LÍNEAS ROJAS, UCRANIA Y LA OTAN

Marcos Kowalski*

En un artículo de este autor de hace un tiempo se dijo: “La zona más complicada para las hipótesis de conflicto de Rusia es la llamada llanura europea, que se extiende desde los Países Bajos hasta los montes Urales una especie de embudo de oeste que se va ensanchando hacia el oeste alcanzando más de 2.000 Km cuando llega a la frontera rusa, convirtiendo dicho límite en una zona expuesta de grandes dimensiones”[1].

Recordemos que los sujetos del Derecho Internacional Público son las Naciones, los países. Y que a los efectos de preservar la paz y tras la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (UN) se determinó que es el Consejo de Seguridad de ese organismo internacional, el único órgano autorizado para usar la fuerza. Pero la Carta de las Naciones Unidas plasmó en su artículo 51 el derecho a la legítima defensa de los Estados, es aquel que permite responder a los ataques militares de otro país para evitar más daños, asegurando, de esa forma, que los países pudieran protegerse a tiempo sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad de la UN.

En teoría, el derecho de legítima defensa es subsidiario y provisional. El país afectado debe comunicar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las actividades que llevará a cabo y las mantendrá hasta que el organismo retome el control de la situación.

Una vez el Estado da el aviso, el órgano aprueba una resolución contra el país atacante siempre que los cinco miembros permanentes (Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia) voten a favor. De lo contrario, el veto de cualquiera de ellos impedirá cualquier intervención. La legítima defensa nació precisamente para esquivar esta previsible parálisis.

El Consejo de Seguridad puede sancionar una aplicación de la legítima defensa que no atienda al requisito de necesidad, pues el Estado infractor habría usado la fuerza sin causa justificada. Sin embargo, si uno de sus cinco miembros permanentes realiza estas acciones, estas quedarían impunes con su veto a cualquier resolución condenatoria.

Por eso decimos que en teoría y mientras no se modifique la estructura del Consejo de Seguridad, un Estado puede invocar la legítima defensa solo cuando sea necesario, es decir, cuando un ataque extranjero en curso atente contra su integridad territorial o independencia política. Se aplica en caso de una agresión que comprenda acciones como la invasión, el asalto a buques, tropas o aeronaves, o el ataque a las fuerzas armadas.

Deja fuera otras acciones hostiles, como el bloqueo económico o los ciberataques y otras agresiones. Además, el contraataque del Estado víctima tiene que ser proporcional a la acción inicial y, si es posible, evitar usar la fuerza. En ningún caso podrá actuar con otra finalidad que la de protegerse, como aprovechar para conseguir nuevos territorios u otro tipo de beneficio.

El principio, el derecho de legítima defensa de las Naciones, puede activarse de forma individual si la aplica solo un Estado, o de forma colectiva, si varios países recurren a la fuerza para auxiliar al que ha sufrido el ataque. Para que esto suceda, es necesario que el país víctima solicite ayuda militar a sus aliados, pero también es habitual que se celebren tratados multilaterales sobre asistencia recíproca en materia de defensa, como el pacto que rige la Organización del Tratado Atlántico Norte o el más reciente AUKUS.

Con el tiempo, el uso de la figura ha cambiado, en especial tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Los atentados mostraron una nueva amenaza internacional y abrieron la veda para invocar la legítima defensa contra agentes no estatales, sobre todo grupos terroristas.

Esta interpretación tiene cabida cuando las agresiones militares de grupos armados se producen bajo las órdenes, control o financiación del Estado, y por tanto se les atribuyen. Es la variante que aplicó Estados Unidos en 2001 para invadir Afganistán en su guerra contra el terror de los talibanes. Estos formaban parte del aparato estatal y protegían en su territorio a los terroristas de Al Qaeda, el grupo de yihadistas responsable del atentado.

Mientras tanto, países como Rusia o Irán defienden el derecho a invocar la legítima defensa también ante sospechas fundadas de una agresión inminente. Ese principio de legítima defensa preventiva es el que aplicó Estados Unidos al invadir Irak en 2003. La Administración de George Bush argumentó entonces que el régimen de Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva listas para atacar a la superpotencia, aunque estas nunca se encontraron.

