¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos!Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas.
El gobierno de Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas y no se lo merece el maravilloso pueblo uruguayo, ni nosotros los argentinos —sus hermanos— el nuestro.
El pasado 16 de febrero (IP 067/23) la Cancillería informó que el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con su par del Uruguay, Francisco Bustillo y que, «en términos bilaterales, ambos ministros destacaron el trabajo de la Comisión de Integración Argentina-Uruguaya (CIAU), que aborda diversas áreas a nivel secretarios de Estado, como así también de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentino-Uruguaya, para evaluar en detalle los temas de la agenda bilateral económica y comercial» y «destacaron la relación entre ambos países y acordaron continuar profundizando los diferentes ejes que hacen al relacionamiento externo entre Argentina y Uruguay».
¿No hablaron nada sobre las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay Lacalle Pou que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas?
Por ejemplo, llama la atención que el Canciller argentino no le haya cuestionado a su par uruguayo la presencia en Malvinas de cuatro diputados de la coalición de gobierno que trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones relativas a la República Argentina. Debió tener en cuenta el Canciller, que la diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que «Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación», aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y sueña «con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands» (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a «incrementar el intercambio comercial con las Falklands» (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay Faye O’Connor refrendó diciendo que habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, «el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas» (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).
La difusión del artículo de Agenda Malvinas y seguramente la reunión «light» entre los Cancilleres del Río de la Plata, seguramente dieron lugar a un Twitter (17/02/23) del ex Canciller Felipe Solá, quien manifestó que «Lacalle Pou tiene como principal objetivo mostrar su desprecio por Argentina. Es una provocación a un reclamo que siempre compartieron. Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente. Se lo reclamé personalmente en Olivos en 2021. Traicionan el legado de Artigas» y la réplica en el mismo medio del secretario de Malvinas argentino (por el momento esta secretaría no está en Uruguay): «los dichos de dirigentes sobre Malvinas, sobre todo de quienes estamos ligados a la política exterior, deben ser responsables. Es falso que Uruguay haya cambiado su posición sobre la soberanía argentina. Flaco favor hace a nuestros intereses la difusión de información imprecisa».
La crítica al ex Canciller argentino por parte del secretario Carmona, superó a todas las opiniones de los medios uruguayos (Caras y Caretas; SaltoalDia; Memo; El País, etc.) ¿raro no? Bueno, por suerte Carmona, que se dice vinculado a la política exterior, aunque de sus acciones no se desprende, refiere a la «difusión de información imprecisa» (se supone de Solá); efectivamente, se podría detallar con mayor precisión que Uruguay ha cambiado su posición respecto a la soberanía argentina en Malvinas. Los hechos son elocuentes.
Comencemos por estos diputados de la coalición del gobierno. No dejan dudas para donde camina el gobierno uruguayo, favoreciendo los intereses británicos, no solo en Malvinas sino en todo el Atlántico Suroccidental, el acceso al Pacífico e Índico y a la Antártida Argentina, violando las Resoluciones de la ONU y de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Res. ONU 41/11, 1986); etc. No se efectuaron mutuas resignaciones, ni se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no lleven políticas comunes en el siglo XXI.
Desde 2020 más de 700 buques operan en el Puerto de Montevideo buques extranjeros que capturan ilegalmente (INDNR) los recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa, violando Uruguay las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, etc., que inicialmente el ex presidente Pepe Mujica había cumplido. Lo que ocurre en el citado puerto viola la CONVEMAR, las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal (INDNR) y, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se han convertido en una retórica sin ningún efecto práctico.
La Res. de la UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, donde los Cancilleres, rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas, cayó en desuso en Uruguay y este país se retrotrajo a 1800 donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo. De hecho, Uruguay fue denunciado por no controlar en sus puertos el trabajo esclavo de buques chinos, taiwaneses, etc.
Todos los años es sabido que los isleños, ocupas de Malvinas, promueven sus productos en Uruguay y vuelos desde este país parten a las islas y desde estas a Uruguay. El Decreto 256/10 debería ampliarse a las naves aéreas.
Lacalle Pou ha mostrado un espíritu rupturista del MERCOSUR y Brasil y Argentina han debido intervenir para oponerse al intento del presidente de Uruguay de establecer un Acuerdo de libre comercio con China (La Nación, 15/07/2022) que podría provocar una invasión comercial en la región y la ocupación de la más importante flota pesquera del mundo que hoy pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y Pacífico Sur. Para que ocurra esto, no se avanzó en la integración rioplatense, cuando en Montevideo en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI.
Por cierto, las políticas llevadas por la Argentina respecto a Malvinas han sido claudicantes y muchas veces los uruguayos enrostran al gobierno nacional ser los primeros que no defienden sus propios intereses, tal es el caso de la actual secretaría de Malvinas que no ha hecho otra cosa que intentar promover el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros, sin llevar adelante ninguna política activa (No lineal, referiría el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Tte. Gral. Juan Martín Paleo), para dar cumplimiento a la DTP de la Constitución Nacional. Entre otras, precisamente, avanzar en el perfeccionamiento del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y un Acuerdo con Uruguay que nos permita efectivamente trabajar en forma sinérgica en favor de ambos pueblos.
La lucha de intereses del siglo XIX entre Brasil y la Argentina dio lugar, con la intervención de Inglaterra, a la «Convención Preliminar de Paz» donde las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil acordaron en 1828 la independencia de la Banda Oriental, luego Uruguay. Ciento cuarenta y cinco años después se firmó el Tratado del Río de la Plata, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos y este Tratado, que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería Presidente, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y firmada por el Canciller Alberto Vignes en 1973, junto a su par uruguayo, asentó «las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y como refirió el Presidente Juan Domingo Perón en 19/11/1973: «Será éste el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».
¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos!Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, «para los hombres de coraje se han hecho las empresas».
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
El Informe de Prensa de la Cancillería 047/23 del 04/02/2023 nos indica que, en Misión Oficial, el secretario Carmona estuvo en España para tratar la “Cuestión” Malvinas, Antártida y Pesca. ¡Albricias! hace años que venimos diciendo, incluso al propio Carmona, que si no se administra el Atlántico Sur y se controla la pesca ilegal en este territorio marino no habrá ninguna posibilidad de iniciar la recuperación de Malvinas.
