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Atlántico Sur

EL ATLÁNTICO SUR. UNA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN EN CONFLICTO. CUANDO NO SE USAN LAS HERRAMIENTAS QUE SE DISPONEN.

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César Augusto Lerena*

Países miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, ZPCAS.

Convencidos la mayoría de los países con Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) en el Atlántico Sur, en la 50a. sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones, se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área “a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar —en especial a los Estados militarmente importantes— que respeten escrupulosamente a esa región como zona de paz y cooperación, en particular mediante “la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».

América y el Caribe por el Tratado de Tlatelolco (1967), ya se había convertido en la primera región desnuclearizada (Alfredo Palacios, 30/10/18), cuestión que violó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) a partir de 1982.

Independientemente de las cuestiones relativas a la eliminación del apartheid y a la libre determinación e independencia de Namibia que refirió la Asamblea e, instar a la aplicación de todas las resoluciones referidas al colonialismo, el racismo y el apartheid; como un hecho muy importante, en relación de la ocupación británica de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), la Asamblea también exhortó a los Estados de la región y a todas las demás regiones a que “…respeten la unidad nacional, la soberanía (…) y la integridad territorial de todos los Estados (…) observen estrictamente el principio de que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar (…) así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza”.

El Atlántico Sur es la frontera común entre dos continentes que con anterioridad estaban unidos geológicamente y, ahora están separados por un extenso espacio marítimo que linda con las costas americanas, africanas occidentales y antártica. Los límites del Atlántico Sur son en la latitud al norte del Ecuador y al Sur en 66°33´5” donde se encuentra el Círculo Antártico. Los límites medidos en longitud son entre 70° Oeste y 20° Este. Rebasa la cuestión geográfica del Atlántico Sur e incluye archipiélagos como Cabo Verde. (González, Ariel S. Universidad Kennedy, 2007).

Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica (se incorporó en la cumbre de Brasilia de 1994), Togo y Uruguay suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (en adelante ZPCAS) y, quedaron afuera de ello, las islas Ascensión y Tristán da Cunha, que son colonias británicas e, inclusive, nuestras Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que, podrían interpretarse como participantes al ser parte de nuestro territorio nacional, pero sin concretarse mientras se encuentren ilegalmente ocupadas por el Reino Unido. Este hecho notable debería contribuir a aislar al Reino Unido en el Atlántico Sur, ya que resulta inaceptable la presencia de buques y submarinos nucleares de su Armada en la región y la ocupación territorial marítima y la explotación ilegal de los recursos naturales, en contradicción con lo resuelto en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas; a la par de quedar marginada de cualquier proyecto global sur-sur que lleven adelante estos países respecto a la “Zona”.

Dejaré de lado la historia respecto a los avances y retrocesos desde 1986 a la fecha de la ZPCAS; sí diré que los distintos gobiernos argentinos carecieron de una Política de Estado al respecto y llevaron adelante tácticas contradictorias, que fueron, desde no efectuar declaraciones finales sobre la cuestión Malvinas en las reuniones; minimizar el valor de la ZPCAS ausentándose el Canciller argentino en las deliberaciones, hasta tener alguna mención específica relativa a cumplir con la Res. 2065/65 de la ONU, incluso, con el apoyo de países de la Comunidad de las Naciones Británicas. Nada o casi nada respecto a la explotación de los recursos naturales y en especial a los migratorios, cuya captura afecta al ecosistema y consecuentemente a la explotación nacional del total del stock disponible originado en la ZEE Argentina.

En síntesis, entiendo, que la Argentina ha desaprovechado hasta la fecha esta relación afroamericana unánime para favorecer la posición de Argentina en el Atlántico Sur, en particular, en lo relativo a Malvinas y la explotación de los recursos naturales y muy especialmente los migratorios.

Los Acuerdos, Tratados, Declaraciones, hojas de ruta (Acuerdos de Madrid, Pacto de Foradori-Duncan, Acuerdo de Nueva York, etc.) no han sido, lo que jurídica y diplomáticamente todavía se discute, han sido lisa y llanamente cesiones de Argentina al Reino Unido y a los Estados de Bandera y la consolidación de la extranjerización del mar argentino.