A pesar que La Corte Internacional de Justicia rechaza este principio porque elimina el requisito de necesidad y abre la puerta a ataques arbitrarios o desproporcionados, en enero de 2020 la Administración de Donald Trump reactivó la defensa preventiva para asesinar al general iraní Qasem Soleimani ante el temor de que estuviese desarrollando planes para atacar a militares y diplomáticos estadounidenses en Irak.

Es por eso que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó el formato actual del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, “el mundo es más grande que cinco” y “el destino de la humanidad no debe dejarse a merced de un puñado de países que ganaron la Segunda Guerra Mundial”, lo cual, afirma Erdogan, es una “injusticia del sistema global”.

Debemos convenir que todos tenemos puntos a no ceder en nuestra vida cotidiana; podemos, y de hecho lo hacemos, ceder en muchos de nuestros principios, ideas o puntos de vista, pero seguramente ni cambiaremos ni cederemos ante ataques a nuestra propiedad, pertenencia o a nuestra Fe, esto también es válido para la geopolítica.

Las naciones que, como dijimos, son sujetos del Derecho Internacional, tienen, además de sus límites geográficos, limites políticos, ideológicos o religiosos, una idiosincrasia nacional, una cultura y un inconsciente colectivo y todo eso es lo que hoy dice el presidente ruso Vladímir Putin, que Rusia no cederá y denomina “línea roja”.

En los últimos tiempos Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante las negociaciones de enero. El presidente de Estados Unidos amenaza con sanciones a Rusia si interviene en Ucrania y Moscú; recuerda que considerará una agresión cualquier avance militar en el este de Europa. El problema que comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea y el auspicio ruso a la rebelión del este ucranio, la región del Donbáss, contra Kiev por parte de Rusia, se agudiza día a día.

Rusia ya ha presentado sus exigencias para lograr lo que considera que son “garantías de seguridad”. Estas propuestas fueron publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 17 de diciembre de 2021 y el silencio de Washington en los días siguientes impacientó al Kremlin.

Hace unos días, Putin celebró un encuentro con la cúpula del ejército en la que amenazó con tomar “medidas de represalia técnico-militares” si la OTAN protegía a Ucrania, entre otros países que Moscú considera bajo su órbita. “Necesitamos garantías vinculantes a largo plazo (…). Sabemos que, incluso con garantías legales, no se puede creer en Estados Unidos porque se retira con facilidad de los acuerdos internacionales”, advirtió a sus altos mandos Putin, comandante en jefe de la Federación de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió un borrador con sus propuestas “para prevenir actividades militares peligrosas y reducir la probabilidad de incidentes entre sus fuerzas armadas”. Según la propuesta rusa, la Alianza Atlántica “asume la obligación de impedir una ampliación de la OTAN a otros Estados, incluida la adhesión de Ucrania”, y renuncia a hacer ejercicios militares en esa región, el Cáucaso y Asia Central.

Además, Moscú exige a la Alianza a que “se comprometa a no desplegar sus fuerzas armadas y armamento en territorio de todos los demás países europeos” y, en caso de amenaza a la seguridad, que los despliegues solo se hagan “con el consentimiento de todos los participantes”. Es decir, en una guerra como la del Donbáss, Rusia tendría que dar el visto bueno al envío de armas de Estados Unidos a Kiev.

En un sucinto comunicado, la Casa Blanca ha confirmado que Biden dejó claro a su homólogo ruso que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera decisiva si Rusia invade Ucrania. El presidente también expresó su apoyo a la diplomacia, mediante las tres reuniones previstas en enero. Biden reiteró que el progreso sustancial en esas mesas de diálogo solo puede darse en un escenario de desescalada, por lo que instó a Putin a reducir la tensión en la frontera.

Mientras que el gobierno de Kiev ha rebajado la tensión al afirmar que no ve una amenaza de agresión abierta por parte rusa. “Sí, hay un aumento de las fuerzas del Ejército. Pero no vemos una concentración importante en nuestras fronteras, como publican algunos medios en el extranjero”, matizó el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, según la agencia Interfax[2].

