Charles Louis de Montmort*
La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, denominada «Operation Epic Fury», culminó con la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, y de otros altos funcionarios del régimen, y tuvo también como objetivo la degradación de instalaciones militares y energéticas en distintas ciudades del país. Más allá del grado exacto de daño infligido, la ofensiva desencadenó una escalada regional, con represalias contra países del Golfo, ataques sobre objetivos estadounidenses y el cierre del estrecho de Ormuz, arteria por la que transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial y grandes volúmenes de gas natural licuado, con consecuencias inmediatas sobre los mercados energéticos globales.
En una primera lectura, la campaña parece responder a un doble objetivo. Por un lado, degradar las capacidades materiales de Irán para impedir que alcance un umbral nuclear operable y limitar el incremento de su arsenal de misiles balísticos, reforzando lo que, en la teoría estratégica, retomada por Glenn Snyder, se denomina disuasión por negación (deterrence by denial). En este sentido, al reducir la capacidad del adversario para ejecutar un ataque exitoso, se altera su cálculo de costo-beneficio, disminuyendo así el riesgo de agresión directa contra Estados Unidos o sus aliados. No se trata solo de reducir capacidades militares, sino también de modelar la voluntad del adversario. Por otro lado, la campaña busca ejercer presión política suficiente para forzar una reconfiguración de la fisonomía del poder en Teherán, demostrando que el costo de desobedecer puede ser mayor que el de ceder.
Esa reconfiguración podría seguir dos trayectorias: un levantamiento popular que acelere el colapso del régimen, opción que Trump promueve abiertamente, pero que resulta compleja debido a la falta de conectividad digital y de organización social en el país; o, de forma más verosímil, la emergencia de una figura más moderada dentro del propio aparato estatal, dispuesta a negociar y ofrecer las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo favorable con Washington. Ambas opciones, sin embargo, tienen un problema de fondo: lo que una parte del pueblo iraní puede exigir es un liderazgo situado por fuera del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, mientras que lo que el sistema puede generar es un interlocutor funcional a los intereses estadounidenses, pero surgido del mismo entramado de poder. Washington necesita lo segundo; los iraníes pueden querer lo primero, especialmente si se considera que las protestas masivas de 2026 reflejan aspiraciones ciudadanas más amplias: según Gamaan, el 89 por ciento opta por una democracia secular que garantice libertad, seguridad jurídica y mejora económica. Esa brecha entre lo que Estados Unidos puede obtener y lo que parte de la sociedad iraní aspira a construir constituye, en sí misma, una fuente potencial de inestabilidad futura.
Desde una segunda lectura, más estratégica y estrechamente vinculada a la política exterior estadounidense, la operación ha sido interpretada por diversos analistas como un movimiento ofensivo imprudente que reabre el dilema clásico del costo de oportunidad al que Estados Unidos se ha enfrentado recurrentemente en sus intervenciones en Medio Oriente: al comprometerse militarmente en esa región, tras haber sostenido previamente a Ucrania con un arsenal que incluyó misiles HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), drones y sistemas de defensa aérea Patriot, y después de haber ejercido también presión estratégica en el hemisferio occidental, Washington dispersaría recursos, atención y capacidad de concentración precisamente en el momento en que su principal rival sistémico, China, consolida poder e influencia a escala global.
Ese análisis remite, asimismo, al diagnóstico que el historiador Paul Kennedy formuló en su obra clásica sobre el ascenso y la caída de las grandes potencias: la sobreextensión imperial. Cuando una potencia hegemónica destina más recursos a mantener su posición en el sistema internacional de los que su base económica puede sostener, comienza a erosionar la misma capacidad que pretende preservar. Desde esa perspectiva, el declive relativo no siempre proviene de una derrota estratégica, sino también del desgaste acumulado por haber abierto múltiples frentes sobre una base de recursos finita. En esa línea, las afirmaciones de Trump acerca de que Estados Unidos dispone de «municiones ilimitadas» contrastan con las advertencias formuladas por funcionarios del propio gobierno ante el Congreso sobre el elevado consumo de municiones en el conflicto. Sin embargo, esas declaraciones también forman parte de la lógica de la representación del poder, ya que ninguna gran potencia puede admitir abiertamente una imagen de agotamiento sin afectar su credibilidad disuasiva. De hecho, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo por su escala logística para desplegar y sostener fuerzas y bases alrededor del mundo, así como por su primacía en tecnología militar, capacidad de comando y dominio aéreo.