De tal modo que tenemos al menos tres problemas: El primero, hay que desactivar esas cesiones; el segundo, los británicos tienen ocupado militarmente 1,6 millones de km2 de la ZEE Argentina y dentro de él a los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y están en una situación geopolítica de prevalencia respecto a la parte meridional del Atlántico Sur, la Antártida y el Estrecho de Magallanes y, el tercero, hay que recuperar un millón de toneladas de productos pesqueros que se capturan en forma ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el Atlántico Sudoccidental. No parece que, en esta situación, la Argentina pueda desatender este importante foro, la más importante convención sur-sur.

En su política exterior de afianzar las relaciones con el África, la República Federativa del Brasil ha sido el principal promotor de esta iniciativa; pero, la Argentina debería empezar a prestarle mucho interés, porque tiene varias razones de peso como he apuntado. Para ello, debería darle especial atención a las cuestiones de organización de modo de promover las acciones y acuerdos de cooperación, ya que la actual estructura no cuenta con la dinámica suficiente, en la búsqueda de alcanzar la entidad internacional indispensable para sostener con fuerza nuestras iniciativas; promover acuerdos respecto al transporte marítimo; el cuidado ambiental y de los recursos de las ZEE y del dominio de las especies migratorias y potenciar la relación y los negocios con los países africanos costeros occidentales. Por ejemplo, las relaciones con Angola que nacieran en 1988 con Alfonsín; en 2013 el gobierno la dinamizó con la designación del embajador Julio Lascano y Vedia quien accedió a una Embajada inexistente. Se hicieron varios convenios de cooperación que llevaron la balanza comercial de 150 a 400 millones de dólares y hoy Angola está entre las que tienen balanza favorable para la Argentina. África es un mercado demandante de alimentos y tecnología que nuestro país puede proveer. Ello, no solo permitiría un intercambio de bienes sino un mayor interés africano en las cuestiones argentinas y en especial la relativa a los derechos de Argentina sobre Malvinas y la Antártida.

Por supuesto, que la ZPCAS, es el ámbito adecuado para tratar también, cuestiones relativas al narcotráfico, trabajo esclavo, contrabando y crimen organizado. Temas en que la Argentina debiera acordar muy especialmente con el Uruguay, respecto al apoyo a buques asiáticos que hacen apoyo en sus puertos.

En las reuniones en Luanda y Montevideo se abordaron alguna de estas cuestiones en los tres talleres preparatorios y durante la VI Reunión Ministerial de la ZPCAS, donde el gobierno argentino le dio relevancia a tres temas claves: la cuestión de Malvinas, el desarrollo de los mecanismos de las Operaciones de Paz y en el marco del Derecho del Mar, la implementación de medidas contra la pesca INDNR y la protección de los recursos genéticos marítimos (Gladys Lechini, Revista Brasileira de Estudios, 7, Jan./Jun. 2019), aunque a la luz de los resultados, los avances han sido insignificantes respecto a la custodia de la soberanía política, territorial, marítima, pesquera y alimentaria argentina.

Esta acción del bloque permitiría avances rápidos de cooperación en ciencia, tecnología y mecánica agroindustrial e intercambios tecnológicos y de regulación de la Pesca en el Atlántico Sur sin la injerencia de terceros países ajenos a ZPCAS que, a través de la CONVEMAR, pretenden como Estados de Bandera (buques extranjeros) explotar los recursos que son de dominio de los Estados Ribereños. Este es el caso de las flotas pesqueras chinas, coreanas y a taiwanesas, pero también, de las españolas que —tienen licencias ilegales en Malvinas y pescan a distancia en alta mar— y habrán de incrementar su presencia a raíz de reducirse sus capturas en aguas británicas a raíz del Brexit y transformarse en un 30% en Áreas Marinas Protegidas las aguas comunitarias.

La ZPCAS se encuentra en abierta contradicción con la CONVEMAR ya que mientras aquella alentaría el intercambio de recursos naturales entre sus miembros y, por tanto, la protección de éstos en sus ZEE y los migratorios fuera de ella, desalentando la injerencia de terceros países en la región, la CONVEMAR y el Acuerdo de Nueva York promueven la explotación de los Estados de Bandera (buques extranjeros que pescan a distancia) y la formación de Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) donde intervendrían países ajenos a la ZPCAS.

