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LAS CONTRADICCIONES DE LA UE EN ÁFRICA Y LAS PROPUESTAS REALISTAS DE LOS BRICS

Giancarlo Elia Valori*

Artículo publicado originalmente en Nuovo Giornale Nazionale*

 

La marginación de la Unión Europea y los países europeos en África tiene causas recientes. En este continente rico en recursos y en rápido crecimiento, las grandes potencias compiten por las oportunidades de cooperación más ventajosas.

Las relaciones entre la UE y algunos países del África mediterránea, y en consecuencia con los países del Magreb y del África subsahariana (región del Sahel), revelan complejos cambios geopolíticos y diplomáticos. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la ruptura entre la UE y algunos países africanos? ¿Qué errores ha cometido la UE? ¿Qué impacto han tenido estos errores en sus interacciones? En el mundo actual, en rápida evolución y plagado de crisis, ¿qué ajustes geopolíticos y diplomáticos son necesarios para superar estas divisiones y revitalizar la cooperación?

Según Omar al-Bah, profesor del Centro de Diplomacia y Estudios Estratégicos de París y asesor de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, los tres principales errores cometidos por la UE en África y su impacto en las relaciones diplomáticas y estratégicas bilaterales son: la intervención de la OTAN en Libia, apoyada por la UE; la ambigüedad de la UE en la cuestión del Sáhara; los dobles raseros de la UE; y la cuestión de las tradiciones africanas que los occidentales quieren borrar en nombre de una «modernización» de la moral.

El bombardeo de Libia por parte de la OTAN excedió el alcance de la autorización otorgada por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (17 de marzo de 2011). Esta resolución solo preveía una zona de exclusión aérea y no autorizaba el uso de la fuerza contra Libia. Sin embargo, los países occidentales utilizaron esta autorización para afirmar ante la opinión pública internacional que la OTAN tenía un mandato de la ONU para derrocar al régimen libio, atacar a Gadafi y destruir Libia. Esto parecía apoyar a los rebeldes «prodemocráticos» que abogaban por una Libia «moderna y progresista». Sin embargo, desde 2011, Libia se encuentra sumida en una guerra civil y carece de un gobierno unificado y universalmente aceptado. En 2020, Libia seguía dividida en tres regiones distintas y mutuamente hostiles.

Esta división tripartita indica que hay tres gobiernos: a) el gobierno de unidad nacional en Trípoli, liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, que controla la capital y la parte occidental del país, apoyado por la comunidad internacional y Turquía; b) el gobierno de Bengasi/Este: liderado por el primer ministro Osama Hammad, apoyado por el parlamento (Cámara de Representantes) con sede en Tobruk, y controlado por el general Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio; c) el Alto Consejo de Estado: un órgano consultivo con sede en Trípoli que, si bien no es un gobierno ejecutivo independiente, desempeña un papel crucial en las negociaciones políticas y se opone al parlamento en Tobruk. Además, existen zonas grises dominadas por milicias armadas: fuerzas con características terroristas intrínsecas que abogan por un estado teocrático en Libia.

Esta situación socava gravemente el proceso de reconstrucción nacional, perturba un diálogo nacional inclusivo y sostenible, obstaculiza la celebración de elecciones periódicas e impide las reformas estructurales encaminadas a promover una recuperación de alta calidad de la crisis y lograr la revitalización nacional posterior al conflicto.

El error resultante radica en que los países occidentales optaron por una vía intervencionista ideológicamente motivada y aparentemente benigna: el uso de la fuerza contra un Estado soberano en el contexto de la «Primavera Árabe», ignorando las reservas planteadas por la Unión Africana. La UA había abogado claramente por una solución pacífica a la crisis mediante mecanismos de mediación liderados por África.

El fracaso de Occidente y la UE en proponer una solución clara para la posguerra constituyó un error fundamental, que va más allá de la mera violación de los Artículos 2(3) y 4 de la Carta de las Naciones Unidas. La mayoría de las voces a favor de la intervención invocaron la llamada «responsabilidad de proteger», considerándola una herramienta para socavar tanto la soberanía de Libia como el principio de no injerencia en los asuntos internos.

De hecho, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, la situación de Libia bajo el gobierno de Gadafi era mucho mejor que la actual. Por otro lado, el Consejo Nacional de Transición, que asumió el poder después del Líder Supremo, nunca ha logrado aclarar el destino final de los activos financieros libios congelados y confiscados a nivel mundial. Se estima que estos activos, ubicados principalmente en Estados Unidos y la UE, tienen un valor de entre 100.000 y 160.000 millones de dólares.

