Esta semana vecinos de Rosario realizaron una (modesta) marcha en pedido de mayor seguridad, luego de soportar un aumento en la cantidad de asesinatos, los cuales, a esta altura, son moneda corriente.
Existen diferentes evaluaciones sobre las raíces del problema, varias descripciones sobre el presente y pocas o ninguna propuesta de solución.
Mis conocimientos sobre seguridad o narcotráfico tienden a cero, (no sé si me diferencia mucho de las autoridades presuntamente competentes) así que me referiré únicamente a los temas económicos asociados.
Rosario fue durante décadas un puerto de granos y carne, por lo tanto una ciudad de servicios (como Buenos Aires). Los servicios siguen a la producción.
Durante el siglo XX la actividad industrial y comercial siguen en franco ascenso, en particular la metalmecánica. Un claro caso de complementación de campo y ciudad.
A fines de la década del ‘60 del siglo XX, el PBI per cápita de la región era un 7% mayor al promedio del país.
A fines de la década del ‘70 la actividad industrial comienza a deteriorarse, por la apertura de importaciones y por el tipo de cambio atrasado (tablita de Martínez de Hoz). La caída se profundizó por el Mercosur, el cual permitió el traslado de numerosas industrias a Brasil [1]. Muchas empresas grandes se fueron, muchas pymes sucumbieron a la tecnología obsoleta combinada con la falta de capital y crédito para renovar maquinaria y la caída de poder adquisitivo de la población en el mercado interno. Si alguien quedó en pie, fue liquidado por el cambio atrasado del final del gobierno de Menem.
Esto da un panorama social de desocupación, precarización laboral y desesperanza general.
A partir de la devaluación del 2002 la actividad fabril retoma su recuperación. A partir del incremento de los precios internacionales de la soja (y otros cultivos) todo el país se revivifica. Santa Fe no es la excepción y menos Rosario.
Hoy Rosario y sus alrededores son el epicentro de la mitad de la actividad económica de la provincia con tasas sustanciales de crecimiento en estas últimas dos décadas en industria, agro y servicios. Santa Fe es una de las provincias más ricas de la Argentina.
Rosario y Gran Rosario son un gigantesco aglomerado urbano. Concentra casi la mitad de la población de la provincia [2].
Sin embargo, hay resultados auspiciosos de los censos de 1991 y 2010. Rosario creció menos que el interior de la provincia. Los suburbios crecieron en población más que la propia ciudad —datos oficiales— (2).
En resumen: los últimos 20 años fueron un renacer de una provincia de por sí pujante. Con grandes perspectivas de mayor crecimiento aún. Si se liberara el tipo de cambio, el desarrollo sería meteórico.
La desocupación del Gran Rosario y Rosario que en mayo de 1995 era 21% (Carlos Menem); en mayo del 2002 de 24% (Eduardo Duhalde) (3). Los números para el tercer trimestre del 2022 son notoriamente mejores: 7% (4).
Al pie transcribo algunas cifras del 2021 en cuanto a cantidad de empresas y cantidad de empleados por rubro [3] (5).
El Narcotráfico
¿Entonces? ¿Existe narcotráfico porque no hay trabajo? ¿Son verdaderas todas las explicaciones que nos dieron?
Cabe aclarar que los años de caída de actividad sí rompieron algo frágil e irreparable. Personas que se quedaron desempleadas luego de décadas de trabajo en la misma empresa y oficio, hijos de trabajadores que no encontraron fábricas en las cuales emplearse, más inmigración interna (de Santa Fe rural y de otras provincias) que se trasladaban a Rosario para buscar lo que les faltaba en su pago, para encontrarse con el mismo panorama de desesperanza y desolación.
Pero los humanos somos curtidos. Sabemos rehacernos. Es lo que Santa Fe ha hecho, una de las más ricas provincias argentinas.
¿Entonces?
Creo que parte de la respuesta está en el comunicado del Arzobispado de Rosario, copiado íntegramente al pie [4] (6). Invito a leerlo.
La respuesta es que Rosario es un vendaval de violencia porque gente muy poderosa no quiere que el negocio de la droga se termine. Así de simple. Tal como lo dice la pastoral social.
¿Cuál es el negocio? Acá voy a especular y en términos puramente económicos, sin meterme en otras áreas para las cuales no estoy calificada.
La droga proviene del norte (¿Colombia? ¿Bolivia?) y se lleva a Europa a través de los numerosos barcos que cargan cereales y oleaginosas en el Paraná. Hasta acá pareciera un problema de las autoridades europeas con los bolivianos y/o colombianos. Desagrada que a uno lo usen de campo de juegos, pero so far, so good. El tema es que el traslado desde la frontera hasta el puerto y la maniobra de estiba propiamente dicha, forman parte del proceso de comercialización y es un servicio que debe pagarse. Los sobornos a las autoridades también hay que abonarlos. Son todos “servicios” ilegales accesorios al contrabando.
