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LA ARGENTINA COLONIZADA. SIN PESCA NO HABRÁ SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR NI EN MALVINAS.

César Augusto Lerena*

En el año 1820 se iza el pabellón nacional en Malvinas y, las Provincias Unidas en Sud América, todavía estaban en posesión de los archipiélagos. En el 1833 los británicos ocupan Malvinas, un territorio de 11.410 km2 y, las aguas circundantes, hasta una distancia de tiro de cañón. Desde 1982 y con el correr de los años, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) tiene ocupado 1.639.900 km2 del mar argentino, es decir el 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, a lo que hay que agregarle, la disputa que enfrentamos con el Reino Unido por 1.430.367 km2 de la Plataforma Continental, que la Comisión de Límites de la ONU no recomendó a favor de nuestro país sobre el total de 1.782.000 km2 que el gobierno argentino en 2009 solicitó se le reconozca por fuera de las 200 millas, de acuerdo con lo previsto en el art. 76º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), sumándose finalmente a ello la pretensión del Reino Unido sobre la Antártida Argentina, un espacio del orden de las 965.597 km2, más las aguas correspondientes.

La ocupación del 52% del territorio marítimo en la ZEE Argentina equivale a la ocupación de la Patagonia, La Pampa, San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa. No parece que Brown, Güemes, Artigas, San Martín, Belgrano y otros tantos próceres hubiesen permanecido indiferentes ante la ocupación de tanto territorio.

A todo ello, hay que agregarle la licitación de 100.000 km2 en áreas petroleras de la Cuenca de Malvinas Oeste entre Malvinas y el territorio continental argentino, donde, en 2019 se adjudicaron espacios (sin evaluar el impacto ambiental ni los efectos sobre la pesca) para la explotación offshore a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, que fueron concesionadas en abierta violación a la ley Solanas (Nº 26.659) que, junto a los archipiélagos ocupados se constituye en un block bajo control del Reino Unido en la parte meridional del Atlántico Sur. Una zona estratégica por su relación con el área en disputa y la Antártida, pero también, porque al haberse incrementado el tránsito de grandes buques portacontenedores y otros hacia el pacífico utilizan el Estrecho de Magallanes, ya que por su tamaño no pueden utilizar el Canal de Panamá.

Este escenario se agrava, porque se ha formado una sociedad británica-española en Malvinas con la constitución de compañías mixtas para explotar los recursos naturales renovables que está produciendo un importante desarrollo en las islas, que podrían, en un futuro, establecerse como un epicentro operativo y logístico de explotación pesquera en el área patagónica del mar argentino; teniendo en cuenta la alta concentración de recursos pesqueros en la zona. En una evidente estrategia de consolidación en la región, el gobierno ilegal británico ya ha construido un puerto en Georgias del Sur y está iniciando la construcción de un Puerto en Malvinas destinado a operar buques pesqueros, turísticos, de investigación y defensa. Al margen de esto, está realizando obras destinadas a almacenamiento y de generación de energía, entre otras.

Deberíamos prestar mucha atención a estas sociedades, porque el 95% de las extracciones pesqueras de Malvinas del orden de las 250.000 toneladas/año, por un valor estimado en unos 600 millones de dólares/año, terminan en el Puerto de Vigo (España) y desde allí se distribuyen a toda Europa; es decir, que en el caso de que el Brexit finalice sin acuerdo —Brexit duro— y se termine el libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, las materias primas de las islas podrían seguir ingresando y comercializándose sin aranceles en Europa al utilizar la bandera española. Aparte de ello, hasta el momento, los británicos se han limitado a la entrega de licencias (el escalón más bajo de la actividad, como vender ganado en pie), porque a los españoles y también a los coreanos y a los taiwaneses, no les interesa industrializar y agregarle valor en las islas, pero de hacerle, podrían avanzar en forma importante en su consolidación en las islas.

El perjuicio económico y social que le causan a la Argentina las extracciones de nuestros recursos vivos es gravísimo. Tomemos como ejemplo, el daño que le causa a la Provincia de Tierra del Fuego la captura en Malvinas de 68.072 toneladas/promedio/año del calamar loligo (Doryteuthis gahi) que desde el año 1982 al 2020 alcanzó un valor de 16.787,9 millones de dólares (441.788 millones de US$ por año); más los daños por pérdida de chance; y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales por valor US$ 224.720.874 (7.022.527 US$/año), con los cuales podemos imaginarnos el desarrollo que podría haber alcanzado Tierra del Fuego de disponer de esos fondos. Montos anuales que representan once veces el presupuesto de Río Grande. Además, habría que agregar las acciones negativas sobre la ecología de las especies depredadoras y presas que también son capturadas en Malvinas o fuera de ella.

Por supuesto que hay que evaluar también los daños derivados de la explotación de hidrocarburos y minerales.

Por otra parte, debido al horrible pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó a la compañía aérea LATAM un vuelo semanal a San Pablo, una ciudad que, con el Gran San Pablo, representa la economía más importante de Suramérica después de Brasil. Con 46 millones de habitantes, 30 de los cuáles son ABC1, es un Estado que podría absorber toda la producción de Malvinas o bien constituirse en un distribuidor hacia y desde todos los países desarrollados del mundo.

A las capturas que se realizan en Malvinas debemos agregarle unas 750 mil toneladas anuales que se capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur por parte de buques españoles, chinos, coreanos, taiwaneses y otros sin acuerdo con los Estados ribereños (Argentina y Uruguay), lo que junto a las extracciones de Malvinas totalizan el millón de toneladas anuales por un valor del orden de los US$ 2.600 millones que se extraen ilegalmente del Atlántico Sur. Es decir, por encima de las exportaciones argentinas que alcanzan entre US$ 1.800 y 2.000 millones por año.

Esta pérdida de recursos implica un daño económico, laboral y alimenticio muy importante; pero si evaluamos solo los descartes de 300 mil toneladas por año en la ZEE con su aprovechamiento le permitiría a la Argentina alimentar con la mejor proteína a tres millones de niños y adolescentes por día durante todo el año. La pérdida de soberanía alimentaria adquiere una especial significación en una Argentina con 40,8% de pobres y 8,9% de indigentes.

Por su parte, ayudando a las operaciones de los buques que realizan capturas ilegales en Malvinas y en el Atlántico Sur, el puerto de Montevideo le presta apoyo para el recambio de combustible; reemplazo de tripulaciones; transbordo de las capturas; armado y reposición de alimentos; incorporación de insumos y, reparación de los buques, etc. Las autoridades de Montevideo discuten si los buques que se atienden sus puertos son ilegales, pero a mí no cabe la menor duda de ello.

Tampoco las autoridades argentinas y uruguayas entienden la gravedad que de su ZEE y de las adyacentes —sobre sus recursos migratorios y asociados—, se extraigan un millón de toneladas por año, sino algo deberían haber hecho todos estos años.

