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GUAYANA ESEQUIBA: VENEZUELA INVOCA SU RESTITUCIÓN (POR TODOS LOS MEDIOS) NI MÁS NI MENOS

Abraham Gómez R.

Nos sentimos regocijados por las intensas y entusiastas actividades desplegadas por todo el país; con distintas manifestaciones de plena solidaridad con las tareas que se han venido adelantando; concretamente con el llamado al referendo consultivo; propósitos inscritos en el marcado interés e indeclinable intención de recuperar la extensión territorial que nos arrebataron por el costado este.

Escuchamos a diario expresiones dichas por la gente más humilde, con tanta seguridad en cualquier parte: “sí lo vamos a conseguir; porque eso siempre ha sido nuestro; y no nos lo vamos a dejar quitar. Eso hay que pelearlo como sea. No hay que dormirse otra vez”.

Nos luce, valoramos y apreciamos la determinación popular al respecto.

Tal arenga constituye en sí misma un hermoso aliciente, para seguir ―por todos los medios― en la ya centenaria contención. Y cuando decimos “por todos los medios”, (y aunque se impacte la contraparte y la CARICOM) ningún medio queda excluido; así no lo mencionemos explícitamente.

Sin embargo, también debemos estar claros que en el Derecho Internacional las equivocaciones se pagan caras. Y como cuesta después recomponer en justeza las situaciones.

Por eso, estamos obligados, en la presente controversia ―donde se abren sendos abanicos opcionales― a cautelar milimétricamente qué nos conviene.

Preguntémonos. ¿Insistir en la vía jurídica (por el Alto Tribunal de La Haya); adelantar alguna posibilidad de negociación de diplomacia directa hasta alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes (dentro del espíritu y sentido del Acuerdo de Ginebra de 1966); instrumentar los mecanismos para un nuevo arbitraje; ¿o rescatar, como salida política, las figuras de mediadores, conciliadores o buenos oficiantes?

Fíjense que las alternativas mencionadas anteriormente quedan contextualizadas en criterios pacíficos, porque tal ha sido nuestra heredad y desempeño para con los países vecinos, pero tampoco somos tan lerdos, ingenuos o desprevenidos para ignorar el juego de intereses entre los gobiernos guyaneses y las empresas transnacionales que esquilman (ilegal e ilegítimamente) nuestros recursos en la Zona en reclamación y en su correspondiente proyección atlántica.

Lo que no nos está permitido en la coyuntura actual es cometer deslices o impropiedades, como en los que se incurrió en épocas preteridas, por las circunstancias que haya sido.

Hay algunas opiniones y criterios coincidentes en que nuestra primera y muy grave inexactitud diplomática fue haber aceptado las diligencias y acuerdos preliminares ―suscritos el 2 de febrero de 1897― en el denominado Tratado de Washington, donde se contemplaba un ulterior compromiso arbitral.

Me sumo entre quienes aseveramos que allí comenzaron nuestros desaciertos.

¿Ingenuidad o impericia de quienes manejaron nuestra diplomacia en esa época? Tal vez.

Primero, aceptar que se discutiera un caso de tanta trascendencia para la vida de nuestro país sin nuestra presencia.

Participaron únicamente para tales arreglos los representantes de los gobiernos del Reino Unido y el de los Estados Unidos; además, se birló, descaradamente, el principio del Utis Possidetis Iuris, nuestra Carta esencial de soberanía; y se omitió nuestro Justo Título Traslaticio: la Real Cédula de Carlos III, que crea la Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777.

A partir de la estafa referida en el párrafo anterior devino el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899 (donde tampoco estuvimos presentes); adefesio jurídico forcluído y de nulidad absoluta; que jamás legitimaremos como causa de pedir de la contraparte, en el juicio que se dirime por ante la Corte Internacional de Justicia.

Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez por haber cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había “aprobado” de modo fraudulento en el ardid arbitral referido.