Pero estamos en un grave problema, porque buques españoles, desde al menos 1989 cuando se iniciaron los registros oficiales británicos (coincidiendo con el Acuerdo de Madrid I), comenzaron a apropiarse de los recursos pesqueros en Malvinas, sin control del Estado de pabellón, ni regulación alguna por parte del Estado argentino, a pesar de que España apoyó la Res. ONU 2065 (XX) de 1965 y entre otras la Res. 3160 (XXVII) de 1973; además de lo previsto en la Res. ONU 31/49 y que, la diplomacia española siempre apoyó la tesis argentina ante distintos organismos, por entender que encuentra cierta similitud con la disputa de Gibraltar.
En el libro de Javi Correa (“La diplomacia española ante la guerra de las Malvinas ¿Una ambigüedad calculada?”, Múnich, 2013) Celestino del Arenal indica que la abstención de España en la guerra de Malvinas «parecía una solución salomónica, reconociendo la reivindicación argentina sobre las Malvinas, pero deplorando al mismo tiempo el uso de la fuerza, reconociendo la necesidad de salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los habitantes de las islas y abogando por la negociación y la solución pacífica». Por su parte, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, explicó su abstención el martes 11 de mayo de 1982 ante el Congreso de los Diputados, reiterando, que debía quedar claro que en el Consejo de Seguridad un voto de abstención no implicaba en ningún caso inhibición, indefinición ni imprecisión en nuestra toma de posición. «Una solución ambigua —que no es lo mismo que una solución imprecisa— permitiría al gobierno de Calvo Sotelo no elegir posicionarse con ninguno de los beligerantes, ya que optar por apoyar a Argentina, siguiendo la línea de los países iberoamericanos y apoyando un problema que poseía una gran similitud con Gibraltar, hubiera significado renunciar, o por lo menos retrasar, la entrada a la CEE y la OTAN. En cambio, apoyar a Gran Bretaña mirando hacia la OTAN y hacia la CEE, hubiera significado abandonar la política hispanoamericana y no apoyar un contencioso con el que Gibraltar posee grandes similitudes».
España ha reconocido claramente la soberanía argentina en Malvinas, por lo dicho precedentemente, pero también, porque de otro modo sería ignorar sus propios derechos previos a la Independencia Argentina o, desconocer la Res. ONU 31/49 que, en el apartado 4, instó «a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas estén atravesando el proceso recomendado en las resoluciones de la ONU».
España con su apropiación ilegal de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas es un partícipe necesario de la ocupación británica. El Reino Unido ocupa los territorios y aquella explota sus recursos, condición ésta última imprescindible para sostener a través de los años la invasión británica; cuestión, que el propio director ilegal de pesca de Malvinas John Barton ya convalidó al manifestar (14/03/2012): «sin las licencias de pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas». Y no solo los explota, sino que sus empresas están asociadas a empresas británicas en las islas y comercializa las extracciones de Malvinas en toda Europa y otros países del mundo, a través del ingreso en el puerto de Vigo, a pesar del Brexit, que dio lugar a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En síntesis, ambos países (y otros) son corresponsables de la ocupación de Malvinas y al Estado español se le debería solicitar enérgicamente el abandono de la pesca ilegal en Malvinas e intimando a su retiro inmediato del territorio nacional, a la par de que, en caso de negación o dilación, denunciarlo ante la ONU por violación de la referida Res. 31/49, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la legislación argentina e iniciar acciones civiles y penales.
Por cierto, nada de ello habría ocurrido durante reciente la estancia de Carmona en España donde, reunido con el embajador Ricardo Alfonsín refirieron a la «cooperación bilateral (…) y al Plan de Acción Estratégica España-Argentina 2021-2023 en relación con las Cuestiones Malvinas y Gibraltar, cooperación antártica y cooperación en asuntos oceánicos» (sic). ¿Cooperación con España, que sus buques realizan pesca ilegal en Malvinas y todos los años se llevan más de 100 mil toneladas de calamar, además de otras valiosas especies argentinas?
Lo mismo podría decirse sobre el encuentro en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, donde «participaron los portavoces de las cinco principales bancadas del parlamento español. Allí se abordó la Cuestión Malvinas y de Gibraltar post Brexit, la preocupación del gobierno argentino por el envío de tropas kosovares a las Islas Malvinas, y los desafíos que representa la pesca ilegal en el área de Malvinas» (sic). ¿Desafíos? ¿De qué desafíos hablaron? Los gallegos se están llevando de Malvinas, solo en Calamar, unos 350 millones de euros por año, que en el comercio minorista de Europa representan unos 2.100 millones de euros, además de pescar sin habilitación, no pagar derechos de capturas, no ser controlados, ni abonar los derechos aduaneros a la Argentina.
Temas que, a tenor del Parte de la Cancillería, tampoco se habrían tratado con “el carácter de denuncia” con el director general de Iberoamérica, Enrique Yturriaga, donde el funcionario argentino habría destacado la participación de inversiones españolas en la industria pesquera argentina y, referido, «al flagelo que representa la pesca ilegal en Malvinas y las implicancias de la presencia de buques de bandera española en esa área por “el carácter de pesca ilegal que reviste”, según el régimen de pesca argentino. También expuso la situación y desafíos que representa para la Argentina la pesca en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva argentina, en la que también operan buques españoles» (sic). Al igual que en el encuentro con el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand.
Al respecto convendría hacer algunas precisiones. En primer lugar, se debería exigir respeto de España a la soberanía nacional y no llevar adelante meras conversaciones que dilatan la pronta solución de la grave depredación que afecta los intereses biológicos, económicos, sociales y relativos al desarrollo nacional del litoral marítimo. En segundo lugar, al indicarle a los españoles, que lo que se realiza en Malvinas es “pesca ilegal”, no puede quedar en una simple conversación, cualquiera fuese el tono, sino que se requiere —como funcionario— el inicio de las acciones legales pertinentes relativas a la pesca ilegal de los buques españoles (y otros), pero también por la extracción y exportación del recurso sin control aduanero ni pago de derechos; caso contrario, podría encontrarse incurso en incumplimiento de los deberes el funcionario público.