Son ilegales las extracciones en Malvinas y las que se realizan en la Alta Mar. En el caso de los buques que operan en el área de Malvinas, basta decir que el Reino Unido ha incumplido con las Resoluciones de la ONU 1514/60 (“1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las N.U. y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales (…) 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las N.U.”) y 31/49 (“4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII)”) y cuando operan dentro o fuera (en la Alta Mar) de la ZEE Argentina —aplica también a los que lo hacen en Malvinas— ya que son ilegales (INDNR) porque transgreden varias normas, entre otras la de no ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la pesca de especies migratorias desde la ZEE y las asociadas a éstas, respecto a su depredación y quiebre del equilibrio integral; pero, también, por no tener observadores ni inspectores a bordo; no realizar procesos garantizados de trazabilidad para conocer con certeza el origen de las capturas; desconocerse qué tipo de elementos se utilizan para la captura y, si las mallas de las redes, son adecuadas para el escape de juveniles o evitar la pesca incidental o que, en función del tipo de buque, maniobras de pesca o especie, no garanticen la pesca sostenible y causen depredación; se capturen ejemplares de especies de talla inferior que impida su desarrollo y reproducción o en volúmenes de captura que provoquen un desequilibrio de la biomasa; no esté garantizado que no se descartan en el mar peces capturados o desechos contaminantes o sin el tratamiento adecuado, en contra de las prácticas de pesca responsable y el mantenimiento saludable del medio marino; no se capturen especies migratorias originadas en la ZEE, pudiendo en consecuencia, interferir en su normal desarrollo y reproducción; no se asegure si se realiza pesca sin causar estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos o se realicen prácticas sin control que puedan atentar contra la sostenibilidad del recurso pesquero y contra la pesca responsable.

Entre ellos los españoles, que hay que imaginar un aumento creciente de sus buques congeladores arrastreros de larga distancia en el Atlántico Sur, ya que, a partir del Brexit, el Reino Unido, que tiene una balanza pesquera equilibrada con la Unión Europea y quiere reservar sus aguas para sí y en especial para Escocia; vender las cuotas que puedan sobrarle y no dar libre acceso a la pesca, va a provocar un éxodo de la flota española y otras; además, que la Unión Europea prevé reducir las cuotas de captura entre un 13% y un 15% en aguas comunitarias.

A los buques españoles que desembarcan en Montevideo se le agregan los chinos, que con una flota subsidiada en el mundo de 16.000 buques pesqueros, están realizando pesca ilegal (INDNR) y presagian una pesca depredatoria en el Atlántico Sur cuando pretenden construir un puerto franco en Uruguay, donde, además de atender la logística y reparación de un número impredecible de buques pesqueros de esa nacionalidad, podrían —de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou— constituir una suerte de Centro Regional (HUB), cuyo alcance y efectos negativos sobre la industria nacional, es impredecible. La presencia de empresas portuarias y pesqueras chinas y un puerto franco en Uruguay podría producir efectos muy negativos en la Zona Común de Pesca y en la administración de la biomasa total del Atlántico Sur.

La ocupación territorial del Reino Unido, la sociedad británica-española en Malvinas, la pesca ilegal de chinos, coreanos, taiwaneses y españoles. el apoyo de los puertos de Uruguay y una eventual construcción de un puerto chino en ese país coloca a la Argentina (y también a Uruguay), en una situación de gravísima pérdida de soberanía en el Atlántico Sur, pero no es todo.

En los Acuerdos de Madrid se limitó el movimiento de la Armada y de la Aviación Argentina y no impidió que el Reino Unido instalara en Malvinas una base misilística de la Real Fuerza Aérea, con dos pistas de aterrizaje en “Monte Agradable” a lo que se le agrega, una fuerza naval e instalaciones portuarias de aguas profundas en “Puerto Yegua”; un sistema de radares; misiles tierra-aire Rapier; un patrullero oceánico; un buque tanque logístico y un buque oceanográfico; cuadro aviones caza Eurofighters Typhoon, dos helicópteros de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, un avión de transporte aéreo táctico y 1.200 militares para operar todo el sistema defensivo y una potencial invasión al continente argentino. Todo ello, contrasta totalmente, con el estado de nuestras fuerzas navales, aéreas y de seguridad en el país, las que se encuentran incapacitadas para controlar los 3.146.345 Km2 de ZEE, las aguas de la Antártida; los pasos al Pacífico y, en especial, el Estrecho de Magallanes.

Hasta principios de este año el Reino Unido utilizó el conocimiento y los recursos humanos y técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero para hacerse de información biológica y sensible de los recursos pesqueros de la región y poder seguir sosteniendo el otorgamiento de licencias que le permitir sustentar la economía de las islas.

Una obra central para la pesca y para el comercio de otras actividades productivas fue el inicio, a fines del siglo XIX, del Puerto de Mar del Plata inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. Hoy a la Argentina le faltan puertos de aguas profundas; muchos están saturados y no tienen capacidad suficiente; varios, no tienen una adecuada profundidad y requieren un dragado permanente o tienen una tecnología obsoleta; la mayoría están carecen de servicios para realizar las operaciones en forma eficiente.

En 1799 se inauguró a instancias de Manuel Belgrano la Escuela Náutica. En 1953 se creó por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfirió el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se iniciaron las obras del buque Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas ARA Piedrabuena y ARA Azopardo se botaron en 1953 y 1954 y, en 1962, se construyó la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyeron casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos desfinanciaron la actividad.

El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990. Hoy la Argentina no tiene compañías navieras, flota mercante ni fluvial y, consecuentemente, todo el Comercio internacional de mercaderías del país está en manos de empresas extranjeras, transfiriendo los fletes a terceros países. La dependencia en esta materia es de una debilidad importante, fundada en la falta de voluntad política de mantener los Astilleros y la flota nacional.

Además de ello, la situación económica, financiera, crediticia e impositiva de la Argentina llevó a construir en los últimos años buques de España, Francia e Israel destinados a la pesca, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, pese a la existencia en la Argentina de astilleros privados y públicos. Mientras, en un verdadero contrasentido, exporta el 65% de los productos pesqueros con bajo valor agregado y, transfiere la mano de obra a países de Suramérica que reprocesan las materias primas o, a países desarrollados, como en la época de la colonia, donde España canjeaba bebidas, armas y otros elementos a los países africanos; estos le entregaban esclavos que se trasladaban en forma infrahumana al Virreinato y, desde Montevideo y Buenos Aires le enviaban cueros, tasajos, charque y otras materias primas baratas a España, producidas con la mano de obra esclava. Un círculo virtuoso para España que la Argentina sigue aplicando con España y otros países como si 200 años no hubieran pasado. La Argentina le regala la mano de obra a los mercados más exigentes del mundo a pesar de tener una desocupación del 9,1% y de tener en la Patagonia los más bajos índices de población (el 6%) y de densidad poblacional (3 hab/km2).