Precisamente, con los documentos que entramparon el arreglo; luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado Bilateral ejecutoriado― es con lo que en este momento está alegando la Parte guyanesa, en la Corte; además, solicitan en su pretensión procesal que se le confiera la autoridad de cosa juzgada a ese “laudo”; porque ya el gobierno venezolano de esa época lo había dado por “bueno y legítimo”.

No fue sino hasta 1962 cuando ―bajo el gobierno de Rómulo Betancourt― nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.

Se obliga a Gran Bretaña y accede a revisar la tropelía cometida y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, admiten que la sentencia arbitral de París es írrita y nula, por lo que no surte ningún efecto jurídico ni puede ser documento oponible a nada, y menos en un juicio de la categoría y naturaleza que nos ocupa, hoy, en tan importante Sala Juzgadora de la ONU.

En resumidas cuentas, hubo demasiada tranquilidad e improvisaciones, en este asunto que debió tener siempre el carácter de Política de Estado, y no reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia.

Nos preocupamos porque a mucha gente ignorante de este sensible caso (para la vida del país) en algunas ocasiones se les designaba para ocupar importantes cargos atinentes a este asunto.

Debemos pronunciarnos permanentemente contra lo que aún siguen perpetrando los gobiernos guyaneses, que vulneran nuestros intereses soberanos, en la Zona en Reclamación y en su correspondiente proyección marítima. Ya están advertidas las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.

Comencemos por dejar sentado, suficientemente, que el Acuerdo de Ginebra viene a ser ―en este preciso momento― el único instrumento jurídico, donde “está vivo” y reconocido exequiblemente este pleito centenario, y en el cual se sintetiza medularmente nuestro reclamo.

Agreguemos, además, como un hecho interesante ―a los efectos del Derecho Internacional Público― que en el propio contenido del Acuerdo de Ginebra se pone en tela de juicio y se cuestiona el Principio de intangibilidad de la Cosa Juzgada (Res Judicata).

Vista así la situación y circunstancias en que ha devenido este pleito expresamos con contundencia que no les quepa la menor duda a los representantes de la excolonia británica que vamos con todo, sin contemplaciones; asistidos en la justeza de saber que estamos reclamando para nuestra nación la restitución de la séptima parte de la extensión territorial, que nos desgajaron en una tratativa perversa; y que, además, no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad o pillaje contra nadie.

El pueblo de Venezuela se pronunciará el 3 de diciembre en el referendo consultivo, con cuyos resultados se establecerá un esquema para acometer las más efectivas estrategias de restitución.

Ya basta. Tenemos más de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo que siempre ha sido nuestro.

Vamos, ahora, por todos los medios, a cumplir la gesta de gloria independentista de nuestros libertadores, a partir del Referendo Consultivo, el cual calza ―perfectamente― con nuestra Constitución Nacional.

Guyana se encuentra desguarnecida jurídicamente, ante la Corte; no tiene el más mínimo documento ―de cesión histórica de derechos de nadie— que puedan oponer. En lo único que asientan su Acción contra Venezuela es en el inválido e ineficaz “Laudo de París”.

Lo que decimos, lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos que nos respaldan. La séptima parte de nuestra extensión territorial ―la que nos despojaron― la reclamamos con suficiente fortaleza y asidero jurídico; por cuanto, somos herederos del mencionado espacio.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. jConsultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

CINCO DESCENSOS INQUIETANTES EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Alberto Hutschenreuter*

geralt en Pixabay, https://pixabay.com/es/illustrations/globo-tierra-mundo-globalización-804939/

Hace ya un tiempo que las relaciones internacionales se extraviaron, es decir, no sólo se alejaron las posibilidades de configurar algún principio sobre el cual trabajar para forjar un orden, sino que los actores preeminentes e intermedios fueron tensando sus relaciones al punto de encontrarse en una situación de no guerra o confrontación indirecta, como Rusia y Occidente, o de umbral de riesgosas querellas, como China y Estados Unidos, China e India, Israel-Irán, etc.