El colapso de Libia también afectó negativamente al proceso de integración monetaria panafricana promovido por la UA, obstaculizando significativamente el lanzamiento de una moneda única africana (la ECO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental), que se pospuso hasta 2027 debido a obstáculos económicos y políticos. Si bien algunas iniciativas vinculan la integración monetaria a largo plazo con la Agenda 2063 de la UA, 2027 sigue siendo el objetivo actual para África Occidental.

De hecho, la UA inicialmente dependió en gran medida del sustancial apoyo financiero de Libia para iniciar el proceso de unificación monetaria en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCAF). La ZLCAF, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo por número de países participantes entró en vigor el 1° de enero de 2021. Impulsada por la UA, su objetivo es crear un mercado único para 54 Estados (excluyendo a Eritrea), eliminando el 90% de los aranceles aduaneros para aumentar el comercio intraafricano, industrializar el continente y facilitar la circulación de bienes y servicios. Esto concuerda con la teoría del economista canadiense Robert Mundell sobre las zonas monetarias óptimas y su impacto positivo en la movilidad laboral, así como con la visión general de la XXXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada en Adís Abeba en febrero de 2025.

El segundo error se refiere a la ambigua postura de la UE respecto a la República Árabe Saharaui Democrática. Fue y sigue siendo un juego estratégico basado en el supuesto equilibrio entre el Reino de Marruecos, la mencionada República Árabe Saharaui Democrática y la República Argelina Democrática y Popular.

Los cambios de postura, complejos y sutiles, son habituales en la política exterior de la UE. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias que exigían a los Estados miembros garantizar el respeto de los derechos sobre los bienes y servicios originarios de la RASD al aplicar dos acuerdos comerciales firmados con el Reino de Marruecos. Ese mismo día, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés emitió una declaración reafirmando los principios fundamentales de la política exterior francesa en la región del Magreb. Francia declaró que nunca comenta las sentencias judiciales, pero reiteró que el presidente y el gobierno franceses siempre priorizan la «colaboración estratégica especial» entre Francia y Marruecos más allá de la UE.

Así pues, esta postura diplomática, paralela a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha generado una tensión significativa entre el Estado de derecho de la UE y los intereses nacionales franceses a nivel diplomático, económico, financiero e incluso estratégico e histórico (durante la época del colonialismo directo, la actual RASD era el Sáhara español). Esta contradicción no sólo no ha logrado calmar los ánimos de las partes implicadas en la región del Magreb, sino que tampoco ha logrado aclarar sustancialmente la verdadera postura de Bruselas sobre este delicado asunto. Para fortalecer su credibilidad y coordinar sus posiciones diplomáticas y estratégicas, la UE debería haber demostrado una mayor coherencia.

Mientras tanto, la UE se encuentra atrapada entre dos principios sobre la cuestión de la RASD: por un lado, el apoyo de Argelia al derecho de autodeterminación del pueblo de la RASD; por otro, la reivindicación de soberanía de Marruecos sobre ciertos territorios de la RASD (miembro de la antigua Organización de la Unidad Africana desde 1982 y ahora miembro de la UA), basada en el principio de fronteras inviolables. Marruecos propone conceder autonomía a la región dentro de lo que Rabat define como sus «fronteras naturales», enfatizando su prioridad histórica y geográfica. La postura algo sesgada del Consejo de Seguridad de la ONU respecto al enfoque marroquí podría ofrecer a la UE la oportunidad de afinar su postura diplomática.

El tercer error se refiere a la doble moral de la UE en nombre de la democracia, el Estado de derecho, la moral, la buena gobernanza y los derechos humanos. En la mayoría de los países del Magreb y el África subsahariana, la UE, al igual que otros actores occidentales, suele enfatizar estos conceptos ideológicos para justificar su intervención en los asuntos internos de los países africanos, imponiendo sanciones o condiciones. Estos discursos suelen tener un tono condescendiente y «civilizado», con el objetivo de debilitar a los regímenes y élites desobedientes, fomentando así la creación de intermediarios y salvaguardando sus propios intereses estratégicos. Esta práctica ha suscitado críticas generalizadas sobre la doble moral de la UE en África.

A pesar de que la UE ha subrayado reiteradamente su firme compromiso con estos valores, declarando que su objetivo es defender «valores universales» como la paz, la seguridad, la estabilidad, el estado de derecho, la moralidad, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, etc., la brecha entre la UE y África persiste.