En 1970 el 100% de las empresas eran nacionales, fundadas por inmigrantes italianos, españoles o belgas, hoy siete de las diez primeras empresas exportadoras son extranjeras, españolas, chinas, noruegas, americanas. El problema, no es que sean capitales extranjeros radicados en la Argentina; el problema reside en que sigamos llevando adelante un modelo extractivo, con bajo valor agregado, regalando a terceros países la mano de obra argentina y comprando buques y otros insumos fabricados fuera del país.

Otro tanto pasa en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde es de esperar que, a partir que la administración a cargo del gobierno nacional y de las provincias del litoral, se revierta la situación de extranjerización del transporte en el río Paraná y en el Río de la Plata, incluso del dragado y la falta de integración con el Atlántico Sur y sus puertos para la promoción y el abaratamiento de los fletes de las economías regionales del litoral fluvial y marítimo patagónico y, desde éstos, al mundo.
Por su parte, las Convenciones, Acuerdos, Convenios, Pactos y Hojas de Ruta que aprobó la Argentina o sus funcionarios, condicionaron y condicionan al país. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) era un ordenamiento necesario para la pesca, pero, la negociación entre los Estados no evitó que los buques de los Estados de Bandera se sigan haciendo de los recursos migratorios de los Estados ribereños en la Alta Mar y que, consecuente, rompan el equilibrio del conjunto del ecosistema, que el propio preámbulo de la CONVEMAR trata de preservar. También el Acuerdo de Nueva York que instala las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) y el Convenio de Puerto Rector que, por su organización, pretenden delegar en los Estados de Bandera la administración de los recursos de los Estados ribereños, incluso en la ZEE y, en el caso puntual del Atlántico Sudoccidental, le abre la puerta al Reino Unido a la administración de los recursos en el mar argentino, en total violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Ya nos hemos referido al Pacto Foradori-Duncan que profundiza los Acuerdos de Madrid, donde se pretende que los argentinos contribuyan al desarrollo de Malvinas y eliminen todos los obstáculos y deja de manifiesto qué tan presente está el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” suscripto en 1825 por las Provincias Unidas del Río de la Plata y “su Majestad Británica” y el Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones” firmado por la Argentina y el Reino Unido en 1990 en el marco de los Acuerdos de Madrid y, aprobado por Ley 24.184 de 1992 marcando el quiebre de nuestra soberanía política y la ratificación de nuestra dependencia económica.

Todos estos Acuerdos, etc., están en total contradicción con la Resolución 41/11 del 27 de octubre de 1986 de las Naciones Unidas donde se declaró al océano Atlántico como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), por el cual, todos los países de la costa occidental de África y los de la costa oriental de Suramérica establecieron la necesidad de cooperar sur-sur y —por unanimidad— la prohibición de militarizar y usar armas nucleares en el Atlántico Sur, cuestión que el Reino Unido se niega a respetar.

Se agrega una relación inestable de Argentina con los países del MERCOSUR y una política de integración inexistente con Chile, a pesar del Tratado de Paz y Amistad de 1984, situación que debería revertirse, con el objetivo de acordar políticas respecto al área Austral y la Antártida.

El bajo consumo de pescado (6 kg per cápita por año), muy por debajo del consumo promedio mundial (19 Kg per cápita por año), no puede ser tampoco obra de la casualidad y, es una política destinada a desinteresar a los argentinos de todas las cuestiones marítimas y desatender la dominación que, potencias extranjeras —entre ellas el Reino Unido— ejercen en el Atlántico Sur. La educación y la comunicación de los argentinos es deplorable y les han hecho creer que los británicos tienen ocupadas Malvinas (11.410 km2) y nada o muy poco saben de las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Plataforma Continental, la Antártida y de los 1.639.900 Km2 de la ZEE que tiene ocupados el Reino Unido.

En lo interno, nuestra situación económica, social y sanitaria no ayuda. Una deuda externa de US$ 323 mil millones; una población del 7,4% al 19,4% con NBI; trabajan informalmente 5 millones de personas; el 36% de la población recibe atención pública; un 27,8% de la población no tiene vivienda propia; el 16,1% carece de agua potable de red y. hay una tasa de mortalidad del 7,5%o.

La baja jerarquía en la estructura orgánica del gobierno nacional (Subsecretaria de Pesca) para tratar las cuestiones pesqueras y la necesaria estrategia respecto a los terceros países que pescan en el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas con Cancillería, demuestra el poco valor que le dan a esta actividad los distintos gobiernos y el reiterado desconocimiento de éstos, del importantísimo rol de la pesca en la recuperación de la soberanía en Malvinas. El 16 y 17 de agosto de 1989, Lucio García de Solar, un acreditado embajador retirado, uno de los autores del dictado de la Resolución 2065/65 de las Naciones Unidas, acordó con el embajador británico Crispin Tickell quién le requirió: “no decir nada en público sobre la zona de protección de pesca (FICZ)”, a lo que García del Solar le respondió: “La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ…”. Ello fue un craso error y en 2012, el entonces director ilegal de pesca en Malvinas, John Barton, declaró públicamente: “sin la pesca no hubiéramos sobrevivido”.

Del mismo modo, entiendo que, sin pesca, no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas. 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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LAS RAZONES BIOLÓGICAS Y RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES QUE DAN SUSTENTO A LA DENUNCIA DE TODOS LOS ACUERDOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS

César Augusto Lerena*

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado
De Manuel Larravide (1871-1910), Enciclopedia Historia Argentina.

Por medio de la Ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Si la Argentina pretende pasar de los dichos a los hechos e iniciar el camino de recuperación de la soberanía, cumpliendo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, debiera derogar, rechazar o declarar finalizados los Tratados, Acuerdos, Convenios, Pactos u Hojas de Ruta —todos indecoroso/as— que se oponen a ello. Incluyo dentro de éstos los Acuerdos de Madrid (1989/90), el Convenio suscripto en Londres en 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para “La Promoción y la Protección de Inversiones en la Argentina” sancionado por Ley 24.184 (1992); el Acuerdo de Nueva York sancionado por la Ley 25.290 (1995); el Pacto de Foradori-Duncan (el martes 13 de septiembre de 2016); el Convenio propiciado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto (2009).

A todos los argumentos políticos, jurídicos, económicos y militares que justifican plenamente la derogación de los Acuerdos y Convenios citados precedentemente, debemos agregar como central la 50ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones en la que se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar la desmilitarización del Atlántico Sur y la eliminación de las armas atómicas.

Entiendo que resultan fundamentales para promover esas denuncias, tener muy presentes las cuestiones relativas al cuidado del ambiente marino, el ecosistema, el transporte y la explotación de los recursos migratorios originarios en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina en el área de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y más allá de las 200 millas en la alta mar que se ven afectados por los Acuerdos etc. que se propicia derogar.

