EL TOPO, la devoción externa y la desconexión interna
Durante la campaña presidencial de 2023, EL TOPO construyó una identidad política que excedió largamente el debate económico o institucional argentino. A través de gestos simbólicos reiterados, declaraciones públicas y decisiones posteriores ya como presidente, emergió una pregunta central que hoy atraviesa a amplios sectores de la sociedad: ¿para quién gobierna EL TOPO?
Una campaña atravesada por símbolos ajenos
Desde octubre de 2023, EL TOPO protagonizó una serie de actos públicos en los que la simbología del Estado de Israel ocupó un lugar central. En distintos actos de campaña —como el cierre en Rosario— se lo observó flameando banderas israelíes[1][2] y pronunciando declaraciones que despertaron alarma incluso entre analistas afines, como cuando afirmó en una entrevista televisiva que había venido «a liberar a Israel»[3].
El cierre de campaña en el Movistar Arena condensó esta narrativa simbólica: imágenes de ciudades destruidas, explosiones de alto impacto visual y referencias apocalípticas precedieron su salida al escenario, seguidas por el sonido del shofar, instrumento ritual de la tradición judía históricamente asociado, entre otros usos, a convocatorias colectivas de carácter bélico o religioso[4]. Este montaje audiovisual no constituyó un hecho aislado, sino parte de una narrativa coherente que vinculó su proyecto político con una causa externa de fuerte carga religiosa y geopolítica.
El contexto internacional omitido
Estos gestos se produjeron en un contexto internacional extremadamente sensible. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, diversos organismos internacionales alertaron sobre una crisis humanitaria con miles de víctimas civiles palestinas. Sin embargo, EL TOPO omitió referencias explícitas al derecho internacional humanitario y expresó un alineamiento incondicional con el gobierno israelí, reduciendo el conflicto a una lógica binaria y descontextualizada[5].
Funcionario público en campaña permanente
Durante el año 2023, mientras ejercía funciones como diputado nacional, EL TOPO continuó realizando actividades privadas remuneradas —charlas, cursos pagos y cobro por opiniones—, situación que fue señalada por especialistas como potencialmente incompatible con los principios de ética pública y dedicación funcional exigidos a los representantes legislativos.
En paralelo, causas judiciales previas volvieron al debate público. En particular, el archivo de la denuncia por violencia contra una periodista en 2018 fue cuestionado por organizaciones como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y el Instituto Jurídico de Género de Salta, que denunciaron prácticas revictimizantes y falta de notificación a la denunciante[6].
¿Un problema de personalidad o de proyecto político?
Algunos analistas intentaron explicar el comportamiento político de EL TOPO recurriendo a categorías psicológicas como narcisismo o egocentrismo. No obstante, ningún diagnóstico clínico puede afirmarse sin pericias judiciales concluyentes, y hacerlo sería metodológicamente incorrecto. Lo que sí puede analizarse es el patrón discursivo observable: una narrativa mesiánica, una identificación personal del líder con causas externas y una desconexión simbólica con las prioridades estructurales del Estado argentino.
Gobierno, alineamientos y decisiones estratégicas
Ya en ejercicio del Poder Ejecutivo, estos alineamientos se profundizaron. Las reiteradas visitas oficiales a Israel, la incorporación de funcionarios con vínculos estratégicos con ese país en áreas sensibles y la firma de acuerdos como el convenio de reciprocidad previsional entre Argentina e Israel[7] consolidaron la percepción de una política exterior subordinada, carente de debate público amplio.
Asimismo, la relación con Mekorot —empresa estatal israelí vinculada a la gestión del agua— generó fuertes cuestionamientos en un país donde el acceso al agua potable constituye una infraestructura crítica y un recurso estratégico. Para sectores académicos y políticos, estas decisiones representan una cesión progresiva de soberanía más que una cooperación entre Estados en condiciones de igualdad[8].
¿Destruir el Estado desde adentro?
El discurso libertario que prometía «dinamitar el Estado» dejó de ser una metáfora electoral. A través de decretos, reformas normativas y desfinanciamiento estructural, el gobierno avanzó en un proceso de debilitamiento institucional que reduce la capacidad estatal de regulación, control y planificación estratégica. Algunos analistas interpretan este proceso como la construcción de un andamiaje jurídico que facilita una fragmentación funcional del Estado —una «balcanización blanda»— donde actores externos adquieren poder real sobre recursos, territorios y decisiones públicas.
Paralelismos históricos: política de tierras, marco legal y subordinación estructural
El alineamiento político del actual gobierno argentino con el Estado de Israel habilita un ejercicio comparativo legítimo desde la historia política y el derecho internacional. En particular, pueden identificarse similitudes estructurales —no identidades absolutas— entre ciertas dinámicas actuales y los procesos desarrollados en Palestina durante el Mandato Británico (1917–1948).