Desde 2014, cuando Rusia anexó o reincorporó Crimea, la política internacional tomó un curso de descenso que acabó por profundizarse con los seísmos que implicaron la pandemia en 2020 y el «regreso» de la guerra interestatal en febrero de 2022.

Antes de aquel impacto de 2014 no había configuración internacional, pero durante la primera década del siglo hubo cooperación entre los poderes mayores, pues el reto que implicaba el terrorismo transnacional en buena medida los alineó. Por ello, el experto Zbigniew Brezezinski sostuvo que Rusia y China no podían sostener una línea de política exterior sin referirse a la amenaza del terrorismo.

Además, la crisis financiera de 2008 empujó a los poderes a cooperar para salir de lo que fue considerada una crisis superior a la de 1929. Pero desde entonces la cooperación descendió, al punto de que se considera que las políticas de contribución alcanzadas para afrontar dicha crisis fueron el último momento de cooperación internacional.

No obstante, el comercio internacional siguió su curso, convirtiéndose en ese sucedáneo de orden que no es orden, es decir, el comercio se basa en la inconveniencia de la ruptura de ganancias que todos obtienen de él, pero no supone un concepto o pauta internacional que puede verdaderamente anclar las relaciones de competencia, menos hoy cuando los componentes de un orden se han pluralizado, es decir, se volvieron más complejos, pues ya no bastan aquellos conceptos sobre los que se edificaba un orden.

En este sentido, muy pertinentes resultan las consideraciones que hace el experto Andrei Tsygankov en relación con las demandas o exigencias de la política internacional en el siglo XXI.

Sostiene este especialista de origen ruso, que la paz y el orden en el mundo dependerán cada vez más de negociaciones complejas sobre el equilibrio de poder y las diferencias culturales. Es decir, siendo ya el mundo no sólo un sistema completo, sino con varios actores en ascenso, un esquema de orden basado en el equilibrio no sería suficiente si no va acompañado de conocimientos y deferencias en relación con culturas. Es decir, el «poder blando» es un requisito para la construcción de un orden.

Pero la construcción de un escenario así no parece se encuentre cerca, pues lo que predomina es un desorden internacional confrontativo, una situación no solo de discordia, sino de políticas basadas en el interés nacional que corren muy por delante de las políticas de complementación, incluso en aquellos espacios internacionales amplios como el «lote» BRICS, donde el atractivo referente de «sur global» solapa intereses de los miembros más poderosos del heterogéneo grupo.

Tal situación podríamos resumirla en cinco descensos discernibles. Sin duda hay otros, pero intentemos reducirlos aquí.

  1. Descenso de las expectativas.

Hace tiempo que la realidad internacional fue restringiendo expectativas relativas con un curso internacional más previsible y menos inseguro.

Lo único real que queda en términos relativamente esperanzadores es la globalización del comercio, un dato importante porque implica un factor de inhibición de rupturas, pero no un factor infalible, pues se trata de un «orden» apoyado en ganancias económicas que puede no ser suficiente frente a las tensiones geopolíticas. De allí la exigencia de análisis más plurales en relación con el segmento geoeconómico.

De modo que se trata de un descenso que resiste, pues, aunque se advierte sobre la desglobalización, los problemas que afrontan las cadenas de suministro y la fuerza de la reorientación local de la economía; hay enfoques, como el del experto Ian Bremmer, que aseguran que se trata de una pausa, que la economía de China terminó de globalizarse y, por tanto, pronto volverá a ascender el comercio.

Por último, hay expectativas cuidadosas con la IA (Inteligencia Artificial), pues, además del reto que supone el posible curso «soberano» de dicha tecnología, las cuestiones habituales de la política internacional, es decir, la ambición, el temor, el poder, etc., podrían trasladarse a la tecnología y continuar la política internacional, es decir, la competencia y la incertidumbre de las intenciones, desde una nueva dimensión.

