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AVANCE DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN IRÁN E INMOVILISMO DE LAS COLONIAS OCCIDENTALES

Giancarlo Elia Valori*

Imagen: mostafa_meraji en Pixabay

El gobierno iraní, dado el conocido tema de las sanciones, debe enfrentar la ardua tarea de amortiguar los choques económicos. Tiene previsto establecer mecanismos eficaces para hacer frente a las dificultades a través de los servicios financieros y manufactureros, en particular, ya que la economía iraní se caracteriza por una fuerte presencia estatal en estos sectores.

El gobierno ha intensificado los esfuerzos para vender sus participaciones en grandes empresas nacionales para compensar la caída de los ingresos desde que se reintrodujeron las sanciones en 2018. El proyecto de ley de presupuesto aprobado el 21 de marzo de 2019 preveía $ 2.5 mil millones en ingresos por privatización. Sin embargo, el impulso para la privatización ha encontrado cierta resistencia por parte de las empresas estatales. Hay casos en que las acciones vendidas en los mercados de capitales han sido compradas por organismos semipúblicos, o cuando las acciones se han transferido al sector privado sin la responsabilidad concomitante de la gestión empresarial. Además, los bancos y las empresas semiestatales tienden a ser burocráticos y requieren fuertes garantías de las nuevas empresas que requieren apoyo financiero.

El gobierno ha hecho de esto una prioridad para amortiguar el golpe de las sanciones a sus prósperas industrias basadas en el conocimiento. Por ejemplo, desde 2018, el Fondo Nacional de Innovación ha sido objeto de una importante revisión; Está evolucionando de una institución cuasibancaria a un regulador y facilitador para financiar empresas basadas en el conocimiento, para ayudarlas a superar los obstáculos en los sectores financieros dominantes.

Se alienta al fondo a coordinar sus programas con los de otros fondos de investigación y tecnología y con la red bancaria. El Fondo Nacional de Innovación también está introduciendo nuevos planes de inversión y racionalizando su estructura organizativa y sus procedimientos. Para las organizaciones iraníes, obtener fondos del presupuesto estatal no garantiza que todo se les transfiera realmente. Para 2020, se ha asegurado el 87% de la suma asignada al Fondo Nacional de Innovación. Este fondo ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar instalaciones para empresas basadas en el conocimiento, como creación de prototipos, compra a plazos, arrendamiento, capital de trabajo y de riesgo, espacio de oficinas, actividades de pedido anticipado, instalaciones de fabricación industrial, emisión de garantías y programas de actualización.

Una nueva fase de las políticas iraníes está girando hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Hasta entonces, se había hecho hincapié en el desarrollo de la educación superior y en el aumento del número de publicaciones académicas (1990-2000), seguido del apoyo a las tecnologías emergentes (2000-2010). El principal resultado de esta primera generación de tales políticas ha sido el aumento de la productividad académica en tecnologías emergentes, en particular, junto con la creación de los primeros parques científicos y tecnológicos.

La fundación del Consejo de Iniciativa de Nanotecnología (2002) fue un hito de este período. Estos años también vieron la adopción de la Ley de Competencia (2007), seguida por el establecimiento del Consejo de la Competencia en 2009 para servir como el pilar principal de la implementación de la Ley en el mercado. La segunda generación de estas políticas se remonta a 2010, cuando la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología redactó un proyecto de ley que posteriormente fue promulgado por el parlamento como un reglamento sobre el apoyo a las instituciones y empresas basadas en el conocimiento y la comercialización de la innovación y las invenciones (2011).

Este enfoque explícito en la economía del conocimiento fue el primero para Irán. El Fondo Nacional de Innovación fue la expresión práctica de esta medida legislativa. Inicialmente, el objetivo era apoyar a las spin-offs universitarias, pero el proyecto se ha expandido gradualmente para incluir nuevas empresas de base tecnológica y algunas grandes empresas elegibles como CinnaGen o PersisGen, que son de propiedad privada.

La tercera generación de las medidas mencionadas se remonta a 2015, cuando el parlamento dio un nuevo impulso al emprendimiento y la innovación a través de la ley sobre la eliminación de obstáculos a la producción competitiva y el fortalecimiento del sistema financiero. Esta es la ley que dio lugar a los primeros centros de innovación y aceleradoras en 2015. Le siguió la Política de requisitos de contenido local (2016). Introdujo una cláusula que requiere que los acuerdos internacionales y los principales proyectos nacionales “incluyan tecnología y capacitación locales”. Esta cláusula se está aplicando actualmente en proyectos nacionales. Otro hito fue la Ley de Expansión de la Nanotecnología 2025 (2017). Esta ley estableció un plan decenal para la transición de la fase de creación de conocimiento (empuje tecnológico) a la de expansión del mercado a través de la difusión de nanotecnologías en la industria y la sociedad local (demand pull).

En 2019 se destacó el intento de modernizar los procedimientos de contratación pública para aprovechar los mayores niveles de producción local, a través de la Ley de maximización del uso de la capacidad de producción y los servicios locales para satisfacer las necesidades nacionales y consolidar estas capacidades para mejorar las exportaciones.

El poder judicial iraní ha establecido el Consejo Especial para la Solución de Controversias entre Sociedades y Élites. Tiene su sede en el Parque Tecnológico Pardis. Además, se ha creado un segundo consejo para abordar los problemas legales que enfrentan las empresas digitales. Para esta tercera generación de políticas, la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología ha pasado de un enfoque basado en el sistema nacional de innovación, en el que los actores gubernamentales son los puntos focales de la innovación, al desarrollo de un enfoque basado en el ecosistema de innovación, en el que los centros empresariales del conocimiento y las empresas emergentes de base tecnológica reciben apoyo y su capacidad innovadora está vinculada a la reunión de empresas nacionales y de nueva creación de tecnología industrial.