Por si este agente del Estado no conoce quién pesca calamar y que el calamar representa el 72% de los ingresos de Malvinas podría recurrir a la Revista Redes (Nº 230/22) para informarse que Pescapuerta-Fortuna Ltd. capturó en 2021 el 27,5%; Pereira-Argos Group el 18,7%; Seaview Ltd. el 14,3%; Beauchenez Fish Co. Ltd. el 13%; Southern Cross Ltd. el 11,6%; RBC Ltd. el 0,4% y Seafish (Falklands) Ltd. el 4,4% y podría en la misma Revista (Nº 232/22) conocer el calamar illex que consume Europa el 46,7% proviene de América y el 47,8% de Asia, donde los chinos, taiwaneses y coreanos pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios y, sería bueno saber, quién está certificando el origen. En tercer lugar, referirse solo a la legislación argentina y omitir las normas internacionales y la Res. ONU 31/49, es desconocer las herramientas jurídicas y biológicas que cuenta el país. En cuarto lugar, cualquier denuncia de pesca ilegal referida a buques españoles debería haberse tratado con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España D. Luis Planas Puchades para agotar la vía administrativa, e ir acompañado al menos por el Subsecretario de Pesca argentino Carlos Liberman, ya que ninguno de los reunidos -de ambas partes- tiene suficiente conocimiento en la materia y no podrían iniciar un proceso ni mucho menos resolver una cuestión que compete al ejecutivo español. En quinto lugar, debieron reunirse con mi buen amigo el secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de la empresarial europea (EuroPeche) D. Javier Garat, que ha sido reelegido presidente por octavo año consecutivo en la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA); organización que defiende los intereses de los empresarios pesqueros en todos los foros del mundo. En sexto lugar, también reunirse con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) Javier Touza, cuyos buques son los responsables de la pesca en Malvinas. En séptimo lugar, ahora sí, con la burocracia española y europea, si fuera necesario. Por cierto, reunirse con el secretario general iberoamericano Andrés Allamand, una figura de la derecha chilena de las últimas décadas y ex ministro de Relaciones Exteriores del ex presidente chileno Sebastián Piñera, no pareciese que pueda aportar nada a la recuperación de Malvinas, más bien todo lo contrario; aunque, para gustos no hay nada escrito.
Claro, entiendo que algunas incongruencias en la Argentina no ayudan, por ejemplo, que la Presidencia pro tempore de la CELAC la ocupe el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, una isla que es parte de la Commonwealth of Nations, cuyo Jefe de Estado es el Rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña (Forero, Néstor, entrevista de Unión Malvinizadora, 2023) o, que el propio Secretario de Malvinas demuestre en la entrevista de la Radio Universidad Nacional de la Plata (06/01/2023) que tiene un serio desconocimiento del Brexit o Acuerdo del Reino Unido y la Unión Europea (UE) y, en especial, en lo relativo al ingreso a la Unión de los productos pesqueros procedentes de Malvinas. Decía al respecto Carmona: «circula por WhattApp un texto que hace referencia que, hacia fines 2022 e inicios del 2023, se produjo un cambio en la situación de Malvinas respecto a la Unión Europea (…) hoy, para la UE las islas Malvinas (…) no tienen beneficios arancelarios como tenían con el régimen de la UE (…); pero, tengo que aclarar que, esto no ocurrió ahora sino en el año 2020 (…) Fue acordado en el año 2017 y en el 2020 comenzó a regir, por lo tanto, es una situación que ya viene produciéndose en los últimos años (…) ¿Qué es lo que está haciendo nuestra gestión a partir de 2020? (…) buscamos hacer que esta posición se consolide y aspiramos a que la UE inste (…) al Reino Unido a cumplir con las Resoluciones de las Naciones Unidas. Este es el objetivo en el que estamos trabajando en este momento (…) Se trata de sumar voluntades internacionalmente, de crear condiciones. Como las que se dan a partir del Brexit que tienen que ver con el hecho de que los beneficios que el Reino Unido tenía en Malvinas a nivel arancelario los deje de tener y estos son temas muy significativos porque la presencia colonial británica se ha sostenido a partir de las comodidades que el escenario internacional le ha brindado económicamente, por lo tanto, cuando la ocupación se le hace cara al Reino Unido se crean condiciones también para que se pueda abrir una negociación. Esto ocurrió a partir de la década del 60 y hasta antes de la guerra de Malvinas, un proceso de negociaciones que estaban sostenidos, basados en las Resolución de Naciones Unidas y que se daban en la medida que al Reino Unido le resultaba antieconómico sostener el régimen colonial, por eso es tan importante este cambio de situación, de status en la situación de las Malvinas respecto a la Unión Europea».
Lo dicho, sería encarecer la gestión en Malvinas para dificultar la permanencia británica en las islas; pero, esto todavía no comenzó, sería un cambio de 180º en la estrategia de la Cancillería, porque hasta ayer, el Secretario Carmona tenía como eje promover el diálogo, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros; aunque, por sus comentarios, el Secretario de Malvinas —con todo respeto— no conoce los pormenores del llamado “Brexit” y tampoco las políticas seguidas “con posterioridad a la década de 60 y anteriores a 1982” ya que no hubo ningún encarecimiento de la gestión de los británicos en Malvinas y hasta su propio consejero Marcelo Kohen y otro de sus asesores, al cumplirse 50 años del “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” firmado en 1971 por la dictadura militar encabezada por el Presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, ponderó la cooperación (Perfil, 29/06/2021). Además de ello, el 3 de julio de 1971, la Fuerza Aérea Argentina realizó el primer vuelo con pasajeros desde Río Gallegos a Malvinas; en 1978 volaba a las islas LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentina) y desde hace más de 20 años LATAM cuenta con vuelo semanal entre Malvinas y Chile (donde hace toda la logística), con una escala mensual en Río Gallegos, etc. Contrariamente, entendemos, se hizo y se sigue haciendo muy cómoda la vida a los isleños, facilitando la explotación de los recursos, traslados, alimentación, provisión de insumos, etc. tanto en Chile como en Uruguay.