Marco legal como habilitador de transferencia de poder
Durante la ocupación británica de Palestina, la Declaración Balfour de 1917, posteriormente incorporada al Mandato de la Sociedad de Naciones en 1922, constituyó el marco jurídico que legitimó la promoción de un «hogar nacional judío» en un territorio habitado mayoritariamente por población árabe palestina. Este andamiaje legal permitió que la colonización territorial se realizara no por conquista militar directa, sino mediante instrumentos jurídicos internacionales que otorgaban apariencia de legalidad a un proceso profundamente asimétrico[9].
De manera comparable, en la Argentina contemporánea, convenios bilaterales, decretos y acuerdos administrativos —como el convenio de reciprocidad previsional Argentina – Israel— se inscriben en una lógica donde decisiones estructurales se adoptan sin debate público amplio, ni evaluación estratégica integral de impacto soberano. En ambos casos, el derecho funciona menos como expresión de la voluntad popular y más como vehículo de una agenda política definida fuera del territorio afectado.
Transferencia de tierras y control indirecto
Durante el Mandato Británico, instituciones sionistas como el Fondo Nacional Judío adquirieron grandes extensiones de tierra, muchas de las cuales quedaban legalmente reservadas para población judía, excluyendo a la población árabe local. Aunque formalmente se trataba de «compras», el resultado material fue un proceso de desposesión progresiva, ya que los agricultores palestinos (fellahin) perdían acceso a la tierra que garantizaba su subsistencia[10].
En el caso argentino, si bien no se observa una expulsión física comparable, sí emergen mecanismos de extranjerización funcional: adquisición de tierras estratégicas, participación de empresas extranjeras en recursos críticos (como el agua) y marcos legales que facilitan el control indirecto de territorios o infraestructuras clave. La similitud no radica en la forma, sino en la lógica de desplazamiento del poder real desde la comunidad local hacia actores externos.
Impacto sobre la población local
En Palestina la combinación entre marco legal, transferencia de tierras y administración colonial generó un proceso de empobrecimiento, expulsión y radicalización de la población palestina, al verse privada de recursos productivos básicos y de representación política efectiva.
En la Argentina actual, el impacto se manifiesta de forma distinta pero convergente: debilitamiento del Estado, pérdida de control sobre recursos estratégicos y exclusión progresiva de la ciudadanía del proceso decisorio. El resultado es una desposesión política y económica, donde la población no es expulsada físicamente, pero sí desplazada del ejercicio efectivo de la soberanía.
Contexto colonial y administración externa
Un elemento central del caso palestino fue el pasaje de la administración desde el Foreign Office a la Secretaría de Colonias británica en 1921, lo que consolidó la gestión de Palestina como un problema colonial y no como una sociedad con derecho a autodeterminación.
En clave contemporánea, el reemplazo de políticas soberanas por alineamientos automáticos con potencias extranjeras, organismos financieros o Estados aliados, puede interpretarse como una forma de colonialismo jurídico-administrativo: no hay ocupación militar, pero sí una subordinación estructural de la toma de decisiones.
Una advertencia histórica, no una equivalencia literal
El paralelismo no pretende equiparar situaciones históricas distintas, sino advertir sobre patrones recurrentes:
legalidad utilizada como instrumento de dominación,
transferencia progresiva de recursos estratégicos,
exclusión de la población local del poder decisorio,
y debilitamiento deliberado de las estructuras estatales.
Desde esta perspectiva, el proyecto político que promueve la destrucción del Estado «desde adentro» no es una anomalía discursiva, sino una condición necesaria para que estos procesos se consoliden sin resistencia organizada.
La pregunta que persiste
Este análisis no se inscribe en una crítica religiosa ni étnica, sino en una discusión sobre soberanía, legalidad y mandato democrático. Un presidente gobierna para su pueblo, no para símbolos, causas externas o proyectos ideológicos transnacionales.
Hoy, la pregunta sigue abierta —y cada vez más urgente—:
¿quién nos gobierna y para quién gobierna?
Para una parte creciente de la sociedad argentina, la respuesta comienza a delinearse con inquietante claridad: no gobierna para los argentinos.
Referencias
[1] Agencia AJN. «El candidato argentino Javier Milei tomó y flameó una gran bandera de Israel durante un acto de cierre de campaña en Rosario». Agencia AJN en X (antes Twitter), 14/11/2023, https://x.com/AgenciaAJN/status/1724570875976896514.
El secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el nuevo contexto político de distensión entre Venezuela y EEUU, ahora con Delcy Rodríguez como «presidenta encargada» en Caracas, es un escenario que afecta directamente a un tercer actor, Cuba.
Desde 2000, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro mantuvieron con Cuba un Convenio Integral de Cooperación con el petróleo, la cooperación educativa, política, militar y de inteligencia como principales motores. El acuerdo implica el suministro a La Habana de unos 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano a precios subsidiados.
Pero la crisis de 2026 ha dado un vuelco radical a esta situación. La caída de Maduro y el confeso interés del presidente estadounidense Donald Trump por el control de la industria petrolera venezolana colocan a Cuba ante la posibilidad de ver suspendida esta cooperación energética bajo presión de Washington, sumiendo a la isla caribeña en probablemente su crisis más acuciante desde la década de 1990.