Las políticas de apoyo a lo que se denominan “zonas de innovación” en Irán también se pueden dividir en tres fases.

La primera fase consistió en medidas para fomentar la creación de parques científicos y tecnológicos e incubadoras en los campus universitarios. Para 2018, las universidades albergaban 45 parques científicos y tecnológicos activos y 193 incubadoras. El Parque Tecnológico de Pardis es el más grande. Es el hogar de alrededor de 500 empresas con un total combinado de más de 6.000 empleados. Pardis representa el 10% de los ingresos y exportaciones de los parques científicos y tecnológicos iraníes.

La segunda fase consistió en la creación de espacios dentro de las grandes ciudades donde las start-ups, inversores y otros actores de la innovación pueden reunirse e intercambiar experiencias sobre proyectos. Las fábricas abandonadas han sido renovadas y renombradas “fábricas de innovación” para dar cabida a esta nueva generación de empresarios. Las dos principales fábricas de innovación son Azadi y Highway, fundadas en Teherán en 2017 y 2019 respectivamente, que son filiales de Pardis Technology Park. Las start-ups y factores vinculados a Azadi y Highway tienen derecho a acceder a las instalaciones del Technology Park. de Pardis.

Azadi cubre un área de 18.500 metros cuadrados y emplea a 3.500 graduados y jóvenes empresarios. Las start-ups cubren una amplia gama de campos que incluyen arquitectura y vida urbana, inteligencia artificial, biotecnología, contenido creativo, ciberseguridad, fintech (que son programas informáticos y otras tecnologías utilizadas para apoyar o habilitar servicios bancarios y financieros) y seguros, nanofármacos y turismo.

La Highway Innovation Factory puede acomodar hasta 500 empleados. Se inauguró con 20 nuevas empresas que trabajan en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, los dispositivos médicos, la gestión, el desarrollo de contenido creativo y la agricultura. Hay planes para crear fábricas de innovación adicionales en las grandes ciudades para finales de 2023.

En la tercera fase de la creación de la plataforma de innovación, los centros académicos de las zonas urbanas se transforman en universidades de tercera generación, también conocidas como universidades emprendedoras. El objetivo es cerrar la brecha con las universidades tradicionales y mejorar la posición de las universidades dentro del ecosistema general de innovación. Sharif Innovation Zone es un excelente ejemplo de este enfoque. Para 2017, más de 500 nuevas empresas habían sido fundadas por estudiantes, graduados y profesores de la Universidad Tecnológica de Sharif, según la Plataforma para el Desarrollo del Emprendimiento.

De aquí a la economía digital el paso es corto. Desde 2015, muchas universidades y parques científicos han organizado eventos para ayudar a los graduados a desarrollar habilidades técnicas y transversales. Los fines de semana de inicio, los espectáculos de IDE y los bootcamps se han convertido en eventos comunes, con temas que van desde el emprendimiento rural, la salud, el aire y el agua limpios hasta el transporte, la inteligencia artificial, la cadena de bloques (es decir, un sistema en el que se mantiene un libro mayor de transacciones realizadas en bitcoin u otra criptomoneda en varias computadoras conectadas en una red peer-to-peer) y ciberseguridad.

En 2019, la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología emitió una directiva ejecutiva que aconseja a las universidades apoyar bootcamps en áreas relacionadas con la economía digital. Para 2019-2020, se planean alrededor de 23 bootcamps sobre economía digital para graduados en tecnologías digitales como la inteligencia artificial. La proliferación de estos eventos es una señal positiva del apoyo de los líderes iraníes a las nuevas empresas. Sin embargo, existe el temor de que estos eventos ofrezcan poco apoyo real más allá de los premios y algunos fondos modestos. Tener una red nacional de mentores profesionales en diversas industrias que pudieran interactuar con equipos de puesta en marcha les ayudaría a superar la etapa de gestación.

Se podrían desarrollar módulos de capacitación de capacitadores para guiar a estos mentores. Sa’di, el célebre poeta persa del siglo VII, compara a un erudito sin acción con una abeja sin miel. Tal vez los responsables políticos iraníes en estos sectores tenían esta cita en mente al diseñar herramientas de política para mejorar el impacto de la primera y segunda olas de políticas descritas anteriormente. Por ejemplo, el principal resultado de la primera y segunda ola de estas políticas fue más graduados y publicaciones científicas; Sin embargo, esto por sí solo no ha aumentado significativamente la creación de valor. Aquí es donde entran en juego los instrumentos y programas políticos de la tercera ola. Al enfatizar la construcción de ecosistemas y plataformas, es más probable que produzcan un mayor valor agregado, aunque es un poco pronto para decir en esta etapa.

Estos instrumentos y programas políticos buscan empoderar a las industrias innovadoras y las industrias digitales. Una de ellas es IranLab, una start-up que organiza exposiciones de equipos y materiales avanzados para talleres caseros donde las empresas creativas pueden conocer clientes potenciales. Hasta ahora ha habido seis exposiciones de IranLab; También hay un mercado en línea permanente para clientes interesados.

Otro programa ofrece apoyo al mercado para maquinaria avanzada construida localmente desde 2018, lo que refleja la importancia de este sector para Irán. Hasta ahora, más de 400 empresas se han beneficiado de este programa, lo que ha llevado a la producción de 600 nuevos productos. Otra herramienta de política se centra en ayudar a las empresas basadas en el conocimiento a comercializar sus productos. A las empresas se les ofrecen mecanismos de apoyo financiero, como crédito al comprador, precompra y crédito de creación de prototipos. Dichas medidas podrán combinarse con otros mecanismos reguladores de apoyo a las entidades basadas en el conocimiento, como las exenciones fiscales, los servicios financieros a bajo interés, las exenciones de derechos de aduana y la seguridad social.

