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CARLOS MENEM (1930-2021)

Santiago González

Encaminó a la Argentina por el derrotero de la posmodernidad, y la dotó de una institucionalidad perversa

Armado de un desparpajo a toda prueba, una simpatía arrolladora y una confianza en sí mismo inquebrantable, Carlos Menem condujo durante diez años los destinos de la Argentina y la entregó a sus sucesores firmemente encaminada por el derrotero de la posmodernidad. Adelantó la faena de destrucción del orden conservador iniciada por los militares de 1976 y continuada por su predecesor Raúl Alfonsín sin edificar nada en su reemplazo, lo cual no significa realmente un fracaso porque de eso se trata precisamente la posmodernidad: nihilismo extremo como condición para la imposición de un nuevo orden.

Menem sobresale entre todos los presidentes desde el restablecimiento del sistema democrático porque fue el único que hizo algo en algún sentido, que tomó decisiones audaces y afrontó las consecuencias. El resto de sus pares se dedicó a administrar la decadencia o a robar. O las dos cosas juntas. Su llegada a la Casa Rosada coincidió con la caída del Muro, y él entendió rápidamente que se avecinaban nuevos tiempos, con nuevas reglas de juego, a las que era necesario acomodar un país ya por entonces peligrosamente rezagado.

Sus detractores lo acusan de haberse atenido a las recetas del llamado Consenso de Washington, como si eso significara responder a los mandatos del Norte. Pero es un alegato tan ingenuo como el de atribuir el socialismo de los sesenta a los mandatos de La Habana. Por encima de esas influencias, reales sin duda, existe algo que se llama el espíritu de la época, y así como en los sesenta se pensaba que el mundo marchaba inexorablemente hacia el socialismo, en los noventa, bajo la guía espiritual de Reagan-Thatcher-Juan Pablo II, nadie dudaba de su decidido avance hacia lo que hoy describimos convencionalmente como neoliberalismo.

Si Menem tomó ese rumbo no fue por cuestiones ideológicas, que no le importaban. Los redactores de obituarios renunciaron a la idea de encontrar una cita suya que resumiera el espíritu de su gestión. Ni fue una persona particularmente consagrada a alguna causa o vocación patriótica. Menem fue sobre todo un político pragmático y ambicioso que decidió hacerse cargo de un país atrasado, con la infraestructura destruida, endeudado, empobrecido, azotado por las hiperinflaciones y los saqueos. El achicamiento del estado, la estabilidad monetaria y la apertura económica no eran opciones ideológicas, eran imposiciones de la realidad.

Lo que decidió a Menem a asumir esa responsabilidad, antes que la ideología o el patriotismo o la codicia, fue el ansia de poder. El poder era su dios, su patria y su maestro; lo disfrutaba sin disimulo, y a sus demandas podía ceder cualquier principio, convicción o lealtad. En el altar de esa pasión, el riojano sacrificó partes entrañables de su vida, y también partes entrañables de la nuestra. Ofrendas que no eran exigidas en su totalidad por el modelo económico adoptado, sino por su bulímica necesidad de acumular, conservar e incrementar poder.

Su desdén por las cuestiones ideológicas le permitió exhibir un perfil ecuménico al disponer la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, estrechar en un abrazo al almirante Isaac Rojas, figura consular del antiperonismo, e indultar por igual a guerrilleros y militares condenados por los enfrentamientos de los setenta, pero cuando sintió su autoridad amenazada por el coronel Mohamed Seineldín no lo eximió de un largo encarcelamiento, y echó de la residencia presidencial a su propia esposa Zulema Yoma, quien le recordaba sus compromisos previos con Seineldín. (“Cuidado, coronel, que éste lo va a traicionar”, le dijo Zulema refiriéndose a Menem, según relató el militar).

