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BRASIL. SEGUNDO LUGAR EN LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES, DE ALTA DEMANDA AMBIENTAL.

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Jerzy Górecki en Pixabay

El biocombustible se refiere al combustible sólido, líquido o gaseoso compuesto o extraído de la biomasa, que puede reemplazar a la gasolina y al diésel a base de petróleo.

La llamada biomasa se refiere a diversos organismos producidos a través de la fotosíntesis utilizando la atmósfera, el agua, la tierra, etc., es decir, todas las sustancias orgánicas vivas que pueden crecer.

Incluye plantas, animales y microorganismos. A diferencia de los combustibles tradicionales como el petróleo, el carbón y la energía nuclear, se trata de combustibles renovables.

Dado que el cambio climático es reconocido como una realidad y su impacto ha mostrado un daño evidente al medio ambiente, los países se están dando cuenta de la necesidad de tomar medidas rápidas, radicales e innovadoras para frenar el ritmo del cambio climático.

Una de estas medidas es que los gobiernos promueven el cambio de las fuentes de energía tradicionales a fuentes alternativas como la bioenergía. Los biocombustibles provienen de residuos naturales, que emiten mucha menos contaminación que los combustibles fósiles, y los combustibles fósiles a su vez consumen recursos. Los biocombustibles se pueden dividir en bioetanol y biodiesel.

El bioetanol es un combustible extraído del maíz, el almidón, el sorgo, las patatas, el trigo, la caña de azúcar y los residuos vegetales. El biodiesel es una mezcla de aceite vegetal y animal y diésel de petróleo.

El biodiesel, por otro lado, puede mejorar la lubricación del combustible y prevenir el desgaste prematuro de las piezas móviles. En una fuga de aceite y diésel, el biodiésel es mucho menos dañino para el medio ambiente.

Debido a la creciente demanda de bioetanol como combustible para vehículos, este segmento ocupa una cuota de mercado significativa, ya que sus características de protección del medio ambiente pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que debería promover el desarrollo del sector.

Desde una perspectiva global, se considera que los datos de mercado predicen y presentan las previsiones para 2019-2025. A nivel regional, deben tenerse en cuenta los mercados en áreas clave, a saber, América del Norte, Europa, China, Japón, el Sudeste Asiático y la India.

Geográficamente, América del Norte tiene la mayor parte del mercado mundial de biocombustibles debido a las políticas de apoyo del gobierno, como los numerosos incentivos fiscales proporcionados por el gobierno.

Estados Unidos es el líder mundial en biodiésel, gracias a políticas, directivas e incentivos sólidos para fomentar la producción, el consumo y la investigación de nuevas tecnologías para combustibles alternativos.

América del Sur es el segundo mayor productor de biocombustibles. Brasil y Argentina produjeron más del 40% de los biocombustibles en 2015. Además, la gran cantidad de tierra cultivable disponible en Brasil y el apoyo del gobierno convierten al país en el segundo mayor productor de biodiésel.

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos impuso derechos a las altas importaciones, apoyó el dumping o la competencia desleal con los productores locales de soja y prohibió la importación de biodiésel argentino a base de soja. Sin embargo, se espera que los eurobonos, generalmente considerados fuertes, aumenten el crecimiento del mercado argentino.

A este respecto, hay que decir que desde principios de 2020, el mundo está sufriendo la peor crisis de salud pública en casi un siglo. Con el fin de prevenir la propagación de la epidemia, los países han entrado en un estado de estancamiento, la economía mundial está sustancialmente estancada y la demanda de la industria petrolera se ha visto gravemente afectada.

Ante las dificultades mencionadas anteriormente, el gobierno del Brasil considera que los biocombustibles son un ámbito de desarrollo prioritario para la innovación tecnológica, una forma importante de salir de las dificultades económicas.

Antes de la década de 1970, Brasil se basaba básicamente en importaciones debido a reservas insuficientes de petróleo crudo. Recordemos que en 1973, estalló la primera crisis del petróleo en el mundo. El alza de los precios del crudo golpeó la economía brasileña, lo que exigió la importación de más de la mitad del crudo.