La división es particularmente pronunciada en la región del Sahel. Las intervenciones de seguridad de la UE y la comunidad internacional, como 1) la Fuerza de Tarea Takuba de la UE desde 2021 (un instrumento concebido por Macron para involucrar a Europa en el Sahel, donde las fuerzas francesas luchan por mantener la estabilidad en la región; cabe mencionar también que, a pesar de haberse declarado inicialmente a favor de la iniciativa francesa, no todos los once países firmantes de la declaración de adhesión han enviado unidades operativas al terreno, mientras que uno de ellos, Alemania, ha rechazado dos veces la solicitud de Francia); 2) el G5 del Sahel (un marco de cooperación intergubernamental establecido en 2014 por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para abordar los desafíos comunes de seguridad y desarrollo); y 3) la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, no han logrado erradicar por completo el terrorismo y la delincuencia transnacional. Incluso con la retirada de las tropas extranjeras, estas amenazas persisten. Si bien los soldados franceses y europeos han logrado detener el avance de las fuerzas yihadistas en algunas zonas, el fracaso en alcanzar un objetivo decisivo ha exacerbado aún más los malentendidos entre Francia, la UE y la Asociación de Estados del Sahel, empujando a esta última hacia Moscú, Beijing y el sistema BRICS. Este cambio geopolítico representa un desafío diplomático extremadamente difícil para la UE y Francia.

Además, cabe destacar que el mecanismo de patrullaje antinmigrantes Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con sede en Varsovia) de la UE y su presión diplomática y estratégica sobre los países de tránsito del Magreb y los países africanos de origen han exacerbado aún más las tensiones entre la UE y África. Las rutas marítimas del Mediterráneo y el Atlántico se han convertido en vías de entrada para la inmigración ilegal, causando miles de muertes cada año. Esto no sólo genera fricciones entre los países costeros del sur de la UE y los países de destino del norte, sino que también exacerba los conflictos con el Magreb y África en su conjunto.

Muchos africanos creen que la UE está explotando los recursos naturales de África al negarse a proporcionar canales legales para la migración africana. Al mismo tiempo, la UE se enfrenta a la presión del auge del nacionalismo de extrema derecha y antiinmigrante, que explota los cambios demográficos, los abusos de la asistencia social y la «teoría del reemplazo demográfico» para sembrar el pánico y presentar la migración como una amenaza. Esta retórica suele exagerarse en el contexto de una realidad compleja e interdependiente.

Otra falla es el discurso occidental sobre el género y sus diversas formas, que ha encontrado una fuerte resistencia por parte de los valores tradicionales, religiosos y culturales en África y el Sur Global. Esto subraya la importancia de respetar la identidad y las costumbres en las relaciones internacionales para preservar la diversidad de los países y los Estados-nación.

La UE es reconocida como un socio estratégico importante para África y viceversa. Sin embargo, las frecuentes fracturas en sus relaciones reflejan la incapacidad de la UE para adaptar su política exterior a los cambios en las élites africanas, la opinión pública y el sistema internacional multipolar. Estas fracturas geopolíticas deberían impulsar a ambas partes a replantear sus modelos de interacción multidimensional basados en el respeto mutuo.

África defiende los principios de igualdad entre los Estados, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos, evitando la sustitución de una hegemonía por otra, manteniendo así una auténtica autonomía estratégica. De hecho, sólo preservando la no alineación, la resiliencia y la iniciativa puede África promover con mayor eficacia las agendas globales, como la reorganización del sistema económico y financiero mundial y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Esto se basa en el Consenso de Ezulwini, la posición común de la UA adoptada en 2005 para la reforma del CSNU, cuyo objetivo era corregir la injusticia histórica de la falta de representación de África. Exige al menos dos puestos permanentes (con derecho a veto) y cinco no permanentes para África, dejando el resto sin cambios.

En este proceso, la UE sigue siendo un socio indispensable para África. El Magreb, el África subsahariana, la UE y otras grandes potencias tienen la responsabilidad de construir un nuevo sistema de relaciones internacionales más pacífico, ordenado, justo y mutuamente beneficioso mediante el diálogo y la confianza mutua, y de promover el establecimiento de un nuevo orden mundial no excluyente, basado no en la palabrería políticamente correcta, sino en el respeto mutuo, los intereses comunes y el derecho internacional como garantía duradera de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales.

Sin embargo, más allá de las bellas palabras de la UE, que representa a los países que siempre han explotado a África, son los BRICS los que están ganando credibilidad ante los ojos de los países de ese continente.