  1. Descenso de la cultura estratégica.

La predominancia de la rivalidad entre los poderes preeminentes, particularmente entre Estados Unidos y Rusia, ha ido alejando a ambos de lo que en tiempos de Guerra Fría honraron estratégicamente Washington y Moscú: el balance nuclear. Nunca permitieron, a pesar de la pugna, que las fisuras o las ganancias relativas de poder nuclear por parte de uno de ellos significasen un desequilibrio victorioso. Así se explican los tratados sobre eliminación y control de armas.

Pero tras el final del bipolarismo, esa cultura estratégica comenzó a descender. Estados Unidos posiblemente consideró que el duopolio estratégico nuclear lo restringía en el incremento de sus capacidades, que la cogestión estratégica con Rusia ya no era posible, y comenzó a retirarse de marcos regulatorios clave, por caso, el ABM (Tratado sobre Misiles Antibalísticos).

Poco a poco fueron surgiendo preguntas relativas con el verdadero estado del equilibrio nuclear entre ambos, pues las «salidas» de los dos de regímenes podría haber producido desajustes en la ecuación del terror y, por tanto, el mundo se habría acercado al escenario apocalíptico en el que un ataque no tendría (tal vez) respuesta.

Pero, además de esta situación entre los dos mayores concentradores de armas atómicas, los otros actores nucleares han aumentado y mejorado capacidades. De allí que Estados Unidos ha venido pugnando porque China sea parte del New Start, el único tratado entre Estados Unidos y Rusia que queda vigente y que se acerca al final de su fecha prorrogada en 2021.

En este marco, en un reciente trabajo publicado en la última entrega de la revista Foreign Affairs, los especialistas Keir Lieber y Dary Press consideran que el esfuerzo de otros actores nucleares está dirigido a compensar la debilidad de sus fuerzas militares convencionales.

  1. Descenso del respeto de la experiencia.

El pasado contiene las claves sobre qué hacer y qué evitar en materia de relaciones internacionales. Tal vez no se encuentre todo allí, pero seguramente hay lecciones vitales para evitar derivas disruptivas.

Consideremos la guerra en Ucrania, una confrontación entre dos pueblos eslavos que causó decenas de miles de muertos, sumió la región de Europa oriental en una nueva frontera de capacidades cada vez mayores y alejó el diálogo capital entre poderes mayores sobre los que recae la responsabilidad de pensar en una configuración internacional, si es que un orden es todavía posible.

La falla principal de esta guerra no se encuentra tanto en la sensibilidad geopolítica perpetua rusa ni incluso en el afán de la OTAN en llevar más allá la victoria en la Guerra Fría, sino en hacer lugar a la decisión «a todo o nada» por parte de Ucrania, un actor intermedio, de convertirse en parte de la OTAN. En otros términos, se rompió la jerarquía estratégica internacional (entre «los que cuentan»).

La experiencia nos dice que, a menos que exista un propósito solapado por parte de uno de los poderes para lograr ganancias de poder frente a su par con el fin de que este último resulte atrapado y se desangre en guerra, los actores de escala o «iguales estratégicos» tienden a evitar una situación que termine provocando no sólo desarreglos entre ellos, sino que pueda desembocar en una situación de colisión entre ellos.

  1. Descenso del multilateralismo.

Hace bastante tiempo que el denominado modelo institucional en la política internacional fue quedando se rezagado frente al modelo relacional. Dicho en términos algo más actuales, el modelo multilateral ha sucumbido frente al modelo multipolar.

Si bien las relaciones internacionales son, ante todo, relaciones de poder antes que de derecho, hubo muchos momentos donde se lograba una relativa complementación. Margaret MacMillan ha destacado esa situación durante los años veinte del siglo pasado. Incluso en tiempos de rivalidad bilateral existían compromisos para que el orden multilateral consiguiera desplegarse como el bien público internacional capital que es.

Pero ocurre que hoy no sólo el modelo de poder es muy predominante, sino que los propios poderes mayores están empeñados en hacer poco para que ello se modere; aun cuando suceden situaciones donde la amenaza no proviene de ningún Estado o grupo de Estados como sucedió con la pandemia, un fenómeno global que resultó insuficiente para impulsar un nuevo sistema supraestatal de valores.