En diciembre pasado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba sufría una acumulación de «adversidades y errores propios». Fiel al efectismo retórico, La Habana parece querer mostrar con esta declaración un argumento de mea culpa y de «rectificación de errores» ante sus ciudadanos, una estrategia que con frecuencia ya anteriormente utilizaran el desaparecido ex presidente Fidel Castro y su sucesor Raúl Castro, con la finalidad de blindar la capacidad del sistema socialista a la hora de ofrecer respuestas cada vez que ocurren crisis socioeconómicas.
No obstante, esta declaración está fuertemente contextualizada por una coyuntura sumamente crítica tras el constante «acoso y derribo» por parte de Trump contra el régimen cubano. Una posición igualmente impulsada por la estrategia intransigente del secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, deseoso de observar un cambio de régimen en La Habana que obviamente favorezca los intereses estadounidenses.
Tras Venezuela, ¿caerá Cuba?
La crisis post-Maduro con un Trump que acecha constantemente coloca en el centro de atención la autoridad de Díaz-Canel y su capacidad para gestionar la peor crisis que está viviendo la isla caribeña desde la caída de la URSS y la instauración del Período Especial en la década de 1990.
El pasado 17 de enero, los medios estatales cubanos señalaron la aprobación del plan de Estado de Guerra durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional ―órgano encargado de asumir el control del país durante desastres naturales o conflictos armados― «en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa» con el objetivo de «incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal».
En el marco de esta declaración del Estado de Guerra, la reciente reaparición pública de Raúl Castro supone una recuperación del simbolismo histórico revolucionario en un período crítico, con el asedio de EEUU y el abrupto cambio político en su aliado estratégico venezolano, aspecto que pone en riesgo el convenio energético.
Este cambio radical de escenario abre diversas interrogantes para Cuba, acrecentando la incertidumbre sobre qué es lo que puede suceder en la isla caribeña. Destacan en este sentido las siguientes interrogantes:
¿Invadirá Trump a Cuba?; ¿habrá otra Operación Militar Especial por parte de Washington, esta vez contra el gobierno de Díaz-Canel?
La presión de Trump, ¿propiciara una apertura política calculada en Cuba, con liberación de presos políticos?; al igual que en el caso de la Venezuela post-Maduro, ¿habrá una distensión entre La Habana y Washington, motivada por razones humanitarias?; ¿se permitirá en Cuba una nueva etapa que eventualmente implique aprobar tímidas reformas hacia la propiedad privada con la finalidad de amortiguar la presión desde Washington?
El papel de Marco Rubio y el lobby «anti-castrista» en EEUU, ¿tendrá el mismo éxito que en Venezuela para presionar a Cuba y convertirla prácticamente en un nuevo «protectorado» estadounidense similar al que, al menos por ahora, se está observando en la Venezuela post-Maduro?
¿En qué quedará el nivel de cooperación cubano-venezolano, especialmente en materia de inteligencia?; en este nuevo contexto post-Maduro, ¿es Delcy Rodríguez una aliada fiable para La Habana?
Finalmente, ¿puede reproducirse en Cuba un escenario de protestas y rebelión similar al que actualmente se observa en Irán?
En las redes sociales han aumentado todo tipo de informaciones, especulaciones y no menos desinformación, sobre las decisiones que puedan tomar Díaz-Canel y Raúl Castro ante las presiones de Trump.
Con escaso fundamento que, sin embargo, no esconde escenarios de probabilidad se ha informado de eventuales cambios dentro del gobierno cubano con la intención de procrear un clima de distensión con Washington; de la posibilidad de excarcelación masiva de presos políticos; la liberación completa de los mecanismos económicos; cambios legislativos para reducir el monopolio del Partido Comunista de Cuba; e interés de inversiones extranjeras, entre ellas compañías tecnológicas muy probablemente estadounidenses, toda vez que se adapta una legislación más conveniente para el capital foráneo.
Fiel a su retórica intimidatoria, Trump ha sugerido al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a las autoridades de ese país «un acuerdo antes que sea demasiado tarde». Mientras avanza con el control del petróleo venezolano, Trump ya ha advertido a La Habana que cortará el suministro de crudo venezolano a la isla antillana. Díaz-Canel ha respondido defendiendo la soberanía cubana: «nadie nos dicta qué hacer», negando al mismo tiempo que existan conversaciones con el gobierno de Trump.
Al mismo tiempo, el presidente cubano desmintió conversaciones con Washington advirtiendo que, en caso de que esas negociaciones llegaran a realizarse, deben «basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», dando así a entender el carácter violatorio de la legalidad internacional detrás del secuestroa de Maduro.
Mientras La Habana toma posición ante el nuevo contexto, la tutela de Trump en la Venezuela post-Maduro vía Delcy Rodríguez augura un posible nuevo aislamiento para Cuba ante las intenciones de Washington de desarticular el eje estratégico Cuba-Venezuela. Con todo, países aliados de La Habana han salido en defensa de su gobierno ante las arremetidas de Trump, destacando el apoyo de Rusia, China, México, Brasil y Colombia.