La cooperación entre los países BRICS y África se está fortaleciendo rápidamente. Egipto y Etiopía también se han convertido en miembros de pleno derecho, mientras que Nigeria y Uganda son estados asociados, y Argelia y Senegal son estados candidatos. Esto representa el auge del «Sur Global», que busca promover la multipolaridad geopolítica, la desdolarización del comercio y el desarrollo de infraestructuras, fortaleciendo así significativamente la influencia de África en el panorama político y económico internacional.

Por lo tanto, los países BRICS y la UA están conformando un modelo interconectado, centrado en plataformas de negociación multilateral para promover la descolonización económica, la cooperación energética y los acuerdos sobre monedas locales. Su objetivo común es centrarse en la reforma de las instituciones de gobernanza global y promover la representación de los países en desarrollo en los asuntos internacionales.

En materia de infraestructura y desarrollo, los países BRICS se han comprometido a apoyar al continente africano en el desarrollo de recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Mediante su alianza con África, los países BRICS fortalecen la solidaridad en el Sur Global y trabajan para construir un orden internacional más equitativo.

Desde la ampliación de 2024, África cuenta ahora con dos nuevos Estados miembros de pleno derecho (los ya mencionados Egipto y Etiopía): la adhesión de estos países refuerza la influencia estratégica de los BRICS en el noreste de África.

En materia de moneda digital y desdolarización, India ha propuesto discutir la integración de las monedas digitales de los bancos centrales en la cumbre BRICS de 2026 para agilizar los acuerdos comerciales entre África y otros estados miembros y reducir la dependencia del dólar estadounidense.

En términos de ejercicios militares conjuntos, el primer ejercicio Peace Will 2026, liderado por la República Popular China, se celebró en aguas frente a las costas de Sudáfrica en enero de 2026, lo que marcó un paso adelante en la cooperación en materia de seguridad.

Las principales áreas de cooperación son: financiamiento de infraestructura: el Nuevo Banco de Desarrollo continúa otorgando préstamos a los países africanos, habiendo aprobado más de 30 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible a partir de 2023.

En materia de agricultura y seguridad alimentaria, el objetivo de la cooperación es compartir tecnologías agrícolas para mejorar la productividad y erradicar la pobreza en el continente africano.

En materia de cooperación energética, China y Rusia están impulsando varios proyectos de gran envergadura en África, como la central nuclear de El-Dabaa en Egipto y la construcción de varias redes de energía solar.

Los países BRICS han ofrecido a África una alternativa a los sistemas dominados por Occidente, como el FMI o el Banco Mundial. Los países africanos utilizan la plataforma BRICS para promover el desarrollo del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y buscar una mayor representación y autonomía en la gobernanza global. Esto a pesar de los clichés de la UE y las potencias occidentales, quienes, en cuanto África intenta resolver sus problemas por sí sola, intervienen para establecer zonas de influencia, explotación y división. El caso de Libia, con el que iniciamos este artículo, es un claro ejemplo.

 

* Honorable de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia Profesor honorario de la Universidad de Beijing.

 

Artículo publicado en italiano el 27/01/2026 en Nuovo Giornale Nazionale, https://www.nuovogiornalenazionale.com/index.php/articoli-recenti/geopolitica/27420-le-contraddizioni-dellunione-europea-in-africa-e-le-proposte-fattive-e-realistiche-dei-brics.html

CUBA: SIN MADURO, CON TRUMP Y EN «ESTADO DE GUERRA»

Roberto Mansilla Blanco*

El secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el nuevo contexto político de distensión entre Venezuela y EEUU, ahora con Delcy Rodríguez como «presidenta encargada» en Caracas, es un escenario que afecta directamente a un tercer actor, Cuba.

Desde 2000, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro mantuvieron con Cuba un Convenio Integral de Cooperación con el petróleo, la cooperación educativa, política, militar y de inteligencia como principales motores. El acuerdo implica el suministro a La Habana de unos 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano a precios subsidiados.

Pero la crisis de 2026 ha dado un vuelco radical a esta situación. La caída de Maduro y el confeso interés del presidente estadounidense Donald Trump por el control de la industria petrolera venezolana colocan a Cuba ante la posibilidad de ver suspendida esta cooperación energética bajo presión de Washington, sumiendo a la isla caribeña en probablemente su crisis más acuciante desde la década de 1990.

