¿EL OSO REGRESA AL DESIERTO? RUSIA ANTE EL NUEVO CONTEXTO GEOPOLÍTICO EN ORIENTE PRÓXIMO

Roberto Mansilla Blanco*

Foto: SANA

 

Los últimos movimientos entre Rusia y los países miembros de Oriente Próximo advierten la posibilidad de que el Kremlin esté reconfigurando sus prioridades geopolíticas en la región en un momento de difíciles equilibrios regionales para sus intereses geopolíticos. Entre estos equilibrios destacan el súbito retorno de EEUU como actor clave en la región y las dificultades existentes ante la expectativa rusa de concretar un foro con el mundo árabe que le permita recuperar iniciativas y capacidad de interlocución.

En septiembre pasado, la localidad rusa de Sochi acogió una cumbre entre el ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov y miembros de la Organización de Cooperación del Golfo (OCG) adoptando un enfoque multilateral. Un mes después, el presidente Vladimir Putin recibió en Moscú al nuevo mandatario sirio Ahmed al Shara’a, abriendo así una nueva era en las relaciones ruso-sirias particularmente significativa tras la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre pasado. Exiliado desde entonces en la capital rusa, Bashar al Asad se erigía junto a Irán en el principal aliado ruso en Oriente Próximo.

La cumbre de Sochi y la visita de al Shara’a a Moscú podrían interpretar las aspiraciones del Kremlin por reacomodar sus intereses en la región ante los nuevos equilibrios geopolíticos y militares tras la incierta (y varias veces alterada) tregua en Gaza acordada en la cumbre de Egipto bajo la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump a mediados de octubre. De acuerdo con fuentes del Ministerio ruso de Exteriores, Moscú recibió de Egipto la invitación a esta cumbre con plazos muy ajustados, lo cual imposibilitó que finalmente Rusia pudiera estar presente.

 

El laberinto sirio

Siendo Gaza el catalizador de nuevas iniciativas de seguridad regional, el contexto sirio tras las elecciones parlamentarias de comienzos de octubre también define un nuevo modus operandi entre Rusia y los países árabes.

La caída del régimen de Bashar al Asad supuso un notorio revés geopolítico para Moscú, tomando en cuenta que está en juego el futuro de sus dos bases militares en Siria (Tartus y Jmeimim). Por tanto, la visita a Moscú de al Shara’a resultaba determinante para Putin a la hora de asegurar el control de estas bases militares, esenciales para monitorear los intereses rusos en el Mediterráneo, Oriente Próximo e incluso el Sahel, donde Rusia tiene fuertes lazos de cooperación económica, política e incluso de seguridad con países como Burkina Faso, Níger y Malí.

Por otro lado, la visita de al Shara’a también supone para el Kremlin asegurar equilibrios geopolíticos toda vez que el controvertido presidente sirio (no debemos olvidar su pasado yihadista vinculado a Al Qaeda) está siendo cortejado por Occidente y la comunidad internacional, tal y como se observó en mayo pasado durante su reunión en Riad con Trump y posteriormente en septiembre con su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Así, Putin busca resetear la relación con Damasco manejar todo tipo de equilibrios políticos ante lo que pueda suceder en la nueva Siria post-Asad, tomando en cuenta que el exilio moscovita de Bashar al Asad le podría propiciar un rol relevante en una Siria donde miembros del antiguo régimen siguen teniendo peso político.

El contexto post-Asad en Siria implica otra variable estratégica para Moscú: Irán. El acuerdo estratégico por 20 años alcanzado entre Rusia e Irán en diciembre pasado aborda un nuevo equilibrio de fuerzas en un momento en que la administración Trump ha decidido recuperar el papel clave de Washington en la reconfiguración geopolítica de Oriente Próximo.

