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LA GEOPOLÍTICA DE LA SOJA: LA TRAMPA DE LA ALINEACIÓN ARGENTINA CON EE. UU. Y EL IMPACTO DE LA INJERENCIA FINANCIERA EN LA POLÍTICA INTERNA

Introducción: la soja como tablero geopolítico

La soja se ha transformado en mucho más que un cultivo o un commodity agrícola: constituye un factor estratégico de poder en la geopolítica mundial. En este escenario, Argentina, Brasil, Estados Unidos y China se posicionan como los principales actores, disputando influencia económica y control de mercados. No obstante, las recientes decisiones políticas y financieras adoptadas por el gobierno argentino muestran una creciente dependencia hacia los Estados Unidos, lo que podría estar debilitando su posición competitiva en el mercado asiático y afectando el ingreso de divisas genuinas al país[1].

La competencia por el mercado chino

De acuerdo con el informe «Cadenas de Valor Oleaginosas: Soja» elaborado por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, Argentina y Brasil concentraban más del 80% de las exportaciones de poroto y derivados de soja hacia China. Este liderazgo se consolidó durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China (2018–2020), cuando las restricciones arancelarias impuestas por Washington impulsaron a Pekín a diversificar sus fuentes de aprovisionamiento, favoreciendo a los países sudamericanos.

Sin embargo, Bloomberg Línea[2] advirtió que la recuperación de Estados Unidos como actor clave en la exportación de soja a China amenaza el espacio conquistado por las economías del Cono Sur. Mientras Argentina y Brasil intentan sostener su participación en el mercado, la reactivación de los acuerdos bilaterales entre Washington y Pekín está modificando el equilibrio comercial regional.

El nuevo acuerdo entre EE. UU. y China: un golpe al Cono Sur

El reciente anuncio de que Estados Unidos exportará 12 millones de toneladas de soja a China, resultado de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, marca un punto de inflexión geopolítico y económico[3] (3). Este acuerdo restablece las exportaciones agrícolas norteamericanas que habían sido suspendidas durante la guerra comercial y reduce el espacio de maniobra de los exportadores argentinos.

La reactivación de la relación comercial sino-estadounidense implica que China reasigne parte de su demanda hacia Estados Unidos, desplazando a proveedores alternativos como Argentina. Esta dinámica conlleva una probable contracción en la entrada de divisas al país, con impacto directo en las reservas internacionales y en la estabilidad macroeconómica.

La trampa de la alineación con Washington

En el plano político y financiero, esta tendencia revela una dependencia creciente de la Argentina respecto del poder económico estadounidense. La influencia de entidades como JP Morgan, que participan activamente en la estructuración de la deuda pública y en la orientación de la política económica argentina, limita la soberanía nacional en materia de decisiones estratégicas.

Esta injerencia financiera tiene consecuencias prácticas en el sector agroexportador: la volatilidad cambiaria, el encarecimiento del crédito y la falta de estímulos fiscales afectan la competitividad del complejo sojero argentino. Al alinearse con Washington, el país pierde capacidad de negociación frente a China, su principal comprador, y se expone a un escenario de dependencia estructural.

Consecuencias económicas y geopolíticas
  1. Pérdida de divisas: la reducción del volumen exportado a China disminuye el ingreso de dólares genuinos, acentuando la escasez de divisas y la presión sobre la balanza de pagos.
  2. Desplazamiento regional: Estados Unidos recupera terreno en el mercado asiático, reduciendo la participación de Argentina en aproximadamente entre 15 y un 20 % según estimaciones de organismos técnicos.
  3. Dependencia financiera: la subordinación de la política económica nacional a actores financieros extranjeros erosiona la autonomía del Estado argentino.
  4. Erosión de soberanía: la alineación con Washington restringe la posibilidad de implementar una política exterior comercial autónoma y equilibrada.
Conclusión: entre la soberanía económica y la dependencia financiera

La geopolítica de la soja ilustra la tensión entre soberanía económica y dependencia financiera. Si bien Argentina posee ventajas comparativas notables en la producción oleaginosa, su alineación con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y la influencia de bancos de inversión como JP Morgan en la política económica interna amenazan con desplazar al país de su rol estratégico en el comercio mundial de soja.