Para dar respuesta al secretario Carmona respecto a los efectos reales del Brexit bastarían dos cosas: la opinión de los empresarios españoles que pescan en Malvinas y los resultados ciertos. El principal importador de calamar (la principal especie en las islas) desde Malvinas a España, el CEO de Fortuna Ltd D. James Wallace opinó: «Damos la bienvenida a la publicación del reglamento del Consejo de la Unión Europea, 2021/1203 relativo a aranceles autónomos para ciertos productos de la pesca. Desde el pasado primero de enero (2021) un monto del volumen anual de 75.000 toneladas de calamar de las Falklands (sic) puede ser importado a la Unión Europea, para su procesamiento con un arancel cero» (sic) y, amplió: «Por lo tanto, le damos la bienvenida al acuerdo que beneficiará ante todo a uno de los segmentos de nuestros clientes, la industria procesadora de la UE». (del medio probritánico MercoPress, 22/07/21). Es decir, como anillo al dedo, los españoles se llevan los recursos y ocupan mano de obra española en el proceso.
Diré, sin embargo, pero me limitaré porque no quiero como argentino “avivar” a los que nos roban; primero, que el Acuerdo no fue “acordado en 2017” ni “comenzó a regir en 2020” como indica el Secretario, ya que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y eso dio lugar al “Acuerdo de Retirada” el que comenzó a operar el 01/02/2020 (Decisión UE 2020/135), es decir tres años después; mientras, que el Acuerdo sobre la relación entre Europa y el Reino Unido recién se formalizó el 29/12/2020 (Diario Oficial L444 UE publicado el 31/12/2020; Decisión UE 2020/2252 del Consejo) y, segundo, que comenzó a regir el 01/01/2021, momento en que se inició un período de adaptación de varias actividades, entre ellas la Pesca, que se extenderá hasta el 30/06/2026 y se habilitó a una Comisión, para suspender las obligaciones recogidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación o en cualquier acuerdo complementario, así como para adoptar medidas correctoras, de reequilibrio y contramedidas y, podríamos fundar largamente sobre ello y respecto al uso del pabellón español; pero bastaría analizar las estadísticas para ver los resultados del post Brexit, que, en coincidencia con la gestión de Carmona, aumentaron un 84,6% las capturas en Malvinas y los niveles de importación en España de productos provenientes de Malvinas (Revista Redes, Nº 232) y, por otra parte, la captura total de calamar Illex en el Atlántico Suroccidental alcanzó las 580.000 toneladas, la más alta desde 2015; de ellas, 170.000 toneladas corresponden a capturas en aguas argentinas de Malvinas. Por su parte, el desembarque en el puerto de aguas distantes de Zhoushan se realizó de 214 buques chinos que operan en el Atlántico Suroccidental y Pacífico Oriental durante el primer semestre de 2021; un 61% de aumento con relación a 2020 (cifras oficiales de la FAO y el gobierno chino). Hay que agregar a esto, las 101.000 toneladas del calamar loligo capturadas en 2022 en Malvinas, el más alto volumen desde 1989. Como contrapartida, las exportaciones argentinas se redujeron aproximadamente un 10% en 2021 con relación al 2020.
Además de ello, deberíamos tener en cuenta que la Unión y el Reino Unido subrayaron el derecho de cada Parte a conceder a los buques de la otra Parte acceso a la pesca en sus aguas y ello, «les permitiría a los pescadores, hasta el 30 de junio de 2026, seguir accediendo a las aguas de la otra Parte como ocurría antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo» y, «Convinieron que hasta esa fecha cada Parte concederá a los buques de la otra Parte pleno acceso a sus aguas para pescar…». Por supuesto que para lograr ello, los funcionarios españoles y toda la dirigencia empresaria española pesquera trabajaron afanosamente, porque los intereses entre España y el Reino Unido, tanto en el intercambio pesquero entre ellos, como con Malvinas, son muy estrechos, a tal punto que en Malvinas se otorgaron desde el 01/01/2023 licencias (ilegales) por 25 años a sociedades españolas-británicas, donde los isleños tendrán el 51% de las acciones (lo que demuestra el fortalecimiento inglés); mientras que la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se mantuvieron alejados de los ámbitos de decisión, como lo demuestra esta reciente visita diplomática de Carmona a legisladores y burócratas de España y Europa, absolutamente ajenos a la temática.
Todo se potencia, cuando vemos las declaraciones de diputados que integran la coalición gobernante de Uruguay, donde Silvana Pérez Bonavita expresó que “Uruguay tiene una larga tradición en materia de respetar el derecho a la autodeterminación…y tiene como sueño ver un vuelo directo entre Uruguay y las Falkands” y Felipe Schipani manifestó que “Lacalle Pou desea concretar acuerdos fuera del MERCOSUR. De ser así esto incrementaría el intercambio comercial con las Falklands” (Agenda Malvinas/MercoPress/Penguin News, 10/02/2023). Una muestra elocuente del fracaso de la Cancillería Argentina y, en especial de la Secretaría de Malvinas, para buscar acuerdos con el Uruguay, potenciando los intereses comunes en el Atlántico Suroccidental.
Por si algo faltara, «la gobernadora ilegal de Malvinas y comisionada británica ante las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur Aliso Blake emitió el permiso para autorizar al buque Angelescu del INIDEP para que investigue en aguas de las Georgias» (La Capital, 09/02/2023; MercoPress, 09/02/2023). Cuestión absolutamente improcedente e inadmisible, para quien pretende sostener la soberanía argentina de las islas, que violenta la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Hoy, todo está peor que antes del Brexit.
Hay formas de arribar a acuerdos equitativos con España, solo que como decía la tía Encarnación de Peñafort(22/11/2020)“una señorita puede casarse cuando sabe hacer un buen caldo y desenredar una madeja de lana”. Ahora, pese a ser países civilizados, si no se arribara rápidamente a acuerdos pesqueros equitativos, se tendrá que iniciar el proceso de denuncias formales y las acciones legales pertinentes, requiriendo la reparación económica por la pesca ilegal española (y de otros) en Malvinas. La Argentina tiene y debe ejercer sus derechos y no es posible esperar para mañana si queremos comportarnos como un país que presume de soberano y que hace más de 200 años se independizó del ibérico altivo León.