A quienes atravesamos su presidencia, Menem nos dio una década de serenidad económica desconocida, y una sensación de libertad para andar por el mundo, o para ponernos en contacto con las cosas del mundo, que también resultó una novedad para los nacidos y criados en una Argentina cerrada. Los camporistas y otros millenials se sorprenderían al enterarse de que ese ambiente de tecnología y comunicaciones que los rodea, y que consideran natural, es posible gracias a Menem. Dos de las grandes fuentes de divisas que hoy mantienen el país andando —la informática y la agroindustria— nacieron o se modernizaron en el marco de la apertura menemista. Las cosechas salen por rutas y puertos construidos durante los noventa.

Los desarrolladores y habitantes de los barrios privados que florecieron como hongos en esa década seguramente saben que su saludable estilo de vida se debe a que Menem modernizó y amplió la infraestructura vial, y a que las empresas de servicios privatizadas por Menem pudieron acudir rápida y eficazmente a proveerles de lo necesario. Muchos jubilados que hoy comprueban con angustia cómo se diluye su estipendio mensual deben recordar que Menem había creado un sistema sustentable donde sus aportes y sus réditos estaban identificados con nombre y apellido.

No es poca cosa ese legado positivo apenas esbozado, pero tampoco es toda la que pudo ser, dada la profundidad y dureza de las reformas encaradas por su gobierno, ni toda la que fue benefició al país. A la Argentina menemista le faltó un ingrediente decisivo para proyectarse en el tiempo, un ingrediente que Domingo Cavallo, y también Gustavo Béliz, reclamaron hasta la exasperación: institucionalidad, gobierno de la ley, transparencia administrativa, gestión eficiente. Pero ambos funcionarios fueron expulsados del gabinete, porque sus demandas chocaban contra las obsesivas ambiciones del presidente por eternizarse en el poder, ambiciones que explican su legado negativo.

La consecuencia inmediata de esa falta de un orden que reemplazara el que se estaba demoliendo fue que nadie creyó en la Argentina del Consenso de Washington, más allá de su incorporación al G-20 0 el tratamiento brindado a Menem en los Estados Unidos, similar al calificativo de “general majestuoso” dispensado en la década anterior al general Leopoldo Galtieri. No creyeron los argentinos, encantados con la posibilidad de sacar la plata afuera sin problemas, ni tampoco creyeron los extranjeros, que volcaron sobre el país más capitales especulativos que inversiones reales, y cuando invirtieron fue en la compra de empresas ya instaladas y con rentabilidad garantizada o cosas parecidas.

A Menem le corresponde el dudoso mérito de haber introducido el cinismo en las prácticas políticas argentinas, lo cual no ayudaba mucho en materia de credibilidad. Mejores o peores, civiles o militares, los dirigentes locales se habían cuidado siempre de guardar cierta correspondencia entre sus palabras y sus actos. Menem fue el primero en desentenderse de lo dicho, y ufanarse de ello: “Si les decía lo que pensaba hacer, no me votaba nadie”. Todos aprendieron la lección. Menem pudo burlarse de sus compromisos con Seineldín, pero muchos sostienen con fundamento que pagó caro el incumplimiento de unos acuerdos no escritos con la jerarquía política siria

El capitalismo prebendario no fue una creación de Menem pero el manejo en muchos casos desaprensivo de la política de privatizaciones por parte de su gobierno lo fortaleció, y lo convirtió en los hechos en una práctica aceptada, que sus sucesores de todo signo elevarían luego a niveles sorprendentes incluso para un país acostumbrado a convivir con la corrupción. El contexto de las privatizaciones menemistas fue asimismo el caldo de cultivo para el saqueo de los recursos del estado que, desde entonces, se practica sin culpa, en todos los niveles de gobierno, como si fuera un derecho adjunto al cargo electivo.

La subordinación de la justicia al poder político, la integración de cortes adictas, la interacción entre determinados tribunales y los servicios de inteligencia, no eran cuestiones desconocidas antes de Menem, pero eran excepcionales y puntuales. El menemismo las institucionalizó. Bien podría decirse que el menemismo dotó al país de una institucionalidad perversa, cuyo punto culminante es la Constitución de 1994, quizás lo más detestable de su legado, cuando Alfonsín cedió al ansia de poder de Menem para obtener a cambio el sometimiento del Estado argentino a los designios de la socialdemocracia.