Teherán es un suministrador clave de drones y misiles para las fuerzas rusas en Ucrania mientras Rusia, junto con China y Corea del Norte, han sido importantes baluartes a la hora de cooperar con el programa nuclear iraní así como para crear mecanismos financieros y económicos que le permitan a la República Islámica sortear las sanciones occidentales. Si bien es cierto que Moscú mantuvo una posición notoriamente distante ante la breve guerra de doce días escenificada en junio pasado entre Israel e Irán, los lazos militares y geopolíticos siguen estando presentes, más aún ante el fortalecimiento del eje EEUU-Israel con Trump en la Casa Blanca.

Un ejemplo podríamos identificarlo en la utilización por parte iraní de misiles hipersónicos durante los bombardeos a Tel Aviv y otras ciudades israelíes en esa breve confrontación directa. Estos misiles iraníes son muy similares al misil Oreshnik ensayado oficialmente hace casi un año en el frente ucraniano durante un ataque ruso a una fábrica de armamentos en la ciudad de Dnipró.

Rusia debe igualmente nivelar sus expectativas ante la influencia creciente de otro actor con intereses en Siria como es la vecina Turquía. Ankara acrecienta su influencia ante las nuevas autoridades en Damasco incluso en el plano militar.

Miembro de la OTAN, Turquía también mantiene una agenda propia para convertirse en un actor de peso regional. Debe manejar igualmente toda seria de equilibrios y rivalidades regionales con interlocutores como Israel, Irán, Arabia Saudita y Qatar y actores exógenos como Rusia, China, EEUU y Europa. Moscú es consciente de que un acercamiento a al Shara’a implicará igualmente equilibrar sus relaciones con Ankara, con frecuencia intermitentes en cuanto a períodos de sintonía y roces.

 

El Kremlin, entre sus intereses y la «pax americana» de Trump

La reunión en Sochi con miembros de la OCG podría interpretar otro interés para el Kremlin: aprovisionarse de nuevos socios militares para la industria militar rusa, muy condicionada por la dinámica del esfuerzo bélico en el frente ucraniano, así como a la hora de afianzar estrategias de cooperación económica ante la viabilidad de proyectos energéticos relevantes que le permitan a Moscú sortear las sanciones occidentales.

Con respecto al Golfo Pérsico, Rusia ha preferido apostar por una visión integral global con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, tomando en cuenta su peso energético, diplomático y cada vez más militar. A pesar del histrionismo de Trump con respecto al plan de paz en Gaza, fueron más bien Arabia Saudita y Qatar los actores decisivos en las negociaciones con Hamás para alcanzar la tregua. Putin entiende a la perfección el papel estratégico que ocupan Riad y Doha en los nuevos equilibrios regionales.

Ampliando horizontes más allá del Golfo Pérsico, Rusia mantiene fluidas relaciones con Sudán que han permitido la apertura de una base militar y logística en Port Sudán. Con ello, Moscú ejerce un radio de influencia en el Golfo de Adén, Cuerno de África, el Mar Rojo y el Canal de Suez, estratégico para el comercio mundial por el paso de mercancías desde Asia pero también delicado en cuanto a la seguridad internacional por los conflictos armados (Sudán del Sur, Yemen, Somalia), crisis humanitaria y la presencia de una importante actividad de piratería marítima contra las embarcaciones rusas y occidentales. Desde 2022 Rusia mantiene ejercicios navales con China e Irán para repeler la actividad de la piratería.

Ya ubicados en África Oriental y en el océano Índico, la reciente crisis política en Madagascar tras el golpe militar contra el presidente Andry Rajoelina el pasado 12 de octubre, implicó una inmediata reacción desde Moscú llamando a la moderación hacia las nuevas autoridades militares advirtiendo a sus ciudadanos a no viajar a este país. El interés ruso en Madagascar está enfocado por los contactos existentes para abrir una base militar y logística similar a la de Port Sudán y al Centro Logístico abierto en la vecina Eritrea. El contexto post-golpe podría dejar en el aire esta posibilidad.

Por otro lado, y volviendo a Oriente Próximo, Moscú ha apostado por aplicar un enfoque menos integral y homogéneo en sus relaciones con varios países de Oriente Próximo, adoptando más bien una posición pragmática con tendencia a focalizar en aspectos concretos de carácter bilateral con cada uno de los actores de la región.