Según el Banco Mundial (2020), Irán ocupa el puesto 127 sobre 190 países por su facilidad para hacer negocios, pero el 178 por la creación de empresas: por lo que es necesario facilitar que las empresas digitales hagan negocios.

En 2016 se redactó una directiva ejecutiva para ayudar al creciente número de empresas en línea a superar los obstáculos burocráticos. Esto llevó al establecimiento de la Unión Nacional de Negocios en Línea en 2017, que proporciona a sus miembros licencias comerciales y otras formas de apoyo. Esta unión también ha demostrado ser útil para abordar algunos obstáculos regulatorios y de otro tipo que enfrentan las empresas tradicionales. Por ejemplo, en 2020 un grupo de trabajo parlamentario abordó los desafíos a los que se enfrentan el comercio electrónico y los servicios en línea.

En los últimos cinco años, el ecosistema digital de Irán ha sido testigo de un auge en las plataformas en línea. Por ejemplo, hay aplicaciones de transporte (Tapsi y Snapp), mercados en línea (Digikala, Divar), transmisión de video (Aparat) y una plataforma de distribución basada en aplicaciones (Café Bazaar). Una empresa de transporte es una empresa que, a través de sitios web y aplicaciones móviles, pone en contacto a los pasajeros con los conductores de vehículos de alquiler que, a diferencia de los taxis, no pueden ser llamados y detenidos en la calle.

El Covid-19 ha tenido un impacto positivo para las nuevas empresas iraníes de salud y bienestar en línea. Desde el brote, muchas nuevas aplicaciones de salud se han estado implementando en vallas publicitarias.

El crecimiento de la oferta y la demanda de servicios en línea se correlaciona con el fuerte aumento de la penetración de Internet, especialmente Internet móvil, que alcanzó el 70% en 2020, en comparación con el 40% en 2015. Dos tercios de las conexiones de telefonía móvil ahora tienen acceso a Internet. Otro tipo de programa complementario aplicado más activamente en los últimos años tiene por objeto inculcar conciencia política y perspicacia en los encargados de formular políticas para mejorar la adopción de decisiones en esferas prioritarias de la ciencia y la tecnología. Estos programas incluyen: un programa nacional de previsión tecnológica (2015) para los sectores de la energía, la automoción, la salud y el agua; Encuestas de investigación y desarrollo realizadas cada dos años a partir de 2015 por el Centro de Estadística de Irán para medir el nivel de los sectores gubernamentales y sin fines de lucro; la Encuesta sobre la innovación en Irán (2016), realizada anualmente por la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología; y el Sistema Nacional de Monitoreo de Ciencia y Tecnología, introducido en 2015 por el Consejo Supremo de Ciencia, Investigación y Tecnología.

Por último, unas palabras sobre la mencionada PersisGen. Es una compañía biofarmacéutica que diseña, desarrolla y fabrica biosimilares, vacunas y productos derivados del plasma, lanzada en 2016. También está especializada en medicina regenerativa mediante el uso de células madre. PersisGen tiene un departamento de aceleración que es el primero de su tipo en biotecnología médica en Irán. El acelerador ayuda a los jóvenes investigadores a adquirir habilidades prácticas y a establecer sociedades independientes basadas en el conocimiento. Asesora a los equipos de puesta en marcha, proporcionándoles infraestructura técnica y orientación sobre creación de prototipos, recompra de tecnología e inversión; También firma contratos con start-ups para el desarrollo de productos conjuntos. PersisGen se financia íntegramente a través de capital privado, es decir, una categoría de inversiones financieras a través de las cuales una entidad aporta nuevo capital y, por lo tanto, financia a una empresa objetivo mediante la compra de acciones y/o la suscripción de acciones de nueva emisión mediante la aportación de nuevo capital interno.

Uno de sus principales inversores privados en PersisGen es CinnaGen, pionera en el campo de la biomedicina iraní fundada en 2003. CinnaGen aporta su experiencia de investigación conjunta al Instituto Fraunhofer en Alemania. PersisGen no tiene accionistas extranjeros. Cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología. Se espera que los ahorros económicos para Irán al no tener que importar productos médicos gracias al acelerador PersisGen alcancen los $ 400 millones por año para 2025.

Esta previsión no debería verse indebidamente afectada por la reintroducción de sanciones, ya que la mayor parte de la producción prevista se destinará al mercado interior. Y mientras Irán continúa a pesar de las sanciones, en países como Italia y otras colonias, las empresas están bloqueadas por los ridículos turbantes de nuestro hogar.

 

Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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A CINCUENTA AÑOS DEL PLAN TRIENAL 1974-77 QUE PUDO CAMBIAR EL ACTUAL ATRASO MARÍTIMO Y PESQUERO

César Augusto Lerena*

En estos días concluimos nuestro trabajo “Plan Nacional de Pesca” que incluye “Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur” además de un proyecto de reforma de la ley Federal de Pesca (Ley 24.922) que nos llevó a estudiar toda la legislación de Suramérica y el Caribe, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Analizamos también el Plan Trienal 1974-77 que quedó trunco por el golpe de 1976 y que no parecen haber leído y mucho menos ejecutado ninguno de los responsables de cuidar nuestra soberanía en el territorio marítimo y continental y desarrollar los pueblos patagónicos a través de la producción pesquera, naval y portuaria, en los últimos cincuenta años.

Tal vez, la contienda electoral de 2023 justifique la lectura de las 357 páginas de este Plan Trienal que deja en evidencia, que fuera del esfuerzo privado, empresario y del trabajo, el Estado ha estado ausente en el desarrollo de la actividad marítima y pesquera y, ello se verifica en la falta de cumplimiento de los objetivos y la asignación de fondos que para la promoción y crecimiento de este sector la Argentina tenía prevista hace cincuenta años.