El desafío radica en reconstruir una política de inserción internacional autónoma, que priorice los intereses nacionales, fomente la diversificación de mercados y fortalezca el vínculo con los socios comerciales de Asia, especialmente China. En caso contrario, la «trampa» de la alineación con Estados Unidos podría traducirse no solo en la pérdida del mercado chino, sino también en la renuncia silenciosa a la soberanía económica argentina.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] Secretaría de Gobierno de Agroindustria. (2019). Cadenas de Valor Oleaginosas: Soja (Informe de septiembre 2019). Buenos Aires: Ministerio de Producción y Trabajo, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_soja.pdf

[2] «Brasil y Argentina ganan terreno como exportadores de soja a China mientras EE.UU. retrocede». Bloomberg Línea, 12/06/2024, https://www.bloomberglinea.com/mundo/estados-unidos/brasil-y-argentina-ganan-terreno-como-exportadores-de-soja-a-china-mientras-eeuu-retrocede/.

[3] «Estados Unidos enviará 12 millones de toneladas de soja a China en un acuerdo que redefine el comercio agrícola». Infobae, 30/10/2025, https://www.infobae.com/america/mundo/2025/10/30/estados-unidos-enviara-12-millones-de-toneladas-de-soja-a-china-en-un-acuerdo-que-redefine-el-comercio-agricola/.

 

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LA GUERRA PROXY QUE PERPETUARÍA A MILEI EN EL GOBIERNO

Gabriel Urquidi* y Daniel Symcha**

La dinámica en el cambio de objetivos de los intereses norteamericanos y británicos en el tablero mundial y el camino a un mundo multipolar crea las condiciones necesarias para hundir a la República Argentina en una guerra proxy para garantizar perpetuidad política y contener el avance de China y Rusia en Sudamérica

 

En la ciudad china de Tianjin se realizó en el mes de agosto la mayor cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) la cual responde principalmente a las nuevas dinámicas de seguridad, enfrentar la amenaza del terrorismo y promover el desarrollo económico en Asia Central y Eurasia.

La OCS, fundada el 15 de junio de 2001, tres meses antes del ataque al World Trade Center, por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán en tanto que India y Pakistán fueron admitidos como miembros de pleno derecho en 2017 e Irán en el año 2023. Bielorrusia se convirtió en miembro de pleno derecho en el año 2024.

El antecedente inmediato de la OCS es el grupo de los Cinco de Shanghai institución que se creó el 26 de abril de 1996 cuando los jefes de Estado de China, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia y Tayikistán firmaron en Shanghái el Tratado sobre la Profundización de la Confianza Militar en las Regiones Fronterizas promoviendo el intercambio cultural, civil y comercial[1].

La cumbre de la OCS de Tianjin fue el escenario para mostrar la unidad entre Xi Jinping, Putin, Pezeshkian y Modi, quienes además integran el BRICS de cara a consolidar el multilateralismo en claro desafío al viejo orden mundial y al predominio de los Estados Unidos[2].

La cumbre se realizó en un contexto que incluyó, en tres meses, una sucesión de hechos bélicos donde estuvieron involucrados India y Pakistán, Myanmar con una intensificación de la guerra civil, un conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, ataques de grupos separatistas en Indonesia y Pakistán, ataques insurgentes en Filipinas, el derrocamiento de Bashar al-Asad y la ofensiva israelí contra Siria y Gaza además del ataque de Israel a Irán a partir del 13 de junio de este año, a menos de un mes de la llegada al puerto seco de Aprin, en las afueras de Teherán, del primer tren de carga desde Xian, en el este de China lo que permite la exportación del petróleo iraní a China y el tránsito de productos chinos hacia Europa[3], sin pasar por rutas marítimas vulnerables al control naval estadounidense generando una autonomía estratégica para los países de Asia Central[4].