Un ejemplo de ello es la cuestión palestina. Si bien oficialmente ha defendido la tesis de los «dos Estados» reconociendo la legitimidad del Estado de Palestina, Putin ha hecho juego de un notable pragmatismo ante los delicados equilibrios regionales. Tres semanas después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, el Kremlin recibió a una delegación del movimiento islamista palestino, lo cual provocó la previsible protesta israelí, cuya posición ha sido de neutralidad en el conflicto ucraniano y ante las sanciones occidentales. En agosto pasado mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Esta recepción a Hamás en Moscú puede igualmente interpretarse como una toma de contacto por parte del Kremlin con el objetivo de convertirse en un interlocutor eficaz ante las tensiones crecientes en Gaza así como para intentar repeler cualquier reactivación de células yihadistas dentro de Rusia adoptando un enfoque más proactivo vía movimientos islamistas.

Si bien es cierto que, más allá de la situación en Palestina, la conversación telefónica entre Putin y Netanyahu muy probablemente se concentró en propiciar una toma de contacto con la intención de reducir las tensiones entre Israel e Irán, aliado ruso, el Kremlin no deja pasar el hecho de que en Israel existe una numerosa comunidad judía de origen ruso.

Se estima que en Israel, 1,3 millones de personas hablan ruso, constituyendo aproximadamente el 15% de la población total israelí. Incluso en la década de 1990, estos judíos rusos crearon en Israel un partido político sionista y nacionalista de derechas, B’Aliya. Pero también existen importantes comunidades de judíos ucranianos en Israel, estimada en unas 170.000 personas, un 3% de la población israelí.

Más alejado geográficamente, el Magreb constituye para Moscú un escenario de creciente interés por su proximidad mediterránea, clave para los intereses de seguridad rusos.

Un caso relevante ha sido el tema saharaui. La abstención rusa en la reciente votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el nuevo plan para el Sáhara Occidental impulsado por Marruecos, el cual otorga una autodeterminación bajo soberanía de Rabat, provocó un vuelco histórico en el tema saharaui que favorece los intereses marroquíes y de aliados como EEUU y Francia.

Se esperaba que Rusia utilizara su poder de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear esta votación, toda vez que Argelia, histórico aliado saharaui pero también socio militar y energético ruso, decidió no votar a pesar de ser miembro rotativo del Consejo de Seguridad, con voto pero sin veto. Con todo, Rusia ha expresado sus fuertes reservas sobre el proyecto de resolución redactado por EEUU y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), calificando el texto de la resolución de “desequilibrado” y constitutivo de una desviación de las prácticas establecidas.

A pesar de estas críticas, la abstención rusa en el tema saharaui puede igualmente interpretarse ante los reacomodos de equilibrios geopolíticos desde el Magreb hasta Oriente Próximo probablemente tendentes a reducir las tensiones con Occidente (y particularmente con EEUU) tomando distancia de un conflicto, el saharaui, que no resulta excesivamente prioritario para Moscú.

Por otro lado, los estratégicos acuerdos de defensa y seguridad adoptados por Trump con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán en mayo pasado implican un nuevo equilibrio de fuerzas que Rusia debe observar con atención no sólo dentro del contexto regional en Oriente Próximo sino igualmente hacia el Cáucaso y Asia Central, tradicionales esferas de influencia rusas que ahora observa un nuevo equilibrio de alianzas desde Oriente Próximo hasta el Cáucaso y Asia Central ante la pax americana de Trump.

El reciente acuerdo de paz suscrito en Washington entre Armenia y Azerbaiyán para solucionar el conflicto en el enclave de Nagorno Karabaj fue obviamente vendido por Trump como un triunfo diplomático cuyas repercusiones alcanzan al Kremlin, hasta ahora el histórico árbitro de resolución de controversias en la región.