Por lo tanto, el gobierno brasileño estaba decidido a explotar los ricos recursos terrestres del país y las condiciones agroclimáticas favorables para extraer combustible de etanol de caña de azúcar, mandioca y otros cultivos y desarrollar tecnologías de biocombustibles representadas por etanol y biodiesel de acuerdo con las condiciones locales.

En 1975, Brasil anunció la implementación del Plan Nacional de Etanol, fomentando el uso de la caña de azúcar para producir etanol para reemplazar el petróleo, lanzando el preludio al desarrollo de biocombustibles.

El gobierno federal alentó a los ciudadanos e inversionistas a utilizar combustible a base de etanol a través de subsidios, cuotas, compras de combustible de etanol monopolístico, ajustes de precios e intervenciones administrativas.

L’União da Indústria de Cana-de-Açúcar estima que durante los cuarenta años comprendidos entre 1975 y 2015, el etanol brasileño produjo alrededor de 2.500 millones de barriles de gasolina, reduciendo con éxito su dependencia de las importaciones de petróleo.

El Brasil siempre se ha referido al etanol tradicional producido por la fermentación de la caña de azúcar como etanol de primera generación. Hoy en día en Brasil, la tecnología de producción de etanol de primera generación es muy madura y, gracias al uso de una enzima especial, el costo es un tercio menor que el de los Estados Unidos para extraer etanol del trigo. En los últimos años, el gobierno brasileño también ha comenzado a fomentar el desarrollo de etanol a partir de maíz.

Brasil utiliza principalmente como materia prima de biodiesel las semillas de ricino.

Sin embargo, el clima seco en el noreste limita el aumento en la producción de petróleo extraíble. Desde entonces, Brasil ha utilizado el aceite de soja como principal materia prima para el biodiesel. Actualmente, el 71% de las materias primas del biodiesel brasileño provienen del aceite de soja, el 12% de la grasa de ternera y el resto de grasas animales como cerdos y pollos o aceites vegetales como el aceite de semilla de algodón y el aceite de palma.

Aunque Brasil se ha convertido en el segundo mayor productor mundial de biocombustibles, la estructura actual del consumo de energía de transporte brasileño sigue estando dominada por los combustibles fósiles. En la estructura energética del sector del transporte en 2018, la gasolina representó el 30%, el diésel ordinario el 45%, el etanol el 15%, el biodiésel sólo el 2,4% y el resto el gas natural y el queroseno.

En diciembre de 2016, los tres ministerios brasileños de Minas y Energía, Medio Ambiente y Agricultura redactaron conjuntamente el proyecto de plan nacional de desarrollo de biocombustibles para regular y fomentar la producción y aplicación de biocombustibles nacionales.

El 26 de diciembre de 2017, el entonces presidente Michel Temer aprobó oficialmente el plan nacional de desarrollo de biocombustibles. El plan es un documento jurídico estratégico formulado por el gobierno y subraya el importante papel de los biocombustibles para garantizar la seguridad energética nacional y promover el desarrollo económico.

El plan establece claramente que para 2030 el porcentaje de energía renovable en la estructura energética nacional habrá aumentado al 45%, de los cuales los biocombustibles representarán el 18%. Para 2030, se espera que un tercio de las ciudades del país invierta en el desarrollo de biocombustibles, que pueden proporcionar cerca de 150 mil millones de reales (unos 28.300 millones de dólares) a la economía nacional y crear alrededor de un millón de puestos de trabajo.

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, la superficie cultivada en Brasil es de unos 64 millones de hectáreas, lo que representa sólo el 7,6% de la superficie del país, incluyendo 33,9 millones de hectáreas de soja y nueve millones de hectáreas de caña de azúcar.

Para ampliar la producción de caña de azúcar y soja, Brasil tiene suficientes recursos terrestres: los biocombustibles no entrarán en conflicto con la producción de alimentos y hay un enorme espacio para el desarrollo de nuevas soluciones homólogas.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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3 DE FEBRERO DE 1813. COMBATE DE SAN LORENZO.

