Archivo de la etiqueta: Argentina

PLAN MAQUILLAJE DE AFIP NO RESUELVE LA EMERGENCIA PYME

Ante la nueva Resolución General Nº 4557 de AFIP publicada en el día de la fecha en BOLETÍN OFICIAL el Colectivo de Mujeres Argentinas por las PYMES, formado por empresarias, emprendedoras y comunicadoras, repudia las medidas ante la gravedad actual y su agudización en los próximos 90 días.

Esto es maquillaje electoral, necesitamos instrumentos concretos para resolver la gravedad del problema en el sector más productivo del país: las PYMES.

La tasa de financiación significa que vamos a pagar un 300% más de la deuda original. Eso dependiendo de los ajustes trimestrales que se aplicaran desde enero del 2020.

Entendemos que esta es una medida oportunista con fines electorales que no resuelve los problemas de fondo. Es una irresponsabilidad lanzar esta resolución porque ahoga a las PYMES con tasas variables a partir del pago de la cuota 02, aplicables desde enero 2020 y actualizada cada tres meses. Ese sistema de financiación es inédito en planes de pago de AFIP. No sabemos cuánto  vamos a pagar la deuda, no podemos calcular costos, solo sabemos que las deudas serán pagas en plazos de hasta 10 años. Sin embargo, no sabemos el monto final de la deuda ni el costo de financiación por adherir a este plan que propone AFIP.

AFIP no da garantías, es irresponsable y busca generar un beneficio electoral y a su vez una caja en base a tasas que no son claras. Al adherir al plan de pagos, estamos aceptando normas de juego que no son claras y esto atenta directamente contra la producción. Cada 3 meses debemos pasar por la angustia e incertidumbre sobre la cuota que se abonará. 
Honestamente, hacemos un llamado a la seriedad y a la negociación con reglas claras para poder trabajar dignamente. Queremos poder trabajar, pagar las deudas, queremos pagar sueldos y tributar lo que corresponde.

Reiteramos que Mujeres Argentinas por las PYMES no está bajo ninguna bandera política. Defendemos el derecho al trabajo y las reglas claras.  Somos el sector más productivo del país: las PYMES.

Consideramos acertado que no se exija pago a cuenta a las empresas MIPYME y el plazo de financiación de hasta 120 meses, igualmente resulta razonable el tope a la tasa de interés del 2.5% para estas empresas en las actuales condiciones, y el tratamiento de los embargos.

En cambio creemos que el sistema de cálculo de las cuotas arrojará valores muy elevados, al menos para las primeras de ellas, y que las condiciones de caducidad son muy estrictas para un plan de pago de 10 años, ambas cuestiones creemos que pueden producir que muchos planes caduquen regenerando el problema que se intenta solucionar.

OBSERVATORIO ARGENTINO – ALEMÁN DE GEODESIA (AGGO)


Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

 

AGGO es el único observatorio geodésico de América Latina que integra la red global de observatorios fundamentales (Fig. 1). Está ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en el municipio bonaerense de Berazategui. Su ubicación estratégica en el hemisferio sur le confiere una gran visibilidad internacional que contribuye a fortalecer el liderazgo que la Argentina ejerce sobre la región, en todo lo concerniente a las ciencias y las tecnologías geoespaciales.


Figura 1. Red global de observatorios geodésicos fundamentales. Las ‘porciones’ de las ‘tortas’ representan las técnicas de medición instaladas en cada observatorio. La figura es elocuente en cuanto al rol estratégico que juega AGGO, por su ubicación en el hemisferio sur, por ser el único observatorio de su tipo en América Latina y por ser uno de los tres observatorios más equipados del mundo.

AGGO es una iniciativa conjunta de los gobiernos de la Argentina y Alemania, fundada en un convenio bilateral suscrito en noviembre de 2013 entre el CONICET y la Agencia Alemana de Cartografía y Geodesia (BKG[1]). El proyecto fue concebido como una respuesta concreta al llamamiento de las Naciones Unidas[2] a fortalecer la cooperación internacional para mejorar el Marco de Referencia Geodésico Global (GGRF por sus siglas en inglés).