Por otro lado, la visita a Caracas del director de la CIA, John Ratcliffe, siendo recibido por Delcy Rodríguez e incluso condecorado por las nuevas autoridades en Caracas, implica un cambio tectónico tras casi tres décadas de predominio de la inteligencia cubana en Venezuela. Mientras Ratcliffe parecía anunciar esta «nueva era» en Caracas, Cuba recibió con todos los honores los cuerpos de los 32 oficiales caídos durante la operación especial de captura a Maduro.
Por otro lado, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían asegurado a Marco Rubio su disposición para desmovilizar las milicias y los colectivos armados en Venezuela, desmantelar el SEBIN, la policía secreta, muy ligada a su homólogo G2 cubano; acabar con los negocios ilícitos de los militares y dejar de enviar petróleo a Cuba y China. Tras años de sanciones y de prohibiciones, Caracas ha comenzado a suministrar crudo a EEUU toda vez que se aceleran las negociaciones para la reapertura de canales diplomáticos.
No obstante, estas medidas podrían dificultar la estabilidad interna tomando en cuenta los intereses de otros pesos pesados del poder «chavista» como son el ministro de Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alterando así los planes de Washington de una transición tutelada y sin sobresaltos.
¿Hacia un nuevo Período Especial?
Las expectativas en torno al control estadounidense del petróleo venezolano así como las constantes presiones contra Cuba por parte de la Administración Trump dejan a la isla caribeña ante la posibilidad de reproducción del «período especial de crisis» existente durante la década de 1990 tras la caída de la URSS, previo a la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999)
Con una crisis económica cada vez de mayor calado a la que se une la crónica insuficiencia energética, ahora profundizada por las presiones de Trump hacia el gobierno de Delcy Rodríguez para cortar lazos con Cuba, el gobierno de Díaz-Canel se enfrenta a una nueva etapa crítica de posible aislamiento, igualmente acrecentada a nivel hemisférico ante el viraje político hacia una derecha trumpista en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros,
El petróleo entra aquí como el quid de la cuestión. Como sustitutos coyunturales de Venezuela en materia de suministro energético han aparecido países como México y Rusia, aunque en este último caso muy condicionado por las sanciones occidentales y la vigilancia estadounidense con su presencia militar en el Mar Caribe.
Rusia ha salido en apoyo, principalmente retórico, de su aliado cubano en este nuevo período de crisis para La Habana, azotada por apagones eléctricos, una crisis económica incesante y un posible nuevo éxodo. Ante la incertidumbre sobre lo que pueda suceder en Venezuela ahora bajo la tutela de Washington, tanto Rusia como México se han convertido en oportunos socios energéticos. No obstante, esta ayuda sugiere un carácter coyuntural que contrasta con la estructural cooperación venezolana durante más de dos décadas.
Por otro lado, según publica The New York Times, Cuba ha estado revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas. La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos ―el turismo, las remesas y las misiones médicas― se encuentran en horas bajas.
Algunos informes dan cuenta de las dificultades existentes en la industria petrolera venezolana, lastrada por la dramática caída de inversiones en infraestructuras, lo cual también condiciona la capacidad de Washington para gestionar la transición.
Venezuela posee las mayores reservas de hidrocarburos a escala mundial, por encima de los 300.000 millones de barriles, incluso superando a Arabia Saudita. No obstante, a corto plazo, de los actuales 1,2 millones de barriles diarios de producción petrolera venezolana se estima que podrían caer a menos de 300.000 para finales de 2026, colocando a Caracas ante una difícil situación económica, especialmente a la hora de importar alimentos y medicinas.
Según la consultora Rystad Energy, debido al deterioro y la falta de mantenimiento de las infraestructuras en Venezuela, sería necesario invertir unos US$ 110.000 millones en tres años para duplicar la actual producción. Un dato que en el contexto actual en Cuba seguramente no pasa desapercibido.
* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.
En septiembre de 2020 publiqué el artículo titulado «Recordemos al general Guglialmelli en medio de la ceguera geopolítica y estratégica» en el que hice una breve mención biográfica, destaqué su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar y que consideró que era imprescindible desarrollarla, para lo cual hizo propuestas, particularmente respecto de la provincia de Santa Cruz, así como su visión geográfica de la Argentina a la que le atribuyó un carácter «peninsular».
Tenía clara conciencia de cómo las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o ambas en forma conjunta, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. En ese texto cité, como ejemplo de esas integraciones regionales, la referencia a la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país. Del mismo modo, Guglialmelli destacó la intención de actores externos por mantener a la Argentina bajo la condición de «granja», es decir, cómo esos intereses operaban para impedir la industrialización del país. De tal manera que en esa división internacional del trabajo que se impuso, la Argentina quedaría reducida a proveedora de alimentos, de materias primas y de productos agroindustriales, manteniéndola como un país periférico, dependiente.
Nación y Soberanía
Quince años después de la alocución titulada «Nación y Soberanía» que el General Juan Enrique Guglialmelli pronunciara en la Escuela Superior de Guerra el 15 de diciembre de 1965, la revista Estrategia, fundada por él, la reeditó por considerar que aún tenía vigencia[1].
