César Augusto Lerena*
La Emergencia Pesquera recientemente decretada (Nº 480/23) en el Golfo de San Matías (Río Negro) por el término de un año, “con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica generada por la escasez del recurso”, firmado por la gobernadora Arabela Carreras, es una muestra elocuente de la incapacidad de las autoridades de esa Provincia, de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y del Consejo Federal Pesquero en la coordinación de las políticas pesqueras con los gobiernos provinciales y el aprovechamiento de todas herramientas, entre ellas, la investigación y la regulación del esfuerzo pesquero, de modo de optimizar la utilización del recurso y darle sostenibilidad en el tiempo.
Las emergencias pesqueras, basados en “una disminución del recurso” suelen provocar determinadas acciones que describiremos; pero, nunca, estas declaraciones son buenas, porque suponen medidas reactivas que transfieren los costos al Estado que, por lo general, suele hacerse cargo de los salarios caídos del sector privado, de la refinanciación de las deudas, impuestos y las tasas de las empresas. Se empobrecen las industrias, su gente y el propio Estado provincial y municipal.
Cuando ocurren situaciones excepcionales de carácter biológico que producen un desequilibro en el ecosistema podrían justificarse este tipo de emergencias. Aquí habría que preguntarse si efectivamente el recurso disminuyó o por el contrario “es escaso” como refieren algunas fuentes oficiales; lo que podría estar dando lugar a pensar, que se han otorgado permisos a un mayor número de buques sobre un mismo recurso existente; es decir se ha aumentado el esfuerzo pesquero irresponsablemente.
Sería bueno que la Autoridad de Aplicación publique el número y detalle de los permisos, cuotas y autorizaciones de pesca en estos últimos 10 años con radicación en los puertos de Río Negro y más particularmente en los últimos cuatro y, a la par, revisar los desembarcos en ese mismo período, al menos de las tres especies principales: merluza común, langostino y calamar que en toneladas representan el 76,7% el total de las exportaciones nacionales y el 85% de los dólares exportados. Me informan que habría más de cien permisos y solo estarían pescando unos 15 buques. Pero esto requiere que las autoridades pertinentes lo precisen.
Al asumir el 10 de diciembre de 2019, alguien le tendría que haber dicho a la gobernadora que la política pesquera de la Provincia es pésima en relación con sus pares del litoral marítimo, ya que los desembarques de los últimos 10 años representan entre 0,67% y 1,27% del total de la Argentina en las especies citadas y, así y todo, ahora se ve obligada a declarar una emergencia pesquera por un año; tiempo absolutamente insuficiente, si de lo que se trata es de una “disminución del recurso” y, tal vez apropiado, para pasar este período electoral, si de lo que trata es que “el recurso es escaso” porque se habrían otorgado más permisos que los que la captura máxima sostenible permite en el Golfo de San Matías. El recurso es renovable pero agotable. Aquí no aplica “la multiplicación de los peces” que los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan le atribuyen a Jesús.
Suele decirse en los ámbitos portuarios que “los permisos de pesca” tienen un cierto valor en dólares. A mí no me consta, pero si así fuese, el tenedor se estará preguntando ¿dónde está el pescado?
Uno también se pregunta: siendo el Subsecretario de Pesca de la Nación un hombre patagónico y el actual director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) originario de Río Negro y ex Director Instituto de Biología Almirante Storni (IBMPAS) ¿cómo ocurren estas cosas? Al respecto, el Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras». Nada de lo que está pasando en Río Negro.
El Biólogo Raúl González del Storni se ha referido —entre otras cosas— a que “la abundancia de la biomasa se redujo en un 75% según estudios realizados en los meses de noviembre/diciembre de 2022 según los últimas evaluaciones realizadas en 2018” resultando inadmisible que deban transcurrir cuatro años sin las investigaciones adecuadas y también, estima este investigador, que “las motivaciones pueden deberse al descarte superior al 30% de especies juveniles y el descarte por pesca incidental de terceras especies en la captura de langostino (bycatch)”, lo cual está absolutamente prohibido por la legislación vigente y ha sido debidamente comunicado en distintos informes del INIDEP, la AGN y la FAO, entendiendo este investigador que “se debería reducir a más de la mitad el esfuerzo pesquero (NdA: lo que podría estar reforzando la teoría que hay más permisos que recursos disponibles); regular la pesca del langostino y efectuar paradas biológicas”; medidas que provocarán desocupación en el puerto, en la flota y las plantas procesadoras, con la consiguiente desmoralización y pérdida de sustento de trabajadores e industrias.
Si estas observaciones del referido biólogo se confirmasen, estarían indicando una absolutamente ineficiente administración del recurso y, debieran, a mi entender, provocar el desplazamiento de la subsecretaría de pesca de Río Negro; pero, también, dejar de manifiesto la política insustentable e insostenible que lleva la Subsecretaría de Pesca de la Nación y falta de coordinación de las políticas nacionales y de intervención ante la situación emergente, como lo prevé la legislación vigente, cuya gravedad, podría haber quedado de manifiesto a partir de cualquier análisis básico que mostraría síntomas al menos en los últimos años.
Del análisis de las estadísticas de desembarcos del Sistema de SSPyA, éstas estarían demostrando que pese a la ínfima captura en relación con los desembarcos del resto de las provincias, aquella se habría duplicado; habiendo caído en un 50% las capturas de merluza en 2022 con relación a 2021 y un 20% el langostino en igual período. Caída que se mantiene en el primer semestre de 2023.
Lo que estaría ocurriendo se centra en una falta de un plan estratégico de la Provincia que termine con la “política restrictiva” que limita la pesca de la flota al Golfo de San Matías y potencialmente a un número de permisos otorgados que exceden a la disponibilidad actual del recurso y otros motivos, entre los que se encuentran el exceso de descartes y uso de redes inapropiadas, la falta de monitoreo de las capturas, del stock disponible y el control adecuado de los desembarcos en cuanto a volumen y especies.
Lo que algunos llaman “colapso de la pesca en Río Negro” es de tal gravedad y la punta del iceberg de una política pesquera extractiva que atrasa 50 años y pone en riesgo una actividad generadora de población, industria y empleo en la Patagonia Argentina.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