Ahora bien, aunque la crítica de la sobreextensión y la dispersión estratégica capta una dimensión real del problema, no agota por completo la racionalidad de la campaña en curso, que articula el uso militar de la fuerza con una política exterior más transaccional. Las dos principales operaciones impulsadas por Trump en 2026 —Irán y Venezuela— pueden leerse menos como fines en sí mismos que como movimientos inscriptos en un cálculo más amplio, cuya premisa, a mi ver, parecería relativamente simple: hacer que Washington gane más y que China gane menos.
Para comprender esa lógica de búsqueda de poder y seguridad en el sistema internacional, conviene retomar el marco conceptual de John Mearsheimer. Mearsheimer distingue entre poder absoluto y poder relativo, una diferencia clave para entender la competencia entre grandes potencias. El primero remite exclusivamente al propio balance: ¿obtuve algo? El segundo observa la brecha: ¿quedé mejor o peor posicionado respecto de mi rival? Esa diferencia no es trivial, sino que surge de la propia estructura del sistema internacional y de la dinámica competitiva que lo atraviesa. ese sistema es anárquico: carece de una autoridad supranacional capaz de garantizar la seguridad de los Estados. A diferencia de lo que ocurre dentro de los Estados, donde las instituciones políticas y el orden jurídico pueden contener el conflicto y hacer cumplir reglas comunes, en el plano internacional no existe una instancia superior que regule de manera efectiva el comportamiento estatal. En ausencia de esa autoridad, los Estados no pueden descansar por completo en las intenciones ajenas y se ven obligados a acumular poder para sobrevivir. Bajo esa lógica, los Estados pueden aceptar, en cierta medida, algunos costos —en armamentos y recursos— si con ello logran mejorar su posición relativa frente al rival sistémico y reducir, aunque sea parcialmente, las condiciones de poder del adversario, por ejemplo, encareciendo su base material de expansión y restringiendo, en alguna medida, su acceso a recursos estratégicos.
En Venezuela, el blanco son los hidrocarburos y los minerales estratégicos. Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada mientras Washington presionaba por una apertura total del sector energético. El resultado fue inmediato: los envíos venezolanos de petróleo a Asia cayeron 67% en febrero respecto de enero, hasta 48.000 barriles diarios, mientras aumentaban las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa bajo autorizaciones estadounidenses. Washington pasó a controlar más el esquema exportador venezolano y desvió parte de los cargamentos previamente destinados a China hacia mercados occidentales. En ese contexto, el secretario de Energía Chris Wright fue explícito al señalar que Estados Unidos no permitiría que Pekín ejerciera un control dominante sobre Venezuela. Esa frase traduce al lenguaje político la lógica del poder relativo: la métrica no es solo lo que Washington acumula, sino también lo que Pekín pierde en acceso, influencia y capacidad de proyección. Al mismo tiempo, la operación interrumpe el avance de inversiones estratégicas chinas en infraestructura, recursos naturales y presencia naval en lo que Washington considera su área de influencia irrenunciable, reafirmando la Doctrina Monroe en su versión actualizada.