Contribuyeron a la elaboración de este Plan Trienal —en la parte referida a esta materia— además de los Ministerios pertinentes, empresas del Estado, muchas de las cuales fueron vaciadas, desfinanciadas o privatizadas: Administración General de Puertos; Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (Astilleros Río Santiago); Atanor SA; Carboquímica Argentina Sociedad Mixta Comercial; Dirección General de Fabricaciones Militares; Fabricaciones Militares Aceros Ohler SA; Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A (ELMA).; Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino; Hidronor S.A.; Hierro Patagónico de Sierra Grande SA; Minera Industrias Mecánicas del Estado SA; Petroquímica Bahía Blanca SAIC; Petroquímica Comodoro Rivadavia SA; Petroquímica General Mosconi; Soc. Mixta Siderurgia Argentina; SA Mixta Aceros Especiales; Talleres Navales Dársena Norte SA; Yacimientos Petrolíferos Fiscales; etc. No fue el fruto de apresuradas plataformas políticas electorales.

Se introducía al Plan con un Preámbulo cuya vigencia sigue intacta: “La Argentina sufre una de las peores formas de destrucción: el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana; para ello, debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones. y, paralelamente, consolidar la unidad nacional, en una sociedad dinámica, cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales”.

El Plan en lo relativo a la construcción naval tenía por finalidad obtener un considerable incremento del tonelaje de nuestra marina mercante, a la par de incrementar sustancialmente el nivel de producción de los astilleros nacionales. En el período 1964/72, el tonelaje incorporado a nuestra bandera alcanzó a 655.643 TPB; de los cuales el 30% fueron barcos nuevos y de éstos el 53% fue provisto por los astilleros nacionales. El Plan indicaba que el total de embarcaciones a construir en los próximos cinco años alcanzaría a 136 con 514.000 TPB. Los astilleros grandes del país construirían 22 buques, con un total de 502.200 TPB, de los cuales el 52 % correspondían a los armadores estatales y el 48% a los armadores privados, en tanto que los astilleros medianos construirían 108 buques con 12.000 TPB para los armadores estatales y 6 remolcadores para armadores privados. De los 22 buques a construir por los astilleros grandes diez serían graneleros, seis cargueros, cuatro para carga frigorífica y 2 buques-tanque para YPF. Dado que en el último trienio el promedio anual de tonelaje entregado por todos los astilleros fue de menos de 50.000 toneladas, este programa de construcción implicaría duplicar su nivel de actividad. De este modo el programa, a la par de incrementar significativamente la capacidad de transporte de nuestra marina mercante, representaba una fuente de ocupación de magnitud y un mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada en el país. El costo total del programa era superior a 4 mil millones de pesos, de los cuales, correspondían más de 3 mil millones a los astilleros grandes (buques de más de 5.000 toneladas de porte bruto) y casi mil millones de pesos a los astilleros medianos. Hay quienes dicen que no haber ejecutado este plan le significa a la Argentina una pérdida de 4 a 5 mil millones de dólares anuales en fletes. Según Barletti, “lo correcto sería expresar que la Argentina no participa de los fletes marítimos internacionales que genera su comercio exterior por no contar con empresas navieras dedicadas al transporte internacional o de ultramar radicadas en el país».

El Plan Trienal indicaba que el transporte por agua debía recuperar el papel que le correspondía en el transporte de mercaderías a granel de bajo valor unitario y distancias largas y debería, además, introducir otros tráficos adaptables también hoy al transporte por agua como resultado de las nuevas técnicas de transporte intermodal. Se aseguraría el reequipamiento de la flota de ELMA a fin de sustituir los buques obsoletos por unidades de mayor porte y evitar el uso excesivo de buques extranjeros alquilados. Se ponía especial énfasis en los buques graneleros. En cuanto a las vías fluviales, se impulsaba el uso del transporte por empuje. La flota Fluvial Estatal realizaría las inversiones necesarias para satisfacer la creciente demanda para este sistema de transporte. Por cierto, esta parte del plan sigue pendiente porque la producción de los pueblos del litoral patagónico sigue trasportándose por vía terrestre, con el consiguiente mayor costo y contaminación ambiental.

Respecto a la Industria Pesquera, el Plan refería a que la falta de una política coherente y estable de promoción de la actividad pesquera marítima que originó fuertes fluctuaciones de los niveles de producción y comercialización del sector. La demanda actual y el proceso de inversión de los últimos años han producido una brecha del orden de las 300.000 toneladas por año, entre la capacidad total de la captura y el desembarco efectivo en el año 1973. Un crecimiento adecuado se lograría a través de un incremento sustancial en la demanda interna, que·acompañase al incremento producido en los últimos años en las exportaciones. Esta tendencia parece acentuarse para el próximo quinquenio, actuando como factor determinante el nivel de la producción mundial y la escasez de productos proteicos. Por lo tanto, dice el Plan serán objetivos del sector: consolidar la tendencia a la exportación de productos de mayor grado de elaboración, pero que en 2023 un 60% aún sigue sin valor agregado; promover el desarrollo de la industria naval argentina; que, en 2023 sigue importando buques para la pesca, la investigación pesquera y las fuerzas armadas.

El Plan haría posible aumentar el consumo per cápita anual de 6,60 kg. en 1973 a 13,20 kg. en 1977 y 18,5 en 1980, con un incremento de las exportaciones de 70 mil toneladas en 1973 a 250 mil en 1977 y 450 mil en 1980, número similar a 2022. El cumplimiento de las metas de consumo interno, no se cumplió y en 2023 solo alcanza a los 4,5 kg de consumo per cápita, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe, cuyo consumo promedio alcanza a los 10 kg. No podía esperarse otro resultado. Desde 1974 a la fecha nada se hizo al respecto.