En diciembre pasado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba sufría una acumulación de «adversidades y errores propios». Fiel al efectismo retórico, La Habana parece querer mostrar con esta declaración un argumento de mea culpa y de «rectificación de errores» ante sus ciudadanos, una estrategia que con frecuencia ya anteriormente utilizaran el desaparecido ex presidente Fidel Castro y su sucesor Raúl Castro, con la finalidad de blindar la capacidad del sistema socialista a la hora de ofrecer respuestas cada vez que ocurren crisis socioeconómicas.

No obstante, esta declaración está fuertemente contextualizada por una coyuntura sumamente crítica tras el constante «acoso y derribo» por parte de Trump contra el régimen cubano. Una posición igualmente impulsada por la estrategia intransigente del secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, deseoso de observar un cambio de régimen en La Habana que obviamente favorezca los intereses estadounidenses.

Tras Venezuela, ¿caerá Cuba?

La crisis post-Maduro con un Trump que acecha constantemente coloca en el centro de atención la autoridad de Díaz-Canel y su capacidad para gestionar la peor crisis que está viviendo la isla caribeña desde la caída de la URSS y la instauración del Período Especial en la década de 1990.

El pasado 17 de enero, los medios estatales cubanos señalaron la aprobación del plan de Estado de Guerra durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional ―órgano encargado de asumir el control del país durante desastres naturales o conflictos armados― «en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa» con el objetivo de «incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal».

En el marco de esta declaración del Estado de Guerra, la reciente reaparición pública de Raúl Castro supone una recuperación del simbolismo histórico revolucionario en un período crítico, con el asedio de EEUU y el abrupto cambio político en su aliado estratégico venezolano, aspecto que pone en riesgo el convenio energético.

Este cambio radical de escenario abre diversas interrogantes para Cuba, acrecentando la incertidumbre sobre qué es lo que puede suceder en la isla caribeña. Destacan en este sentido las siguientes interrogantes:

    • ¿Invadirá Trump a Cuba?; ¿habrá otra Operación Militar Especial por parte de Washington, esta vez contra el gobierno de Díaz-Canel?
    • La presión de Trump, ¿propiciara una apertura política calculada en Cuba, con liberación de presos políticos?; al igual que en el caso de la Venezuela post-Maduro, ¿habrá una distensión entre La Habana y Washington, motivada por razones humanitarias?; ¿se permitirá en Cuba una nueva etapa que eventualmente implique aprobar tímidas reformas hacia la propiedad privada con la finalidad de amortiguar la presión desde Washington?
    • El papel de Marco Rubio y el lobby «anti-castrista» en EEUU, ¿tendrá el mismo éxito que en Venezuela para presionar a Cuba y convertirla prácticamente en un nuevo «protectorado» estadounidense similar al que, al menos por ahora, se está observando en la Venezuela post-Maduro?
    • ¿En qué quedará el nivel de cooperación cubano-venezolano, especialmente en materia de inteligencia?; en este nuevo contexto post-Maduro, ¿es Delcy Rodríguez una aliada fiable para La Habana?
    • Finalmente, ¿puede reproducirse en Cuba un escenario de protestas y rebelión similar al que actualmente se observa en Irán?

En las redes sociales han aumentado todo tipo de informaciones, especulaciones y no menos desinformación, sobre las decisiones que puedan tomar Díaz-Canel y Raúl Castro ante las presiones de Trump.

Con escaso fundamento que, sin embargo, no esconde escenarios de probabilidad se ha informado de eventuales cambios dentro del gobierno cubano con la intención de procrear un clima de distensión con Washington; de la posibilidad de excarcelación masiva de presos políticos; la liberación completa de los mecanismos económicos; cambios legislativos para reducir el monopolio del Partido Comunista de Cuba; e interés de inversiones extranjeras, entre ellas compañías tecnológicas muy probablemente estadounidenses, toda vez que se adapta una legislación más conveniente para el capital foráneo.

Fiel a su retórica intimidatoria, Trump ha sugerido al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a las autoridades de ese país «un acuerdo antes que sea demasiado tarde». Mientras avanza con el control del petróleo venezolano, Trump ya ha advertido a La Habana que cortará el suministro de crudo venezolano a la isla antillana. Díaz-Canel ha respondido defendiendo la soberanía cubana: «nadie nos dicta qué hacer», negando al mismo tiempo que existan conversaciones con el gobierno de Trump.