El Caribe, piratas y el fantasma de Bahía Cochinos

Mientras tanto, en el marco de la designación unilateral por parte del Departamento de Estado norteamericano de ocho organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED)[5] (Ventas, 2025) entre los que se incluye al «Cártel de los Soles» de origen venezolano cuya conducción es asignada al Presidente Maduro[6], EEUU desplazó al mar Caribe una flota de combate integrada por el Grupo anfibio «Iwo Jima Amphibious Ready Group», compuesto por el USS Iwo Jima (buque de asalto anfibio), el USS San Antonio (buque de transporte anfibio) y el USS Fort Lauderdale (buque de desembarco anfibio); Tres destructores clase Arleigh Burke, equipados con sistema de combate Aegis ―capaces de lanzar misiles Tomahawk, antiaéreos y antisubmarinos― y con helicópteros MH-60R Seahawk a bordo: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson; un Crucero lanzamisiles el USS Lake Erie (Guía de misiles; clase Ticonderoga); un submarino identificado como el USS Newport News (submarino nuclear de ataque rápido) y al menos un submarino nuclear adicional, sin especificar nombre. La flota cuenta con el apoyo desde tierra de aviones de vigilancia P-8 Poseidon.

Estos activos pertenecen principalmente a la Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Fourth Fleet), que opera bajo el mando del U.S. Naval Forces Southern Command (USSOUTHCOM), fuerza naval es responsable de operaciones en el Caribe y las aguas adyacentes a América Latina y Sudamérica.

Mientras tanto el jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Holsey participó a fines del mes de agosto de la 22° Conferencia del Consejo de las Américas, organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos donde participan líderes y tomadores de decisión de Argentina y la región, realizada en el hotel Alvear de Buenos Aires, República Argentina[7].

Además Holsey, junto al secretario adjunto de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson y al ministro de Defensa argentino Luís Petri, realizaron la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa «SOUTHDEC 2025», organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en Buenos Aires y coanfitrionada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. El encuentro tuvo como objetivo consolidar la cooperación regional en materia de defensa y seguridad reuniendo a los jefes de los Estados Mayores y representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, España, Portugal, Reino Unido y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

La justicia y las guerras ese eterno maridaje

En el contexto de las tensiones en Eurasia y del Caribe, identifiquemos actos repetitivos en el tiempo y en nuestra vida política.

La política exterior, de seguridad y de defensa del actual gobierno argentino se encuentran alineadas públicamente al eje Washington – Tel Aviv, de lo cual dan cuenta entre muchas otras cosas como las declaraciones públicas y los contratos millonarios por sistemas de armas y municiones de origen norteamericano e israelí, los 11 viajes a EEUU y los 2 viajes a Israel del Presidente Milei siendo el presidente argentino que más veces visitó ese país[8].

La cooptación anglosajona de las decisiones políticas en materia diplomática argentina impulsó la declaración como organizaciones terroristas de HAMAS (Organización palestino sunita), del Tren de Aragua (Organización criminal venezolana) y del Cartel de los Soles (Organización criminal venezolana). Además, moldeó un apoyo del gobierno argentino a favor de Volodomir Zelensky y de la OTAN en la guerra contra Rusia.

En ese alineamiento la Justicia Federal, en el marco de la causa AMIA, sindica a Irán cómo atacante del territorio nacional adjudicándole el atentado contra la Amia y el máximo mandatario argentino declara públicamente a Irán como enemigo de la Argentina omitiendo que ese tipo de declaración corresponde al Congreso de la Nación realizarla, y se expresa públicamente a favor del ataque israelí contra la nación persa.

El gobierno argentino y los escándalos por corrupción

En el marco del escándalo suscitado por los supuestos sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, la ministra de esta última dependencia, Patricia Bullrich, realizó una denuncia penal en la que se solicita una medida de censura previa a información periodística y allanamiento de medios de comunicación, domicilios particulares y obtención del registro de comunicaciones de periodistas involucrando y acusando, además, a ciudadanos de la Federación Rusa como partícipes de espionaje en la Casa Rosada, máximo órgano de gobierno argentino y a representantes de políticos argentinos en favor de intereses venezolanos y de la izquierda boliviana en una supuesta operación de derrocamiento presidencial y golpe institucional. Esto generó un fuerte rechazo oficial por parte de la Embajada Rusa en Buenos Aires[9].

El caso de los sobornos se suma a una lista de hechos de corrupción que implicaron la presentación de 112 denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público contra el primer mandatario argentino[10], entre los cuales podemos destacar el caso de la Criptomoneda $LIBRA; el acaparamiento y desvío de alimentos en los depósitos del Ministerio de Capital Humano; el ingreso al país de diez valijas sin control aduanero provenientes de EEUU; nepotismo y financiación irregular del partido oficialista, contratos estatales millonarios con empresas de la familia Menem; espionaje ilegal, seguimientos y monitoreo de dirigentes opositores y manifestantes por parte de fuerzas policiales de manera clandestina; caso de Fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertes en todo el país[11].