Las Naciones Unidas han identificado a los datos espaciales como un insumo imprescindible para el desarrollo sostenible y al GGRF como una componente esencial de la infraestructura global de datos espaciales. La nomenclatura “datos espaciales”, engloba a una enorme diversidad de datos cuyo denominador común es el de estar vinculados a un lugar específico del planeta. Tales datos se obtienen de muy variadas maneras, ya sea desplegando censistas en el terreno, instrumentos en la tierra, el aire o el mar o en satélites artificiales. En todos los casos, el dato debe contar con la información que permite asociarlo con el lugar donde fue recabado. La asociación entre dato y lugar es lo que se denomina “georreferenciación”. La forma más difundida de georreferenciar los datos es mediante los Sistemas de Navegación Satelital Global (GNSS por sus siglas en inglés), de los que el GPS es el más conocido.

Los datos espaciales son generados por muchísimos actores. En la Argentina, por ejemplo, numerosos organismos dependientes de la Presidencia de la Nación (Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Agroindustria, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Defensa, etc.); organismos técnicos del Estado Nacional (Administración de Parques Nacionales, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Cámara Nacional Electoral, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Dirección Nacional de Vialidad, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Geológico Minero Argentino, etc.); y una larga lista de organismos provinciales, municipales, organizaciones civiles intermedias y empresas privadas.

Para poder integrar la información recabada por actores tan diversos en una infraestructura de datos espaciales, ya sea a escala nacional, regional o global, es necesario que todos los actores adhieran a un protocolo de intercambio que incluye acuerdos científicos, tecnológicos y políticos. Una condición sine qua non de tal protocolo es que la información espacial esté georreferenciada en el GGRF. El GGRF está “anclado” al planeta por los observatorios fundamentales que se muestran en la Fig. 1. A partir de ellos se instalan otros observatorios de menor jerarquía que lo van extendiendo a escala continental, nacional, provincial y municipal. Por ejemplo, en la Argentina, a escala nacional, el GGRF está materializado por la red de estaciones GNSS permanentes que opera el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la actualidad, esa red está “anclada” al planeta a través de observatorios fundamentales muy lejanos, todos ubicados en otros continentes. La llegada de AGGO permitirá contar con un punto de anclaje en nuestro propio territorio.

En febrero de 2019 el CONICET firmó un convenio con el Ministerio de Defensa gracias al cual AGGO fue provisto de personal técnico y científico de las Fuerzas Armadas, necesario para operar los dos instrumentos más importantes del Observatorio. Este hecho permitió pasar de la fase de puesta a punto del instrumental a la fase de producción de datos. Gracias a ello, la Argentina es hoy un agente activo dentro de la red global de observatorios fundamentales. El personal técnico de las Fuerzas Armadas adquiere en AGGO una capacitación muy especializada en temas vinculados con la informática, la electrónica, la óptica, la geodesia, la topografía y la cartografía. Dicha formación se adquiere a través de clases teóricas impartidas por los expertos de AGGO y mediante una práctica intensa que involucra la operación de instrumentos muy sofisticados que solo son accesibles en pocos lugares del mundo.

AGGO cuenta con un instrumental sofisticado, valuado en más de € 15 millones, que fue aportado mayormente por la contraparte alemana, en tanto que el CONICET aportó la infraestructura necesaria para albergar dichos instrumentos. El convenio binacional le asigna a Alemania la mayor parte en la responsabilidad de mantener los equipos (aproximadamente un millón de Euros por año), en tanto que sobre el CONICET recae la de financiar los costos operativos y del personal científico.

Varios organismos nacionales desarrollan programas de trabajo basados en AGGO, entre ellos, el IGN y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), responsables de la cartografía terrestre, fluvial y marítima del país; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable de la implementación de la Plan Espacial Nacional; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), responsable de la metrología; etc.

A los antes mencionados se agregan un extensa red de centros educativos, de investigación y desarrollo en las universidades de La Plata, Buenos Aires, Cuyo, San Juan, Rosario, Tucumán, Santiago del Estero, del Sur, etc., que usan los datos generados por AGGO para abordar una gran variedad de problemáticas relacionadas con el estudio del planeta y de sus procesos de cambio, por ejemplo: ordenamiento territorial, inundaciones, terremotos, vulcanismo, movimientos de glaciares, variaciones del nivel del mar, variaciones del almacenamiento de agua subterránea, propagación de ondas electromagnéticas en la atmósfera, determinación precisa de la gravedad, el tiempo y la frecuencia, etc.