De este modo, Washington estaría buscando desplazar a Rusia de su tradicional esfera de influencia caucásica muy probablemente vía Azerbaiyán, el visible ganador del conflicto en Nagorno Karabaj. En los últimos tiempos se han observado roces entre el presidente azerí Ilham Aliyev y Putin, toda vez que Bakú, un importante productor de petróleo y gas natural con importantes conexiones de oleoductos y gasoductos en la región, es también un aliado estratégico para Arabia Saudita.

En cuanto a Armenia, su presidente Nikol Pashinyan ha mantenido una posición pro-occidental tendiente a alejarse de la órbita de influencia rusa, abriendo negociaciones con Bruselas para una eventual admisión en la UE sin menoscabar sus acuerdos de cooperación con la OTAN. En marzo de 2025, el Parlamento armenio autorizó el inicio de negociaciones de admisión con la UE.

En junio de 2024 Armenia anunció su decisión de retirarse de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTCS), comúnmente señalada como la «OTAN rusa» en el espacio euroasiático ex soviético. No obstante, Armenia sigue siendo miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), otro organismo dirigido desde Moscú.

Para desnivelar estos giros geopolíticos que afectan sus intereses, Moscú ha reforzado aún más sus relaciones con un gobierno en Georgia más afecto a sus prioridades geopolíticas, ayudando incluso a abortar cualquier repetición de las «rebeliones de colores» que desde hace dos décadas han estado presentes en varios países ex soviéticos.

A pesar de la alianza histórica con Israel, Trump ha optado por balancear este eje unilateral colocando a Arabia Saudita como un interlocutor estratégico ante el «nuevo juego» en Oriente Próximo que le permita establecer una especie de «cordón sanitario» contra Irán. En un cálculo estratégico similar, Putin también ha apostado por la misma ecuación de equilibrios, que pasan no sólo por reforzar las relaciones con Riad sino también con Qatar, buscando con ello desviar las inquietudes regionales en el mundo árabe por su alianza con Irán, el principal rival regional de Israel.

Este retorno ruso a Oriente Próximo acontece en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente, particularmente en torno a la dinámica del conflicto en Ucrania con las escaramuzas de vuelos aéreos y de drones entre Rusia y la OTAN en los países bálticos, Polonia y Rumanía, la súbita suspensión de la cumbre de Budapest que debía reunir a Trump y Putin así como otros escenarios más alejados de este radio geopolítico como la presión militar estadounidense en el mar Caribe, que afecta a un aliado ruso como Venezuela, y la breve confrontación militar entre Pakistán y Afganistán, países donde Rusia y China poseen intereses.

En este contexto de tensiones y de conflictos abiertos muy próximos a sus esferas de influencia, en Kremlin ha apostado por el pragmatismo, a veces disuasivo, en sus relaciones con los países de Oriente Próximo. El objetivo ruso es evitar verse arrastrada a una especie de «segundo frente bélico» con Occidente más allá de Ucrania, en este caso Oriente Próximo y el Cáucaso, el histórico «extranjero contiguo» de la geopolítica rusa. El delicado rompecabezas regional implica serios problemas de seguridad para Rusia, muy condicionada por su esfuerzo bélico y diplomático en Ucrania y las tensiones con la OTAN.

Con todo, la incierta pax trumpiana en Oriente Próximo ha abierto para el Kremlin nuevas expectativas de implicación geopolítica, aunque su capacidad de iniciativa se haya visto condicionada, incluso de manera reactiva, por las expectativas de Washington de regresar como actor decisivo en la región.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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ESTADOS UNIDOS REAVIVA LA POLÍTICA DEL «GRAN GARROTE»: ATAQUES EN EL CARIBE Y LA SOMBRA DEL INTERVENCIONISMO

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Especial para SAEEG, Análisis Internacional – Octubre 2025

 

En las últimas semanas, el mar Caribe ha vuelto a ser escenario de tensión geopolítica y controversia internacional. Estados Unidos ha lanzado al menos una decena de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo la justificación de operaciones antinarcóticos y en defensa de la «seguridad hemisférica». Sin embargo, los hechos recientes —que dejaron cuatro muertos en un ataque en aguas del Caribe (1) y catorce más en el Pacífico oriental (2)— reavivan una pregunta crucial: ¿está Washington actuando dentro de la legalidad internacional o estamos ante una reedición del intervencionismo imperial de la doctrina del «Gran Garrote»?