Al mismo tiempo, el presidente cubano desmintió conversaciones con Washington advirtiendo que, en caso de que esas negociaciones llegaran a realizarse, deben «basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», dando así a entender el carácter violatorio de la legalidad internacional detrás del secuestroa de Maduro.

Mientras La Habana toma posición ante el nuevo contexto, la tutela de Trump en la Venezuela post-Maduro vía Delcy Rodríguez augura un posible nuevo aislamiento para Cuba ante las intenciones de Washington de desarticular el eje estratégico Cuba-Venezuela. Con todo, países aliados de La Habana han salido en defensa de su gobierno ante las arremetidas de Trump, destacando el apoyo de Rusia, China, México, Brasil y Colombia.

Por otro lado, la visita a Caracas del director de la CIA, John Ratcliffe, siendo recibido por Delcy Rodríguez e incluso condecorado por las nuevas autoridades en Caracas, implica un cambio tectónico tras casi tres décadas de predominio de la inteligencia cubana en Venezuela. Mientras Ratcliffe parecía anunciar esta «nueva era» en Caracas, Cuba recibió con todos los honores los cuerpos de los 32 oficiales caídos durante la operación especial de captura a Maduro.

Por otro lado, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían asegurado a Marco Rubio su disposición para desmovilizar las milicias y los colectivos armados en Venezuela, desmantelar el SEBIN, la policía secreta, muy ligada a su homólogo G2 cubano; acabar con los negocios ilícitos de los militares y dejar de enviar petróleo a Cuba y China. Tras años de sanciones y de prohibiciones, Caracas ha comenzado a suministrar crudo a EEUU toda vez que se aceleran las negociaciones para la reapertura de canales diplomáticos.

No obstante, estas medidas podrían dificultar la estabilidad interna tomando en cuenta los intereses de otros pesos pesados del poder «chavista» como son el ministro de Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alterando así los planes de Washington de una transición tutelada y sin sobresaltos.

¿Hacia un nuevo Período Especial?

Las expectativas en torno al control estadounidense del petróleo venezolano así como las constantes presiones contra Cuba por parte de la Administración Trump dejan a la isla caribeña ante la posibilidad de reproducción del «período especial de crisis» existente durante la década de 1990 tras la caída de la URSS, previo a la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999)

Con una crisis económica cada vez de mayor calado a la que se une la crónica insuficiencia energética, ahora profundizada por las presiones de Trump hacia el gobierno de Delcy Rodríguez para cortar lazos con Cuba, el gobierno de Díaz-Canel se enfrenta a una nueva etapa crítica de posible aislamiento, igualmente acrecentada a nivel hemisférico ante el viraje político hacia una derecha trumpista en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros, 

El petróleo entra aquí como el quid de la cuestión. Como sustitutos coyunturales de Venezuela en materia de suministro energético han aparecido países como México y Rusia, aunque en este último caso muy condicionado por las sanciones occidentales y la vigilancia estadounidense con su presencia militar en el Mar Caribe.

Rusia ha salido en apoyo, principalmente retórico, de su aliado cubano en este nuevo período de crisis para La Habana, azotada por apagones eléctricos, una crisis económica incesante y un posible nuevo éxodo. Ante la incertidumbre sobre lo que pueda suceder en Venezuela ahora bajo la tutela de Washington, tanto Rusia como México se han convertido en oportunos socios energéticos. No obstante, esta ayuda sugiere un carácter coyuntural que contrasta con la estructural cooperación venezolana durante más de dos décadas.

Por otro lado, según publica The New York Times, Cuba ha estado revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas. La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos ―el turismo, las remesas y las misiones médicas― se encuentran en horas bajas.

Algunos informes dan cuenta de las dificultades existentes en la industria petrolera venezolana, lastrada por la dramática caída de inversiones en infraestructuras, lo cual también condiciona la capacidad de Washington para gestionar la transición.

Venezuela posee las mayores reservas de hidrocarburos a escala mundial, por encima de los 300.000 millones de barriles, incluso superando a Arabia Saudita. No obstante, a corto plazo, de los actuales 1,2 millones de barriles diarios de producción petrolera venezolana se estima que podrían caer a menos de 300.000 para finales de 2026, colocando a Caracas ante una difícil situación económica, especialmente a la hora de importar alimentos y medicinas.

Según la consultora Rystad Energy, debido al deterioro y la falta de mantenimiento de las infraestructuras en Venezuela, sería necesario invertir unos US$ 110.000 millones en tres años para duplicar la actual producción. Un dato que en el contexto actual en Cuba seguramente no pasa desapercibido.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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LA PESCA EXTRANJERA SE LLEVA 250.000 TONELADAS ANUALES DE LAS AGUAS ARGENTINAS DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, 14 de enero de 2026.