La guerra ¿es una solución para la crisis política?

Independientemente de las tensiones geopolíticas de cada momento que brindan el escenario para una escalada militar, tanto Benjamín Netanyahu como Volodomir Zelensky tenían sendos procesamientos por corrupción antes del inicio de la guerra en Ucrania y en Palestina y Siria. Por la guerra se suspendieron tanto en Ucrania como en Israel los procesos eleccionarios y los juicios que pendían sobre ellos más allá de sus mandatos presidenciales y siguen en la actualidad en el poder tomando decisiones que favorecen a un complejo entramado financiero comercial vinculado a la industria militar.

El avance de los procesos judiciales sobre el presidente, el alineamiento a los intereses anglonorteamericanos e israelíes, la constante ofensiva difamatoria sobre países hermanos y sobre países aliados de Rusia y China como lo es Brasil, la influencia británica en la dirigencia socio política en Chile y Uruguay y la constante intención de sumar a las FFAA en operaciones contra el narcotráfico en las fronteras con Bolivia y Paraguay, crean un escenario para una potencial operación militar de mediana intensidad que se prolongue en el tiempo, creando un conflicto regional abierto (Guerra Proxy) que permitiría la perpetuidad en el poder de la actual administración con fuerte apoyo norteamericano para enfrentar contener la expansión comercial de China y Rusia en Sudamérica además de garantizar los intereses de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y del Reino Unido en los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el dominio de la isla de Tierra del Fuego, lo que implica el control el océano Atlántico Sur y completo acceso oceánico a las bases norteamericanas y británicas en la Antártida.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

** Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] Eisele, Inés. «Las claves de la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/las-claves-de-la-cumbre-de-la-organización-de-cooperación-de-shangái-en-china/a-73840560>.

[2] Zúñiga, Diego. «El papel de América Latina en la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/cumbre-de-la-ocs-en-china-cuál-es-el-papel-de-américa-latina/a-73840615>.

[3] «Irán y China inauguran nueva ruta ferroviaria para sortear sanciones de EE.UU. y conectar Asia con Europa». Soy Armenio, 27/05/2025, <https://soyarmenio.com/noticias-internacionales/iran-china-ruta-ferroviaria/>.

[4] Gagliano, Giuseppe. «China: Inauguración de la línea ferroviaria a Teherán: la importancia del estrecho de Malaca en perspectiva». Reseau Internacional, 10/06/2025, <https://es.reseauinternational.net/chine-inauguration-de-la-ligne-ferroviaire-vers-teheran-limportance-du-detroit-de-malacca-se-voit-relativisee/>.

[5] Ventas, Leire. «El gobierno de Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como “organizaciones terroristas”: qué significa y qué consecuencias puede tener». BBC, 22/01/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/c805kp4eke5o>.

[6] «Marco Rubio advirtió que designar como organización terrorista al cartel vinculado a Maduro permite a EEUU realizar operaciones militares». Infobae, 08/08/2025, <https://www.infobae.com/venezuela/2025/08/08/marco-rubio-advirtio-que-designar-como-organizacion-terrorista-al-cartel-vinculado-a-maduro-permite-a-eeuu-realizar-operaciones-militares/>.

[7] Campos, M. «Vuelve el jefe del Comando Sur de Trump y el Gobierno se pone en modo campaña con la venia de EE.UU.». EldiarioAr, 18/08/2025, <https://www.eldiarioar.com/politica/vuelve-jefe-comando-sur-trump-gobierno-pone-campana-venia-ee-uu_1_12542106.html>.

[8] «Israel welcomes President Javier Milei for second official visit». Buenos Aires Times, 10/06/2025, <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/israel-welcomes-president-javier-milei-for-second-official-visit.phtml?utm_source=chatgpt.com>.

[9] «El Gobierno logró “bozal” legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot». Ámbito, 01/09/2025, <https://www.ambito.com/politica/javier-milei-denuncio-la-justicia-federal-una-operacion-inteligencia-ilegal-casa-rosada-n6185189>.