Sesenta años después de la disertación en esa alta casa de estudios considero que sigue vigente, al igual que todas sus propuestas. En aquella oportunidad se consideraron valiosas porque fueron «prevenciones» ante las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfreo Martínez de Hoz (1925 – 2013). El plan económico de Krieger Vasena ―ministro de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía―, procuró estabilizar la economía mediante una fuerte devaluación del 40%, la reducción del déficit fiscal a través de retenciones agropecuarias y un control estricto de los ingresos salariales y precios. Este plan liberal combinó la devaluación con medidas para estimular la eficiencia económica a través de la reducción de aranceles y de la desregulación financiera, pero provocó descontento en sectores como el agro y las pequeñas industrias.
La política económica de Martínez de Hoz, siendo ministro de Economía (1976 – 1981) del último gobierno cívico militar, tuvo como propósito transformar el modelo económico argentino a partir de la desregulación, la apertura al mercado internacional, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la especulación financiera sobre la producción. Entre sus medidas pueden mencionarse la liberación de los precios, el congelamiento de los salarios, los acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial y la suspensión de las paritarias. Para llevar a cabo su plan apeló a la reforma del Estado, la liberalización de la economía y la aplicación de la denominada «la tablita», la cual consistía en un sistema de devaluación prevista del peso. El objetivo principal de estas medidas apuntaba a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones, lo que derivó en el inicio de un siniestro proceso de desindustrialización nacional. En resumen, su política económica provocó la bancarrota de la economía argentina.
Las «prevenciones» y las propuestas del general Guglialmelli hoy siguen vigentes, pero también es cierto que fueron y siguen siendo omitidas por los equipos políticos y económicos de los gobiernos de esta partidocracia, principalmente por los de Menem, De la Rúa, Macri y actualmente por el de Milei. No obstante, no están exentos los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, los que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para una verdadera recuperación de las capacidades de nuestra Argentina.
Al pensar la Nación debemos hacerlo de forma integral, tal como lo pensaba en su momento el general Guglialmelli, en su aspecto espiritual, económico, político, cultural y en materia de defensa. Expresaba entonces que la «soberanía es la condición misma de la Nación, su tesitura espiritual y moral, su lado material»[2]. Agregaba que «la nación pasó entonces a ser el único espacio en el cual era posible el pleno desarrollo de un pueblo»[3], mientras que la soberanía «se constituyó en el instrumento de lucha de los propulsores de la nacionalidad»[4].
Guglialmelli en sus escritos hacía hincapié en el aspecto espiritual. Es que cuando se corroe la espiritualidad de un pueblo, su andamiaje se derrumba. Vale aquí recordar la célebre frase de Sun Tzu o Sun Wu o Sun Zi[5]: «Será el mejor de los mejores el capaz de rendir al enemigo sin combate»[6], frase que suele citarse como «El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Desde temprano, ese espíritu de la Argentina comenzó a ser atacado por las ambiciones británicas sobre nuestro territorio.
Si se tiene en cuenta que la nación está conformada por un pueblo que está unido por vínculos culturales, un idioma, costumbres, tradiciones y una religión mayoritaria, esos rasgos se extienden a una amplia región de nuestra América y es la herencia que recibimos de España.
A las bases culturales debe agregarse la base material, las fuerzas productivas. El general Guglialmelli nos hablaba entonces también de «lealtad», sobre la cual «se funda el elemento espiritual que toda nación alienta y que no es otra que la voluntad misma de mantener sus propias peculiaridades, su propio estilo de vida. En síntesis, de autodeterminarse»[7]. Resalto este término: autodeterminarse, es decir, lo que nos distingue, lo que nos diferencia de otros.
Hablaba entonces del «ser nacional». De tal manera que las bases culturales, la base material y la lealtad hacen al «todo» que nos permite autodeterminarnos como nación. Sin embargo, la autodeterminación requiere de un desarrollo económico, del sentimiento de comunidad por parte de los miembros que comparten el territorio y de una articulación ―en términos de comunicación― de ese territorio.
En esa alocución se refería a un proceso de «vertebración» comunitaria que es fundante de todo proceso de formación nacional. Esto requiere, en términos sociales, excluir las diferencias entre los individuos y lograr la armonía entre los sectores productivos, el agropecuario, el industrial y el de servicios. Por supuesto, en este escenario integral cobran un rol fundamental las Fuerzas Armadas, las que participan de todas las actividades de la comunidad pero que, fundamentalmente, se vinculan a la soberanía y a la lealtad a la Patria. En este punto, el general Juan Enrique Guglialmelli destaca la relevancia que el factor militar tuvo en la unidad nacional.
Tras mencionar algunos hitos de nuestra historia, pone el acento en el campo de la economía como el baluarte primordial para la defensa de nuestra soberanía nacional y destaca el vínculo íntimo que existe entre la estructura económica con el poder militar.