Durante tres semanas de frenéticas negociaciones a varias bandas se ha dejado de manifiesto que Estados Unidos no desea mover ficha en solitario en este espinoso asunto. El secretario de Estado, Antony Blinken, contactó al respecto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con sus homólogos británico, francés y alemán. El Kremlin, al contrario, se muestra más proclive a tratar directamente con la Casa Blanca, aunque a la vez insta a Estados Unidos a regresar a los acuerdos internacionales que el presidente Donald Trump abandonó.

En este contexto coyuntural, las cinco potencias nucleares (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China) instaron a impedir que se desate una guerra nuclear en el mundo, lo que se desprende de la declaración conjunta, publicada en la web del Kremlin[3]. Sin embargo Putin dijo en una entrevista que “hasta cierto punto las líneas rojas son especulativas” pero “hay que observar lo que viene ocurriendo en los últimos veintitantos años” en las relaciones entre Rusia y Occidente, el “Occidente colectivo” para entender la actual crisis.

En definitiva, el presidente ruso califica de “línea roja” la ampliación de las infraestructuras de la OTAN en Ucrania. Por otro lado, la Cancillería rusa advirtió que el despliegue militar de la OTAN en Georgia es otra «línea roja» para Moscú ya que perjudicaría la seguridad del país. El Ministerio se pronunció de esa manera a pocas semanas del inicio de las conversaciones con la Alianza sobre las garantías en este ámbito. Por su parte, desde la UE insisten que “cualquier discusión” sobre la seguridad en Europa debe contar con la “participación” del bloque.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que la reunión del Consejo Rusia-OTAN se celebrará el 12 de enero, según lo declaró a Reuters un funcionario de esa alianza militar. La fuente de la agencia señaló que “cualquier diálogo con Rusia tendría que proceder sobre la base de la reciprocidad”, así como “abordar las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia” con respecto a Ucrania, “en consulta con los socios europeos” de la alianza[4].

Concluyamos que es una difícil negociación, en el marco de una nueva guerra fría. Rusia por un lado y los Estados Unidos, la OTAN y Europa por el otro están intentando evitar un enfrentamiento que parecería anunciado, las maniobras en Ucrania, con participación de efectivos estadounidenses, los sobrevuelos de aviones de todos los actores y sus consecuentes intercepciones, las maniobras a gran escala de las fuerzas rusas, no son otra cosa de demostraciones de fuerza para imponer sus respectivas líneas rojas. Pero como siempre detrás de la pelea está el negocio, debemos tener presente los intereses de la provisión de hidrocarburos por parte de Rusia a Europa, la culminación y puesta en marcha del Nord Stream 2 que hace que Ucrania acuse a Rusia de utilizar el gas como arma política.

En un pacto —contrario a las reticencias de Estados Unidos sobre que el Kremlin pudiera utilizarlo como una herramienta de presión poniendo en peligro el suministro energético de Ucrania, por donde hasta ahora pasa el gas)— Alemania y Estados Unidos se comprometieron a sancionar a Moscú si Rusia restringía la entrega del gas a través de Ucrania o utilizara el hidrocarburo como arma política.

No solo los analistas sino el mundo entero y sobre todo Europa deberán estar muy atentos a la evolución de este conflicto. Las consecuencias pueden ser imprevisibles, las negociaciones muy complicadas, pero esperemos para el bien de todos que se lleguen a acuerdos que pongan fin a la amenaza de guerra en la región.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

 

Referencias

[1] Marcos Kowalski. “Rusia. Historia e hipótesis de conflictos”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 05/09/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/09/05/rusia-historia-e-hipotesis-de-conflictos/.

[2] María Antonia Sánchez-Vallejo, Javier G. Cuesta. “Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante la negociación de enero”. El País (España), 30/12/2021, https://elpais.com/internacional/2021-12-30/joe-biden-y-vladimir-putin-muestran-sus-lineas-rojas-ante-la-negociacion-de-enero.html.

[3] “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear”. Sputnik, 03/01/2022, https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-y-china-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html

[4] “La OTAN confirma que la reunión con Rusia será el 12 de enero”. RT, 04/01/2022, https://actualidad.rt.com/actualidad/415801-otan-confirma-reunion-rusia.