Así como la exportación de porotos de soja (legal) necesita transporte, puerto, personal de aduana, electricidad y servicios varios [5], lo mismo sucede con toda mercadería ilegal: necesita una red de servicios, desde la frontera hasta el puerto y en el puerto.
Si los servicios de flete y embarque y los sobornos se pagaran en dólares, estaríamos todos más o menos inmunes al narcotráfico. Habría gente que misteriosamente se hace rica (Aduana, fuerzas de seguridad, judiciales, camioneros), pero no pasaría de ahí.
El problema con los pagos del servicio de logística de la venta de droga a Europa (y/o sobornos) es que son en especie. Luego, quienes cobran, deben ocuparse de convertir el producto en dinero. Ahí es cuando surge toda la red de comercialización interna con su correlato de bandas, territorio, bunkers y corrupción de la policía en territorio, fiscales y jueces.
En ese punto estamos.
Coincido plenamente con el Arzobispo: nadie tiene tantos recursos como el Estado y si hay alguien que pueda cortar con esto, es el propio Estado, el cual cuenta con los medios para hacerlo. Le falta la voluntad a los gobernantes.
Le faltó a toda administración —de distinto bando— que soportamos en las últimas décadas.
Si bien las autoridades santafesinas están claramente implicadas ya sea por comisión u omisión, la droga es una responsabilidad federal 100%. Nadie puede acá hacerse el distraído.
Al nombrar a Frederic, protegida del perro inglés, quedó clara la voluntad de Alberto Fernández de no meterse en un negocio manejado mundialmente por el deep state anglosajón (al menos desde el siglo XVIII a hoy). Reemplazarla por Fernández sólo refuerza esta especulación.
Esto le da la razón al Arzobispo: no hay voluntad.
Propuesta
Para acabar con la violencia en Rosario hay que tomar las siguientes medidas. No son complicadas pero exigen voluntad política y coraje.
Dar a entender a los grandes jugadores que si bien Argentina continuará en su colaboración con la DEA, con Interpol y con las autoridades de la UE, lo único que le preocupa al Estado argentino es que si usan el territorio argentino para trasladar el contrabando, no se les puede caer ni un solo gramo. Si eso sucede, arderá Troya.
Aprender de Bukele y replicarlo. Todo el corretaje minorista no se dará por vencido y se negará a reconvertirse; otros ya están totalmente perdidos, por drogones o por sociópatas. En esos casos: cárcel. Para lo cual se necesitará un temporario estado de sitio, al menos hasta limpiar las calles.
Por ambos puntos saltarán todas las marionetas del Departamento de Estado y el MI6 como sucede ahora con El Salvador. Human Right Watch y Amnistía Internacional llorarán por los pobres narcos y el Secretario de Estado de EEUU pedirá explicaciones por el maltrato que reciben los pobres muchachos maltratados [6]. Es razonable: cuidan su negocio.
Tenemos que considerar la introducción de la droga en el país y el envenenamiento de su población como parte del plan de humillación y del verdadero tratado de Versalles que fue la firma de los Acuerdos de París.
Pero, excepto la muerte, todo es reversible.
La inseguridad en Rosario, también.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
[1] Exenciones impositivas, préstamos blandos de bancos oficiales brasileños para compra de maquinaria.
[2] Son fenómenos repetidos en varias otras ciudades del interior. La ciudad de Neuquén cobija a la mitad de la población de Neuquén. Lo mismo sucede con Resistencia en la provincia de Chaco. Veremos qué datos nos dará el nuevo censo.
[3] Datos de ocupación y actividad económica Rosario y Gran Rosario 2021:
Hace poco la ex ministra de seguridad del ex presidente Macri, ante la acuciante situación que se vive en la narco ciudad de Rosario, expresó la idea de empeñar las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich logró su objetivo, manifestó una posible y contundente solución a un problema que día a día se agiganta y cuyas víctimas dilectas son los jóvenes. Esta propuesta adolece de superficialidad y falta de estudio de la legislación vigente.
Empeñar las FFAA en la lucha contra el narco, no es la mera modificación de la ley de Defensa Nacional. En primer lugar, el narcotráfico es un delito federal, y como tal debe ser perseguido por las fuerzas de seguridad y policías federales y la justicia federal. Es decir, si Rosario es una narco ciudad, es evidente que ni la policía local (en este caso la Policía provincial de Santa Fe), ni las fuerzas federales dan adecuada respuesta. Tampoco lo hacen la justicia federal y los políticos que guían a esas fuerzas.