Sobre la denuncia de los Acuerdos de Madrid y del Convenio de protección de las inversiones británicas en la Argentina ya me he referido en extenso (Lerena, César “El Pre-acuerdo de la Canciller Malcorra y los Acuerdos de Madrid de Cavallo”, 16/9/1916; “El oscuro Tratado de Madrid”, 2/4/2019; “El gobierno debe ‘declarar finalizadas’ las Declaraciones Conjuntas de Madrid”, 25/6/2020; “Las Innombrables Declaraciones de Madrid, 8/9/2020; “La Denuncia del Convenio de Promoción y Protección de las Inversiones del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina, 7/10/2020).

Para ello, deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que las capturas con licencias ilegales británicas en las aguas del área de Malvinas o, fuera de éstas, afectan al Ecosistema, que debe ser considerado integralmente como indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), por lo tanto, atentan contra el “Rendimiento Máximo Sostenible” establecido en forma anual por el INIDEP para la explotación y preservación de la economía trófica de los recursos pesqueros en la ZEE Argentina.

Los buques extranjeros que capturan sin control en la alta mar rompen el ciclo biológico, ya que —ecológicamente— es necesario asegurar el regreso del recurso a la ZEE donde realiza su etapa biológica más importante y, como bien refiere el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Art. 6º inc. 6.5, 6.8, 6.9 y 6.18), respecto a la Ordenación Pesquera, los Estados deben aplicar el Criterio de Precaución en la conservación y la explotación de los recursos, teniendo en cuenta, el hábitat crítico, las zonas de cría y desove. El caso del calamar patagónico (Illex argentinus) es un ejemplo típico, ya que inicia su ciclo de vida anual en el área continental de la ZEE Argentina, migra al área de Malvinas y de alta mar y regresa al área original del ciclo, por lo cual, su captura sin control en Malvinas y en alta mar no solo dificulta su sostenibilidad sino que —vinculada su ecología trófica a otras especies y actuando como depredador o presa— afecta al total de las especies con las que interactúa en el ecosistema y, en la Argentina, muy especialmente a la merluza, especie central en la generación de industrias y empleo. Ello se ratifica en los propios considerandos del Acuerdo de Nueva York donde destaca que la depredación se produce por la pesca de alta Mar: “…algunos recursos se están explotando en exceso…”.

Se debe tener en cuenta, en segundo lugar, que las Organizaciones Regionales o subregionales de Ordenamiento Pesquero (en adelante OROP) y su integración por parte de Estados de Bandera supone la resignación de Argentina a la administración de los recursos pesqueros en todo el Atlántico Sudoccidental (por la composición mayoritaria en las OROP de Estados de Bandera sobre los ribereños), no solo en la alta mar sobre sus recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, sino también dentro de ésta, conforme las normas de la CONVEMAR y las correspondientes al denominado Acuerdo de Nueva York (“las Poblaciones de Peces transzonales y altamente migratorios dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas”).

El Acuerdo de Nueva York es un engendro técnico que intenta hacerse de la administración del mar por parte de Estados de Bandera (contrario a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que promueve la explotación del Atlántico Sur por parte de los países con ZEE en éste) y quitar o limitar las facultades soberanas de los Estados ribereños sobre la regulación de sus recursos pesqueros. Crea las OROP, organizaciones mayoritariamente integradas por Estados Banderas, que se constituyen en administradores que minimizan y dificultan las negociaciones directas entre Estados o empresas. Todo ello agravado, porque muchos de los principales Estados de Bandera (China, España, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Reino Unido, etc.) que pescan en alta mar en el Atlántico Sur, subsidian con 35.000 millones de dólares (2019) las operaciones de captura; una cifra que representa el 35% del monto total mundial producido, lo que demuestra la vocación de estos países de hacerse de los recursos pesqueros, incluso a pérdida, contrario a todas las políticas de comercio de la OMC.

Por las reglas de la CONVEMAR y muy especialmente por la forma en que se pretende regular la pesca de la alta mar en el Acuerdo de Nueva York, se deja de manifiesto la clara intención de los Estados de Bandera (en su mayoría países desarrollados que pescan a distancia) de quedarse con los recursos de los Estados ribereños, de otro modo no podría entenderse que aquellos recursos que son de dominio de éstos en la ZEE, por el solo hecho de pasar la línea imaginaria de las 200 millas, puedan pescarlos terceros países y, aún peor, que los Estados de Bandera incidan sobre la administración de los recursos en la ZEE. Este criterio rompe con el más elemental modelo biológico y de sostenibilidad de las especies.

La Argentina en 1995 al ratificar la CONVEMAR efectuó algunas declaraciones al respecto (Ley 24.543 art. 2º inc. c): “…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin”, con lo cual la Argentina ha dejado clara su vocación de acordar las capturas en forma directa cuando existan poblaciones excedentarias.

Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar, del total de 3.146.345 km2 de la ZEE Argentina el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) ocupa un territorio marítimo argentino aproximado a los 1.639.900 km2 alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, según los espacios unilateral y arbitrariamente establecidos por el Reino Unido como “Zona de Administración y Conservación interina Pesquera” (FICZ para los británicos); “Zona Exterior de Conservación Pesquera” (FOCZ para los británicos) ambas alrededor de Malvinas; el Área de reserva ecológica alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y el GAP, de 1.900 km2 en el área nordeste de Malvinas. Es decir que a pesar de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y de los Acuerdos que se solicita denunciar, el Reino Unido ha ocupado en forma creciente y sostenida territorio nacional de los espacios originales ocupados en 1982, a saber: archipiélagos Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.850km2), Sándwich del Sur (310 km2) y un territorio marítimo de tres millas alrededor de estos territorios insulares, por lo cual en la actualidad el Reino Unido ocupa un 52% de nuestro territorio marítimo e insular. Ello, sin computar los más de 1.400.000 km2 de la Plataforma Continental Argentina que los británicos han reclamado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas y la disputa pertinente por la Antártida Argentina (965.597 km2) y los territorios marítimos correspondientes. Todo esto le ha permitido al Reino Unido extraer ilegalmente (a través del otorgamiento de licencias) recursos pesqueros argentinos por un volumen anual promedio de 250.000 toneladas desde 1982 a la fecha de un valor anual estimado en los 650 millones de dólares y efectuar exploraciones de hidrocarburíferos.

Solo de la explotación pesquera ilegal del gobierno ilegal de Malvinas, la Provincia del Tierra del Fuego ha perdido desde 1982 a la fecha la suma 16.787,9 mil millones de dólares, por la captura ilegal (INDNR) de la especie calamar loligo (Doryteuthis gahi, Orbigny, 1835), más los daños por pérdida de chance y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales de U$S 224.720.874.