Para el período del Plan la inversión sería de 1.500 millones. La mano de obra ocupada por el sector pasaría de 14.000 personas en 1973 a 34.000 en 1977; pero en 2023 alcanzan a solo 20.000 empleos registrados, reduciéndose incluso a los operarios que trabajaban en el sector en la década del 90, pese a que en esta época se incorporaron máquinas descabezadoras, fileteadoras, etc. que luego se desactivaron porque los rendimientos eran menores al trabajo manual. Gran parte del problema es la política extractiva y de proceso a bordo que se lleva.

Entre las medidas a tomar estaban la promoción del consumo de productos frescos y congelados; creación de un sistema de distribución y’ comercialización eficiente; estimular la creación de mercados de concentración y centros de distribución para el pescado de consumo fresco; promover la capacitación a todos los niveles y en función de las necesidades nacionales.

El programa de desarrollo pesquero tenía por propósito el aprovechamiento acelerado integral y racional de los recursos naturales del litoral marítimo, de modo de mejorar la dieta de nuestra población y lograr un fuerte incremento ·de las exportaciones de productos de la pesca. El programa implicaba en forma directa, la construcción de buques, el perfeccionamiento de la infraestructura portuaria existente y la creación de nuevas instalaciones, el perfeccionamiento y racionalización de la red de comercialización y distribución y el desarrollo de la industria derivada. El proyecto preveía una fuerte expansión de las capturas en el litoral marítimo patagónico, llegando al 63 % en 1977 y 83 % en 1980, del total nacional. Pese a que los subsecretarios de Pesca fueron de origen patagónico, el 50% de los desembarcos de estos puertos igualan al desembarco de Mar del Plata.

El Plan indicaba que las inversiones en infraestructura, medios de captura e industrias, serían fuente de demanda para otras ramas industriales y para la construcción. El programa, además impulsaría el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. Le correspondería al Estado una participación muy decidida, que incluiría: la formación de recursos humanos; desarrollo de la investigación en materia· pesquera; otorgamiento de créditos y subsidios a pescadores, armadores e industriales; establecer un sistema de perfeccionamiento de la calidad; regularizar la comercialización; difundir recetas de fácil preparación en base a los productos más abundantes; organizar campañas de promoción de la demanda; multiplicar las bocas de expendio; crear un sistema de distribución y comercialización capaz de abastecer satisfactoriamente a todo el país; establecer un ente estatal único para la expansión de los productos pesqueros; desarrollar productos elaborados con especies argentinas de alto valor agregado y compatibles con las posibilidades de expansión de la demanda externa; realizar acuerdos para lograr el acceso a los mercados -de los países fuertemente proteccionistas. Nada de esto se ha ejecutado desde el Estado y los negocios son fruto de esfuerzo privado, en buena hora, pero los aranceles de importación de los importadores no se han compensado en el país.

El Plan trienal indicaba que las acciones previstas permitirán elevar la captura de 275 mil toneladas en 1973, a 723 mil toneladas en 1977 y en 1.152 toneladas en 1980. Nada que ocurra en 2023, cuyas capturas alcanzan a las 800 mil toneladas y ello puede deberse a que la Autoridad de Aplicación no ha resuelto el descarte del 30% que refieren los organismos técnicos y de auditoría. Muchos miles de millones de dólares perdidos de 1974 a la fecha. Sin contar con la pesca ilegal que se realiza en el área de Malvinas y sobre los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva en alta mar.

Las inversiones del Plan en el período 1974/77 alcanzarían a 1.516 millones de pesos, correspondiendo el 76 % a la adquisición de barcos, el 9 % al desarrollo de la industria derivada, 8 % para infraestructura y el resto para mejoras en la comercialización, investigación y formación de recursos humanos.

Respecto al rol de la pesca en el desarrollo regional el objetivo era equilibrar y armonizar el desarrollo de las distintas regiones del país mediante una acción que asigne carácter prioritario a las obras de infraestructura que sirvan al progreso social y a la ordenada y racional expansión de la propiedad y productividad agropecuaria: Ya hemos visto que eso no ha ocurrido, en especial con el desequilibrio que hay entre los puertos patagónicos. Asimismo, dice el Plan, el desarrollo pesquero adquiere un carácter perentorio. El impulso del desarrollo de la actividad manufacturera de producción regional considerando en particular la aplicación de tarifas diferenciales para los servicios públicos que constituyen insumos para aquellas producciones y, la revisión del régimen de coparticipación federal con miras a una más equitativa distribución de la recaudación fiscal.

Se promovía la instrumentación e inicio sin demora de los planes de desarrollo pesquero, dentro de un concepto de regionalización económica, para terminar con el estado de postración y vaciamiento del interior del país y, dentro del eje central de la política alimentaria se promovía un Programa de Fomento de Consumo de Pescado; el fomento mediante el crédito y exenciones impositivas, la industria de construcciones navales del sector de pesca; ejercer soberanía sobre todos los recursos y aprovechamiento de la Plataforma Continental y Mar Epicontinental dentro de las 200 millas y defensa contra la explotación irracional de sus recursos.

En materia de Puertos, afín de mejorar e incrementar la capacidad portuaria del país, superando definitivamente los problemas y limitaciones del Puerto de Buenos Aires, el Plan preveía, en el plazo más breve, que los estudios técnicos permitan la construcción del puerto de aguas profundas en Punta Médanos. Su funcionamiento a 50 pies de calado, lo cual contemplaba suficientemente las previsiones de la evolución de la tecnología naval y la operación de todo tipo de buques, en especial graneleros de gran porte: “La construcción del puerto de aguas profundas excede en su significación a las importantes repercusiones en el comercio de ultramar”. Su localización implicaba crear un importante centro de desarrollo urbano, el que sería provisto de toda la infraestructura de servicio y el desarrollo de importantes inversiones complementarias en actividades auxiliares y conexas a la exportación y el comercio internacional. Asimismo, debería adecuarse la infraestructura vial y ferroviaria para facilitar la convergencia de la producción hacia el puerto; esto significaría en los hechos una reestructuración del espacio, creando nuevos flujos de transporte y modificando la actual estructura de costos de la actividad. Todo ello, en suma, tendría un efecto dinamizador sobre el nivel de producción de importantes zonas agrarias no suficientemente explotadas aún, fortaleciendo y reestructurando los ejes del crecimiento del territorio argentino y contribuyendo, en definitiva, a la integración nacional. Por cierto, la situación de aislamiento del continente de Tierra del Fuego en 2023 resulta absolutamente inaceptable.

