Salam Al Rabadi*
Está claro que muchos de los desarrollos relacionados con la pandemia de “Covid-19” han llevado a un cambio en los hechos y datos económicos y políticos relacionados con los debates sobre el estado del Estado, la gobernanza sostenible y el papel de los individuos, etc., que en su totalidad giran en torno a la dialéctica de la contradicción fundamental entre la globalización de la economía por un lado y el nacionalismo de la política por otro. Es la dialéctica que se puede expresar mediante la siguiente pregunta problemática:
¿Hasta qué punto puede el Estado mantener su posición y funciones? ¿Cuál es la posibilidad de lograr una gobernanza sostenible?
En principio, se puede decir que una de las mayores complejidades y dilemas que impide el acceso a la gobernanza sostenible, sigue estando estrechamente relacionada con la problemática de la contradicción en el desarrollo tanto de la economía como de la política. La economía se está moviendo lógicamente y hasta cierto punto siempre hacia lo global, mientras que la política todavía se practica principalmente a nivel local o nacional. Aquí, la división o contradicción aparece en la relación entre autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas en cierta medida, de modo que encontramos que existe una autoridad económica global versus una responsabilidad política nacional o local en la que se concentra el uso de la autoridad. Esta contradicción obstaculiza la posibilidad y la eficacia de alcanzar y consolidar los principios de gobernanza sostenible a todos los niveles.
Por lo tanto, para conciliar entre la política interna y la economía global, el punto de equilibrio entre ellas debe basarse en la gobernanza sostenible, que se basa en el principio de interdependencia entre los conceptos políticos y económicos por un lado, y los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación por el otro, aquí el individuo (como ciudadano o como consumidor) puede ser el juicio o equilibrio por el cual ese equilibrio perdido puede ser logrado. Lo cual necesitamos a nivel de la posibilidad de lograr una gobernanza sostenible.
Como cada una de las fuerzas políticas y económicas están tratando de ganarse a los individuos para su lado, ya sea a nivel económico o político (el individuo es, por un lado, un votante, y por el otro, un consumidor). En el ámbito económico, a pesar de todos los problemas de desigualdad y de justicia distributiva, el consumidor individual sigue teniendo la iniciativa a nivel económico, basándose en que él es la base, meta y referencia de las fuerzas comerciales en todas sus formas. Además, el ciudadano individual es la base de la autoridad política de acuerdo con el proceso democrático y el voto electoral, ya que todavía tiene un impacto significativo en el nivel de determinación de las orientaciones políticas.
En base a esto, los individuos en los que se basan los sistemas políticos y económicos deben asumir la responsabilidad, comprometerse y participar en el proceso de creación de esa influencia y presión para enfrentar los monopolios y el control de las élites capitalistas, de seguridad, políticas, mediáticas e incluso académicas, con el fin de ser el pilar en el logro de las políticas de rendición de cuentas, participación y transparencia en las que se basa la gobernanza. Las políticas de gobernanza no deben limitarse a reformas estructurales o protestas en las calles y en las urnas. Más bien, la sostenibilidad y el proceso de gobernanza deben apoyarse responsabilizando directamente a las fuerzas monopólicas a través de una cultura de consumo, ya que gastar o ahorrar dinero puede conducir a los fines deseados. Esta lógica o dirección de acción directa puede ser mejor y más efectiva que las formas tradicionales de expresión política y económica.
A la luz de los mercados globales que intentan evadir las reglas y restricciones de la contabilidad, el papel del individuo (el consumidor) aparece como una fuerza a tener en cuenta. Ya no se puede ignorar que las personas de todo el mundo ahora están recurriendo a las compras políticas más que al voto electoral. Por lo tanto, la participación en el proceso de boicot económico y la tendencia hacia las compras políticas (por así decirlo) es un indicador positivo que indica que la actividad política del consumidor individual ha comenzado a moverse en la dirección correcta. Donde la creciente actividad e influencia de las fuerzas económicas, y la correspondiente voluntad política poco clara, resulta en una creciente comprensión de que las compras políticas son una forma más efectiva de gobernanza sostenible.
Donde parece que el consumo o la compra política ha comenzado a reemplazar a la ciudadanía tradicional, ya que es la herramienta que permite al individuo (como ciudadano o consumidor), imponer la rendición de cuentas y corregir las políticas públicas de una manera más seria y práctica. A la luz de la codicia financiera, la indiferencia política y la ausencia de responsabilidad entre muchas élites tecnocráticas y fuerzas del mercado, los individuos pueden asumir la responsabilidad y la participación en el logro de una gobernanza sostenible mediante la adopción de políticas de compras políticas como una estrategia o una nueva forma de rendición de cuentas efectiva.
En resumen, en la práctica debemos admitir que si bien el contrato social que une a los pueblos y los gobiernos es cada vez más frágil, parece que la presión y la influencia de los individuos está ejerciendo un impacto real frente a las fuerzas monopólicas y la corrupción. Ese efecto, que los gobiernos o incluso algunas instituciones internacionales no pueden producir, y que pueden estar fundamentalmente renuentes a hacerlo.
* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. Prohibida su reproducción.
©2021-saeeg