Irán muestra un patrón parecido, aunque en una escala más peligrosa y con efectos más sistémicos. Asia depende fuertemente del crudo de Medio Oriente, del que obtiene alrededor del 60% de su suministro y China queda especialmente expuesta a una interrupción prolongada del estrecho de Ormuz, dado que obtiene aproximadamente la mitad de sus importaciones marítimas —unos 5,4 millones de barriles diarios— de esa región. En ese sentido, Ormuz se convierte en un punto de presión indirecta sobre Pekín: su bloqueo no constituye un shock periférico, sino una perturbación potencial sobre la base material del poder industrial asiático y chino. No se sigue necesariamente de ello que la operación haya sido concebida para afectar a China, pero sí que sus efectos sistémicos pueden leerse en esa dirección. Los indicios empíricos respaldan, al menos en parte, esta interpretación. Reuters informó que refinadores como Zhejiang Petrochemical y Fujian Refining comenzaron a reducir sus corridas de producción, y que los refinadores asiáticos más dependientes del crudo de Medio Oriente podrían verse forzados a recortar su actividad hasta un 20% si la crisis se prolonga. Asia dispone de pocas alternativas inmediatas: reemplazar esos flujos con crudo proveniente de Brasil, África Occidental o Estados Unidos implica tiempos de tránsito más largos, fletes más altos y mayores costos logísticos. En consecuencia, debilitar a Irán no solo altera el equilibrio regional: también reduce el margen de maniobra energético de China y expone una vulnerabilidad estructural que favorece a Washington en términos relativos.
De lo anterior, El efecto agregado parece opera en tres planos. En el económico-industrial, China pierde parte de su ventaja de costos: sin acceso fluido a crudo iraní y venezolano a precios preferenciales, suben sus costos de refinación, petroquímica, transporte y manufactura de escala. En el geoestratégico, Pekín queda más expuesta a chokepoints marítimos que no controla y que, en escenarios de tensión, pueden ser utilizados como palancas de presión. En el político, el patrón se repite: presionar para sustituir actores hostiles por interlocutores más dispuestos a ceder, redirigir recursos estratégicos fuera de la órbita de Pekín, y enviar una señal inequívoca de que ninguna potencia extracontinental consolidará presencia estable en el entorno inmediato de Estados Unidos.
Conviene precisar, sin embargo, el alcance real de ese daño. Las operaciones no afectan a China principalmente en su núcleo tecnológico avanzado —el diseño de chips de punta, por ejemplo, responde a otras cadenas de dependencia—, sino en algo más amplio: la base material que permite escalar ese poder. La tecnología china no flota en el aire; requiere energía abundante, feedstocks petroquímicos, logística industrial estable y una industria pesada operando sin shocks. Al restringir el acceso chino a crudo iraní y venezolano —dos fuentes de barriles descontados que en 2025 representaban respectivamente cerca de 1,38 millones y 389.000 barriles diarios de importaciones chinas, Washington no destruye la capacidad tecnológica de Pekín, pero sí puede encarecer y tensionar los cimientos que permiten expandirla. Las refinerías independientes chinas, que dependen en gran medida de ese crudo barato y sancionado para mantener márgenes y flexibilidad operativa, son particularmente vulnerables. Y dado que la IEA proyecta que el crecimiento de la demanda petrolera china hacia 2030 estará impulsado principalmente por feedstocks petroquímicos —insumos para plásticos, químicos industriales, materiales sintéticos y sectores de doble uso militar-civil—, la restricción no es marginal: golpea una arteria de la expansión industrial y tecnológica que Pekín necesita mantener abierta.
Lo que una lectura cortoplacista interpreta como dispersión estratégica puede entenderse, bajo esta óptica, como una forma de contención indirecta: no escalar frontalmente con China en el Indo-Pacífico asumiendo costos militares directos, sino estrechar su espacio de acción y degradar algunos de los nodos materiales de su proyección global. Estados Unidos, en cambio, puede amortiguar mejor el golpe: se mantuvo como el principal productor mundial de crudo desde 2018, produjo alrededor de 13,2 millones de barriles diarios en 2024 y alcanzó un récord de 13,6 millones en 2025, con un papel central de la cuenca del Pérmico en esa expansión.