El Acuerdo de Nueva York se excede a las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y, ello, no solo es contrario al propio Acuerdo que en su art. 4º indica que “Ninguna disposición en el presente Acuerdo se entenderá en perjuicio de los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados con arreglo a la Convención…”, sino que, además, es absolutamente improcedente que un texto, que es parte de la CONVEMAR pueda modificarla, ya que para tal caso, requeriría de las Enmiendas previstas en ella y no abrir la puerta a que —en un futuro—- las OROP puedan modificar la letra y el alcance establecido por el conjunto de las Naciones e, incluso, generar discriminaciones entre los Estados según integren o no estas OROP como bien se ha fundamentado en el proyecto.

Respecto a las especies “altamente migratorias” el Acuerdo de Nueva York no podría ser aplicado jamás en las especies de la ZEE Argentina o su área adyacente, porque la CONVEMAR en su Anexo I, remite a en forma taxativa a determinadas especies que no incluyen a peces, crustáceos o moluscos del Mar Territorial o la ZEE Argentina. En cualquier caso, la falta definición de los términos “transzonal”, “altamente migratoria” o “migratoria”, mientras no se precisen los adjetivos especificativos y aprueben científicamente —dentro del Acuerdo— invalida toda pretensión de éste de reglamentar las prescripciones de la CONVEMAR.

La Argentina en los art. 4º, 5º y 22º de la Ley 24.922 reivindicó sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, por cuanto su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde estas especies realizan gran parte de sus principales etapas del ciclo biológico, para luego migrar a la Alta Mar, donde son capturadas por los buques extranjeros, para, finalmente —los que logran evadir estas capturas— regresar a la jurisdicción de Argentina. Y esta última es la condición principal para considerar “migratorio” a un recurso, como lo indican los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche en su trabajo “La ruta de migración del langostino patagónico” (INIDEP. Inf. Téc. Of. 7/12 del 3/4/12), donde se define: “El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…”.

En cuarto lugar, accesoriamente a lo expuesto, pero muy importante, debería rechazarse igualmente, la pretensión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de aprobar en la Argentina un Convenio (ya aprobado por el Reino Unido) que carece de todo sustento, por cuanto esta especie no está presente en la ZEE ni el Alta Mar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000), pero que —aun tratándose de un Convenio respecto a las especies de Atún— da lugar al acceso a otras especies agregadas a éste.

La preeminencia en la Administración del ecosistema en el Atlántico Sudoccidental (ZEE y Alta Mar) la deben tener los Estados ribereños de Argentina y Uruguay y ello debe ser así porque nuestros países son los que realizan los estudios que determinan las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) o los Rendimientos Máximo Sostenibles (RMS) y se funda en que hay una prueba biológica irrefutable que avala esta posición: si nuestros países agotasen el recurso en la ZEE Argentina o Uruguaya se agotarían los recursos del área de Malvinas y en la alta mar. Ratificar el Acuerdo de Nueva York y propiciar el Convenio del Atún sería contrario al interés nacional y violatorio de toda la legislación Nacional y de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En quinto lugar, se entiende como necesario, mientras esté en debate el Pacto Foradori-Duncan y se procede a su denuncia, debieran suspenderse los vuelos autorizados a la República de Chile y Brasil. Respecto a este último vuelo autorizado a partir del referido pacto debería tenerse muy presente que la ciudad de San Pablo y Gran San Pablo con una población AB1 de 30 millones de personas puede absorber todas las extracciones pesqueras del área de Malvinas y es una puerta a exportaciones al mundo y el intercambio comercial necesario con las islas, además de servir para el recambio de tripulaciones, reposición de insumos, alimentos, etc. lo cual se agrava con la salida del Brexit que podría, a partir de enero de 2021, significar el retiro de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como territorios británicos (ilegales) de Ultramar en la Unión Europea y la consecuente aplicación de aranceles a los productos originados en Malvinas.

Argentinos, si vamos a conmemorar el día de la Soberanía Nacional, que sea con hechos que estén a la altura de nuestros héroes nacionales, los de 1845 y los de 1982.

 

 * Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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EL CABALLO DE TROYA. LOS CHINOS EN ARGENTINA Y URUGUAY.

César Augusto Lerena*

特洛伊木马。阿根廷和乌拉圭的华人

La Argentina es incapaz de controlar la pesca ilegal con buques chinos en el Atlántico Sur y favorece sus inversiones para que se lleven los recursos naturales, económicos y el trabajo del país. El Uruguay, por su parte, facilita las operaciones de las esas embarcaciones ilegales en sus puertos y promueve la radicación de capitales chinos en ese país, entendiendo, que esta República —dice el presidente Luis Lacalle Pou— puede ofrecerle a China ser el “HUB” (Centro Regional) de “entrada de sus productos y servicios a la región y su acercamiento al Mercosur”.

Un ofrecimiento que debe resultar muy atractiva a Xi Jinping. Una propuesta de colonización encubierta —esta vez China— con inversiones que dejan al descubierto, como en la Argentina, la indefensión nacional aprendida. Estamos inertes ante la necesidad de capital y nos entregamos con los brazos atados a estas nuevas formas de dominación y de destrucción de las industrias locales que, suenan como métodos más sofisticados, pero son igualmente invasivos, tanto como los británicos y franceses subiendo el río Paraná en 1845 para hacerse de nuestro comercio. Como la savia que se extrae por la hidrovía, que oficia de arteria regional, para llevarse impunemente el esfuerzo laborioso de nuestras materias primas sin valor agregado de la mano de navieras, peajes y dragados extranjeros.

Los chinos no vienen por nuestro desarrollo regional, vienen por nuestros recursos.

¡Argentinos a las cosas y uruguayos a las suyas!, pero, ambos juntos, con políticas concertadas de interés común, para poder enfrentar los grandes desafíos del comercio internacional y alcanzar el bienestar de sus pueblos y, la armonía y defensa inteligente de la región, frente al sostenido avance de las grandes potencias mundiales que han transformado la invasión militar en colonización económica y financiera. Ni Argentina ni Uruguay pueden ofrecerle el “HUB” a China; a no ser, que estén resignados a transformarse en meras colonias para la extracción de sus recursos sin valor agregado, en lugar de países industriales de productos de excelencia, de transferencia de tecnología y conocimiento, en ambientes sostenibles y seguros.

¿Seguiremos los rioplatenses vendiendo productos baratos con mano de obra esclava como en los siglos XVIII y XIX? O se decidirán nuestros países empobrecidos a unir voluntades para defender sus intereses culturales, económicos y sociales, como los concibieron Artigas y San Martín.