 

En los últimos tiempos observamos la publicación de alarmantes notas de ONGs ambientalistas que refieren a la pesca ilegal China en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur y  suelen indicarse en estas notas algunos ejemplos repetidos que no representan ni el 0,2% del total de buques que pescan a distancia en ambos océanos. Omiten decir ―entre otras cosas― que, a los chinos, se le agregan un importante número de buques taiwaneses, españoles y coreanos que capturan en alta mar los recursos migratorios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños de Sudamérica. Y lo que es peor aún, nunca denuncian la pesca extranjera de las 250.000 toneladas anuales (desde 1989 a la fecha un total 10 millones de toneladas por una suma FOB estimada en los 27.000 millones de U$S) que se realiza en las aguas argentinas de Malvinas con licencias ilegales de los isleños británicos y donde los españoles o éstos asociados a los isleños británicos, son los primeros apropiadores con bandera ilegal “Falklands”, comercializando luego las materias primas en Vigo (España) y, desde ahí, a la Unión Europea y el mundo, en abierta competencia con las empresas habilitadas en la Argentina y, produciendo, el mayor desequilibrio registrado en el ecosistema argentino de la región austral del Atlántico Sur.

Empecemos por decir, que las Autoridades de Argentina parecen ignorar la pesca ilegal que ocurre en la ZEE Argentina por parte de buques nacionales; la que realizan los buques extranjeros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y en las aguas de Malvinas, sobre la que nos venimos refiriendo desde 1989 (ver: cesarlerena.com.ar); pero, aun preocupándonos muchísimo el tema, no justificamos la intervención de terceras potencias en nuestro territorio marítimo o continental y, en ese sentido, adherimos a las recientes declaraciones del Presidente de la República del Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva de que “No queremos elegir entre China y Estados Unidos”; afirmación que no es otra, que la “tercera posición” del Gral. Juan Domingo Perón de 1947.

Sin embargo, esas ONGs ―pareciera― por los medios de difusión que utilizan para promover sus ideas o por la obsesión y/o la mirada sesgada que atribuye a China todos los males, apoyan indirecta o por estupidez que los recursos naturales de los Estados Emergentes ―al igual que el petróleo en Venezuela― debieran cuidarlos terceros países “más aptos” para administrarlos adecuadamente.

Aunque no lo dicen ―y sería bueno que lo hagan― parecen fundar la idea en que los funcionarios responsables ―Subsecretario de Pesca; Consejo Federal Pesquero; Cancillería; Procuración General de la Nación― no han llevado adelante ninguna acción -de las múltiples posibles- contra la pesca ilegal de los recursos pesqueros argentinos migratorios y, tampoco, han sancionado a los buques que pescan en las aguas de Malvinas, entre ellos los españoles (el Reino de España reconoció la independencia argentina en 1863 y con ello todos los derechos soberanos argentinos en Malvinas); pero, también es necesario preguntarse, si esa inacción no está en línea con el rol declamador de estas organizaciones ambientales que reducen su accionar a señalar a un único responsable: China, como si la cuestión fuese una mera cuestión meramente biológica y no geopolítica.

Y la ecuación de instalar el estado de necesidad es inevitable: Estado ausente + “Cuco Chino” + denuncia parcial de ONG “sin fines de lucro”: intervención y/o privatización extranjera del control.

No es una fantasía ni una fabulación. Con el mismo criterio la ONG WCS promovió la necesidad de un Área Protegida Bentónica en el “Agujero Azul” bajo el argumento de cuidar el medio marino y en realidad destinado a cerrar el cinturón azul (Blue Belt) de las islas Malvinas asegurándole la llegada de los recursos migratorios a la administración ilegal de los Archipiélagos y, hay quienes dicen que también justificó la necesidad de contar con un nuevo buque de investigación de costo millonario.

También, algunas ONG promovieron la ratificación por parte de Argentina del Tratado de Biodiversidad en alta mar (BBNJ) que colocaría al Reino Unido en condiciones de participar en la administración de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroccidental como si se tratara de un Estado ribereño o un Estado de Pabellón. Todo bajo el pretexto de dar sostenibilidad al medio marino.