En lo que se refiere a los sectores productivos cabe mencionar textualmente un párrafo de esa alocución:
La Argentina, en función de una perspectiva unilateral basada en ciertos factores de economicidad, podría postergar definitivamente ciertos rubros básicos, como el hierro y el acero, y quedar relegada fundamentalmente a producir alimentos y ciertas industrias livianas. Por este camino, y así lo enseña la experiencia histórica de otros pueblos, renunciaríamos de hecho a un destino cierto de gran potencia.[8]
Aquí debo señalar que el propio autor utiliza la letra cursiva para destacar ese párrafo.
La realidad es que la Argentina renunció a su destino de «gran potencia» gracias a su dirigencia política, empresaria, sindical y al poder judicial, cuyos miembros en general son cómplices de los gobiernos de turno. Al que le moleste la «generalización» deberá comprender que si no hubiera habido mayoría en esos sectores de la sociedad, tal frustración no hubiera ocurrido. Si cuestiona el término «mayoría», puede reemplazarlo por los que estaban en los lugares de toma de decisión.
Nuestra Argentina está, de alguna manera, como la Unión Soviética en 1991 y sin una dirigencia destinada a salvar la Argentina. Muy por el contrario, toda la dirigencia demuestra una clara falta de lealtad, contribuyendo a la disolución de la comunidad nacional y a la desarticulación territorial.
Guglialmelli previó en aquellos años el riesgo de las integraciones supranacionales, más precisamente, las que consideró como una «fatalidad histórica». A modo de ejemplo citó el proceso de la comunidad europea, cuyos resultados negativos hoy se observan claramente a partir de que el bloque y buena parte de sus países están liderados por gobernantes que siguen a pie juntillas lo que la angloesfera le dicta: los europeos se involucraron y se involucran en conflictos ajenos y crearon los propios en la ex Yugoslavia y en Ucrania. Los resultados están a la vista. Su advertencia respecto a un país que se incorpora a un bloque sin haber madurado su desarrollo económico fue clara:
El problema es distinto cuando a la nación le falta «vertebrarse», cuando el desarrollo es todavía un programa a realizar, un objetivo en perspectiva. En estos casos la acción prematura, cualesquiera sean sus mejores intenciones, mutilará a la nación y, a corto o largo plazo, impedirá obtener los máximos beneficios de un mercado que supere las fronteras nacionales.[9]
¿Podríamos afirmar que este fue el caso de la Argentina? Agrega el general Guglialmelli:
Para un pueblo como el nuestro, en la etapa actual de su proceso histórico, en que lucha todavía por su desenvolvimiento espiritual y material, la soberanía sigue siendo la misma idea polémica de los tiempos en los que los reyes luchaban contra el feudalismo interno, y contra los poderes supranacionales de la Europa medieval.
Esta idea de la soberanía, que se proyecta con contenido tan concreto en el campo económico, opera en un ámbito internacional de signo especial.[10]
Cabe recordar que esto fue pronunciado en 1965, en el contexto de la Guerra Fría. Hoy el contexto internacional tiende a la multipolaridad pero, sin embargo, nuestra América está siendo forzada a circunscribirse a un esquema bipolar en el que los Estados Unidos están procurando cerrar el continente ante la expansión económica de China. La potencia occidental se encuentra en un irreversible proceso de decadencia y realizando esfuerzos por jugar a una bipolaridad que se diluye ―Estados Unidos frente a Rusia y China― como se le diluyó la unipolaridad, un breve tiempo que comenzó tras la implosión de la Unión Soviética en 1990/1991 y que fue revertido a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin en el Kremlin.
Como ya fue mencionado, el general Guglialmelli ha hecho hincapié en varios de sus escritos acerca de la importancia de la espiritualidad y de la cultura:
Cuando una nación no ha logrado vertebrarse, realizarse, consolidar su desarrollo desde el punto de vista espiritual, cultural y material, es objetivamente dependiente. Y su lucha consiste, desde el punto de vista nacional, en afirmar esa independencia por todas las vías, lícitas, que le permitan obtener su logro.[11]
Nuevamente recurrió a la letra cursiva para destacar la importancia de lograr ese desarrollo.
Oportunidades perdidas
Tras la debacle política y económica de 2001/2002, Argentina dio muestras claras de una recuperación pero las cuestiones ideológicas, en algunos casos, y los intereses propios de los actores políticos en otros, operaron en contra de los Intereses Nacionales.
El gobierno de Néstor Kirchner tuvo ciertos logros económicos y desendeudó al país con respecto al FMI. Sin embargo, el componente ideológico retrotrajo la Argentina a la década de los setenta del siglo XX. La mirada al pasado en lugar de poner la vista hacia el futuro estableció nuevas grietas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas fueron estigmatizadas y continuaron desfinanciadas y, en consonancia con ello, la industria de la defensa no fue recuperada. En ese sentido continuó la política del gobierno de Menem.
El viento de cola que proporcionó la economía global no fue aprovechado ni por su gobierno ni por el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Todo quedó a medio camino, la industria no fue plenamente recuperada, los astilleros continuaron su proceso de oxidación y la recuperación de algunos tramos ferroviarios se produjo tras algunos graves accidentes en el sistema. Vale aquí aclarar que hoy sabemos que alguno ha sido intencional. No obstante, no se recurrió a recuperar la industria ferroviaria que la Argentina supo tener y cuyo material también exportó, sino que importó unidades de China.