Ahora, que el árbol no nos impida ver el bosque: no nos olvidemos de la pesca ilegal de los chinos.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).
La Argentina es un Estado Marítimo. No parecen entenderlo las autoridades de los gobiernos argentinos, incluso aquellos que son responsables del mar argentino, sus archipiélagos y la explotación de los recursos y son varias las razones por las cuales entendemos que el Estado Nacional no ejerce soberanía política y el debido control y administración del Atlántico Suroccidental. Podríamos ampliar también sobre la falta de administración adecuada del Río Paraná y el Río de la Plata, pero no es el objeto de este escrito y, aunque tienen efectos negativos convergentes, los funcionarios siguen sin regular las cuestiones políticas fluviales y marítimas, motivo por el cual, en este último ámbito, los recursos naturales argentinos son expoliados por el Reino Unido, China, España, Taiwán y Corea del Sur, que junto a Japón capturan el 85% de la pesca a distancia en forma subsidiada, sin control de los Estados de pabellón, sin acuerdo con Argentina (el Estado ribereño) y del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan unas 25 millones de horas (César Lerena “La responsabilidad del gobierno sobre la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y alta mar”15/04/2022).
Asuntos relativos a la soberanía territorial, a los recursos naturales, económicos, ambientales, alimentarios, sociales y culturales del mar y de los archipiélagos argentinos limitan la autonomía de la Nación, impiden el desarrollo nacional y empobrecen al pueblo argentino y, muy particularmente, a las poblaciones del litoral, debilitando, no solo la soberanía argentina en el territorio marítimo, sino también en la Patagonia continental, cuya densidad población es de las más bajas del país.
Demostraremos en este escrito que los extranjeros ocupan, administran y explotan el Atlántico Suroccidental y el Reino Unido controla desde Malvinas los accesos al océano Indico y al Pacífico, avanzan en la constitución de un Centro Regional (hub) en Malvinas, además de fortalecer su proyección hacia la Antártida, todos efectos que para la Argentina pueden ser inconmensurables.
La falta de políticas activas del Estado Argentino en el Atlántico Suroccidental
En lo relativo a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) la Argentina ha llevado una política de declamación de derechos, resignando en terceros países y organismos multilaterales las acciones destinadas a reintegrar la posesión de los archipiélagos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido). Más allá de la acción directa que significó la recuperación de Malvinas en 1982, los ejes de la política nacional se han limitado a solicitar el diálogo sobre la negociación con el Reino Unido respecto a la soberanía (plena) de Malvinas; a cooperar en forma unilateral con los isleños (vuelos, etc.) y a solicitar el apoyo de terceros a los derechos argentinos. Los resultados de esta política están a la vista: Hace casi 190 años (1833) cuando los ingleses invadieron Malvinas esta ocupación inglesa se limitaba a 11.410 Km2 y hasta 1982 el control británico se reducía a este espacio (20.007 km2 con las otras islas) más tres millas de mar territorial; aunque, los buques argentinos podían seguir pescando fuera de estos espacios. En la actualidad, el Reino Unido tiene ocupado 1.639.900 Km2 y, en disputa 3.857.278 Km2; es decir, un total 5.497.178 Km2 del territorio argentino. Léase bien: 5.497.178 Km2, casi el doble del territorio continental argentino (sin la Antártida). Por mucho menos (11.410 km2) llevamos adelante la recuperación de Malvinas en 1982; estuvimos al borde de un conflicto armado en 1907/8 con Uruguay y Brasil por unos reducidos km2 de mar territorial de Uruguay (simplificando) o con Chile en 1978 donde ambos países efectuaron movimientos de tropas por la soberanía de unas islas e islotes (en especial las Picton, Nueva y Lennox, de un total de 396,5 km2) al sur del Canal Beagle y los espacios marinos adyacentes que, aunque se introducen en el Atlántico, alcanzan superficies muy menores a la indicadas precedentemente (simplificando) y otros tantos ejemplos que podríamos citar. No está la Argentina en posición de dirimir la cuestión a través de las armas, pero de ahí a la parálisis total hay un abismo. Los gobiernos argentinos están congelados en la cuestión Malvinas y mantienen desmalvinizado al pueblo argentino.
Me pregunto qué diría San Martin que liberó a Perú y Chile, territorios de menor dimensión de los ocupados o en disputa con Reino Unido. O Rosas y Mansilla, quienes llevaron adelante la Batalla de la vuelta de Obligado de 1845, que dio lugar a que en un solo día murieran unos 200 argentinos o los caudillos y patriotas que lucharon y trabajaron para dar lugar a la independencia nacional.
En los espacios ocupados, el Reino Unido explota los recursos petroleros y captura un promedio de 325.000 toneladas anuales de recursos pesqueros, por valor de unos 1,5 mil millones de dólares FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 6 mil millones por año (Mercado Central de Valencia, 10/2022). Ante este escenario y, mientras el Reino Unido no se avenga a negociar la soberanía plena de Malvinas, la Argentina debe declarar “Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental en Malvinas y las aguas correspondientes” en atención a la violación por parte del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la imposibilidad argentina de controlar las capturas, en su condición de Estado ribereño (CONVEMAR), a la par de evaluar la aplicación de un “boicot biológico” para evitar la depredación del calamar (Illex argentinus) que migra al área de Malvinas.