En este contexto, la diplomacia sufre restricciones, pues el fuerte ascendente de poder interestatal acaba debilitándola aun cuando existen cursos de salida de crisis mayores, como sucedió antes de la invasión rusa a Ucrania.

  1. Descenso de liderazgos.

Esto último, pero también como epítome de todo lo que hemos visto, nos está diciendo que existe un fuerte descenso en relación con liderazgos capaces de poder vislumbrar horizontes en clave de orden e impulsar cursos de acción hacia ellos.

En términos de Henry Kissinger, en el mundo del siglo XXI no hay estadistas ni mucho menos líderes profetas.

Entonces, más que ante un descenso, estamos frente a una ausencia, lo que nos lleva a plantearnos si la complejidad de cuestiones del mundo de hoy más las cuestiones de cuño habitual no están dejando el mundo ante escenarios cerrados, anárquicos y peligrosos. Algo así como un moderno estado de naturaleza en el que todos disponen de confort, conectividad y adelantos sorprendentes, pero saben que están ante peligros que acechan y asechan y nadie sabe cómo evitarlos.

Una típica situación de aquello que Adam Sweidan ha denominado un «elefante negro», es decir, una combinación de un «cisne negro» (un acontecimiento inesperado o improbable de gran impacto) y el gran elefante en el cuarto (un problema visible para todos, del que nadie quiere hacerse cargo aun cuando se sabe que tendrá consecuencias devastadoras).

Frente a esta situación, las conjeturas nos llevan a territorios donde se cruzan lo real y lo ficcional, pues bien podríamos considerar que las capacidades humanas resultan insuficientes para lograr liderar o gestionar, y que solo con la asistencia tecnológica quizá podríamos hacerlo.

Entonces, las preguntas comienzan a ser más que los intentos de respuestas. Porque, por caso, podría ocurrir que la IA, lo que se denomina una IA fuerte o general, nos proporcione cursos de acción correctos siempre y cuando se abandonen patrones arraigados. Es decir, ¿aceptarán los gobiernos situaciones con las que no están de acuerdo? Por caso, el control no humano de las armas estratégicas, o la desconcentración de insumos tecnológicos mayores, por ejemplo, semiconductores, para alcanzar en determinados segmentos de la economía global un mayor dinamismo, seguridad y mejor funcionamiento.

¿Se aceptarán liderazgos no humanos o semihumanos que impulsen decisiones que impliquen renunciamientos relativos con no adoptar nuevas bases o concepciones estratégicas porque ello crearía inestabilidad regional? ¿Sería aceptable ello para una alianza político-militar?

Más allá de los gobiernos, ¿aceptarán las empresas sacrificar ganancias en pos de un orden basado en un mayor reparto internacional de justicia económica?

Esto último resulta interesante, pues ello podría crear un nuevo tipo de rivalidad en las relaciones internacionales: entre las empresas tecnológicas y los Estados, la «tecnopolaridad». De acuerdo con el ya citado Ian Bremmer, se diferencia de las nociones tradicionales de poder global en que la soberanía y la influencia no están determinadas por el territorio físico y el poder militar sino por el control sobre los datos, los algoritmos y los servidores.

Como podemos apreciar, los descensos abordados aquí nos llevan a plantearnos preguntas pertinentes en relación con el mundo que nos aguarda. Ello siempre sucede cuando estamos en una situación de inflexión en la historia. Pero hoy por vez primera nos hallamos más allá de un punto de inflexión. Como dijo un ex funcionario estadounidense, ante cosas que no sabemos que no sabemos.

* Alberto Hutschenreuter es miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023.

©2023-saeeg®

GUAYANA ESEQUIBA: ¿POR QUÉ EL LAUDO ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA?

Abraham Gómez R.*

De entrada, deseo precisar algunas breves observaciones.

Caeríamos en un gravísimo error —imperdonable— si pretendiéramos manipular a la opinión pública en provecho de una determinada organización partidista; así también, coartar y dividir a la gente entre patriotas o desleales; peor aún, impregnar de politiquería la presente contención —ya devenida en demanda que nos hizo Guyana— la cual se encuentra en sus fases inescurribles de juicio, por ante la Corte Internacional de Justicia.