Con Menem, finalmente, el peronismo entró en lo que otra parte describí como su tercera etapa histórica, la etapa mafiosa, como maquinaria electoral de alquiler sin doctrina ni otro propósito que no sea el de facilitar el acceso al poder de quienes les paguen por sus servicios, como hace el kirchnerismo desde 2003. La misma desnaturalización sufrieron los sindicatos desde la llegada de Saúl Menem y el ocaso de Saúl Ubaldini. Sus líderes históricos, eternizados en la conducción de los gremios, ineptos para cualquier batalla, corrieron la suerte de todo organismo emasculado: engordaron.

En su mayoría, los críticos de Menem suelen asociar su legado negativo a su supuesta adhesión al socorrido neoliberalismo. Pero no pueden explicar qué parte del neoliberalismo le exigía liquidar los ferrocarriles. O eliminar la educación técnica. O entregar al extranjero los recursos pesqueros y mineros. O ceder YPF a los españoles. O muchos otros ejemplos similares que guarda la memoria colectiva. Todos y cada uno deben explicarse seguramente de otra manera, que probablemente comience con un susurro halagador al oído de Menem, como el que le dedicó el ex rey Juan Carlos en beneficio de Repsol.

El menemismo no perduró como corriente política, pero hizo escuela. En agosto de 2001, desde la prisión donde cumplió más de una década de condena por su levantamiento de 1990, Seineldín le escribió a Menem: “Debo recordarle que para recuperar lo que usted destruyó en diez años se necesitarán por lo menos sesenta años, y cuatro generaciones trabajando a fondo”. Pronto se va a cumplir un tercio de ese plazo, y el proceso de desintegración de la nación argentina, iniciado por los militares, continuado por Alfonsín, institucionalizado por Menem y perfeccionado por sus herederos kirchneristas y macristas sigue su marcha posmoderna hacia un nuevo orden no decidido por sus ciudadanos.

 

Publicado originalmente el 15/02/2021 en https://gauchomalo.com.ar/carlos-menem-1930-2021/  , “El sitio de Santiago González”

Santiago González

 

 

REFORMA AGRARIA

Iris Speroni @SperoniIris

En lo que va del SXXI hubo una silenciosa “reforma agraria” en varios países de occidente.

Nota original de Restaurar https://restaurarg.blogspot.com/2021/03/la-estrategia-del-consejo-nacional-de_18.html

 

El 1º de marzo de este año, 2021, el presidente de la Nación propuso en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del HCN como iniciativa:

“La solución de los problemas de infraestructura y regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en distintas zonas del país,…”.

Los que conocemos a los “progres”, socialdemócratas, o cualquier otro nombre que se pongan, aprendimos a desconfiar de la palabra de esta gente.

Tenemos innumerables ejemplos de que estas personas presentan una idea benévola y conveniente para la población, la cual termina como un ancla atada a nuestro cuello.

Es una práctica generalizada en todo Occidente, y Occidente, en este caso, incluye a Francia y a Venezuela.

Va desde “vamos a modernizar la educación”, y la destruyen hasta que el pedazo más grande que queda es de un centímetro cúbico; “vamos a mejorar las jubilaciones”, y anulan el ajuste por inflación; “vamos a cuidar la mesa de los argentinos” y obligan a malvender el trigo de los productores a 10 empresas molineras que lo revenden a precios internacionales; “vamos a reducir el presupuesto militar” y  dejan a nuestras FFAA con material obsoleto (*) que se traduce en la muerte de decenas de pilotos porque los aviones se caen y en la indefensión mientras Chile y Brasil se pertrechan hasta los dientes y los españoles en connivencia con los ingleses se llevan nuestra pesca.

