Adrián Rocha*
The Trial (Orson Welles, 1962)
Analistas y consultores comienzan a pergeñar hipótesis acerca del lugar que le tocará a Estados Unidos y a China una vez que la pesadilla del coronavirus termine o, al menos, se disipe considerablemente. Hay pronósticos de distinto orden y calado: algunos afirman que China será el actor más afectado por la crisis, mientras que otros auguran lo contrario. Tal vez convenga reflexionar primero sobre las capacidades de los estados a la hora de diseñar programas de reactivación y de adaptación para el conjunto de circunstancias que emerja cuando el virus deje de ser una amenaza. También es un momento oportuno para analizar el impacto de esta singular crisis en los derechos civiles, los cuales pueden verse afectados en lo que hace a la seguridad de la información y de movimientos físicos y virtuales de las personas, debido a la fuente de datos que significan los teléfonos móviles y al registro de los algoritmos acerca de nuestra conducta virtual (Virtual Behavior Settings).
En fin, cuestiones que atañen a la privacidad que, como se sabe, viene siendo sometida a estrictos análisis desde que Internet pasó a ser el alter ego del mundo material.
Las capacidades del Estado y el rol del sector privado
Hay tres variables que jugarán un papel decisivo en la gestión de los efectos económicos y sociales de la pandemia: las capacidades burocráticas de los estados, corporaciones y organismos internacionales (entre las que cuentan, fundamentalmente, el cuerpo diplomático y los policymakers); la incidencia de las organizaciones del tercer sector (que pueden establecer canales de comunicación por fuera de la estructura estatal); y la dinámica del intercambio económico y del sector privado (cuánto y cómo se comercie, sobre todo a nivel internacional, y qué proyecciones se efectúen respecto del mercado laboral). Si bien estos tres elementos son siempre relevantes, lo que importa para el análisis actual es la mayor interdependencia que entre ellos se establecerá por constricción de las circunstancias; es decir, la nueva mixtura de gestión que resulte de esa mutua dependencia. La “telaraña” que une a los agentes del sistema podría volverse, por lo tanto, mucho más robusta y pegajosa, lo cual crearía incentivos suficientes para que esos agentes establezcan vinculaciones que, colateralmente, implicarían una mayor distancia para con la sociedad civil.
Aunque hay quienes estiman que el Estado será el principal protagonista en el escenario posterior a la crisis, las tendencias previas al advenimiento del COVID-19 permiten entrever que sector público y sector privado serán, a partir de ahora, igualmente relevantes, ya que si bien el Estado y los organismos multilaterales tendrán el enorme desafío de gestionar los recursos con la mayor eficiencia posible (de allí la importancia de las capacidades burocráticas), la creación de empleo recaerá lógicamente sobre las empresas medianas y, especialmente, sobre las corporaciones, pues el sector público afrontará gastos entre los que seguramente cuenten aquellos destinados a quienes más afecte la crisis pero, por ello mismo, no será un vigoroso generador de empleo ni de riqueza; por el contrario, necesitará extraer más recursos del sector privado. Por lo tanto, deberá elaborar una innovadora ingeniería tributaria y de incentivos para que la productividad y el empleo aumenten.
Globalismo y jaula de hierro
La estructura del comercio internacional, por su parte, acentuará la interdependencia compleja. El globalismo saldrá fortalecido, pero bajo un paradigma impensado. No hay razones para desestimar que el sistema internacional se vuelva más interdependiente. Por eso, los estados que resistan este proceso podrían quedar desfasados, con todo lo que ello implica, pues las brechas productivas y del conocimiento preexistentes se profundizarán. Así, el comercio entre naciones y la capacidad de adaptación de éstas a un mundo que será, contra-intuitivamente, mucho más globalizado, partirán de mayores niveles de competitividad, pues la magnitud de la revolución tecnológica ha transformado definitivamente los patrones de competencia. En ese sentido, es probable que mientras más se cierren las economías, más costos paguen en materia de importaciones y créditos.
Las burocracias públicas y privadas adquieren entonces un rol decisivo como gestoras de articulaciones entre estados, empresas y agentes locales, así como las organizaciones del tercer sector, ya que en sus capacidades de vincular actores de peso en la toma de decisiones residirá la efectiva promulgación de programas productivos interestatales y multilaterales. En este contexto, la diplomacia clásica podría recuperar su papel histórico, pues la distancia entre esos actores decisivos del sistema y las sociedades tenderá a acentuarse, lo cual hará más fuerte el papel de mediadores e intermediarios, de burocracias públicas y privadas. En fin, de los alfiles del sistema.