Por cierto, el fortalecimiento del intercambio y la cooperación generará mayores lazos para que los países que integran la ZPCAS apoyen de mínima la posición argentina de reclamar al Reino Unido la negociación de soberanía según la Res. 2065/65 de la ONU y de máxima lo que ya Sudamérica ha resuelto, que, es no prestar ningún tipo de apoyo (comercial, portuario, de transporte, logística, etc.) que favorezca del desarrollo del Reino Unido en Malvinas y, en ese sentido, el gobierno de Argentina debe mantener una coherencia que no ha mantenido en las reuniones de la ZPCAS, respecto a reclamar o no sus derechos en Malvinas o, con la firma de acuerdos que autorizan vuelos desde Malvinas a San Pablo, investigaciones conjuntas pesqueras, etc. Una política pendulante de Argentina que debe terminar y ajustar sus acciones a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

¡Nada mucho cuesta poco! Pero ha llegado la hora de avanzar con inteligencia, rigor y perseverancia.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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Argentina

ESTADO DE SITUACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, EL RÍO DE LA PLATA Y LA HIDROVÍA. UN FUTURO MEJOR ES POSIBLE MIENTRAS HAYA INTELIGENCIA Y VOLUNTAD.

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Cesar Augusto Lerena*

 

Respecto a los espacios marítimos y fluviales la Argentina sufre un estado de indefensión aprendida y, los gobiernos, se comportan pasivamente con la sensación subjetiva de no tener ninguna capacidad ni actitud para pensar que existen oportunidades para cambiar esta situación aversiva. La ausencia de políticas respecto a estos espacios es llamativa y se expresa en la sociedad con dos signos patognomónicos: los argentinos vivimos de espaldas al mar y, en la dieta alimentaria, el consumo de pescado está en el orden de los 6 kg per cápita por año cuando el promedio mundial es de 20 kg. Consumimos menos pescado que los países más ricos y que los más pobres. El argentino medio está ajeno a las cuestiones relativas a sus mares y ríos, de otro modo, no podría tolerar pasivamente tener ocupados 1.639.000 Km2 por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (R.U.) en la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A).

Un territorio equivalente a toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa, por cierto, un espacio mucho más amplio y rico que los 11.410 km2 del Archipiélago de Malvinas.

La Argentina permanece congelada respecto a estos hechos desde la sanción de la Res. 2065/65 de la ONU y, con motivo de la “fórmula del Paraguas” del Acuerdo de Madrid. Es imprescindible una política activa, diferente a la llevada en estos últimos 55 años.

Esta situación de indefensión en el Atlántico Sudoccidental, el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay se manifiesta con una pérdida de soberanía política, territorial, económica, social, alimentaria y ambiental. En especial se observa:

PBI del Atlántico Sudoccidental

La estimación del potencial económico del Mar Argentino, según los investigadores Baruj y Drucaroff, (CICTI) ajustados por el autor para el período 2016-2035 —en un escenario medio— sería de un potencial económico de: US$ 669.598 millones de dólares; puestos de trabajo directo prospectado: 568.751 empleos; generación de divisas: US$ 3.964.091 millones, como resultado de las siguientes actividades: petróleo y gas; energía oceánica; pesca marítima; maricultura; turismo e industria naval (no se ponderó minerales, microalgas y algas y no se incluyó el efecto multiplicador que estas actividades tendrían sobre el resto de la economía). En la actualidad las actividades argentinas están reducidas a la pesca y navales.

Ocupación y explotación del Atlántico Sur

De un total de 3.146.345 de km2 de territorio marítimo argentino (el Mar Territorial y la Z.E.E.A.) el R.U. tiene ocupado 1.639.000 km2, es decir el 28% de todo el territorio nacional y el 52% del territorio marítimo. A ello se agrega la disputa de 1.430.367 km2 de la Plataforma Continental presentada por Argentina en la Comisión de Límites de la ONU (de los 1.782.000 km2 presentados solo se recomendaron 351.633 km2 ya que el resto está en disputa con el R.U.). Amén de ello, los 965.597 km2 y sus aguas circundantes de la Antártida Argentina que también el R.U. reivindica como propia.