Hay cientos de ejemplos en las últimas décadas. “Vení, te va a gustar”, para terminar vejados.

Años atrás propuse en un artículo en La Prensa y luego en una charla en el INFIP que había que hacer una segunda conquista del desierto (**). Las razones son claras a mis ojos: dos tercios de la superficie continental argentina es árida. Regarla permitiría —al menos— duplicar el área explotada.

Por eso, cuando leí el discurso, mi primera reacción fue de alegría: ¡finalmente el gobierno intentará extender la frontera agrícola!

Una segunda lectura, menos apasionada, demuestra que nada de eso dijo el presidente. ¿Qué tierras aptas para el cultivo no se pueden explotar en la Argentina? Los Parques Nacionales, los campos en poder de las FFAA (y tampoco, porque la ley que se las otorga permite su explotación con el beneficio de los arriendos para el tesoro de las fuerzas). Todo el resto sí se puede explotar. ¿Necesita infraestructura de transporte? Ciertamente. Todo el flete es un desastre en nuestro país.

¿Qué problemas regulatorios existen en Argentina excepto la prohibición de tocar los Parques Nacionales? Ah, la compra de campos por extranjeros (límite bastante laxo, por cierto).

Las cuentas del productor agropecuario

¿Por qué no se riegan las tierras áridas y se convierten a tierras arables?

Una aclaración previa: en los últimos años ha habido un progresivo incremento de la superficie sujeta a riego, al abaratarse la infraestructura necesaria. Segunda aclaración: no todas las tierras pueden recuperarse; algunas por salinas, otras por exceso de otros minerales.

Pero hay otras tierras que sí sirven, sin embargo los privados no instalan riego y las explotan. ¿Por qué? (***).

Los productores agropecuarios argentinos no cobran la totalidad del precio de lo que producen. Una parte (la del león) se la queda el BCRA al pagarles $ 90 por dólar en lugar de $ 155. Luego, sobre lo que les queda, tienen que pagar derechos de exportación (DEX) que van desde 33% a 5%; impuesto al cheque (1,2%). 

55% del costo de flete terrestre (combustible, camiones, cubiertas) son impuestos. Sufren la inexistencia de transporte fluvial y la escasez del ferroviario (40% en EEUU, 10% acá del volumen total de cargas). El costo del flete en Argentina promedia el 20% del precio de venta del producto vs. el 8%/12% en Canadá, EEUU o la Unión Europea (para comparar grandes extensiones).

Por todo esto, la rentabilidad de muchas explotaciones agropecuarias argentinas trabajan en situación de equilibrio, a pérdida, o con un leve superávit que jamás remunera el capital inmovilizado.

En una explotación en la pampa húmeda, la crème de la crème de la fertilidad mundial, el rendimiento es del 0% al 2% sobre capital.

Con la vaca en brazos que resulta el estado argentino y los “amigos” que alimenta, ¿a quién le puede interesar regar hectáreas y hectáreas?

Una vuelta de tuerca

La respuesta es: a gente a las que las cuentas le tiene sin cuidado. Con el agravante de que detrás de la “iniciativa” puede estar la intención de que el Estado argentino los subsidie y les otorgue exenciones impositivas, bajo la excusa de que “harán productivas y aptas” tierras hoy dormidas.

¿Y por qué no? Subsidios y exenciones impositivas a fondos de inversión o gobiernos extranjeros o “empresas” que recibirán tierras fiscales gratis o a precio vil, las cuales posteriormente harán inversiones de riego financiados por el BID, el BM o el CFI (con garantía del estado nacional); fondos de inversión que son solamente fachadas (“frontings”) de … los políticos.

No hay detalles de esta iniciativa presidencial en el presupuesto nacional 2021; ni planes exhibidos por los ministerios de Producción o Medio Ambiente o Agricultura. Cuando se haga público veremos si es como el proyecto chino de los cerdos (traer instalaciones sin pagar arancel de importación, con dólar a $ 90, más beneficios impositivos, y soja o maíz a precio internacional x $ 90 x {1- DEX}). Y capaz que pensaban exportar carne de cerdo sin DEX. Total, son importaciones temporarias.