Se promoverá —decía el Plan— la construcción de nuevos puertos y el mejoramiento de los existentes, así como la apertura de canales navegables y, como vemos, el Puerto de Mar del Plata tiene más de cien años sin mejoras sustanciales y el puerto de Río Grande en Tierra del Fuego, es una materia de soberanía y operatividad pendiente, pese a encontrarse en un punto estratégico en el Atlántico Sudoccidental, frente a Malvinas, al área marítima ocupada por el Reino Unido y el acceso a la Antártida y los océanos Pacífico e Índico.

Por supuesto daremos a conocer nuestro trabajo “Plan Nacional de Pesca” que incluye “Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur” además, de un proyecto de reforma de la ley Federal de Pesca (24.922); pero sería interesante que los candidatos de los distintos partidos políticos digan que van a hacer respecto al Atlántico Sur y Malvinas y, las actividades pesqueras, navales y portuarias.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

UNA VISIÓN PARA LA NACIÓN ARGENTINA

Iris Speroni*

Llenemos el país de familias propietarias.

Antecedentes:

EQUILIBRIO INESTABLE

LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPO EN LA VIDA PÚBLICA ARGENTINA

 

Estamos en los momentos previos a una nueva elección.

Los precandidatos junto a su equipo de “expertos” exponen al público cómo piensan arreglar la economía en caso de ser electos.

Más allá de que a las palabras se las lleva al viento, es interesante ver qué nos proponen para los siguientes problemas:

    • inflación,
    • aumento de empleo,
    • mejora del salario promedio,
    • crecer la economía,
    • exportaciones,
    • Leliqs.

La única forma que tenemos hoy de salir de este callejón es con el aumento de las exportaciones. Por la simple razón de que la clase política eliminó otras herramientas posibles como motor de la economía (mercado interno, inversiones, gasto público).

El sistema vigente actual, que tiene décadas de funcionamiento se puede resumir así: se le quita la rentabilidad al campo, al punto de dejarlo en el mínimo de cubrir sus gastos corrientes (por lo tanto se lo descapitaliza) y se inhiben numerosas explotaciones por no llegar al punto de equilibrio (*).

Todo ese dinero se destina a otros agentes de la economía argentina. Los beneficiarios han cambiado con el tiempo. No son los mismos los beneficiarios de la década del ‘50 que los actuales. Lo único constante es: a) el Estado como el instrumento para sacarle a algunos y darle a otros, por lo que se vuelve imperativo para los agentes beneficiados controlar el Estado; b) el que pone la plata es b.1.) siempre el campo y b.2.) intermitentemente los trabajadores.

Por lo que podemos hablar de una política de Estado que se mantiene vigente en gobiernos radicales, peronistas, conservadores/militares por las últimas décadas.

Ésta es la razón por la cual el discurso tanto de FdT como de JxC, con matices, es el mismo. “Sáquemosle el dinero al campo y gastémoslo en…”. La segunda parte de la fórmula cambia, pero no mucho. Como JxC, en particular el PRO, busca el voto del productor agropecuario, entonces disfraza sus intenciones. Pero eso queda descubierto con escarbar un poco.

El gobernante para justificar el expolio debe vender un discurso público y una imagen del damnificado (b.1. y b.2.) por el cual el abusado “merece” el tratamiento (**).

Para construir la imagen de “campo malo”, distintas facciones del partido político único “VIVAMOS TODOS DEL CAMPO”, usa diversas justificaciones. Las mismas se generan y se expanden primero en las facultades (todas las nacionales y la mayoría de las privadas) y luego los repiten los políticos y lo reproducen los medios de comunicación [del pensamiento del poder]. (***).

Luego hay apelaciones al imaginario de la década del ‘30, hablando de las 1.000 familias, en desconocimiento de la historia de hace 100 años atrás (****).

Hoy al campo —desde Jujuy-Misiones a Tierra del Fuego— el Estado le quita ingresos mediante (*****):

1) diferencia de tipo de cambio;

2) DEX;

3) impuestos generales;

4) peajes, tasas, permisos.

Los beneficiarios son hoy, por orden de magnitud: 

a) la banca local y externa;

b) los contratistas del Estado —los que proveen al Estado— dentro de los cuales están las constructoras y las farmacéuticas entre otros;

c) los concesionarios públicos (transporte, rutas, distribuidoras de energía —gas y luz—);

d) las automotrices, terminales extranjeras;

e) los empresarios subsidiados (subsidios directos, préstamos a tasa inferior a la inflación, compra de dólares a mitad de precio);

f) la burocracia estatal que tiene sueldo promedio el doble de los trabajadores del sector privado;

g) las familias beneficiarias sociales. (A la que se les compensa por el desastre que los anteriores —de la a) a la f)— generan).

En fin, las excusas son numerosas y habría que hacer un compendio de las mismas. Lo importante es el futuro y acá quiero entrar.

Las próximas elecciones

Actualmente hay una política de Estado, que es VIVAMOS TODOS DEL CAMPO.

Este esquema es sustentado por todos los beneficiados, pero el responsable del sostén ideológico y discursivo es la UIA (******).