A qué desactivado MERCOSUR se refiere Lacalle Pou, cuando no podemos siquiera ponernos de acuerdo entre los rioplatenses en el uso de las aguas comunes; la utilización de los puertos y el diseño de los canales de navegación; el comercio común marítimo y fluvial; el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la Zona Común que ambos países acordaron inteligentemente en 1973; la exportación de productos de calidad certificada rioplatense en lugar de seguir dependiendo de certificadoras internacionales (una nueva forma de colonización); el intercambio de bienes y servicios; el combate de la pesca ilegal china, española, coreana, taiwanesa y británica en el Atlántico Sur, en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que le quita, no sólo importantísimos recursos a ambos países, sino que enajena la soberanía de Uruguay y Argentina en este amplio territorio marítimo que ya era una estrategia central en el Virreinato del Rio de la Plata. ¿Qué hemos hecho en común en la Antártida latinoamericana que soñara el General Jorge Edgar Leal, fundador de la Base Esperanza en 1952?

¿Qué se hace la Muy fiel y Reconquistadora Montevideo que le permitió a Buenos Aires deshacerse de los ingleses en 1806 y qué, la Muy noble y muy leal, ciudad de Buenos Aires, ambas controladas por capitales chinos?

Son buenísimas las autoridades de ambos países con discursos altisonantes sobre América para los americanos en los Foros Internacionales, aunque incapaces de unir voluntades para hacer de este mensaje una realidad palpable que demuestre la vocación cierta de desarrollarnos con autonomía. No es con un “HUB” chino. Es con un “HUB” Rioplatense que habremos de cambiar nuestro destino y transformarnos en países soberanos, dejando el vuelo bajo de los chismes y celos de conventillo. Unidos o Dominados no diría el General Juan Perón.

Los gobiernos de Sudamérica ya han dado muestras sobradas de incapacidad para diseñar y llevar adelante un proyecto regional que nos fortalezca con equidad y nos permita aprovechar al máximo nuestras capacidades individuales. Una acción sinérgica que destaque las potencialidades de cada uno y que nos ayude a competir en el mundo, alcanzando un desarrollo equilibrado que haga sustentable a ambas Naciones, facilitando la actividad de las pequeñas y medianas empresas nacionales, el pleno empleo, el bienestar de la gente y robustecer una identidad y tradición común que nos hermana.

Desde hace años que los gobiernos uruguayos de distinto signo político (Tabaré Vázquez ayer y hoy Lacalle Pou) vienen insistiendo en la construcción de un puerto chino en Uruguay y, ahora, es el propio Estados Unidos que expresa su preocupación por la penetración china. Ahora, ¿es razonable que sean otros intereses ajenos a la región los que deban señalarnos el problema y diseñar nuestro futuro? y, por el contrario, sea el propio Uruguay con la Argentina y viceversa, quienes armen sus proyectos de Nación Independiente y complementarias, fuera o dentro del MERCOSUR y, no sea necesario, que, bajo el pretexto de recibir recursos económicos chinos, enajenen sus destinos de grandeza.

Siento un profundo amor por los orientales, pero lo del “HUB” chino, excede el proyecto de país y avanza en la pretensión China de constituirse en el epicentro económico de la región. No será inocuo para Uruguay ni tampoco para la Argentina. Ya hemos sido colonia española, portuguesa, brasileña, nos ocupan y explotan los británicos, no queremos ser colonia China.

¿Qué es esto —por otra parte— que por un minúsculo negocio con Malvinas se promueva el turismo en esos territorios nacionales de Argentina ocupado en forma prepotente por una nación extranjera? ¿Tal vez una nueva forma de dependencia? No se merecen estos pueblos grandes una mirada tan pequeña de nuestros gobernantes.

Según Búsqueda (Nº 2094, 22-28/10/20) “La posibilidad de que la empresa china Shandong Baoma Fishery Group construyera un puerto para proveer servicios de mantenimiento a barcos pesqueros ya se negoció durante el gobierno pasado (…) El consejero económico comercial de la embajada china en Montevideo, Zhou Quan, dijo que ‘se ha realizado suficiente intercambio de opiniones en el nivel técnico de la comisión mixta’. Imaginamos que Uruguay, como país, está abierto a las inversiones (…) que, como quedó claro en el diálogo que mantuvieron Lacalle Pou y Jinping, Uruguay y China comparten la visión de que no hay que ir ‘por el camino del proteccionismo’, sino ‘seguir con los mercados abiertos’”. Habría que analizar que hace hoy Estados Unidos, la Unión Europea y la propia China al respecto, que aplican aranceles y restricciones para arancelarias a nuestros productos con valor agregado.

Nos queda muy claro a quién beneficiará esta iniciativa: adquisición de materia prima barata; compra de plantas a bajo costo; explotación de los recursos de bajo valor agregado; exportación de commodities agropecuarios y pesqueros; transferencia de la mano de obra uruguaya (como ya ocurre en la Argentina) a China y otros países desarrollados.

Fuegos de artificio que no pueden engañar a dos pueblos inteligentes y a gobernantes informados.

¿Un centro regional chino en Uruguay? Puerto franco, depósitos y muelles para la logística, insumos importados, evasión de impuestos, recambio de tripulación, etc. con extensión al área portuaria de Montevideo; astillero para la reparación de barcos; depósitos de petróleo para pesca subsidiada, trabajo esclavo, etc. ¿Quién y con qué se controlarán estas capturas que se desembarquen en un puerto privado chino?, ¿y el transporte, con bodegas y contenedores llenos de capturas ilegales en la ZEE o adyacente a ésta, o con licencias ilegales británicas de Malvinas? Todo el Atlántico Sur, el Río de la Plata, los ríos y territorios continentales, mantenidos con nuestro escaso patrimonio al servicio de la extracción y depredación China. ¡Un negocio chino!

Ya los grupos chinos Hesheng Group y Fores Group se quedaron con el Frigorífico Nacional Lorsinal de carnes rojas y China “se hará de soberanía en el Río de la Plata si construye un Puerto con zona franca pesquera en Uruguay”. Con la instalación del puerto, comenzaremos a ver frente a las costas de Uruguay y la Provincia de Buenos Aires —en la Zona Común— cientos de buques pesqueros chinos de los 16 mil que depredan en el Pacífico y Atlántico; que despacharán y operarán sin intromisión alguna; destruyendo los recursos, pero también los mercados de nuestros países.

Todo ello en un marco de fragilidad y dependencia absoluta: el primer ministro australiano Scott Morrison puso en duda la transparencia china en la pandemia y como respuesta relámpago los chinos —nuestro principal importador— retiraron la habilitación de las cuatro plantas exportadoras de carnes a ese país y decretaron para la cebada australiana un arancel del 80%” (El Observador, 21/8/20) ¿A esto se llama socio confiable, imperecedero, capaz de contribuir al desarrollo de la región?