Instrumental de AGGO

AGGO es una Observatorio Geodésico Fundamental cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de las infraestructuras nacionales de datos espaciales y al estudio de la geodinámica y el cambio global. ‘Fundamental’ alude a que reúne todas las técnicas de medición de la Geodesia moderna (Fig. 1): un radiotelescopio para interferometría de línea de base muy larga (VLBI[3]); un telescopio láser para telemetría a satélites artificiales (SLR[4]), varios receptores de señales de los sistemas globales de navegación apoyados en satélites (GNSS[5]), gravímetros de alta precisión (absoluto y superconductor), relojes atómicos (Rubidio y MASER de Hidrógeno), sismógrafos, sensores meteorológicos e hidrológicos, etc.

Los diferentes instrumentos de AGGO funcionan en forma permanente y coordinada con los restantes observatorios geodésicos fundamentales que conforman la red global. La función primaria de todos los observatorios es garantizar la producción y puesta en disponibilidad de los datos, de acuerdo con los estándares internacionales.

Radiotelescopio

6m radiotelescopio offset, foco primario

recepción de banda S (2.22.35 GHz) y X (89 GHz)

participación en la red de servicio rápido en el IVS

Sistema de Satellite Laser Ranging, SLR

telescopio de 50 cm apertura

láser safiro titanio de dos colores, 847nm, 423.5nm

repetición pulsos: 100 Hz

ancho de pulsos: 40 ps

energía de pulsos: 15 mJ

mide satélites desde órbita baja hasta geoestacionaria

Gravímetro Super Conductor

resolución: 10 nGal

Gravímetro Absoluto

mide la gravedad absoluta g = 979924069,75 μGal

resolución: 2 Gal

principio: caída libre

Sensores complementarios:

Sismómetro de banda ancha

Estación meteorológica

Humedad de suelo

Inclinómetros

Referencias

[1] Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

[2] Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 26 de febrero de 2015, A/RES/69/266, «A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development».

[3] Very Long Baseline Interferometry

[4] Satellite Laser Ranging

[5] Global Navigation Satellite Systems

 

Se agradece la difusión de este artículo.

Síganos en @ArgentinaSaeeg

EL ACUERDO EUROSUR Y EL BREXIT. LA INDUSTRIA PESQUERA Y LA SOBERANÍA NACIONAL.

César Augusto Lerena*

Ya nos referimos a las asimetrías entre la Unión Europea y el MERCOSUR y el Acuerdo, que llamaremos en adelante EUROSUR y, las dificultades de Argentina, respecto a la inflación, los costos de fletes e insumos, las dificultades portuarias, la burocracia, los impuestos y desindustrialización, entre otras cuestiones, que quitan competitividad a los productos industriales pesqueros. Suponiendo, que pudiésemos resolver esta cuestión de fondo, con la que convivimos desde hace muchas décadas, es muy poco probable que Argentina logre un comercio equitativo con Europa, si este Acuerdo se limita a un mero intercambio de bienes y no a una verdadera “Asociación Estratégica”, que, pese a los anuncios, no parece ser. Más bien, se asemeja mucho a las consignas del Virreinato del Río de la Plata de 1796, donde incluso varios relevantes hombres de Buenos Aires y Montevideo entendían que «América debía entregar a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas».

Trataremos de ser optimistas, evitando caer en el triunfalismo retozón —hasta el llanto— del Canciller Jorge Faurie o en la crítica sin aportes de alguna oposición desinformada y, me referiré, a algunos requerimientos que el Estado argentino debería formularle a los negociadores de la Unión Europea, para que desde el punto de vista de la soberanía nacional y, en el ámbito de la actividad pesquera, este Acuerdo, mute hacia una Asociación Estratégica y pueda ser provechoso para la industria del país, sus empresas, los trabajadores y sus comunidades.

La actividad pesquera ya tiene experiencias en materia de acuerdos con la Unión Europea y, muy especialmente con la lamentable instrumentación que le dieron las entonces autoridades al «Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea» sancionado el 20 de abril de 1994 por Ley 24.315, y ello, debería servirnos para que, de una vez por todas, acordemos condiciones equilibradas para nuestro país que luego no se distorsionen. 