La doctrina del «Gran Garrote»: diplomacia y fuerza

A comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt consolidó la estrategia conocida como Big Stick Policy («política del gran garrote»), una doctrina que combinaba diplomacia con la amenaza del uso de la fuerza militar. Su principio rector, sintetizado en la frase «habla suavemente y lleva un gran garrote», justificaba la intervención estadounidense en América Latina y el Caribe para «restablecer el orden» o proteger los intereses nacionales, en especial los recursos naturales estratégicos.

Más de un siglo después, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth parece resucitar aquel principio. En una serie de declaraciones y videos oficiales publicados entre septiembre y octubre de 2025, confirmó los bombardeos contra supuestas «narcolanchas» venezolanas, amparándose en «información de inteligencia clasificada» (3). Sin embargo, los ataques ocurrieron en aguas jurisdiccionales venezolanas o internacionales, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y fuera de un contexto de conflicto armado declarado.

El marco jurídico internacional: límites y violaciones

La Carta de las Naciones Unidas (4) establece, en su artículo 2 inciso 4, la prohibición expresa del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa (artículo 51) o por mandato del Consejo de Seguridad. De igual manera, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (5), determina que las aguas internacionales no pueden ser escenario de operaciones militares ofensivas, salvo bajo acuerdos multilaterales o con fines de seguridad colectiva.

En ninguno de los comunicados del Pentágono se ha acreditado una situación de legítima defensa o una autorización internacional que justifique las acciones. Si bien Washington argumenta que las embarcaciones estaban involucradas en narcotráfico, esta motivación no habilita legalmente el uso letal de la fuerza militar contra objetivos no beligerantes, máxime cuando los ataques dejan un saldo de más de cincuenta muertos desde 2024 (2).

De confirmarse que las lanchas atacadas pertenecían a civiles o pescadores venezolanos, o que los operativos se realizaron sin mediación judicial internacional, podrían configurarse crímenes de guerra o violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, tipificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (6) y los Convenios de Ginebra (7).

Intereses estratégicos: petróleo, oro y control marítimo

El Caribe y el litoral venezolano son zonas de alto valor geoestratégico. La región concentra importantes rutas de tráfico marítimo y, bajo su plataforma continental, yacen yacimientos de petróleo y oro que han atraído históricamente la atención de potencias extranjeras.

Analistas señalan que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en Medio Oriente y África —tras la consolidación de alianzas energéticas entre China, Rusia e Irán— habría impulsado a Washington a reorientar su estrategia hacia América Latina, reeditando un modelo de control preventivo sobre recursos estratégicos. En este marco, Venezuela, con sus reservas petroleras y su alineación con Moscú y Pekín, se ha convertido en un punto de fricción clave.

Un nuevo escenario de militarización regional

Los ataques navales de 2025 podrían marcar un punto de inflexión en la seguridad hemisférica. América Latina, históricamente declarada «zona de paz» por la CELAC (2014), enfrenta hoy una creciente militarización marítima, donde las fronteras del narcotráfico sirven de excusa para la proyección del poder estadounidense.

La falta de pronunciamientos contundentes por parte de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) refuerza la percepción de impunidad, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que otras potencias extranjeras intervengan en apoyo a Caracas, profundizando la inestabilidad regional.

Reflexión final: del Caribe al tablero global

Lo que comenzó con la narrativa de una «guerra contra el narcotráfico» podría derivar en una crisis de legitimidad internacional para Estados Unidos. En nombre de la seguridad y la lucha contra el crimen, Washington parece haber reactivado una vieja lógica de dominación: la del garrote que habla más fuerte que la diplomacia.