Igual, todo es posible, porque el Estado recauda y el club de los beneficiarios (EQUILIBRIO INESTABLE) es quien gobierna.

La pregunta es: ¿alguno de los postulantes quiere realmente acabar con esto?

El FdT claramente quiere seguir como está. El ministerio de Massa es el ministerio de la UIA, es el ministerio de VIVAMOS TODOS DEL CAMPO, donde Tombolini da permisos para importar cosas a mitad de precio y De Mendiguren reparte créditos blandos —por ejemplo para comprar maquinaria agrícola brasileña— y Massa hace negocios con canje de deuda y LELIQs que pagan tasas superiores al 100%.

Es “más de lo mismo”.

Es lo de siempre.

Con matices, es lo que postula gente como Vallejos o Kicillof (fue lo que hizo durante su ministerio). No pareciera que otras vertientes como Scioli, pensaran diferente. En resumen, más de lo mismo. Ni siquiera atisban a escuchar a algún gobernador de su propio partido que proponga eliminar las DEX. A todos los gobernadores les conviene un tipo de cambio libre y eliminación de DEX. Es más actividad económica en las provincias y mayor recaudación de IIBB provinciales y de IVA y Ganancias (coparticipables). A lo que debemos agregar que ninguno de los gobernadores participan en el mega curro de las LELIQs.

La otra gran coalición es JxC. Arrancó en 2015 reduciendo parcialmente las DEX, pero continuó con la manipulación del tipo de cambio (no con cepo sino con sobreoferta de divisa) y tipos de interés del 80%. Esto es: continuó con la política de Cristina Fernández/Axel Kicillof. Además, para demostrar su falta de convicciones, volvió a subir las DEX en cuanto el FMI se lo solicitó. Cuando hoy sus principales exponentes (Larreta, Bullrich, Lousteau, Manes) sostienen: van a bajar las DEX pero poquito y en el tiempo, van a acabar con el cepo, pero no inmediatamente, nada dicen de las LELIQs. En el caso de Manes/Dal Poggeto directamente propone subir la alícuota de DEX.

¿Entonces?

Por último, el tercero en discordia, Milei. Con su “cierre del BCRA” dice lo siguiente: a) no voy a manipular el tipo de cambio, que sea lo que Dios quiera, b) no voy a seguir con el curro de las LELIQs. Ambas medidas no resuelven per se el problema de país, pero constituyen un paso imprescindible para el lado correcto. El tipo de cambio libre y eliminar las DEX es el combustible que necesitamos para: a) aumentar las exportaciones agropecuarias, b) bajar las importaciones industriales y comenzar a exportar productos industriales, c) poner a toda vela las inversiones en hidrocarburos sin necesidad de subsidios estatales. No es el todo, sólo el principio. Hay cosas que no me convencen, como que probablemente quieran privatizar YPF y Banco Nación, que los considero imprescindibles para el IMPERIO AUSTRAL. Dicho esto a) y b) son ineludibles para empezar a andar. Sobre el resto, me reservo opinión.

Un plan para la Nación Argentina

Hoy tenemos el Estado gobernado por los beneficiarios (*******) del status quo. En los últimos 20 años, la política económica la diseñó Lavagna que fue toda su vida un contratado de la UIA. Hoy tenemos un país cada vez más pobre, cada vez más descapitalizado y cada vez más endeudado.

Por lo tanto, la tarea de quienes no estamos conformes con el statu quo es:

    1. Arrebatarle el control del Estado a los beneficiarios del expolio.
    2. Demoler los instrumentos del saqueo (quitarles a unos para dárselo a otros; cobrar IVA para darle U$D 534 millones a Roggio y Macri, por ejemplo). En otras palabras, cambiar el sistema impositivo, cambiario y monetario y tener un diferente criterio para el gasto público (más armamento para las Fuerzas Armadas, menos para el Instituto del Cannabis).
    3. Demoler el aparato legal del statu quo el cual consiste en leyes, burócratas ubicados en lugares claves, procedimientos, reglamentaciones, aparatos de propaganda.
    4. Perseguir políticamente a los actuales beneficiarios, quienes no descansarán hasta voltear el gobierno resultante. No se equivoquen: la planificación del golpe de estado comienza el día de la asunción.
  1.  

Pero previamente hay que llegar a I. Por lo tanto hay que ofrecerle al país, a la ciudadanía, a la población, una visión que sea esperanzadora, apetecible y posible.

El productor agropecuario, lo que debe pedir es una sola cosa: tener el mismo tratamiento que sus pares paraguayos, brasileños y uruguayos. No pide la luna, pide que un tambero argentino gane como un tambero brasileño. Esa falta de igualdad de condiciones es lo que hace que no exportemos carne de oveja y los uruguayos, sí.

Para el productor, hay mucho que pedir, porque la cancha está inclinada, pero no es tan complejo: mismas condiciones que en países limítrofes en política cambiaria e impositiva, relaciones justas con la cadena de valor (abusos oligopsónicos, oligopólicos, carlelización de proveedores o clientes) y poco más. Pero eso no deja de ser un reclamo sectorial. Es como el sindicato de camioneros pidiendo mayores sueldos. Le sirve a los camioneros y a nadie más.

Un plan para el sector debe comprender buenos salarios para los trabajadores del rubro, una política de acceso a la propiedad de la tierra, riego en todo el país, inversiones en instalaciones (cobertizos para los animales en la Patagonia, por ejemplo), canales propios de comercialización, colocación de productos en el exterior, fabricación en Argentina de toda la cadena completa, desde los fertilizantes a los barcos mercantes al packaging de los productos finos. Producir maquinaria agrícola para nosotros y para el mundo. Todo, cuestión de que podamos sostener la actividad en la situación más adversa.

El país es más que los productores agropecuarios. 

Por lo cual debemos ofrecerle al país una visión.