La Asociación Estratégica con España y otros miembros de la Unión Europea. Los buques españoles pescan con licencia británica en las aguas argentinas de Malvinas y, dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Algunas de sus empresas de este país se han asociado a inglesas en Malvinas y se aprestan, incluso, a construir un puerto en las Islas. También, operan con base en puertos de Uruguay. Las capturas de estos buques de bandera española en el Atlántico Sur, son consideradas de origen español y, por lo tanto, ingresan a la Unión Europea sin aranceles (los  británicos ya evalúan ingresar a la UE bajo otra bandera a partir del Brexit) pese, a que estas capturas debieran considerarse ilegales (INDNR) conforme al Reglamento (CE) Nº 1005/2008 incisos 7, 22, 26, 30 y s.s. del Consejo que refiere, a las actividades pesqueras realizadas en la Alta Mar y en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción o soberanía de los países ribereños sin tomar las medidas adecuadas y, además, por aplicación de las Res. de la ONU Nº 31/49; 2065/65; 3171/73 y 3175/73 y la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, por cuanto los buques españoles pescan con permisos ilegales británicos en aguas argentinas de Malvinas o los recursos migratorios que tienen origen en la Z.E.E. Argentina, resultando, absolutamente inaceptables las “Reglas de Origen. Sección A” del Acuerdo EUROSUR. Sería un absurdo y un daño gravísimo para la Argentina, que el gobierno nacional acepte que los buques de Bandera (los extranjeros que pescan en el Atlántico Sur) puedan considerar sus capturas y procesos a bordo como originarios de los países de bandera. Eso sería liberar definitivamente el mar argentino a todos los buques extranjeros, incluso, a los que capturan con licencia ilegal británica en Malvinas. Teniendo en cuenta, que España es el primer comprador (24%) de productos pesqueros argentinos mientras que la Argentina tiene en su territorio marítimo el recurso, para darle el carácter de Asociación Estratégica a este Acuerdo, el gobierno nacional debería acordar con la Unión Europea la importación a la brevedad posible de todos los productos argentinos listos para el consumo final, incluso las conservas, libres de aranceles, no solo por una cuestión económica, sino para iniciar gradualmente el cambio de la matriz argentina, donde el 60% de las exportaciones son commodities, convenir la radicación industrial de euro-empresas en el continente argentino y/o la creación de sociedades mixtas entre empresarios argentinos y europeos que promuevan la modernización de la flota nacional, que exploten, transformen y agreguen valor a los recursos pesqueros; participen en la construcción y ampliación portuaria pesquera e inversiones destinadas a la acuicultura; y, al mismo tiempo, el cese inmediato de las capturas de sus países miembros en el Atlántico Sudoccidental que no se ajusten a la Ley 24.922 y, la Argentina debería liberar de impuestos a la importación de insumos para la industria pesquera y naval pesquera y, establecer determinados reembolsos por determinada cantidad años que, habrían de compensarse con el mayor empleo y la caída de subsidios a la desocupación y, el cobro de derechos de extracción y, claro está, la finalización de las asociaciones españolas-británicas en Malvinas que depredan nuestros recursos y luego ingresan cientos de miles de toneladas a la U.E. sin aranceles, compitiendo deslealmente con las empresas radicadas en el continente argentino.

Todo ello se enmarcaría, además, en la Res. 41/11 de la O.N.U. del 27 de octubre de 1986 que declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur» y resaltó «la determinación de los pueblos de los Estados de la región del Atlántico Sur de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial y de desarrollar sus relaciones en condiciones de paz y libertad».

Mientras tanto, la Argentina debería hacer un Acuerdo de Integración y Desarrollo Binacional con Uruguay, que dinamice y complemente el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que, entre otras cosas, de fin al apoyo logístico que Uruguay le presta en sus puertos a los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y, desaliente la construcción del megapuerto chino en Uruguay y, en compensación, promover asociaciones mixtas con empresas uruguayas para la pesca del calamar y otras especies, exceptuar de impuestos y otras medidas para beneficio mutuo de las empresas que se acojan a un régimen especial de fomento e integración binacional, postergada desde las luchas por la independencia. 