El mar Caribe, antaño testigo de invasiones y bloqueos, vuelve a ser hoy un espejo de las tensiones globales, donde el poder, la soberanía y los recursos naturales se disputan a golpe de misil.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

(1)- DW. (2025, 3 de octubre). Cuatro muertos en nuevo ataque de EE.UU. contra lancha. Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/cuatro-muertos-en-nuevo-ataque-de-eeuu-contra-lancha/a-74232728

(2)- RTVE. (2025, 28 de octubre). Estados Unidos mata a 14 supuestos narcotraficantes en ataques contra tres narcolanchas en el Pacífico Oriental. RTVE Noticias. https://www.rtve.es/noticias/20251028/estados-unidos-mata-14-narcotraficantes-ataque-narcolanchas-pacifico-oriental/16790353.shtml

(3)- Ventas, L. (2025, 17 de septiembre). ¿Son legales los ataques de EE.UU. contra embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales? BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c147k3d80pno

(4)- Carta de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/un-charter

(5)- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf

(6)- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma. Naciones Unidas. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

(7)- Convenios de Ginebra. (1949). Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra-y-sus-comentarios

 

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SI NO SON SUSTENTABLES LAS PROVINCIAS NO PUEDEN SER AUTÓNOMAS

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, 28 de octubre de 2025.

 

Lo pensamos antes de las elecciones intermedias del 26 de octubre, lo ratificamos luego de ellas: Los gobernadores deberán “poner las barbas en remojo”.

Por un lado, el control externo cada vez es más explícito: “nosotros ayudamos a ganar a Milei” (Donald Trump) “la inusual flotilla de aviones con los mandamás del JP Morgan” y la presencia de Tony Blair y Condoleezza Rice para definir la parte; por el otro, algunos argentinos están aprendiendo y, es muy probable que los funcionarios de los gobiernos que no satisfagan las más básicas necesidades y aspiraciones de sus comunidades serán objeto de duras críticas y, sufrirán el voto castigo, si es que estamos a tiempo.

Muchos de los errores, incapacidades y malas administraciones de los gobernadores han pasado desapercibidos frente a la gran exposición de la grave crisis del país. Los menos, por el contrario, se destacan frente a la mediocre e irresponsable administración nacional.

No avanzaré sobre la debilidad y la dependencia con el gobierno central –que se acrecentará con la intervención extraña– que tienen muchos de los gobiernos provinciales en materia de explotación y aprovechamiento de sus recursos; la radicación industrial y la incapacidad para comercializar la producción. Si no son sustentables las provincias no pueden ser autónomas. Esto queda en evidencia cuando los senadores y diputados votan en el Congreso leyes del Poder Ejecutivo Nacional que desactivan el consumo interno; encarecen los insumos, bienes y servicios básicos; dificultan la radicación industrial y reducen a cero las inversiones en rutas y conectividad. Los gobiernos de provincias son presos de su dependencia.

En una oportunidad, conversando con el gobernador de una provincia del NOA respecto a los emprendimientos mineros, diques, etc. en los que se exigía en los pliegos de licitación a los prestadores de servicios de alimentación que los productos a suministrar fueran de primera marca, le pregunté por qué se establecía esa cláusula; a lo cual me respondió que los operarios debían comer el mejor alimento. Craso error: la primera o segunda marca o las marcas blancas no son diferentes en su calidad y sanidad, porque el Código Alimentario Argentino y el Decreto 4238/68 de inspección de productos animales lo prohíbe. Son, en todo caso, marcas más conocidas en la población por una cuestión de marketing empresario y una continuidad en el mercado. De hecho, productos menos conocidos, que tienen buena venta, son comprados rápidamente por las grandes empresas.

Pero este tema, adquiere una dimensión mayor en el desarrollo de las provincias menos favorecidas, ya que el gobernador que exigía proveer alimentos de primera marca no tenía prácticamente productos de esta calificación en su provincia y, la consecuencia era que volúmenes altísimos de alimentos se debían adquirir, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Es decir, toda la generación de recursos económicos producidos en su provincia, se extraían como con una aspiradora en favor del crecimiento de terceras provincias con mayor desarrollo industrial y productivo. Cuestión, que ocurre del mismo modo, con los hipermercados que proveen estas marcas acreditadas y se llevan de las provincias los sueldos de empleados públicos y privados.