Con respecto a la industria de la defensa, continuó su proceso de extinción y tampoco se dotó a la Fuerzas Armadas de materiales para la defensa de la soberanía.
Más allá de lo cuestionable de sus respectivos procesos, la reestatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas deben ser considerados como puntos positivos.
El gobierno de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri, siguió esmerilando las cuestiones inherentes a la soberanía nacional; la política en materia de defensa fue absolutamente desafortunada, desmantelando proyectos de desarrollo en el ámbito militar, no introdujo mejoras salariales al personal de las fuerzas y adquirió material inadecuado (los patrulleros oceánicos para la Armada) e inútil (los Super Etendard Modernisé que no vuelan). A ello debe sumarse el «interés inmobiliario» que despertó la venta de propiedades del Ejército. Procedió a desarticular la Policía Federal Argentina con la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, política que fue retomada por el actual gobierno de Javier Milei, quien pretende hacer de la misma un «FBI argentino». En materia económica, su gestión fue desastrosa al punto de endeudar de manera deliberada la Argentina con el mayor crédito que el FMI le otorgó a un país. Al igual que con el actual gobierno y con los mismos actores en el gabinete ministerial y en el Banco Central, el dinero de los empréstitos fue destinado a la «timba financiera» en lugar de utilizarlos en procesos productivos.
En materia de comunicaciones, el sistema ferroviario fue nuevamente omitido y en lugar de ello se consideró que el país podía ser conectado a través de las líneas aéreas. Al igual que sus predecesores, la corrupción en la obra pública fue un elemento que llevó al desmantelamiento de Vialidad Nacional, proceso que es continuado por el gobierno de Milei, quien también avanza en el desmantelamiento de lo que queda en pie del sistema ferroviario.
Algunas reflexiones finales
Nuestra Argentina ha venido siendo desarticulada desde hace prácticamente setenta años, prácticamente la misma cantidad de años que algunos dirigentes políticos citan con una maliciosa intencionalidad pero, peor aún, con gran desconocimiento de nuestra historia. El actual presidente, Milei, con una ignorancia supina de la historia nacional, extiende ese período a los cien años y pese a ser «un especialista en crecimiento con y sin dinero» y tras despreciar en campaña a quienes habían recurrido al FMI para «oxigenar» la economía nacional, ha demostrado la falacia de su especialización y ha caído en lo mismo que criticó, pues no sólo le pidió dinero al FMI sino también al Tesoro de los Estados Unidos, organismos que lejos están de ser instituciones de caridad. En paralelo, sigue destruyendo el empleo y los sectores productivos de la Argentina.
Las «prevenciones» del general Guglialemelli respecto de las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfredo Martínez de Hoz cobran actualidad durante el gobierno de Milei: nuevamente, achicamiento del Estado (por supuesto que siempre adecuado a los intereses de la dirigencia de turno), desregulación, reducción de la inflación, una devaluación extrema del peso del 118% cuando asumió, liberación de las cuotas de los sistemas de medicina prepaga, aumento considerable y constante de los combustibles y del transporte público, desindustrialización, etc.; en fin, lo que ya muchos argentinos hemos vivido en las oportunidades ya citadas.
Pero volvamos a esos setenta años que en realidad procuran apuntar al peronismo como el causante de todos los males. Quizás de nada sirva que advierta que no soy peronista pero ya he aclarado en otro artículo titulado «Perón, peronismo, política y Estado. A 50 años del fallecimiento del general Perón» que para mí el peronismo murió con Perón en 1974 y que ni el menemismo ni el kirchnerismo pueden ser considerados como parte del peronismo. Cuando se habla de esos setenta años debe considerarse que, precisamente, hace setenta años que el gobierno del general Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955. Ese fue un hito importante pues el gobierno militar aprobó un decreto ley por el cual la Argentina ingresó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), en septiembre de 1956, y también al Banco Mundial. Los militares liberales desplazaron a los militares nacionalistas, una puja histórica dentro de las Fuerzas Armadas.
Durante esos setenta años, de los que políticos oportunistas responsabilizan al peronismo, hubo gobiernos militares, radicales, «pseudoperonistas» («menemismo» y «kirchnerismo») y «pseudoliberales» (gobiernos militares con equipos económicos «liberales», «menemismo», el gobierno de la Alianza, Cambiemos y el actual gobierno de La Libertad Avanza de Milei). Ya aclaré por qué hablo de «pseudoperonistas» con la referencia a mi otro artículo pero con respecto a los «pseudoliberales» es porque el liberalismo es una teoría económica tan irrealizable como los postulados del comunismo. Es muy ingenuo creer que los británicos o los estadounidenses implementan el liberalismo cuando se trata de economías proteccionistas, como las que emplea la propia Unión Europea. Esos gobiernos protegen a sus productores, a sus industrias, lo que los gobiernos argentino no hacen en la Argentina. En esos setenta años se comenzó a desarticular gradualmente nuestro país, a partir de la incorporación a los organismos financieros internacionales, FMI y BM, en 1956.