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BOMBAS ATÓMICAS EXTRAVIADAS Y NUNCA ENCONTRADAS

Comandante Espuela (Revista Tiempo GNA*)

Demasiadas flechas rotas

En la jerga militar, se llama “flecha rota”, cuando la bomba nuclear no detonó y se halla perdida. En la Guerra Fría, las reservas nucleares eran muy grandes y para evitar un ataque ruso por sorpresa, los estadounidenses permanentemente tenían bombardeos que volaban por todo el mundo, con armas termonucleares armadas activas y a veces las cosas salían mal. Las bombas pesaban más de 3 toneladas, era difícil transportarlas y durante una emergencia, para que el avión no se estrellara, los pilotos “accidentalmente” las dejaban caer. El gobierno de los Estados Unidos admitió haber perdido 11 bombas nucleares: 6 en su territorio y otras 5 en el Océano Pacífico, el Atlántico y Mediterráneo. En algunos casos, las extraviadas no contenían carga nuclear; en otros, estaban completas y listas para ser detonadas. Pero algunos expertos creen que fueron unas 50 y una cantidad similar extravió Rusia. Es decir, durante la Guerra Fría, más de 100 artefactos nucleares estarían perdidos en todo el mundo y nunca fueron recuperados. Después de más de medio siglo, el festival de bombas atómicas surcando los cielos ya ha dejado consecuencias en todo el planeta. Aún hoy, muchos detalles sobre el contenido radiactivo de esas bombas y/o sus restos siguen bajo secreto.

Se busca flecha rota

La silueta que se observa en la foto, tiene el mismo tamaño de una bomba atómica que cayó accidentalmente en un bosque de los EE.UU. Cómo aún no fue encontrada, se colocaron esos carteles para que los habitantes sepan identificarla. 

Los accidentes
  • En 1956, un bombardero B-47 cargado con dos bombas atómicas se esfumó para siempre mientras sobrevolaba el mar Mediterráneo y aún hoy se ignora qué sucedió con la tripulación y su carga mortal. En EE.UU., otras bombas atómicas se perdieron en Carolina del Norte y Georgia, así como en la costa de New Jersey y el Estado de Washington. En esas zonas existen carteles con la silueta de una bomba de con ese tamaño para que sea identificada en caso que sea descubierta.
  • El 11 de marzo de 1958, por la zona rural de Carolina del Sur (EE.UU.) volaba un B-47 a unos 4.500 m de altura, por un error se desprendió una bomba nuclear de 3 toneladas que transportaba, era una Mark 6 de 26 kilotones. El artefacto atómico cayó en la huerta de la casa de Walter Gregg y su familia. El núcleo de plutonio no explotó, pero 400 kilos de un alto explosivo, detonaron dejando un vasto cráter fangoso de 16 m de diámetro por 7 m de profundidad y destruyendo la casa. La bomba tenía puestos los seguros, por lo que no hubo radiación atómica y las únicas muertes fueron algunas gallinas. La propiedad pasó a través de varios propietarios, pero ninguno se molestó en rellenar el agujero. Siguió siendo un lugar asombroso, hasta que al 50 aniversario del accidente, se creó el único sitio accesible para turistas en los EE.UU.
  • En 1965, el portaaviones estadounidense Ticonderoga, surcaba el océano Pacífico cuando uno de sus aviones cayó al mar, con piloto y bomba atómica incluidos. Se encuentran a unos 5.000 metros de profundidad y desaparecieron para siempre. Por un tiempo, el accidente se mantuvo en secreto.
  • En 1966, un bombardero B-52 que transportaba cuatro bombas nucleares, se estrelló en Palmares, España. Tres fueron encontradas pero la restante que cayó en el mar y nunca habría sido recuperada.
  • En 1968, un bombardero norteamericano que se dirigía a la base militar Thule llevando bombas nucleares, se estrelló cerca de Groenlandia, las bombas se perdieron en el mar helado. Según documentos desclasificados obtenidos por la BBC, una de las cabezas nucleares habría atravesado el hielo y fue a parar al fondo.
  • No hace mucho la BBC publicó un artículo donde cuentan la historia de un buzo canadiense que podría haber encontrado una bomba atómica. El buzo estaba explorando el mar cerca de la costa de la Columbia Británica, cuando descubrió un objeto metálico de gran tamaño que se destacaba de entre la arena. Las autoridades intervinieron y el Departamento de Seguridad Nacional Canadiense dijo que se podría tratar de una bomba nuclear perdida en un accidente aéreo en 1950. Habían pasado 67 años, pero otros idóneos en el tema negaron esa posibilidad, pues estaba lejos de donde cayó el avión que la transportaba.
  • Dentro de las que sí se encontraron, el 23 de enero de 1961 un avión de bombardeo de la Fuerza Aérea de los EE.UU. que volaba sobre Carolina del Norte, en forma accidental se desintegró en el aire cayendo a tierra dos bombas de hidrógeno MK-39 cada una de 2 megatones, en total unos 4 millones de toneladas de TNT. Todas tenían cuatro mecanismos de seguridad destinados a evitar una detonación accidental. Se hallaron en un prado enterradas en el fango a unos 30 metros de profundidad y fueron encontradas fácilmente por el paracaídas que llevaban para un descenso controlado que estaban enredados en los árboles.