Ya lo dije, China no viene a desarrollar Uruguay o Argentina ¿por qué lo haría? vienen por nuestros recursos naturales, por las materias primas de bajo valor agregado o simplemente —en el caso de la pesca— a la exportación de commodities o harinas de pescado (1.212 U$S/tonelada), devaluando aminoácidos de la mejor calidad biológica para transformarlas en la alimentación animal y, aún más grave, a instalar una base de operaciones del gigante asiático en la cabecera del Atlántico Sur. Tan inocente, como la compra de plantas de procesamiento de alimentos, mineras o campos de explotación agraria en Argentina o la instalación de una Estación Espacial de China en Neuquén, que depende de los altos mandos del Ejército Popular, un territorio de soberanía china, a cargo de funcionarios chinos e inaccesible a los argentinos. Con la misma inmunidad de hecho o derecho que tendría un Puerto en Uruguay.

La fama de China en la actividad pesquera es reconocidamente mala y se le atribuye pesca ilegal en innumerables Estados ribereños. Una docena de países han protestado contra la pesca ilegal de los buques chinos subsidiados: Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, son solo algunos y, este país, ha dejado claro su interés en el Pacífico y el Atlántico Sur, después de haber depredado el mundo. A China no se le puede abrir el mar por su asimetría económica y, porque sus embarcaciones no respetan el derecho del mar y las demás normas internacionales vigentes.

El “HUB” chino en Uruguay habría de transformar ese país en una gran factoría para el ingreso de sus productos y la explotación y exportación de materias uruguayas sin valor agregado a través en unas pocas empresas chinas que monopolizarán y establecerán el valor de las pequeñas y medianas empresas nacionales para luego exportarlas desde empresas chinas a China sin arancel alguno, al contrario de lo que ocurre con los productos uruguayos y argentinos. Será progresivo y sostenido y los pequeños y medianos empresarios locales no podrán competir con los bajos precios chinos y serán irremediablemente absorbidos por éstos para que junto a sus capturas ilegales ingresen como de origen chino en sus puertos de destino.

Durante 2019 las exportaciones desde Argentina a China de los filetes de merluza se pagaron 1.500 U$S/tonelada, a Uruguay U$S 3.805 U$S; el calamar U$S 2.345, a España U$S 3397; la corvina U$S 1.526, a Estados Unidos U$S 2.331; la merluza negra U$S 14.800, a Rusia U$S 25.098; la pescadilla U$S 1.143, a Italia U$S 2.753; la anchoíta salada U$S 2.700, a Brasil U$S 6.422; el mero U$S 1.600, a Alemania U$S 10.500. Son pruebas irrefutables del bajo valor agregado chino, a lo que se agrega el ingreso sin aranceles a la República Popular China, el trabajo esclavo y la pesca ilegal subvencionada.

Yo pronostico el trabajo devaluado a fasón para las empresas uruguayas y la concentración y la fijación del precio por parte de las chinas. Como en la Argentina, donde el sector pesquero nacional en 1970, cincuenta años después, está en manos de chinas, americanas, españolas, etc. que exportan commodities y, les regalamos a sus transformadoras en destino el empleo nacional.

Fuera de ello, ¿cómo se supone que afectará el trabajo esclavo, el desprecio por el cuidado ambiental y los hábitos culturales chinos en nuestros trabajadores; en el medio marino; en el Río de la Plata y fluvial y en las costumbres rioplatenses? Los chinos “operan sin ningún control ambiental, laboral ni sanitario, utilizando mano de obra esclava, depredando el ecosistema marino y contaminando” nos refiere desde hace años el experto en pesca ilegal Milko Schvartzman.

No dejemos embaucarnos con las luces de la ciudad, el tránsito fácil de recibir inversiones chinas que no se destinan al desarrollo cierto de las nacionales, sino a satisfacer sus necesidades, no son más que espejitos de colores, ¿porqué no habrían de serlos? si nuestros países en lugar de fortalecer sus potencialidades se transforman en grandes supermercados de exposición de productos extranjeros en vez de promover nuestro productos nacionales, destinándolos al consumo de la región y la exportación al mundo. Los salarios de nuestros empleados públicos y privados, argentinos y uruguayos, se van en la adquisición de bienes y servicios extranjeros en lugar generar desarrollo regional y, con este mejorar, la calidad de vida de los rioplatenses.

Obviamente, que este modelo requiere decisión y una vocación unívoca de ambos presidentes Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández para avanzar sin fisuras hacia un destino común. Nada mucho cuesta poco, orientales y argentinos. Marcos Mundstock (1942/2020) en la película “el cuento de la comadreja” al aplicar su estrategia en el juego del billar le dice a su contendiente: ¿sabe cuál es su problema? Que a usted le gustan los tiros fáciles y ¡nada bueno es fácil! En este juego para ganar hay que mirar al rival, pensar como el rival, sentir como el rival ¡no es nada fácil! Cuando parece que todos los caminos están cerrados, ¡siempre se encuentra una manera!”.

En la “Convención Preliminar de Paz” el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil acordaron en 1828 terminar con la disputa por la Banda Oriental; al tiempo que establecieron por quince años, asegurar la libre navegación para ambas naciones; sin embargo, no se fijó el mar territorial y, ello generó diferencias, a punto de provocar algún conflicto armado. 145 años después (¡!) la firma del Tratado del Río de la Plata, en Montevideo en 1973, ratificado en Argentina por Ley 20.645 y, en Uruguay por Ley 14.145, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos.

Ese Tratado que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería presidente argentino, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Angel Zavala Ortiz y firmada en 1973 por los Cancilleres uruguayo Juan Carlos Blanco y argentino Alberto Vignes, pretendió, ir mucho más allá de una cuestión de límites, peces y ambiente, sino “sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unía a sus Pueblos” y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: “Este será el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina —decía Sáenz Peña— no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición; es consagrar para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en el y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos”.  

A casi cincuenta años, de ese trascendente acto de alianza estratégica y cooperación, los resultados de uno de los más importantes tratados de integración suramericana son verdaderamente escasos, limitándose, a una discutida administración del Río y la Zona Común. El delimitar las jurisdicciones de los países en el río y los alcances de las actividades, no debiera operar como una suerte de muro separador, sino por el contrario, consolidar una gran puerta de acceso y de unión indisoluble de vecinos fraternos, con una historia y cultura común y, con la necesidad, de actuar en forma sinérgica en las cuestiones económicas y geopolíticas, de cara al mundo, de ocupación del Atlántico Sudoccidental, de tránsito al Pacífico y vínculo antártico.

No se efectuaron mutuas resignaciones y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE. uruguaya y en la aún más extensa y rica ZEE Argentina para entregar a terceros países nuestros recursos sino para “asentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos países” en su explotación, el transporte, la tecnología, el desarrollo portuario y general; en el que ambas Naciones pueden y deben complementarse, no olvidando que el Tratado refiere a la “prohibición de acciones contaminantes, a la protección del medio marino y a la conservación de las especies” (art. 47-52, 54-56, 66, 73-76, 78, 80-82) y, en el concepto más amplio de estas acciones, se encuentra la prohibición de la explotación irracional y sin control; la depredación; el descarte de especies; la captura de juveniles, etc. todas prácticas que son realizadas por los buques ilegales chinos y, que, siendo perpetradas dentro o no de la Z.E.E. atentan contra el ecosistema y a ambos países.