Diré un poco más, en el mismo sentido. Perjudicaríamos, severamente, la necesaria concitación nacional en la lucha de restitución, si ligamos los problemas internos (que no los ignoramos) o embadurnamos el trabajo de reivindicación interesantemente adelantado al sesgar este asunto litigioso con una particular ideología porque a alguien se le ocurriría o cree que con tal maniobra saldría supuestamente favorecido.

Un pobre favor se le estaría haciendo a la Patria.

Nos resulta alentador e importante cuando compartimos con quienes sostienen que la cuestión reclamativa por la Guayana Esequiba debe tratarse como Política de Estado.

Ciertamente, por eso se hace inaplazable insistir en las jornadas de sensibilización y concienciación en los más recónditos lugares de la nación, con la finalidad de que nuestros compatriotas asuman con entereza el compromiso de juntar voluntades, inteligencias y soluciones.

Aspiramos a que todo el país utilice idénticas claves narrativas de justo reclamo.

Un llamado a quienes utilizan las redes para que eviten publicar (algunas veces) mensajes imprudentes o inmoderados que no cooperan con nuestra causa común.

Tampoco nos conformamos con la adhesión ciega y automática de quienes aún desconocen lo que ha venido sucediendo con el citado asunto; por el contrario, requerimos que haya un consenso generalizado, producto de conocimientos sostenidos y densamente constituidos, tanto en Caracas, como en Tucupita, Barcelona, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz, Mérida, Margarita; en fin, toda la Patria hablando el mismo idioma.

La expresión que hemos venido divulgando en las distintas conferencias y plataformas digitales “no hay nada que temer”, de ningún modo comporta un exagerado optimismo o una lúdica como placebo.

Lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos traslaticios que respaldan nuestro acervo de probanza que pronto mostraremos y demostraremos —aportación de Parte— ante el Alto Tribunal de La Haya.

No nos sorprenden ni atemorizan los ardides que el gobierno guyanés, las empresas trasnacionales y sus aliados internacionales puedan complotar; impulsadas por y con prebendas dinerarias, en el presente conflicto interestatal.

Sabemos en Venezuela que como consecuencia de la indisimulada debilidad jurídica que exhibe la excolonia británica para encarar un proceso jurisdiccional de este talante, no le ha quedado otra estrategia que promover vergonzosos pronunciamientos, comunicados y declaraciones de entidades y personalidades, en una especie de efecto envolvente.

Nada de eso cuenta para la Sala Jurisdicente, por cuanto se dirime, escruta y sentencia conforme al derecho aplicable.

Sabemos del juego de inmensos e ilimitados intereses del gobierno guyanés y las grandes corporaciones que operan, ilegalmente, en la Zona en Reclamación y en su respectiva proyección marítima.

En el pasado, el Imperio Inglés acometió con descaro —en nuestra contra— actos de abominación.

En un intento ominoso, hizo de todo para persuadir a España para que no procediera al reconocimiento de nuestra Independencia.

Agreguemos que no satisfecho con lo anteriormente descrito, Inglaterra propuso al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el 23 de marzo de 1869, repartirse, precisamente por la mitad todo el territorio de Venezuela, con la finalidad de que EE.UU. reubicara en el occidente de nuestra nación a la población negra procedente de África que había participado en la Guerra de Secesión. Además, en ese “arreglo perverso” el Reino Unido se quedaría con el resto: desde el centro hacia oriente, incluyendo la Guayana Esequiba.

¿Qué adujeron, entonces, para atreverse a la mencionada propuesta? Según los ingleses, porque «ese país llamado Venezuela, que actualmente, se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas ´minor authorities, no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional».

Muestras evidentes de los embates que hemos resistido, ayer y hoy como Nación, Estado y República, de quienes se han creído poderosos e invencibles en el mundo.