La Asociación Estratégica con la Unión Europea con relación al Brexit, Malvinas y la pesca ilegal británica en el área. Desde 1976 los buques extranjeros con licencia británica de Malvinas han extraído ilegalmente un promedio anual de 200 mil toneladas de recursos pesqueros en el mar argentino aledaño a Malvinas por un valor de U$S 475 millones de dólares a la primera venta, es decir, que la Argentina ha perdido anualmente en la comercialización final un negocio valuado en unos 3.325 millones de dólares. Para entender la magnitud de esta cifra, diremos que, con ella, se podría renovar en un año toda la flota pesquera nacional (559 buques) o, si se recuperasen esas toneladas para la Argentina, dos millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejorar calidad biológica los 365 días del año, que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, les permitían acceder a la totalidad de sus requerimientos calóricos diarios y, asegurar argentinos sanos y capaces para el futuro. Esa cifra multiplicada por los 42 años transcurridos (1976-2018) desde que los británicos explotan ilegalmente el recurso pesquero argentino, significa una pérdida total para la Nación Argentina del orden de los 140 mil millones de dólares, una cifra que hubiese permitido un desarrollo fenomenal de todas las provincias patagónicas del litoral marítimo.
El 94% de las exportaciones pesqueras y un tercio de las exportaciones de carne de Malvinas se destinan a la Unión Europea. En el Puerto de Vigo (España), uno de los más importantes puertos pesqueros de Europa, el 25% de sus descargas tienen origen en Malvinas. Ello demuestra, la dependencia que con Europa tiene el comercio de Malvinas. A partir del Acuerdo EUROSUR y, hacerse efectivo el Brexit, los productos pesqueros capturados por buques no europeos en Malvinas deberán pagar aranceles, pudiendo incluso ser considerados ilegales, dificultándose, por lo tanto, su comercialización. Nosotros entendemos, que este efecto será económicamente negativo para las Islas, pero, fundamentalmente, les generará un mayor aislamiento, ya que el Reino Unido no podrá seguir ejerciendo el rol protector, como lo ha venido haciendo en el campo militar y facilitando la comercialización en la Unión Europea. El medio Penguin News de las Islas es elocuente al respecto: «La FIG (el gobierno ilegal isleño) no cuestiona el Brexit; respetamos el derecho de los ciudadanos del Reino Unido a determinar su propio futuro. Sin embargo, es de vital importancia que se mantenga nuestro acceso actual a los mercados de la UE. Cualquier disminución podría tener un impacto perjudicial en la economía de las Islas Malvinas (Falkland en el texto original) y en los ingresos del gobierno» (sic), por su parte Mike Poole, Gerente General de Fortuna en las Islas dice que «sufrirán el impacto de la suba de aranceles”.

En esta situación, se le presentan a la Argentina, dos escenarios: seguir esperando eternamente que algún día los ingleses se resuelvan a negociar soberanía, sin que ello signifique reconocimiento alguno y aceptando graciosamente que bajo licencias ilegales británicas se extraigan del Atlántico Sur 200/250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos y desequilibrando el ecosistema o, en su lugar, buscar una fórmula que potencie sinérgicamente los resquicios positivos de este Acuerdo EUROSUR.

Entendiendo, que los recursos que se capturan en el mar argentino de Malvinas y adyacente a éste en la Alta Mar, son recursos argentinos que se originan en el área continental argentina, en el Mar Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva Argentina y, también, que Malvinas es parte del territorio nacional, sería interesante ratificar la incorporación de las Islas al Acuerdo y, otorgarles los permisos de pesca a través de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bonificándoles los correspondientes derechos de extracción, como la Argentina ya hizo con los buques de la URSS en 1967, con el fin de generar un reconocimiento tácito de la soberanía argentina. No me extenderé sobre la instrumentación por confidencialidad.

Al respecto vale la pena relatar una importante determinación política de un alto funcionario de esa época: pese a que la Cancillería a cargo de Nicanor Costa Mendez coincidía con la posición de Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS de reservar a los países ribereños solo 12 millas, el gobierno nacional, a través de la Secretaría Legal y Técnica, promovió en diciembre de 1966 la sanción de la Ley 17.094 que estableció, entre otras cosas, que «la soberanía de la Nación Argentina se extendía al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas…». Para ese entonces, 70 buques rusos pescaban a la vista de Mar del Plata, por lo cual, el gobierno acordó establecer con la URSS un canon pesquero por buque y por temporada de pesca de veinte dólares, una suma que, por lo irrisoria, fue rápidamente aprobada por Moscú, quién de hecho, reconoció nuestras 200 millas, rompiéndose el alineamiento que sobre este tema tenía la URSS con Estados Unidos y Gran Bretaña.