Ahora bien, si esta estrategia más amplia parece favorecer a Washington sin costos significativos, esa lectura no se corresponde del todo con la realidad económica y política de Estados Unidos. En la política doméstica de Estados Unidos, el aumento de los precios, y, en particular, su traducción en una percepción de encarecimiento del costo de vida constituye una de las variables más corrosivas para cualquier gobierno. Aunque la inflación general había mostrado cierta moderación a comienzos de 2026, seguía siendo un problema sensible, y la reciente escalada en Medio Oriente introdujo un nuevo factor de presión en dos dimensiones: económica, a través del alza del petróleo y la energía; y política, por la marcada aversión de la opinión pública estadounidense al conflicto —el 59 por ciento de los estadounidenses rechazan la intervención contra Irán, según una encuesta de CNN.
En ese contexto, una estrategia exterior que ofrezca ventajas geopolíticas frente a China o Irán tiene consecuencias reales en el plano interno: si el conflicto contribuye a encarecer combustibles, transporte y bienes de consumo, el eventual rédito estratégico externo puede verse compensado —o incluso neutralizado— por costos económicos y electorales dentro de Estados Unidos. De hecho, no sería prudente ni racional para el presidente estadounidense sostener una operación de esta naturaleza durante más de cuatro o cinco meses. Con las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre, y en un contexto de rechazo público a la intervención y de eventual aumento del costo de vida, la prolongación del conflicto podría traducirse en costos electorales concretos y erosionar la gestión de Donald Trump.
En suma, Operation Epic Fury puede interpretarse menos como una reacción contingente frente a la amenaza iraní que como una manifestación de una lógica más profunda de competencia entre grandes potencias, en la cual la fuerza militar, la presión energética y la reconfiguración de espacios periféricos convergen en una misma estrategia de poder relativo. Desde esta perspectiva, Irán y Venezuela dejan de ser teatros aislados y pasan a formar parte de un dispositivo más amplio orientado a restringir, encarecer y desacelerar las condiciones materiales del ascenso chino. Ello no implica negar los riesgos de sobreextensión, ni subestimar los límites que la inflación, la fatiga estratégica y la política doméstica imponen a Washington; implica, más bien, reconocer que incluso estrategias costosas pueden resultar racionales si deterioran en mayor medida la posición estructural del adversario.
* Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Sus áreas de interés se centran en la geopolítica, las tecnologías emergentes aplicadas al ámbito de la defensa y el análisis de los conflictos internacionales.
Referencias
- Glenn H. Snyder.,Deterrence by Denial and Punishment. Research Monograph No. 1, Center of International Studies, Princeton University, 1959; y Deterrence and Defense, Princeton University Press, 1961.
- Paul Kennedy.The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Random House, 1987.
- John J. Mearsheimer.The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company, 2001 (ed. actualizada 2014).
- Reuters, 6 ene. 2026, acuerdo EE.UU.-Venezuela y desvío de petróleo destinado a China.
- Reuters, 26/27 feb. 2026, control estadounidense de exportaciones y ventas petroleras venezolanas.
- Reuters, 3 mar. 2026, caída de 67% de los envíos venezolanos a Asia.
- Reuters, 4 mar. 2026, refinadores asiáticos y recortes.
- Reuters, 6 mar. 2026, 60% del crudo asiático desde Medio Oriente.
- Reuters, 13 ene. 2026, 1,38 millones bpd de crudo iraní comprados por China.
- Reuters, 7 ene. 2026, 389.000 bpd de petróleo venezolano importados por China.
- International Energy Agency.Oil 2025: Analysis and forecast to 2030.
- S. EIA,Today in Energy, 16 abr. 2025.
- Reuters,8 jul. 2025, récord de 13,41 millones bpd en 2025.
- CNN/SSRS,2 mar. 2026, 59% desaprueba la intervención contra Irán.
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