las demandas y difundió la conciencia del llamado a reformas no reformistas a los nuevos participantes.

Una ecología de demandas

Siempre habrá tensión entre los movimientos con una visión transformadora, por un lado, y los políticos y reformistas liberales más convencionales, por el otro. Los funcionarios electos y otros actores orientados al establishment, incluso aquellos que afirman simpatizar con los objetivos del movimiento, abogarán de manera confiable por cualquier compromiso que sea políticamente conveniente en un momento dado. Aconsejarán a los activistas que tal acuerdo es lo mejor que pueden esperar obtener y que algo es mejor que nada.

Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Si bien a menudo hay algo de verdad en esta posición, estos funcionarios no reconocen que hay desventajas genuinas en muchos acuerdos. En primer lugar, las reformas pueden atenuar las energías de los activistas y desviar la atención pública, causando la desmovilización. En segundo lugar, una victoria en un punto de disputa, a menudo se produce a costa de una concesión en otro punto, lo que puede significar el abandono de una circunscripción importante. En tercer lugar, los compromisos pueden desviar el enfoque de la promoción de nuevas demandas hacia preguntas sobre cómo se implementarán y monitorearán las reformas pasadas, a veces cooptando a los organizadores del movimiento en roles administrativos. Finalmente, como advirtió Gorz, a menos que se inicie rápidamente un nuevo ciclo de movilización, un cambio gradual puede ser absorbido de manera segura por el sistema, y su potencial transformador se desgasta constantemente con el paso del tiempo.

Los grupos de movimientos sociales, por lo tanto, deben involucrarse en un cálculo complejo al considerar tales reformas, sopesando estos aspectos negativos contra los posibles beneficios a corto plazo para sus electores. No todos los grupos llegarán a las mismas conclusiones. Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Un escollo que las organizaciones comúnmente encuentran es la suposición de que la demanda que han elegido como la más estratégica para sus propias campañas es la misma que la que todos los grupos priorizarán. Incluso si esa alineación fuera deseable —lo que no siempre es claramente el caso—, no es realista esperar que se produzca con frecuencia. Los grupos aportan diferentes ideologías, representan a diferentes grupos, se basan en diferentes fuentes de financiación y poseen diferentes teorías del cambio. Incluso una vez que una organización del movimiento decide lo que es correcto para ella, el grupo todavía tendrá que participar en la toma de decisiones matizadas sobre cómo relacionarse con las prioridades de los demás.

La lente de la ecología de los movimientos sociales proporciona un medio para comprender cómo los diferentes grupos abordan su cálculo sobre las demandas, y para elaborar estrategias sobre cómo interactuar con estos diversos actores. En lugar de mirar los esfuerzos para crear un cambio desde la perspectiva de una sola organización, este punto de vista tiene en cuenta todo el ecosistema de personas que trabajan en un tema. Reconoce los diferentes modelos de organización y conjuntos de sesgos que traen los diversos grupos. Aquellos que ocupan diferentes posiciones en la ecología incluyen: individuos que intentan jugar el juego interno cabildeando o trabajando desde dentro de instituciones de poder, grupos comprometidos con la organización basada en estructuras (como sindicatos y organizaciones comunitarias), movimientos de protesta masiva y personas que trabajan fuera del sistema para construir alternativas radicales o promover la transformación personal.

En última instancia, la idea de reformas no reformistas presenta un desafío tanto para los que se centran en los beneficios a corto plazo como para los que tienen la vista puesta en la transformación a largo plazo.

Los grupos de cada una de estas categorías evaluarán las demandas y las reformas de distintas maneras. Y aunque algunas organizaciones pueden tratar de adoptar múltiples enfoques estratégicos o difuminar los límites entre las categorías, casi siempre tendrán una orientación predominante, basada en los enfoques de organización y teoría del cambio más centrales para ellas. Para cada conjunto de grupos hay diferentes cualidades de una demanda o reforma que serán más valoradas y estas diferencias de perspectiva a menudo conducen a la tensión entre las organizaciones en un ecosistema de movimiento, incluso cuando los grupos profesan objetivos similares.

Aquellos que trabajan dentro de las instituciones principales se preguntarán: “¿Una reforma propuesta proporciona una ganancia inmediata y tangible que satisfaga una necesidad de la comunidad?” En otras palabras, están interesados en el valor instrumental de una determinada demanda o compromiso. Evaluarán su valor en función del beneficio concreto que proporciona a uno o más grupos seleccionados. Para los políticos maquiavélicos, tales ganancias son partes importantes de sus operaciones de patrocinio y esenciales en sus impulsos por preservar el poder político; sin embargo, solo perseguirán estos cambios si no generan críticas significativas o alienan a otras partes de la coalición que los apoya. Los radicales que intentan tomar el control de los resortes del poder y tirar de ellos hacia la justicia también estarán preocupados por las reformas incrementales que traen mejoras concretas a la vida de las personas. Y, debido a que están trabajando para impulsar los mejores acuerdos posibles a través de canales legislativos y burocráticos, la viabilidad a corto plazo de una demanda dará forma en gran medida a la percepción de su valor.