Por la explotación de los recursos pesqueros con licencias británicas el R.U. extrae 250.000 toneladas de peces y calamar por un valor de 650 millones de dólares por año y, debido a la internacionalización del caladero, buques extranjeros con licencias británicas o sin ellas, extraen un millón de toneladas/año de un monto aproximado a los 2.600 millones de dólares. Podrían ponderarse los efectos negativos, económicos, laborales y sociales, que estas extracciones sobre las especies migratorias argentinas le ocasionaron al país en los últimos 40 años (U$S 104 mil millones); pero es imponderable el daño biológico al ecosistema ocasionado y, por lo tanto, a la propia sostenibilidad de las especies en la Z.E.E. y su explotación por buques nacionales.

La presencia de entre 350 y 500 buques extranjeros que capturan en forma subsidiada (sin impuestos); ingresan sin aranceles sus productos a los países de donde provienen los buques; se reaprovisionan combustible y hacen transbordo en alta mar; sus operarios realizan trabajo esclavo; realizan una pesca no registrada ni declarada, etc. constituyen una expoliación de los recursos migratorios argentinos y una competencia desleal en el mercado internacional con las mismas materias primas que extraen y exportan las empresas argentinas con altos impuestos internos.

En los últimos 40 años la Argentina aprehendió 80 buques —dos por año— lo cual nos indica, que el incremento de multas en la Z.E.E. no modificará la pesca ilegal (hay muchas razones de uso práctico para justificar esta afirmación) y sigue sin resolverse la captura en la Alta Mar de las especies migratorias argentina originadas en la Z.E.E.A. y las capturadas en el área de Malvinas.

Por su parte, el Acuerdo de Nueva York y las consecuentes creaciones de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), de ratificarse en el Congreso, pondría en manos de los Estados de Bandera la administración del Atlántico Sur y, muy especialmente, la profundización de la intervención del R.U. (quién pretende considerarse un Estado ribereño) en la administración de los recursos, violando lo previsto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Se agrega a ello las exploraciones petroleras británicas dentro del área de Malvinas y en los 100 mil km2 en el área austral entre el continente y Malvinas, licitados durante 2019 para la explotación petrolera, donde se adjudicaron áreas a varias empresas británicas o con intereses en Malvinas contrariando lo prescripto en la Ley 26.569 (Solanas) que lo prohíbe; pero que junto al área de Malvinas, el área de Reserva de Georgias del Sur y Sándwich del Sur, constituyen un bloque estratégico relacionado a la Antártida y el Estrecho de Magallanes.

El desarrollo de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur

Por efecto de los Acuerdos de Madrid y del Pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó vuelos a Santiago de Chile y luego a San Pablo, que facilitarán el comercio de las materias primas de Malvinas con el mundo. Más aún, si se produjese el Brexit sin libre comercio entre el R.U. y la U.E. donde esas mercaderías deberían pagar aranceles para su ingreso a la U.E.

El Reino Unido ha constituido de hecho una asociación estratégica con España, tanto es así, que empresas pesqueras españolas han formado joint ventures con británicas y si bien muchas de estas empresas hoy utilizan bandera británica o de Malvinas para establecer el origen de las capturas, conforme el post Brexit podrían cambiar sus banderas por españolas evitando el pago de los referidos aranceles para facilitar el comercio de las exportaciones de Malvinas que tienen como primer destino a la Unión Europea y, en especial España.

La construcción de un puerto en las Georgias del Sur y el próximo inicio de otro en Malvinas hace presumir que el archipiélago se constituiría en el epicentro de apoyo a los buques que operan en el Atlántico Sur, muy especialmente, en un área de gran concentración de especies migratorias de valor, originadas en la Z.E.E.A.

Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Chile

Estos espacios marítimos son centrales en la relación bioceánica respecto a Chile, en especial, por el aumento de grandes portacontenedores y su tránsito a través del Estrecho de Magallanes, a partir de las limitaciones del canal de Panamá para el paso al pacífico de estos grandes buques y, también, de buques pesqueros (especialmente chinos) que pescan en forma ilegal tanto en el Pacífico como el Atlántico Sur.

Chile es un aliado estratégico del R.U. (de hecho es el único país de habla hispana que llama Falklands a las Malvinas) y desde la firma en 1984 del Tratado de Paz y Amistad, la Argentina no ha buscado una fórmula de integración que revierta la relación entre ambos países —con el objeto de mejorar nuestra posición en el área y en particular en la Antártida— y, por el contrario, con la sanción de la Ley 27.757 “de espacios marítimos” (ratificación de los límites de la Plataforma Continental), se generó una nueva tensión, por cuanto se habría superpuesto con Chile una pequeñísima porción de la plataforma continental que ambos países reivindican.

El Puerto de Montevideo, el Río de la Plata, la Zona Común de Pesca y el Uruguay

A pesar de las Declaraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre los derechos de Malvinas (2011 y otras) Uruguay ha facilitado sus puertos para que buques pesqueros que capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur —con o sin licencia británica— efectúen su logística (cambio de tripulación, armado de los buques, recarga de combustibles, transbordos, etc.). Ello, no solo debilita la posición de Argentina respecto a Malvinas, sino que constituye una grave competencia comercial con los buques pesqueros argentinos.

Los sucesivos gobiernos uruguayos han procurado acordar —y aún lo hacen— con empresas chinas la instalación de un puerto en ese país, con un régimen de puerto franco y condiciones muy favorables para la operatividad de los buques pesqueros chinos que operan ilegalmente en el Atlántico Sur. Si esto ocurre, la perspectiva de que la Argentina pueda administrar el recurso en esta área se habrá de tornar impredecible, aumentando la tensión en la región, la depredación y, la quiebra del sector pesquero argentino. China no solo tiene unos 16.000 buques pesqueros, sino que es esta población de buques, la que tiene mayor presencia en el Atlántico Sur y el Pacífico y es el primer productor de pescados en el mundo. Además, que tanto Argentina como Uruguay tienen fuerte dependencia comercial con ese país, lo que dificulta razonables acuerdos comerciales y su posterior denuncia. Pero ello, no es todo lo grave. Con motivo del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Uruguay podría otorgar permisos de pesca a buques chinos y de otras nacionalidades frente a las costas de la Provincia Buenos Aires hasta la altura —aproximadamente— de Mar del Plata (La Zona Común de Pesca). La Argentina ya tiene una amplia experiencia de la depredación que causaron tanto los buques de la URSS como los españoles, con motivo de los Acuerdos Pesqueros con la URSS, Bulgaria y la Unión Europea, debido a la incapacidad argentina de controlar las capturas extranjeras.

Una nueva situación de tensión se vive en la actualidad entre ambos países a raíz del tratamiento en el Congreso Nacional de un proyecto de construcción del Canal de Magdalena, destinado a evitar que los buques que transitan desde o hacia Argentina deban utilizar el Canal de Punta Indio y por consiguiente depender de Uruguay para el transporte marítimo de mercaderías como ocurre en la actualidad.

La dependencia argentina en materia de transporte fluvial y oceánico de mercaderías en manos de empresas extranjeras.

La Argentina tiene una dependencia en el transporte marítimo y fluvial que la deja a merced de las empresas navieras extranjeras, a la par de las pérdidas en materia de fletes y la imposibilidad de establecer políticas de transporte que hagan a la soberanía y al desarrollo nacional y regional.

Falta y deterioro de puertos, calado insuficiente

Al monopolio de las empresas navieras extranjeras se agregan las dificultades operativas de los buques nacionales que ocasionan la falta o el deterioro de los puertos y su calado insuficiente, lo que constituye una debilidad manifiesta del país.

La administración de la hidrovía Paraguay-Paraná

Los gobiernos y las empresas que administraron la hidrovía arrojan como resultado negativo la extranjerización del transporte de mercaderías ya que banderas extranjeras se traslada el 60% del comercio internacional del país. La bandera argentina es casi inexistente en esta vía y esto se debe a la política tributaria argentina; retenciones a la exportación; aportes laborales; impuestos a la construcción de embarcaciones, etc. Cuestión, que si no se revierte resultará muy difícil modificar.

Tal vez el efecto más negativo y, no tan visible, es que la hidrovía no ha servido lo suficiente para dinamizar las economías regionales argentinas de las provincias del litoral, abaratando fletes tanto de aquellos productos destinados al mercado interno como el comercio internacional.

La reciente constitución de la Administradora Federal Hidrovía S.E. con intervención de las Provincias y el Estado Nacional pondrá a prueba si el Estado puede administrar en forma eficiente este canal central, promover las actividades regionales; el manejo cristalino de las mercaderías y el control del narcotráfico y, también resolverse las cuestiones de dragado que están bajo control de empresas extranjeras.

Las Fuerzas Armadas y seguridad de control en el mar

Con 3.146.345 km2 de Z.E.E.A. a lo que deben agregarse las aguas de la Antártida Argentina, el pasaje de Drake, el Estrecho de Magallanes, etc. la Argentina no tiene medios aéreos y navales suficientes (se estima que deberían quintuplicarse) para realizar el control de los buques de diverso tipo.

La actividad pesquera. Extranjerización y monoexplotación

La pesca hace 50 años era una actividad netamente nacional. Hoy siete de las diez primeras exportadoras son extranjeras (chinas, españolas, americanas, noruegas, etc.). El problema, no es que se traten de capitales extranjeros, sino, que el modelo que impera es “extractivo”, las exportaciones son de bajo valor agregado y la Argentina regala el empleo a los países importadores (desarrollados) y a los transformadores, que agregan valor y reexportan los productos. El 60% de las exportaciones son langostinos, una especie anual de disponibilidad impredecible, cuya carencia provocaría una crisis laboral sin precedentes en la Patagonia. La política la fijan los países importadores y la conclusión podría sintetizarse: se exporta en dólares el 50% menos de los valores posibles.

Ambiente sostenible y depredación

Como consecuencia de las capturas ilegales de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y en Alta Mar y, la exploración de hidrocarburos, tanto en Malvinas como en el área austral del Atlántico Sur (sin estudios de impacto ambiental) no están garantizados el ambiente marino y sus recursos pesqueros. El descarte y la depredación dejan sin una ración de proteína diaria a 3 millones de niños y/o adolescentes.

El desarrollo poblacional, industrial y estratégico de la Patagonia

Si bien, los pobladores de la Patagonia tienen un PBI per cápita de US$ 24.000, está muy por debajo de los US$ 100.000 per cápita de los habitantes de Malvinas. La Patagonia es el territorio más despoblado de Argentina con un 6% del total y con una densidad poblacional de 3 hab/km2. El 90,1% de la población está radicada en los grandes centros urbanos y más de 1,7 millones de hectáreas están ocupadas por extranjeros. Resultaría importante vincular el continente con Tierra del Fuego para que las cargas no deban pasar por Chile, pero bien podrían transportarse las mercaderías por vía marítima para reducir los costos de fletes, la polución ambiental y el mantenimiento de las rutas; para ello, debería ser muy importante la construcción de un puerto en Río Gallegos (Santa Cruz), otro en Río Grande y uno nuevo en Ushuaia. Tierra del Fuego, la provincia que se integra con Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Antártida y las aguas circundantes, no tiene suficiente apoyo teniendo en cuenta la centralidad que tiene respecto a territorios marítimos e insulares en disputa con el R.U. y la necesaria logística con la Antártida. Por cierto, ello no alcanza para ser autónomos porque las navieras son extranjeras.

La vocación de independencia de los habitantes de Malvinas

El R.U. ha demostrado desde hace casi 200 años (1833) que no tiene vocación de devolver a la Argentina el archipiélago de Malvinas. Esto quedó ratificado con el desconocimiento de la Res. 2065/65 y de la ONU. Una hipótesis que no hay que descartar, es la pretensión de independizarse del R.U. e integrarse como un Estado independiente como parte de la British Commonwealth of Nations (ya me he referido al respecto en un artículo anterior). Más allá de los apoyos que pudiese tener Argentina habría que evaluar qué tan eficaces serían. Todo lo que se haga para resolver los puntos precedentes dificultará que la referida hipótesis se pueda convertir en ley.