Veremos si esto no es Cerdos Chinos II: dar tierras a China o a Qatar o al Fondo de Inversiones X o a algún organismo multinacional o multilateral o multialgo con los siguientes privilegios:

– eximición de impuestos a la importación de equipos de riego (con dólar a $ 90),

– eximición de todo impuesto nacional y provincial (inmobiliario, IIBB, Bs. Personales, impuesto al cheque, IVA, Ganancias). 

– créditos del BM garantizados por el estado argentino.

– eximición de derechos de exportación para el producido.

Así que estemos atentos.

Universos alternativos

Algún día seremos gobierno. Como muchas veces hablamos con @TodosGronchos, tiene que haber un proyecto nacional de aguas, donde éstas sean retenidas al inicio, en lugar de “acelerar” su descarga al océano o al Paraná. Esto último ha sido la propuesta, siempre fracasada, de los últimos gobiernos. El agua dulce no debe llegar al mar, o llegar lo menos posible.

Requiere una red de represas, reservorios, bombas para “subir” el agua, control de caudales de ríos, acueductos, canales —navegables o no—, interconexión de ríos que hoy corren paralelos. Una obra de ingeniería que nos tendrá ocupados décadas.

Esta es una parte.

La otra parte es utilizar el agua en la Patagonia y en el oeste del país. Ya sea que se retenga agua de lluvia, se suba agua de napas o se construyan acueductos este-oeste (contraintuitivos) con algún sistema de bombas, sifones o combinado.

Permitirá fertilizar nuestra diagonal árida para: 1) incrementar nuestra área de ganadería y agricultura; 2) plantar árboles, crear bosques, practicar la silvoganadería.

Si destináramos el 50% de la tierra nueva a bosques, podríamos reponer parcialmente el desmonte de la selva amazónica. Con esto conseguiríamos financiamiento internacional (no imprescindible), con las siguiente consecuencias favorables: mantener la propiedad de la tierra en los actuales dueños o permitirles la venta en parcelas menores con créditos para pequeños y medianos productores, tejer una red de pueblos y pequeñas ciudades en zonas actualmente deshabitadas, fortalecer soberanía sobre estos bosques artificiales (en lugar de una “gobernanza global”). Permitir a familias a huir del conurbano.

Implicaría:

– obra en infraestructura masiva,

– trabajo en la obra y en las explotaciones futuras,

– dar nuevas oportunidades a miles de familias,

– aumentar las exportaciones,

– aumentar la demanda interna en bienes de inversión (alambradas, molinos, maquinaria agrícola, materiales de construcción, etc.),

– recuperar los FFCC,

– llenar de vegetación nuestro país,

– ocupar el territorio.

Como dije, un universo paralelo.

* * *

Otro sí digo: En lo que va del SXXI hubo una silenciosa “reforma agraria” en varios países de occidente. Como explica Christophe Guilluy, el 20% de las tierras francesas pasó de manos de pequeños agricultores (la columna vertebral de los intereses agrarios de Francia) a compañías multinacionales, fondos de inversión o directamente al gobierno chino. 

Actualmente está en discusión en EEUU las tierras compradas por empresas, fondos de inversión, magnates (el amigo Bill Gates compró miles de hectáreas) y, nuevamente, el gobierno chino, que ha comprado sostenidamente propiedades desde el 2010 a la fecha. En algunos estados hay libertad absoluta para comprar tierras (Ohio, Texas) y en otros sufren restricciones (Iowa).

Detrás de todo hay intereses económicos, políticos en echar a las personas de los campos, geopolíticos y posibilidad de negociados. Existe un proyecto de ley del partido demócrata para que el estado federal de EEUU compre tierras a privados, con el objetivo de repartirla a futuros colonos negros en concepto indemnizatorio por haber tenido algún antecesor esclavo hace 200 años atrás. Sea como sea, puede ser un negoción para quien haya apoyado a los demócratas y haga lobby para la sanción de la ley y tenga tierras para vender. Como Gates, reciente terrateniente.