Por otra parte, entre 350 y 500 buques pesqueros chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc., anualmente extraen 1.080.000 toneladas de recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, con la pasividad total de los sucesivos gobiernos argentinos. Todo ello le significa graves perjuicios a todos los argentinos. En primer lugar, se impide el desarrollo de la Patagonia continental; por otra parte, se pierden de unos 50 mil empleos directos; en tercer lugar, se produce una evasión económica del orden de los US$ 4.000/Año FOB (que en el comercio final se transforman en unos US$ 24.000) y una competencia desleal en el mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina; en cuarto lugar, la pesca sin control ocasiona un desequilibrio y la insostenibilidad del ecosistema, con efectos directos sobre las capturas en la ZEE Argentina y, finalmente, el desaprovechamiento con fines sociales de los descartes pesqueros de calidad que habrían de asegurar la alimentación proteica de seis millones de niños y adolescentes argentinos por día, todos los días, todo el año, donde «según el último informe del INDEC unos 5,5 millones de menores de 14 años no cubren sus necesidades básicas» (Santiago Rojas, Perfil, 30.3.2022). Es este último aspecto, la inoperancia del gobierno es criminal, ya que ni siquiera actúa para aprovechar los descartes de la flota argentina.
La Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina y el Consejo Nacional de Malvinas creado por Ley 27.558 el 04/08/2020 no se han apartado de las citadas declamaciones y no han propuesto al Poder Ejecutivo Nacional —al que supuestamente asesora— la ejecución de ninguna política que ponga en acción las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Varios de sus miembros han sido partícipes en la elaboración y promoción de ruinosos acuerdos (Madrid, Nueva York, etc.) e incluso su integrante Marcelo Kohen —acompañando las políticas de los Cancilleres Malcorra y Faurie que suscribieron el Pacto Foradori-Duncan— en 2018 les propuso un plan a los isleños (Infobae, 2018/CARI, 2018) que, entre otras cuestiones, les habría de permitir seguir determinando quién puede o no radicarse en las islas y, la realización de un referéndum, que los hubiese habilitado a elegir si deseaban ser británicos o argentinos, cuestión que viola la citada Disposición Transitoria y que hubiera sido suficiente justificativo para no incluirlo en el referido Consejo (entre otras sanciones más graves); pero no, no solo se lo incluyó en ese Cuerpo Asesor del PEN, sino que se lo promovió para integrar la Corte Internacional de Justicia; asiento que finalmente quedó en manos del candidato brasileño Leonardo Nemer Caldeira, a quien, seguramente, no se le podría ocurrir un dictamen semejante, que violenta todos los argumentos argentinos y las propias las resoluciones de las Naciones Unidas, que desestiman toda participación de los implantados isleños. La neutralidad e imparcialidad que exige a quienes usan esa poltrona judicial, jamás podrían admitir semejante plan en favor de los intereses británicos.
Se requiere reafirmar la Política de Estado prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (“…recuperar los territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…”) y frente a un mar argentino extranjerizado, crear el “Ministerio del Mar e Islas del Atlántico Sur” como Perú, Francia, Portugal, Canadá, Corea e Indonesia, donde se diseñen y ejecuten todas las políticas marinas, insulares, mercantes, fluviales, portuarias, pesqueras, navales, de investigación y tecnología, de desarrollo y consumo o, en su defecto, crear un nuevo “Territorio Nacional Marítimo” con el correspondiente Acuerdo político, económico y ejecutivo con la Provincia de Tierra del Fuego, en aquellos ámbitos de su jurisdicción y dominio.
Por cierto, deben derogarse/desecharse los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilita de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos y, supone, la existencia de un diálogo entre las partes —sin debilitamiento de la soberanía— que la Argentina reclama; el Pacto Foradori-Duncan que refiere a eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas y sobre asuntos relativos a la Antártida y el llamado Acuerdo de Nueva York (Ley 25.290) que da la lugar a injerencia de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) sobre los espacios de jurisdicción y dominio argentino —incluso los puertos— y los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y que daría pie a la pretensión británica de co-administrar el Atlántico Suroccidental.
Tampoco ha llevado adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros originarios en el Atlántico Suroccidental estén certificados en su origen y trazabilidad por los Estados ribereños de Argentina, Brasil y Uruguay, según el Área FAO que corresponda, para terminar con la pesca ilegal de Malvinas y sobre los recursos migratorios de las ZEE correspondientes.
Mientras todo ello ocurre, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto (¿?); el gobierno autoriza la incorporación a la flota nacional a buques fabricados en España, mientras empresas gallegas pescan en forma ilegal en Malvinas y no se sanciona a las empresas de esta nacionalidad ni a las coreanas, taiwanesas y británicas que pescan en el Archipiélago sin autorización del Estado Argentino, tampoco se les cobra derechos aduaneros ni de captura violando las Leyes 24.922; 26.386 y 27.564 que prohíben la pesca en territorio nacional sin habilitación argentina, en un abierto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Secretario de Malvinas, el Subsecretario de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y el Director de Fiscalización Pesquera. Por otra parte, favoreciendo la logística de los isleños, se autoriza el uso del espacio aéreo argentino a la empresa chilena LATAM que transporta pasajeros, trabajadores de las islas, insumos diversos y alimentos.
México, un país que está lejos de tener la disputa marítima e insular y la problemática pesquera que tiene Argentina, dictó la Ley General de Pesca (2007 reformada en 2018, Art. 17º) que indica: “el Estado Mexicano reconoce que la Pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación; un asunto de Seguridad Nacional y una prioridad para el desarrollo nacional”. Contrario a ello, la Argentina no cuenta con el suficiente equipamiento naval y de control del mar acorde con las amplias superficies marinas que dispone que, con carácter disuasivo, eviten la pesca ilegal y faciliten los acuerdos pertinentes sobre las capturas de las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina y con relación a la invasión que sufre en territorios argentinos por parte del Reino Unido y, el importantísimo número de buques extranjeros en la región. Junto a ello, el Estado Nacional tampoco inspecciona el transporte de productos pesqueros en la ZEE Argentina, la Zona Común de Pesca y el Río de la Plata en aquellos buques extranjeros que realizan pesca en Malvinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina capturados sin control del Estado de bandera y sin acuerdo de los Estados ribereños de América oriental que, en todos los casos, solo por ello y otras razones, debieran ser tipificados como procedentes de la Pesca Ilegal y, consecuentemente, sancionados y comisadas las materias primas, artes de pesca, etc. y reformarse el artículo 186º del Código Penal argentino de modo de aplicar sanciones penales a los responsables, como muchas leyes de América del Sur, la Unión Europea y Estados Unidos lo hacen.