Ya durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958 – 1962) fue presentado el denominado «Plan Larkin» ―llamado así porque fue elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con el respaldo del Banco Mundial― con la intención, supuestamente, de reducir el déficit del Estado. El informe consistía en un estudio sobre los medios de transporte terrestre y fluvial de Argentina y apuntaba a una fuerte reducción del sistema ferroviario argentino por lo que en 1958 comenzó el proceso de regresión del ferrocarril. Frondizi no se encontraba en situación de llevar adelante la reducción propuesta por el plan (unos 15.000 kilómetros) debido a que los gremios se resistieron fuertemente a ese proyecto pero sí le dio inicio y luego el gobierno cívico militar que asumió en 1976 continuó con el cierre de ramales de la mano de Martínez de Hoz. El mayor desmantelamiento ferroviario fue llevado a cabo por el ministro Cavallo durante la presidencia de Menem en marzo de 1993 y, de la noche a la mañana, trece provincias se quedaron sin trenes.
Cada gobierno hizo su aporte y actualmente Milei está terminando de desarmar el sistema ferroviario y como ejemplo se puede mencionar el cierre definitivo del histórico ramal que une la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca.
El proceso de desindustrialización comenzó en 1976 durante el gobierno cívico militar, con la apertura de las importaciones, incluso de bienes innecesarios que afectaron fuertemente la producción nacional, que quizás hasta eran de mayor calidad que muchos de los productos importados. Una vez más, el gran paso lo dio el gobierno de Menem con el ahora reaparecido Domingo F. Cavallo, gran responsable de la debacle de 2001. En la misma línea siguieron los gobiernos «pseudoliberales» y Milei ha llegado para cerrar el proceso.
Nuevamente escuchamos las monsergas referidas a la reducción del Estado, a la reducción del déficit, al equilibrio fiscal, a la desregulación y a todas esas medidas que han llevado al cierre de industrias nacionales, a la entrega y a la disolución de empresas estratégicas del Estado, al incremento del desempleo y del trabajo informal y al deterioro de la calidad de vida de los argentinos.
Todas estas medidas en contra de los Intereses Nacionales fueron realizadas esmerilando precisamente los conceptos de «Soberanía̶» y «Nación». Si la Nación es una «comunidad unida», en estos setenta años y principalmente en estos más de cuarenta años de una partidocracia corrupta o cleptocracia ―que ha reunido inescrupulosamente a una dirigencia política con empresarios prebendarios, algunos de los cuales ya habían sido beneficiarios de lo que se denominó la «patria contratista»― se han agudizado las diferencias, se han creado «grietas» de toda índole y se ha operado para destruir la espiritualidad de los argentinos.
Así como el general Guglialmelli ponía el acento en la espiritualidad y la cultura, además de lo material, vale aquí recordar una frase del coronel Mohamed Alí Seineldín que está en sintonía con lo que sustenta el ser nacional:
El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más.
La guerra cognitiva le ha sido muy favorable a los enemigos de la Patria con la colaboración de la «quinta columna» que siempre está dispuesta a traicionar los Intereses Nacionales. Cada presidente y cada gabinete de esta partidocracia ha llegado al gobierno para hacerse cargo de una parte del desmantelamiento de nuestra Argentina. Nada ha quedado fuera del plan.
La destrucción de los sectores productivos, de las Fuerzas Armadas, de la Inteligencia Nacional, los ataques a la fe de la mayoría de los argentinos ―agudizada durante el gobierno de Milei― han sido vitales para borrar la Soberanía Nacional, la cual precisa de Fuerzas Armadas con poder de disuasión, una economía sana y una política exterior independiente. Nuestra Argentina actual no cuenta con ninguno de estos requisitos.
En esta fecha tan especial del 20 de noviembre que recuerda la inmensa gesta de la Vuelta de Obligado de 1845, que tuvo lugar sobre el río Paraná, ciento ochenta años después encuentra a este mismo río entregado por el gobierno de Milei al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que «colabore» en tareas de infraestructura y gestión de la «hidrovía», una gravísima afrenta a la memoria del general Lucio N. Mansilla, de Juan Manuel de Rosas y de la de todos los héroes que ofrendaron su vida por la Patria.
Cierro este artículo con otra cita del general Guglialmelli, también tomada de su alocución «Nación y Soberanía»:
Las antinomias engendradas en la ideología existen y operan en el mundo de la realidad. De lo que se trata es de determinar si esas antinomias son propias de la comunidad o si, en el juego de las mismas, tal comunidad es tan sólo un instrumento o el escenario de, o dónde, otras fuerzas persiguen, naturalmente, intereses que les son propios o exclusivos.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] Juan E. Guglialmelli. «Nación y Soberanía (Reflexiones para ingenuos y desprevenidos)». Estrategia, 64/65, mayo-junio-julio-agosto 1980, p. 5-13. Existe la versión digitalizada: file:///C:/Users/mjrey/Downloads/estrategia-64-65—mayo-junio-julio-agosto-1980—repositorio-guglialmelli-mjEGQynD0aUvZGW5%20(1).pdf.