En esa lucha de intereses del siglo XIX, dejamos de lado un territorio indivisible y a sus habitantes genéticamente y culturalmente unidos. Más aún, perdimos de vista lo que ya el Virreinato conocía perfectamente: la posición estratégica de los puertos de Montevideo y Buenos Aires en cada extremo del Plata y su operación asociada con relación al control del Río de la Plata, el Atlántico sur y al mar austral de las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, para controlar la Antártida y el acceso al Pacífico. ¿Por qué desde el año 1494 Portugal y luego los brasileños tenían interés en quedarse con la Banda Oriental?, sino era, por su posición estratégica sobre el Atlántico Sur, el Río de la Plata y el acceso a los ríos Uruguay y Paraná, permitiéndole, una libre navegación en la cuenca superior y, ¿por qué España creó en 1776 el Apostadero Naval de Montevideo, su más importante autoridad naval en el Río de la Plata y el Atlántico Sur hasta el Cabo de Hornos?, sino era con el objeto de controlar el acceso al Pacífico, el estrecho de Magallanes y el paso de Drake y ¿por qué en San Ildefonso, se dispone la presencia permanente de dos fragatas en el Río de la Plata, una en las islas Malvinas y, otra en Montevideo? Dos Estados marítimos que han perdido de vista sus potencialidades.

Es notable que durante la etapa fundacional de los siglos XVIII y XIX, se pudo entender más claramente la importancia del Río de la Plata, la cuenca del Paraná-Uruguay, el Atlántico Sur y su integración geopolítica, que, todos estos años transcurridos desde la gestación del Tratado. ¿Qué están haciendo Uruguay y Argentina en pleno siglo XXI, con un MERCOSUR deprimido, tratando de dar manotones de ahogado convocando a la injerencia de terceros países (a modo de Caballo de Troya) para que nos resuelvan nuestros problemas inconclusos y recidivantes?

En ese Río de la Plata, de 30.212 Km2 de superficie y 290 km de longitud, por el que ingresan el 95% de las importaciones argentinas y uruguayas y egresa el 80% de sus exportaciones, ya habían entendido los portugueses en el siglo XV y luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses, que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicamente fundamentales por su proyección al Atlántico Sur y su acceso a la hidrovía. Ahora, países independientes, sería bueno esperar una asociación estratégica, generosa y amplia, que potencie los intereses binacionales, derivados de esta esta extraordinaria “puerta de entrada y salida al mundo”.

Se avanzó en esta integración, cuando se creó en 1960 en Montevideo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI; con el Tratado de Límites del Río Uruguay aprobado por ley 15.868 durante la gestión de Frondizi en 1961; con el Estatuto del Río Uruguay de 1976 ratificatorio y complementario del Tratado; y, en 1964 cuando se firmó el Convenio entre YPF y la ANCAP del Uruguay y, también, cuando ambos países acordaron el monitoreo conjunto del río Uruguay con motivo de la instalación de pasteras.

Esta relación se ratificó cuando por la Resolución de la UNASUR dada en Asunción el 17 de marzo de 2012 todos los Cancilleres de Sudamérica rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas. Es decir, compromisos que hacen inaceptable el uso de los puertos uruguayos a los buques extranjeros que pescan ilegalmente recursos argentinos y uruguayos en el Atlántico Sudoccidental y, también, la irresponsabilidad (¿o corrupción?) de funcionarios argentinos que toleran la carga directa o indirecta de combustible a buques tanques y otros insumos que sostendrían a las embarcaciones depredadoras.

Nos une un interés común que debiéramos potenciar con un protocolo adicional al MERCOSUR que dé nacimiento a un Mercado Común Pesquero y otros proyectos entre ambos países, que nos permita explotar inteligentemente más de un millón de toneladas pesqueras del Atlántico Sur que en la actualidad depredan chinos, españoles, coreanos, taiwanés y británicos.

En ningún caso debiéramos avanzar en proyectos sin el consenso necesario ya que lo que es malo para los uruguayos debiera ser malo para los argentinos y viceversa y, no debiéramos olvidar que Montevideo y Buenos Aires han servido de refugio a los emigrados políticos desde la época de la colonia y la independencia, hasta los tiempos de los gobiernos militares.

Yo también quiero tener mi ciudadanía uruguaya, pero, para hermanarme un poco más a los Orientales educados, con esa bonhomía e inteligencia que los hace singular, no para huir del fracaso de las políticas argentinas y encontrar del otro lado del charco el mismo sentimiento de entrega nacional.

¿Dónde está la cooperación argentino-uruguaya que debió potenciar el desarrollo de nuestros países en lugar de abrir las puertas a una nueva colonización que destruya las empresas locales, el empleo y nuestra cultura creativa?

Es hora de los funcionarios de ambos gobiernos: los Cancilleres Felipe Solá (Ar) y Francisco Bustillo (Uy), los embajadores Alberto Juan B. Iribarne (Ar) y Carlos Fernando Enciso Christiansen (Uy), de los Ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra (Ar) y Carlos Uriarte (Uy); los delegados de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) embajador Diego Tettamanti (Ar) y Alem García (Uy); los Presidentes de las delegaciones de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) Embajadora Mariana Inés Llorente (Ar) y CN Julio Suárez Bonorino (Uy); las autoridades de la hidrovía Paraguay-Paraná Ministro Mariano Vergara (Ar) y Juan José Olaizola (Uy); las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) José E. Lauritto (Ar) y Mario D. Ayala Barros (Uy) y los Ministros y Secretarios temáticos de industria, producción, pesca, puertos, transporte, energía, comunicaciones, turismo, etc. con la aprobación de ambos Congresos, revitalicen y redireccionar este importantísimo Tratado de Cooperación, que significó grandes esfuerzos para su concreción a ambas Naciones, en busca de potenciar el desarrollo equilibrado de ambos pueblos, integración económica, social y ambiental.  

Ya sea “bo” o “che”, todas estas cuestiones deberían estar “pronto” o “hechas”. Uruguay-Argentina o Argentina-Uruguay debieron ser un único y gran país, pero no siéndolo, es necesario que trabajemos para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Un modelo para Sudamérica y el mundo. El lenguaje y la comunión debieran servirnos para reencontrarnos y caminar juntos hacia un destino mejor. Tomémonos un buen mate oriental o argentino y encaminémonos hacia un proyecto rioplatense creador, teniendo en cuenta aquellos versos del Martín Fierro “si los hermanos se pelean nos devoran los de afuera”.

Señor presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Luis Lacalle Pou y de la República Argentina Dr. Alberto Fernández en sus manos está el destino de esta patria grande.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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