La otra cara de este acrecentamiento del poder burocrático, en un contexto de auge del bilateralismo, es la consolidación de las camarillas y de los acuerdos cerrados. El espíritu del sistema Metternich parece infundir un clima internacional en el que el secretismo y la Razón de Estado ofician de anfitriones. Un mundo restaurado (1964), tal como llamara Kissinger a la “política del conservadurismo en una era revolucionaria”. Paradojas de la historia: el momento de mayor intercambio de información y apertura comunicacional que jamás se haya conocido encuentra su anverso en la prevalencia de la rancia Razón de Estado, que observa con sigilo y sabiduría la inocencia de los hombres. Acaso deban despejarse las confusiones: realmente contradictorio sería, en una época de publicitación constante de la intimidad, en un mundo que cultiva con empeño lo exotérico, que no existiera una dimensión encriptada o esotérica de lo estatal. La autonomía de lo político, en efecto, parece jugarse hoy en ese campo, mientras las sociedades palpitan las salpicaduras que desde allí drenan hacia ellas.
Una estructura sobredeterminada por dos gigantes
El efecto de las transformaciones tecnológicas en el mercado laboral incitó a muchos economistas a pensar en la posibilidad de un ingreso ciudadano universal. Ese pronóstico, que continúa siendo atinado, deberá pensarse ahora bajo condicionamientos absolutamente distintos respecto de aquellos para los que fue ideado. Asimismo, estados y empresas deberán sentarse seguidamente a una ardua mesa de negociación en la que las asimetrías previas pesarán mucho menos. Es decir, la preponderancia que la esfera administrativa-estatal ejercía sobre algunas áreas será ahora contrapesada por el “efecto igualador” que produzca la crisis. De la misma manera, la autonomía decisora y transnacional a partir de la cual las corporaciones actuaban (mediante la relocalización productiva, por ejemplo) también podría verse afectada. De todos modos, los cambios que se avecinan, por más traumáticos que fueren, no harán que las asimetrías se aplanen entre todos. No se asistirá ni al fin del capitalismo ni al fin del Estado. Es probable que la vinculación entre estados y corporaciones cambie hasta tal punto que algunas de ellas vayan asumiendo un lugar cada vez más sustancioso en la esfera pública, fenómeno que, por cierto, ya viene ocurriendo: las empresas tecnológicas y cibernéticas cuentan hoy con bases de datos equiparables a las de muchos estados, aunque eso no aplica a todos los países por igual, ya que algunos son considerablemente más fuertes que otros (lo suficiente como para debilitar relativamente el poder de esas empresas o para exigirles, cuando menos, un trabajo conjunto).
La disminución de asimetrías que arroje la crisis posiblemente se dé sólo entre Estado y sector privado, en detrimento de la sociedad civil, dentro de la cual se encuentran, técnicamente, las corporaciones. Pero la nueva situación podría producir una alteración, que de alguna manera ya venía registrándose. Es ahí en donde anida el peligro del autoritarismo en el horizonte, pues la mutua implicancia de los aspectos económicos y sociales por parte de ambos actores podría promover, como contrapartida, un reforzamiento de las estructuras de control, en el marco de un debilitamiento pronunciado de las libertades individuales. Esto debería quedar claro: toda preocupación por el mundo que viene debe partir del lugar que en él le toque a las libertades civiles.
Así, esta suerte de reseteo de las condiciones de partida, este aparente “grado cero” de la historia pero sin “velo de ignorancia” ni “posición originaria” (pobre Rawls), sería más bien un reseteo del vínculo entre burocracia y sociedad civil, en perjuicio de ésta. Un reset en el que el despotismo burocrático esbozado por Weber podría asomar mediante una inesperada prestidigitación de la historia: aquella que vincularía, por constricción, burocracias públicas y privadas. Un ambivalente ardid de la razón (de Estado) que ni Karl Löwith leería en clave providencial (allá Hegel).
Resulta evidente que la relación que tiende a consolidarse entre estados y corporaciones estará sobredeterminada por los movimientos de la gran partida de Go que hace pocos años comenzaron a jugar —y ahora sí debe pensarse en ellos— los dos gigantes de la actualidad: China y Estados Unidos, además de Rusia y de la debilitada pero siempre pujante Unión Europea. La tensión entre democracia liberal y autoritarismos se muestra, al fin y al cabo, más vigente que nunca.
* Licenciado en Ciencia Política, Universidad Abierta Interamericana (UAI). Analista político internacional en Open Democracy <https://www.opendemocracy.net/>.
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