Resultados de elecciones presidenciales de EEUU 2020 por condado. En rojo donde ganó Trump (áreas rurales), en azul donde ganó Biden (áreas urbanas).
En rojo hay grandes extensiones con pocos habitantes. Con «recolocar» pocas personas se puede mover el mapa electoral a azul.

En Venezuela gran parte de la propiedad de la tierra pasó de manos, de los antiguos dueños a los jerarcas del actual régimen.

Como fuere, el tema de la tenencia de la tierra va a ser un problema en las próximas décadas.

* * *

Otro sí digo 2: Voy a listar una serie de artículos (lamentablemente en inglés) y bibliografía en francés. Si pueden, dense una vuelta.

 

LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO SUR DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS

César Augusto Lerena*

Según lo publicado por Clarín (Natasha Niebieskikwiat, 08/03/2021) la organización ambientalista Greenpeace cuenta que «el Atlántico Sur es una zona sitiada y sometida por estas horas a la depredación de los recursos por parte de cientos de barcos extranjeros, la mayoría chinos, pero, también coreanos y españoles que, según un monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la sobreexplotación de los recursos (…) El descontrol pesquero es tal, que a la fecha del monitoreo (…) Greenpeace contabilizó al menos 470 buques extranjeros sobre todo en la zona conocida como Agujero Azul, frente a las costas patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz (…) mientras que en la Zona Económica Exclusiva Argentina se concentran unos 270 barcos (NdA: suponemos nacionales). Los buques que están el Agujero Azul están extrayendo calamar y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados (…) están acompañados por cuatro buques petroleros —como gigantescas estaciones de servicios— y por ocho buques frigoríficos que, reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control (…). El Gobierno (…) reforzó las multas para la pesca ilegal (…). El Ministerio de Seguridad y el de Defensa anunciaron mayores controles y, en el caso del segundo, se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero estos, que ya presentaban dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales (…) Greenpeace busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales y, el «Agujero Azul» sería parte de esta red. Complementario con este tratado, la Argentina ha estado impulsando y liderando un proyecto de ley para la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso de Greenpeace».

Bueno, empecemos por decir que Greenpeace, logra visibilizar algunas de las cuestiones, como la pesca ilegal, que alguno de nosotros viene denunciando desde hace décadas; en buena hora, pero, para entender esto en toda su dimensión, deberíamos separar la paja del trigo: no importa tanto dónde se produce la pesca ilegal, como decir claramente algo que Greenpeace no denuncia: que esos recursos que se pescan mayoritariamente en forma ilegal, tanto en el área de Malvinas, como en el llamado Agujero Azul y, en general en alta mar más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, son recursos migratorios argentinos que migran en su ciclo biológico desde la ZEE hacia alta mar y desde ésta regresan a la ZEE Argentina si en su trayecto no son capturados antes por estos buques extranjeros que pescan en forma ilegal depredando el ecosistema. La comunidad internacional, como la Argentina, no terminan de tipificar claramente el dominio de estas especies y se limitan a decir que la pesca en alta mar es libre; cuestión, que como me he referido en reiteradas oportunidades es falso, porque la libertad que refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no es una libertad absoluta y sin límites y, mucho menos puede ser depredadora, porque iría precisamente en contra con el objeto principal de la CONVEMAR, de preservar los recursos pesqueros a perpetuidad.

La Argentina al ratificar la CONVEMAR por Ley 24.543 observó y dejó claro en el art. 2º inc. c): «…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».