[10] «La ruta de los escándalos: de $LIBRA a Spagnuolo». Página 12, 23/08/2025, <https://www.pagina12.com./851837-la-ruta-de-los-escandalos-de-libra-a-spagnuolo?utm_source=chatgpt.com>.

[11] Millán Valencia, Alejandro. «“Entró al hospital para que le quitaran unos cálculos y terminó muerto”: el drama de las familias de las 87 víctimas fatales que dejó el fentanilo contaminado en Argentina». BBC, 14/08/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cpv010l3ne9o>.

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LA POLÍTICA NACIONAL ENAJENA EL PATRIMONIO Y ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MARÍTIMA E INSULAR

César Augusto Lerena*

Hace tiempo que la soberanía marítima e insular nacional solo está en la imaginación de los argentinos; aunque nunca es tan ostensible la pérdida de autonomía. No se trata de un hecho aislado: es una estrategia externa debidamente planificada y ejecutada mediante colaboracionistas enquistados en los distintos ámbitos nacionales. Una red que alcanza a los ámbitos territoriales, económicos y culturales. Nos han transformado en una colonia.

Sin el mar no habrá Nación.

Mientras que Scalabrini Ortíz consideraba que «la Soberanía pasa por el control y desarrollo de nuestros recursos y consideraba al mar como un espacio de integración económica, cultural y estratégica», el gobierno de Milei promueve la apertura del mar argentino a las potencias extranjeras para que se apropien y depreden nuestros recursos pesqueros y petroleros, promoviendo el quiebre de la industria y del empleo nacional. No es ineptitud sino intencionalidad para debilitar la capacidad de desarrollo de la Argentina y transformarla en lotes productivos de terceros países que industrializan nuestros recursos naturales y los transforman en alimentos, trabajo y riqueza, como cuando explotaban las colonias mediante el trabajo esclavo en el siglo XVIII y XIX.

Nos limitaremos aquí a referirnos a los territorios marítimos y a los territorios ribereños. 

La ocupación de sus territorios

La Argentina no solo tiene ocupados por el Reino Unido los 11.410 km2 de Malvinas sino 1.639.900 km2 de su territorio marítimo e insular. Un territorio equivalente a la Patagonia y a las provincias de La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Formosa; por cierto, en muchos casos, un territorio marítimo más rico que alguna de las provincias citadas. Además de ello tiene en disputa con el RU 1.430.000 Km2 de su plataforma continental argentina más allá de las 200 millas y el territorio del continente antártico. Pese a ello, el gobierno no tiene una hipótesis de conflicto y, por el contrario, Milei sostiene una posición claudicante y, enfatiza, que la Argentina no busca un conflicto con el Reino Unido; manifiesta su admiración por Margaret Thatcher y considera legítima la presencia de funcionarios y militares británicos en Malvinas dada su administración de las islas. Entiende que son los isleños quienes deberían interesarse por Argentina, dando por tierra la posición sostenida por la diplomacia argentina de defensa de la «integridad territorial» ratificada por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La explotación de los recursos

El Reino Unido extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros de Malvinas, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y las Leyes argentinas, sin que las autoridades nacionales inicien acción alguna a las empresas que pescan sin habilitación argentina, cuyos ingresos han permitido a los isleños británicos sostenerse y desarrollarse. En los últimos 40 años se extrajeron 40 mil millones de dólares FOB de productos pesqueros que, en el comercio final, representan 200 mil millones de dólares. Un volumen de materia prima que hubiese permitido alimentar con una proteína excepcional ―solo comparable a la leche materna― a 3 millones de niños y adolescentes todos los días del año. Al mismo tiempo, las empresas Navitas Petroleum (israelí-estadounidense) y Rockhopper Exploration (británica) iniciaron exploraciones petroleras en Malvinas, esperando extraer unos 728 millones de barriles por un valor inicial de unos 54.000 millones de dólares. Ambas explotaciones consolidarán definitivamente a los británicos en el Atlántico Sur, ante la pasividad del gobierno nacional.

No parece casual que el nuevo embajador británico en Argentina sea David Cains, que hasta ahora era vicepresidente de Equinor, una empresa petrolera vinculada a Malvinas y con licencias de exploración offshore otorgadas en 2019 (Macri) en las áreas austral y Norte (Mar del Plata), violando la Ley Solanas (26.659).