Hay casos más graves aún; pero, mencionaré uno emblemático: Tierra del Fuego. Su economía depende en gran medida de la ley 19.640 de régimen especial fiscal y aduanero de exención impositiva que cuestionan casi todas las provincias restantes; aunque, fundamental desde el punto de vista poblacional y estratégico. No obstante, no ha logrado llevar adelante ni siquiera un proyecto de transformación pesquero pese a las grandes potencialidades que tiene su territorio insular y marítimo.

Tierra del Fuego, es la segunda provincia del litoral marítimo, que menos productos pesqueros descarga. Su vecina Santa Cruz desembarca unas 115.000 toneladas anuales de especies pesqueras y, Tierra del Fuego solo alcanza a las 33.000 (29%). El Puerto de Mar del Plata está ubicado a una distancia similar a Río Grande y Ushuaia de los caladeros de langostino (Pleoticus muelleri); pero, la primera desembarca unas 12.000 toneladas anuales y, Tierra del Fuego ni un kilo.

Las provincias del litoral marítimo han mantenido un volumen relativo de desembarcos anuales; sin embargo, la Provincia de Tierra del Fuego redujo sus descargas de 94.333 toneladas anuales en 2008 a 33.000 en 2024. Además de ser la que menos valor agrega a las exportaciones, a desembarcado escasas capturas de calamar illex y merluza hubbsi contrastando también con su vecina Santa Cruz que entre ambas especies capturó 56.000 en 2024 y, sus exportaciones, alcanzan solo a unos 70 millones de dólares, fundamentalmente derivados de la exportación de unas 3.000 toneladas de Merluza Negra, de alto valor y bajo valor agregado. Todo ello pese a las ventajas impositivas. Y aunque el Grupo Newsan SA radicado en Ushuaia ocupa el primer lugar en las exportaciones pesqueras argentinas, ello es producto de las inversiones que tiene en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz donde captura, procesa y exporta las tres principales especies argentinas: langostino, merluza hubssi y calamar illex.

Lo que ocurre en Tierra del Fuego contrasta con las 250.000 toneladas anuales que se pescan en Malvinas, un territorio invadido de Tierra del Fuego, sin que la Provincia haya iniciado acción alguna al respecto. 

El gobierno de Tierra del Fuego solo administra la Isla Grande, un pequeño territorio del total de la Provincia, llevando a debilitar no solo la soberanía provincial sino también la nacional y, ese gobierno, parece no haberse dado cuenta, pese al artículo 2° de la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, que tiene sus atribuciones limitadas: «…la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno» que, si bien a nuestro juicio es inconstitucional, es una verdadera espada de Damocles.

El gobierno provincial se sigue asumiendo como un mero delegado del poder central, como cuando la Provincia se trataba de un mero Territorio Nacional, ya que es inadmisible que, teniendo gran parte de su jurisdicción invadida no ha podido erradicar de Tolhuin el radar de capitales británicos; la empresa británica Harbour Energy que viola la Ley 26.659; la empresa LATAM que no reconoce la autoridad provincial en un Aeropuerto de su jurisdicción, etc. Una verdadera prolongación de la invasión del Reino Unido en Argentina. 

Los resultados en Tierra del Fuego son una clara demostración que el Gobernador no está atendiendo las necesidades de su población y, como dijimos, las exigencias externas e internas crecerán porque su jurisdicción está en disputa y el pueblo ya lo ha entendido.   

Frente al “alineamiento” del gobierno de Milei a Estados Unidos que parece profundizarse con la designación como Ministro de Relaciones Exteriores de Pablo Quirno quién el 12 de agosto de 2013 posteo: «¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?» (sic), todo parece indicar que se va a necesitar un gobernador con una mirada más inteligente, menos tolerante y más allá de la Isla Grande.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. cesarlerena.com.ar

 

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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