Las organizaciones basadas en estructuras están ciertamente interesadas en los beneficios instrumentales que una reforma podría traer a sus miembros. Pero los líderes más visionarios de estos grupos también se preguntan: “¿Cambiará el equilibrio de poder en el sistema?» En este sentido, los sindicatos a menudo participan en “negociar para organizar”, ganar concesiones de empleadores u otros titulares de poder que les permitan atraer miembros adicionales y, por lo tanto, obtener una mayor capacidad para participar en futuras luchas. Para los movimientos de protesta masiva, una pregunta crítica a hacer a una demanda es: “¿Influye en la opinión pública y reúne apoyo activo a nuestra causa?” Aquí, la resonancia simbólica de un cambio propuesto es clave. El valor de una demanda está en ganarse a bloques cada vez más grandes del público para una causa (expandiendo así el apoyo pasivo a un movimiento) o en reunir a la base del movimiento y atraer a un mayor número de participantes activos.

Finalmente, para aquellos que trabajan para crear alternativas fuera de las instituciones dominantes o para promover la transformación personal, una pregunta central será: “¿Una demanda educa a la gente o construye legitimidad para un programa de cambio más profundo?” La prioridad de estos activistas es mantener la integridad de una visión transformadora y promover la conciencia de la misma. Si una demanda es inmediatamente viable —y si resuena en el público en general— es de menor importancia. Si los expertos se enfocan en los aspectos instrumentales de una reforma priorizan el impacto a corto plazo de un cambio, aquellos que impulsan hacia alternativas tienen la visión más larga. Y si los organizadores de protestas masivas se centran en llegar a una audiencia externa más amplia, aquellos que construyen alternativas están trabajando para construir una comunidad más pequeña y dedicada que prefigura los valores de la sociedad que en última instancia desean crear.

Un paso hacia mejores estrategias

La comprensión de la ecología de los movimientos sociales en torno a un tema permite una mayor comprensión de los conflictos que surgen entre los diferentes grupos. Y si bien una apreciación de las diferentes perspectivas no tiene por qué requerir la conclusión de que todos los actores tienen la misma razón en su evaluación de una demanda o compromiso, reconocer diferentes posiciones y sesgos ayuda a los grupos a maximizar la contribución estratégica que pueden hacer.

En última instancia, la idea de reformas no reformistas presenta un desafío tanto para los que se centran en los beneficios a corto plazo como para los que tienen la vista puesta en la transformación a largo plazo. Para los organizadores preocupados por el valor inmediato de los cambios incrementales, el concepto representa un impulso más grande para pensar, para mirar más allá de las circunstancias actuales y adoptar una estrategia que esté alineada con una visión más sustantiva del cambio. Al mismo tiempo, la idea de reformas no reformistas alienta a los radicales a ser duros a la hora de trazar un curso de acción práctica. Los empuja a no permanecer puros, sino a mantener principios en tiempos en que la pureza no es una opción.

Gorz tenía claro que si los movimientos no eran lo suficientemente fuertes como para ganar una revolución de plano, tampoco serían lo suficientemente fuertes como para exigir cambios que desmantelaran el sistema directamente. Como han argumentado los organizadores contemporáneos: “No debemos apartarnos de la verdad”. El punto es crear un camino a través del cual las fuerzas populares, paso a paso, puedan construir fuerza y cambiar el equilibrio de poder. Se trata de señalar en la dirección de los deseos de un movimiento, incluso cuando, por el momento, no está a la altura de sus ambiciones más radicales. Se trata de encontrar medidas que podrían ser menos que ideales, pero que sin embargo valgan la pena, y con ellas trazar un rumbo hacia la transformación.

La asistencia en investigación para este artículo fue provista por Akin Olla.

 

* Mark Engler es escritor, miembro del comité editorial de la revista Dissent y coautor de This Is an Uprising

** Paul Engler es miembro fundador y director del Center for the Working Poor de Los Ángeles, cofundador de Momentum Training y el coautor de This Is an Uprising.

 

Artículo publicado originalmente el 27 de julio de 2021 en WAGING NONVIOLENCE, https://wagingnonviolence.org/2021/07/making-our-demands-both-practical-visionary/

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con la autorización de los autores.

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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