Una imagen, un imaginario de una Argentina próspera y con lugar para todos.

Por un lado no es difícil proponer algo mejor. Tenemos a las actuales autoridades que ofrecen inflación al trabajador asalariado y al jubilado; que lo baleen en la parada del colectivo a un vecino; un salario basura a un enfermero, policía, médico, guardaparque; imposición sobre imposición para el pobre monotributista; imposibilidad de comprarse una casa o un palmo de tierra; es un dolor de muelas cambiar un cheque para cualquier pyme; inestabilidad monetaria y política; un país desguarnecido en la defensa; corredores abiertos para la droga; desatención de los familiares enfermos mentales; sistema de transporte horrible, ya sea las rutas, los trenes suburbanos o los colectivos y autobuses de larga y media distancia; un grupo de hippies al frente de la administración de justicia quienes nunca mueven un dedo y si lo hacen es para el lado incorrecto; la atención hospitalaria es deficiente; debemos soportar a una troupe de burócratas soberbios quienes en conjunto con periodistas a sueldo nos dicen a todos cómo tenemos que vivir y cómo debemos educar a nuestros hijos. Todo montado sobre altos impuestos y salarios de hambre.

No es difícil mejorar la oferta.

Quienes gobiernan hoy, los beneficiarios del desfalco, no se limitan con quedarse con el dinero, sino que hacen todo lo que está de su mano para dificultarle la vida a todos: jubilados, trabajadores, comerciantes, profesionales, propietarios por igual.

Por lo que todo plan que uno ofrezca a la ciudadanía debe ser lo contrario:

    • buenos sueldos,
    • actividad económica plena,
    • salud de las finanzas estatales (superávit, cero deuda, cero tasa, reservas en oro y plata),
    • crecimiento y progreso tecnológico,
    • inversiones privadas y públicas,
    • una familia, una vivienda propia (propiedad plena),
    • una familia, una hectárea propia (para el retiro y la vejez),
    • incentivar el ahorro de las familias,
    • control de áreas estratégicas (nuclear, patentes, insumos agropecuarios, farma),
    • reconstruir el aparato de Defensa, tanto las FFAA como FFMM,
    • jerarquizar y apoyar a las FFSS,
    • repagar la deuda pública en su totalidad,
    • acumular reservas de oro y plata,
    • cerrar la frontera a la droga,
    • atender a los enfermos mentales,
    • atender a todos los enfermos,
    • incentivar la natalidad,
    • pagar buenos sueldos al personal público de servicios (FFAA, FFSS, salud),
    • invertir en transporte interno, fluvial y de ultramar,
    • recuperar las Malvinas,
    • 200 millones de cabezas de ganado vacuno y 60 millones de ganado ovino,
    • montar un buen sistema de transporte,
    • riego para el desierto argentino,
    • ser el lugar de refugio para todos los cristianos perseguidos del mundo,
    • relaciones exteriores de potencia mundial,
    • ocupar nuestro lugar como octava potencia mundial, trabajar para ese objetivo.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

(*) Se denomina punto de equilibrio cuando una actividad económica gana para cubrir los costos. Por abajo del punto de equilibrio se pierde plata; por arriba se gana plata.

(**) Es en todos los órdenes. Las personas no están desocupadas o subocupadas porque el manejo de la economía es desastroso sino porque la persona es “vaga” (Obama, Macron). El expolio al productor es porque reciben unas imaginarias “rentas extraordinarias”, argumento que no enarbolan frente a Pfizer o frente al crecimiento patrimonial de los funcionarios.

(***) Cosas como “ganancias extraordinarias” repetidas hasta el hartazgo durante la controversia por la 125 (escuchamos hablar con absoluta suficiencia a diputados y concejales, a los cuales si les pidiéramos una definición, empezarían a balbucear; tienen la suerte de que los periodistas argentinos jamás repregunta). Sin embargo es un verso viejo, inventado en épocas de la CEPAL. La CEPAL, bien anticampo, es una organización inventada por el Departamento de Estado de EEUU, que tuvo por primera autoridad a Prebisch. Ellos hablaron de “ganancias extraordinarias” y “latifundios” como mal hispanoamericano. Quien bien desbarata las mentiras de la CEPAL es Osvaldo Barsky en su libro “Historia del Agro Argentino” que recomiendo enfáticamente.

(****) Nuevamente, mirar el estudio del registro de la propiedad de provincia de Buenos Aires que hace O. Barsky, que demuestra con claridad que la gran mayoría del campo bonaerense estaba en propiedades de entre 100 y 300 has.

(*****) Dejo en claro que no es el campo el único que paga impuestos. Los impuestos federales argentinos están en cabeza de los más pobres (IVA). Pero sí soportan, como agregado, cambio manipulado y DEX, que nadie más sufre.

(******) No quiere decir que todos sus socios estén implicados, ni que todos los industriales se vean beneficiados por este estado de cosas. Muy por el contrario, el Mercosur y las políticas cambiarias/impositivas de los últimos 40 años fueron el cementerio de varios de ellos. Ni siquiera los más beneficiados son los industriales argentinos, que no pueden crecer o deben vender sus firmas. Nadie más beneficiado, por ejemplo, que las terminales automotrices, 100% extranjeras. Es sólo para simplificar el argumento.

(*******) Y no me refiero a los beneficiarios de planes sociales, quienes, a cambio del silencio o la complicidad, reciben el 1%  de lo que muerden la banca o los contratistas del Estado. Me refiero a los beneficiarios a) a f).

 

Lecturas asociadas

Vivamos todos del campo

La participación del campo en la vida pública argentina

http://iris-speroni.blogspot.com/2020/03/la-participacion-del-campo-en-la-vida.html

 

Equilibrio inestable

http://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

 

Artículo publicado del 10/06/2023 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2023/06/una-vision-para-la-nacion-argentina.html