La guerra fría duró 46 años y se podría escribir un libro del centenar de esos accidentes, donde el mundo tuvo mucha suerte. El 90% de los incidentes donde el artefacto nuclear no fue encontrado, es clasificado como secreto, por lo que algunas historias nunca se sabrán.

 

* Revista independiente para el personal de la GNA, Tiempo GNA, Nº 64, enero de 2022.

 

MUCHA DISCUSIÓN Y TODAVÍA POCA ACCIÓN

Jorge Montezinho (“Expresso das Ilhas”, Cabo Verde)

Las instituciones internacionales se pusieron manos a la obra, pero hasta ahora, los miles de millones disponibles para restaurar la economía global no se están distribuyendo de la manera más equitativa. El FMI, por ejemplo, adelantó 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), pero de esa cantidad, África solo tenía derecho a 33 mil millones de dólares, porque estas asignaciones se hacen en proporción al tamaño de los ahorros. Los países del G7 (los más industrializados del mundo) tienen un paquete de 200 mil millones de dólares a su disposición, y los del G20 (las economías más grandes del mundo) tienen acceso a 400 mil millones de dólares.

Los datos también muestran que los países ricos han utilizado menos del 2% de los DEG a los que tienen derecho, mientras que los países africanos ya han utilizado más del 50%. Entonces, lo que se ha debatido en los últimos meses es ¿qué pueden hacer los países que tienen DES que no usan? En octubre, después de otra reunión, los países del G20 acordaron devolver a los países vulnerables $ 100 mil millones de la suma total de Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI para abordar la crisis de salud, una idea que ya había sido propuesta. En mayo, por los franceses presidente Emmanuel Macron, durante la cumbre Francia-África. Pero todavía no ha pasado nada.

“La idea de transferir DEG de países más ricos a países africanos no tuvo ningún efecto práctico, al menos en términos multilaterales, como se suponía”, dice el economista angoleño Jonuel Gonçalves a Expresso das Ilhas. “Siempre he estado a favor de una moratoria seria —un mínimo de tres años— en lugar de la nueva deuda implícita en los DES. La moratoria significa recurrir al dinero que ya existe en nuestros países, creando nuevos términos para que ese dinero se convierta en una inversión y no en una hemorragia de divisas.

Me temo que se ha perdido la gran oportunidad, porque las reglas y el humor en los centros financieros cambian según la presión de la coyuntura. Los países endeudados o con un déficit de capital tienen más probabilidades de recurrir a cualquier mecanismo para recaudar nuevos fondos, empujando la deuda cada vez más hacia adelante, y es posible que algunos países ricos hagan gestos simbólicos.

Como explica a Expresso das Ilhas el exgobernador del BCV, Carlos Burgo, esta excepcional emisión de Derechos Especiales de Giro (DES) constituye un aumento significativo de la liquidez y de las reservas internacionales, en un contexto en el que la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos.