Ese problema no se arregla enviando a las FFAA, que tienen otra misión y no están concebidas ni formadas para reprimir delitos federales. Para esto la Argentina, con la ausencia de austeridad en el gasto público que la caracteriza tiene nada menos que cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y una fuerza militarmente estructurada, la Gendarmería Nacional. Estas fuerzas que precisamente dependieron de Bullrich cuando ejerció como ministra de seguridad de la Nación.
Hace ya algunos años que la ineficacia policial, la corrupción que promueven las bandas narcos, los recursos casi ilimitados de los que estas disponen y la organización militar que alcanzaron algunas, movió a los EE.UU. a impulsar la idea según la cual los países debían empeñar a las FFAA en la batalla contra el narcotráfico. México lo hizo con el ejército y la marina, y Colombia, dada las características propias de las FARC como organización narco militarizada, empeñó fundamentalmente al ejército. Aún hoy hay militares colombianos encarcelados por la guerra contra las FARC y juicios por lesa humanidad que imputan desde soldados a generales.
El Derecho Internacional Humanitario habilita a las FFAA a intervenir en cuestiones internas de los países, únicamente si el grado de violencia alcanza el nivel de un conflicto armado interno, [art.3 común de las Convenciones de Ginebra] en cuyo caso las FFAA y los oponentes, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades para con la población civil inocente, ajena a las hostilidades. Por tanto, los integrantes de las FFAA pueden tirar a matar, siempre y cuando se trate de una situación de combate, porque el oponente, aunque sea civil, al participar de las hostilidades pierde las protecciones de las que es titular. Empero si las condiciones no son propias de un conflicto armado interno, como ocurre en Rosario, esa misma acción es un homicidio, aunque el muerto se trate de un integrante de una banda narco.
Dicho esto, en el hipotético caso en que las FFAA pudieran intervenir, debería existir un marco jurídico adecuado que reconozca la existencia de un conflicto armado interno.
La solución entonces está en formar y capacitar adecuadamente a las fuerzas federales, proveerles el equipamiento necesario, mantener un estricto control de sus actos, así como un adecuado plan de rotación para evitar el exceso de connivencia con el poder de corromper de los narcos, disponer de una adecuada inteligencia criminal, que es diferente a la inteligencia militar, garantizar un apropiado servicio de justicia, eliminar todo tipo de protección política y eventualmente instaurar un programa de recompensas. Deberá también implementarse medidas contra el síndrome de abstinencia de los consumidores y un efectivo programa nacional contra las adicciones, ya que la problemática es de por sí muy compleja y como tal debe abordarse integralmente.
En fin… es más fácil decir que para controlar el narcotráfico hay que enviar a las FFAA, pero sin un marco jurídico adecuado los civiles que dan las órdenes no responden nunca judicialmente, los uniformados terminan presos y con infinidad de causas penales y los narcos alegarán ser las víctimas de las políticas estatales y finalmente cobraran jugosas indemnizaciones pese al daño que le hacen a la sociedad.
Estamos ya en campaña y algunas propuestas buscan al electorado que se hartó de los políticos y que enojados votarán al que represente mejor ese hastío. Pero antes de proponer una medida efectista aunque poco eficiente, creo que debemos reivindicar, recuperar y potenciar el rol fundamental de las FFAA, aumentar el inexistente presupuesto que damos a la Defensa en nuestro país y blindar de un marco legal a quienes mandamos a poner el cuerpo por todos. Fortalecer y capacitar a las fuerzas federales en su rol originario es el primer paso fundamental para combatir un flagelo que asola nuestro país con creciente virulencia. Los instrumentos ya están creados y creo que dotarlos de los recursos necesarios junto con el apoyo legal y político es la respuesta inmediata que espera la población.
* Diputada de la Nación por La Libertad Avanza. Abogada. Presidente del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Secretaria General del Partido Demócrata Nacional. Presidente de CELTYV.
El presente artículo puede ser reproducido libremente.
Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].
Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].
En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.
Tres factores del estudio geopolítico
La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).
Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.
Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.
Zonas de producción
Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:
En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.
En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).
En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).
El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.
Fronteras permeables
En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).
En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.
Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.
Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.
Rutas de la droga
La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.
Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.
De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.
Crimen organizado desorganizado
Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].
En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.
Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).
Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.
La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.
En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.
Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.
Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.
Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.
Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.
Imagen: El Orden Mundial.
Resumiendo
Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.
Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.
La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.
Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.
Imagen: El Orden Mundial.
* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.
Referencias
[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.
[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).