Ningún funcionario argentino responsable (los Secretarios de Pesca y de Malvinas, entre otros) se ha ocupado de dar cumplimiento a estas observaciones en la CONVEMAR (tampoco a la ley 24.922), lo cual, no solo beneficia a los buques extranjeros depredadores sino muy especialmente a los que pescan en Malvinas y consolidan al gobierno británico en las Islas. Hoy el secretario de Malvinas Daniel Filmus y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman han sido incapaces de iniciar acuerdos consensuados con los sectores empresarios y trabajadores llevando adelante los instrumentos necesarios para terminar con la pesca ilegal que nos aleja de la recuperación de Malvinas, daña el ecosistema pesquero, la economía y el desarrollo poblacional, industrial y laboral del litoral marítimo y muy especialmente el patagónico.

Estoy totalmente a favor de dar sostenibilidad a la explotación pesquera y cuidar el ambiente, pero absolutamente en contra de multilateralizar el área. La Administración de los recursos en el Atlántico Sudoccidental debe estar en manos de la Argentina (y Uruguay en su zona) y, en sus respectivos espacios marítimos de todos los Estados ribereños en cuyas ZEE se originen los recursos. Cuando Greenpeace «busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales (y, amplia) el «Agujero Azul» es parte de esta red y, que la Argentina ha estado impulsando (…) un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul» está erróneamente promoviendo asegurar un área de protección de recursos que, luego serán explotados por los buques extranjeros licenciados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en el área de Malvinas, como ocurre ya con el Área Marina Protegida de un millón de km2 alrededor de las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur o el Área Marina Namuncurá, donde las especies migran hacia el área de Malvinas y son explotadas por los buques licenciados por el Reino Unido. ¿Alguien tiene dudas sobre los motivos de la presencia de la patrulla americana y el submarino atómico de Estados Unidos en el Atlántico Sur en estos últimos tiempos? Ocupar un espacio marítimo estratégico y presionar sobre los buques chinos que le dificultan el otorgamiento de licencias británicas (ilegales) pesqueras a los buques españoles, coreanos y taiwaneses en el área de Malvinas.

Que nos quede claro: la cuestión central a abordar es la titularidad de Argentina sobre los recursos migratorios originados en la ZEE. La Argentina tiene suficiente capacidad técnica para administrar los rendimientos máximos sostenibles, instaurar limitaciones y vedas, etc. y no necesita de ningún santuario establecido por organismos multilaterales.

Accesoriamente, pese a lo indicado en Clarín por Natasha Niebieskikwiat, el control en la ZEE es insuficiente y el aumento de multas inocuo; de hecho, desde que el Congreso sancionó el aumento de las multas por la Ley 27.564 del 16/09/2020 la Argentina no aplicó una sola multa a buques extranjeros.

La pesca ilegal ocurre desde hace más de 50 años por parte de buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, japoneses, rusos, polacos, portugueses, etc. en el Atlántico Sur. A su vez, desde 1982 en Malvinas y con permisos ilegales británicos, pescan, especialmente británicos, españoles y asociados entre ellos, buques que capturan unas 250 mil toneladas anuales, lo que equivale, a un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. A su vez, en alta mar, buques extranjeros capturan unas 750 mil toneladas de recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de dominio del Estado Argentino, lo que, junto a las capturas en Malvinas significan una extracción anual del millón de toneladas de un valor estimado en los cuatro mil millones dólares; es decir, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas y, desde 1982, cuando se internacionalizó el Atlántico Sudoccidental, una extracción de productos pesqueros por un valor de 152 mil millones de dólares.

La FAO (2016, p. 5/6) estima que al menos el 30% de las capturas en el mundo son ilegales, generando unos 36 mil millones de dólares anuales, lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de la seguridad humana” y alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas. El Informe de la ONU (1994) sobre Desarrollo Humano examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (2005) se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere medidas más agresivas» (L. Vaz Ferreira). Ante la presencia china, los intereses británicos y la parálisis argentina, no debería asombrarnos la presencia de una patrulla y un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sudoccidental, en consonancia con el reciente (febrero 21) anuncio del nuevo presidente Joe Biden de una Task Force contra China.