Por eso señalamos, con suficiente certidumbre, que la lucha que ahora libramos, en el Alto Tribunal de La Haya, no será una excepción en la búsqueda de nuestra reivindicación en justicia

Si ayer nos consolidamos frente a tamaña voracidad de la Pérfida Albión, en la época actual —con nuestros compatriotas densamente formados— saldremos victoriosos frente a las acechanzas de quienes asumieron la condición de causahabientes de los ingleses y sus aliados insaciables, que están esquilmando nuestros recursos.

A propósito, aquí cabe desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en el Derecho Internacional Público: “Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo”.

Sostenemos que si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho; y que si el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre 1899, en efecto es el objeto de fondo (en la causa de pedir de la contraparte) en la segunda etapa del Proceso (abril 2024), se le  presenta a Venezuela la mejor ocasión para desenmascarar y denunciar la tropelía jurídica de la cual fuimos víctima hace 124 años y que la Parte guyanesa no ha hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e inocultable realidad histórica para sus propios intereses y en comparsa con insaciables empresas transnacionales.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué; y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

Nosotros, que sabemos que esa mencionada tratativa es perfectamente desmontable y develable su perversión, nos permitimos exponer —en síntesis— lo que en ese adefesio se tejió, que lo hace írrito y nulo de nulidad absoluta; por lo que quedó desterrado, una vez firmado el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, documento con pleno vigor que causó estado en la ONU y con el que participaremos, como sustento de juicio en la CIJ. El Acuerdo de Ginebra permanentemente es nuestro basamento para solucionar.

Señalamos, entre muchos otros argumentos, por qué el laudo resultó nulo. Veamos: no hubo participación directa de Venezuela (nos asistieron dos abogados estadounidenses) en las escasas discusiones; por cuanto la representación inglesa cuestionó la delegación nuestra por considerarnos “ignorantes, incivilizados y hediondos”.

Aparte de que no hubo motivación para la decisión arbitral, la misma además excedió los límites trazados en el compromiso, previamente suscrito el 2 de febrero de 1897 (Tratado de Washington).

Incurrieron en incongruencia sentencial dado que la resolución produjo ultra petita y ultra vires; es decir, fueron mucho más allá de lo que se les estaba pidiendo y abarcaron con su determinación, asuntos ajenos que no venía al caso tratarlos, según acuerdo contraído.

No hubo investigación de los estudios y orígenes cartográficos a partir de 1775, que intentó presentar la delegación nuestra y nunca fueron considerados. La delegación inglesa presentó los mapas adulterados con las tramposas Líneas Schomburgk, con los cuales nos arrebataron los 159.500 km2.

Jamás hubo una confrontación (proceso de compulsa) de los Títulos Traslaticios que nuestros abogados consignaron: La Real Cédula de Carlos III del 8 de septiembre de 1777 y el Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela, del 30 de marzo de 1845. Que compendian nuestras irrebatibles pruebas documentales directas, de pleno derecho, que estarán en nuestro enjundioso portafolio en la fase probatoria, el próximo año.

Entendemos que ese jurado arbitral no procedió a los análisis de los documentos históricos de las partes, dado que, en una confrontación de esa naturaleza, la delegación del Imperio Inglés no saldría en nada favorecida; y allí se iba a develar la trama urdida contra nuestro país. Hubo vicios de colusión (componenda político-diplomática de las potencias de entonces).

El prusiano DeMartens, quien fungía como presidente del jurado arbitral, resultó ser un vulgar prevaricador que extorsionó y chantajeó a los demás integrantes del cuerpo sentenciador.

Se omitió adrede el Principio del Utis possidetis Iuris; no obstante, habiéndose acordado con anticipación para la discusión y la  sentencia arbitral.

Estamos racionalmente optimistas; porque, hasta hoy Guyana no tiene el más mínimo documento —de cesión histórica de derechos de nadie—, que puedan oponer en la Corte. En lo único que asientan su demanda es en el inválido, ineficaz y nulo Laudo de París, de ingrata recordación.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.