Los gobiernos nacionales han sido incapaces de llevar adelante un “Acuerdo complementario del Tratado del Río de la Plata” para terminar con el uso irregular de los puertos de Uruguay, donde se les presta apoyo logístico a buques que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental; del mismo modo, firmar un Protocolo adicional al MERCOSUR para contrabalancear la presencia extracontinental en el Atlántico Suroccidental y llevar adelante una Convocatoria a los países de América del Sur y del Caribe para aplicar una política conjunta contra la apropiación de los recursos migratorios originarios de las ZEE de los Estados ribereños del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos US$ 11.770 millones.
Por otra parte, la Argentina mantiene viva la Ley 24.184 (04/11/2022) “de protección y promoción de las inversiones británicas en el país” y el Reino Unido tiene intereses en grandes extensiones de tierra, aeropuertos privados y sobre recursos esenciales como el petróleo, gas, energía, alimentos, etc., concesiones de ríos interiores y se encuentra atrás del litio, pese a la apropiación del territorio nacional y los recursos naturales del área de Malvinas y, por su parte, las empresas pesqueras extranjeras radicadas en la Argentina debilitan territorialmente la Patagonia continental exportando con bajo valor agregado, transfiriendo el trabajo a los países desarrollados; razón por la cual, las cuotas de capturas deberían otorgarse a estas empresas a condición de que las exportaciones sean con un 100% de valor agregado y empleo argentino.
Por si faltaba algo, la Argentina admite el funcionamiento de ONGs extranjeras con intereses en Malvinas (como detallaremos más adelante); organizaciones que incluso coordinan el diseño estratégico del control y la administración del mar y los recursos, lo que resulta a todas luces inadmisible.
Finalmente, la Argentina carece de un régimen de promoción de la flota mercante, fluvial y pesquera que aliente la construcción nacional y termine con la importación de buques extranjeros, de un plan nacional de educación que reafirme desde la niñez y en los distintos niveles de educación los derechos históricos, geográficos, jurídicos y sobre los recursos naturales de la Argentina de los territorios insulares y marítimos de las Malvinas y la Antártida y debe implementar campañas de consumo interno de productos pesqueros para llevar de 4,8 kg. per cápita/año a 20 kg., que es consumo promedio mundial, no solo, porque mejoraría la salud de los nacionales, sino también, porque no es de esperar que los argentinos —incluso los funcionarios— puedan prestarle atención al mar sino conocen las bondades de los recursos naturales que este provee.
Las acciones del Reino Unido en el Atlántico Suroccidental
A lo dicho precedentemente, agregamos que el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los archipiélagos de ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de éstas que, en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las islas Georgias y Sándwich del Sur en 2011; la Zona de Protección (FOCZ) al este de Malvinas de 109.993 Km2 establecida en 1990; la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que migra a Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido en 1994; la plataforma continental extendida de 1.430.367 Km2 en disputa consolidada con el Reino Unido desde 2016; la presencia —pese a la ley 26.659— de empresas británicas petroleras o vinculadas a las islas al oeste de Malvinas a partir de la licitación de la explotación offshore de 100.000 Km— por el gobierno argentino en 2019 y el Área Marina Protegida Agujero Azul de 164.000 km2 al nordeste de Malvinas, cuyo proyecto promueve y coordina la Fundación norteamericana WCS (ampliaremos más adelante). Es decir, un “Cinturón Azul” que rodeará totalmente a Malvinas, ejerciendo un control estratégico previo a los archipiélagos y fuente de una riqueza infinitamente mayor al de las islas y ello, es interesante relacionarlo, con el hecho, que no es preocupación del Reino Unido los tres mil británicos implantados ni los trabajadores que viven en Malvinas, sino la proyección a la Antártida y el control estratégico del Atlántico Sur-Sur.
Como hemos dicho, el Reino Unido explota los recursos argentinos y trabaja en línea con establecer un Centro Logístico Regional (hub) en Malvinas. Para ello ha construido un puerto en las islas Georgias del Sur y ha realizado los estudios pertinentes para construir un nuevo puerto en Malvinas y mejora sus disponibilidades logísticas en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello habrá de favorecer las operaciones de los grandes buques de transporte que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá; del mismo modo, los que transitan hacia y desde el océano Índico y los pesqueros extranjeros que operan en el Atlántico Suroccidental. Además de promover el interés de los científicos de distintas naciones que trabajan en la Antártida y tienen como base de apoyo a Malvinas en lugar de Ushuaia. ¡Argentina despabílate!
En la actualidad utiliza los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que con Chile y Brasil; es decir, trabaja consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de América del Sur en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por acercar las posiciones con los vecinos.
A través de la embajada británica en la Argentina el Reino Unido realiza diversas acciones de penetración cultural (además de otras que suponemos) a punto de promover concursos destinados a estudiantes argentinos con el objeto de que “conozcan a sus vecinos”, una calificación que muestra el desprecio inglés por los derechos de los argentinos sobre los territorios propios ocupados en forma prepotente por esta fuerza imperial.
Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, que contraría la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas.
Injerencia de organizaciones extranjeras en la planificación estratégica del mar argentino
Ya nos hemos referido en artículos anteriores al rol que tuvo la Fundación norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) en la gestión política para lograr la aprobación del proyecto de Ley de Área Marina Protegida del “Agujero Azul” en la Cámara de Diputados de la Nación y qué efectos negativos tiene ello en el campo biológico, económico, social, ambiental y soberano para la Argentina (César Lerena “Una fundación extranjera propietaria de islas en Malvinas es la gestora del proyecto de Ley Agujero Azul”, 16/08/2022 y otros).
Dijimos al respecto, que este proyecto de establecer un Área Marina Protegida (AMP) más allá de las 200 millas de la ZEE, de 164 mil Km2 carece de todo fundamento político, económico y, científico-técnico; menos aún, cuando desde 2014 se analizaba y, con discrepancias técnicas, establecerlo dentro de la ZEE y de solo 12 mil Km2 (Falabella, V. Pág. 16 a 19 y 80, 2014). También que la propuesta no habrá de impedir la pesca ilegal de buques extranjeros y sí la captura por parte de los buques nacionales, además de consolidar el “Cinturón Azul” (Blue belt) que los británicos promueven desde 2017 alrededor de todos los archipiélagos de la Comunidad Británica de las Naciones, asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros, facilitando en Malvinas, el otorgamiento de permisos ilegales de pesca, que en la actualidad permiten la captura por parte de buques extranjeros de unas 325 mil toneladas anuales. Por otra parte, no se previeron fondos para las tareas de control e investigación, donde solo las primeras tareas requerirían unos 15 millones de dólares anuales. Asimismo, que la Argentina se excede en sus obligaciones con el «Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque debido a las reservas unilaterales y la ocupación del mar Argentino por parte del Reino Unido tiene restringida para la pesca una superficie equivalente al 52% de su ZEE. El proyecto, por otro parte, no genera ningún beneficio económico, ambiental ni fortalece la soberanía nacional, más bien la violenta, además de que por el artículo 77º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) la Argentina no tiene obligación de realizar ninguna acción respecto a la titularidad de la plataforma continental extendida y, por lo tanto, ningún Estado puede emprender actividades en ese ámbito sin su expreso consentimiento.
También dijimos que —si fuera necesario— una mera Resolución de la Subsecretaría de Pesca impediría la pesca con redes de arrastre de fondo en esos espacios de la plataforma extendida y bastaría una Declaración de Monumento Marino para prohibir el arrastre de fondo en unas millas alrededor de los restos de los tripulantes y del ARA San Juan.
Que se trata de un proyecto infundado, inútil y costoso, que atenta contra la soberanía nacional y que fuera promovido por la Fundación norteamericana WCS, propietaria desde el 2001 de las islas Grand Jason y Steeple Jason (Sebaldes o Sebaldinas para Argentina) en el archipiélago de Malvinas, ubicadas al noroeste de la isla Gran Malvina y a 400 km de la Patagonia (51º04’37’S-60º58’08’O) en jurisdicción de Tierra del Fuego. Una verdadera afrenta: Mientras los argentinos debemos visar nuestros pasaportes para acceder a las islas y no podemos alquilar, comprar o llevar adelante inversiones industriales o comerciales en Malvinas, no se admite la pesca de buques nacionales y nuestra línea aérea de bandera tiene impedido el vuelo regular a las islas, una fundación extranjera con apoyo de capitales norteamericanos, británicos, etc., planifica y coordinara la administración del Atlántico Sudoccidental Argentino, nuestro mar territorial alrededor los archipiélagos, nuestra ZEE y la explotación de los recursos y la regulación del medio marino y, además de todo ello —por si algo faltaba— la citada WCS “administra estas islas como reservas naturales privadas, y trabaja con el gobierno (NdA: ilegal) local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/08/2017).
Una verdadera delegación de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quienes admiten y/o han fomentado esta extranjerización de la administración del mar argentino, sus archipiélagos y sus recursos y, la privatización de la planificación estratégica respecto a la utilización de los espacios marítimos, de la plataforma continental y de los recursos vivos. Y por supuesto, la responsabilidad de los legisladores nacionales que tienen la obligación de asegurar la soberanía política, económica y alimentaria de los argentinos y, consecuentemente, proteger los territorios y optimizar la explotación de los recursos.
Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco de leer «el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: “El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino” (pág. 12); “es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado” (pág. 14) y “la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad” (pág. 38)» (César Lerena, Ob. Cit. 15/8/2022). Resulta evidente la injerencia de esta Fundación WCS en la planificación nacional respecto a la sostenibilidad de los recursos marítimos, circunstancia que se agrava, por la particular situación de que esta organización tiene intereses en Malvinas y colabora con el gobierno ilegal, gobierno que otorga permisos de pesca ilegal, con los que se capturan anualmente 325.000 toneladas (incluido los descartes), produciendo la mayor depredación pesquera en el Atlántico Suroccidental desde 1976.
La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5, organización que con sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes ZEE, entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo, entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?
Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, violando la ley 26.386 y, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Suroccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
¿Y qué opinó al respecto el Consejo Federal Pesquero, y muy particularmente la Embajadora del Cuerpo Diplomático argentino que lo integra? Respecto a la Diputada que promovió el proyecto, ya nos hemos referido (César Lerena, Ob. cit. 15/08/2022) que esta iniciativa además de errónea omite cuestiones relevantes que atentan contra el interés nacional.
Ya hemos dicho en nuestros siete anteriores escritos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el Área Marina Protegida (AMP) limitada originalmente a 12 mil km2 (2014) de la ZEE Argentina al AMP Agujero Azul de alta mar que se propicia con 164 mil km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia británica que no pueden ser alcanzados por esta AMP y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños y resguardar la zona nordeste de Malvinas?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en las Comisiones respectivas y que no prevé los fondos necesarios para las tareas de control e investigación que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia se requerirían unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios suficientes las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 —si se dispusiese de medios— para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental extendida prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, ni impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional, ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podría emprender actividad alguna en la plataforma extendida sin expreso consentimiento del Estado argentino? Todo es gravísimo.
Saben (debieran saberlo) la Cancillería, la Secretaría de Malvinas y los autores del proyecto que además del interés estratégico del Reino Unido, la fundación WCS es funcional a ese interés porque particularmente está interesada en el cuidado de los albatros “ceja negra” (Thalassarche melanophris) que se encuentra y anidan en las islas de “su propiedad” y que, según el informe de la filial local de WCS, al describir el porcentual de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE alcanzan a “2.72” (pág. 82-84), el más alto porcentual entre las especies analizadas y “se cree” (un término poco serio científicamente que no indica evidencia) que “la pesca con palangre y arrastre contribuyen a su disminución”.
Las autoridades argentinas de Malvinas y Pesca no administran el Atlántico Suroccidental y las implicancias derivadas de la ocupación británica y, lo que es peor aún, delega en organizaciones extrañas la planificación y coordinación de las actividades en el mar y sus recursos.
“Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar” (Manuel Belgrano).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022)