El Reino Unido no puede negar el origen en el mar aledaño al continente argentino de la mayoría de los recursos que migran a Malvinas y, por lo tanto, la titularidad de Argentina de estos; circunstancia, que sería fácilmente demostrable por nuestros científicos. En este momento, frente al Acuerdo y el Brexit, y ante el cobro de aranceles a los productos de Malvinas, sería la oportunidad para que la Argentina (Tierra del Fuego…) les otorgue los correspondientes permisos de pesca a todas las embarcaciones que pesquen en esa área, de modo que ingresen sin arancel alguno a Europa. No estaríamos discutiendo soberanía, sino la titularidad de los recursos que, sin lugar a duda, migran desde el área continental de Argentina hacia las Malvinas Argentinas, su área GAP (espacio de 1.400 Km2) y la Alta Mar de la región. Iguales permisos podrían extenderse a título gratuito por determinada cantidad de años a toda la flota extranjera que pesque en la Alta Mar, de modo de facilitar el ingreso de sus capturas a la Unión Europea, reafirmar nuestro dominio y evitar la prescripción; por supuesto con un ordenamiento determinado, que no explicaremos aquí y, extensiva a toda la flota argentina con permiso de pesca de gran altura que capture en la ZEE más allá de determinado número de millas marinas y en la Alta Mar. Los efectos de ocupación del mar, entendemos serían superlativos. Sería un paso gigante hacia la ratificación de nuestra soberanía nacional en el Archipiélago y, el Acuerdo, el Brexit, los aranceles y la dificultad comercial que deberán enfrentar los isleños, podrían ayudar. ¿Un tanto ingenuo pensar que los británicos aceptarían? Menos ingenuo que imaginar que, por la fórmula del paraguas, los británicos no continuarían incrementando la ocupación en el Atlántico Sur o, que los rusos, con dos mil buques pescando, aceptarían pagar un canon a argentina cuando el mundo desconocía los derechos de los países ribereños sobre las 200 millas. Salir de la inercia del reclamo ya sería importante.

Se calcula que Gran Bretaña deberá abonarle a la Unión Europea unos cien mil millones de euros antes de 2025 y otros tantos pagos hasta 2064. El Reino Unido podría iniciar negociaciones en estos años con terceros países, pero, no podrán entrar en vigor, hasta no finalizar este período de transición. El socio comercial más importante del Reino Unido es la Unión Europea, donde van a parar el 45% de sus exportaciones y se estima que estas caerían un 8% de aquí al 2022, tiempo en el que perderían el empleo unas 60 mil personas, ello, sin evaluar los conflictos que se provocará en las fronteras con Europa e Irlanda. Escocia duda y el temor al Brexit sin acuerdo ya hundió la cotización de la libra esterlina al menor valor del año 1,1062 euros, razón por la cual, no parecen estar las cosas fáciles para los ingleses y mucho menos para los que ocupan Malvinas. Tal vez haya llegado la hora para los británicos ocupantes de las islas, de mirar con más cariño al continente argentino.

Por cierto, la burocracia del Gobierno debería promover y facilitar urgente las bases para promover el comercio, la industria nacional y la exportación de las pequeñas y medianas empresas mediante la reforma federal y social de la actividad pesquera; la eliminación de los impuestos al gasoil destinados a la captura; la trazabilidad; el autocontrol de los procesos sustentables; el registro de las marcas y las certificaciones de origen, calidad, seguridad alimentaria y ambiente; la eficiencia y transparencia de los servicios portuarios y aduaneros; los trámites administrativos simplificados; la desgravación del IVA; la asistencia técnica y financiera; la responsabilidad social, laboral y su capacitación continua;  la revalorización de los productos argentinos, a la par de su estandarización en el MERCOSUR si se quiere poner en marcha a las cientos de empresas pesqueras distribuidas en todo el litoral marítimo que podrían exportar productos con gran valor agregado a la Unión Europea, a la par de avanzar hacia la recuperación de la soberanía en Malvinas.

Nada que la Argentina no pueda hacer con un gobierno comprometido, eficiente y transparente. Y de eso hablamos en estos días, ¿o no?

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes), ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|*, All rights reserved.