Es notable, que cuando un grupo de ONG analizaron algunos Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) con motivo de las exploraciones sísmicas de Equinor y Shell para determinar la presencia de hidrocarburos, solo refirieron a la protección de los grandes mamíferos, las aves y las tortugas y omitieron poner énfasis a las especies pesqueras que son alimento de éstas y el sostén de toda la industria pesquera argentina; además, de ser, muchas de ellas, particularmente sensibles a las exploraciones sísmicas.

Por cierto, lo dicho anteriormente, nos mueve a efectuar a algunas preguntas para dar coherencia a esta legítima y necesaria preocupación de erradicar la pesca ilegal:       

Por qué estas ONG no cuestionaron la Ley de Bases diseñada por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que pretendió liberar el mar argentino a toda la flota extranjera que depreda el Atlántico Sur, entre ellas las licenciadas británicas en Malvinas; sin necesidad de desembarcar en los puertos argentinos o prohibir los desembarcos en el mar (una de las formas más habituales de esconder la pesca ilegal).

Por qué estas ONG no cuestionan el descarte a bordo en la ZEE en la Argentina, que las organizaciones nacionales e internaciones estiman un 30% de las capturas declaradas desembarcadas.    

Por qué estas ONG no han cuestionado los Acuerdos entre la Unión Europea y el MERCOSUR sin que España -previamente- no dé por terminada la pesca en el Atlántico Sur, entre otras, la que realiza asociada a la Corona Británica en Malvinas (cesarlerena.com.ar, “Luces y Sombras del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en la pesca”, Perfil 19/12/2025) y, que, además, podría dar lugar al ingreso de nuevos buques españoles a la ZEE Argentina y, que, además, por la Ley 24.184 le abriría las puertas al Reino Unido (el principal depredador pesquero y petrolero del Atlántico Sur) al mejor negocio efectuado por la Argentina con terceros países, al igual que el Acuerdo con Estados Unidos.

Por qué estas ONG no han cuestionado este último Acuerdo que, como hemos dicho, afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina (cesarlerena.com.ar “El Acuerdo con Estados Unidos es una Rendición Incondicional” Perfil, 16/11/2025). Por qué debe suponerse, que bajo pretexto de la “Seguridad Nacional” las acciones aplicadas por Estados Unidos a terceros países no se apliquen luego a las capturas argentinas y/o a sus exportaciones y/o el comercio con los países integrantes del BRICS; teniendo muy en cuenta que el principal cliente argentino es China.

Omiten estas ONG, que una de las formas -reconocidas internacionalmente- de facilitar la pesca ilegal “es a través de aplicación de subsidios a la pesca y, precisamente Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador ponga condiciones al contaminado” (cesarlerena.com.ar Ob.cit, 16/11/2025).

Parece inadmisible y desproporcionado que para resolver la pesca ilegal que afecta a la Argentina, ésta haya aceptado el patrullaje en las aguas argentinas por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos; su intervención en la vía fluvial Paraná-Paraguay; el control de los puertos y la eventual instalación de una base naval integrada argentino-estadounidense (abril/2024) en Tierra del Fuego. Y ello, no es una hipótesis tremendista, sino que el propio Presidente Trump ha hecho referencias explícitas a la pesca ilegal (INDNR/IUU) en su política exterior relacionada especialmente a las flotas chinas a distancia (distant-water fleet), promoviendo sanciones económicas; restricciones comerciales (Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 12/2025) e incluso, el acceso de productores estadounidenses a mercados extranjeros y, llevando adelante “una retórica de Trump contra los comunistas en la pesca (China, Rusia)” junto a una crítica a los países que no combaten la pesca ilegal, mientras EEUU lo hace. Si bien ―reiteramos― que es necesario erradicar la pesca ilegal, ello debe ejecutarlo a través de los Estados ribereños correspondientes (en el Atlántico Sur Occidental FAO 41, Argentina, Brasil y Uruguay), con la cooperación de los organismos multilaterales y no, desde una posición hegemónica de un determinado país.

Se dice que la Argentina tiene dificultades para resolver la pesca ilegal de China por tratarse de uno de los principales países que intervienen en su comercio bilateral; ahora bien, darle luz blanca a un tercer Estado en el manejo de sus cuestiones soberanas, no solo es inadmisible desde el punto de vista de su autonomía política, sino que la Argentina quedaría sujeto a los eventuales y previsibles acuerdos entre Estados Unidos y China, donde la pesca sea una mera moneda de cambio; como ya ocurrió en con los Acuerdos con la URSS en 1986 o con la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1994. 

 

“Un montón de piedras no es una casa” (Henry Poincaré)        

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar