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Argentina

caos

19 octubre, 2021 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni (gab: https://gab.com/Iris_Speroni)

La anomia no es una consecuencia indeseada sino un objetivo de política pública.

En toda sociedad existe tensión entre orden y caos.

Por ejemplo: a un operario que debe ir a trabajar por tren, le conviene que haya horarios fijos y que los mismos se cumplan. Por el contrario, un carterista prefiere que haya aglomeraciones. Incumplimiento de cronogramas implica personas distraídas, angustiadas, enojadas; todas presa fácil de sus designios.

La mayoría de la gente de a pie prefiere el orden; aquél que le permite trabajar, estudiar, prosperar y buscar ser feliz.

Es obligación de los gobiernos establecer y mantener el orden:

“CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA; PREÁMBULO; Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina…con el objeto de…consolidar la paz interior,…promover el bienestar general…”.

El principal disruptor del orden, desde 1983, es el gobierno —incumpliendo el mandato constitucional—; su herramienta para complicarnos la vida es el Estado.

Haré un listado necesariamente incompleto.

Inflación

Es un proceso por el cual se desvaloriza la moneda en forma constante. La falta de moneda estable nos deja a todos sin unidad de cuenta ni reserva de valor. Un trabajador no sabe cuántas cosas va a poder comprar cuando cobre el sueldo, un comerciante no sabe si gana o pierde y los estados contables de explotaciones y empresas no tienen significado[1].

Los políticos, cínicos como son, sostienen que la inflación es multicausal.

Mentira.

Existe una única causa, que es la emisión monetaria. Así al menos lo reconocieron los convencionales constituyentes en 1994:

“CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA;…SEGUNDA PARTE; AUTORIDADES DE LA NACION; TITULO PRIMERO; GOBIERNO FEDERAL; SECCION PRIMERA; DEL PODER LEGISLATIVO;…CAPITULO CUARTO; Atribuciones del Congreso; Artículo 75.- Corresponde al Congreso:… 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras;… 19. Proveer lo conducente … a la defensa del valor de la moneda,…”.

Por lo tanto, la responsabilidad de que no haya inflación es del gobierno federal. Para ser precisos: del Poder Legislativo.

La inflación es la principal causa de angustia, preocupación y falta de crecimiento del país. Sin moneda estable no se puede planificar un futuro.

Propiedad y Justicia

El derecho de propiedad es lo que hace mejor la vida del hombre común.

Si alguien entra y se instala en una casa y la justicia se toma años en echar a los intrusos el derecho a la propiedad se vuelve difuso. Si una persona construye una casa y en su ausencia, sus vecinos le roban los materiales, el derecho se vuelve difuso. Si un ratero entra a una casa y el dueño le dispara, tiene un disgusto judicial; en una posición asimétrica con el delincuente, donde cuenta con el sistema judicial a su servicio.

Forma parte de una guerra molecular fogoneada y sustentada desde el estado; su gran paraguas es el mal llamado garantismo, teoría importada, financiada desde el exterior.

La intrusión de tierras públicas, como los asentamientos en terrenos ferroviarios[2] no es castigada.

Un problema nuevo: falsos aborígenes que reclaman tierras[3].

La administración de justicia ordinaria[4], o no funciona o lo hace en forma tan morosa que resulta irrelevante. Desearíamos contar con Sancho Panza y su justicia expeditiva. El sistema actual vuelve contingente todo lo que hace a nuestras vidas: nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros enseres, nuestra familia[5].

Seguridad

En los años de socialdemocracia desde 1983 a la fecha, la seguridad se fue desgranando como un castillo de arena en la playa.

La violencia molecular de pobre contra pobre hoy está generalizada. Mueren por goteo trabajadores asaltados a las cinco de la mañana en las paradas de colectivo, ancianos molidos a golpes hasta que revelen el escondrijo de sus ahorros, asaltos a mano armada a locales (recordemos el carnicero de Zárate) y viviendas. Este estado de ebullición, de aparente caos, es promovido por las políticas públicas. Esta semana fue un claro exponente de una situación que se cocina desde hace décadas.

No es un problema que la dirigencia política no sabe solucionar sino uno generado por la casta.

La casta tiene en mal estado a las cárceles. La casta votó una ley que hace imposible internar a un loco. La casta tiene mal pagos, mal entrenados y mal pertrechados (y mal seleccionados y mal supervisados) a nuestros policías. La casta eligió jipis para cubrir los cargos (desde el muchacho del mostrador hasta el magistrado) en fiscalías y juzgados. La casta gira fortunas a las universidades para que enseñen el no-derecho. La casta es cómplice en el negocio de la droga, tanto la logística para embarcarla a Europa como la venta en el mercado doméstico.

La anomia no es una consecuencia indeseada sino un objetivo de política pública.

Horarios

La población necesita horarios. De tren y subte para llegar en tiempo y forma al trabajo y al estudio. Que los maestros vayan todos los días y no en forma aleatoria a la escuela. Que todos los profesores de secundario den clases en los tiempos asignados. Que se respeten los turnos de atención en los hospitales.

Esto, que suena elemental, es una utopía.

Cualquiera que tiene un problema laboral se siente “empoderdado” para cortar la vía.

La educación es un caos, con todo el corolario de angustia para los educandos. Olvidémonos de la cuarentena dictada por el gobierno. Antes vivíamos una situación de huelgas laborales, jornadas de actualización, ausentismo docente agudo. Peor aún en el secundario donde lograr que el profesor acuda a clase es una quimera.

Es por eso que defiendo la rebeldía del 50% de los adolescentes que —con inteligencia— se niegan a ser cómplices de este gigantesco fraude perpetrado por gobernantes y docentes.

Integridad Territorial

La ocupación de nuestra Patria llevó siglos. El Estado tiene la obligación de sostenerla. Hubo un paquete que fue exitoso: comisaría, escuela, sala de primeros auxilios, sucursal Banco Nación, sucursal de Correo Argentino, iglesia. En frontera, destacamento de Gendarmería. FFCC y caminos, antes telégrafo, hoy fibra óptica o satélite.

Los caminos, férreos o de tierra, son los que permiten mover ganado y sacar cosechas y garantiza en los hechos la libertad de movimiento de las personas. La destrucción adrede del FFCC y la aleatoriedad del mantenimiento de los caminos rurales vuelven azarosa la actividad agropecuaria, que es la ocupación del territorio por los particulares.

Nuevamente, es la acción del Estado la que nos sumerge en el caos de la inseguridad económica por ausencia de la más elemental conectividad, por un lado, y, por el otro, la desprotección territorial, como se sufre en la actualidad en Formosa o en la Patagonia.

Proyecto de Nación

La Argentina supo tener un proyecto de Nación[6]. Desde la presidencia de Avellaneda (1874) hasta la Guerra en el Atlántico Sur (1982) se mantuvo como guía rectora.

Sacar al país de este carril nos volvió una gallina ciega. No sabemos a dónde vamos ni por qué. ¿Qué conviene estudiar? ¿Vale la pena poner un taller de reparación de lavarropas? Si pongo una fábrica de calzado, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? ¿Va a haber estímulos a la producción? ¿El ejército comprará uniformes en Argentina o los importará de China? Si crío vacas ¿podré exportar? ¿Y si crío chanchos o cabras? ¿Invierto en riego en el valle medio del Río Negro? ¿Me anoto para dar clases de computación en Lanús? ¿Me meterán preso si uso agroquímicos?

Cuando existe un proyecto de nación, hay líneas generales que le permite a las personas y empresas tomar decisiones en consecuencia. Actualmente nuestros gobernantes de ambos partidos mayoritarios tienen en sus manos una agenda extranjera bajada en bloque desde los organismos multilaterales. Una vez votado el aborto, el nuevo mandato es el ecologismo.

Argentina está bajo asedio. Sin hoja de ruta y en mano de malandras, cipayos y jipis.

El objetivo es tenernos angustiados, en duda, paralizados, encerrados en nuestras casas y tristes.

Es la guerra de las élites contra el pueblo, donde usan a pobres para atacar a pobres y a una clase burócrata (en su mayoría izquierda champagne) para garantizar la permanencia del caos.

Propuestas

Poner orden en todos los ámbitos.
Frenar la emisión.
Liberar el mercado de cambios.
Tribunales de justicia ordinaria que resuelvan en el día.
Protección decidida del derecho de propiedad, desde un campo, a una casita, a una máquina, a un tractor.
Respetar los horarios de tren.
Asistencia perfecta de los docentes a escuelas y colegios.
Policías bien pagos, bien entrenados y bien supervisados.
Devolver la gendarmería a las fronteras.
Echar a todos los jipis del poder judicial, del ministerio de justicia, del servicio penitenciario, del instituto de asuntos indígenas.
Retomar nuestro proyecto de país.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Referencias

[1] Voy a dar un ejemplo técnico: al no poder actualizar por inflación, el monto de amortización de la maquinaria es a valor histórico, esto es al momento de la compra y no en el presente, que puede ser varios años después. Por lo cual ese monto no refleja la pérdida de valor del bien, con lo cual deja de reflejar la verdad. Así el estado contable puede reflejar una supuesta ganancia anual cuando en realidad no alcanza para reponer la maquinaria.

[2] Hernando de Soto (https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto_(economista) ) en su libro “El Misterio del Capital”, (https://www.amazon.com/-/es/Hernando-Soto-ebook/dp/B07V4TP38J/ref=sr_1_5?crid=96MVTHMT4UF5&dchild=1&keywords=hernando+de+soto&qid=1634407146&s=digital-text&sr=1-5 ) , explica cómo la propiedad de su vivienda, su taller, su local comercial, sus herramientas, es la piedra angular para la prosperidad de las personas del común.

[3] Son provistos de falsos estudios por profesores de antropología de facultades nacionales. los cuales presentan al instituto ad-hoc, a cargo de otro jipi, quien pone en suspenso los títulos de propiedad existentes. Genera desazón no sólo en los propietarios intrusados sino en todos sus pares, porque reduce su título de propiedad a un papel sin valor. Se postergan inversiones (¿quién va a hacer mejoras cuando corre el riesgo de perder todo?). Se pone en suspenso la vida.

[4] Dejo aquí el hilo de Sergio Parra, salteño. https://twitter.com/sergcer/status/1446134948683993091

[5] La justicia ordinaria dirime en todo lo que hace a nuestras vidas, un problema de medianera con un vecino, la tenencia de un hijo, un robo, un pagaré no saldado, el cobro de una indemnización, etc.

[6] “Nuestra tragedia: cancelar en 1982 nuestro proyecto de Nación, http://iris-speroni.blogspot.com/2019/06/nuestra-tragedia-cancelar-en-1982.html

Artículo publicado originalmente el 16/10/2021 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2021/10/caos.html

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UNIVERSIDADES, VENEZUELA

¿POR QUÉ PRETENDEN ACABAR CON NUESTRAS UNIVERSIDADES?

18 octubre, 2021 SAEEG 1 comentario

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Abraham Gómez R.

De todos es conocido que la Universidad nace, como institución, en la Edad Media. Surge formalmente en tanto una entidad donde, para entonces —como aún hoy—concurren los maestros y discípulos en la búsqueda de la verdad.

Aunque sea una “verdad relativa” y con múltiples aristas. Tal vez lleguemos a compartir, que, en tal hecho disímil o de universalización del pensamiento, queda arraigado lo más hermoso de las ideas y las posiciones.

En el presente tramo epocal contemporáneo las ilimitadas conexiones tecnológicas han transformado los modos de generar el conocimiento, de preservarlo, de rehacerlo y transmitirlo con otros principios y valores; así entonces, esos elementos constituyentes de los saberes los docentes universitarios están obligados a incorporarlos en su caja de herramientas intelectuales.

Nos agrada recordar que en el año 1958 se sancionó y promulgó, en nuestro país, una nueva Ley de Universidades que vino a sustituir la que para entonces estaba en vigencia desde 1953. El mencionado acontecimiento no fue, de ninguna manera, un hecho fortuito o desprevenido; sino, debemos decirlo, honestamente, a partir de ese hito socio histórico quedó contextualizada la universidad venezolana, a la par de las autonomías orgánicas, funcionales, administrativas y académicas, de las que gozan las demás universidades en el mundo.

Reconocemos, sin embargo, que en 1970 se produjeron serias y sustantivas reformas en el citado texto legal, hasta obtener una norma para el Sistema Universitario Venezolano (mayúsculas adrede) que nos rige ahora.

Nuestras Universidades habían venido resistiendo embates —algunas veces sibilinos, otros tantos develados—, pero nunca con el ensañamiento como se le perpetran los daños de todo tipo, en la actualidad.

Citemos, a manera de ejemplo: el nombramiento fraudulento e írrito de algunas autoridades, completamente desarraigadas de las realidades de las universidades que pretenden dirigir; el asfixiamiento inmisericorde de las asignaciones presupuestarias y financieras; el desestimulo y deterioro progresivo de la calidad de vida del personal; el abandono de la infraestructura física y de los equipos; la centralización descarada de las nóminas en la “plataforma patria”, la inseguridad en los campus y un largo etcétera.

Apenas asomamos un ápice de la inmensa crisis que estamos atravesando. Lamentamos también —hay que decirlo— que un reducido número de Instituciones de educación Superior (muy pocas afortunadamente) y una minúscula facción de docentes universitarios, contaminados ideológicamente, han adoptado una respuesta mimética y vergonzosamente adaptativa al descalabro de nuestras universidades. Allí los vemos, medrando y rumiando pesares; cómplices de las directrices de sus órganos superiores, sin proponer significativos cambios, para deslastrarnos de las calamidades

Honrosamente, la excepción la constituyen las Universidades en cuyo seno se respeta el disenso y la pluralidad de las ideas. Las Universidades caracterizadas por permanecer libres y siempre irreverentes, aparejadas a los docentes que han asumido los desafíos para desarrollar alternativas académicas y gerenciales con perspectivas hacia las sociedades que han sido emprendedoras.

Sobran los ejemplos de los desmanes inocultables del oficialismo hacia nuestras universidades: el cometido contra la emblemática Universidad Simón Bolívar, al designar, mediante acto inconstitucional e ilegal a un rector, vicerrectores y secretario, en una sesión amañada del Consejo Nacional de Universidades. El constreñimiento sin justificación de las asignaciones de los recursos para el funcionamiento de las universidades de Carabobo, del Zulia, de Oriente, Nacional Experimental Politécnica, de la Unillez y muchas otras más.

Jamás se había visto tanta desidia y atropellos ocurridos contra, nuestra insigne y reconocida ante el mundo, Universidad Central de Venezuela.

Los numerosos actos de terrorismo perpetrados para intentar arrodillar a la “Casa que Vence las Sombras” son tropelías cohonestadas y promovidas desde el gobierno.

Se le quiere “pegar la mano” a nuestra Alma Mater a como dé lugar o como sea. Sin medir las consecuencias en sus desmanes; en violación flagrante del Estado de Derecho y por ende de nuestra constitucionalidad.

Pretenden someter a nuestras universidades, hacerlas sumisas.

Los estudios universitarios en el presente siglo XXI deben asumir el cambio para el futuro, como consustanciales de su ser y quehacer. Dicha transformación exige de las instituciones de Educación Superior una predisposición a las reformas y cambios constantes de sus estructuras y métodos de trabajo.

Esto implica asumir la flexibilidad epistemológica. Digamos, admitir que hay muchas y hasta contradictorias visiones del mundo y la vida, y las diversas propuestas teóricas para comprenderla, en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables que imponen los regímenes totalitarios.

En nuestro país invocamos la incorporación y participación —para la transformación— del docente universitario en su labor diaria; que diga y aporte soluciones.

El profesor-docente debe asumir la obligación de participar, de hacerse activo en la elaboración de los proyectos futuros de la sociedad que queremos y necesitamos; inspirados en la solidaridad, en la superación de las desigualdades y el respeto a los fines democráticos, a la meritocracia y a la pluralidad del pensamiento conforme a nuestros preceptos constitucionales.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

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Opinión

DEMOCRACIA FORMAL O SUSTANCIAL, CIUDADANÍA Y DIGNIDAD

14 octubre, 2021 SAEEG Deja un comentario

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Héctor Melitón Martínez*

***Imagen de Felipe Blasco en Pixabay***

“Democracia” es un término polisémico que puede ser abordado desde diferentes ángulos. Sin embargo, su uso más frecuente es el que alude solamente a un régimen político, es decir, a la forma en que se cristaliza el poder del Estado. Podemos señalar, desde el análisis de lo que se ve en esta coyuntura que vivimos, que lo que se promociona y se internaliza en la ciudadanía, desde la política y desde los medios de comunicación, es un sistema político que lo podríamos encuadrar como una democracia incompleta, o de baja intensidad, sistema éste, que se inclina con mayor énfasis en lo formal, en lo instrumental, pero excluye valores con carga sustantiva, he de aquí que podemos separar, entre una democracia formal, que parece limitarse a la participación popular solo en el acto eleccionario y una democracia sustancial, la cual se apoya en valores , derechos y obligaciones.

La democracia desde su consolidación, especialmente a partir de la independencia de EEUU, se basó en dos principios que son: la libertad y la igualdad, dos cuestiones que permanentemente se mantuvieron en tensión, ya que la igualdad, siempre entendida como igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, etc., siempre debe estar acompañada por la libertad porque la igualdad sola, simplemente produce un despotismo, un paternalismo, más propios de las autocracias o demagogias. A partir de los años 90, aparece un concepto que acapara lo que entendemos como democracia sustancial, es el concepto de ciudadanía, marcando a partir de esto, una clara diferencia con la democracia formal o incompleta.

Este concepto abarcativo de la democracia sustancial, la ciudadanía, consiste en que se es ciudadano cuando puedo ejercer mis derechos y obligaciones, es decir mis derechos y obligaciones, políticos, civiles y sociales. Hablo de “mis” porque no son otorgados graciosamente por el gobierno, son míos propios por ser un ser humano, y el Estado solo debe limitarse a promocionarlos y mantenerlos, dentro de las posibilidades sustentables.

En resumen, en lo político, poder elegir y ser elegido, en lo que respecta a lo civil, poder ejercer libertades básicas como la de expresión, la de asociación o la ideológica y religiosa, la garantía de la protección de la propiedad privada y otros como el derecho de huelga o sindicalización, etc., todos ellos amparados en la Constitución Nacional y otras normativas que permiten hablar de un Estado de Derecho. Por último y a partir de los períodos de entreguerras en el siglo XX aparecen los derechos sociales como valores dignos de protección, siendo éstos una serie de aspiraciones al bienestar económico y cultural de las naciones. Son estos derechos los más difíciles de ejercer en nuestro continente y en especial en nuestro país a partir del comienzo del siglo XXI. Es por eso que la mayoría de los ciudadanos argentinos son titulares de derechos subjetivos, pero no todos tienen la posibilidad de ejercerlos, más cuando los índices de pobreza y desocupación alcanzan los guarismos que estamos viviendo en estas épocas.

De aquí viene mi anterior descripción de lo que entiendo por democracia formal y democracia sustantiva relacionada con la condición de ciudadano pleno.

Me he guiado para este análisis de un interesante trabajo realizado por el doctor. en Ciencia Política, Hugo Quiroga[1], en lo que dio a llamar “El difícil ejercicio de la ciudadanía plena” donde desarrolla la necesidad de postular un orden social más justo y equitativo, donde se pueda conectar poder y justicia social. En una realidad como la nuestra donde no todos los ciudadanos pueden ser “ciudadanos de hecho”. La mayoría de los argentinos son titulares de derechos subjetivos, pero no todos tienen la misma posibilidad de su ejercicio, en la situación social y cultural actual tan deficiente, limitan ese ejercicio pleno de ciudadanía.

Esto implica que si los gobiernos solo se ajustan a una democracia formal, entendiendo la democracia como un mero acto eleccionario que legitimen poderes que son casi permanentes para ciertas personas que constituyen élites dirigenciales, tanto políticas como económicas asociadas, los ciudadanos expresarán su rechazo en el acto eleccionario, para proveerse de funcionarios que aseguren un futuro promisorio que modifique la realidad de la decadencia en la cual estamos transitando. Esto sería lo lógico cuando existe educación, valores y cultura cívica.

La amenaza de una sociedad cada vez más inequitativa y desigual, llegando a los extremos que hoy estamos viviendo, no pueden ser contrarrestados desde la óptica de una democracia formal e incompleta como la que la clase política nos presenta, con solo legitimidad procedimental traducida únicamente en el acto eleccionario, mientras asistimos a una creciente falta de un orden justo y en un contexto caracterizado por políticas decadentes y alejadas de la realidad del siglo que vivimos. No es lo mismo respetar reglas procedimentales que gobernar democráticamente, desde un gobierno en el que cada uno de los funcionarios predique con el ejemplo y al que llegaron gracias a sus méritos y no meramente gracias a una relación de amistad o familiar. Por otro lado, la sociedad vería con agrado que en ese marco de igualdad se implementen premios y castigos en función del accionar individual de los ciudadanos.

Los derechos sociales fundamentales, como el trabajo, la educación y la salud vienen y parten indefectiblemente del empleo. Observando las altas tasas de desempleo podemos asegurar que es casi inexistente el disfrute de estos derechos en la gran mayoría de los compatriotas. El trabajo en blanco es la llave que permite disfrutar de la ciudadanía social.

El desempleo estructural existente, inducido por políticas de gobierno cortoplacistas y apuntadas solo a conservar el poder, afectan no solo la ciudadanía social, sino también el ejercicio de otros derechos ciudadanos, como por ejemplo los derechos políticos, logrados en nuestro país con la Ley Sáenz Peña, a principios del siglo XX y la universalización de los mismos lograda posteriormente.

Los excluidos sociales, actualmente, exceden a la figura del hombre sin trabajo y se refleja en una marginalidad profunda que los aleja social y culturalmente de la ciudadanía para ser solo votantes. Creen tener derechos políticos y civiles, pero por sus condiciones de vida quedan afuera de una trama de existencia colectiva.

La discordancia entre una supuesta igualdad política y una real desigualdad social son evidentes y hasta aprovechadas por la clase política, en este dañado sistema que soportamos, procedimental, incompleto, injusto y por sobretodo mezquino.

La autonomía y libre voluntad de los individuos se diluye, en muchos casos, en los excluidos sociales. Lo percibimos en la coyuntura que vivimos, no podemos negarlo; se presiona para obtener un voto, afectando la dignidad de aquellos que por malas políticas, falta de oportunidades o ignorancia (fomentada) los han llevado a una fatalidad inducida por el desempleo, la inflación, la presión impositiva, así como por la falta de educación y la falta de esperanza en un futuro con movilidad social ascendente, la cual supo conocer muy bien la sociedad argentina de otrora.

Todo esto es caldo de cultivo para fundamentar las miserables políticas clientelares tan bien instaladas en la política argentina, actualmente bien a la vista de cualquiera que quiera ver.

La pregunta es: ¿En la soledad del cuarto oscuro, donde se efectiviza el voto, se aprovecha para reflexionar y ser libre o solo dejamos de ser ciudadanos para ser meros votantes guionados y condicionados por promesas que además afectan nuestra dignidad como seres humanos? Este gran interrogante será dilucidado en el corto plazo, pero corremos el riesgo de continuar con esta falacia de esperar que el Estado sea el padre protector; por tanto dejemos de ser menores de edad y pasemos a ser adultos. No con esto pretendo que se desechen planes sociales que son verdaderas redes de contención ante eventualidades sino que no permanezcan eternamente siendo fuente de clientelismo y corrupción, atentando contra la dignidad quienes deben depender de ello, además de destruir la cultura del trabajo, en definitiva una falta de la ¡¡¡Libertad!!!

El gran determinante para que esto cambie, y que no tengamos que ser un país que de ser ejemplo y esperanza para el mundo a fines del siglo XIX y principios del XX, pasamos a estar dentro de los últimos puestos en los indicadores de desarrollo y confiabilidad en estas épocas, son la educación y el ejemplo de las clases dirigentes; son estos uno de los factores principales para este cambio. Se debe erradicar el uso de la política para beneficios individuales o corporativos —uso que ha puesto en práctica esta casta política que excluye a los más capaces— para implementar una política que tenga como finalidad el bien común y la felicidad de cada uno de los ciudadanos de la República.

* Profesor de Grado Universitario y Licenciado en Ciencia Política graduado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Coronel (R) del Ejército Argentino.

Referencia

[1] QUIROGA, Hugo. “El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático”, Punto 7, Revista Universitaria Semestral, Año 1998, p. 34 – 36.

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