El Atlántico Suroccidental. La conectividad y la logística.

Mientras el gobierno nacional mantiene una pésima relación con los gobiernos vecinos de Brasil, Chile y Uruguay, la saliente embajadora invitaba a estudiantes del MERCOSUR y Chile a conocer «las vecinas» islas de Malvinas y los isleños británicos llevan adelante una política de acercamiento. Brasil le sirve de apoyo a vuelos militares británicos; el puerto de Montevideo recibe los buques que pescan ilegalmente en Malvinas y le presta servicios a la tripulación, el transbordo, armado y reparación de los barcos. Por su parte, Punta Arenas de Chile, le provee desde trabajadores hasta alimentos. El Reino Unido firma Acuerdos con Chile referidos a la Antártida y la fabricación de equipamiento militar y, mientras ello ocurre, la Argentina, sigue autorizando vuelos comerciales de Malvinas a Chile y con el Pacto Mondino-Lammy vuelve a autorizar los vuelos a San Pablo del Pacto Foradori-Duncan, que le permitiría a los productos pesqueros de Malvinas acceder al mercado más importante de Sudamérica y plataforma excepcional al comercio mundial. La mayor cooperación argentina prestada al Reino Unido en los últimos 50 años, fortaleciendo su presencia en el Atlántico Sur, donde el Reino Unido mantiene la base misilística y naval más importante del Cono Sur, contrariando la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» que firmaran todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Con la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas, aspira a transformarse en un centro (hub), desde donde se apoye y controle toda la flota pesquera, militar, de transporte, turismo y ciencia, la navegación con el océano Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida, debilitando la soberanía en la Patagonia, cuya densidad poblacional es la más baja del país y su infraestructura portuaria es de baja calidad física y tecnológica.

La Pesca ilegal y la Seguridad Nacional en el Mar

El Ministerio de Seguridad y su Prefectura Naval no controla los 820 buques que pescan en los 3.146.345 Km2 de la Zona Económica Exclusiva Argentina y tampoco las capturas que se efectúan en la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. A ello se agrega que ni estos funcionarios ni los del Consejo Federal Pesquero realizan acciones destinadas a erradicar la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios del mar argentino (ZEE) por parte de 460 buques extranjeros chinos, taiwaneses, coreanos, británicos y españoles, que capturan anualmente unas 1.615.000 toneladas (incluidos 30% de descartes) de recursos argentinos por un valor FOB de U$S 6 mil millones y un valor comercial final del orden de los U$S 30 mil millones, provocando además un gravísimo daño al ecosistema, al desarrollo patagónico y a la seguridad nacional[1]. Estos agentes ignoran que la Convención del Mar no admite la pesca sin control del país de origen, sin determinar las capturas máximas permisibles y afectando los intereses de los Estados ribereños. El gobierno nacional no administra ni controla el mar y, no es casual el bajo presupuesto destinado a dotar de una fuerza naval de disuasión y, el deterioro de todos los puertos.

La Argentina bicontinental y Tierra del Fuego

El mapa bicontinental es cartón pintado de uso escolar ya que la Argentina no lleva ninguna política de ejercicio soberano en contraposición con el avance del Reino Unido en el Atlántico Sur. Los puertos de Río Grande y Ushuaia no reúnen las condiciones mínimas para favorecer el transporte de las mercaderías y dar apoyo a la flota que se incrementa con el tránsito de buques de gran porte por el estrecho de Magallanes. No dispone Tierra del Fuego de una base aérea, militar y naval acorde a la posición que ocupa en un área estratégica disputada, además del Reino Unido, por Estados Unidos y China. Esta última busca acuerdos con autoridades argentinas para emplazar un puerto en Ushuaia; mientras que Estados Unidos pretende instalar una base asiento de submarinos nucleares. Una delegación de soberanía inadmisible en una Nación autónoma y grave respecto a los derechos sobre Malvinas, la Antártida y las aguas correspondientes.

Al mismo tiempo, un radar de una empresa británica continúa radicado en Tierra del Fuego, pese a que el entonces Jefe del Estado Mayor de las FAA Juan Martín Paleo consideró que la presencia de este radar en la Provincia era contraria a la seguridad nacional.