Los países miembros deben reconstruir sus economías luego del COVID mientras aceleran la transición energética y mitigan los efectos del cambio climático. Particularmente en los países menos desarrollados, la erradicación de la pobreza requiere transformaciones estructurales con miras a garantizar de manera sostenible un crecimiento robusto. Esta liquidez adicional creada debe ponerse al servicio de la implementación de esta agenda global.

“Sin embargo”, subraya Carlos Burgo, “la liquidez generada por la emisión de DEG se distribuye en función de las respectivas participaciones de los miembros en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, a grandes rasgos, reflejan la dimensión de las diferentes economías. Este hecho agrava la asimetría del orden financiero internacional, ya que la liquidez internacional ya se crea principalmente a través de la emisión de la moneda de los grandes países, especialmente el dólar estadounidense. Así, por un lado, solo una pequeña parte de la suma mencionada pertenecía a los países menos desarrollados (21 mil millones). Por otro lado, la mayor parte se distribuyó a países más avanzados y de grandes economías con sólidas posiciones externas y que, además, pueden financiarse emitiendo su propia moneda. Por tanto, surge la cuestión de redirigir recursos adicionales a los países que más los necesitan. Afortunadamente, existe consenso al respecto tanto a nivel del FMI como del G7 y el G20 y ya se están dando pasos en esa dirección. Desde un inicio se están fortaleciendo los recursos del Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT (Fideicomiso para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza), del FMI, que otorga préstamos en condiciones muy favorables a los países más pobres, con compromisos ya asumidos, aunque aún lejos de los montos previstos. También se describe la creación de un nuevo instrumento, el Resilience and Sustainability Trust, RST (Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad), con un sobre de $ 100,000 millones, que tiene como objetivo apoyar a los países más necesitados, incluidos los pequeños estados vulnerables, en la recuperación económica y en la implementación de los cambios estructurales necesarios. También existe la posibilidad de fortalecer los recursos del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo”.

La distribución actual

La distribución de Derechos Especiales de Giro en 190 países comenzó a fines de agosto. Cabo Verde cayó en 23 millones de unidades de Derechos Especiales de Giro (DEG), alrededor de 27,8 millones de euros, más de tres mil millones de escudos, según el reparto proporcional a su participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil, la mayor economía de habla portuguesa, representa 12.700 millones de euros, seguido de Portugal, que prevé un aumento de las reservas de divisas en 2.373 millones de euros. Angola es el país africano de habla portuguesa con mayor disponibilidad, 855 millones de euros, seguido de Mozambique, con 261 millones de euros, Guinea Ecuatorial, 181,6 millones de euros, Guinea-Bissau, con 32,6 millones, y Santo Tomé y Príncipe, que recibe casi 17 millones de euros en reservas de divisas.

“Desde una perspectiva realista”, dice Carlos Burgo, “no creo que esto sea posible, dado que, en general, los DEG son parte de las reservas internacionales de los países acreedores, lo que requiere un nivel de liquidez y de riesgo crediticio que las operaciones a las que se refiere no ofrecerían. Sin embargo, Cabo Verde puede beneficiarse, de manera multilateral, de la contribución de estos países a los instrumentos antes mencionados, principalmente a través del RST y de la financiación del Banco Mundial y del BAfD ”.

“Cabo Verde se encuentra en una mala posición para negociar dado su porcentaje de deuda y una perspectiva de un difícil aumento de ingresos que le permita afrontarlo”, dice Jonuel Gonçalves. “Da la impresión de que el país juega con su buena imagen, en comparación con la mayor parte de África, pero esta imagen ya no tiene el mismo impacto por la modestia del término de comparación. Obtener una moratoria sobre las deudas pendientes sería intentar antes de tomar nuevos préstamos, al igual que DES. O, dada la situación urgente (usando una expresión amable), negocie en ambos sentidos simultáneamente. No sé si Portugal y Luxemburgo tampoco son los más indicados, ya que son dos de las economías más pequeñas de la Unión Europea, preocupados por la posibilidad de un aumento en los tipos de interés del Banco Central Europeo, medida que alteraría significativamente su situación financiera. A menos que se piense en pequeñas cantidades ”.