Hay herramientas suficientes para revertir esta situación. Se requiere aplicar una estrategia consensuada —en forma coordinada y sostenida— de todos los organismos que en forma directa o indirecta confluyan para revertir una situación que atenta contra interés supremo de la Nación y de todos los argentinos. Nada de lo mismo, que ha sido infructuoso durante 55 años.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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Atlántico Sur

LAS INNOMBRABLES DECLARACIONES DE MADRID. “UN MENSAJE REITERADO: ¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?”

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César Augusto Lerena*

Foto: Rafael Wollann, 2 de abril de 1982

Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más fácil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y, afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina, que suponer, que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con una reconocida historia marítima y, frente al resto de las potencias, aceptaría sin más, abandonar las islas. Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y la falta de armamento suficiente para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder (materialmente hablando) que aquel 14 de junio de 1982; pero, la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino, nos llevó —por el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la diplomacia y los legisladores— a perder gran parte del Atlántico Sur: un 52% de la Zona Económica Exclusiva está invadida por el Reino Unido.

Algunos argentinos dicen que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta, que sí, que —mal que nos pese— nos colonizaron los británicos, los mismos que se quedaron con Malvinas en 1833 y tienen a tiro de misil la Patagonia y la Antártida.

Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (o, mejor dicho, los orientales y españoles) a los ingleses de las 140 manzanas que tenían ocupadas en Buenos Aires, comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia o intereses de los ciudadanos informados. Nosotros podemos ser amigos del “simpático” Mark Kent, incluso hacerlo de Racing, porque a los ingleses nos une la tradición futbolera e hípica, pero, tenemos memoria.

“De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud”, diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados, al iniciarse el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía que, dos meses después, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” entre el Reino Unido y las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado que luego repetiría Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriendo la conducción económica y financiera a los británicos y ello no impidió que, entre 1857 y 1955, más de 2 millones de españoles emigraran a Argentina, en su gran mayoría gallegos, de ahí la forma genérica con la que solíamos nombrar a quienes fueron un importante motor del desarrollo nacional incipiente.

En ese Tratado se estableció una “Perpetua Amistad”, pero no frenó a los británicos que, en forma oscura y traidora, invadieran Malvinas en 1833 y acordaran con los gobiernos de turno una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso, más que las que pudieran recibir las empresas argentinas. Políticas que se ratificaron en el Tratado Roca-Runciman suscripto en Londres el 1º de mayo de 1933 y en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y, 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado Acuerdo de Madrid, y en el “Tratado de Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184. Frente a todo ello, la primera y segunda invasión inglesa quedaron como un cuento de Heidi.

El Dr. Julio C. González (Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, 1998), a quién aprovecho para rendirle mi más justo reconocimiento, por ser el primero que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y en “El Informador Público” (1993), desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana estos ruines tratados y quien oportunamente entendió que “el vocablo ‘declaración’ es inapropiado e improcedente, ya que, cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es ‘Tratado’, y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación”. Una Declaración, en tal caso debiera ser dejada sin efecto con otra Declaración.

El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional. Tratados que terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos y, la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth) a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos. Un país colonizado, que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Espacios que no tienen en cuenta, los 400 mil km2 de conservación —FOCZ— acordados por Cavallo en 1990; los km2 de plataforma continental argentina que no fueron tratadas por la Comisión de Límites en la ONU y los km2 referidos a la Antártida Argentina.

La inducción británica es tal, que parece que ningún gobierno, a costa de ser calificado “de cabotaje”, se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y, hayan transcurrido treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él, para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.

Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de “Espacios Marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción —modestamente— nos opusimos sin éxito, con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que habilitaron al Reino Unido considerarse —ilegalmente— como un país ribereño en Malvinas y, promover, la constitución de las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino, motivo por el cual, insistimos desde hace años en el Congreso que no debe ratificarse el Acuerdo de Nueva York y, por el contrario, derogar la Ley 25.290 del 13 de julio de 2000. Del mismo modo de no aprobar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur, con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ni en altamar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000).

Casi todos hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que solo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas o en las discusiones políticas inconducentes.