Nada más evidente que la pesca ilegal que realiza en el área de Malvinas, donde el gobierno ilegal otorga licencias a entre 100 y 200 buques extranjeros, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y, la propia indicación de no innovar de la Resolución de las Naciones Unidas 31/49. Por fuera de esta área y más de allá de las 200 millas marinas casi 500 buques pescan igualmente en forma ilegal.

Se entiende como pesca ilegal, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella pesca que se realiza infringiendo las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; donde no se declaran o se declaran en forma inexacta las operaciones; las que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o, no pueden controlarse las capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en alta mar; las que reciben subvenciones de los Estados facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.

Pescar en forma ilegal; depredar los recursos pesqueros y desequilibrar el ecosistema del mar argentino, no es solo una cuestión de violación de la soberanía; ni solo un tema económico. Tampoco solo una cuestión social si no, que es atentar contra los derechos humanos de tercera generación: derechos al desarrollo sostenido y a la protección natural del ambiente y de los recursos de las próximas generaciones y, por lo tanto, debe ser tratado y penado como tal. Un grave atentado al ecosistema y a la humanidad, donde la Convención del Mar (CONVEMAR), no podría limitar los derechos de los Estados ribereños —los titulares del dominio de las especies migratorias de la ZEE— ya que sería contrario a su espíritu de asegurar la sostenibilidad de las especies y, donde países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Perú, la Unión Europea, Venezuela, etc., habiendo o no aprobado la Convención, consideran a la pesca ilegal un delito penal o sugieren su aplicación para combatirla, ya que han entendido, que no alcanza con la acción civil para desalentar la pesca ilegal.

La CONVEMAR, en su Preámbulo, manifiesta que los Estados Parte están «…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y deben tener en cuenta «…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…» y, en este sentido, la pesca ilegal impide el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente del litoral patagónico y de Tierra del Fuego, un área estratégica frente a la ocupación británica del área meridional del Atlántico Sudoccidental y los archipiélagos australes.

La pesca ilegal no se trata de un hecho aislado, sino de una operación inconsulta y masiva de Estados de Bandera provistos de miles de grandes buques factorías subsidiados que depredan el mar sin control alguno o, en el caso de las licencias ilegales británicas en Malvinas explotan y comercializan productos con base de proteína que se les quita a la Argentina donde la pobreza alcanza al 44%, contrariando por tal razón, uno de los objetos centrales de la CONVEMAR y la FAO.

La CONVEMAR establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y, ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible y, por lo tanto, la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran a alta mar, tanto como la sobrepesca en alta mar afecta los recursos en la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera en alta mar están obligados a acordar la captura con los Estados ribereños, ya que resulta un absurdo que especies migratorias como el calamar, la merluza y otras especies, que son de dominio de Argentina, por el solo hecho de transponer la línea imaginaria de las 200 millas, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema argentino.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), como he dicho, no es una libertad absoluta, y está acotada a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y «ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…» y que entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran «el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117/118º); la determinación de las capturas permisibles y la conservación, teniendo en cuenta, la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º).

La ZEE y la alta mar deben tratarse como un todo y no es posible que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema. La propia directora de Recursos Naturales de los británicos en Malvinas Andrea Clausen (MercoPress, 07/05/2020), dijo: «generalmente hay unos 400 buques chinos operando en el Atlántico sur (…) todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…». En palabras británicas una confesión, que ratifica que los recursos de Malvinas migran desde el continente argentino a los archipiélagos argentinos.

La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. El Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima (2014) «expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal, como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica que beneficia al crimen organizado transnacional.

En este escenario resulta central que la Argentina promueva la declaración de dominio de los Estados ribereños de los recursos migratorios que se originan en sus ZEE; declare a la pesca ilegal un delito penal y la incorpore al artículo 186º del Código Penal e inicie las acciones para tipificar de contrabando las exportaciones de productos desde Malvinas. Son hechos gravísimos sobre los que la Argentina debería actuar en forma urgente.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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