Combate de San Lorenzo, detalle de la carga de Granaderos a Caballo.
Oleo de Ángel Della Valle actualmente en el Museo Histórico Nacional.

Fue al leer Nuestra Señora de París entre la infancia y la adolescencia que descubrí que Febo, el militar de quien está enamorada la gitana Esmeralda, lleva el nombre de un dios romano del sol, y ahí entendí que ‘Febo asoma’ era una alusión al amanecer, y no, como creía, ‘¡Fehuasoma!’, jaculatoria propiciatoria a la manera de ¡Aleluya! u ¡Hosanna!, que me resultaba apropiada a la heroica epopeya que los versos de la Marcha de San Lorenzo describen y evocan.

Y ‘Cabral, soldado heroico’ me marcó a fuego su conducta como guía.

De fuego también ese bautismo de los granaderos de San Martín, que los había creado a ejemplo de los regimientos que había conocido en Europa, a la que como todos nuestros primeros próceres adoptaba como modelo en el que creía.

Sin nostalgia alguna de pobrismo ni subdesarrollo ni de ser la voz de los sin voz porque él tenía la suya de clarín, que Alberdi registra en París antes de verlo personalmente en casa de un argentino a quien visita, Guerrico si mi septuagenaria memoria no me engaña. Y busca una Patria que está fundando y afianzarán tantos otros durante algo más de dos siglos.

Y no había mujeres en ese regimiento, como en ningún otro de entonces. Y si alguno de los soldados u oficiales sentía atracción por otro, esa ‘filia’ quedaba en la intimidad de los pensamientos y corazones, sin disminuir su coraje y valentía.

Y los hijos de madres esclavas nacían ya, desde unos días antes, libres, como lo había dispuesto la gloriosa Asamblea del Año XIII inaugurada el 31 de enero previo y a la que está dedicado conjuntamente con el Congreso de Tucumán que proclamaría nuestra independencia tres años después, el Monumento a los Dos Congresos cuyo entorno deterioran cada tanto patoteros ignaros en nombre del Pueblo que los prohombres ahí reunidos engendraron y cimentaron.

Aspiraban, querían, peleaban, se esforzaban por una Patria libre para desarrollar la ley, la educación, la industria, la agricultura y el comercio en provecho de sus habitantes.

Hace unos días, también, me preguntaba por qué una calle céntrica de mi ciudad natal y querida Santa Fe lleva de nombre esa fecha —‘lo que se cifra en un nombre’, diría Borges—, y el amigo Marcelo me lo recordó al iniciarse este mes de ‘fiebres’ y pandemia, cuyo curso no debe echar en el olvido esas luchas por la libertad y la dignidad de que venimos, lo que le agradezco.

Y estas líneas aspiran, quieren, inspirar a otros que como yo siguen anhelando esa Patria fundada por hombres como nosotros, aunque ellos merecen todos los monumentos, y nosotros seguimos teniendo que ganarnos el recuerdo que dejemos.

Juan José Santander*

Buenos Aires, en el día de la Presentación de Nuestro Señor

 

Marcha de San Lorenzo – Granaderos

* Diplomático retirado. Fue Encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina en Marruecos (1998 a 2006). Ex funcionario diplomático en diversos países árabes. Condecorado con el Wissam Alauita de la Orden del Comendador, por el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, M. Benaissa en noviembre de 2006). Miembro del CEID. 

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MÁS “INNOVACIONES” EN MATERIA DE INTELIGENCIA

Marcelo Javier de los Reyes*

El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].

Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.

En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.

La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.

La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.

Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:

ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.

Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.

Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.

La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:

5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.

11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.

A estos efectos cabe también citar el artículo 14:

El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.

Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.

Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.520, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

    1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
    2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:

Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.

La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.

Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.

Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.

Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.

Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:

Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.

Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.

La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.

En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Luciana Bertoia. “La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción. Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia. Página 12, 24/01/21, https://www.pagina12.com.ar/319273-los-principales-lineamientos-de-la-nueva-ley-de-inteligencia.

[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.

[3] “La Coalición Cívica pide eliminar la AFI”. Agencia Legislativa, http://agencialegislativa.com/la-coalicion-civica-pide-eliminar-la-afi/

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