Un continente que necesita ayuda

La pandemia de COVID-19 se produjo en un momento en que las perspectivas para muchos países africanos eran prometedoras. A principios de 2020, el continente estaba en camino de continuar su expansión económica, con un crecimiento proyectado de 2.9% en 2019 a 3.2% en 2020, y 3,5% en 2021. Hubo importantes avances en los indicadores de reducción de la pobreza. La tecnología y la innovación se fueron asimilando cada vez más, siendo los jóvenes los primeros usuarios de nuevas plataformas como los servicios financieros móviles.

Por otro lado, África también enfrentó grandes desafíos. No estuvo cerca de lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la Agenda 2063. La gobernanza débil, la corrupción, la degradación ambiental, las violaciones de los derechos humanos, la falta de diversidad económica y las situaciones humanitarias y de conflicto, entre otras, socavaron aún más el progreso. En este contexto, surgió la pandemia, que agravó las desigualdades y aumentó las vulnerabilidades. La pérdida de ingresos afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos calificados y los del sector informal.

En mayo, la ONU señaló que para ayudar a lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la crisis, necesitaba un paquete integral de respuestas globales por un valor de un porcentaje de dos dígitos del Producto Interno Bruto global. Para África, esto significó más de 200 mil millones de dólares. También se necesitaba una congelación generalizada de la deuda de los países africanos, así como opciones integrales para la sostenibilidad de la deuda y soluciones a los problemas estructurales de la arquitectura internacional de la deuda.

En el mismo mes, estudios del FMI estimaron que los países de bajos ingresos necesitaban alrededor de 200.000 millones de dólares para 2025 para intensificar la respuesta a la pandemia y 250.000 millones de dólares adicionales para recuperar terreno con respecto a las economías avanzadas.

“No se trataría de pedir favores, sino de acceder a financiamiento para la implementación de la agenda global de la humanidad”, dice Carlos Burgo. “La recuperación de la crisis actual y desarrollar la resiliencia ante las crisis pandémicas, la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza, atenuar el cambio climático y promover el desarrollo son bienes públicos internacionales. África y Cabo Verde tienen toda la legitimidad para obtener financiación de la comunidad internacional siempre que presenten planes creíbles de transformación y reformas estructurales y promover el uso eficiente y transparente de los recursos.

No debemos tener el deseo de pensar que simplemente habrá una transferencia de riqueza a favor de nuestros países. Incluso cuando los DEG se asignan a un país miembro, se traducen en una responsabilidad externa a largo plazo. En un caso específico, el RST puede resultar en una fuente adicional de acceso al financiamiento concesional, a pesar de su condición de país con ingresos medios. Sin embargo, esto probablemente dependerá de la adopción de un programa con el FMI. Es fundamental que encontremos un nuevo modelo de crecimiento y que hagamos una gestión prudente de las nuestras finanzas públicas. Tenemos que modernizar el sistema de gestión de las finanzas públicas con miras a incrementar la eficiencia del gasto público y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, dice el ex gobernador del Banco Central.

Jonuel Gonçalves, por su parte, considera que “en este momento, no hay forma de evitar ser visto en la condición de quien pide un favor. Si hubiera sido en 2020, se habría visto como parte de la solución. Casi todos nuestros gobernadores o altos ejecutivos están mal informados sobre los detalles cruciales del cuadro mundial y pierden una oportunidad tras otra. O no tienen formación para procesar la información ”, dice el economista.

La recuperación está en marcha, pero, dice el FMI, las consecuencias económicas de la pandemia mundial nos acompañarán durante muchos años. Como resumió Kristalina Georgieva, Directora General del FMI: “El mundo necesita aprovechar la oportunidad para construir un futuro mejor. Necesitamos adoptar no solo políticas que refuercen la recuperación a corto plazo, sino también políticas transformadoras que sienten las bases para una economía mundial más verde, más digital y más inclusiva para el mañana”.

 

Publicado originalmente en Expresso das Ilhas (Cabo Verde), 15/12/2021, número 1046. Traducido por el Equipo de la SAEEG.

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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