Para iniciar las negociaciones que derivarían en las “Declaraciones de Madrid”, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar las tratativas con el Encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: “le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas”. A lo que García del Solar respondió: “…El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ” (Clarín, Cardozo Oscar Raúl, 2da. Sección, pág. 10, 29/3/92). Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha de US$ 28.168 millones, un valor comercial final del orden de los US$ 169 mil millones, motivo por el cual, los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo (US$ 100.000) y, como veremos, el control militar británico lejos de reducirse se amplió. La intervención de García del Solar en las Declaraciones de Madrid opacó —lamentablemente— su trabajo en la redacción de la Res. de la O.N.U. 2065/65, considerada un documento fundamental en el reconocimiento de la soberanía nacional.

Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar “la fórmula inglesa del paraguas”, con la cual, ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significase reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista: en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas a su alrededor. Hoy, invaden y explotan las Islas y doscientas millas marinas (438.000 km2); crearon una reserva de 1.070.000 km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur); establecieron unilateralmente y sin queja alguna un área GAP (1.900 km2) donde se concentran grandes contingentes de calamar; reivindican derechos sobre la plataforma continental (1.430.367 km2) y la Antártida Argentina (965.597 km2).

Quiebran todas las Res. de la O.N.U. 31/49; 1514/60; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73 y, nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.

Las Declaraciones de Madrid dejaron sin efecto la Zona de Protección Militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”, y otros, que, de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y, a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas); es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de Defensa Nacional y autodeterminación, en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos, frente, a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene solo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?

Establecieron también, ambos gobiernos, un Acuerdo de Cooperación a través de una “Comisión Conjunta de Pesca” donde intercambiasen información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos; aún a sabiendas que el Reino Unido no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP aporta sus científicos y buques para hacerlo. Todo ello les permitió a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y en el área donde el ilegal británico en Malvinas otorga licencias pesqueras a empresas extranjeras. Una “colaboración de funcionarios argentinos al desarrollo económico de las Islas y la consolidación británica en las islas”.

La Cancillería actual “suspendió” las investigaciones conjuntas, aunque, debería dejar sin efecto el Acuerdo de Pesca y el llamado Pacto de Foradori-Duncan firmado en 2016 por la Canciller Susana Malcorra y ratificado por Jorge Faurie, que ratificó de hecho el Tratado de Madrid, propiciando “el desarrollo conjunto de Malvinas” y aprobaron vuelos semanales a San Pablo (Brasil). Declaraciones que deben caerse y con ella, también los vuelos a Santiago. Aquella ciudad y ésta que le abren la puerta a la exportación de los productos pesqueros de Malvinas al mundo, cambio de tripulaciones, intercambios de insumos, etc. que adquieren especial significación a partir del Brexit.

Una sostenida “colaboración unilateral de Argentina” que nunca tuvo contrapartida británica y sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.

No es casual que los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del área meridional del Atlántico Sur y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico y están prohibidas —entre otras— todas las medidas de carácter militar, donde interesa preservar el Continente Antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.

Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable, en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.

También se acordó comenzar las negociaciones de promoción y protección de las inversiones inglesas en la Argentina y de nuestro país en Gran Bretaña, esta última, de aplicación imposible, pero destinada a dar la sensación de un acuerdo equitativo, donde se estableció, que los inversionistas tendrían la libre disponibilidad de sus bienes; se les otorgaba la condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaba por las eventuales pérdidas; no se podría expropiar o nacionalizar a las empresas británicas; se les garantizaba la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias a los países de origen; el sometimiento de las controversias a los Tribunales Internacionales y al CIADI; pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de Ultramar.

Con la autorización escrita (2009) de Caloi (1/12/1990).

Casi nadie está exento de responsabilidades. El fallecido Canciller Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (Mensaje Nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González “fue redactado por el Foreign Office” (Ob. cit pág. 129).

A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martinez de Perón y adujo que “el país está al borde de la disolución nacional”» con una deuda externa de US$ 7.800 millones y, hoy debemos más de US$ 300 mil millones.

¿Diplomáticos o funcionarios probritánicos? No necesariamente. Política, estrategia, educación y resultados probritánicos. Nuestros maestros debieran enseñar a sus alumnos, que en 1806 en las “Invasiones Inglesas” no los echamos a los ingleses con aceite, al contrario, ellos se dieron cuenta y volvieron, porque en este gran país, hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos pareciera que seguimos sin darnos cuenta de ello. Mientras tanto, Malvinas, son como el unicornio azul, son nuestras y las queremos.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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