Tierra del Fuego sigue aislada del continente y el transporte sigue dependiendo de Chile. La reciente medida del gobierno nacional debilitando la producción tecnológica, es una muestra más del escaso interés por lograr un desarrollo sustentable de esta provincia y la radicación poblacional en esta región austral argentina.

El tratado de alta mar

La Cancillería y su par de Chile bajo pretexto de combatir la Pesca Ilegal firmaron en Valparaíso una Declaración basada en el Acuerdo de «Uso Sostenible de la Biodiversidad en alta mar» y «el Estado Rector del Puerto». Ambos Acuerdos que la Argentina no ratificó porque debilitaría la soberanía nacional, se perdería la autonomía en la ZEE y se violaría la DTP de la Constitución Nacional, amén de instalarse Áreas Marinas Protegidas, mecanismos utilizados por el Reino Unido desde el año 2017 para ampliar los llamados «territorios británicos de ultramar» bajo la denominación de «Blue belt» (cinturón azul) y, en el caso específico de Malvinas, ya lo concretó al este, oeste y sur de Malvinas y lo haría al nordeste de aprobarse el proyecto de Área Marina «Agujero Azul», que vienen gestionando ante el Congreso de la Nación varias ONGs financiadas por el extranjero, entre ellas la fundación norteamericana CWS propietaria de dos islas en Malvinas. Proyecto que facilitaría la llegada de los recursos pesqueros migratorios argentinos a las islas, generando nuevas licencias ilegales pesqueras en favor de los isleños británicos. 

La Concesión a empresas extranjeras de la red troncal Paraguay-Paraná y del Río de la Plata

En marzo de 2024 el gobierno acordó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que realice, entre otras tareas no detalladas, el mantenimiento de la red troncal Paraguay-Paraná.

A su vez, la Nación enajena la jurisdicción de los ríos de las provincias del litoral, por donde la Argentina transporta mercaderías por valor de 74 millones de toneladas por un valor superior a los 70 mil millones de dólares. Se suma a ello, la autorización de profundización del canal del puerto de Montevideo a la par de no avanzar con la construcción del Canal Magdalena que habría de permitirle a la Argentina integrar toda la navegación y transporte fluvial-marítimo, evitando la dependencia con el citado puerto.

La continuidad de la legislación colonialista

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN y, en paralelo, mantiene vigentes todos los Acuerdos, Tratados y leyes favorables al Reino Unido, entre otro/as los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que sede de hecho además de los territorios marítimos la explotación pesquera manteniendo «la fórmula del Paraguas» que congela la discusión soberana; La Ley de Líneas de Base (23.968 de 1991) que facilitó la delimitación de las líneas de base en Malvinas por parte de los británicos y a partir de ello la determinación de la ZEE, derogando la Ley 17.094 que establecía el mar territorial argentino de 200 millas; la Ley 24.184 de 1992 de Protección y Promoción de las inversiones británicas que facilitan los negocios ingleses en la Argentina, a pesar de impedir la explotación pesquera y petrolera en el área ocupada de Malvinas; el incumplimiento de las leyes 24.922 de 1997, 26.386 de 2008 y 26.659 de 2011 que prohíben la explotación pesquera y petrolera en las aguas continentales y de Malvinas sin habilitación argentina; la Ley 24.093 de 1992 que debilitó la seguridad nacional y la administración nacional de los puertos; falta de control de la pesca de arrastre en la plataforma continental argentina según la Ley 24.922 y 27.557 de 2020; el incumplimiento del artículo 1 de la Ley 26.776 de 2012 que define como política de estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.   

Manuel Belgrano nos decía: «Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de la independencia, de la Unión y la Libertad».

 

10 de junio de 2025 (día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

 

Referencia

[1] Según el artículo 87º de la CONVEMAR la pesca en alta mar “está abierta” -no libre como generalmente refieren funcionarios y medios; y, además, en las condiciones que se viene realizando ES ILEGAL, porque: “La Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR  y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 Federal de Pesca. Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR), cuestión que ocurre con los buques que pesca a distancia en el Atlántico Suroccidental; segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117º a 119º de la CONVEMAR) que tampoco efectúan y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (artículos 27º; 61º a 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina (artículo 77º de la CONVEMAR) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional” (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones. Ley Nacional de Pesca, 2023).